¿Qué pasa con el recibo de la luz?

En enero, nos asustaron con la subida de la luz en el mercado mayorista: pasó de 42 a 100 euros/MWh en unos días, por la gran nevada y las heladas, aunque cerró el mes a 1,42 euros. Finalmente, el recibo ha subido  10 euros en enero, aunque bajará en febrero y en el 2º trimestre. El problema de fondo, al margen del clima, es que los españoles somos el 5º país europeo que paga más cara la luz, porque pagamos costes de más a las eléctricas (2.000 millones al año), más impuestos en el recibo y más “peajes” (costes varios que aprueban los Gobiernos), junto a altos márgenes de comercialización a 3 distribuidoras que controlan el mercado. El Gobierno pone “parches”, imponiendo tarifas por horas el 1 de abril y quitando del recibo las ayudas a las renovables. Debería ir más allá: hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas por lo que les cuesta producir la luz, sin extracostes. Luz y taquígrafos.

Enrique Ortega

España inició este año 2021 con la electricidad más barata desde el año 2004: el precio medio en el mercado mayorista había sido de 33,96 euros/MWh en 2020, un 30% menos que en 2019 (47,68 euros) y el más bajo desde 2004, debido a la pandemia, que provocó un desplome de la demanda eléctrica, sobre todo la industrial y de servicios. Esta bonanza de precios (42,51 euros/MWh el 1 de enero 2021) se rompió el 7 de enero (88,93 euros), con el anuncio de la borrasca Filomena, que disparó los precios del mercado mayorista de la electricidad: 99,94 euros el viernes 8 de enero (llegó a costar 121,24 euros a las 9 de la noche, cuando se inició la gran nevada) y 80,66 el sábado día 9. Y la semana siguiente, con las bajas temperaturas y heladas, el precio de la luz se mantuvo por encima de los 82 euros/MWh hasta el 18 de enero, para bajar después, quedando en torno a los 50 euros hasta el viernes 29, cuando otra tormenta (Justine) trajo fuertes  vientos y la energía eólica provocó un desplome de precios en el mercado, hasta los 1,42 euros/MWh del 31 de enero.

Esta tormenta de precios en el mercado eléctrico en enero se debió no sólo a factores climatológicos (que impidieron producir electricidad con energía solar y eólica, más baratas), sino también a una subida extra en el precio del gas natural (por problemas de suministro en Argelia y una mayor demanda de las centrales de gas) y por la subida de los derechos de CO2 que pagan las centrales de carbón y gas que se tuvieron que enganchar al sistema. Y además, el frío generalizado disparó la demanda de energía en todo el mundo, en especial en Asia (Japón pidió limitar el consumo para evitar apagones), elevando los precios.

Al final, este vaivén de precios en enero en el mercado mayorista de la electricidad (MIBEL) se traduce en una subida del recibo de la luz a los 11 millones de españoles (el 37% de los usuarios) que tienen un contrato de precio regulado (PVPC: precio voluntario al pequeño consumidor). Como el coste de la electricidad en el mercado supone un 35% del recibo, la subida de enero ha provocado que el recibo de una familia media (4,4 kwh de potencia y 3.900 euros de consumo) haya subido +10,36 euros en enero, según el simulador de la CNMC, quedando en 73,59 euros (frente a 63,23 euros en diciembre). Para los demás consumidores, los 18,6 millones que tienen un contrato “libre”, el precio que pagarán será el que fijaron para este año con su compañía (una “tarifa plana” más alta que la regulada).

Ahora, el Gobierno dice que el mercado eléctrico seguirá bajando en febrero (-37% sobre enero) y en el 2º trimestre (-45%), pudiendo subir para el verano, como pasa siempre, con lo que tendremos por delante varios meses de bajada del recibo de la luz. Y además, el Gobierno ha puesto en marcha 2 reformas que van a forzar una mayor bajada de la luz, con lo que espera que siga bajando en 2021 y 2022 y, según la ministra de Transición Ecológica, acabe siendo “más barata que en Francia” (ahora es más cara).

El primer cambio entrará en vigor el 1 de abril, cuando sea obligatorio que las eléctricas cobren la luz según la hora en que se consume, tras varios años de adaptación de contadores y compañías. Habrá 3 tarifas según la franja horaria: la más cara (de 10 a 14 horas y de 20 a 22 horas), la más barata (entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, más sábados, domingos y festivos) y la intermedia (resto de horas). Estas nuevas tarifas con discriminación horaria se aplicarán obligatoriamente a los clientes con previo regulado (PVPC), mientras que a los clientes que estén en el “mercado libre”, será la comercializadora la que le detalle la oferta. Además, a partir de abril, también se podrá contratar potencias distintas para horas distintas, otro sistema para reducir costes fijos. Al final, si nos acostumbramos a poner la lavadora por la noche y a cocinar más en fines de semana, podemos ahorrar en el recibo, hasta un 10% (3 euros de media).

El segundo cambio lo aprobó el  Gobierno el 15 de diciembre y se aplicará gradualmente en los próximos 5 años. Se trata de quitar del recibo de la luz las ayudas a las energías renovables, unos 7.000 millones anuales, que ahora financiamos con “los peajes” (ese cajón de sastre de costes varios que supone el 40% del recibo de la luz). Y pasar este coste, estas ayudas a las renovables, a un Fondo (FNSSE) que financiarán las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores petroleros. O sea, que en vez de que los consumidores financiemos a las renovables (para fomentar las energías limpias), pagarán esta ayuda las empresas que comercializan electricidad, gas y petróleo, que probablemente nos cargarán este nuevo coste cuando vayamos a echar gasolina o compremos butano… Pero el cambio permitirá abaratar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años, según el Gobierno.

Las dos medidas ayudarán a abaratar la luz, pero son un parche. Porque el problema de fondo que tenemos es que la luz es mucho más cara en España que en la mayoría de Europa y eso se debe a que pagamos muchos costes de más, extracostes con los que hay que acabar, no sólo con los de las renovables. Veamos primero la situación de partida: el precio de la luz para los consumidores domésticos es en España el 5º más caro de Europa: costaba 0,2239 euros/kwh en junio 2020, frente a 0,2126 euros de media en la UE-27, los 0,2266 de Italia, los 0,2203 de Reino Unido, los 0,2120 de Portugal o los 0,1899 euros/kwh de Francia (-15,2% menos que España), siendo sólo la luz más cara en Alemania (0,3043 euros/kwh), Dinamarca (0,2833), Bélgica (0,2413) e Irlanda (0,2239, según la última estadística publicada por Eurostat. Y en los consumidores no domésticos (empresas), España el país nº 13 con la luz más cara de Europa: 0,1302 euros/kwh, muy por encima de los 0,0826 euros/kwh que cuesta de media en la UE-27.

¿Por qué tenemos la luz más cara, ahora y en las últimas décadas? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz: en el coste de la generación de electricidad (el 35% del recibo), en los”peajes” (costes varios) que aprueba el Gobierno cada año (40% del recibo) y en los impuestos (25% restante). Veámoslo.

El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora, según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel o gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (cuando hay un salto de demanda o no llueve ni hace viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60 euros/kwh. Y ese es el precio que se paga a las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros producir un kwh) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kwh), centrales ambas que, además,  ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán a precio de chuletón.

Este sistema de fijación de precios (“marginalista”) busca compensar a las eléctricas por tener centrales con poco uso (de gas y fuel), que se mantienen para asegurar el suministro ante cualquier eventualidad. Pero nos cuesta a los usuarios unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000 millones de extracoste en nuestros recibos), según estima la profesora Natalia Fabra. Además de fijar un precio no justificable, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”, poniendo y quitando en el mercado centrales, malas prácticas que les han costado varias multas.

Vayamos al segundo componente del recibo de la luz (un 40%), los llamados “peajes”, un “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a renovables, cogeneración y residuos (20,6%), compensaciones por el parón nuclear (0,41%), pago para amortizar la “deuda” acumulada con las eléctricas (2,89%), compensación a Endesa por la electricidad que produce en Baleares y Canarias (4,2%), ayudas a las centrales de gas, compensaciones a las grandes industrias consumidoras y el pago por el transporte de electricidad (el 2,96% del recibo) y por su distribución (10,04%),los dos únicos costes “justificados” pero que se consideran elevados.

El gasto más discutible es el margen que pagamos a los distribuidores de electricidad, empresas que dependen de las eléctricas y que nos cargan un margen medio del 17% sobre el precio que pagan (a ellas mismas) al comprar la electricidad en el mercado mayorista. Los expertos denuncian que hay un oligopolio de distribución, que 3 compañías (creadas por las 3 grandes eléctricas) controlan el mercado y fuerzan márgenes y precios. De hecho, en el mercado libre (el que tienen dos tercios de consumidores, Iberdrola (35,6%), Endesa (29,3%) y Naturgy (11%) controlan el 75,9% del mercado. Y llegan al 84,3% con EDP (5%) y Viesgo-Repsol (3,4%). Pero además, se lo tienen repartido por regiones, de tal manera que Iberdrola controla Madrid (52,9% mercado), las dos Castillas, Levante y Murcia, Endesa controla Barcelona (60,5%), Cataluña, Andalucía y Canarias (90%) y Naturgy Galicia, según el mapa 2019 publicado por la CNMC. Y en el caso del mercado regulado (el tercio restante de clientes), pasa lo mismo: Naturgy controla el 55,8% del mercado eléctrico en Galicia, Energía XXI (Endesa) el 43% de Canarias, el 33% de Cataluña o el 30,9% de Baleares, y Curenergía (Iberdrola), el 31,5% del mercado valenciano y el 17,6% del madrileño.

Y acabemos en la tercera parte del recibo, los impuestos (el 25% restante): el impuesto especial (el 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí también pagamos impuestos de más. Somos el 3º país de la UE con más peso de los impuestos sobre el precio final de la electricidad a los consumidores domésticos: un 47,38%, frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en Alemania, muy por encima del peso de los impuestos en la luz de la UE-27 (40%), de Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país europeo con el IVA de la electricidad más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%, Finlandia (24%) y Portugal (23%),según Eurostat. Y en el caso de la luz para empresas y consumidores no domésticos. España es el 6º país con más peso de los impuestos (28%), detrás de Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).

Ahora ya sabemos por qué pagamos la luz más cara que en Europa: por extracostes en la generación de electricidad, mayores márgenes al comercializarla, exceso de costes “políticos” y más impuestos. Habría que hacer una reforma integral del sistema eléctrico, no seguir con “parches” cuando se dispara el recibo. Y para eso, la clave sería que el Gobierno impusiera una auditoría de costes, para saber de verdad cuánto nos cuesta producir la luz y cuáles son los extracostes desde la central hasta el recibo. No vale decir que el sistema de fijación de precios es “europeo” y no puede tocarse, porque hay paises, como Francia, que han aprobado retribuir a las nucleares con un precio fijo (no el marginal del mercado) que cubre sus costes medios. Habría que aprobar precios fijos para las energías ya amortizadas (como  hidráulica y nuclear) y compensar de otra forma a las centrales “de refuerzo” (gas), no a costa de que se dispare el precio final, como ahora. Y renegociar los márgenes de transporte y distribución, así como rebajar el IVA lo que se pueda (déficit).

Sólo así bajará de verdad la luz, con transparencia en los costes y con más competencia en la distribución y comercialización, atacando el oligopolio y fomentando más la competencia. El sistema vigente desde hace décadas beneficia a las eléctricas (duplican el beneficio de las europeas) y perjudica a los consumidores, que pagamos la luz más cara. Es hora de reformar este mercado, que ellos ganen menos y nosotros paguemos menos. El problema es que son muy poderosos y será difícil imponerles los cambios. Luz y taquígrafos.

Vigilan la fuerte subida de una luz más sucia

En julio sigue subiendo la luz en el mercado eléctrico, tras subir un 16,4% en el semestre y costar ahora el mayor precio de los últimos 5 años. Eso después de tener la primavera más lluviosa desde 1965, que debería abaratar la luz. Por todo ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) investiga este repunte de precios, después de sancionar a Iberdrola y Viesgo por fraude. Al margen de prácticas ilícitas, el mercado eléctrico se rige por un sistema (Aznar) que paga la luz más barata (hidroeléctrica y nuclear) al precio de la más cara (gas y carbón), un contrasentido que pagamos los consumidores. Y con los peajes, pagamos también costes de más en el 42% del recibo, así como más impuestos que en Europa. Así se explica, con tanto extracoste, que paguemos la 3ª luz más cara de Europa. Y la más sucia, culpable del 22% de todas las emisiones de CO2. No podemos seguir así. Urge que el Gobierno pacte una nueva política eléctrica, una de las asignaturas pendientes de la transición.

enrique ortega

A finales de junio, el precio de la luz en el mercado eléctrico estaba a 58,60 euros por MWh, un 16,41% más caro que un año antes y un precio que es un 24% más alto del que ha tenido de media la luz en junio de los últimos  5 años, según ha alertado el secretario de Estado de Industria. Y este mes de julio, sigue la tendencia al alza: hoy lunes, 23 julio, el coste del kilovatio superaba ya los 63 euros por MWh (63,10), según los datos del mercado eléctrico (OMIE) lo que suponía otro 12% de aumento sobre el precio de principios de julio (56,26 euros/MWh). Por todo ello, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) ha confirmado que está investigando este repunte de precios en el mercado eléctrico, por si detrás de la subida hay “algo más” que una situación coyuntural.

La CNMC sabe de qué habla, porque ya ha sancionado a dos compañías eléctricas por cometer presuntos fraudes en el mercado eléctrico,” inflando artificialmente” precios. La primera, Iberdrola, a la que multó en diciembre de 2013 con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de electricidad barata que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) ha descubierto en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo, con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.

Todo esto es posible porque el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), donde se fija cada día el precio de la luz desde 1998, es un mercado “estrecho” (pequeño) y muy volátil (tiene grandes altibajos de precios), que facilita estos fraudes, al regirse por un sistema de precios “de locos”, que autorizó Aznar (Ley eléctrica de 1997). Es un mercado donde cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares, renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, es el precio del kilovatio más caro el que se paga a todas las energías, normalmente los 60 euros del kilowatio de las centrales de gas, aunque el kilowatio hidroeléctrico cueste producirlo 10 euros y el nuclear 22 euros. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Así que da igual que llueva o no, porque la luz sube aunque los pantanos hayan estado a rebosar, después de haber tenido la primavera más lluviosa desde 1965. Las centrales hidroeléctricas han subido su peso en la generación de electricidad (del 8% en mayo de 2017, en plena sequía, al 16% en mayo de 2018), pero esta electricidad, como la nuclear o la renovable (las 3 más baratas) no se han pagado a su coste, sino al coste extra de la poca electricidad generada por carbón y gas, cuyo precio subió mucho en el mercado internacional. Así que las eléctricas dueñas de centrales hidroeléctricas, nucleares y renovables se han forrado, cobrando la luz  6 veces o 3 veces lo que les costaba producirla. Y nosotros, los consumidores, aunque haya mucha lluvia, pagamos la luz al precio de lo que cuesta generarla con carbón o gas, aunque sea una parte marginal del mercado. Una locura.

Este precio de la luz en el mercado eléctrico diario influye en una parte del recibo de la luz, supone aproximadamente un 37% de la factura total que pagamos. Por eso, la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kwh consumidos)  ha subido, entre abril y junio, un 10,3%, según la CNMC. Antes, había bajado en enero (-6,1%), subido en febrero (+2%) y bajado en marzo (-9%), con lo que el recibo medio del primer semestre habrá bajado un 2,9%. Pero subirá en julio (más de un 4%) y el balance anual de 2018 será de subida del recibo hasta julio. Y todo apunta a que el resto del año, hasta diciembre, la luz va a seguir subiendo, como anticipan los precios del mercado de futuros (compras a plazo) , por el mayor consumo del verano y el turismo, el cierre temporal de dos nucleares (Vandellós y Trillo) y la menor electricidad eólica. Con ello, 2018 podría cerrar con otra subida del recibo de la luz a los hogares, en torno al 5%, tras haber subido un 10,3% en 2017.

Pero la luz no sube sólo porque suban los precios en un mercado eléctrico “de locos”. La segunda parte del recibo, el 42% de la factura que pagamos, no tiene que ver con lo que cueste la luz en cada momento: son los costes regulados que fija el Gobierno cada año, los llamados “peajes”, que llevan cinco años sin subir (tampoco en 2018) pero que son un enorme “cajón de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo. Unos son costes “justificados” pero demasiado elevados, como los costes por el transporte (el 2,96% del recibo) y la distribución de la electricidad (10,04%) y otros “injustificados”: ayudas a las renovables (el 17,22% del recibo), por el “parón nuclear” (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,84% del recibo), para compensar a Endesa por producir luz en las islas (4,2% recibo), para compensar a grandes industrias de poder cortarles la luz (no se les ha cortado nunca, pero les pagamos el 3% del recibo), para abaratar la luz a las industrias vascas (y que el PNV apoyara los Presupuestos 2018: 50 millones que pagamos con el recibo), ayudas para que las centrales de gas estén disponibles, etc., etc. Unos “extracostes” que deberían suprimirse o pagarse con los Presupuestos, no a costa de nuestro recibo.

Y todavía queda la tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que pagamos, que son impuestos: un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones anuales que ingresan las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). Y aquí, también pagamos de más, porque el IVA de la luz es el 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en la luz, el Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania, el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo (coste de producirla, peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes, al contratar la luz, muchos consumidores ya empiezan pagando de más, porque contratan más potencia de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas en unos años de menos consumo, por la crisis. Y por eso, ahora, pagamos casi tanto por potencia como por consumo. Yo pago 17,98 euros  por potencia y 23,99 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden, contraten menos potencia.

Al final, tras sumar tantos extracostes, la factura se ha disparado y los españoles pagamos la tercera luz más cara de Europa, sin impuestos, según los datos de Eurostat. En los hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica (0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro (0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia (0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kwh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta electricidad más cara de Europa, 0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre (0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8% más cara que la luz industrial en la UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh), un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia (0,0666), países con los que competimos.

No sólo tenemos la luz más cara que Europa sino que es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2. En 2017, España ha sido el 4º país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo menos que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor aumento anual de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue extremadamente seco, obligó a consumir mucho carbón (+21%) y mucho gas (+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir electricidad (además de los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron, ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.

A la vista de este panorama, una luz tan cara y tan sucia, el nuevo Gobierno Sánchez debía intentar reformar a fondo el sistema eléctrico, pactando medidas con el resto de partidos, aunque sea difícil. A corto plazo, ya ha anunciado que va a cerrar en las próximas semanas la primera central de carbón, la de Anllares (León), de Endesa y Gas Natural Fenosa, algo a lo que se oponía el anterior Gobierno Rajoy. Y que su intención es proponer cerrar para 2020 otras 6 centrales de carbón más, 7 centrales en total de las 15 existentes, las que no han realizado (porque no les compensa económicamente) las inversiones medioambientales que exigirá la Unión Europea para 2020.

A medio plazo, la intención del Gobierno Sánchez es sustituir paulatinamente las centrales de gas (que sólo funcionan al 15% de su capacidad) por más electricidad de origen renovable (eólica y solar), para lo que han decidido mantener la actual rentabilidad de las plantas renovables en el 7,4%, algo que tendrán que tramitar en el Congreso (no será fácil), porque hay que modificar para ello la Ley del sector eléctrico que aprobó Rajoy. Y también a medio plazo, el Gobierno Sánchez quiere cerrar las centrales nucleares cuando cumplan los 40 años de vida, con lo que, de aprobarse en el Congreso (el PP está en contra), las 5 centrales nucleares en funcionamiento cerrarían sus instalaciones en 2024 (Almaraz y Ascó), 2025 (Ascó) y 2028 (Almaraz y Trillo). Todo ello debe incluirse en la próxima Ley contra el Cambio Climático que el Gobierno ha prometido enviar al Congreso antes de fin de año.

En paralelo a estos cambios legales, el Gobierno debe modificar de una vez el funcionamiento del mercado eléctrico, para que cada tipo de electricidad se pague por su coste y no paguemos la luz que viene de los pantanos al precio de la luz que se genera con fuel o gas. Urge hacer una “auditoria de costes” y remunerar la luz por lo que cuesta  producirla (y transportarla y distribuirla), más un beneficio razonable. Eso permitiría rebajar el recibo un 20%. Y en el siguiente escalón, quitar la mayor parte de los “peajes”, esos extracostes que son “herencias” del pasado y que debían suprimirse o pagarse a cargo del Presupuesto (con los ingresos del IVA eléctrico y nuevos impuestos medioambientales), no de nuestro recibo. Según el informe de los 14 “sabios” que estudiaron el sector eléctrico, quitar los peajes del recibo permitiría bajar un 30% la electricidad a hogares e industrias. O sea, que se puede bajar la luz un 50% tocando el mercado eléctrico y los peajes.

Todas estas medidas suponen recortar los beneficios de las eléctricas, un sector con mucho poder económico, político y mediático, que consiguió una situación de privilegio con la Ley eléctrica de Aznar en 1997 y que ha frenado después todas las reformas posibles. La reconversión del sector eléctrico es una asignatura económica pendiente desde la transición y aunque el panorama político no sea favorable, hay que intentar poner en marcha los cambios más urgentes, para que hogares y familias no paguen la luz más cara de Europa y la más sucia. No deberían esperar más. Luz y taquígrafos para que paguemos por la luz lo que cuesta, no extracostes sin fin para beneficiar a las eléctricas.

La luz dispara su precio porque pagamos de más

En enero, la electricidad duplicó su precio medio de 2016 y subió 18 euros (+29%) el recibo de la luz a 12 millones de consumidores (el resto sufrirán la subida cuando renueven sus contratos anuales “libres”), disparando el IPC al 3%. Se culpa al clima, a la falta de agua y viento (energías más baratas), pero el problema de fondo es el mal funcionamiento del mercado eléctrico, creado por Aznar en 1997, que permite a las eléctricas manipular precios y sacar más beneficio de sus centrales hidroeléctricas y nucleares (ya amortizadas). Además, en el recibo pagamos numerosos costes de más, que deberían no pagarse o cargarse al Presupuesto. Por todo ello, las familias pagan la tercera luz más cara de Europa (sin impuestos). Y las empresas pagan un 28% más que las alemanas. Rajoy pide que "esperemos a que llueva" y no toma medidas, para no enfrentarse a las eléctricas. Urge realizar una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que vale. Y reformar a fondo el sistema eléctrico, para que produzca luz más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: el coste de producir la electricidad (35% de la factura), los pagos regulados que aprueba el Gobierno cada año (los “peajes”, el 40% del recibo) y los impuestos que paga la luz (IVA e impuesto eléctrico, el 25% restante). Ahora, la fuerte subida del recibo en enero se debe al primer tramo, al encarecimiento de la electricidad en el mercado eléctrico, que ha duplicado con creces su precio: si en 2016, el precio medio del kilovatio fue de 38,74 euros, en enero 2017 ha llegado a máximos de 91,88 euros (25 enero), cotizando por encima de 100 euros el kilovatio varias noches. Y ha cerrado enero con un coste medio de 71,49 euros por kilovatio, un 17% más cara que la media de diciembre (61,03 euros kvh). Se trata de la mayor subida de la luz en el mercado eléctrico desde diciembre de 2013, cuando el récord de 93,11 euros por kilovatio (18 diciembre) obligó al Gobierno Rajoy a intervenir en el mercado y cambiar el sistema: en vez de fijar un precio trimestral por subasta, se fijaba el precio diario por horas (24 precios al día) y eso es lo que pagan ahora los consumidores con precio regulado.

Este cambio, de pagar un precio fijado trimestralmente a un precio distinto cada hora, provocó unos enormes altibajos (“volatilidad”) en los precios del mercado eléctrico, donde las eléctricas compran cada día la luz que ellas mismas nos venden al día siguiente. Ahora, en enero, el precio de la electricidad se ha disparado, de 51,09 euros que valía el 1 de enero a casi 100 el 25 de enero, por varias razones. Una, el clima: apenas llueve (los pantanos están al 39% de capacidad frente al 55% hace un año) y tampoco hace viento, con lo que se produce poca electricidad eólica e hidráulica, las más baratas. Y eso obliga a recurrir a las centrales de carbón y gas, dos energías cuyos precios internacionales se han disparado (y más en España el gas, por problemas en las terminales de Argelia y porque nuestro mercado es muy estrecho y los precios del gas duplican a los europeos). Además, Francia lleva desde octubre con 8 centrales nucleares paradas y está importando electricidad de España, haciendo subir los precios. Y para rematar, hemos sufrido una ola de frío en enero que ha aumentado el consumo de luz.

Todo ello explica parte de la subida, pero no el fondo del problema: que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde el 1 de enero de 1998, es un mercado estrecho (“un mercadillo”), donde muy pocas empresas (Iberdrola, Gas Natural y Endesa) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley Eléctrica de 1997. En esencia, cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, si hay poca agua y viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las más caras), a 90 euros kilovatio. Y eso es lo que se paga el kilovatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10 euros) o nuclear (22 euros). Un negocio redondo para esas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio del chuletón: los del pollo y cerdo se forraban. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas sólo entre 2005 y 2015 por este injustificable sistema de precios.

Además, este sistema de precios incentiva el fraude. En la anterior gran subida de precios (diciembre 2013), la Comisión de la Competencia (CNMC) detectó que Iberdrola había parado la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios en el mercado eléctrico, actuación por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros por la CNMC en noviembre de 2015. Ahora, en esta subida de enero 2017, varios expertos temen que las eléctricas hayan vuelto a “manipular” el mercado, retrasando la entrada en servicio de las centrales de gas, bien porque no tenían gas almacenado (ahorraban al no invertir en stocks) o porque el gas había duplicado precios. Y al final, las centrales de gas han entrado en funcionamiento, marcando como referencia su elevadísimo precio, lo que beneficia a las eléctricas con centrales hidroeléctricas y nucleares.


Si ha pasado esto (la CNMC y la Fiscalía del Estado están investigando, pero es difícil de probar), resulta doblemente fraudulento, porque las eléctricas cobran por tener sus centrales de gas y carbón disponibles (por si falla la lluvia o el viento). En los últimos tres años (2014-2016), los consumidores hemos pagado en nuestro recibo 2.880 millones de euros como “pagos por capacidad” a las eléctricas, por tener “disponibles” sus centrales de ciclo combinado (gas y carbón). Y parece que muchas no lo están ni tienen combustible, aunque las eléctricas cobran por ellas. Y lo peor: nadie lo controla.

Bueno, por acabar con esta primera parte del recibo (35%), lo que pagamos por el coste de la electricidad  generada, la fuerte subida de enero no afecta a todos los consumidores, sólo a las familias que tienen contratada una tarifa “regulada” (llamada PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor), que son 11,9 millones de españoles. A ellos es a quien les ha subido 18,32 euros extras (un 26%) el recibo de enero sobre el de enero de 2016, según el cálculo de la CNMC para una familia con 2 hijos y consumo medio (250 kW al mes). Y eso ha disparado el IPC de enero, que subió al 3% anual (1,6% en diciembre). En el resto de Europa, también ha subido mucho la luz en el mercado eléctrico, pero no ha provocado titulares ni les preocupa tanto porque estos precios no se trasladan automáticamente al recibo, algo que sólo pasa en España , gracias al nuevo sistema de precios regulados (PVPC) que el Gobierno Rajoy introdujo en abril de 2014, tras las fuertes subidas de diciembre de 2013.


Pero el resto de españoles, los 13,9 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” no se librarán de la subida: cuando renueven su contrato (son anuales), les van a subir el importe (“tarifa plana”), argumentándoles que la luz ha subido. En los dos últimos años, estos consumidores han dejado los contratos de precio regulado (PVPC) y se han pasado al mercado “libre” , presionados por las eléctricas, que les decían que así pagaban menos. Pero no es verdad: según la CNMC, las tarifas “libres” son 32 euros anuales más caras que las del mercado regulado, básicamente porque al ser un precio por todo un año, no se quieren “pillar” con precios bajos. Ahora, con la fuerte subida de enero, las eléctricas tratarán aún más de desviar clientes con precio regulado a clientes con precios "libres", argumentando que así se libran de los “saltos de precios”. Pero no es verdad: antes o después, las eléctricas tendrán que repercutir las subidas en sus clientes “libres”.

Vayamos a la segunda parte del recibo (el 40%), la que paga los costes regulados por el Gobierno cada año (los llamados “peajes”, congelados para 2017), algo inaudito en Europa: en los demás paises, estos "peajes" los fija un organismo independiente del Gobierno, tipo la Comisión de la Competencia española). Aquí, todos los consumidores (“regulados” y “libres”) pagamos los mismos conceptos, costes la mayoría no justificados y que encarecen otra vez nuestro recibo. Pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96 % del recibo, que se lo lleva un monopolio, la empresa pública Red Eléctrica) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables, pero por los que pagamos de más, según varios expertos. Otros 6.403 millones los pagamos para ayudar a las renovables (17,22% del recibo), ayudas que se han recortado mucho. Y 2.838 millones para amortizar la deuda acumulada con las eléctricas (30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo. Nos cobran 155 millones (0,41% del recibo) para compensar a las eléctricas del “parón” nuclear. Pagamos 740 millones por compensar a Endesa del mayor coste de producir luz para las islas (4,2% del recibo). Otros 725 millones (4,15% del recibo) son para que las eléctricas tengan “disponibles” sus centrales de carbón y gas (paradas la mayoría casi todo el año) y 525 millones más (3% del recibo) se los pagamos a grandes empresas (Arcelor Mittal, Alcoa, Asturiana de Zinc…, aunque el Gobierno no quiere dar la lista de beneficiadas) para “compensarles” porque las eléctricas puedan cambiarles o cortales el suministro de luz si hace falta (cosa que no ha pasado nunca). Estos dos pagos (por “capacidad” e “interrumpibilidad”) están bajo vigilancia de la Comisión Europea porque creen que son “subvenciones encubiertas” a eléctricas y empresas (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, esta segunda parte del recibo (recordemos, el 40%) es un “cajón de sastre” donde los Gobiernos llevan años añadiendo costes, en vez de cargar algunos al Presupuesto y otros suprimirlos, porque no se justifican y sólo sirven para engordar los beneficios de las eléctricas (5.794 millones en 2016 las tres grandes). El último coste nuevo, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación eléctrica europea. También saldrá de nuestro bolsillo.


Como también pagaremos este año el bono social, ese descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables (2,4 millones entre parados, jubilados, familias numerosas y clientes con menos de 3 kilovatios contratados) que cuesta 250 millones anuales. Zapatero pactó en 2009 con las eléctricas que el coste del bono social lo pagaban ellas, pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó en 2012 a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló a su favor en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2014 y octubre de 2016 (503 millones que pagaremos con nuestros recibos). Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un decreto Ley (23 diciembre 2016), con apoyo del PSOE (ha pasado del “no es no” al “sí, claro que sí”), para reformar el bono social y que su coste lo paguen “las comercializadoras de energía”, ligadas a las eléctricas. Pero estas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea que lo pagaremos nosotros. Y si alguien pretende lo contrario, irán a los Tribunales, ganarán otra y vez y lo pagaremos antes o después.

Así que, con todos estos costes, no debe extrañarnos que la luz sea tan cara. Y más porque muchos tienen contratada más luz de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee.  Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente “potencia” del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), con lo que ahora pesa mucho en el recibo la potencia contratada (es una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas estos años de bajo consumo) y podemos pagar casi tanto por potencia como por consumo (o más algunos meses). Miren su recibo.

Al final, entre tanto “extracoste” a cargo del recibo, el precio de la luz se ha disparado y ha subido en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Los consumidores domésticos pagamos la 5ª luz más cara de Europa. Pero si descontamos los impuestos (más bajos en España, un 21% de media frente al 33% en Europa, el 52% en Alemania o el 69% de Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz (sin impuestos) más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Reino Unido (dos islas), según datos de Eurostat (2015). Y ahora (noviembre 2016), con datos del Ministerio de Energía, los consumidores españoles pagamos la luz (0,172 euros/kwh) un 30% más cara que la zona euro (0,132 €/kwh), un 23,7% más cara que los alemanes (0,139 €/kwh) y un 56,3% más cara que los franceses (0,110 €/kwh). Y las empresas pagan en España 0,086 euros/kwh, un 28,3% más que las alemanas (0,067 €/kwh) y un 30,3% más que las francesas (0,066). Es un gran “hándicap para competir, tan importante o más que el coste salarial del que siempre se quejan las empresas (muy inferior al europeo).

En definitiva: tenemos un sistema eléctrico “de locos” y un recibo al que todo el mundo carga costes, con permiso del Gobierno de turno. Rajoy pide que "esperemos a la lluvia" y el nuevo ministro de Energía afronta el problema con “ocurrencias”, como ampliar el mercado del gas, para que entren más operadores y bajen los precios. Vale, pero tardará tiempo en surtir efecto y será mínimo. La CNMC investiga, como la Fiscalía del Estado (sin medios ambos), pero sabe que es muy difícil probar los fraudes y que luego sus sanciones se las echan atrás los Tribunales (la Audiencia Nacional suspendió en marzo de 2016 la ejecución de la multa de 25 millones a Iberdrola por el supuesto fraude de 2013). Lo eficaz sería poner en marcha una auditoría de costes del sistema eléctrico (como acaba de pedir en el Congreso toda la oposición), para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta producirla, sin los “regalos” que hoy costeamos. Y después, modificar a fondo el sistema de generación eléctrica, para que sea más eficiente, más barato y más limpio (menos carbón y gas y más renovables, porque España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015). De las 10 instalaciones que más emiten CO2 en España, 9 son centrales térmicas de Endesa(2), Gas Natural Fenosa(2), Hidroeléctrica(2) y Viesgo (EON).

La reforma a fondo del sector eléctrico es una de las grandes tareas pendientes desde la transición. Aznar dio “prebendas” a las eléctricas a cambio de que ayudaran a bajar precios para entrar en el euro. Y luego, ni Zapatero ni Rajoy se han atrevido a desmontar el sistema, que asegura elevados beneficios y dividendos (+25% entre 2014 y 2017) a las eléctricas, un “oligopolio” con gran poder económico, mediático y político (32 ex-políticos del PP, PSOE, CiU y PNV están sentados en los Consejos de Administración de las eléctricas). Es hora de “desmontarles el sistema”, porque es ineficiente, muy costoso y lo pagan los españoles más vulnerables, con un recibo que no para de subir y que es más elevado que el de los demás europeos. Pero ojo, si mañana cambia el clima o abren las nucleares francesas y los precios ya no son noticia, no bajen la guardia, porque el problema sigue ahí: estamos pagando costes de más, una luz más cara de lo que debía costarnos. No lo permitan. Luz y taquígrafos.