La sequía agrava la inflación

Aunque esta semana llueve algo, no soluciona el grave problema de la sequía, en Europa (sufre la peor sequía en 500 años) y en España, con los embalses al nivel más bajo desde hace 27 años. Las olas de calor y la falta de lluvia están afectando seriamente a la economía, provocando una mayor subida de la luz (la energía hidroeléctrica aporta la mitad que en 2021) y de los alimentos, al haber caído la cosecha de cereales, aceite, vino y frutas, obligando a los ganaderos a encarecer leche, huevos y carnes por la falta de forraje. Una sequía que incluye restricciones de agua en media España. Tenemos un serio problema de agua, no sólo porque cada vez llueva menos sino porque se dispara su consumo, sobre todo para la agricultura (85%), para que España sea “la despensa de Europa”. Hay que ahorrar agua, recuperar ríos y acuíferos y usarla mejor, porque el agua es clave también para la economía. Y ahora, la sequía agrava la inflación.

Enrique Ortega

El Cambio Climático se ha acelerado este verano, con olas de calor y falta de lluvia en toda Europa, que sufre la peor sequía en 500 años, según alertó en agosto del Observatorio Europeo de Sequía: el 17% de la UE está en situación de alerta y otro 47% en aviso por sequía (dos tercios del continente sufre el problema), con 340 millones de europeos afectados. Y eso se traduce en un alto coste económico para Europa, por la caída de la energía hidroeléctrica, los problemas en el transporte fluvial (en centro Europa, han cambiado barcazas fluviales por camiones), el mayor consumo de aire acondicionado, el coste de los incendios (660.000 hectáreas quemadas en la UE, un tercio en España) y, sobre todo, la caída de las cosechas, con el consiguiente subida extra de los alimentos.

En España, como en todo el sur de Europa, la situación es más preocupante. Por un lado, el verano 2022 ha sido el más caluroso de la serie histórica (desde 1961), con una temperatura media en agosto de 24,7grados, 0,4 grados más que el anterior verano récord (2003) y 2 grados por encima de la media de temperatura de 1981 a 2010, con 42 días de “olas de calor” entre junio y agosto. Y a este calor inusual se ha sumado la falta de lluvia: ha llovido un 26% menos de los valores normales entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de agosto de 2022, según la AEMET, con un enero y febrero muy secos, un marzo y abril con más lluvias de lo habitual y un verano muy seco. Y ahora, a pesar de las tormentas de esta semana, la AEMET prevé un otoño más seco (y cálido) de lo habitual.

La falta de lluvias y el calor excesivo han  provocado una caída drástica del agua embalsada: este martes 13 de septiembre, cuando llovía en casi toda España, los embalses estaban al 34,22% de su capacidad, frente al 40,74% hace un año y el 51,88% hace 10 años, según embalses.net. Es el menor porcentaje de agua embalsada desde el año 1.995 (31,03%). Y están por debajo de ese 34,22% los embalses vitales de Andalucía y Extremadura, las cuencas del Guadalquivir (al 20,95% capacidad), Guadiana (23,91%) y Guadalete-Barbate (23,99%), estando muy bajos en la cuenca del Duero (33,04%), Segura (35,18%), Tajo (36,66%), Cataluña interior (38,26%), Ebro (39,48%) y Miño-Sil (46,67%).

La primera consecuencia de este “nivel rojo” en los embalses es que media España ha sufrido restricciones de agua, sobre todo en agosto (al haber más población en el sur y este de España, por el turismo): en unos casos (Galicia, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Castilla y León) ha habido que llevar agua a muchos pueblos con camiones cisternas y con barcos (Euskadi). Y en muchos municipios se ha prohibido regar jardines, ducharse en las playas o llenar piscinas. Y si no llueve este otoño, pueden agravarse las restricciones, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Cataluña y Galicia.

La segunda consecuencia de la sequía y la falta de agua en los embalses es la mayor subida de la luz, derivada de la caída de la energía hidroeléctrica, que se ha desplomado al nivel más bajo en 30 años. Este año, de enero al 15 de agosto, las centrales hidroeléctricas han aportado la mitad de energía eléctrica que en 2021, obligando que funcionaran muchas más horas las centrales de gas y disparando así el precio de la electricidad (la luz ha subido un +60,6% en el último año, según el INE). Y mucho tiene que ver, además de la guerra de Ucrania y el precio del gas, la sequía y la falta de agua en los embalses: la energía hidráulica sólo aporta en septiembre el 4% de la energía eléctrica, cuando en 2021 aportó el 11,4% y en 2018 (con los embalses al 82%) aportaba el 13,8% de la electricidad.

La tercera consecuencia de la actual sequía es que ha dañado muy seriamente las cosechas y la ganadería, encareciendo los alimentos y disparando aún más la inflación. Según las organizaciones agrarias COAG y ASAJA, la sequía ya ha dañado de forma irreversible la cosecha de cereales (trigo, cebada, avena y centeno), recortándola un -23% sobre la media de los últimos tres años. En maíz se espera recoger un 25% menos  y en girasol, las olas de calor y la falta de lluvia reducirán el rendimiento a la mitad. En el viñedo, el clima ha obligado a adelantar una vendimia que espera recoger entre un 15 y un 20% menos de uva. En el olivar, ha afectado muy seriamente a las 900.000 has de regadío (de un total de 2,7 millones) y se espera recoger un 20% menos de cosecha (tras la caída de 2021). En arroz, frutas y hortalizas, el calor y la sequía (más las heladas y pedrisco) ha deteriorado las cosechas. Y para terminar, la falta de pastos ha obligado a los ganaderos a gastar más en piensos y forrajes, reduciendo producción y encareciendo leche, huevos y carnes.

Todo ello ha desembocado en una fuerte subida de los alimentos este año, no sólo por la guerra de Ucrania y la energía (que suben los costes de agricultores y ganaderos) sino también por la sequía y las olas de calor, por su desastroso efecto sobre las cosechas y la ganadería. Basta ver los datos del INE, sobre la inflación en agosto, con una subida anual de los alimentos del +13,8%, la mayor desde 1994. Y lo que más sube son los cultivos más afectados por la sequía: cereales (+21,7%), mantequilla (+31,8%) y leche (+25,6%), aceites y grasas (+24%), huevos (+22,4%), carne de pollo (+17,6%) y vaca (+15,2%), patatas (+15,9%),  lácteos (+15,8%), pan (+15,2%), legumbres y hortalizas (+14,8%) o las frutas (+12,1%). Subidas que tienen mucho que ver con el aumento de costes y la subida de márgenes de los intermediarios, pero también con el clima y la sequía, con las malas cosechas.

Este problema, la subida de los alimentos, está muy ligado al Cambio Climático y por eso irá a más en el futuro, cuando se resuelva el conflicto de Ucrania y la crisis de la energía. El problema se agravará más en España, porque sufriremos más la falta de agua (los recursos hídricos podrían disminuir un 11%),  debido a dos causas: el 75% de la superficie está en riesgo de desertificación, con un “estrés hídrico” alto o severo, y el 25% de los acuíferos están en riesgo de agotarse. Así que se espera que llueva menos y eso nos afectará más porque tenemos un terreno que capta peor el agua y unas reservas subterráneas (acuíferos y pozos) muy agotadas. Pero el mayor problema no es sólo que vaya a llover menos en el futuro sino que ya hoy consumimos demasiada agua.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y además, el gasto de agua de la agricultura y ganadería se ha disparado, mientras se reducía el agua disponible: se ha pasado de 3.044.710 hectáreas regadas en 2010 a 3.877.901 hectáreas en 2021, según los datos del Ministerio de Agricultura. Y en realidad, superan los 4 millones has, por el aumento de los riegos ilegales, según diversas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente, muy por delante de Italia (2 millones has regadas), Francia (1,5 millones) y Grecia (1 millón has). Es el precio (en agua) que pagamos por ser “la despensa de Europa”: naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos en España, a costa de un regadío que esquilma el agua.

El gran salto en los regadíos se ha dado en la última década, por el crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se riegan ahora cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos (suponen ya un 22,58% de la superficie regada), viñas (10,25%), frutales (10,56%) y cítricos (7,40% de la superficie regada), aunque la mayor superficie de regadío siguen siendo los cereales (24,06% del total regado), según los datos de Agricultura (2021). Andalucía (1,1 millones de has regadas), Castilla la Mancha (582.767 has), Castilla y León (472.113 has) y Aragón (420.527 has), regiones muy secas, se llevan más de la mitad del agua para la agricultura, aunque las regiones con más peso del regadío son Canarias (el 58% de la superficie cultivable se riega), Comunidad Valenciana (45,7%), Murcia (39,19%), Navarra (31,27%) y Andalucía (31,84%), todas más que la media (22,94% cultivos).

El segundo gran consumidor de agua en España (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona, que está en la media europea, sólo por encima del consumo doméstico en Alemania (125 litros habitante) y con menos gasto de agua que en Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y reino Unido (140 litros por persona). Pero los expertos creen que aún gastamos demasiada agua en casa, debido a que la pagamos más barata: una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato de Europa, donde se paga de tarifa doméstica desde los 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. Y el tercer gran consumidor de agua son las industrias (3% del total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan en falta planes de ahorro, también por las bajas tarifas del agua para las industrias.

Esos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando “el robo de agua” por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. En España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace. Y la ONG WWF ha publicado un informe (“El saqueo del agua”) donde investigó 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y descubrió que riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid capital), con 220 millones de m3 de agua robada. A primeros de septiembre se secó la laguna de Santa Olalla, la última laguna de Doñana, por la sequía y la sobreexplotación de acuíferos (por el turismo y los cultivos regados).

El agua en España, además de ser escasa, por la sequía y el consumo disparado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo) y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio peligro para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea, en octubre de 2021, alertó a España y otros 11 países europeos (Alemania, Bélgica y Países Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha un proceso de infracción, que puede acarrear multas a los países. Además, España ya paga (desde 2018) una multa importante “por falta de depuración de aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 personas). Y este mes de abril, la Comisión ha vuelto a llevar a España ante la Justicia europea por incumplir el tratamiento de las aguas residuales en otras 133 poblaciones…

Visto el panorama, es evidente que España tiene un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no (con sequía más, claro). E irá a peor con el Cambio Climático, porque España será uno de los 33 países del mundo con problemas serios de desabastecimiento de agua en 2040, según un informe del Word Resources Institute. Eso obliga a plantearse la política del agua como una prioridad de futuro. Para afrontarla, el Gobierno presentó en junio de 2021 los borradores de Planes Hidrológicos para 2022-27, reformulando el actual Plan Hidrológico de 2001. Su objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros (la mayoría con Fondos europeos) en la restauración de ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y mitigar el riesgo de inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones), junto a un Decreto-ley para reducir la contaminación del agua de origen agrícola-ganadero. Ahora, las autonomías están preparando los Planes de Cuencas, pero con el riesgo de enfrentamientos regionales y “politización” de la política del agua, que exige un gran Pacto político y regional para repartir la escasez.

Las ONGs piden “ir más lejos” en la política del agua, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industrial para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable de los usuarios. Otros expertos  piden trasvases interterritoriales (polémicos pero necesarios), reducir pérdidas agua en los suministros, recuperar las aguas de lluvia y, sobre todo, modernizar los sistemas de regadío para que sean más eficientes.

Como siempre, no hay atajos ni soluciones fáciles, sino que urge tomar múltiples medidas a corto y medio plazo para afrontar la falta de agua, llueva o no. Porque el agua es clave, no sólo para la vida sino para asegurar el crecimiento y la economía. Ya lo vemos ahora, con el calor y la sequía agravando la inflación. Hay que luchar con firmeza contra el Cambio Climático y por el agua, un bien más escaso cada año.

Sequía, gran consumo y robo de agua

Tras un verano muy seco, se espera un otoño con pocas lluvias, que agravará la preocupante situación de los embalses, a un tercio de su capacidad y con la mitad de agua embalsada que hace una década. Por eso, se teme una grave sequía el próximo verano. Pero 4,3 millones de españoles ya tienen falta de agua hoy: la Confederación del Guadalquivir ha decretado la alerta “por sequía extraordinaria” en 554 localidades de Andalucía,  Castilla la Mancha y Extremadura. Y Cataluña ha declarado la alerta por sequía en 22 municipios del Alt Empordá. El problema no es sólo que llueva poco: se consume demasiada agua, sobre todo la agricultura (85% consumo), por los regadíos, los mayores de Europa. Y además, roban agua de los acuíferos, con un millón de pozos ilegales. Urge reordenar el consumo, regenerando unas aguas muy contaminadas, como nos advierte la UE. Hay Planes para invertir 21.000 millones hasta 2027, con Fondos Europeos.  O cuidamos el agua o faltará en pocos años.

Enrique Ortega

Es evidente que el clima está cambiando desde hace unas décadas, con una subida de la temperatura (+0,3 grados por década en España desde los años 60) y menos lluvias: las precipitaciones medias se han ido reduciendo en los últimos 50 años y caen unos 18,7 litros menos por metro cuadrado desde 1961, lo que se traduce en una reducción de las lluvias en torno al 2,8%, según el balance de la Agencia de Meteorología (AEMET). Además, han cambiado “los patrones” y ahora España sufre “más lluvias torrenciales en un entorno de sequía meteorológica”, como bien lo saben muchas zonas de Levante y Baleares.

En el último año meteorológico (1 octubre 2020-30 septiembre 2021) ha caído una precipitación acumulada media de 606 mm, un -5% por debajo de la media de referencia (1981-2010), según el balance de la AEMET, siendo el 8º año más seco del siglo XXI. Las lluvias no han alcanzado los valores normales en el tercio sur de España y tampoco en el cuadrante norte peninsular, la mitad norte de Castilla y León, el este de Navarra y los archipiélagos de Baleares y Canarias, destacando la baja precipitación en el litoral de Cataluña, Córdoba y Jaén, los límites entre Cádiz, Sevilla y Málaga, el este de Mallorca y varias islas de Canarias (en especial Fuerteventura).

Esta falta de lluvia y el fuerte consumo de agua han llevado a vaciar la mayoría de los embalses, que están a un tercio de su capacidad (39,38% el 16 de noviembre), según Embalses.net. Un nivel de agua embalsada que es un 12% inferior al de hace un año (47.21% de ocupación) y casi la mitad del que había hace una década (62,2% de capacidad en los embalses en noviembre de 2011). La situación más preocupante se da en los embalses de  10 autonomías: Murcia (21,62% de agua embalsada), Navarra (30,03%), Andalucía (30,3%), Castilla la Mancha (35,52%), la Rioja (36,21%), Extremadura (36,90%), Cantabria (39,48%), Castilla y León (40,15%), Galicia (45,16%) y la Comunidad Valenciana (48,38%). Y mirando por Cuencas Hidrográficas, hay  8 cuyos embalses están por debajo de la mitad de su capacidad: Guadalquivir (26,35%), Guadiana (30,10%), Segura (33,51%), Mediterránea Andaluza (34,07%), Duero (40,55%), Miño-Sil (41,75%), Tajo (44,19%) y Ebro (48,75%, según los últimos datos publicados por Embalses.net. Un preocupante panorama.

Ahora, la previsión de los meteorólogos es que tengamos un otoño seco, con una gran probabilidad de que “las precipitaciones se encuentren en el tercil seco en toda España, con menores posibilidades cuanto más al Este”, según la AEMT, que espera en el 4º trimestre de este 2021 unas precipitaciones “inferiores a las normales”. Con ello, y un invierno similar, se espera que los embalses sigan muy bajos al inicio de la primavera y el próximo verano, con un serio riesgo de provocarse otra gran sequía, como las tres sufridas ya en España en las últimas tres décadas (1982-84, 1991-96 y 2005-2009).

De momento, esta sequía ya la sufren hoy 4,3 millones de españoles que viven en Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada), Castilla la Mancha y Extremadura, afectados todos por la alerta decretada el 2 de noviembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido una “situación excepcional por sequía extraordinaria”, debido a una falta importante de agua en el 80% de la Cuenca (la 3ª mayor de España, con 49 embalses), donde no se sufría una sequía tan grave desde 2008. No se prevén de momento cortes de agua generalizados (como en los años 80 y 90) para el consumo humano (10% del consumo total), pero sí cortes puntuales de suministro de agua en algunos pueblos. Y se han aprobado restricciones de consumo para la industria (3% del consumo total) y, sobre todo, para la agricultura y los regadíos (que consumen el 87% del agua en Andalucía).

La Cuenca del Guadiana está “en prealerta” y si no llueve este otoño podría acabar también en alerta por sequía. Y en Cataluña, la Agencia del Agua ya declaró, el 28 de octubre, “la alerta por sequía” en 22 municipios del Alt Empordá, que se abastecen del acuífero Fluviá Muga. Allí se ha limitado el consumo de agua en los domicilios (a un máximo de 250 litros diarios por persona), determinados consumos urbanos (riego jardines, limpieza de calles…) y un recorte del consumo en regadíos (-25%), ganadería (-10%) e industrias (-5%).

El problema ya no es que llueva menos, sino que con el Cambio Climático va a haber menos precipitaciones cada año, sobre todo en el sur de Europa y especialmente en España. De hecho, disponemos de un 20% menos de recursos hidráulicos que en los años 90. Pero  aunque lloviera lo mismo (que no va a pasar), tendríamos problemas porque el consumo de agua crece mucho más que el agua disponible. Y así crece “el estrés hídrico”, en toda España pero especialmente en el sur, este e islas.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y este gasto de agua por la agricultura (y ganadería, menos) ha ido en aumento en la última década, mientras se reducía el agua disponible, por el gran salto en la superficie de los regadíos: de 3.044.710 hectáreas regables en 2010 se ha pasado a 3.831.181 hectáreas en 2020, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Y podrían haber superado ya los 4 millones de hectáreas, según distintas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente europeo, muy por delante de Italia (2 millones de Has regadas), Francia (1,5 millones) o Grecia (1 millón Has).

El salto en los regadíos se ha dado en la última década por un crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se han empezado a regar cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos, viñas y almendros, principalmente. Y eso, para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, aprovechando el bajo precio del agua (muy inferior al del resto de Europa). Con ello, los cereales de regadío sólo suponen el 24,7% de la superficie total regada, con un 21,78% el olivar, un 10,4% el viñedo y otro 10,24% los frutales no cítricos. Las regiones con más regadío son Murcia (15,88% de su superficie total y 38,46% de las tierras cultivadas), Andalucía (en regadío el 12,76% de su superficie total y el 31,57% de sus tierras cultivadas) y la Comunidad Valenciana (12,55% territorio se riega y el 45.74% de la superficie cultivada), aunque también destacan Canarias (el 57,36% de su superficie cultivada se riega) y Cataluña (riegan el 32,57% de su superficie cultivada), según los datos oficiales.

El segundo gran consumidor de agua (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona en 2020, un consumo que nos coloca como el 12º país en el ranking europeo de consumo doméstico de agua, sólo por delante de Alemania (125 litros) y con menos gasto que Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y Reino Unido (140 litros por persona). Los expertos creen que los españoles gastamos demasiada agua en casa y que no se controla su uso porque la pagamos barata: a una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato en Europa, donde se paga por el agua doméstica desde 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. El tercer consumidor  de agua son las industrias (3% del consumo total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan de menos planes de ahorro, debido también al bajo precio del agua para consumo industrial.

Estos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando el robo de agua por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. De hecho, en España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace.  Y la ONG WWF acaba de publicar un informe, “El saqueo del agua”, donde ha investigado 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y ha descubierto que se riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas, una superficie 1,5 veces la ciudad de Madrid, con 220 millones de m3 de agua robada. El delito más grave se da en el acuífero de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), donde se riegan ilegalmente 51.400 hectáreas (como 63.000 campos de fútbol) mientras la Administración tiene que acudir a aportaciones externas para salvar las lagunas. En el acuífero de Los Arenales (en el sur de Valladolid, noreste de Salamanca y noroeste de Segovia), se riegan ilegalmente otras 23.975 Has (29.000 campos de fútbol), básicamente nuevos cultivos de patata, maíz, hortícola y remolacha. En el Mar Menor (Murcia) se riegan ilegalmente 8.460 Has, contaminando aún más con nitratos y fosfatos la mayor laguna salada de Europa. Y en Doñana (Cádiz), se riegan ilegalmente 5.700 hectáreas, sobre todo fresas.

El agua en España, además de ser escasa por un consumo desatado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo)  y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio riesgo para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea acaba de alertar (en octubre 2021) a España y otros 11 paises europeos (Alemania, Bélgica y Paises Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha procesos de infracción contra 10 paises, entre ellos España.

Mientras preparan esta multa por mala gestión de la calidad del agua, ya tenemos una multa importante, impuesta en 2018 por el Tribunal Europeo de Justicia a España, “por falta de depuración de las aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 habitantes). La multa crece cada trimestre que no se remedia el problema y ahora son ya 53,4 millones de sanción (la mayor nunca impuesta por la UE a España), mientras siguen sin resolverse los problemas de depuración  en localidades de Huelva, Málaga, Cádiz, Gijón y Tenerife, habiéndose arreglado sólo en Tarifa (Cádiz). Es sólo una muestra de un problema serio: España depura menos sus aguas residuales (un 63,6% frente al 72% en Francia o el 88% en Alemania), otra vía de disponer de más agua para muchos consumos.

Visto el panorama, parece claro que tenemos un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no. Y además, el Cambio Climático asegura que las lluvias irán a menos en los próximos años: el informe de la ONU (IPCC) estima que vamos a un recorte del -20% en las precipitaciones a medio plazo, incluso más en el sur de Europa (-30% de lluvias). Y encima, el 40% del suelo español está en proceso de desertificación. Por todo ello, España podría ser uno de los 33 paises del mundo con problemas de abastecimiento de agua en 2040, según un informe del World Resources Institute.

Para afrontar este viejo problema del agua en España, el Gobierno presentó el 21 de junio de 2021 los borradores de los Planes Hidrológicos para 2022-2027, la herramienta para gestionar el problema del agua en los próximos 6 años, ahora en periodo de consulta pública. El objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros, la mayoría con Fondos europeos, en la restauración de los ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y ecosistemas y mitigar riesgo inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones). Además se va a aprobar un Decreto-ley para luchar contra “la contaminación difusa”, producida por nitratos y fosfatos de origen agrícola.

Algunas autonomías han acogido bien estos futuros Planes Hidrológicos (Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) pero otras no (Murcia y Andalucía), lo que indica que la política del agua va a politizarse de nuevo, como en las últimas décadas, siendo una “bandera regionalista” de enfrentamientos. Las ONGs ven bien la mayoría de las medidas, pero piden “ir más lejos”, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de Has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, conseguir depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industriales para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable.

La falta de agua es una de las consecuencias más graves del Cambio Climático y todos los paises tienen que aprobar políticas para salvaguardar que haya agua suficiente y de calidad.  No hay economía sin agua. Está bien que España sea “la despensa de Europa”, pero no puede ser a costa de futuras sequías. Habría que alcanzar un gran Pacto del Agua (como con el Cambio Climático, las pensiones, la educación o la sanidad),  al margen de las batallas políticas a corto plazo. Nos jugamos el futuro más cercano. Sin agua no hay crecimiento ni empleo ni vida. La naturaleza y los embalses nos están avisando. Reaccionemos.

España, la despensa de Europa

Con la pandemia, se desplomó la economía y las exportaciones, pero las ventas al extranjero de alimentos españoles crecieran en 2020 y batieron otro récord histórico, tras dos décadas de aumentos. Naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Y somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos. Pero hay varios problemas en este “éxito” alimentario. El primero, que apenas lo nota el campo, los agricultores y ganaderos españoles, que cobran precios bajos y ven subir los costes. El segundo, los consumidores españoles sufrimos alzas de precios continuas (y las mejores naranjas van a Alemania). Y el tercero, sufre el medio ambiente, porque producir alimentos genera un 12,5% de emisiones y consume el 85% del agua. Una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, además de ser su bar, su hotel y su playa. Pero debíamos aspirar a ser otra cosa.

Enrique Ortega

Las exportaciones han sido uno de los motores que han tirado de la economía española desde 2008, atenuando primero la caída de la economía (2009-2013) y ayudando después a la recuperación (aportaron un tercio del crecimiento en 2016 y la cuarta parte en 2019). Pero en 2020, con la pandemia, las exportaciones españolas se desplomaron (cayeron un -10%), como la economía (el PIB cayó un -10,8%). Pero hubo una excepción: las exportaciones de alimentos y bebidas, que crecieron un +5,5%, siendo el único renglón exportador que aumentó: las ventas fuera de coches cayeron un -12,9% y también las exportaciones de ropa (-19,8%), Calzado (-15,9%), maquinaria (-10,3%), equipos de transporte (-23,9%), productos químicos (-3,6%) o cerámica (-1,8%), según los datos de Comercio.

Y no es un año aislado. Las exportaciones de alimentos llevan dos décadas creciendo, año tras año, y casi se han duplicado en la última década: de 31.497 millones exportados en 2011 se pasó a 43.116 millones en 2016 y 51.304,1 millones exportados en 2020, casi la quinta parte (el 19,6%) de todo lo que exportó España. Y lo más llamativo: es uno de los dos únicos sectores económicos donde España es autosuficiente, donde exportamos más de lo que importamos: 51.304 millones de alimentos y bebidas vendidos fuera frente a 33.967,2 millones importados, con un superávit de +17.336 millones en 2020 (año en que España tuvo un déficit comercial global de -13.422 millones de euros). El otro sector con superávit es el automóvil, pero su saldo positivo con el exterior (+8.119 millones en 2020) es la mitad que los alimentos y bebidas (+17.336 millones), según los datos de Comercio.

Para hacernos una idea global, el empuje de los alimentos ha convertido a España en la 4ª potencia exportadora de alimentos de Europa, con un 3,6% de cuota de mercado mundial,  sólo por detrás de Paises Bajos (que es un líder discutible, con un 6% de cuota mundial, porque sus cifras se deben a que muchos alimentos salen de sus puertos pero han llegado de otros paises, no son holandeses), Alemania (5,3%) y Francia (4,6%). Y ocupamos el 7º puesto en el ranking mundial de exportadores de (ver Mapa), encabezado por EEUU (9% de cuota mundial), con Brasil en el 4º puesto (5,2% de cuota) y China en el 5º puesto (4,6% de cuota), seguido España de Canadá (3,3% de cuota), Italia (3,1%) y Bélgica (2,9%).

En 2020, los alimentos que más exportó España fueron la carne de cerdo (fresco y congelado, mucho a Cina, que sufre la peste porcina), cítricos (naranjas, sobre todo a Europa), aceite de oliva y vino, dos alimentos cuyas exportaciones a EEUU se han frenado en 2020 por la drástica subida de aranceles (del 3,5% al 25%) aprobada por Trump en octubre de 2019 (y levantada por Biden en marzo de 2021). A pesar de este contratiempo, España es el primer exportador del mundo (y productor) de aceite de oliva y el primer exportador de vino (en volumen), aunque seamos el tercero en valor (tras Francia e Italia).

Analizando las exportaciones de alimentos y bebidas  hechas en 2020 (51.304 millones), casi el 40% son exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres (19.559 millones, +6%), seguidas de lejos por las exportaciones de carne (6.188 millones, +16,2%), aceites y grasas (4.208 millones, +1,8%), bebidas (4.073,5 millones, -3,3%), alimentos preparados (3.889 millones, +4,6%), pescado y productos pesqueros (3.815,3 millones), azúcar, café y cacao (1.833 millones, +3,6%) lácteos y huevos (1.572 millones, +2,2%), piensos para animales (1.514 millones, +13,5%), cereales (598 millones, +8,1%), tabaco (211,5 millones, -16,6%) y semillas y frutos oleaginosos (186,3 millones, +16,6%), según los datos de Comercio. En la mayoría de alimentos exportamos más de lo que importamos, salvo en pescado, azúcar, café y cacao, lácteos, piensos, cereales, tabaco y semillas, 7 partidas donde somos deficitarios: importamos más de lo que exportamos.

¿A qué paises vende España? El 63% de las exportaciones de alimentos y bebidas van a la Unión Europea, en especial a Francia (15% del total), Alemania(11,1%), el cliente donde más crecieron las ventas en 2020, Italia (9,8%), Portugal (8,9%), Reino Unido (7,7%), el 2º país europeo donde más crecieron las ventas para anticiparse al Brexit) y Paises Bajos (4,3%). El primer cliente no europeo es China (4,1% ventas, unos 2.400 millones de ventas agroalimentarias), país donde se han duplicado las exportaciones de alimentos españoles (sobre todo cerdo), seguido de Estados Unidos (3,8%, unos 2.100 millones de ventas), según este estudio de CaixaBank Research.

El origen de la mayoría de los alimentos que España exporta está en Andalucía (37% de las exportaciones agroalimentarias), siendo Almería (“la huerta de Europa”) la provincia que aporta la mitad de estas exportaciones andaluzas (3.090 millones, el 15,8% del total nacional), seguida de Huelva (20,9% de las exportaciones andaluzas de alimentos: 1.289 millones, un tercio son fresas), según datos de Extenda, la agencia andaluza de comercio exterior. Le siguen la Comunidad Valenciana (26,4% de las exportaciones españolas de alimentos) y Murcia (18,5%), Aragón y Cataluña detrás (por la exportación de cerdo), Extremadura, Castilla la Mancha y la Rioja. Al final, Almería y Murcia son la huerta de Europa, aportando el 30,6% de todas las exportaciones hortofrutícolas (6.000 millones en 2020).

Todo este esfuerzo exportador muestra la pujanza del sector agroalimentario español, que en 2020 ha afrontado un doble reto: alimentar a los españoles en pandemia (hemos consumido más alimentos y bebidas) y alimentar a los extranjeros, siendo la despensa de Europa. Gracias a este esfuerzo, se mantienen 2,5 millones de empleos: 744.000 en el campo (agricultura y ganadería), 456.000 en la industria agroalimentaria y 1,3 millones de empleos más en el comercio agroalimentario, según un estudio de Cajamar e IVIE. Pero este dato positivo para el empleo y el empujón económico que conlleva la pujanza del sector, no pueden  esconder 3 problemas que hay detrás del “boom” exportador de alimentos de España: la situación del campo, los consumidores y el medio ambiente.

El campo español apenas se ha beneficiado del “boom exportador. Los agricultores y ganaderos han aumentado sus ventas en 2020, pero se quejan de que también les han aumentado sus costes y que los precios que les pagan por alimentos y carnes no les compensan, denunciando que el beneficio se lo llevan los intermediarios (en España y en Europa). No hay datos del margen con que se venden los alimentos en Europa, pero sí en España: 5,13 veces más caros los productos agrícolas y 3,30 veces los ganaderos, según el índice de precios (IPOD) que elabora COAG. Veamos tres ejemplos: la patata se le paga al agricultor a 0,08 euros kilo y se vende en el mercado a 0,80 euros kilo (10 veces más cara). La naranja se paga al productos a 0,29 euros kilo y nos la venden a 1,89 euros (6,5 veces más). Y la ternera, de 3,69 euros/kilo a 16,12 euros (4,37 veces más).

Además, los trabajadores del campo sufren mayor precariedad y peores salarios para que España pueda competir con otros paises a la hora de vender alimentos en Europa y el resto del mundo. De hecho, podemos ser competitivos vendiendo alimentos y bebidas porque los costes laborales en el campo español son un 44 % más bajos que la media europea, según el estudio de Cajamar e IVIE. Y eso explica también los “poblados” de inmigrantes y trabajadores precarios (que ha denunciado la ONU) que se multiplican por Almería, Huelva, Murcia e incluso zonas de Huesca o Lérida (mataderos y recolección de fruta). Los exportadores de frutas se quejan de la “competencia desleal” de Marruecos, porque pagan 7 euros la hora (350 euros a la semana), que es lo que se paga en Marruecos al día (no sabemos si es lo que querrían pagar ellos…).

El segundo problema es que los consumidores españoles “pagamos” este boom exportador, por dos vías. Una, que el aumento de las exportaciones dispara los precios dentro, porque fuera se paga más: los alimentos y bebidas son un 4,3% más caros en la UE-28 que en España, con lo que los productores tratarán de forzar venderlos más caros aquí, con la “amenaza” de exportarlos si los intermediarios y supermercados no pagan más. De hecho, los alimentos llevan subiendo más que el IPC desde hace años y también en 2020: el índice anual de alimentación subió el 1,1%, cuando el IPC cayó un -0,5%. Y los alimentos encadenan ya 7 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,6% en febrero de 2021, cuando el IPC total sube el +0%.  El otro coste es que la mejor fruta, verdura, carne, vino y aceite se exportan, porque pagan más.

El tercer problema del “boom” exportador de alimentos es más de fondo: daña al medio ambiente. Por un lado, la producción de alimentos es el 4º mayor emisor de CO2 en España: 39,7 millones de TmC02, el 12,5% de las emisiones totales de 2019, sólo por detrás del transporte (29%), la industria (20,6%) y la generación de electricidad (13,5%) y por encima de las emisiones residenciales (8,8%), según el Inventario de Emisiones oficial. Y del total de emisiones del campo español, 67% corresponden a la ganadería y 33% a la agricultura. La producción de carnes, sobre todo la ganadería industrial, genera emisiones por el proceso de digestión de los rumiantes (metano, el 2º gas que provoca el efecto invernadero), el estiércol y los purines de las granjas (emiten metano o óxido de nitrógeno) y también por  el forraje y los piensos que consumen (que llevan a la deforestación). Y la agricultura, al utilizar fertilizantes nitrogenados y abonos emite óxido de nitrógeno (N2O).

De hecho, la FAO (la ONU de la alimentación) estima que la agricultura y la ganadería generan un 20% de las emisiones de efecto invernadero. Y que la ganadería es responsable del 35 al 40% de las emisiones de metano y del 65% de emisiones de oxido de nitrógeno (N2O). Y a eso se une que los pesticidas utilizados en la agricultura extensiva y los purines de las granjas contaminan las aguas y los acuíferos.

Además, la agricultura y ganadería intensivas consumen mucha agua: concretamente el 85% del total, gastando otro 3% la industria y quedando el 12% restante para el abastecimiento humano, según Ecologistas en Acción. Ya hemos superado las 4 millones de hectáreas de regadío (más un 5 a un 10% más de regadío ilegal), que ha aumentado un 21% en las últimas dos décadas, para alimentar el “boom” exportador de alimentos. Además, hay extensas zonas de Almería, Murcia o Huelva donde las explotaciones agrarias han gastado el agua disponible y han sobreexplotado los pozos, agotando y contaminando los acuíferos. Y gran parte de la agricultura intensiva son cultivos no para producir alimentos sino forraje para el ganado o para piensos. Con ello, la ganadería consume en España tanta agua en un año como todos los hogares en una década, según Greenpeace.

Así que muy bien que seamos una potencia en la producción y exportación de alimentos, pero ojo al tremendo coste (laboral, inflacionista y ecológico) de ser la despensa de Europa. Habría que defender una producción agroalimentaria más justa y sostenible, que no se asiente en explotar a sus trabajadores, mal pagar a agricultores y ganaderos, hacer subir los precios interiores y deteriorar el medio ambiente y el agua. El Estado debería intervenir y asegurar unos mínimos, ayudando a consolidar un sector que debía ser laboralmente más justo, menos contaminante y más dinámico, apoyándose en la digitalización y en mejores infraestructuras de transporte. Esa es otra: cada día salen de Almería 1.500 camiones hacia Europa (y miles más de Murcia o Valencia), debido a que no se avanza en el corredor mediterráneo, para que exportemos alimentos por tren. Habría que dedicar una parte de los Fondos europeos a asegurar un futuro más sostenible para el sector agroalimentario, casi tan potente como el turismo.

Y una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, como también somos su bar, su hotel y su playa. Pero como se ha visto con la pandemia, eso nos hace muy vulnerables y más pobres, porque son actividades que crean menos empleo estable y menos riqueza. Sería bueno que aspiráramos a ser otra cosa.

España pagará por estar en Europa (desde 2014)

A España, formar parte de la Unión Europea, le ha reportado muchos beneficios económicos y políticos desde 1986, aunque ahora sólo veamos los recortes. Hay uno medible: ser europeos nos ha aportado un ingreso neto de 100.127 millones de euros (1986-2013), unos 3.500 millones al año, que han financiado carreteras, AVEs, infraestructuras, empleo y agricultura, sobre todo en las regiones más pobres. Esta semana, los dirigentes europeos han discutido (sin acuerdo) los Presupuestos 2014-2020, con más recortes, a pesar de que el gasto comunitario sea ridículo (1% PIB frente al 20% del gasto federal USA). Y con este recorte (aunque se suavice), España perderá fondos, para el campo y las regiones más pobres. Con ello, desde 2014, estar en Europa nos costará unos 1.000 millones al año, complicando  más la salida de la crisis. Lo peor, que los 27 han perdido otra oportunidad para luchar contra la recesión que asola Europa. Y nos llevan al abismo. Más con cada Cumbre.

enrique ortega

A los dirigentes europeos se les llena la boca con “más Europa”, pero en la última Cumbre se han peleado (inútilmente) durante dos días por recortar el Presupuesto de los 27 para 2014-2020 (en 80.000 millones), a pesar de que es ridículo: supone un billón de euros en siete años, un 1% del PIB de la UE frente al 20% que gasta el Presupuesto federal de EEUU. De hecho, el gasto de los 27 paises europeos juntos supone un 2% del gasto comunitario y el 98% restante lo hacen los países, que no quieren perder esa herramienta de poder nacional en beneficio de “más Europa”.

La Cumbre del Presupuesto ha revelado una doble pelea. Por un lado, los países que más pagan al Presupuesto UE, que quieren aportar menos: Alemania (-51.986 millones saldo 2007-2011), Reino Unido (-27.844), Francia (-26.787), Italia (-25.920) y Holanda (-17.540). Y para eso, fuerzan más recortes y piden mantener su descuento, su “cheque” (que no sólo tiene Gran Bretaña, sino también Alemania, Holanda, Austria, Suecia,  y ahora lo quiere Dinamarca). Y por otro, los países que reciben, que quieren suavizar los recortes: Polonia (+34.289 millones saldo 2007-2011), Grecia (+22.677), Portugal (+12.694), Hungría (+12.363) y España (+11.179). Y junto a ellos, dos países “ricos” que no quieren perder sus importantes ayudas agrícolas: Francia e Italia (más Irlanda). Un difícil encaje de bolillos, donde todos tienen veto. Y como otras veces, han optado por ganar tiempo y posponer el debate hasta febrero.

Al final, como la mayoría gobernante de Europa es conservadora, casi nadie cuestiona el recorte del gasto comunitario para 2014-2020, desaprovechando la ocasión para que el Presupuesto sea una herramienta para luchar contra la recesión en Europa. Con ello, la pelea está en cuánto recorte hacen y, sobre todo, cómo se reparte. En principio, la tijera se iba a meter en dónde más se gasta: agricultura (40% gasto) y fondos de cohesión para las regiones más desfavorecidas (35%).Las dos partidas que más benefician a España, que estimaba perder unos 20.000 millones en los próximos siete años. La presión de Francia, Italia y los antiguos países del Este ha suavizado el recorte en agricultura y cohesión, pero habrá recorte. Y España podría perder unos 15.250 millones : 7.500 en agricultura y 8.750 millones en cohesión (que afectará desde 2014 a las cuentas de Extremadura, Canarias, Andalucía, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla, así como a la inversión en infraestructuras).

Aún con futuros regalos de última hora para salvar la cara, España será contribuyente neto con Europa a partir de 2014, unos 1.000 millones al año (en 2013 recibiremos +1.384 millones). Con ello, se termina una época, 28 años (1986-2013) en los que han afluido a España 100.127 millones netos, que han sido claves para modernizar el país y corregir desequilibrios regionales. Casi la mitad (40.170 millones) llegaron entre 2000 y 2006, con el récord en 2002 (+8.600 millones) y 2003 (+8.317), para bajar luego drásticamente (+10.110 millones entre 2007 y 2013), como resultado del ingreso en 2004 y 2007 de 12 nuevos países, la mayoría del Este de Europa, más pobres que España. El problema es que ahora, cuando la recesión ha hecho especial mella en España, nos tocará pagar en vez de recibir, según unas cuentas hechas con datos de 2009 y 2010, que no recogen nuestra caída en 2011 y 2012 (y que habría que conseguir revisar en los próximos años).

Aunque se retrase el acuerdo final, los fundamentalistas de los recortes han ganado otra batalla, que no sólo va a perjudicar a España sino a toda Europa, ahora en recesión: 12 de los 27 países tienen crecimiento negativo y la zona euro caerá este año -0,1% (y crecerá sólo +0,4% en 2014). Y la recesión amenaza incluso a Francia (Moodys le ha quitado la AAA) y a Alemania, que sólo han crecido +0,2% en  el tercer trimestre. Se recoge lo que se siembra: el rigor presupuestario impuesto por Merkel,Bruselas y los Gobiernos conservadores ha llevado a la economía europea al rigor mortis.

Los dirigentes europeos han perdido otra ocasión en esta Cumbre presupuestaria de cambiar el rumbo y hacer frente a una crisis del euro que dura casi tres años. No han sido capaces de cerrar la hemorragia de Grecia, ahora por puro egoísmo: Alemania, Francia, Italia, España y otros países con deuda helena no quieren perdonarles una parte de su deuda, como pide el FMI para que puedan levantar cabeza algún día. Tampoco han resuelto el rescate de Chipre (14.000 millones), el quinto país que lo pide en treinta meses. Han hundido las economías de media Europa, con más paro, más pobreza y más desigualdad. Y la recesión se acerca ahora a Francia y Alemania, estancadas como la Europa del norte. Y en el colmo del delirio por los recortes, desprecian una herramienta que podría servir para reanimar la economía europea, el Presupuesto comunitario 2014-2020: bastaría con gastar algo más en empleo, formación, tecnología e infraestructuras, un Plan Marshall europeo que todos han olvidado.

En lugar de eso, el presidente europeo ha propuesto en la Cumbre gastar menos en “competitividad, crecimiento y empleo” (- 24.500 millones sobre la propuesta de la Comisión, sobre todo en infraestructuras, tecnología y formación)  y en “la Europa global” (- 11.783 millones), para arañar un dinero con el que contentar a los agricultores de Francia e Italia (y España) y a las regiones más pobres de los países del Este y España, que saldrán con recortes en cualquier caso. La típica componenda de los burócratas de Bruselas, que, eso sí, no recortan un euro la propuesta de sus gastos administrativos (los únicos que crecerán, un 10,8% sobre los de 2007-2013).

Es triste, pero los dirigentes europeos siguen cegados por su ideología y sordos al resto del mundo (FMI, EEUU, China y G-20), que les piden que cambien de política, que suavicen los recortes, que no hundan más a Europa en la recesión, que no pongan en peligro la incipiente recuperación de la economía mundial. Y son incapaces de ver la crisis social y política en que han sumido a la Europa del sur. Ni que con sus recetas nos llevan al abismo. Más con cada Cumbre.