Sin confinamiento no hay salida económica

Llevamos meses con un falso dilema: salud o economía. Es el argumento que esgrimieron muchos políticos autonómicos, para abrir la mano muy rápido en la desescalada, y a la que se agarran para evitar cierres drásticos ahora, cuando el coronavirus provoca 120 muertes diarias en España. Pero la realidad es otra: los rebrotes han evitado la recuperación esperada y ahora no tenemos salud ni economía. Y no por los cierres de negocios, sino porque las familias no gastan y las empresas no invierten, por la tremenda incertidumbre. El FMI lo ha dicho claro: las medidas duras contra el virus son mejores para la economía que las laxas, porque tienen costes a corto pero allanan el camino hacia una recuperación más rápida. La prioridad es  frenar en seco el virus, como sea, y no bajar la guardia hasta que haya vacuna. Sólo así el consumo y la actividad volverán y se podrá reconstruir el país en un par de años. Sin salud no hay economía.

El COVID 19 ha cumplido más de 9 meses de vida y en octubre sigue disparado, batiendo nuevos récords de contagios en el mundo: 360.685 el 9 de octubre, el 2º peor dato tras el 24 de septiembre (+361.019 contagios), según la estadística de la Universidad Jhons Hopkins. Hoy son ya 37.476.466 contagiados en 188 paises, con el epicentro de la pandemia en Estados Unidos (7.762.544 contagios) y en Latinoamérica (9.847.824 contagiados), especialmente en Brasil (5.094.979), Colombia (911.317), Argentina (894.206), Perú (849.371) y México (817.503 contagiados). Les sigue Asia (7.911.036contagios), con un salto de los contagios en India (7.120.538) y Europa (6.918.265 contagios), donde también se han multiplicado los rebrotes, en Rusia (1.291.687 contagiados), España (861.112 contagios, el 7º país del mundo con más contagiados y el 2º con más contagios por millón de habitantes, tras Argentina), Francia (732.434 contagiados, el 10º del mundo), Reino Unido (606.447, el 12º), Italia (354.950, el 17º) y Alemania (326.309 contagiados, el 22º).

La pandemia sigue matando y el saldo son ya 1.076.818 muertos, la quinta parte en EEUU (214.771 muertos), Brasil (150.488), India (109.150), México (83.781), Reino Unido (42.915), Italia (36.166), Perú (33.305), España (el 8º país con más muertos, 32.929, y el 3º con más muertos por millón de habitantes, tras Perú y Bélgica), Francia (32.601), Bélgica (10.191) y Alemania (9.626 muertos), según los datos de la  Universidad Jhons Hopkins.

En España, los rebrotes se han multiplicado las dos últimas semanas, al igual que en la mayoría de Europa, donde 7 paises registraron la semana pasada cifras récords de contagios desde abril: Francia, Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Croacia y Eslovaquia. En nuestro país, la cifra de contagios aumenta cada día, con 71.180 nuevos contagios la última semana (viernes 2 al viernes 9 de octubre), una cifra similar al aumento de la semana anterior (+73.451) y las dos anteriores. Pero tenemos ya 861.112 contagiados, más del triple que al finalizar el estado de alarma (246.272 contagios el 21 de junio). Lo más preocupante es el salto en los contagios recientes: de 8,08 por cada 100.000 habitantes el 21 de junio se pasó a 57,46 el 31 de julio, a 205,3 el 31 de agosto, a 284,11 a finales de septiembre y a 258,44 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes este viernes, lo que nos coloca como el 2º país con más nuevos contagios de Europa (270,7 Holanda, 254 Bélgica, 236,7 Francia, 207,9 Reino Unido, 110,7 Portugal y 38,5 Alemania), según Sanidad.

Han crecido más los contagios (+249,6%) que las hospitalizaciones (de 124.871 el 21 de junio a 134.231 a finales de agosto y 156.415 este viernes, +31.544, un +25,2%) y los ingresos en UCIs (de 11.637 ingresados hasta el 21 de junio a 12.312 a finales de agosto y 14.148 este viernes, + 2.511 pacientes, un +21,5%), debido a que ahora se contagian personas más jóvenes (la edad media está entre 24 y 54 años), con menos enfermedades asociadas. Pero está creciendo la mortalidad: de los +110 nuevos muertos por COVID 19 en julio se saltó a +649 en agosto y +2.697 en septiembre. Y la semana pasada murieron 843 personas más por coronavirus (241 muertos el viernes 9), una media de 120 diarios (el 21 de junio sólo murió 1 persona).

Dentro de este empeoramiento general de la pandemia, sobre todo en agosto y septiembre, sigue afectando de forma muy desigual por autonomías. El problema más grave, desde hace un mes, está en Madrid, donde todos los indicadores muy preocupantes: 2.995 nuevos contagios el viernes (una cuarta parte del total), 540,6 nuevos contagios por 100.000 habitantes (el doble que España y 10 veces los contagios de Berlín) y con muchos barrios y municipios que superan los 700 y los 1.000 nuevos contagios por 100.000 habitantes, una alta tasa de hospitalizados (20,65 % de camas frente a 8,66% en España) y de enfermos en UCI (ocupadas casi 40% camas). Y con 266 nuevos muertos la última semana (38 diarios), lo que acumula ya 1.323 muertos en Madrid por COVID desde el 21 de junio.

Pero el problema del COVID 19 no está solo en Madrid. Hay otras regiones con una altísima tasa de nuevos contagios, en especial Navarra (675 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días), Melilla (460), Aragón (381), La Rioja (378), Castilla y León (371), Castilla la Mancha (360), Murcia (342) y Ceuta (304), sin olvidar ciudades y pueblos con una altísima incidencia de contagios, como León, Palencia, Orense, Zaragoza, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Jumilla, Totana, Lorca,  ribera de Navarra…). Y en la última semana, preocupan los nuevos hospitalizados en Castilla y León (556) y los ingresos en UCIs en Castilla y León (35), Canarias (23) y Andalucía (22), así como el salto de muertes en Castilla y León (99 la última semana) y Andalucía (79), según los datos aportados por Sanidad el viernes. Sólo parece más controlada la pandemia en Canarias (99 nuevos casos en 14 días por 100.000 habitantes), Comunidad Valenciana (104), Galicia (107), Baleares (121) y Asturias (135), aunque todas duplican la tasa de contagios que el CDC europeo contempla como nivel de riesgo: 50 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los expertos lo tienen claro: la desescalada fue demasiado rápida y las autonomías no se preocuparon de contar con los medios suficientes para evitar los rebrotes: no se reforzó la atención primaria (apenas se han contratado médicos y enfermeras y está colapsada), no se han potenciado lo suficiente las PCR (faltan medios y los laboratorios están saturados), no se han contratado suficientes rastreadores (sólo hay 1.100 en Madrid, por ejemplo), no hay medios para vigilar las cuarentenas (que muchos se saltan, sobre todo los que tienen trabajos precarios y niños sin alternativas de cuidado) y no hay coordinación en las autonomías para afrontar los rebrotes, con medidas improvisadas y poco eficaces. Y en paralelo, muchos ciudadanos se han comportado mal, con mascarilla y distancia pero multiplicando los contactos con amigos y familiares, el foco de la mayoría de los rebrotes (no los centros de trabajo ni los colegios ni los hospitales).

Ahora, cada autonomía afronta los rebrotes como puede, evitando confinamientos duros, para no chocar con sus vecinos (y electores) y sobre todo para evitar dañar a los negocios, en especial la hostelería, el comercio y el turismo. Pero lo que sucede es que los parches no funcionan: los contagios siguen creciendo y la economía no se recupera, porque el problema no es sólo que el aforo se reduzca a la mitad sino que las familias no gastan, reducen al mínimo sus compras y salidas, no tanto por los horarios restringidos como porque no ven claro el futuro, no saben qué va a pasar con su trabajo y prefieren reservarse, no consumir. Y por eso, en el tercer trimestre no ha habido el crecimiento previsto y la recuperación esperada no llega. Incluso todas las previsiones auguran una mayor recesión este año de la esperada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó el jueves una alerta a los paises: “los confinamientos duros de la población para frenar el coronavirus son menos perjudiciales para la economía que tratar de atajar la curva de contagios mediante medidas más laxas”, señala en su informe “Perspectiva Económica Mundial”. Y explica que aunque los confinamientos duros tengan un alto coste a corto plazo, pueden allanar el camino hacia una recuperación más rápida después si consiguen frenar la pandemia y mejorar con ello el comportamiento de los consumidores y la economía. En definitiva, que “salud o economía” es un falso dilema. No atajar radicalmente el problema de salud que conllevan los rebrotes está frenando el consumo y la inversión durante meses, más que si se tomaran medidas tajantes, que podrían aclarar el panorama de la pandemia y permitir así que la economía vuelva a funcionar. O sea, el FMI nos recuerda que sin salud no hay recuperación ni economía.

Esto mismo preocupa a la Comisión Europea y a paises como Alemania o Francia, que con muchos menos contagios que España no dudan en aprobar medidas duras (en Alemania, algunos “länders”, regiones, han prohibido que les visiten los berlineses…). Por eso, toda Europa estaba pendiente del “pulso” entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Sánchez, porque es un claro ejemplo de si somos o no un país serio, que afronta con decisión el hecho de tener 8 de las 10 regiones europeas con más COVID 19 y seamos el 6º país del mundo con más contagios. Si España no demuestra a Europa  que es capaz de controlar la pandemia, difícilmente podrán confiar en que sepamos gastar los fondos europeos y consigamos salir de una recesión que nos afecta más que al resto.

Por eso es tan importante ganar la batalla de la salud, antes que intentar ganar la batalla de la economía. Y para eso hace falta una dirección política coordinada (quizás estaríamos mejor  con la sanidad centralizada, pero la gestionan las autonomías por decisión constitucional y eso no se puede cambiar de pronto: sí exigir que algunos dejen de utilizar la pandemia como arma política), más medios humanos y materiales (hasta el viernes no funcionó en Madrid la App Radar Covid y Cataluña la deja de lado para lanzar una propia) y perseverancia en las medidas, explicándolas mejor a los ciudadanos y exigiéndoles cumplirlas. No vamos a poder vacunarnos de forma masiva antes del verano, así que hay que trazar un Plan a 9 meses vista, con la vista puesta en el nivel de contagios: todo lo que sea más de 100 nuevos contagios por 100.000 habitantes, debe llevar automáticamente al confinamiento.

En paralelo a la cruzada contra esta emergencia sanitaria, hay que seguir combatiendo la emergencia económica y social, vigilando la marcha de los ERTEs y las ayudas a los autónomos, ampliando las prestaciones a los que se queden sin cobrar el desempleo y agilizando el ingreso mínimo vital, que es demasiado burocrático y lento. Y en paralelo, hay que poner en marcha el Plan de reconversión, para señalar un camino de salida a los españoles. El Plan de recuperación (ver 58 páginas) lo presentó el Gobierno Sánchez el miércoles y se envía a Bruselas este 15 de octubre. La idea es clara: dar un empujón a la recuperación, anticipando el Gobierno en los Presupuestos 2021  los primeros 27.400 millones (a fondo perdido),   que esperamos de Europa el año que viene pero que se van a retrasar hasta junio. Y con este dinero, empezar a movilizar también inversiones privadas, con la idea de destinar 72.000 millones de inversiones públicas en 2021-2023 con dinero de Bruselas, que podrían movilizar hasta 500.000 millones de dinero público y privado en los próximos años. Y crear así 500.000 empleos.

La idea del Plan es que ya que tenemos que reconstruir el país por la pandemia, aprovechemos los fondos propios y europeos para reformar y cambiar el modelo económico, para invertir en una 2ª modernización de la economía (la 1ª, a partir de 1978, nos llevó al ingreso en la CEE en 1986). Y esta modernización pasa por invertir esos 500.000 millones (72.000 de fondos europeos) en 4 frentes: inversión verde (37% del total, en coches eléctricos, rehabilitación de viviendas y esos ríos que se desbordan), digitalización (otro 33%, para formar en competencias digitales al 80% de españoles, 2,5 millones de pymes y 150.000 funcionarios, además del 100% de cobertura de Internet y 75% con 5G), igualdad de género (65.000 nuevas plazas de educación infantil 0-3 años y planes para frenar fracaso escolar) y cohesión territorial y social (refuerzo sanidad, educación y dependencia, reforma políticas activas de empleo, especial atención a los jóvenes, impulso de la FP y un sistema fiscal más justo). Son inversiones que están en línea con el Plan Next Generation UE y que se tienen ahora que concretar en cientos de proyectos, para que los apruebe Bruselas.

Y todo ello, con medidas que ya se quieren incluir en los Presupuestos 2021, que se van a presentar también a Bruselas este mes. Es el camino que se marca a tres años (2021-2023) para salir del negro túnel de esta recesión. Pero insisto, toda esta estrategia de futuro exige frenar antes al virus: no habrá recuperación si no se frenan los rebrotes. Porque el miedo a volver a los tiempos de marzo y abril, al cierre total del país, impide que las familias y las empresas gasten e inviertan, frena la recuperación. Hay que doblegar la curva, frenar y controlar los contagios, al coste que haga falta. Con decisión política y unidad, con colaboración ciudadana y sacrificios. Sin salud no hay economía.

El penúltimo cartucho contra el paro

El paro ha vuelto a subir en septiembre, el peor dato en 15 años. Y seguirá subiendo, hasta superar los 5 millones de parados este año. El Gobierno aprobó en pleno agosto un paquete de medidas desesperadas para facilitar el empleo de los jóvenes, con contratos de formación y temporales. También ha autorizado ya a 50 empresas privadas de colocación a que colaboren con el SEPE (antiguo INEM). Y para fin de mes, el Gobierno se despide con ayudas a  la contratación de parados con más de 55 años y una Estrategia de Empleo a 3 años, que ha intentado pactar con las autonomías. Pero el PP dice que no quiere hipotecas y deja entrever que puede hacer recortes también en el desempleo, cuando el 42% de los parados no cobra ni un euro. El paro, la primera preocupación de los españoles, no permite peleas políticas ni esperar cuatro meses para tomar medidas. Hacen falta acuerdos ya.

ENRIQUE ORTEGA

El paro registrado llevaba bajando desde marzo, pero en agosto se rompió la racha y volvió a subir en septiembre, con 4.226.700 parados inscritos. Y falta conocer el 28 de octubre los parados estimados (EPA tercer trimestre), que incluye los que no se registran, y que podrían llegar a los 5 millones a fin de año. Con todo, lo más grave es que casi la mitad de estos parados (47,8%), 2.310.000 personas llevan más de un año parados (y la mitad de ellos, más de 2 años sin trabajo). Un drama que afecta a tres grupos: jóvenes (un millón), mujeres (otro millón, la mitad de las paradas, llevan más de un año) y mayores de 55 años. 

El Gobierno aprobó a finales de agosto tres medidas que luego sacó adelante en el Congreso en solitario (con la abstención de PP, CiU y PNV).La primera, un nuevo contrato de formación, de 1 a 3 años, para “jóvenes” de 16 a 30 años sin cualificación profesional, con un 75% de trabajo y un 25% de formación, un sueldo no inferior al mínimo (641 €) y donde la empresa deduce hasta el 100% de la Seguridad Social. En España hay 1.200.000 menores de 30 años sin la ESO o cualificación profesional, jóvenes que son más “estudiantes fallidos” que parados. “Mejor que hagan prácticas a que estén parados en casa”, se argumenta, pensando en colocar 100.000 al año.

La segunda medida es no poner trabas a encadenar contratos temporales. Hasta ahora, tras 2 años de encadenar contratos temporales, la empresa tenía que hacerle fijo o echarle (lo más usual). Ahora se permiten otros 2 años más de contratos temporales (se hacen medio millón cada mes) y se dan ayudas si luego lo hacen fijo. “Mejor temporal que parado”, es la reflexión. Y la tercera medida, ampliar 6 meses más la ayuda de los 400 euros a los parados que han agotado la prestación, a cambio de que hagan cursos de formación.

“Son medidas desesperadas”, dijeron los sindicatos. Ciertamente: medidas desesperadas para una situación desesperada. Otras son medidas obvias, como permitir que las empresas privadas de colocación ayuden al SEPE (antiguo INEM) a colocar a los parados. El 20 de septiembre se autorizó a la primera (Manpower) y ya son 50 las que pueden firmar convenios con las autonomías para orientar a los parados registrados. Ahora, el SEPE sólo coloca a un 3% de los parados, frente a un 14% las ETTs privadas, aunque el primer canal de empleo es Internet, utilizado por un 27% de las empresas y la mayoría de los parados. Queda reforzar sus medios: tiene 7.700 empleados, frente a 75.000 de Alemania o Reino Unido o los 40.000 de Francia. Y hay que remodelar la formación que ofrece, ya que sólo uno de cada cinco parados inscritos hace cursos cuando más de la mitad carecen de cualificación.

A finales de octubre, el Gobierno aprobará más medidas desesperadas. Una, la Estrategia 55 y más, para facilitar la contratación de parados mayores de 55 años: hay 380.000, la mayoría condenados a no trabajar nunca más. Se plantea bonificar a las empresas que los contraten hasta el 100% de la seguridad Social e incluso, si les ofrecen un sueldo menor al desempleo  que cobra (entre 838 y 1.397 euros), el SEPE le complementaría el salario o la cotización. Se ofrece al sénior ser mileurista a cambio de un trabajo y una pensión futura…

Otra novedad, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, que establece objetivos  de actividad, empleo, temporalidad en el trabajo e igualdad de género, buscando coordinar las políticas de empleo, donde se gastan 7.500 millones al año. Este Plan es una exigencia europea y un compromiso acordado en el pacto social firmado en febrero. Pero el PP, que gobierna la mayoría de las autonomías (tienen la gestión del desempleo) no ha querido ni entrar a discutirlo: “No queremos hipotecas”. De paso, lo que sí han insinuado (y luego retirado) es que si llegan al Gobierno, podrían revisar los subsidios.

Abrir el melón de recortes en el desempleo choca con que la cobertura es la más baja desde que empezó la crisis: se gastan 500 millones menos al mes en subsidios (2.500 millones) y hay 300.00 parados menos cobrando. Pero sobre todo, hay 2.048.800 parados (el 42,4%) que no cobran ni un euro del desempleo. Y de los 2.784.900 que cobran algo, sólo la mitad recibe una prestación (por la que han cotizado): 838,90 euros al mes de media. La otra mitad sólo cobra 400 euros al mes, la mayoría durante medio año. Y todo apunta a que en 2012 habrá menos parados cobrando, porque se les acaba a los muchos inscritos en 2009. 

A pesar de estas medidas de última hora, no pinta bien para el empleo, ya que se teme un menor crecimiento en 2011 (0,8%) y 2012 (1%), con  un ligero aumento del paro. Y la OCDE estima que España no creará empleo suficiente hasta 2016. Pero no podemos conformarnos ni tirar la toalla. Hay que acabar con las peleas políticas y sumar esfuerzos (sobre todo las autonomías, que gestionan los servicios de empleo) para luchar contra el paro. Desde ya, sin perder estos tres meses, pero sobre todo a partir del 20-N. Es la guerra de todos.

Los impuestos del tabaco se esfuman

La cruzada contra el tabaco está dando sus frutos: caen las ventas y hay menos fumadores y menos “clientes” en los hospitales. Pero las menores ventas y el contrabando le están haciendo un roto a Hacienda: ya lleva 163 millones menos de ingresos en cuatro meses. Y se ha desatado una guerra de precios entre las tabaqueras, que han rebajado la  cajetilla entre 30 y 45 céntimos, lo que supone también menos ingresos. Al final, Hacienda podría ingresar este año 1.500 millones menos de lo previsto, lo que nos cuesta pagar las becas. Y lo peor es que, con tres de cada cuatro cajetillas a menos de 3,66 euros, subirá el consumo.

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Las ventas de tabaco han caído un 23,5 % hasta abril, por tres causas. La primera, por la entrada en vigor de la Ley que prohíbe fumar en lugares públicos, que ha reducido ya un 6% el número de fumadores. La segunda, por la fuerte subida de precios, al aumentar los impuestos al tabaco un 44,5% en los dos últimos años, con una subida media de un euro en el precio de la cajetilla (aunque todavía tenemos precios más bajos que la mayoría de Europa, donde hay países con el tabaco de 6 a 8 euros). Y la tercera, el fuerte aumento del contrabando de tabaco.

La fuerte subida de impuestos ha dado alas al contrabando: de enero a abril se han decomisado 3 millones de cajetillas, medio millón más que en 2010. El mercado ilegal de tabaco supera los 200 millones de cajetillas, un 6% del mercado. Las ventas de tabaco ilegal son especialmente preocupantes en Galicia y Andalucía, donde llega al 20% de las ventas en Málaga, Sevilla o Cádiz. Una parte es tabaco que entra ilegalmente de Gibraltar, Andorra o Canarias, pero el 90% es tabaco falsificado, que viene de China, sin garantías sanitarias (se ha encontrado excremento de animales).El sector teme que el fraude aumente después que el Congreso haya aprobado, el 25 de mayo, una reforma de la Ley de Contrabando que sube de 6.000 a 20.000 euros el importe para que sea delito: ellos pedían que se bajara a 10.000 euros, que es lo que cabe en un coche (5 cajones de tabaco). Ahora, señalan los tabaqueros, se incentiva a las mafias al contrabando hasta 20.000 euros, pagando sólo una multa.

Con la caída de ventas, Hacienda ha perdido ya 163 millones de recaudación por el tabaco hasta abril y se estima que podría perder 1.200 millones en todo el año, sobre todo por el aumento del contrabando. Pero además, la industria tabaquera ha desatado en mayo una guerra de precios, con tres bajadas en menos de un mes, entre 30 y 45 céntimos la cajetilla, que van a recortar aún más la recaudación fiscal. Porque de los 40 céntimos que ha bajado la cajetilla de Marlboro (líder de  ventas), Hacienda pierde 29 céntimos. En total, podrían ser unos 300 millones este año.

La guerra de precios es una pelea entre multinacionales para ganar cuota de mercado en España. En principio, es una pelea de las marcas más caras (Philips Morris, con Marlboro, Chester y LM) que buscan aproximar precios a las marcas más baratas (Fortuna, Ducados rubio y Nobel, de Altadis). Bajan Marlboro a 3,85 euros (estaba a 4,25) y LM a 3,30 (estaba a 3,60)  y los acercan a Nobel o Fortuna (han bajado de 3,70 a 3,50 €) y a Ducados Rubio (de 3,70 a 3,30). Si se fuma menos, se mira menos 35 céntimos de diferencia entre marcas.

Esta guerra comercial es también un pulso a Hacienda, para que cambie el sistema de impuestos al tabaco. Hoy, los cigarrillos pagan un 78, 9 % de impuestos (frente a 76,4% en la UE). Y lo pagan con dos impuestos: el IVA (18%) y un impuesto especial, que tiene dos tramos: una parte fija (impuesto específico) y otra parte proporcional (57%) al valor de la cajetilla. Este es el desglose del precio de una cajetilla de 4 euros: 0,55 céntimos el tabaco, 3,15 euros de impuestos (0,62 IVA, 0,25 impuesto específico y 2,28 € el impuesto proporcional), más 0,30 céntimos de comisión para el estanquero. Como se ve, el impuesto básico es el proporcional, sobre el valor de la cajetilla. Por eso, cuando baja el precio, baja la recaudación, aunque exista un impuesto mínimo (para cuando la cajetilla baja de 3,66 euros). Las multinacionales quieren bajar ese impuesto proporcional al precio, que perjudica más a las marcas caras, y subir el componente específico, por cajetilla, lo que perjudicaría a las baratas. Una pelea que recorta la recaudación y, lo peor, fomenta el consumo, ya que la guerra de precios ha provocado ya que hoy, más del 75% de las marcas estén por debajo de los 3,66 euros la cajetilla.

El Gobierno debería tomar medidas para forzar una subida de precios, ya que el tabaco causa 55.000 muertes al año, unos elevados costes sanitarios (8.000 millones de euros al año) y a las empresas (8.780 millones por pérdida de productividad, absentismo y gastos limpieza). Pero es que además, entre la caída de ventas, el contrabando y la guerra de precios, Hacienda puede recaudar por el tabaco 1.500 millones menos de lo previsto este año (9.054 millones). Y eso es lo que nos cuesta pagar las becas, por ejemplo, o el ahorro por congelar las pensiones.

No están las cuentas públicas para que se esfumen ingresos. Pero sobre todo, España no puede dar marcha atrás en la guerra contra el tabaco, presionado por cuatro multinacionales que ya están vendiendo cajetillas a 3,30 euros, el precio de dos cañas. El que quiera fumar, que lo pague, que los costes sanitarios y empresariales de fumar son el doble que la recaudación. Y las multinacionales, que no peleen a costa de nuestras vidas.

El derroche de las TV autonómicas y locales

Cada día, los habitantes de 13 autonomías y más de 100 grandes ciudades españoles pueden ver los programas de sus televisiones regionales o municipales, junto a TVE y las privadas. Pero no les sale gratis: ver la televisión propia les cuesta más de 120 euros al año por familia. Las TV autonómicas y locales tienen unos 2.000 millones de Presupuesto, el 70% del gasto del Ministerio de Educación. Y la mayoría son subvenciones de autonomías y Ayuntamientos, que no evitan unas pérdidas acumuladas de 1.500 millones de euros. Unas televisiones caras y muy politizadas, cuyo futuro se debate en estas elecciones. Unos quieren privatizarlas, otros quitarles la publicidad y otros cerrarlas. Algo habrá que hacer con ellas.

Con las autonomías, en los ochenta llegaron las primeras TV regionales (la vasca ETB en 1982, la catalana TV-3 en 1983, Tele Madrid  y la andaluza Canal Sur en 1989), que no han parado de aumentar (las últimas, en 2005, Canal Extremadura y la balear IB3). Hoy, 13 autonomías tienen TV propia, con 34 canales en total, más las correspondientes radios autonómicas. Y las cuatro autonomías sin TV institucional (Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja) subvencionan programas de TV privadas.

En 2010, el presupuesto de estas 13 TV autonómicas ascendió a 1.860 millones de euros, de los que la publicidad sólo cubre el 15%. El resto son subvenciones (813 millones) y pérdidas (775 millones), que acaban saliendo del presupuesto autonómico, del bolsillo de los ciudadanos. En 2009, las televisiones autonómicas costaban una media de 110 euros por hogar, según un estudio de Deloitte. Las más caras eran las TV de Baleares (219 euros por familia), Euskadi (191 €), Aragón (145€), Andalucía (121 €) y C. Valenciana (117 €).El problema es que tienen un alto coste, están sobredimensionadas de personal (10.000 personas, cuatro veces la plantilla de las TV privadas) y tienen poca publicidad (les ha caído un 39% desde 2006) por su baja audiencia, que además está cayendo con la TDT: sólo superan el 10% de share TV-3 (14,8%), Canal Sur(12,7%) y la TV de Galicia(12,3%). En consecuencia, viven de las subvenciones y acumulando unas pérdidas de 1.480 millones de euros.

En paralelo, unas 100 grandes ciudades españolas mantienen TV municipales, con más de 100 millones de presupuesto, en su mayoría con cargo a los Ayuntamientos, que cubren sus pérdidas. La mayoría están en Andalucía (más de 30 TV municipales, destacando Giralda TV en Sevilla, con 4 millones de presupuesto, Málaga o Cádiz con más de 2 y Jerez con 1,3 millones) y en Cataluña (con más de 18 TV municipales, la principal la barcelonesa BTV, con 18 millones de presupuesto y 1,6 millones de deuda). Son TV con más de 600 trabajadores, elevados costes y  una escasa audiencia (1,3% para todas las locales, incluyendo privadas) y con una publicidad que cayó un 40% en 2010.

Ante este panorama, la receta de las TV privadas es la misma que se aplicó a RTVE: quitarlas la publicidad y financiarlas con el presupuesto autonómico/ municipal o con un canon. Una mala solución a la vista de lo que ha pasado con RTVE: ha tenido que prejubilar a 4.000 empleados, ha recortado costes y aun así ha cerrado 2010 con un déficit de 47,1 millones porque no ha funcionado el sistema de financiación aprobado: las operadoras de telecomunicaciones y las TV privadas (junto a la tasa radioeléctrica) han aportado 142 millones menos de los previstos. Y además, una parte de estos ingresos están recurridos por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo, con lo que el próximo Gobierno se puede encontrar con que ha de buscar otra vez como financiar a RTVE o hacer más recortes. Eso sí, los 500 millones de euros que facturaba RTVE por  publicidad  (que ahora se cubren con una subvención del Presupuesto de 579 millones) se los han repartido entre Telecinco (200 millones) y Antena 3 (104 millones), dos cadenas que han disparado sus beneficios en 2010 (+ 79,6 T5 y + 45,6% A3), gracias al desmantelamiento financiero de RTVE, un logro más en el balance de ZP.

Ahora, no debería repetirse este error estratégico (¿intencionado?) con las TV autonómicas y municipales. Está claro que algo hay que hacer, porque no es de recibo que Cataluña, por ejemplo, tenga un presupuesto de 481 millones para su RTV autonómica y tenga que cerrar los quirófanos por la tarde o tener los institutos a media luz  por su agujero presupuestario. O que un Ayuntamiento se gaste más en RTV que en servicios sociales. Son televisiones caras, poco independientes y muy politizadas, y con una programación discutible, más comercial que de servicio público, que puja por programas como la Fórmula 1 (Canal Nou) o la Champions (TV-3 o Canal Extremadura). El PP dice en esta campaña electoral que quiere cerrarlas o privatizarlas, pero está por ver que lo hagan, ya que son “un juguete” muy tentador. Otra opción (peligrosa) es externalizar los servicios, en manos de productoras de “amiguetes”. Pero algo hay que hacer tras el 22-M: sanearlas, dimensionarlas, hacer una programación sensata y centrada en la región o la ciudad. Y buscar un modelo de financiación realista y estable. Si no, la pelota de las pérdidas las abocará a la subasta o al cierre.