Demasiadas horas extras gratis

En el primer trimestre de 2026, los trabajadores hicieron 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana y casi la mitad las han hecho “gratis” (2,5 millones semanales). Este “abuso” de muchas empresas supone una pérdida anual de 3.243 millones para los trabajadores que no las cobran (2.468 millones) y para la Seguridad Social (775 millones perdidos en cotizaciones). Además, sin estas horas extras, podrían crearse 160.000 empleos. El exceso de horas extras viene de lejos y aumentan las no pagadas, aunque las empresas están obligadas al control horario desde 2019. Ahora, Trabajo quiere imponer con un Reglamento (para evitar convalidar un Decreto en el Congreso) el registro horario digital, al que tengan acceso la inspección de trabajo y los sindicatos, pero la patronal se opone. Y hay un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, porque cree que debe hacerse por Ley y dar más tiempo a las pymes para adaptarse. El vicepresidente económico también quiere flexibilizar este control horario digital y dar 1 año para aplicarlo (no 20 días). La batalla está en el seno del Gobierno.

    

                            Enrique Ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Es una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (como el pluriempleo) y las empresas se ahorren “costes” (sobre todo cotizaciones sociales), con lo que ambas partes “colaboran” muchas veces en promoverlas. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera en muchos casos las 40 horas  porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2009 y 2014, las empresas impusieron jornadas más largas a los trabajadores (gracias a la reforma laboral de 2012), sobre todo por el aumento de las ventas y el consumo tras la pandemia, obligando a hacer más horas extras. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la crisis financiera y las empresas recortaron horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas extras semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir: 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015, 6,8 millones en el verano de 2018 y un récord de 7 millones de horas extras semanales a finales de 2024. Eso sí, en 2025 bajaron a 6,67 millones en el 4º trimestre y han vuelto a bajar a 5,89 millones en marzo de 2026, según la última EPA. Pero son casi tantas como en 2019 (6 millones semanales).

Lo llamativo no es sólo el elevado número de horas extras a la semana, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan. Y que este porcentaje de horas “gratis” crece año tras año. A finales de 2019 no se pagaban el 41,9% de las horas extras, concretamente 2.500.700 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje de horas impagadas mayor que el de antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40% de las horas. Y su peso se ha mantenido después de la pandemia, suponiendo las horas gratis el 41,4% de las horas extras a finales de 2025 (2.767.300), aumentando su peso en el primer trimestre de 2026: 2.508.200 horas extras semanales gratis, el 42,5% del total de horas extras.

En 2025, casi un millón de trabajadores (945.000, el 5% de todos los asalariados) hicieron horas extras, según este informe de CCOO. Y de ellos, casi la mitad, 441.000 trabajadores hicieron horas extras semanales gratis, cada uno una media de 5,6 horas semanales sin cobrarlas. Esto supone un coste laboral no abonado por las empresas de 141 euros semanales por trabajador, un “ahorro” de 7.355 euros anuales por trabajador entre salarios y cotizaciones. Eso supone, según el estudio de CCOO, que las horas extras hechas y no pagadas supusieron una pérdida de 3.243 millones para los trabajadores (2.468 millones, por las horas no cobradas) y para la Seguridad Social (775 millones en cotizaciones no cobradas). Pero lo más grave es que estas horas extras hechas impidieron que las empresas contrataran más trabajadores: se estima que si no se hicieran esas 2,5 millones de horas extras semanales, las empresas necesitarían contratar a 160.000 trabajadores a jornada completa (62.000 de ellos serían los empleos que podrían crearse si no se hicieran horas extras gratis).

En el primer trimestre de 2026, de las 2,5 millones de horas extras semanales gratis, más de la mitad las hicieron hombres (1.451.100), siendo menos las hechas por mujeres (1.057.000). Por sectores, el mayor número de horas extras se da en la sanidad (858.600 horas extras semanales), la industria manufacturera (825.500), la educación (634.500), el comercio (590.300), la hostelería (527.500), el transporte y almacenamiento (403.300), las actividades profesionales, científicas y técnicas (359.900), la Administración Pública (323.600), la construcción (295.900), las actividades administrativas y auxiliares (270.600), finanzas y seguros (265.300) y telecomunicaciones, informática y consultoría (107.600 horas extras semanales).Pero si miramos los sectores que hacen más horas extras gratis, el ranking cambia: lo lidera la educación (504.800 horas extras semanales gratis, 4 veces las horas pagadas), seguida por las actividades profesionales (296.100 horas extras gratis, 5 veces las horas pagadas), la industria (283.500), el comercio (240.100), finanzas y seguros (189.000) , hostelería (171.000), transportes (154.800) y Administración Pública (151.400).

Si analizamos los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que hicieron horas extras gratis en 2025, destacan el suministro de electricidad y gas (el 5,6% de sus trabajadores hicieron horas extras no pagadas, frente al 2,3% en el conjunto de España), finanzas y seguros (también el 5,6% de sus plantillas), educación y actividades profesionales, científicas y técnicas (el 4,6% de los trabajadores en ambos) e información y comunicaciones (el 4% de las plantillas). Si observamos por autonomías, destacan las horas extras gratis en Madrid (el 3,4% de trabajadores hacen 582.000 horas extras no pagadas a la semana), Asturias (3%), País Vasco (2,8%), Cataluña (2,7% trabajadores hacen 495.000 horas extras gratis a la semana) y la Comunidad Valenciana (2,6% de las plantillas hacen 290.000 horas extras gratis).

Esta abultada cifra de horas extras, pagadas y gratis, se mantiene elevada en los últimos años (aunque bajó en 2025 y 2026), a pesar de que el Gobierno aprobó la obligación a las empresas, desde el 12 de mayo de 2019, de llevar un registro horario de la entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo. Esa normativa, pactada sólo con los sindicatos (la patronal se opuso) fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Obligaba a las empresas a llevar un registro diario de cada jornada (que debe guardarse 4 años), a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, con sanciones a las empresas incumplidoras de 626 hasta 6.250 euros.

Pasados 7 años, el exceso de horas extras (pagadas y no pagadas) indica claramente que este control horario no ha funcionado, como denuncian los sindicatos. De hecho, el 35% de las pymes siguen haciendo el fichaje de cada jornada “a mano” (sin control digital). Y 1 de cada 5 trabajadores afirma que en su empresa no se ha implantado ningún control horario, según el informe IRSOS. Por todo esto, el Gobierno quiso “endurecer el control horario”, incluyéndolo primero en su proyecto de Ley de reducción de la jornada a 37,5 horas, aprobado en mayo de 2025, tras pactarlo con los sindicatos y el rechazo de la patronal. Pero este proyecto chocó con una enmienda a la totalidad de Junts, en junio de 2025, que triunfó en el Parlamento en septiembre, apoyada por PP y Vox.

Cerrado el paso al control horario al decaer la Ley que promovía las 37,5 horas, Trabajo puso en marcha un “Plan B”: aprobar un Reglamento en febrero de 2026 (que no necesita ser convalidado por el Congreso) para endurecer el control horario en las empresas, obligando a que sea digital y con acceso inmediato a los sindicatos y la inspección de trabajo, además de exigir que se detalle cómo se compensan las horas extras. Eso sí, al no tratarse de una Ley, Trabajo retiró de este Reglamento el aumento previsto de las sanciones a las empresas.

El problema con el que se ha encontrado Trabajo con este Reglamento es que ha recibido críticas de los organismos a los que se ha enviado, preceptivamente, antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. Por un lado, el Consejo de Estado ha emitido el 23 de marzo un informe desfavorable, en el que señala que la reforma debería hacerse por Ley y donde critica la carga que supone para las pymes y la falta de instrumentos para ayudarlas a implantarlo. También son críticos los informes recibidos de los Ministerios de Economía y Transformación Digital, así como de la Agencia de Protección de Datos. Y aunque los sindicatos apoyan el refuerzo digital de la jornada (para frenar el exceso de horas extras), la patronal CEOE está en contra y amenaza con recurrirlo a los Tribunales, apoyada por el informe del Consejo de Estado (que no es vinculante para el Gobierno).

Ante este nuevo revés, Trabajo señaló que seguirá adelante con el Reglamento de control horario y que lo enviará “pronto” al Consejo de Ministros para su aprobación. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, señaló Yolanda Díaz en el Congreso el pasado 25 de marzo, recordando que forma parte de los acuerdos del Gobierno de coalición firmado por el PSOE y Sumar en 2023. Pero hay otro problema ahora: la ministra de Trabajo tiene por encima ahora al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que ha sido contrario tanto al recorte de jornada a 37,5 horas como al control horario que defiende Trabajo. Y él tiene la llave de la Comisión Delegada que decide los temas que van al Consejo de Ministros. Cuerpo está de acuerdo en mejorar el control horario, pero cree que hay que dar más tiempo a las empresas para implantarlo (propone 1 año, frente a los 20 días de Trabajo, que ahora parece dispuesta a ampliar a 6 meses) y además defiende medidas para ayudar a las pymes a incorporar herramientas técnicas para adaptarse al control digital.

Mientras esta “pelea” por el registro horario se aclara en el seno del Gobierno, las empresas afrontan el aumento de la demanda y las ventas con muchas horas extras, que los trabajadores hacen voluntariamente (las pagadas) o forzados (las no pagadas). Pero estamos ante un gran “fraude”, a los trabajadores y a la Seguridad Social, que además reduce la creación de empleo. Por eso, es urgente aprobar un control horario eficaz, que deje claro lo que son horas extras necesarias y lo que son horas extras estructurales, que se hacen para no contratar más. Es un reto de todo el país, porque aunque tenemos un récord de ocupados (hemos superado en abril los 22 millones de afiliados), todavía trabajan en España menos gente que en la mayoría de Europa: tenemos un 72,4% de adultos trabajando, frente al 76,1% en la UE-27 y el 81,8% en Alemania, según Eurostat. A lo claro: tenemos 700.000 personas menos trabajando que la media en Europa y 1.600.000 menos que Alemania. Con este hándicap, es una tremenda injusticia que se hagan tantas horas extras.

Aumentan los "mini empleos"

El  empleo en España ha superado otro récord histórico en abril, con 21.588.639 afiliados a la Seguridad Social. Pero no todos son empleos “decentes”: 1 de cada 7 ocupados, más de 3 millones de trabajadores, tienen un empleo a tiempo parcial, con menos jornada y mucho menos sueldo. Y lo más preocupante: casi la mitad de estos trabajadores tienen  “mini empleos” porque no encuentran un trabajo a jornada completa, aunque el resto los tienen para cuidar a hijos o familiares y estudiar. Al final, el 6,5% de todos los ocupados (1,41 millones de trabajadores) están “subempleados”, el mayor porcentaje en Europa. Y las tres cuartas partes son mujeres. El contrato a tiempo parcial lo usan muchas empresas para contratar más barato y luego subir la jornada real, obligando a hacer horas (pagadas o no), lo que ha llevado a una campaña de la inspección de Trabajo en 2024. Urge aprobar un Plan de choque, para incentivar que los “mini empleos” no justificados se conviertan en empleos a tiempo completo.

                               Enrique Ortega

El empleo sigue batiendo récords en España, a pesar de la negativa coyuntura internacional y europea. A finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, según la EPA, algunos menos que a finales de 2024 (21.857.900), por una ligera caída en el primer trimestre. Pero en abril, con el empuje de la Semana Santa, el empleo ha vuelto a aumentar, como lo refleja el récord de afiliados a la Seguridad Social: 21.588.639 cotizantes. Pero estos datos tan positivos esconden un dato preocupante: crecen también los trabajadores con un contrato a tiempo parcial: a finales de marzo eran ya 3.075.900 los ocupados que trabajaban menos horas o días de lo habitual, un 14,13% del total de ocupados (1 de cada 7), según la última EPA. Una cifra que aumenta desde 2007 (2.380.900 ocupados a tiempo parcial, el 11,75% del total) y desde 2019 (2.944.800 ocupados parcialmente, el 14,74%).

España no es de los paises europeos con más ocupados a tiempo parcial, un tipo de contrato que se usa más en el centro y norte de Europa. Así, en 2024, la UE-27 tenía una media del  17,8% de contratos a tiempo parcial, siendo muy superior el porcentaje en Paises Bajos (42,2%), Austria (39,5%), Alemania (29,8%), Dinamarca o Bélgica (24,1%), paises donde muchos jóvenes y mayores utilizan este contrato a tiempo parcial para poder estudiar o hacer otras tareas (son los “mini jobs”). España ocupa el lugar 13º en este ranking de Eurostat, con un 13,4% de empleo a tiempo parcial (2024), inferior a Irlanda (19,6%), Francia o Italia (16,8%) y superior al de Portugal (7,3%), Grecia (6,3%) y los paises del Este y del Mediterráneo.

El problema de España  es que casi la mitad de este empleo a tiempo parcial es “indeseado”: los trabajadores españoles trabajan menos horas (o días) no porque quieran, sino porque no encuentran un trabajo a tiempo completo. La última estadística de Eurostat es muy contundente: el 46,6% de los que trabajan a tiempo parcial en España es “porque no han encontrado otro trabajo” (48,3% de los hombres y 46% de las mujeres), mientras esto sólo les pasa al 18,2% de los ocupados a tiempo parcial en Europa (UE-27). Somos el tercer país con más trabajo parcial indeseado (46,6%), sólo por detrás de Rumanía (el 57%) e Italia(51,3%), muy lejos de lo que sucede en Alemania (sólo el 5% del trabajo parcial es “indeseado”), Paises Bajos (2,2%), Francia (22,6%) o Portugal (36,3%).

El 2º motivo más utilizado para tener un empleo a tiempo parcial es “poder cuidar niños o adultos con discapacidad”: lo utilizan el 21,4% de los que trabajan a tiempo parcial en Europa (UE-27) y el 13,9% de los que tienen este contrato en España (el 4,2% de los hombres y el 17,4% de las mujeres), subiendo al 32,3% en Paises Bajos, el 25,3% en Francia, el 11,9% en Italia y el 8,1% en Portugal, según Eurostat. El tercer motivo para trabajar parcialmente es poder estudiar y formarse: lo justifican el 14,4% de los trabajadores parciales en Europa (25,4% hombres y 10,7% mujeres), el 29,4% en Paises Bajos y el 13,3% en Alemania, siendo menor el porcentaje en España (12,7%: 21,9% hombres y 9,4% mujeres), Francia (8,1%) e Italia (4,2%). El resto de razones para tener un trabajo a tiempo parcial son la enfermedad o discapacidad (6,2% en la UE-27 y 2% en España, otras razones familiares (5% en la UE-27 y 2,2% en España) y otras razones personales (12,1% en la UE-27 y 4,4% en España).

Las estadísticas europeas consideran “subempleados” a los que trabajan menos horas de la jornada habitual porque no encuentran un empleo a tiempo completo. En España, son ese 46,6% de los que trabajan a tiempo parcial, 1.136.610 trabajadores “subempleados” en 2024, el 5,2% del total de ocupados Y este porcentaje nos coloca, según Eurostat, como el país con más subempleados de Europa, por delante de Finlandia y Paises Bajos (5,1% de subempleados en 2024), Irlanda (4,6%), Dinamarca (4,3%), Francia (4,2%), Suecia (4,1%) y Portugal (2,8%), paises todos que tienen más “subempleo” que la media europea (2,6% del empleo total) y que Italia (2,1%), Grecia (2%) y Alemania (1,2% de subempleo).

Centrándonos en España, el subempleo (trabajo a tiempo parcial no deseado) se concentra mucho más en las mujeres (afecta al 8,1% de las trabajadoras y al 2,7% de los hombres). Mirando los datos globales, de todo el empleo a tiempo parcial (3.075.900 ocupados en marzo de 2025, según la EPA) revelan que las tres cuartas partes son mujeres (2.265.200 trabajan a tiempo parcial) y el resto son hombres (810.700), debido a que las mujeres escogen más estos “mini empleos” para poder cuidar de hijos y mayores y porque tienen más problemas para encontrar un trabajo a tiempo completo. Y además, si el empleo parcial ha aumentado en 131.000 ocupados desde 2019, el empleo parcial de las mujeres ha crecido el doble (+82.300 desde la pandemia) que el de los hombres (+48.700 ocupados parciales).

La última EPA (marzo 2025) refleja claramente los motivos por los que 3.075.900 ocupados trabajan a tiempo parcial en España: 1.418.600 (el 46,11%) porque no han encontrado otro trabajo a jornada completa (son los “subempleados: 1052.200 mujeres y 366.400 hombres), 403.500 trabajan parcialmente para estudiar o formarse (el 13,11%), 399.700(el 12,99%) para cuidar niños y adultos, 214.000 (6,95%) para atender otras obligaciones familiares o personales y 64.500 por enfermedad o incapacidad, siendo sólo 269.100 (8,74%) los que no quieren un trabajo a jornada completa, alegando el resto “otros motivos” para trabajar parcialmente.

El trabajo parcial se concentra en los servicios (2.825.000 ocupados (el 91,8% del total de empleos a tiempo parcial y el 17,01% del empleo total en este sector), sobre todo en hostelería, turismo, comercio y servicios varios, siendo muy escaso el trabajo parcial en la construcción (62.100 empleos parciales, el 4,2% del total), en la industria (137.300, el 4,7% del empleo industrial) y en la agricultura (51.500 empleos parciales, el 6,75% del empleo total en el campo). Y por categorías, el trabajo a tiempo parcial se concentra en las “ocupaciones elementales”, las que exigen menos formación (suponen el 30,09% del empleo).

Y por regiones, la mayor tasa de empleo parcial (14,1% de media en España) se da en el País Vasco (19,2% de todo el empleo, 190.900 ocupados), Comunidad Valenciana (16,4% del empleo, 386.400 ocupados), Castilla y León (15,2%, 156,900 ocupados), Madrid (14,4% del empleo, 509.900 ocupados parciales) y Extremadura (14,3%, 58.600 ocupados). Y tienen un porcentaje de trabajo parcial inferior a la media Ceuta (9,6% del empleo, 2.800 ocupados parciales), Baleares (10,1%, 55.800 ocupados), Canarias (10,6%, 108.300 ocupados), Melilla (11,7%, 3.400 ocupados), Cataluña (13,2% , 510.100 ocupados), Aragón (13,6%, 84.300 empleos) y Andalucía (13,8% del empleo, 484.100 ocupados parciales).

Lógicamente, estos empleos a tiempo parcial (3.075.900 en marzo) tienen sueldos bastante más bajos que los de los trabajadores a jornada completa. Según la última estadística completa de salarios del INE, de 2022, el salario bruto medio de los trabajadores a tiempo parcial era de 12.986,50 euros anuales, el 41,8% del sueldo de los trabajadores a jornada completa (ganaban 30.998,32 euros brutos anuales). Y en el caso de las mujeres, también ganan menos las que trabajan a tiempo parcial que los hombres con jornada recortada: 12.551 euros brutos anuales frente a 13.956 euros (una “brecha salarial” del -11,2%). Si tomamos otra estadística más reciente, el Decil de salarios de la EPA 2023, el salario medio bruto mensual de los que trabajan a tiempo parcial es de 915,68 euros, un 36,57% inferior al de los trabajadores a tiempo completo (2.503,81 euros mensuales).

Al final, el problema de estos trabajadores a tiempo parcial en España es que casi la mitad no han elegido ese tipo de trabajo, algo que sí sucede en la mayoría de Europa: trabajan menos horas porque las empresas no los contratan para trabajar una jornada completa. Y encima, en muchos casos, se ven obligados a trabajar más horas de las pactadas en el contrato, prolongando la jornada o haciendo horas extras no reconocidas (muchas no pagadas y otras pagadas “en negro”, sin  cotizar por ellas). Y este tipo de contratos a tiempo parcial están creciendo porque, tras la reforma laboral de 2022, muchas empresas los utilizan para cubrir con contratos parciales empleos que deberían ser a jornada completa.

Por todo este “fraude”, la inspección de Trabajo lanzó en noviembre de 2024 un Plan para detectar el fraude en la contratación a tiempo parcial, enviando 124.000 cartas a otras tantas empresas para pedirles información sobre 240.000 contratos, para que les informaran de las jornadas reales que hacen estos trabajadores. El problema es que en muchas empresas (sobre todo pymes) no hay un control eficaz de los horarios, aunque es obligatorio desde mayo de 2019. Ahora, el proyecto de Ley para recortar el horario laboral a 37,5 horas, aprobado por el Gobierno el 6 de mayo, exigirá a las empresas que ese control de horarios sea digital y accesible a la inspección de trabajo, lo que debería reducir el fraude.

Esta Ley que pretende recortar la jornada laboral legal (si el Gobierno logra aprobarla en el Congreso, algo difícil por la oposición del PP, Vox y Junts) incluye también otro cambio que afectará a los trabajadores con un contrato a tiempo parcial: en su Disposición transitoria 2ª señala que “las personas que trabajan a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la normas”. Pero también dice que “tendrán derecho a un incremento proporcional a su salario a partir de la aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales…”

¿Cómo afectará el recorte de jornada a los trabajos a tiempo parcial? En principio, estos trabajadores tendrán que decidir si recortan su horario o lo mantienen, en cuyo caso, la empresa le tendrá que pagar más si se aprueba la Ley. . Así, si alguien trabajaba 30 horas semanales (el 75% de la jornada), ahora trabajará 28,12 horas o, si decide mantener su anterior jornada, la empresa le debe compensar (en este ejemplo, subirle un 6,26% el sueldo). Por eso, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que el recorte de jornada “hará que crezcan los salarios de los trabajadores a tiempo parcial”.

No basta con este “parche” para mejorar la situación de los que trabajan a tiempo parcial. El problema de fondo es que un 6,5% de los que trabajan están “subempleados”: son 1.418.600 trabajadores (marzo 2025) que están mejor que si estuvieran en paro, pero que cobran poco más de un tercio que el resto de trabajadores y muchos son “pobres”, no pueden cubrir sus necesidades básicas porque ganan menos de 1.000 euros al mes. Un colectivo del que apenas se habla, integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes, que sirven para mejorar las cifras de empleo y reducir el paro, pero que son “subempleados”.

Para atajar este problema, hay dos caminos. Por un lado, atacar y reducir el fraude de las empresas que los contratan a tiempo parcial para cubrir un puesto que requeriría jornada completa. Eso pasa por implantar el control digital de horarios (algo que tardará, hasta que se aprueba la Ley que recorta la jornada laboral) y por un aumento de las actuaciones de la inspección de Trabajo (escasa de inspectores y medios). Por otro lado, el Gobierno debería  pactar, con empresas y sindicatos, un Plan de choque contra el trabajo temporal “indeseado”, incentivando a las empresas (con cotizaciones y ayudas fiscales) a convertir contratos parciales en contratos a jornada completa. Porque no deberíamos consentir que una parte de los que trabajan malvivan por trabajar menos horas de las que quieren.

 

Recorte de jornada: horarios y productividad

El lunes 29 de julio, Gobierno, sindicatos y patronal intentarán alcanzar un acuerdo (difícil) para recortar la jornada laboral legal, de 40 horas a 37,5 en 2025. La patronal está en contra porque quieren fijar el horario en los convenios (no por Ley), porque aumenta sus costes (se mantienen los sueldos) y reduce la productividad. Pero el Gobierno está dispuesto a aprobar esta rebaja sin la patronal, mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones en septiembre. En realidad, muchos trabajan menos de 37,5 horas (la media son 36,4 horas), pero otros trabajan más (39,4 horas en hostelería y 39,1 en comercio) o no tienen convenio, trabajando todos más horas que en Europa. El debate no es que reducir jornada empeorará la productividad, más baja en España, porque depende más de nuestro modelo económico (más servicios y menos industria y tecnología), del exceso de pymes, de la baja inversión y formación y de la mala organización de las empresas. Por “calentar la silla” más horas no somos más productivos.

                                  Enrique Ortega

La jornada laboral máxima legal no se revisa en España desde hace más de 40 años. El Estatuto de los Trabajadores fijó la jornada máxima en 42 horas semanales (43 para la jornada partida) en el Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980 (Gobierno UCD). En julio de 1983, el  Real Decreto 2001/1983, del Gobierno de Felipe González,  fijaba la jornada laboral máxima en 40 horas, una norma que rige hoy. En estos 41 años, la economía y las relaciones laborales han tenido cambios drásticos, con un progresivo recorte de la jornada real de trabajo. Y por ello, el Gobierno Sánchez se ha fijado como objetivo recortar la jornada laboral legal, de las 40 horas actuales a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025.

La jornada laboral se ha reducido en todo el mundo y en España en las últimas décadas, con la ayuda de la tecnología y la digitalización. La media de horas de trabajo en los convenios (hasta junio 2024) era de 38,2 horas semanales. Una jornada que varía mucho por sectores, según los datos de Trabajo: los mayores horarios se dan en la hostelería (39,4 horas), el empleo doméstico (39,3), el comercio (39,1) y el campo (39 horas), estando también por encima de la media las inmobiliarias (38,8 horas), actividades administrativas (38,), actividades científicas y técnicas (38,5), industrias extractivas, manufactureras y transporte (38,4 horas semanales). Y los sectores donde se trabaja menos horas son educación (32,6), Administración pública y finanzas (37,1 horas), agua (37,4) y energía (37,9), sanidad (37,9), construcción y actividades artísticas (38 euros de media).

Por autonomías, también hay grandes diferencias en la jornada laboral, según el peso de cada sector económico. Las jornadas más largas se dan en Canarias (39,3 horas semanales), Murcia (39,1), Andalucía y Comunidad Valenciana (38,9), Castilla la Mancha y Galicia (38,8 horas). Y los horarios laborales más cortos están en País Vasco (37,1 horas), Navarra y Cataluña (37,4 horas). Por provincias, donde se hacen las jornadas más largas es en Almería (39,57 horas), Tenerife y las Palmas (39,2) Orense (39,2) y Málaga (39,17 horas semanales). Y donde trabajan menos horas es en Vizcaya (36,93 horas), Guipúzcoa (37,18), Navarra (37,43), Álava (37,56) y Madrid (38,22). En general, se trabaja menos horas donde hay más industria y menos servicios, en zonas con más nivel de vida y en  empresas con menos precariedad y más presencia sindical.

Esta es la jornada pactada en convenio, pero en realidad los españoles trabajan menos horas, porque hay muchos (un tercio) que trabajan a tiempo parcial y otros que no cumplen la jornada pactada, por bajas o problemas varios. La jornada efectiva media en España fue de 36,4 horas semanales en 2023 (para trabajadores entre 20 y 64 años), según Eurostat, ligeramente por encima de la jornada media efectiva en la UE-27, que fue de 36,1 horas semanales. Los paises más ricos del norte de Europa (y donde pesa más el trabajo a tiempo parcial) trabajan menos horas que en España: Paises Bajos (32,2 horas semanales), Austria (33,6), Alemania (34), Finlandia (34,8), Bélgica (34,9), Irlanda (35,5), Suecia (35,7) y Francia (36 horas semanales efectivas). Y los paises del Sur y Este, más pobres, tienen horarios laborales más largos: Grecia (39,8), Rumanía (39,5), Polonia (39,3), Bulgaria (39), Portugal (37,7) e Italia (36,1 horas semanales).

En España, no sólo trabajamos más horas que en la Europa más rica sino que tenemos unos “horarios laborales de locos”: las estadísticas revelan que empezamos a trabajar más tarde que en la mayoría de paises europeos (a las 8 de la mañana sólo inician su jornada el 18,5% de los trabajadores frente al más del 20% en muchos paises, comenzando la mayoría a partir de las 9 de la mañana) y, tras 2 horas para comer (y más), acabamos de trabajar más tarde (muchos después de las 6 de la tarde, cuando apenas se trabaja en el resto de Europa), según Eurostat. Y con ello, la mayoría de trabajadores tiene problemas para conciliar la vida laboral y familiar, además de aumentar las bajas por múltiples motivos y el absentismo.

Respecto a los horarios laborales, en España hay una cierta costumbre de “calentar la silla”, de vincular horarios largos con “cumplir en el trabajo”. Y aunque ha aumentado el teletrabajo y las jornadas presenciales de cuatro días, todavía son mayoría los empresarios que prefieren tener a sus trabajadores en la empresa que fuera, que valoran los largos horarios de trabajo. Sin embargo, la mayoría de trabajadores están a favor del recorte de jornada, según la última Encuesta de 40dB para El País: 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de jornada a 37,5 horas, sobre todo los más jóvenes, aunque la mayoría dan más importancia a subir los salarios y mejorar los trabajos que a reducir la jornada laboral.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral porque cree que no afectará a la productividad de las empresas y ayudará  a mejorar la vida de los trabajadores, a los que se mantendrá el sueldo aunque trabajen menos horas, porque se espera que el cambio redunde en una mayor eficacia laboral (“hacer lo mismo o más en menos tiempo”). Y defienden recortar la jornada por Ley porque hay muchos trabajadores sin convenio, que no tienen regulada su jornada y depende del empresario. En 2023 había 3.512 convenios vigentes en España, que afectaban a 10,9 millones de trabajadores: quedaban fuera más de 7 millones de asalariados (hay 18 millones). Y 10 millones de ocupados (hay 21,24 millones).

Por eso, el Gobierno reitera que la rebaja del horario favorecerá a 12 millones de trabajadores en España, que ahora trabajan más de las 37,5 horas que plantean para 2025. La mayoría son trabajadores sin convenio o sin un horario pactado, empleados en pequeñas empresas o eventuales. Los sindicatos añaden que el recorte legal del horario beneficiará más a los hombres que a las mujeres, a los trabajadores del campo, la construcción y algunas industrias, sobre todo en La Rioja y Castilla la Mancha. Y quieren que la rebaja se apruebe cuanto antes, sin retrasos ni flexibilización de plazos, porque se desaprovecharía el año 2024 y no tendríamos la jornada de 37,5 horas hasta 2026. Por eso, amenazan con que si no hay acuerdo ahora, convocarán movilizaciones en septiembre.

La patronal CEOE cree que “no es el momento de recortar la jornada” (nunca lo es…) y que debe dejarse la fijación de los horarios de trabajo a los convenios colectivos, porque “las empresas que pueden rebajar jornada ya lo están haciendo”, como demuestran los datos: en 2003 se trabajaba 1.752 horas al año en España, bajando a 1.692 en 2013 y a 1.632 horas anuales en 2023. Y añaden que el 44% de los convenios tienen ya una jornada de 38,5 horas o menos. Así que proponen no tocar la Ley y que cada empresa recorte horarios con sus trabajadores. El problema, señalan los sindicatos, son los millones de trabajadores que no tienen capacidad de negociar. Y aquí pasa como con las medidas para conseguir la igualdad de género: o se imponen por Ley o no se logran.

La patronal se queja además de que la rebaja de horarios manteniendo sueldos les aumenta los costes un 6% y perjudica su competitividad. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha echado en cara al Gobierno y a los sindicatos que el recorte de jornada por Ley supone “un regalo de 12 días más de vacaciones pagadas a los trabajadores”. El líder de UGT le ha respondido que “mayor es el regalo que les hacen los trabajadores a las empresas” con las horas extras hechas y no pagadas: son casi la mitad de todas las horas extras, “un regalo” de 2.300 millones anuales a las empresas.

De hecho, la patronal ha querido aprovechar la negociación sobre el recorte de horarios para aumentar el tope de horas extras que se pueden hacer, ahora establecido en 80 horas al año (que en muchas empresas no se cumple). Pero el Gobierno (y los sindicatos) se han negado a abrir esta “espita”, con más horas extras, porque ya son excesivas. En el 4º trimestre de 2023 se hicieron 6,3 millones de horas extras a la semana, el 39% de ellas “gratis” (sin pagarlas). Una forma con la que muchas empresas evitan aumentar plantillas (y crear más empleo), con la connivencia de los trabajadores que hacen estas horas para completar unos salarios bajos (y en ocasiones sin cobrar, para mantener el empleo). Si no se hicieran estas horas, se podrían contratar a 166.000 trabajadores más.

Junto a la rebaja de la jornada, el Gobierno Sánchez quiere aprobar también un control más eficaz de la jornada laboral, porque el actual es deficiente. En marzo de 2019, el Gobierno aprobó un Real Decreto para que las empresas realizaran un control de horarios de sus trabajadores. Pasados 5 años, Trabajo ha comprobado que hay muchas empresas que no lo aplican y otras muchas cometen fraude en sus controles, lo que ha provocado 4.804 expedientes y multas por 7,3 millones. Ahora, se quiere aprobar un control digital de la jornada, accesible a la inspección de trabajo y a los sindicatos, para que sea efectivo.

En la reunión del lunes 29 de julio, el acuerdo dependerá de la postura de la patronal, que está en contra del recorte de horario, aunque podría aceptarlo si se flexibiliza en el tiempo, si las 38,5 horas iniciales se pueden cumplir “a lo largo de 2025”, un retraso que no aceptan los sindicatos. Si no hay acuerdo, el Gobierno podría aplicar la reforma unilateralmente o sólo con el apoyo de UGT y CCOO, como pasó con las subidas del salario mínimo. Pero luego tiene que aprobar el recorte horario en el Parlamento y no lo tiene fácil, por posibles problemas con Junts (y quizás PNV) o con Podemos, según haga la reforma finalmente.

Mientras se ultima la negociación de la jornada, la patronal y algunos expertos reiteran que recortar la jornada empeorará aún más la productividad en España, más baja que en la mayoría de Europa. Los datos son concluyentes: la productividad por empleado en España es inferior a la media europea (96 frente a 100 en las UE-27 y 123 en Alemania) y un 19,3% inferior a la productividad media en la zona euro, según el último informe de BBVA Research. Y esta “brecha” de productividad con Europa es mayor hoy que en las dos últimas décadas, aunque mejoró en 2022 y 2023. Por eso, la patronal reitera que si se trabajan menos horas, la productividad caerá más y seremos menos competitivos.

La realidad es que si España tiene menos productividad que la mayoría de Europa no es porque trabajemos pocas horas (trabajamos más que los paises más productivos), sino por otras razones (ver Blog). La primera y fundamental, porque tenemos un modelo económico donde las actividades menos productivas (hostelería, comercio, transporte o construcción) tienen más peso que en otros paises europeos, donde pesan más la industria, la tecnología y la información (TIC), sectores con más productividad. Pero aunque tuviéramos la misma estructura económica que la UE-27, España tendría un 10% menos de productividad, según este estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que señala otros factores.

Un factor clave es el menor tamaño de las empresas españolas (tenemos un exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir, innovar y ser más productivas. Otra causa importante es la menor formación de los trabajadores españoles: el 48% de los adultos carecen de título universitario o FP y tienen un gran peso los trabajos que exigen poca cualificación (sector servicios), que son los menos productivos. La tercera causa clave es la falta de tecnología e innovación en las empresas (el gasto en I+D+i es el 1,44% del PIB frente al 2,2% de media en la UE.27), con lo que fabricamos productos menos complejos y de menor valor añadido. Un cuarto factor que explica nuestra menor productividad es la baja inversión en España (pública y privada) desde 2008. También tenemos demasiada “economía sumergida” y pesan negativamente la enorme dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa), la excesiva burocracia del Estado y las autonomías, las barreras a la competencia y las dificultades regulatorias y fiscales a las pymes. 

Y hay otro factor del que apenas se habla (nunca la patronal) y que explica mucho nuestra baja productividad: la deficiente organización de nuestras empresas, donde no se valora suficiente el trabajo en equipo, la captación y promoción del talento o la gestión por objetivos, mientras se mantienen los viejos principios del “ordeno y mando”. El propio Banco de España ha destacado la baja formación de muchos gestores empresariales, mientras un estudio de la consultora Gallup relaciona la capacidad de gestión con la motivación de los trabajadores. El dato es llamativo: España es el tercer país UE con menos trabajadores “comprometidos con su trabajo”, sólo un 9%, frente al 13% en Europa y el 33% en EEUU y Asia. Con el 91% de trabajadores “desmotivados”, resulta difícil mejorar la productividad…

En resumen, que para ser un país más productivo y rico, la solución no es estar más horas en el trabajo sino ser más eficaces en las empresas, desde la organización del trabajo y la motivación de los empleados a invertir más en formación, tecnología, innovación y digitalización, para producir con más valor por empleado. Así que no hagan demagogia con que el recorte de horarios reducirá la productividad. La empeora no tomar medidas para hacer las empresas más competitivas y sólo pensar en ganar dinero a corto plazo, compitiendo con empleos precarios y salarios bajos, como la China de Europa. Así no.

Menos horas de trabajo (y bajarán más)

Los españoles trabajamos la mitad que hace siglo y medio, 10 horas menos al mes que hace una década y 1 hora menos a la semana que antes de la pandemia. Se trabajan 35,5 horas a la semana y bajan año tras año por los avances tecnológicos, el auge de los servicios, el envejecimiento de las plantillas y el mayor trabajo de las mujeres, que dominan el empleo a tiempo parcial. Pero muchas empresas hacen la “trampa” de aumentar las horas extras, la mitad sin pagarlas, para ajustar plantillas. Ahora, la jornada laboral se reducirá otras 3 horas semanales en la próxima década, según el Banco de España. El problema de fondo es que los robots, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ponen en peligro un tercio del empleo actual, lo que reducirá el trabajo. Y habrá que repartirlo: trabajar menos horas. De ahí las experiencias de la semana laboral de 4 días, un éxito en Reino Unido, que se empieza a probar en España.

Enrique Ortega

Los trabajadores llevan siglo y medio peleando por trabajar menos horas. Todavía se conmemoran, el 1 de mayo, las protestas sangrientas en Estados Unidos, en 1886, por la jornada de 8 horas, en un siglo donde los obreros trabajaban entre 12 y 14 horas diarias. Y curiosamente, España fue el 2º país del mundo en aprobar la jornada laboral de 8 horas (48 horas a la semana, con un día de descanso semanal), en abril de 1919, tras la Unión Soviética (la aprobaron en 1917), a raíz de una huelga general en Cataluña, en apoyo de La Canadiense, que duró 44 días. Tras el paréntesis del franquismo y la primera Transición, hubo que esperar a diciembre de 1982, cuando el primer Gobierno de Felipe González aprobó la jornada semanal de 40 horas, que entró en vigor en junio de 1983, hasta hoy.

Junto a la pelea sindical, la tecnología ha sido el otro elemento clave para la reducción de la jornada laboral, al permitir producir más en menos horas. Eso explica que la jornada laboral se haya reducido a la mitad en el último siglo y medio: se trabajaban en España  3.000 horas anuales en 1.870 (3.300 en la Europa industrializada y 3.100 en EEUU), se bajó a 2.500 horas en 1920 (2.550 en Europa y 2.800 en USA), a 2.050 horas en 1950 (2.100 en Europa y 2000 en EEUU), a 1.800 horas anuales en 1990 (1.550 en Europa y 1.800 en USA) y 1.641 horas en 2021 (1.566 horas anuales en la UE-27 y 1.791 horas en EEUU), según las series históricas y los últimos datos de la OCDE.

Actualmente, España (1.641 horas anuales) está a medio camino entre los paises que trabajan más horas (1.872 horas anuales Grecia, 1.838 Rumanía, 1.791 EEUU, 1.669 Italia, 1.649 Portugal o 1.607 Japón) y los paises que trabajan menos horas, la Europa rica del centro-norte (1.349 Alemania, Dinamarca 1.363, Noruega 1.424 o Francia 1.490 horas anuales). Y nuestra jornada laboral está por encima de la media europea (1.566 horas anuales en la UE-27), aunque trabajamos menos que la media de la OCDE (1.716 horas semanales en los 44 paises más desarrollados, con México en cabeza: 2.127 horas de trabajo).

En la última década (2011-2021), la jornada de trabajo ha bajado en todo el mundo, una media de 95 horas anuales, según la OCDE (de 1.811 horas a 1.716) y algo más en Europa (-101 horas, de 1.667 a 1.566) y en España: la jornada anual ha bajado en 121 horas (de 1.762 a 1.641 horas), unas 10 horas menos de trabajo al mes. Y esa tendencia, la reducción de la jornada laboral, se ha acentuado con la crisis financiera de 2008 y después, con la pandemia y la inflación. Así, la media efectiva de horas semanales trabajadas ha pasado de 38,1 horas (2008) a 37,1 horas /2013), a 36,6 horas en 2019 y a 35,5 horas semanales a finales de 2022, según la última EPA (INE). O sea, que trabajamos 2,6 horas menos a la semana que hace 15 años y 1,1 horas menos que antes de la pandemia.

Esta es la jornada media de los que trabajan, pero hay grandes diferencias por sexo, edad, sector y puesto de trabajo. La jornada de los hombres (37,7 horas de media) es mayor que la de las mujeres (33 horas), que trabajan más por días y por horas. Y en general, trabajan más horas los jóvenes que los más mayores. Además, trabajan más horas los empresarios (43,9 horas a la semana) y los autónomos (41,9 horas) que los asalariados (34,5 horas semanales de media), trabajando más los empleados privados (34,6 horas) que los públicos (33,9 horas), según la EPA. Y a más categoría, más horario (40,1 horas los directores generales, 37,7 los trabajadores cualificados y 31,2 horas las ocupaciones”elementales”). Por sectores, el mayor horario lo tiene la agricultura (40,2 horas semanales), seguida del transporte (38,4 horas), la minería (38 horas), la construcción (37,6 horas) y la hostelería (37 horas semanales). Y tienen el horario más bajo la educación (30,4 horas semanales), la sanidad y servicios sociales (34,1) y las administraciones públicas (34,8 horas).

La jornada lleva décadas bajando por la tecnología y la innovación (que permiten producir más en menos tiempo) y por otras razones, destacando  el aumento del trabajo a tiempo parcial (por horas o días), que explica el 40% de la reducción de jornada, según el Banco de España. En 1987, sólo un 5,2% de los ocupados trabajaba a tiempo parcial, pero en 2008 ya lo hacían el 12,48% de los trabajadores (2.479.000 ocupados) y ahora son ya el 13,59% de los trabajadores (2.781.700 ocupados a tiempo parcial en 2022). Este cambio se debe al aumento del trabajo de las mujeres: son ya 2.045.600 las que trabajan a tiempo parcial (el 73,5% del total), la mayoría porque no encuentran trabajo a jornada completa o para poder cuidar a hijos y padres. Otras razones que explican la reducción de jornada son el mayor trabajo en los servicios (con menores horarios que la industria o la construcción), el alto porcentaje de contratos temporales (hacen menos horas) y el envejecimiento de las plantillas: los mayores de 55 años trabajan semanalmente 1 hora menos que los jóvenes.

Con todo, hay que resaltar que en muchas empresas, esta reducción de la jornada laboral es “un espejismo”, porque hacen “trampa”: reducen la jornada laboral, pero aumentan las horas extras. Y así afrontan el mayor trabajo, sin aumentar plantilla ni jornada. Es lo que revelan las cifras oficiales del INE: se ha pasado de 5.346.600 horas extras semanales en 2011 a 6.005.600 en 2019 y a 6.783.900 horas extras semanales hechas en 2022, según la EPA. Sólo el año pasado se han hecho en España 506.000 horas extras más que en 2021. Ojo: en el 4º trimestre de 2022, las empresas perdieron empleo (-81.900 ocupados), pero aumentaron en 580.000 las horas extras.

Y para más INRI, casi la mitad de las horas extras no se pagan, se fuerza a los trabajadores a que las hagan “gratis”: en 2022, de las 6.783.900 horas extras hechas semanalmente, 2.897.200 no se pagaron (el 42,7% del total), según el INE. Son 376.500 horas extras gratis más de las que se hacían antes de la pandemia (2.520.700). Y curiosamente, quien hace más horas extras gratis son las mujeres (1,53 millones), donde han crecido un 49,6% desde 2019, sobre todo en la educación, la sanidad y la investigación, lo que indica que muchas empresas y organismos han hecho frente a la mayor actividad tras la pandemia forzando a las mujeres, mayoritarias en estos sectores, a hacer horas extras, la mitad gratis.

Los sindicatos denuncian constantemente esta práctica, el aumento creciente de las horas extras, porque es un sistema que utilizan las empresas para no contratar nuevos trabajadores y mantener su actividad. Un ejemplo: las 778.300 horas extras más hechas en 2022 que antes de la pandemia hubieran dado trabajo a 22.000 personas. Para evitar este “fraude contra el empleo”, los sindicatos exigen que se cumpla el registro horario en las empresas y más medios en la inspección de Trabajo, para detectar las horas extras no declaradas. Un ejemplo reciente han sido las visitas de inspectores a empresas de consultoría, fuera del horario habitual, y las huidas de empleados de las oficinas para que no les pillaran trabajando…

Incluso con la trampa de rebajar jornada aumentando horas extras, el hecho cierto es que la mayoría trabajan menos horas cada año. Y la previsión es que siga siendo así: la jornada semanal se reducirá en otras 3 horas para 2033, según un reciente estudio del Banco de España, debido a que van a seguir pesando los factores que explicaban la reducción de jornada: mejora de la tecnología y la innovación, aumento del trabajo a tiempo parcial, mayor empleo en los servicios y envejecimiento de las plantillas.

Con todo, la clave de la jornada laboral en el futuro será la tecnología y sus efectos sobre el empleo a medio plazo. De momento, es un hecho es el avance de la robotización de la economía, con 50 millones de robots instalados en el mundo en 2020, cuatro veces más que en 2018. Y de ellos, 3,5 millones de robots industriales, instalados sobre todo en la industria del automóvil y la electrónica, lo que ha recortado empleos y horarios. De momento, esta automatización industrial afecta a los empleos de mediana cualificación, más fáciles de sustituir por máquinas que los más cualificados, mientras en los de baja cualificación (y salarios bajos) invertir en tecnología compensa menos. A medio plazo, el efecto de la automatización es preocupante: el 46% de los empleos están en riesgo de ser sustituidos en la OCDE, según el estudio “Survey of Adult Skills” 2018 de Nedelkoska y Quintin. Y España es el 6º país con más riesgo de perder empleos con la automatización: un 30% de los trabajos están en riesgo significativo (más del 70% de probabilidades de perderse) y otro 22% están en riesgo alto (50-70% de probabilidades), en total, un 52% de empleos en riesgo.

Otro estudio, de la consultora McKinsey advierte que la automatización de la economía afectará a un 30% de los empleos mundiales: un 15% se perderá, otro 3/5% cambiará y otro 10% obligará a cambiar de profesión. Es una alerta a los paises para que hagan un tremendo esfuerzo de reconversión laboral, con importantes inversiones educativas en nuevas competencias y titulaciones. Y eso sin que todavía sepamos el alcance de la 4ª Revolución Industrial, el efecto que van a tener sobre el empleo la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, los vehículos autónomos, los nuevos materiales, la impresión 3D, las nuevas energías, la biotecnología… Está claro que, al menos inicialmente, obligará a perder muchos empleos y a reconvertir el trabajo futuro, aunque también será una fuente de nuevos empleos para los que se adapten y formen.

Todo apunta a que habrá menos trabajo a medio plazo, porque una parte de lo que hacen ahora los trabajadores lo harán las máquinas y los ordenadores. Eso obligará a repartir el menor trabajo disponible, con lo que se reducirá aún más la jornada laboral, por efecto de la tecnología. De ahí que aumenten los defensores de la jornada semanal de 4 días, que supondría pasar de la actual jornada de 40 horas a 32 horas semanales. En Reino Unido se ha hecho un proyecto piloto, donde han participado 61 empresas (durante 6 meses), apoyado por las Universidades de Oxford, Cambridge y Boston, siguiendo el “modelo 100-80-100”: mantener el 100% del salario, reducir un 80% la jornada y mantener el 100% la productividad. El resultado ha sido muy alentador: 56 de las 61 empresas han decidido prorrogar esta jornada. Y 18 de ellas, han optado ya por implantar la jornada semanal de 4 días.

En España, la iniciativa de la jornada semanal de 4 días partió de Iñigo Errejón, de Más País, que pactó con el Gobierno en 2021 incluir una partida en los Presupuestos 2022 para implantar un proyecto piloto. Al final, el proyecto se retrasó hasta diciembre de 2022, cuando el BOE publicó una Orden de Industria para destinar 10 millones de euros (menos de los 50 millones previstos inicialmente) para subvencionar con hasta 150.000 euros a las empresas “del sector privado industrial” que se comprometan a reducir su jornada laboral “un mínimo del 10%” durante 2 años, manteniendo los sueldos. Se espera que las ayudas se convoquen este mes de marzo, tras lo cual se recibirán las solicitudes y se evaluarán por la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI), una institución pública dependiente de Industria. La idea es buena, pero tiene dos “pegas”: su escasa dotación (da para financiar 66 proyectos) y que está restringida al sector industrial (en Reino Unido, el proyecto piloto a acogido desde negocios de “fish&chips y despachos de abogados  a una start up de robótica…).

Los sindicatos defienden esta jornada semanal de 4 días, pero piden que sea resultado de una negociación entre las empresas y sus trabajadores, manteniendo los salarios, no una imposición (para recortar costes). Y ponen como mal ejemplo el caso de Desigual, que aprobó en 2021 la jornada laboral de 4 días para empleados de oficina, reduciéndoles un 6,5% los salarios, advirtiendo que “serían despedidos” los que no aceptaran el cambio. De momento, a la espera de implantarse el programa piloto de Industria, hay muchas pequeñas empresas y negocios que están “probando” esta nueva semana laboral de  4 días. Y muchos la ven “positiva”, porque mantiene la productividad (incluso mejorándola) y permite reducir las fugas de empleados y los días perdidos (bajas), recortando también costes. Y se facilita además  la conciliación laboral y la pérdida de horas camino al trabajo, así como su coste energético. Recordemos que el 21% de los trabajadores tardan más de una hora en ir a trabajar, según el INE. Y en Madrid, el 36,68% de los que trabajan emplean más de una hora…

Mientras el teletrabajo ha dado marcha atrás (sólo el 14% de los ocupados teletrabajó en 2022, frente al 17,6% en 2021 y el 37% en 2020), la semana laboral de 4 días se presenta como una posible alternativa para sectores y negocios donde la tecnología permitirá reducir las horas de trabajo (mejor que reducir los empleos). Pero no será suficiente. Habrá empresas y trabajos que van a desaparecer, por imperativo de la revolución tecnológica. Y en estos casos, sólo queda reconvertirse a fondo, preparándose para empleos que hoy ni siquiera existen. Es uno de los grandes retos de todos los paises en este siglo. Y habrá muchos que, por su edad o situación, no puedan reciclarse ni tengan la opción de trabajar menos horas. Simplemente, se quedarán fuera de los empleos futuros. Eso exigirá avanzar en la renta básica, para asegurar la subsistencia a los perdedores de esta nueva revolución tecnológica. Hoy suena extraño, pero será algo necesario en pocos años, como la semana laboral de 4 días. El trabajo va a sufrir una revolución inimaginable.

 

Tras el control horario, más horas extras (+gratis)

Desde el 12 de mayo, las empresas tienen obligación de llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada por el Gobierno Sánchez (con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo) para frenar las horas extras. A pesar del fichaje obligatorio, en el 2º trimestre se han hecho más horas extras que en el 1º, según la EPA. Y también más horas extras gratis. Los sindicatos denuncian retrasos y fraude en la aplicación del control horario en muchas empresas. Y piden más inspectores, multas más altas y una reforma laboral que prohíba a los empresarios imponer horarios excesivos. El problema es grave porque estas horas extras impiden crear 180.000 nuevos empleos al año y, como muchas no cotizan, dejan a la Seguridad Social un “agujero” de 650 millones anuales. Más 1.800 millones que dejan de ganar los trabajadores que hacen horas gratis. Al final, trabajamos más horas que en Europa, para ganar menos y ser un país menos productivo.

enrique ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (antes era el pluriempleo) y las empresas se ahorren costes y, sobre todo, cotizaciones sociales, con lo que ambas partes “colaboran”. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en los convenios (marzo 2019) es de 148,6 horas al mes  (37,15 horas semanales), según el INE, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 8,81 millones (el 44,5% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,44 millones (el 7,3%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera mayoritariamente las 40 horas porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2008 y 2014, las empresas imponen jornadas más largas a los trabajadores que quedan (gracias a la reforma laboral de 2012) y también porque se están haciendo más horas extras, tras haberse reducido con la crisis. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la recesión y las empresas recortaron las horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas extras semanales, alcanzándose un récord a finales de 2018, con 6.435.000 horas extras semanales, el récord desde 2009.

Lo llamativo no es sólo el récord de horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan: a finales de 2018, no se pagaron el 46% del total de horas extras, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje mayor de horas gratis que antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40%. Estas horas extras trabajadas gratis suponen un importante ahorro de costes para las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20 euros (según el INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la semana, 2.700 millones al año (descontando las semanas de vacaciones). Y los trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial horario, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones de euros al año. Pero es eso o la amenaza de despido.

Pero el abuso de las horas extras gratis tiene otros costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan por esas casi 3 millones de horas semanales gratis: UGT estima que se pierden 650 millones de euros anuales en cotizaciones. Una cifra clave para un sistema de pensiones que tiene un déficit de -19.000 millones de euros anuales. Además, los trabajadores que hacen horas extras gratis no sólo pierden ingresos sino también pierden derechos al cotizar por menos horas de las que realmente hacen: cobrarán menos al coger una baja laboral, en la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y, sobre todo, al cobrar la pensión cuando se jubile.

Pero lo más grave de las horas extras (pagadas o gratis) es que “quitan trabajo” a parados que podían hacer esas tareas, ya que muchas empresas suplen el contratar a nuevos trabajadores alargando las jornadas de sus empleados con horas extras, pagadas o no. De hecho, si no se hicieran esas 6,43 millones de horas extras a la semana, las empresas necesitarían contratar a 173.216 nuevos trabajadores (contando las 37,15 horas de jornada media pactada). UGT estima que se podrían crear 180.000 nuevos empleos anuales a tiempo completo si no se realizaran horas extras. Una cifra muy importante para un país como España que tiene más del doble de paro que Europa (13,9% frente al 6,3% en la UE-28, según Eurostat).

Por todo esto, la batalla contra las horas extras lleva años siendo una obsesión de los sindicatos, sobre todo los de banca, porque las instituciones financieras las han utilizado mucho tras la crisis. En 2015 y 2016, la Audiencia Nacional dictó 3 sentencias que obligaban a la banca a llevar un registro de jornada para comprobar horarios y horas extras. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) las recurrió y finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 de marzo y 30 de abril de 2017) que anulaban la obligación del registro diario  de jornada, señalando que las empresas solo debían llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Pero la “batalla legal” no acabó aquí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo recurso sindical en Deutsche Bank, dictó un auto, el 19 de enero de 2018, donde trasladaba la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Y el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE daba la razón a los sindicatos y proponía al Tribunal de la UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputode jornada laboral”, sentencia que se espera en los próximos meses.

Con este apoyo legal europeo, el Gobierno Sánchez (en funciones)  aprobó el 8 de marzo de 2019 un nuevo real decreto-ley sobre control de horarios, pactado con los sindicatos y al que se opuso la patronal CEOE. Un decreto convalidado el 3 de abril por la Diputación permanente del Congreso, con el apoyo de PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. La nueva normativa obligaba a las empresas a establecer un registro diario de jornada desde el 12 de mayo donde se especifique la hora de entrada y de salida y que deben guardar 4 años. Este registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de trabajo, que lo lleva pidiendo muchos años. Y establece sanciones a las empresas que incumplan, de 626 a un máximo de 6.250 euros de multa.

La patronal y muchas empresas han criticado este registro de jornada, que se ha ido aplicando con muchos retrasos y dudas, a pesar de que el Ministerio de Trabajo publicara en su web esta Guía para aplicarlo. Y los sindicatos han denunciado retrasos y fraudes, sobre todo en pequeñas empresas que no lo aplican o llevan un control manual a posteriori. Quizás por todo esto, el control horario ha sido poco efectivo hasta ahora, al menos no ha servido para reducir las horas extras, que han aumentado en el 2º trimestre, según la EPA: han pasado de 5.679.400 horas extras semanales en el primer trimestre a 6.020.700 en el segundo. Y dentro de ellas, han aumentado también las horas extras gratis y su peso: de 2.636.700 (el 41,6% del total) a  2.912.600 (el 48,37% de las horas extras). Eso sí, lo positivo es que en la primera mitad de 2019 se han hecho menos horas extras totales (5.549.300 semanales) que en el primer semestre de 2018 (5.824.000).

Viendo los datos de la EPA, los sectores que han aumentado sus horas extras (pagadas y gratis) en el segundo trimestre, a pesar del control horario, son la hostelería (+99.100 horas extras semanales), el ocio y entretenimiento (+71.600), la educación (+52.100) la industria (+49.500 horas extras), la construcción (+45.000), información y comunicación (+38.200), la administración pública (+37.500),  y el transporte (+14.900), bajándolas el comercio (-88.200 horas extras semanales), actividades profesionales (-75.200), banca y seguros (-14.200) y sanidad (-5.500 horas). Con todo, los sectores donde se hacen más horas extras son la industria (424.200 horas semanales), la hostelería (377.500), la educación (294.800), el comercio (239.200), las actividades profesionales (212.900), la información y comunicaciones (192.500), y las finanzas y seguros (166.700 horas semanales). Dos tercios de las horas extras (66%) las hacen los hombres y el resto las mujeres, que han bajado sus horas extras.

En realidad, los que hacen horas extras son una minoría de trabajadores: 764.100 empleados en el 2º trimestre de 2019, según la EPA, un 4,57% de los asalariados (en el primer trimestre eran 735.500, el 4,49%). La mayoría de los que hacen horas extras tienen entre 30 y 49 años y trabajan en la hostelería, servicios profesionales y la industria. De ellos, la mayoría son los que hacen de 4 a 6 horas extras a la semana (216.100 asalariados), los que hacen de 10 a 12 horas semanales (145.700), de 1 a 3 horas (137.600) , de 7 a 9 horas (83.000) y 16 horas o más (83.000), mientras hay 73.000 asalariados que “no saben” cuantas horas extras hacen. De este grupo que hace horas extras, sólo la mitad, 329.700 asalariados hacen horas extras gratis, mientras otros 35.200 las hacen a la vez cobrando y gratis, según la EPA. Y entre los que hacen más horas gratis, vuelven a estar los profesionales y los que trabajan en hostelería, comercio y servicios.

Los sindicatos denuncian, además, que hay un enorme fraude en los horarios laborales, no sólo porque se hagan más horas de las pactadas sino porque hay sectores (hostelería, comercio, servicios) donde dominan los contratos a tiempo parcial y los trabajadores tienen un contrato por horas o media jornada y acaban haciendo la jornada completa, sin cobrar la mayoría de obras extras que hacen. De hecho, hay ya 2.951.500 ocupados con contrato a tiempo parcial (un 15%, casi 1 de cada 6 trabajadores), según la EPA. Las tres cuartas partes  son mujeres (2.186.200 trabajan a tiempo parcial, por horas o días), sobre todo en el comercio, hostelería, servicio doméstico y servicios.

A la vista de que el control horario no ha frenado las horas extras ni el fraude, los sindicatos piden medidas más efectivas, básicamente reforzar la inspección de Trabajo (tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por 7.300 trabajadores en la UE-28), aumentar las multas por no cumplir el registro horario (son muy bajas, de 626 a 6.250 euros, y a las empresas les compensa arriesgarse), introducir un mayor control horario en los convenios colectivos y, sobre todo, que el Gobierno apruebe una  reforma laboral que limite el enorme poder de fijación de horarios que les dio Rajoy a los empresarios en 2012. Más jornadas pactadas y menos abusos.

Reducir las horas extras es clave para crear más empleo. Y, en contraposición, tener una jornada laboral mayor que en Europa no nos ayuda a ser más competitivos. De hecho, la jornada laboral media en España era de 37,7 horas semanales en 2018, frente a 37,1 horas en la UE-28 y 36,5 horas semanales en la zona euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y sin embargo, España está a la cola en productividad (ocupamos el lugar nº 26 en el ranking mundial del Foro Económico Mundial), somos el país nº 14 en Europa por renta per cápita y tenemos más del doble de paro. Porque ser más productivos y más ricos no depende de trabajar más horas sino de ser más eficientes, algo que depende del modelo económico (poca industria y demasiados servicios), del tamaño de las empresas (demasiadas pymes), del desarrollo tecnológico, de las infraestructuras, de las formación de los trabajadores y de la organización del trabajo (poco participativa en España). No vale con hacer horas y “calentar” el asiento.

Ahora, otra prioridad del futuro Gobierno debería ser hacer cumplir la normativa de los controles horarios y favorecer la reducción de las horas extras, aflorando el fraude y penalizándolas con cotizaciones para que sean sustituidas por nuevos empleos. Y promover un cambio legislativo y un acuerdo social, sobre el control horario, para convencer a las empresas que no pueden seguir obligando a hacer horas extras gratis y que no por muchas horas van a competir mejor. No olviden el dato: tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28. Una parte es porque el modelo económico no da de sí más empleo. Pero otra parte es porque está mal repartido, porque algunos hacen horas de más. Hay que trabajar menos horas, con más eficiencia, para que trabaje más gente, como en Europa.