Los seguros médicos siguen creciendo

Los problemas en la sanidad pública siguen alimentando la contratación de seguros médicos privados: lo tienen 12 millones de personas, una cuarta parte de los españoles y millón y medio más que antes de la pandemia. Encima, sus cuotas subieron un +21,6% estos cuatro años y hay quejas: de los pacientes porque hay retrasos en la atención y de los médicos porque las aseguradoras les pagan 10 euros por consulta. Estos seguros médicos facturan más de 10.000 millones y son “la gasolina” de la sanidad privada: les aportan el 55% de sus ingresos y otro 35% los convenios para que atiendan a pacientes derivados de la pública. Resultado: la sanidad privada crece y supone casi el 30% del gasto sanitario (más que en Europa), mientras cae el peso de la sanidad pública, que depende de las autonomías (financian el 93%), que sólo suben un 7,7% su gasto sanitario en 2023. Es un escándalo que la privada crezca a costa de hundir la sanidad pública.

Enrique Ortega

La crisis de la sanidad pública y las abultadas listas de espera son la mejor publicidad para la contratación de seguros médicos privados: crecen desde hace más de una década, pero sobre todo tras la pandemia y especialmente en 2022. El seguro médico es el seguro que más creció el año pasado, un +7% (frente al +4,93% en 2021), por encima del conjunto de los seguros (crecieron un +4,65% en 2022), según UNESPA. Y factura ya más de 10.000 millones anuales (10.543 millones en 2022), lo que supone un salto espectacular en esta parte del negocio asegurador, dado que facturaban 7.739 millones en 2016 y 8.572 millones en 2019, lo que supone un crecimiento en las primas del +36% en 6 años. Y si nos vamos más atrás, a 1996, los seguros médicos sólo facturaban 2.000 millones anuales, lo que significa que este seguro se ha multiplicado por 5 en los últimos 26 años, cuando todo el negocio del seguro sólo ha triplicado su facturación estos años.  

Este “boom” de los seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que a finales de 2022 habrá superado los 12 millones de españoles. Al terminar 2021 se contabilizaban 11.555.000 asegurados, según el último dato de ICEA, pero todo hace preveer que en 2022 lo habrán contratado otro medio millón más, como en 2020 y 2021. Con ello, hay un millón y medio de españoles más con seguro médico privado que antes de la pandemia (10.586.000 en 2019). De esos 12 millones de asegurados, la mayoría (10,2 millones) son españoles que se pagan su seguro (6,2 millones) o  se lo paga su empresa (4 millones de trabajadores). Y el resto son 1,8 millones de funcionarios y militares, cubiertos por un seguro médico privado que les paga el Estado (el 82,3% elijen que les atienda una aseguradora privada en vez de la sanidad pública). El salto en el número de asegurados ha sido también muy llamativo: se ha pasado de 9,5 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones de 2022 (+26,3%).

El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 73% del mercado, según el balance de 2022 de ICEA: el 30,04% de las primas (3.167 millones) las ingresa SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), otro 15,49% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,25% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 7,40% DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV) y un 6,77% MAPFRE (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz). Completan el ranking la aseguradora francesa Axa (2,52% del mercado), la sociedad vasca IMQ (cuyo 50% compró Adeslas en 2022), Asistencia Médica Colegial (1,98%), FIATC (1,76%) y CASER (1,66%). En total, el TOP 10 acapara el 83% del mercado.

Con los datos estimados para 2022 (12 millones de asegurados), más de un 25% de los españoles tienen ya un seguro médico privado. Los últimos datos publicados por la Fundación IDIS (de 2021), ya señalaban una cobertura del 24,41% de la población, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay regiones con más seguros médicos que la media, en especial Madrid (el 39% de la población tenía un seguro privado en 2021), Cataluña (35%) y Baleares (33%), además de Ceuta (36,09%) y Melilla (33,12%). Curiosamente, coinciden con algunas de las autonomías que dedican menos gasto público a sanidad: Madrid (1.627 euros per cápita), Cataluña (1.891 euros) y  Baleares 1.781 euros per cápita), como indica el Informe de la Fundación IDIS. Y tienen un bajo porcentaje de seguros médicos Navarra (13%), Murcia (15%), Cantabria (16%), Galicia y la Rioja (19%), quizás porque tienen un alto porcentaje de mayores, que no se hacen tantos seguros médicos privados, por su alto coste y porque los más viejos son “rechazados”.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son mayoritariamente los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados en 2021), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo. Los expertos indican que hay “dos momentos” en que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acerca la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, tras tres años de pandemia y con la sanidad pública colapsada, el reclamo para hacerlo es general.

La pandemia (con muchos ancianos en residencias desatendidos en hospitales públicos), las elevadas listas de espera y el colapso en la atención primaria y las urgencias han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados. Pero además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad y en ofertas de seguros “low cost”, ofreciendo seguros médicos incluso “desde 9 euros al mes”, apoyados en bajas coberturas, copagos y atención médica “online”, seguros de baja calidad. Una novedad en este mercado, además de la entrada de nuevos competidores (como las telecos o las tecnológicas) es la creciente utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia de ofertas en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende seguros médicos a través de la plataforma de Amazon.

La crisis de la sanidad pública y la creciente demanda han provocado una fuerte subida de los precios de los seguros médicos, no en la contratación inicial (donde está la “guerra de ofertas”) sino al revisarse la prima cada año (como pasa en los seguros del automóvil).En 2022, las tarifas de los seguros médicos subieron un +6,6%, por encima de la inflación anual (+5,7%), según el desglose del IPC. Y más que en 2021 (+5,2%), 2020 (+4,8%) y 2019 (+5%). Con ello, los seguros médicos privados han subido un +21,6% desde 2019, más que la inflación total (subió +14,4 % en estos cuatro años). Y todavía se espera que suban más este año 2023, un +7,5% según los expertos, para compensar las subidas de costes. Y además, se espera que las aseguradoras intenten mejorar sus márgenes con más copagos, recorte de las coberturas y un aumento de la telemedicina.

Al final, pagar un seguro médico supone a las familias entre 132 euros mensuales (con copagos) y 190 euros, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. Y además, los que tienen un seguro médico privado se encuentran ahora con dos problemas: está habiendo retrasos para conseguir una cita con un especialista (menos que en la pública, pero hay demoras) y hay médicos que no atienden a asegurados, que sólo aceptan pagos privados. Y eso porque muchos facultativos se quejan de que no se han actualizado las tarifas y que cobran 10 euros por consulta (la segunda y restantes, cobrando 20 euros la primera), “menos que un técnico que nos arregla la lavadora”. Y por eso, a principios de año hubo protestas de médicos autónomos, tras haber firmado en octubre el Manifiesto “Dignifica”.

Los seguros médicos son la “gasolina” que alimenta la sanidad privada en España, que cuenta con 431 hospitales (el 56%), 49.748 camas (el 32% del total) y 286.719 empleados (65.945 médicos y 71.680 enfermeras), según el Informe de la Fundación IDIS. En 2021, la sanidad privada  facturó en España 11.525 millones de euros, un 1,21% más que en 2019. Los ingresos que aportan las aseguradoras (6.340 millones que pagamos con nuestros seguros médicos) supusieron el 55% de los ingresos totales de los hospitales privados. Y otro 35% de estos ingresos proceden de los conciertos (4.035 millones en 2021) que pagan las autonomías a estos hospitales por atender y operar a pacientes o por gestionar hospitales públicos (hay 9 hospitales públicos, 4 en Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana y uno en la Rioja, que son de gestión privada, heredada de la época de Aguirre y Camps). Así que los españoles financiamos el 90% de los hospitales privados con los seguros privados que pagamos y con nuestros impuestos (conciertos). Sólo el 10% restante se financia con los pacientes privados que pagan de su bolsillo consultas y operaciones.

Hay que resaltar que la sanidad pública (autonomías) deriva un 10% del gasto sanitario público a esos conciertos con la sanidad privada (no sólo a hospitales): “desviaron” 8.381 millones de euros en 2020, según la Fundación IDIS. Unos recursos públicos que benefician a 173 hospitales privados y 105 privados de utilización pública. Se les paga para que realicen pruebas e intervenciones (para descargar las listas de espera), para ofrecer determinadas prestaciones (diálisis, terapias respiratorias, logopedia, rehabilitación, transporte enfermos) y para que gestionen centros de salud y especialistas. Lo llamativo es que hay autonomías que desvían más porcentaje de recursos públicos a la sanidad privada, como son Cataluña (3.287 millones en 2021, el 24,2% de su gasto sanitario público, porque hay una enorme red privada que atiende pacientes concertados), Madrid (902,4 millones, el 8,9% del gasto sanitario público de la Comunidad) y Baleares (176,3 millones, el 9,2%). En las demás, los conciertos privados se llevan una media del 5% del gasto sanitario público.

El “boom” de los seguros médicos privados y los crecientes ingresos por los conciertos han relanzado la sanidad privada en España, que gana peso año tras año. Así, en 2019 (último año con datos), la sanidad privada suponía un gasto de 33.398 millones de euros, casi el 30% (29,4%) del gasto sanitario total, cuando una década antes, en 2009, no llegaba a la cuarta parte del gasto total. La contrapartida es que la sanidad pública supone ahora el 70,6% del gasto total, cuando en 2009 era el 75,1%. Y ese aumento del peso del gasto sanitario privado (porque los españoles gastan más en seguros médicos y en pagar la atención sanitaria privada) coloca a España como el tercer país europeo con más peso de la sanidad privada (29,4%), solo por detrás de Portugal (39%) y Suiza (33,2%), por delante de la media OCDE (22,9% supone el gasto sanitario privado), Italia (26,1%), Reino Unido (21,5%), Francia (16,3%) o Alemania (15,4%), según la Fundación IDIS.

Este auge de la sanidad privada en España explica el interés de multinacionales y Fondos de inversión por entrar en el negocio sanitario y asegurador español, con múltiples compras en los últimos años. El negocio de la sanidad privada está muy concentrado, como el de los seguros médicos, según la Fundación IDIS: los 5 mayores grupos hospitalarios facturan el 53% de todo el sector no benéfico (hay otra sanidad privada con fines benéficos, como los 35 hospitales de los Hermanos de San Juan de Dios, los 14 de las Hermanas Hospitalarias o los 6 hospitales de la Cruz Roja). El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (4.021 millones facturados en 2021, el 34,88% del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (675 millones, un 5,85% del mercado), los hospitales HLA (de la cooperativa médica Lavinia: 480 millones facturados en 2021), HM Hospitales, de la familia Abarca (480 millones) y Ribera Salud (420 millones), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation y Banco Sabadell. Les siguen los Hospitales Católicos (400 millones), el grupo canario Hospiten (345 millones), Sanitas (328 millones), la Clínica Universitaria de Navarra (268 millones) e IMQ (146). Entre estos grupos hospitalarios del TOP 10 controlan el 66% del mercado sanitario privado no benéfico.

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública  y ahorran al Estado entre 5.679 y 15.628 millones anuales, según la Fundación IDIS. Pero no dicen que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja y más cara para la sanidad pública, Así, de los 4.253.183 españoles que recibieron el alta sanitaria en 2020,el 72,6% fueron atendidos en la sanidad pública y el 27,4% en la privada, según la última estadística del INE. Hasta aquí, casi normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (10,4 de media) que en la pública (8,1 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que un 37,2% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades graves (cáncer, problemas cardiovasculares y respiratorios), frente al 26,04% de los atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden por más tiempo (8,26 días frente a 5,04), según el último estudio RESA (2019).

Al final, si los seguros médicos y la sanidad privada ganan terreno es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública, agravados por la pandemia. Tenemos una sanidad pública universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de los pasados recortes presupuestarios y de la escasez de plantillas, con contratos precarios y mal pagados. La responsabilidad de levantar la sanidad pública está en las autonomías, que financian el 93% del gasto sanitario público. Y aquí se observa que algunas apuestan por reforzar la sanidad pública y otras por desviar recursos y pacientes a la sanidad privada. Y todas coinciden en no priorizar la sanidad: en 2022, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +4,15% (la mitad que la inflación), con 4 regiones que gastaron menos (Baleares, Aragón, Castilla la Mancha y Asturias). Y para 2023, el gasto sanitario de las autonomías crecerá un +7,7%, según la FDSP, con un gasto medio de 1.809 euros por habitante, un 22% inferior a la media de la UE (2.299 euros). Y hay 7 autonomías que gastarán en sanidad por debajo de la media española: Madrid (1.466 euros por habitante), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605). Comunidad Valenciana (1.628), Canarias (1.651) y Castilla la Mancha (1.766 euros).

En resumen, se desatiende la sanidad pública y eso nos obliga a pagar un seguro médico privado que alimenta una sanidad privada en auge, que crece a costa del deterioro de la sanidad pública. Una locura promovida por unos y permitida por otros. Ya basta.

Crecen los seguros médicos y la sanidad privada

Cada día, más de 1.000 españoles contratan un seguro médico privado, para ir al especialista y operarse sin esperas (aunque cuando tienen algo grave, van a la sanidad pública). Son más de 11,5 millones de asegurados, que alimentan una sanidad privada creciente, que se lleva casi un tercio del gasto sanitario en España. Eso sí, el 26% de los ingresos de los hospitales privados vienen de los conciertos, de lo que les paga la sanidad pública por atender pacientes. Y al repartirse el trabajo, las enfermedades graves y los ancianos se concentran en los hospitales públicos. El negocio de los seguros y la sanidad privada crece imparable por el deterioro de la sanidad pública, donde faltan recursos, tecnología, médicos y especialistas (4.000, según Sanidad), con grandes diferencias por regiones. Urge que el próximo Gobierno apruebe un Plan de choque para mejorar la sanidad pública y reducir las listas de espera. Y frenar la privatización encubierta de la sanidad, con desvío de pacientes a costa del Presupuesto. SOS sanidad pública.

enrique ortega

Uno de cada cuatro españoles tiene ya un seguro médico privado, 11,51 millones de pólizas en 2017, 440.000 más que en 2016 y 1 millón más que en 2008, según los últimos datos de ICEA. El éxito es tal que el seguro de salud es el que más ha crecido en la última década (un 3,6% anual, mientras los demás seguros no vida caían un 1,5%) y en 2018 captó 8.520 millones de euros, con un aumento del 5,59% (frente al 2,44% que subieron los seguros de vida y el 3,94% los de no vida), según los datos de UNESPA. De estos 11,51 millones de españoles con seguro médico, 1,9 millones son funcionarios (el 80% han elegido tener un seguro médico, que les paga el Presupuesto, en vez de la sanidad pública) y el resto son particulares, aunque a un tercio (3,2 millones) les paga el seguro médico su empresa (que se los desgrava, con lo que también acaban cargando sobre el Presupuesto).

El éxito de los seguros médicos ha provocado una auténtica “guerra comercial” entre las aseguradoras, con ofertas cada vez más agresivas (algunas han llegado a regalar viajes si les contratan un seguro) y la multiplicación de “ofertas low cost” de compañías creadas por las grandes aseguradoras (Savia de Mapfre, Néctar de Sanitas, Vivaz de Línea Directa…): seguros médicos hasta por 10 euros al mes por persona que luego tienen multitud de “letra pequeña” y muchos copagos. La “guerra de tarifas” se ha centrado en captar nuevos clientes mientras se suben las primas a los clientes antiguos (como en el automóvil), porque la sanidad es cada año más cara. De hecho, los seguros médicos subieron un 5,1% en 2018, más del doble que el IPC global (+2,2%), según el INE.

Las aseguradoras se han volcado en vender seguros de salud y más en los dos últimos años, al ser más visible el deterioro de la sanidad pública y sus listas de espera, su mejor “argumento comercial”. Y lo hacen a través de las oficinas bancarias, las ofertas a empresas para cubrir a sus trabajadores (es el beneficio social más valorado y ahorra impuestos) y sobre todo, a través de Internet y de intermediarios online. De hecho, hay más de 200 empresas tecnológicas trabajando en el sector de la salud, como plataformas vinculadas a aseguradoras que ofrecen servicios, desde video consultas, chats y evaluación de síntomas hasta el acceso a un cuadro médico diverso. Y a su vez, las grandes tecnológicas (Google, Apple, Amazon, Facebook) quieren usar nuestros datos para vendérselos a las aseguradoras y que tengan un mejor “perfil de riesgo” de sus clientes (porque saben el ejercicio que hacemos o lo que comemos por múltiples APPs). Algo muy preocupante.

Sobre estas bases, el negocio de los seguros médicos en España está muy concentrado en pocas aseguradoras: las 3 grandes controlan casi dos tercios del negocio. El ranking lo encabezó en 2018 Mutua Segur Caixa Adeslas (con 2.524 millones en primas, el 29,63% de cuota), seguida de lejos por Sanitas (1.325 millones, el 15,75% del mercado) y Asisa (1.156 millones, el 13,57%), según ICEA. Y les siguen DKV Seguros (6,84%), Mapfre (la aseguradora líder es la 5ª en seguros médicos, con el 6,84% del mercado, IMQ (2,79%), Grupo AXA (2,37%), Asistencia Médica Colegial (2,31%), FIATC (1,90%) y Grupo CASER (1,69%). Su oferta crece cada vez más en Internet, vía comparadores, y la penetración del seguro médico varía mucho por regiones. Las zonas que más lo contratan son las autonomías más ricas (no las que tienen más listas de espera), Madrid (lo tienen el 34% de habitantes), Cataluña (29%) y el País Vasco (22%), mientras se contrata poco en Murcia o Extremadura (12% de habitantes) y casi nada en Cantabria (5%), según la Fundación Idis.

Estos seguros médicos privados son la principal fuente de financiación de la sanidad privada en España, un negocio que supone ya casi un tercio del gasto sanitario total: 28.500 millones en 2016, un 28,5% de todo el gasto sanitario, según la última estadística de la Fundación Idis. Y la mayor parte de ese negocio lo mueven los hospitales privados, que facturan más de 11.000 millones anuales y tienen ya 451 hospitales (el 57% del total) y 51.332 camas (el 33% de todas las que hay en España). Dentro de este sector, la mitad del mercado son hospitales sin ánimo de lucro, vinculados a instituciones y órdenes religiosas, y la otra mitad son hospitales privados con ánimo de lucro, que facturaron 6.175 millones de euros en 2016, según la Fundación Idis.

Este mercado sanitario de los hospitales privados con ánimo de lucro está también muy concentrado, ya que 8 grupos hospitalarios  se reparten las tres cuartas partes del mercado. El ranking lo encabeza el Grupo Quirón Salud, que facturó 2.540 millones en 2016, el 39,7% del mercado hospitalario privado con ánimo de lucro. Un grupo fruto de la fusión de Quirón e IDC Salud (antes Capio), con 46 centros hospitalarios (su buque insignia es la Fundación Jiménez Díaz en Madrid), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, la mayor empresa hospitalaria de Europa. Le siguen, muy lejos, el grupo Vithas-Nisa (fusionados en 2016), que facturó 506 millones y tiene el 8,2% de este mercado (con 19 hospitales y 28 centros médicos), HM Hospitales (336 millones de facturación, el 5,4% del mercado),  HLA (290 millones y 4,7% de cuota), la canaria Hospiten (277 millones, el 4,5%), Sanitas (247 millones), Clínica Universitaria de Navarra (157 millones) y grupo Pascual (150 millones, la mayoría en Andalucía), según el último ranking de la Fundación Idis.

Estos hospitales privados se financian en sus dos terceras partes (el 62,5% en 2016, según la Fundación Idis) con lo que les pagan las empresas aseguradoras, que les “aprietan las tuercas” a la hora de negociar lo que pagan por acto médico, prueba e intervención pero que han optado por no construir hospitales (sólo un 2% de los privados son de aseguradoras). Y la otra gran fuente de ingresos son los conciertos con la sanidad pública, que les aportan otro 26% de ingresos a estos hospitales privados (y a algunos, como a la Fundación Jiménez Díaz, hasta un 40%). El resto lo ingresan de pacientes que pagan ellos directamente las consultas e intervenciones (10% ingresos) y de lo que facturan con restaurantes y parkings (1,5%), según los datos de la Fundación Idis.

Los ingresos de los hospitales privados por los conciertos con la sanidad pública han aumentado en la última década  y supusieron 7.665 millones en 2016, el 11,6% de todo el gasto sanitario público. Estos conciertos los tienen el 43% de los hospitales privados (193 hospitales) y son muy importantes en Madrid (Quirón Salud gestiona 4 hospitales del sistema público y 2 concertados en Cataluña) y, sobre todo, en Cataluña, donde hay 30 hospitales privados integrados en la red sanitaria pública, lo que hace que sea la única autonomía con  más camas privadas que públicas (un 26% más). De hecho, en Cataluña, el 25,1% de su gasto sanitario público se destina a financiar hospitales privados. En Madrid, los conciertos se llevan el 12,4% del Presupuesto sanitario y en Canarias y Baleares el 10%, mientras en Castilla y León es sólo el 4%, en Andalucía el 4,3% y en Valencia el 4,5%.

Los conciertos, además de desviar recursos públicos a negocios privados, son un “mal negocio” para la sanidad pública, porque los pacientes que se desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más cara y compleja para la sanidad pública. Así, de los 4,86 millones de españoles que recibieron el alta en algún hospital durante 2017, el 72,5% fueron atendidos en la pública y 23,5% en la privada. Hasta ahí normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (7,8 días de media) que en la pública (7,4 días). Pero al analizar los motivos por los que se les hospitalizaron, se ve que el 37% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades que matan (cáncer, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias), frente al 26% de los atendidos en hospitales privados, según los últimos datos del INE (2017). 


O sea que la sanidad pública se concentra en las patologías más graves y más caras, porque los pacientes la eligen cuando tienen un problema serio (aunque paguen un seguro médico privado).Además, la sanidad pública atiende a un mayor porcentaje de personas mayores que la privada (48% de las estancias en hospitales son de mayores de 65 años, frente al 44% en la privada) y los atienden más tiempo (8,26 días de estancia media en la sanidad pública y 5,04 días en la privada), según los datos del Estudio RESA 2018.

Al final, si los seguros médicos crecen y la sanidad privada hace más negocio es a costa de  los crecientes problemas de la sanidad pública. Tenemos una sanidad eficaz, universal y barata, según la OCDE, pero arrastra una serie de problemas preocupantes, derivados de los drásticos recortes en el presupuesto (-9.787 millones entre 2009 y 2014, 1 de cada 7 euros) y las plantillas (se perdieron 41.000 empleos sanitarios: 11.000 médicos y 30.000 enfermeras), así como una descapitalización de medios, instalaciones y tecnología (apenas se ha invertido). El resultado es que la sanidad pública está al límite y eso se traduce en tensiones en la atención primaria (faltan médicos y se han reducido horarios), en los especialistas (hacen falta 4.000, según un reciente informe de Sanidad) y en la atención hospitalaria, sobre todo en urgencias y operaciones.

Y todo ello acaba en un aumento de las listas de espera, lo que hace que millones de españoles contraten un seguro médico privado. Las listas de espera han mejorado en 2017 y 2018, pero son superiores a las de muchos paises europeos, según el informe de la OCDE-CE. En junio 2018 (último dato oficial), había 584.018 españoles esperando una operación (sobre todo de cataratas, artroscopia, cadera, hernia o cirugía vascular), con una espera media de 93 días (en Canarias eran 147 días, en Castilla la Mancha 137 y en Cataluña 132 días, mientras sólo esperan 47 días en Madrid y 48 en el País Vasco), según el Ministerio de Sanidad. Y la lista de espera para el especialista afecta a 43 de cada 1.000 habitantes, más en Cantabria (74/1.000 habitantes), Ceuta (66), Canarias (62,3) y Galicia (61,39) y menos en el País Vasco (13,93 por cada 1000 habitantes), Melilla (18,49), Castilla la Mancha (24,22) y Madrid (26,51), con una espera media de 57 días (en Canarias, 105 días).

Otro problema muy serio de la sanidad española es la desigual atención por autonomías, fruto de los diferentes recortes (hay 8 autonomías que todavía hoy gastan menos en sanidad que en 2009: Cataluña, Andalucía, Extremadura, Canarias, Galicia, Castilla la Mancha, Murcia y La Rioja) y de que gastan más o menos en sanidad: en 2018, el País Vasco (1.695 euros/habitante) gastó en sanidad un 46% más que Andalucía (1.158 euros/habitante). Y junto a los vascos (1.670 euros en 2017), los que más gastan en sanidad son Navarra (1.635 euros en 2017), Asturias (1.586 euros), Extremadura (1.453) y Aragón (1.441). Y los que menos gastan, junto a Andalucía (1.108 euros en 2017), Madrid (1.179), Cataluña (1.192), la Rioja (1.199) y Murcia (1.206 euros/habitante en 2017). 


Al final, evaluando distintos parámetros, la Federación en Defensa de la Sanidad pública configura un ranking de “4 Españas” sanitarias. Una sanidad “buena” en el País Vasco (94 puntos sobre 118), Navarra (83), Aragón (80) y Castilla y León (83 puntos). Una sanidad “regular” en Asturias (78), Castilla la Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Una sanidad “deficiente” en Baleares (72 puntos), Galicia (71), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). Y una sanidad “mala” en Cataluña (65 puntos), Valencia (63) y Canarias (53).

Visto el panorama, urge un gran Pacto sanitario para resolver los problemas actuales de la sanidad pública y asegurar su futuro, actuando en 6 frentes. El primero, asegurar una financiación suficiente para la sanidad: debería acordarse un gasto sanitario del 7% del PIB (la media europea), lo que supondría gastar  en sanidad 12.000 millones más cada año (algo que requiere una reforma fiscal). Con más dinero,  podría actuarse en el frente laboral: garantizar unas plantillas mínimas a medio plazo, con contratos y salarios dignos, sabiendo que en conseguir más médicos se tarda 10 ó 11 años (6 de Universidad más 4 ó 5 de MIR). Tercer frente: homogeneizar la sanidad, con un Fondo de compensación interterritorial, para que tengamos la misma atención en toda España. Cuarto, configurar un sistema de atención sanitaria a los mayores (en geriátricos, residencias y centros de día), para descongestionar hospitales y centros de salud. Quinto, dedicar más dinero y medios a la prevención, para reducir enfermedades y hospitalizaciones. Y sexto frente, preparar un Plan sanitario hasta 2050, para hacer frente al envejecimiento, las enfermedades crónicas, los nuevos tratamientos  farmacológicos y la renovación tecnológica.

Todo esto debería ser prioritario para el próximo Gobierno y el futuro Parlamento. Porque si no se toman medidas, se deteriorará más la sanidad pública, en beneficio de la sanidad privada. Y una cosa es que tengamos un seguro privado para ir pronto al ginecólogo o al dentista y otra que lo necesitemos para saber si tenemos o no un cáncer porque el especialista tarda meses en vernos. O para operarnos. No podemos volver a aquello de que el que tiene dinero tiene una buena atención médica y el que no, atenderle en urgencias y como se pueda. Con la salud no se juega.

Sanidad pública: caos laboral y atención desigual

Faltan pediatras en Madrid y Barcelona, anestesistas en Murcia o Ibiza, dermatólogos en Almería o médicos rurales en Aragón. Faltan médicos especialistas en media España y todos  sufren mucha precariedad: sólo la mitad tienen plaza y una cuarta parte encadenan contratos temporales, como las enfermeras. Y todos han perdido poder adquisitivo, están mal pagados, les agreden los pacientes y se sienten maltratados por la Administración. Junto a este caos laboral, el otro gran problema es el desigual gasto sanitario entre autonomías: el País Vasco gasta por paciente un 46% más que Andalucía. Y así, la atención es muy desigual (9 autonomías, el 70% de españoles, tienen una sanidad deficiente o mala), como las listas de espera: 177 días en Canarias y 50 en Euskadi. Tenemos 17 sistemas sanitarios, con personal mal repartido, y la falta de médicos se agravará, porque 40.000 se van a jubilar en una década. Urge un Plan de choque, para reforzar plantillas, y un Pacto sanitario para homogeneizar la sanidad en toda España. 

enrique ortega

Se acaban de cumplir 6 años de los drásticos recortes impulsados por el Gobierno Rajoy, con el decreto de abril de 2012, que destrozaron la sanidad pública: el gasto sanitario se redujo en 9.787 millones entre 2009 y 2014 (1 de cada 7 euros perdidos), según datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014, se perdieron 41.000 empleos sanitarios (11.000 médicos y 30.000 enfermeras). A partir de 2015, con los nuevos gobiernos autonómicos, el gasto y las plantillas aumentaron algo, pero ha sido insuficiente: todavía hay 35.000 empleos menos y el gasto sanitario público en 2018 (70.804 millones) será todavía inferior al de 2009 (72.239 millones). Y como la economía ha crecido mucho más, su peso se ha reducido: si en 2009, España gastaba un 6,2% del PIB en sanidad pública, en 2018 gasta el 5,8%, muy por debajo de la media de la UE-28, Alemania o Italia (7,2% del PIB) y de Francia (8,2%).

Los recortes afectaron a toda la sanidad pública, pero muy especialmente a sus plantillas: los médicos y enfermeras vieron recortados sus ingresos (vía pluses y horas), sus mínimos aumentos salariales se los comió la inflación, aumentó su jornada laboral (de 35 a 37,5 horas) y muchos con contratos temporales fueron despedidos, mientras sólo se compensaban el 10% de las jubilaciones. Con todo ello, la precariedad laboral de los 485.000 empleados de la sanidad pública (SNS) se ha agravado estos años y ahora es insostenible, afectado muy negativamente a la atención sanitaria y a los pacientes.

La precariedad laboral es muy preocupante entre los 116.711 médicos que trabajan en la sanidad pública (SNS): sólo el 51,2% tienen plaza en propiedad y el 48,8% restante son interinos y muchos (el 39%) llevan así más de 10 años, según un reciente estudio encargado por los médicos (la OMC y el sindicato CESM). De estos interinos sin plaza, el 24,4% tienen contratos temporales por menos de 6 meses (algunos por semanas y días: por guardia). Y firmaron una media de 4,04 contratos en el último año. Los médicos más precarios son las mujeres (4,31 contratos), los jóvenes (4,74) y los extranjeros (7,89 contratos). Y la precariedad es aún mayor entre enfermeras/os: más de un tercio tienen contratos temporales.

Pero si esta precariedad es preocupante, lo es más la falta de médicos especialistas en muchos lugares de España. Hace poco ha saltado la noticia de que muchos Centros de salud en Madrid están sin pediatras (los pocos que hay prefieren los hospitales), como antes pasó en Barcelona, pero ha habido muchos problemas en media España: se han tenido que suspender operaciones en Murcia o Ibiza por falta de anestesistas, no hay dermatólogos en Huercal-Olvera (Almería), faltan cardiólogos, traumatólogos, radiólogos internistas y urólogos en muchos hospitales, médicos de atención primaria y médicos rurales.

Faltan médicos especialistas a pesar de que España tiene más médicos por habitante que la mayoría de Europa: hay unos 212.000 médicos colegiados en activo (sólo 1,6% en paro), una media de 3,9 por 1.000 habitantes frente a 3,4 en la OCDE, 4,1 en Alemania, 3,8 en Italia, 3,3 en Francia y 2,8 en Reino Unido. El problema es que la gestión de personal del SNS es pésima, con muchos cuellos de botella.  El primero, que de los 6.000 médicos que se licencian cada año, un tercio emigran, se van fuera porque aquí sólo ven un futuro precario (sólo en 2017, la OMC expidió 2.500 certificados para poder trabajar fuera). El segundo, que muchos se van a la sanidad privada (donde trabajan 54.681 médicos), donde también hay precariedad pero mejor pagada (y menos nepotismo y politiqueo). Y finalmente, los que quieren trabajar en la sanidad pública, se encuentran con que tienen que hacer un MIR de 4 años y no hay plazas suficientes, porque las autonomías las han reducido (porque los recortes les impedían contratar). Y finalmente, los que acaban consiguiendo una plaza (precaria) prefieren un puesto en un hospital de una gran ciudad antes que irse de especialista a un hospital comarcal o a un centro de salud. Y para redondear el panorama, en los últimos 6 años se han jubilado muchos médicos especialistas y sólo se ha sustituido al 10%.

Así que no es que falten médicos porque no haya sino porque se van (al extranjero, a la privada o a la jubilación) o no hay plazas de MIR para prepararles. Y luego, están mal repartidos, porque no hay incentivos para que vayan donde hacen más falta. Y el problema se va a agravar en la próxima década, porque se van a jubilar (a los 65 años) un 40% de los médicos especialistas actuales. Así que para 2028 se irán otros 40.000 médicos, más grave en algunas autonomías: en Asturias y Cataluña se jubilarán un tercio de médicos del SNS en 10 años. Y urge tomar medidas ya, porque formar un especialista cuesta 10 años.

En enfermería (trabajan 169.233 enfermeros/as en el SNS)  también existe el problema de falta de profesionales en muchos servicios, aunque el futuro no es tan grave, porque sólo el 27% tiene hoy más de 55 años. Pero sin embargo, también faltan enfermeros/as, sobre todo porque España tiene menos que el resto de países: 5,3 por 1.000 habitantes frente a 8,5 de media en Europa, 9 en la OCDE, 9,9 en Francia o 13,3 en Alemania. Eso significa que para tener tantos enfermeros/as como Europa, habría que contratar a 150.000 más.

Además de faltar médicos y enfermeras y tener un trabajo precario, su sueldo se ha deteriorado mucho estos años, por las mínimas subidas y el recorte de pluses y horas, mientras les aumentaba la jornada. Con ello y la inflación, los sindicatos estiman que los sanitarios han perdido un 25% de poder adquisitivo, según la CESM. Y su sueldo medio bruto, el de los médicos, está en torno a los 40.000 euros (41.000-54.000 los especialistas), muy por debajo del sueldo medio de los médicos en Reino Unido (129.000 euros), Alemania (125.000), Francia (96.000) o Italia (80.000 euros brutos). Y además de ganar menos, hay grandes diferencias por autonomías. Así, un médico especialista gana 54.148 euros brutos en el País Vasco frente a 40.908 en Murcia (37.631 euros frente a 30.000 los médicos no especialistas), según un estudio de Adecco en 2017. Y lo mismo las enfermeras especialistas: 29.219 euros en Euskadi frente a 22.094 en Murcia (25.087 frente a 20.087 el resto). Y las mujeres sanitarias ganan un 27,23% menos que los hombres, una brecha mayor que en el resto de trabajos (-22,3%).

Precariedad, falta de plazas, bajos salarios y mucha presión en los centros de salud, consultas y hospitales, porque médicos y enfermeras sufren directamente las quejas de los pacientes por el deterioro del servicio, a veces en forma de agresiones: el 65% de los profesionales afirman que han sufrido agresiones, las que más las mujeres de 41 a 60 años, mientras el anterior Gobierno no aprobó el prometido Plan integral contra las agresiones a sanitarios. Y luego, muchos médicos y enfermeras se quejan de los gestores del SNS, de nepotismo y politiqueo, de maltrato y falta de consideración, que han alimentado la fuga de profesionales a la sanidad privada y la jubilación de muchos otros (a los que no se deja llegar a los 70 años).

A este caos y descontento laboral se suma otro grave problema: la disparidad de la sanidad pública, según la autonomía donde uno vive. Esta diferencia empieza en el gasto y se arrastra desde hace años. De hecho, hay 9 autonomías que gastaron más en sanidad por habitante en 2017 que en 2009 (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Madrid, Navarra y País Vasco), pero las 8 restantes aún gastaron menos. Y para este año 2018, el gasto sanitario del País Vasco (1.695 euros/habitante) será un 46% superior a Andalucía (1.158 euros/habitante). Junto a los vascos (1.670 euros/habitante en 2017), los que más gastan en sanidad son Navarra (1.635 euros), Asturias (1.586), Extremadura (1.453) y Aragón (1.441). Y los que menos, Andalucía (1.108 euros en 2017), Madrid (1.179), Cataluña (1.192), la Rioja (1.199) y Murcia (1.206 euros).

Aquí, en el diferente gasto, está el origen de la diferente sanidad. Empezando por las diferencias en número de camas hospitalarias (4,66/1.000 habitantes en Cataluña, 4,02 en Aragón y 3,67 en Euskadi frente a 2,49 en Andalucía o 2,70 en Valencia), de quirófanos (11,16 en Navarra frente a 6,58 en Castilla la Mancha y 8,48 en Andalucía), médicos especialistas (2,39/1.000 habitantes en Navarra, 2,15 en Asturias o 2,13 en Euskadi frente a 1,53 en Andalucía o 1,68 en Valencia), enfermeras especialistas (4,42/1.000 habitantes en Euskadi frente a 2,67 en Andalucía). Y en algunos servicios, como cesáreas (16,30 por 100 partos en Euskadi frente a 29,50 en Valencia), intervenciones en quirófano (1365 en Euskadi frente a 986 en Murcia) y el uso de urgencias, mayor en las autonomías que gastan menos (669/1.000 habitantes en Andalucía o 642 en Murcia frente a 423 en Navarra y 519 en Euskadi), según el Informe 2017 de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Pero donde acaban notándose los recortes, la precariedad, la falta de médicos y enfermeras y el mayor o menor gasto es en las listas de espera, que han empeorado: si en 2010 había que esperar 65 días para operarse, en 2014 pasó a 87 días, en 2016 a 115 y en diciembre de 2017 la espera es de 106 días, con el 17% de pacientes esperando más de 6 meses, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y para ir al especialista, la espera media se ha estabilizado, de 65 días en 2014 a 66 días en diciembre de 2017, si bien ha aumento el porcentaje de los que esperan más de 6 meses (del 38,6 al 44,3%). Y en las listas de espera se nota una gran desigualdad entre autonomías. En las quirúrgicas, entre los 177 días que esperan en Canarias, 163 en Castilla la Mancha, 148 en Cataluña y 146 en Extremadura a los 50 días de espera en el País Vasco, 51 en Madrid, 66 en Galicia o 70 en Asturias. Y para ir al especialista, van  desde los 28 días en Euskadi a los 123 días de espera en Canarias.

Al final, el mayor gasto y la mejor gestión se traducen en una sanidad muy desigual, según la autonomía donde uno viva. La Federación para la Defensa de la Sanidad Pública analiza cada año múltiples variables, de gasto, medios y servicios, y da una nota a cada sanidad. En el estudio de 2017, sólo aprobaron menos de la mitad: hay 4 autonomías con “buenos” servicios sanitarios (Navarra, 90 puntos sobre 114, País Vasco, 90, Aragón, 82, y Asturias,79), otras 4 con servicios sanitarios “regulares”(Castilla y León 78 puntos, Castilla la Mancha 77, y Galicia 76), 5 autonomías con servicios sanitarios “deficientes” (La Rioja 69, Cantabria 65, Madrid 65, Baleares 63 y Murcia 61) y 4 autonomías con “peores” servicios sanitarios (Andalucía 60,Cataluña 60, Valencia 59, y Canarias 49, estas dos últimas llevan siendo las que tienen la peor sanidad en todos los informes desde 2009). En definitiva, que 32.988.584 españoles, los que viven en estas 9 autonomías, tienen una sanidad deficiente o mala. Nada menos que el 70,86% de todos los españoles.

Con estas notas, no es extraño que la sanidad sea la 6ª mayor preocupación de los españoles hoy, según el Barómetro del CIS de abril 2018, sólo por detrás del paro, la corrupción, los políticos, la economía y las pensiones. Y que este año se hayan multiplicado las protestas en la calle contra la gestión de la sanidad pública en Madrid, Murcia, Canarias, Galicia y, sobre todo, en Andalucía. Y que de paso, a costa de las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública, la sanidad privada siga engordando : ya hay más de 10 millones de españoles con seguro médico privado (sólo en 2017 se lo hicieron 500.000), con lo que la sanidad privada (451 hospitales/52.000 camas) factura ya más de 6.200 millones de euros, una cuarta parte (1.578 millones) gracias a los pacientes que les desvía la sanidad pública, sobre todo en Cataluña (los conciertos suponen un 24,8% del gasto sanitario público catalán), Madrid, Baleares y Canarias (derivan un 11% de su gasto público sanitario).

La situación de la sanidad pública es preocupante, como resultado de los recortes, el caos laboral, la falta de médicos y la enorme desigualdad en la atención por autonomías. Ello exige, primero, un Plan de choque laboral, con diversas medidas: reducir la precariedad de las plantillas (estabilizando contratos y convocando nuevas plazas), ampliar las plazas de MIR, especializar a la enfermería (EIR, el MIR de los enfermeros/as), crear nuevas plazas de médicos y enfermeras y permitir que los médicos se jubilen a los 70 años, mejorando salarios. En segundo lugar, habría que homogeneizar la atención sanitaria en toda España, creando un Fondo interregional para ayudar a las autonomías que menos gastan. Y en tercer lugar, urge universalizar la sanidad, ya que hay 580.000 personas sin tarjeta sanitaria (en su mayoría inmigrantes) tras los cambios hechos por Rajoy en 2012, una medida que el nuevo Gobierno Sánchez promete aprobar por decreto en 6 semanas. 

Y luego, ya para 2019, conseguir un Pacto sanitario que asegure más recursos (harían falta entre 2.000 y 4.000 millones más al año) para recuperar las plantillas y la atención perdida, invirtiendo en tecnología (el 28% de los equipos y material tiene más de 10 años y mucho está obsoleto), en reparar hospitales (se caen techos) y abrir otros nuevos que hacen falta. Sin olvidar gastar más en la prevención de enfermedades (lo más rentable) y racionalizar la atención sanitaria a los mayores, que hoy colapsan la sanidad pública, con más centros y hospitales geriátricos.

Mejorar la sanidad es un reto ineludible, que no puede esperar a las próximas elecciones. Hay que lograr acuerdos al margen de las ideas políticas, porque lo exigen los pacientes y los profesionales sanitarios. Hace falta más dinero, más personal con contratos y sueldos decentes y una mejor gestión, más profesional y menos politizada. Se pueden y se deben aprobar medidas urgentes y a medio plazo (ver este libro con 30 propuestas de reforma), que apoyen la mayoría. Porque nuestra salud es lo primero.