Educación: nueva Ley, viejos problemas

La próxima semana reabren colegios e institutos, tras el retraso por la nieve. Y entra en vigor la nueva Ley de Educación, la Lomloe, que nace con polémica aunque tiene más apoyos (7 partidos) que la controvertida Lomce (apoyada solo por el PP). La nueva Ley cambia el sistema de matriculación, ya esta primavera, para impedir que las familias más pobres y los niños inmigrantes se concentren en los centros públicos y los concertados “elijan” a sus alumnos. Y para el próximo curso, se cambiarán temarios y evaluaciones, para evitar un exceso de contenidos que no se pueden dar. Además, este año se aumenta la oferta de plazas de 0 a 3 años y el Presupuesto de Educación, un +139%. Pero tenemos una educación deficiente, con demasiados repetidores y alumnos que abandonan, escasas habilidades (PISA) y estudios poco útiles, que nos llevan a un 40,9% de paro juvenil, un escándalo. Si no han conseguido pactar la Ley, al menos acuerden su aplicación en los próximos meses.

Enrique Ortega

La nueva Ley de Educación, la Lomloe, aprobada a finales de diciembre, es la 8ª que se aprueba en España con la democracia, tras dos aprobadas en los ochenta (1980 y 1985), dos en los 90 (1990 y 1995) y las tres anteriores de este siglo (en 2002, que no llegó a aplicarse, 2008 y 2013). Y como las anteriores, ha sido imposible el consenso político, aunque tiene más apoyos (7 grupos políticos) que la anterior Lomce, la polémica Ley Wert que el PP aprobó en solitario en 2013, gracias a su mayoría absoluta (182 votos). El problema ahora es que el Gobierno Sánchez ha tenido que pactar la Lomloe y eso ha tenido “dos costes” sobre el borrador inicial. Uno, que la Lomloe elimina el castellano como lengua vehicular, para conseguir el apoyo de ERC y el PNV, algo poco práctico a corto plazo (hay sentencias del Constitucional y el Supremo que garantizan la enseñanza en castellano), pero que ha dado un arma a la derecha contra la Ley. Y la otra, que se refuerza el control de la enseñanza concertada y la apuesta por la enseñanza pública, para contentar a los grupos de izquierda y conseguir también el apoyo de Más País, Compromis y ERC, además del PSOE, Podemos, PNV y Nueva Canarias (178 votos a favor de la Lomloe).

Al final, la Ley de Educación que ha salido era “la única posible” (vistas las alianzas),aunque PP, Vox y Ciudadanos la utilicen para atacar al Gobierno, convocar movilizaciones y colgarla una serie de “sambenitos”, con la ayuda de los colegios concertados, que han calado en muchas familias que no se han leído la Ley (ver BOE 30 diciembre 2020): no da libertad de elección de colegio a las familias (falso), quiere acabar con la educación especial (falso) o  ataca a la educación concertada (falso). Lo que cuestionan estas críticas es un modelo de enseñanza que apuesta por la escuela pública y la integración en los centros, con un cambio en el modelo de enseñanza que reduzca el fracaso escolar.

El primer gran cambio de la Lomloe entrará en vigor esta primavera, cuando las familias quieran reservar la plaza de sus hijos para el curso 2021-2022. Ahora, los criterios para entrar en un centro serán no sólo la cercanía y tener hermanos, sino también el nivel de renta. Con ello, la Ley trata de que los colegios concertados acepten niños de familias con bajos ingresos y niños inmigrantes, que ahora son sistemáticamente “desviados”  a los colegios públicos. Dos datos: el 79% de los niños inmigrantes están en centros públicos y lo mismo el 90% de los hijos de las familias más pobres. A cambio, los colegios concertados intentan “elegir a sus alumnos”, buscando clases media y altas, a los que cobran cuotas disuasorias. Y así, tenemos colegios públicos con alumnos que obtienen peores resultados y que además han sufrido los recortes y colegios concertados con alumnos de más nivel y con más recursos, porque la enseñanza concertada ha aumentado las subvenciones públicas.

Los datos son muy elocuentes. Año tras año, ha ido ganando peso la enseñanza concertada (25,60% de los alumnos) y privada (7.30%), a costa de la pública (67,10% de los alumnos no universitarios). Y hay cinco autonomías, las más ricas, donde el porcentaje de alumnos que van a la concertada es mayor: País Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (46,17%), Navarra (35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,7% alumnos en la concertada y privada). Y mientras, el peso de la educación concertada  es mucho menor en los barrios y autonomías más pobres: Melilla (sólo el 16,7% alumnos van a la concertada), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). Y en los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.

Esta “segregación” de la enseñanza, fomentada por la Ley Wert, ha deteriorado la calidad de la enseñanza pública, porque está demostrado que los niños de familias con bajos ingresos tienen un peor rendimiento educativo, lo que concentra en los centros públicos mayores porcentajes de repetidores (casi la mitad del total se dan en alumnos con padres que tienen estudios básicos) y de abandono escolar (el 29,7% de alumnos entre el 20% de familias más pobres y sólo el 4,1% de abandono en el 20% de familias más ricas), según un informe del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Además de tener más alumnos desfavorecidos, educativamente más “problemáticos”, la enseñanza pública ha sufrido los recortes del Gobierno Rajoy, entre 2012 y 2015, mientras que los centros concertados veían aumentar sus subvenciones. Entre 2009 y 2018, los conciertos educativos que han pagado las autonomías a los colegios concertados han subido en +448 millones (+7,6%), de 5.891 a 6.339 millones, mientras los colegios públicos perdían -1.553 millones esos años, un -5% de sus recursos, en perjuicio de la calidad de su enseñanza. Y casi un tercio de ese aumento de ayudas a la escuela concertada se fue a Madrid (+146 millones, un +16,7%), que les trasvasó 51,2 millones más en 2019.

Este doble “rasero” entre enseñanza pública (más alumnos desfavorecidos y pocos recursos) y enseñanza concertada (alumnos de clase media alta, fuertes subvenciones y cuotas a los padres) es lo que quiere romper la Lomloe, tratando de repartir de forma más equitativa los alumnos y fomentando los centros públicos, no los concertados, que nacieron en 1992 (con Felipe González) para “complementar” la enseñanza pública (al ampliarse la enseñanza obligatoria de 14 a 16 años), no para sustituirla. Y eso ha provocado la rebelión de muchos colegios concertados, que temen por su negocio ahora que ha bajado la natalidad y no hay tantos nuevos alumnos. Y también muchos padres prefieren la segregación actual, poder elegir colegios mejores,  donde no haya niños pobres ni inmigrantes. Esa es la cacareada “libertad de elección de colegio” que defienden algunos: una enseñanza pública con peores alumnos y mal financiada y una concertada de más calidad y subvencionada.

Otro cambio que ha sido manipulado es el de la educación especial, la educación de los niños con discapacidad. Actualmente, la mayoría de estos 35.000 niños con problemas asisten a centros de educación especial y si sus padres quieren integrarlos en colegios “normales”, tienen muchas dificultades. Eso incumple la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas de la ONU, que España ratificó en 2008. La Lomloe da un plazo de 10 años para que los centros educativos “normales” se preparen para acoger paulatinamente a estos alumnos discapacitados en sus colegios, “salvo cuando sus necesidades exijan ser atendidas en centros especiales”, que seguirán existiendo (hay 480). Y siempre, con la opinión de los padres, que ahora no pueden muchas veces elegir llevarlos a colegios “normales”.

La Lomloe supone dos cambios más, a partir de la próxima semana. Uno, da mayor autonomía a los centros escolares en su organización y planificación educativa. Y el otro, da más competencias al Consejo escolar (profesores, familias y alumnos a partir ESO), que perdió competencias con la Ley Wert y ahora participará en la elección del Director y en la aprobación del proyecto educativo y la programación del centro.

Otros cambios de la Lomloe no se aplicarán hasta el curso que viene, el 2021-2022. El principal será el cambio en los “currículos”, en los programas educativos, que ahora son demasiado extensos y obligan a los profesores a una carrera contra reloj para impartirlos antes de junio (dejando a muchos alumnos por el camino). Los nuevos programas, que se introducirán paulatinamente en los dos próximos cursos,  serán más cortos y menos “enciclopédicos”,  basados menos en la memoria y más en el fomento de habilidades, en “enseñar al alumno a aprender”. El Ministerio de Educación ha invitado a las autonomías a elaborar estos futuros programas, que serán también de responsabilidad autonómica un 50% (el 45% en regiones sin lengua propia). Y se prevé que los centros puedan también decidir una parte de estos programas (en Portugal deciden el 25% de contenidos y funciona muy bien).

Junto a esta tarea, de fijar nuevos contenidos, la Ley contempla la posibilidad de fusionar asignaturas (hay alumnos que al pasar a la ESO tienen más asignaturas que años) y quita peso a la asignatura de Religión no cuente para selectividad y becas y pueda elegirse en su lugar una asignatura de Valores cívicos y éticos. Además, se eliminan los itinerarios educativos que desviaban en 3º de la ESO a la FP a los alumnos con malos resultados, incluyéndolos en un programa de diversificación curricular que les permita terminar la ESO. Y se suprimen también las reválidas de la Ley Wert (4º Primeria y 2º ESO), sustituyéndolas por 4 pruebas diagnósticas del sistema educativo (dos para todos los alumnos, en 4º primaria y 2º de la ESO y dos para una muestra de alumnos, de 6º primaria y 4º ESO), que servirán para evaluar la enseñanza, al estilo del informe PISA, sin calificaciones para los alumnos. Y también se limitan las repeticiones: sólo se podrá repetir una vez en Primeria y dos veces en toda la enseñanza obligatoria, con lo que los alumnos no repetirán automáticamente con 2 suspensos, sino que lo decidirán los equipos docentes, buscando lo mejor para cada alumno. Porque hoy, las muchas repeticiones (el 28,7% de los alumnos de 15 años)  son la antesala del fracaso escolar y tienen un alto coste: 3.340 millones al año, según Educación.

Además de estos cambios, la Lomloe apuesta por 3 cambios a medio plazo. Uno, aumentar las plazas públicas para la educación infantil, de 0 a 3 años. El Plan es aumentar en 8 años el porcentaje actual de plazas públicas (34%) al 55%, aumentando plazas en Ayuntamientos y autonomías, con 600 millones del Presupuesto en los próximos 3 años (en 2021 ya se gastarán 200 millones en crear 21.794 plazas de educación infantil). El segundo, crear un nuevo modelo de profesorado, aprobando en un año cambios en la formación universitaria de los profesores (quizás con una selectividad específica, como en Finlandia y Cataluña), renovando el sistema de oposiciones, mejorando la carrera profesional y quizás introduciendo el sistema de “prácticas tuteladas”, una especie de MIR como el de los médicos para profesores. Y el tercer cambio de calado de la Lomloe, el compromiso de aumentar el gasto en enseñanza, para que pase del 4,3% actual al 5% del PIB que tienen muchos paises de la OCDE, lo que supondría gastar 10.000 millones de euros más al año en educación.

De momento, este año 2021, el Presupuesto en Educación es uno de los que más crece, un +139%, dedicando 5.697 millones de gasto del Estado (más 42.500 millones las autonomías, que cargan con el grueso del gasto educativo). La mitad se destina a tres partidas: becas y ayudas, que suben 515 millones (+35%), la mayor dotación de la historia (2.090 millones), el aumento de plazas en la educación infantil (+200 millones) y la digitalización de la enseñanza (1.013 millones), para aportar 750.000 dispositivos a los centros y facilitar la enseñanza digital, muy retrasada: de los 28.000 centros públicos y concertados, 3.000 no cuentan con Internet de alta velocidad (sobre todo en Madrid, Barcelona y la España vaciada).

Hasta aquí lo fundamental de la nueva Ley de educación, la Lomloe, que ahora tiene que concretarse y aplicarse, en los dos próximos cursos, con el firme rechazo de las autonomías del PP, en especial Madrid y Murcia, aunque no tanto Castilla y León, Galicia y Andalucía (su consejero, Javier Imbroda, ha dicho que “la educación concertada no corre ningún peligro con la Ley Celáa”). Lo importante sería que si no se ha pactado la Ley, al menos se pacte lo más posible su aplicación, para mejorar la situación de la enseñanza en España, que es bastante deficiente. Basten algunos datos: lideramos el porcentaje de repetidores (28,7% de los jóvenes de 15 años han repetido frente al 13% en Europa y el 11,4% en la OCDE) y de abandono escolar temprano (17,3% jóvenes 18 a 24 años sólo tienen la ESO o ni siquiera, frente al 11,9% en Europa), mientras el 24,7% de los que hacen la ESO no terminan Bachillerato ni FP (el 16,6%) en Europa. Los alumnos de 15 años (4º ESO) sacan bajas  notas en comprensión lectora, ciencias y matemáticas (informe PISA 2018) y los alumnos de 10 años (4º Primaria) tienen un conocimiento deficiente en Ciencias y Matemáticas (Informe TIMSS 2019).

La primera consecuencia de esta deficiente educación, muy memorística y poco práctica, es que los jóvenes españoles tienen muy difícil trabajar: sólo están empleados (18-24 años) el 21,4%, frente al 29,9% en la UE y el 33,2% en la OCDE, según el Panorama de la Educación 2020 de la OCDE. Un 58,8% de esos jóvenes siguen estudiando (parecido al 57,5% de la UE y el 52,7% de la OCDE), pero tenemos muchos más jóvenes parados: el 19,7% ni estudia ni trabaja (son los “ni-nis”), frente al 12,9% en la UE y el 14,3% en la OCDE, con datos de 2019. Y si contamos los jóvenes de 16 a 25 años, el 40,9% están parados en España, frente al 17,7% en la UE-27, según Eurostat (2020). Un dato tremendo, que refleja el doble fracaso, de nuestro sistema educativo y nuestro modelo económico.

Con esta Ley educativa o con otra, habrá que mejorar la enseñanza en España, que sigue siendo muy discriminatoria (familias pobres e inmigrantes concentradas en centros públicos), clasista (el 45% de los hijos de padres con estudios básicos se quedan en ese nivel: no funciona el “ascensor social”), muy desigual por autonomías (en el gasto y en los resultados, según el informe PISA), demasiado memorística y poco útil para conseguir un trabajo. Habrá que cambiar programas, contar con profesores mejor preparados, tener más medios y más presupuesto. Y contar más con los profesionales y los centros, despolitizando la gestión educativa. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos.  

Curso escolar 2018-19: cambios retardados

Esta semana, casi 8,2 millones de niños y jóvenes empiezan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán 21.700 profesores más, aunque un 30% serán interinos, el doble que en 2011. Y no se han superado los recortes: hay menos gasto en educación que en 2009, con grandes diferencias entre autonomías. Y siguen faltando plazas en guarderías públicas, lo que dificulta que las mujeres trabajen. Lo nuevo será que el Gobierno Sánchez aprobará este viernes14 de septiembre un proyecto de Ley educativa que derogue los recortes ligados a la LOMCE (aprobada en solitario por el PP en 2013), como los alumnos por clase, el horario docentes o la religión. Pero los cambios de esta nueva Ley educativa (la 8ª de la democracia), no entrarán en vigor hasta el próximo curso 2019-2020. Y eso si se aprueba, porque si no consigue mayoría o convocan elecciones, no habrá cambios educativos hasta 2020. Un drama para un país líder en abandono escolar, baja formación de adultos y desempleo. Urge un pacto educativo, sin perder dos años más.

enrique ortega

Otro curso más, aumentarán poco los alumnos de enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta rondar los 8.178.000 niños y jóvenes en colegios e institutos este curso 2018-2019, unos 723.000 más que hace 10 años. Volverán a bajar los niños en educación infantil  (unos 1.768.000), sobre todo por la caída de la natalidad en 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Se mantendrá la cifra de los que estudian en primaria, los más numerosos (2.945.000), aumentarán sobre todo los alumnos de la ESO (1.945.000) y seguirán bajando los alumnos de Bachillerato (675.000), que, otro año más, serán superados por los alumnos que estudian Formación Profesional (FP), unos 845.000 alumnos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso en colegios e institutos públicos (el 67,26% de los centros educativos), aunque año tras año sigue ganando peso la enseñanza concertada y la privada (sobre todo en enseñanza infantil y en la ESO), especialmente en algunas comunidades: País Vasco (el 49,2% de los centros de enseñanza son concertados o privados), Madrid (45,9%), Navarra (35,6%), Cataluña (34,7%) y Baleares (33,1%), mientras hay autonomías con bajo peso de la enseñanza privada o concertada, como Canarias (24,4%), Andalucía (26,2%), Galicia (27,7%), Asturias(28,5%) y Cantabria (29,3%), según los datos 2017-18 del Ministerio de Educación. En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada/privada han ganado unos 50.000, según un informe de CCOO, gracias a las ayudas y subvenciones de algunas autonomías.

La mayor novedad de este curso 2018-19 es que los alumnos van a encontrar 21.700 nuevos profesores, que aprobaron oposiciones en junio y julio, aunque casi 2.000 quedaron fuera, un 8,94% de los presentados, mientras en algunas autonomías el porcentaje de no admitidos fue tremendo: 29,6% en Ceuta, 26,8% en Euskadi, 24,7% en Melilla o 20,4% en Madrid (449 de 2.200 plazas). Con estos nuevos docentes, habrá en España unos 720.000 profesores en colegios e institutos, de ellos 535.000 en centros públicos, unos 40.000 más que en 2009. Pero este dato es engañoso, porque las plantillas de profesores han crecido estos años con contratados (de 77.718 en 2011 a 150.210 en 2017), mientras se recortaban drásticamente los profesores con plaza fija: de 425.668 a 365.683, casi 60.000 menos. En definitiva, que los chavales tienen más profesores pero un 29,12% son interinos, según el último informe de CCOO. Y un 40% dan clase media jornada, mientras 32.000 son despedidos cada mes de junio para contratarles en septiembre. Mucha precariedad.

Pocos más alumnos, pocos nuevos centros y más profesores para un curso escolar 2018-19 con pocas novedades para alumnos y familias. El Gobierno Sánchez ha prometido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 14 de septiembre, un proyecto de Ley  que revierta los principales recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en abril de 2012 (Real decreto 14/2012) y los cambios educativos aprobados luego en la LOMCE (la Ley de educación aprobada en solitario por el PP en 2013). Pero los cambios no entrarán en vigor (si logra mayoría simple para aprobarlos) hasta el próximo curso 2019-2020, según ha reconocido la ministra de Educación.

Los dos principales cambios son para revertir los recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en 2012, con el real decreto14/2012. Por un lado, se reducirán otra vez los alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% en 2012 (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO), siendo las autonomías las que fijarán los alumnos por aula, recorte que ya han puesto en marcha este curso Andalucía y Extremadura y que podrían hacer otras más este curso. Por otro, se reducirán las horas de clase de los docentes, tras haberse aumentado en 2012 (25 horas semanales en infantil y primaria  y 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). El tercer cambio, que habrá que sustituir a los profesores que se cojan la baja al día siguiente y no a los 10 días como ahora, será el único cambio que podría implantarse en el momento de aprobarse la nueva Ley (a principios de 2019), sin tener que esperar al próximo curso.

Otro cambio en la LOMCE que estudia aprobar el Gobierno Sánchez es que la religión no sea una asignatura evaluable y no cuente para la nota media, mientras se aprueba una nueva asignatura obligatoria: “Valores cívicos y éticos”. Además, se confirma que no habrá reválidas (en 4º ESO y final de Bachillerato), aunque se mantiene la prueba de acceso a la Universidad. Además, la ministra de Educación ha prometido derogar los itinerarios segregadores a los 13 años (elegir Bachillerato o FP), recuperar las ayudas a alumnos con problemas y mejorar la formación de profesores, recuperando la participación de la comunidad educativa en los Consejos escolares y modificando los criterios de selección de directores de centros públicos, dos temas claves de organización docente que cambió la LOMCE del ministro Wert.

Otro cambio que se anuncia para el siguiente curso (2019-2020) es el sistema de becas, dado que la reforma impuesta por el ministro Wert en 2013 (más becas con menos importe y nuevos requisitos) ha provocado protestas de alumnos y familias. Mientras, este curso 2018-2019, el Gobierno Sánchez aprobó en julio 10 millones de euros más para becas (unos 1.400 millones en total), lo que supone un aumento de 100 euros anuales por becario. A esas ayudas hay que sumar las becas de las autonomías, una oferta muy dispar, donde algunas subvencionan la compra de uniformes mientras en otras faltan recursos para comedores, libros y transporte.

Mientras docentes, alumnos y familias esperan que se apruebe o no otra Ley educativa (sería la 8ª de la democracia), el gran problema de fondo de la educación en España sigue siendo la falta de recursos públicos, sobre todo de las autonomías, que financian el 85% de la educación pública en España. Este año 2018, el gasto público en educación rondará los 48.000 millones de euros, todavía menos dinero que en 2009, antes del ajuste (53.374 millones en educación), a pesar del esfuerzo de algunas autonomías por subir su presupuesto educativo estos tres últimos años. Con ello, España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%).

Los recortes han supuesto menos dinero para la educación pública (menos profesores con plaza y más precariedad laboral, pocos centros nuevos y recorte del gasto en educación compensatoria y para alumnos con problemas educativos), pero han aumentado las dotaciones públicas a la escuela concertada, vía subvenciones y cheque escolar para educación infantil y FP, según un informe de CCOO. Y todas las autonomías, mientras recortaban sus presupuestos, han aumentado el porcentaje del gasto que dan a la enseñanza concertada: 5.915 millones anuales, un 14,1% del gasto público en educación, un porcentaje que aumenta en el País Vasco (un 24,4% del gasto público en educación va a los centros privados y concertados), Navarra (21,1%, Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%), mientras es un porcentaje bajo en Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Castilla la Mancha (9,1%) y Andalucía(10%), según Educación.

Pero quizás el mayor problema es que los recortes en educación han mantenido las diferencias de gasto entre autonomías, configurando una España con 17 sistemas educativos, desigualmente financiados. Así, el País Vasco gasta en educación no universitaria 8.973 euros por alumno, casi el doble que Madrid (4.593 euros), una diferencia que ya se daba en 2009 (9.530 euros frente a 4.842). Las otras 9 autonomías que, junto a Euskadi, gastan más que la media española (5.436 euros/alumno) son  Navarra (6.951 euros), Asturias (6.679), Cantabria (6.595), Galicia (6.460), Castilla y León (6.399), Extremadura (6.255), Baleares (5.917), La Rioja (5.863) y Aragón (5.631), según las estadísticas de Educación (con datos 2015). Y gastan menos que la media, además de Madrid, Andalucía (4.735 euros/alumno), Castilla la Mancha (4.885), Murcia (5.074), Canarias (5.102), Cataluña (5.197) y la Comunidad Valenciana (5.246). Y un dato preocupante: sólo 3 de las 17 autonomías gastan más hoy en educación que en 2009: Madrid, Aragón y Extremadura.

El recorte del gasto público en educación se ha traducido en un aumento del gasto educativo de las familias: ha subido de 9.013 millones en 2009 a 12.290 millones en 2016, un 36% más, según los datos de Educación. Esto se debe a un aumento de los costes de matrícula, libros, comedor, transporte y diversas actividades escolares y extraescolares, junto al recorte de becas y ayudas. Y mucha de la factura se debe al elevado coste de las guarderías, de la educación de 0 a 3 años, donde faltan plazas públicas subvencionadas y han subido mucho las guarderías privadas. El resultado es que más de 200.000 familias no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, según los datos de la Asociación AMEI.

En definitiva, tenemos una educación con recursos recortados, pocos profesores y una oferta muy dispar, por autonomías y tipos de centros. No basta con cambiar la LOMCE, si se consigue. Habría que alcanzar de una vez un pacto educativo basado en recursos y reformas. Un pacto que garantizara un gasto público educativo del 5% del PIB, lo que supondría gastar en educación 10.000 millones más, en un plazo por ejemplo de 5 años (2.000 millones más al año). Eso exige subir la recaudación (no bajar impuestos como defienden PP y Ciudadanos) y modificar el sistema de financiación autonómica, creando un Fondo de compensación para que todas las autonomías gasten lo mismo y no haya “educación de primera y de segunda”.

Pero no sólo hace falta más dinero para la educación. Hacen falta más profesores, unos 150.000 más en cinco años según los sindicatos, para reducir la precariedad (bajar los interinos del 29 al 8%), cubrir los despedidos y los jubilados. Y, sobre todo, gastarse más en formar mejor a los profesores, volviendo a la idea de “un MIR para docentes”. Y conseguir que tengan empleos estables y bien pagados, porque su trabajo es básico para el futuro. Y hace falta pactar una reforma educativa estable, para varias décadas, atendiendo a las propuestas de la comunidad educativa (docentes, centros, alumnos y familias). Una reforma que ayude a los alumnos con problemas y se centre en una educación de calidad, ligada al empleo y a la revolución tecnológica que nos amenaza.

Todo el mundo dice que “la educación es la clave del futuro”, pero los políticos son incapaces de alcanzar un pacto educativo, que España necesita más que el resto de Europa, al menos por tres razones de peso. Una, porque somos líderes europeos en abandono escolar, tras Malta: el 18,3% de los jóvenes abandonan sus estudios, frente al 10,6% en Europa, según Eurostat. Dos, que el nivel de competencias de nuestros jóvenes, en matemáticas o comprensión lectora, son bajos, según el informe PISA. Y tres, que los españoles tienen un bajo nivel educativo: el 41,7% de los adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera) frente al 20,3% en Europa, un 22% tiene formación media (Bachillerato y FP básica) frente al 46,4% en Europa y un 35,7% alta (universitarios o FP Superior) frente al 33,4% en Europa, según el informe Education at a Glance 2017 de la OCDE. Tres datos que explican bien por qué España tiene el doble de paro, general (15,1% frente a 6,8%) y juvenil (33,4 frente a 16,6%), que Europa.

Recapitulando. Otro curso escolar atados a la polémica LOMCE y otro curso escolar sin pacto educativo, sin los recursos y profesores suficientes para que nuestros hijos y nietos reciban una educación de calidad. Con los políticos en sus peleas, mientras las familias tratan de pagar la educación de sus hijos y que aprueben y los centros educativos tratan de hacer equilibrios para tapar agujeros y cubrir deficiencias, con profesores precarios y mal pagados. No podemos permitirnos seguir así, jugarnos el futuro con una educación deficiente. Sobre todo la pública, cada vez más devaluada. Otro curso más, urge mejorar la educación. Una demanda de todos, que no puede demorarse uno o dos años.

Universidad: menos recursos,alumnos y empleo

Un millón y medio de universitarios han iniciado un nuevo curso lleno de problemas. El principal, la escasez de presupuesto, tras 5 años de recortes y con unas autonomías económicamente asfixiadas, a las que Bruselas exige ahora más recortes. Y eso que España gasta un 20% menos que Europa y la OCDE por universitario. Lo positivo es que este curso no suben las tasas universitarias, tras aumentar entre un 20 y un 62% desde 2012. Pero la Universidad española es de las más caras de Europa y eso ha supuesto perder 134.000 alumnos desde 2012. Y también habrá menos alumnos este curso, al no saberse aún las becas disponibles, por no haber Presupuesto 2017. Además, la Universidad sigue “fabricando parados” y 1 de cada 3 universitarios están “subempleados”: trabajan en algo que no necesita su título. Un desastre que obliga a una reforma a fondo de la Universidad, dotándola de más recursos y cambiando programas y organización: tiene que enseñar para trabajar.

enrique ortega

Las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas), que tuvieron 1.545.513 alumnos el curso pasado (1.317.278 las públicas y 228.235 las privadas), volverán a perder alumnos este curso 2016-2017, tras reducirse 32.200 alumnos el curso pasado. Es una tendencia que se viene produciendo desde 2012: en estos cuatro años se han perdido 134.000 universitarios, según un reciente informe de la Fundación CyD. Los expertos hablan de tres razones que explican esta caída de alumnos en la Universidad española. La primera, que hay un 6% menos de jóvenes entre 18 y 21 años. La segunda, que muchos jóvenes que terminaban el Bachillerato han cambiado la Universidad por la Formación Profesional, que ha crecido con gran fuerza desde 2010, con 370.000 estudiantes ya en la FP de Grado Superior. Y la tercera y más importante, que el aumento de las tasas universitarias y el recorte de becas han disuadido a muchas familias de enviar a sus hijos a la Universidad.

Pero esta bajada de alumnos no es un alivio para la Universidades, sobre todo para  las públicas, cuyas presupuestos están bajo mínimos tras cinco años seguidos de recortes, desde el curso 2010-2011. De entrada, se estima que las Universidades públicas han perdido 1.900 millones de euros en estos años, un 18% de su financiación (1 de cada 5,5 euros), lo que las ha obligado a duros ajustes de plantilla (se han perdido 10.000 empleos, entre profesores, investigadores y personal administrativo), una falta de medios e inversiones y un fuerte endeudamiento: las  principales Universidades públicas tienen 1.600 millones de deuda, un 16% más que en 2008. Y cara a este nuevo curso, no van a poder gastar más, porque las autonomías (que financian el 80% del gasto universitario) están en una penosa situación financiera.

Este curso 2016-2017, las autonomías querían mejorar la financiación de sus Universidades, sobre todo las 12 autonomías ahora gobernadas por partidos que no son el PP y que prometieron reforzarlas. Por un lado, pensaban convocar oposiciones a profesores en algunas, además de no subir más las tasas universitarias. Pero las autonomías se han encontrado con un complicado panorama: no saben todavía los ingresos que les va a transferir el Estado ni su límite de gasto para 2017, al estar el Gobierno Rajoy en funciones y no haberse aprobado un Presupuesto para 2017. Y tampoco saben qué déficit van a permitirles este año y el próximo. Lo que sí saben  es que Bruselas ha exigido a España recortar el déficit público y eso exige un ajuste de 16.500 a 23.000 millones entre 2016 y 2017, ajuste que en una buena parte tendrán que hacer las autonomías. Y no hay muchos sitios donde meter la tijera: sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales e inversiones.

Así que las autonomías no saben todavía  lo que van a poder gastar  en 2017 y por tanto tampoco las Universidades. De momento, han hecho sus cuentas sin subir los ingresos por tasas universitarias, tras haberlas subido entre un 20% y un 62% desde 2012. La mayoría han congelado el precio de las matrículas para el curso 2016-2017, mientras Madrid las ha vuelto a bajar, como el año pasado: eso sí, la bajada de los dos años es del 12%, que no compensa el 62% que subieron las matrículas desde 2012. Y lo mismo en otras autonomías: Cataluña ha subido el coste anual en 1.084 euros por grado desde 2012, 748 euros Castilla y León, 439 Madrid o 368 euros la Comunidad Valenciana. Sólo dos autonomías han congelado sus tasas en estos años, Galicia y Asturias. Otro problema que persiste es la enorme disparidad de tasas (ver precios matrículas) entre las distintas Universidades públicas. Así, un grado de Medicina o uno de Ingeniería cuesta 2.372 euros en Cataluña, el triple que en Andalucía (757 euros) y el doble que en Extremadura (1.111 euros). Y un grado de Derecho cuesta el doble: 1.516 euros en Cataluña frente a 757 euros en Andalucía.

La falta de Gobierno y de Presupuesto para 2017 también impide conocer el volumen de becas que se van a poder dar el próximo curso, lo que hace que muchos alumnos no se hayan atrevido a matricularse (o han recortado asignaturas), aunque se hayan congelado las tasas. Y eso porque, aunque en 2015-2016 subieron las becas para todas las enseñanzas, hasta los 1.416 millones, pero todavía eran 202 millones menos que en 2011-2012. Y España tiene una cuantía de becas universitarias (entre 244 y 6.241 euros) que es de las más bajas de Europa. Y en los últimos años, el Gobierno Rajoy ha endurecido los criterios de concesión, tanto las exigencias académicas como los ingresos exigidos a las familias.

Tenemos pues unas tasas elevadas y unas becas a la baja, lo que encarece la Universidad pública española, que ya en 2013 era de las más caras de Europa, según un informe de la Comisión Europea. Así, había 6 países europeos con la Universidad gratuita (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Grecia y Malta, más Bélgica  y Estonia con un precio mínimo) y otros 10 paises donde se paga menos que en España: Alemania (200-1.000 euros), Francia (183 euros), Portugal (631-1.066 euros), Croacia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Polonia, república Checa y Eslovaquia. Al final, sólo había 6 países europeos con la Universidad más cara que en España (713-2011 euros): Reino Unido (4.409-11.099 euros), Chipre, Irlanda, Eslovenia, Letonia y Hungría. Incluso Italia tenía menos tasas máximas (1.300 euros) aunque más altas las mínimas (1.300 €). Y de 2013 a hoy han subido en España.

Estos altos precios disuaden a muchas familias de mandar a sus hijos a la Universidad y explican, junto a la demografía, la pérdida continuada de alumnos universitarios. Pero la Universidad tiene otros problemas este curso. El primero, la incertidumbre sobre las futuras pruebas de acceso, en el verano próximo. La LOMCE, aprobada en solitario por el PP en 2013, establecía que este curso se realice una reválida obligatoria  al final del Bachillerato que sustituiría a las pruebas de selectividad para entrar en la Universidad. La mayoría de las autonomías (las 12 controladas por la oposición al PP más Castilla y León) están en contra de esta nueva prueba. Y hay 9 Universidades medianas y pequeñas que han llegado a un acuerdo para mantener la selectividad como está ahora, sea cual sea la norma que se apruebe para la reválida de Bachillerato. Mientras, Cataluña y Andalucía dicen que no piensan cambiar la selectividad. Por todo ello, no se sabe si los que acaben Bachillerato el verano que viene tendrán que hacer una prueba o dos y cómo será el acceso futuro a la Universidad.

Otro problema pendiente es el cambio en las carreras universitarias: el Gobierno Rajoy aprobó en enero de 2015 un decreto que permitía a las Universidades cambiar los actuales Grados de 4 años y un Master posterior de 1 año (4 ó 4+1) por Grados de sólo 3 años que se pueden complementar con uno o dos años de Master (3, 3+1 ó 3+2). Es una forma de recortar gastos, devaluando los títulos universitarios y favoreciendo que los que tienen más recursos se paguen carreras de 4 ó 5 años mientras que los alumnos con menos ingresos familiares las terminen en tres años. Los rectores aplazaron la reforma al curso 2017-18, pero hay Universidades, sobre todo en Cataluña, que pensaban introducirlo este curso.

Al final, la OCDE acaba de publicar un informe donde señala el problema de fondo que tiene la Universidad española: la falta de recursos. El gasto público en España por cada universitario es de 12.604 dólares, un 20% inferior a los 15.665 euros que gasta de media Europa (UE-22) o los 15.772 dólares por universitario que gasta la OCDE, según el informe "Education at a glance 2016". El gasto español por universitario (2013) está por debajo del de EEUU (27.500 dólares) y muchos países europeos como Luxemburgo, Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria, reino Unido (25.500 dólares), Suecia, Islandia, Bélgica, Finlandia, Holanda, Alemania (17.000 dólares), Francia (16.500 dólares) o Irlanda. Y España, como país, dedica el 1,3% de su PIB a financiar la Universidad, por debajo del 1,5% que gasta la OCDE (28 países).  

La OCDE insiste en su informe, publicado en septiembre: “una educación de calidad necesita una financiación suficiente y sostenible”. Y el gasto educativo en España está por debajo de la OCDE, desde primaria a la Universidad. Recuperar el nivel de otros paises, ese 1,5% del PIB de gasto, exigiría gastar 2.300 millones más cada año en la Universidad, lo que permitiría contratar más profesores y contar con más medios. Pero el problema no es sólo falta de dinero. La Universidad española tiene que resolver otros problemas serios, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (hay 2.637 Grados y 3.661 Master) y fusionando centros (hay 234 Campus, con ofertas de estudios similares a pocos kilómetros de distancia. Y otros temas claves son reducir la endogamia (7 de cada 10 profesores trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis), abriendo los puestos de profesores al mundo económico y empresarial, fomentando la autonomía universitaria y las auditorías de eficiencia y calidad (sólo hay una Universidad española, la de Barcelona, entre las 200 mejores del mundo).

Pero sobre todo, hay que cambiar los contenidos  académicos y orientar a los universitarios hacia las carreras técnicas (más demandadas), reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias sociales (con menos salidas profesionales). Es prioritaria una mayor relación Universidad-empresa, para orientar la formación de los universitarios hacia lo que necesitan y demandas las empresas. Porque si no, las Universidades seguirán siendo “fábricas de parados”. Vean el dato: la tasa de paro de los universitarios españoles era del 11,61% (EPA de junio), inferior a la del conjunto de los españoles (20% de paro) pero más del doble que la tasa de paro de los universitarios europeos (5,7%). Y por si fuera poco, un tercio de los universitarios españoles 33,7%) están “subempleados”: trabajan en empleos que no exigen estudios superiores, según un estudio de la Fundación CyD. O sea, que el país y las familias se esfuerzan en que su hijo/hija estudie una carrera para acabar trabajando de camarero o de cajera de supermercado…

La formación y la Universidad son claves para la recuperación y el empleo pero contamos con unas Universidades medio quebradas, sin recursos, más caras que en el resto de Europa y muy desiguales entre autonomías, que no aseguran el empleo porque están muy disociadas de lo que necesitan las empresas. Hay que financiarlas bien, con más recursos, y asegurar que este dinero público de gasta con más eficacia y resultados. Y conseguir que los jóvenes estudien para luego trabajar en lo suyo. Para lograrlo, hay que promover un gran Pacto educativo, con las autonomías, el Gobierno, las Universidades, los alumnos y las empresas, para configurar un marco organizativo y docente estable y a largo plazo. No se puede esperar otro curso más así.