El trabajo precario daña la salud mental

La pandemia y la nueva crisis desatada por la inflación y la guerra en Ucrania han deteriorado más la salud mental de los españoles: 4 de cada 10 valoran la suya negativamente, según una reciente Encuesta. Y gracias a un informe encargado por Trabajo a 45 expertos, sabemos que un tercio de las depresiones y problemas mentales son causados por la precariedad laboral: contratos inestables, largas jornadas, bajos salarios, mala valoración profesional, falta de incentivos, problemas con los jefes… El informe revela que 11,9 millones de españoles adultos (asalariados, autónomos y parados), el 50,8% del mercado laboral, están en una situación laboral “precaria”. Y muchos acaban con depresiones, angustias y hasta suicidios (11 al día), la mayoría sin tratamiento adecuado y consumiendo ansiolíticos a mansalva. Los expertos proponen medidas para reducir la precariedad y mejorar la deficiente atención a la salud mental, con la colaboración de convenios y empresas, lo que reduciría los problemas mentales. No es sano mantener una economía que funciona con trabajadores “dopados”.

Enrique Ortega

La salud mental es un problema que preocupa en todo el mundo, al haberse deteriorado con las últimas crisis, desde la crisis financiera de 2008 a la pandemia y la crisis actual por la inflación y la guerra en Ucrania. Aproximadamente, 1 de cada 8 personas en el mundo (más de 1.000 millones) sufren algún trastorno mental, según el informe 2022 de la OMS, lo que provoca graves problemas psicológicos y económicos, en medio de una desatención sociosanitaria general. En Europa, 1 de cada 6 personas (84 millones de europeos) tienen cada año un problema de salud mental, ya sea ansiedad, depresión o trastornos por el uso del alcohol y drogas, afectando más a las clases sociales más desfavorecidas. Y en España, los datos oficiales indican que los problemas mentales tienen una elevada prevalencia entre los mayores de 15 años: afectan a 4,5 millones de españoles, el 11,1% de la población adulta.

Estos datos revelan que un 5,8% de españoles adultos (2.372.859 personas) tienen “ansiedad crónica”: son 1 de cada 12 mujeres, 1 de cada 28 hombres, 1 de cada 12 desempleados, 1 de cada 23 personas que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. Y otro 5,3% de españoles adultos (2.1608.302 personas) sufren “depresión”: son 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 31 hombres, 1 de cada 13 desempleados, 1 de cada 40 que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. La mayoría de estos trastornos mentales son derivados a los Centros de salud, que no cuentan con personal especializado, lo que se traduce en que híper recetan fármacos al paciente: España es el país del mundo que consume más ansiolíticos e hipnóticos por habitante, según las estadísticas internacionales. De hecho, casi el 11% de los adultos han consumido tranquilizantes, relajantes o partillas para dormir en las últimas semanas (1 de cada 7 mujeres). Y los enfermos aguantan así, “dopados”, hasta que su situación se agrava y acaban en las urgencias de un hospital o en una de las escasas unidades de atención psicológica de los hospitales, repletas y con listas de espera.

Y al final, muchos de estos pacientes con problemas mentales acaban suicidándose, la brutal constatación de que la atención mental falla. El 2021 se produjeron en España 4.003 suicidios (11 diarios) y todo apunta a que en 2022 se habrá alcanzado otro récord, dado el salto de suicidios en el primer semestre (2.015 suicidios). Cada año se suicidan en el mundo 700.000 personas, muchas con trastornos mentales. Y el suicidio es la 4ª causa de muerte prematura entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la OMS, quien reitera que en los paises desarrollados se dan más los suicidios en personas con problemas económicos, rupturas sentimentales o problemas de salud.

Este preocupante panorama de la salud mental se ha agravado con la pandemia y la actual crisis derivada de la inflación y la guerra en Ucrania, según la última Encuesta de la Confederación de Salud Mental de España, publicada en marzo de 2023: 4 de cada 10 encuestados valoran negativamente su salud mental y el 75% creen que la salud mental española se ha deteriorado tras la pandemia. Al preguntarles por las causas de este deterioro de su salud mental, los encuestados señalan tres factores: no poder pagar el alquiler o la hipoteca, miedo a perder el trabajo o temor a no poder pagar las facturas. En general, todos destacan que la 1ª causa de su angustia o depresión son sus condiciones de vida y de trabajo, sus dificultades económicas para llegar a fin de mes. Y en especial, la precariedad del trabajo, sobre todo de mujeres, jóvenes, inmigrantes y mayores de 45 años.

Para analizar el efecto de la precariedad laboral en los trastornos mentales, el Ministerio de Trabajo encargó, en abril de 2022,  un Informe sobre precariedad laboral y salud mental (pionero en el mundo) a un equipo multidisciplinar de 11 expertos y 34 colaboradores externos a la Administración. El Informe se presentó el 17 de marzo y ofrece una conclusión apabullante: un tercio de los casos de depresión que se dan en España (170.000 de los 511.000 casos totales) se deben a la precariedad laboral. Y en consecuencia, podrían ser evitados (los casos, su atención sanitaria, sus costes y pérdidas económicas  y los suicidios que provocan) si los españoles tuvieran trabajos más decentes y menos precarios.

¿Cuál es la relación entre precariedad y trastorno mental? Así lo explica Joan Benach, doctor en Salud Pública y coordinador del Informe: “El conocimiento científico muestra con claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor riesgo de suicidio”. Por eso, propone actuar en dos frentes: reducir la precariedad laboral y a la vez atender a los que sufren trastornos de salud mental por su situación laboral y socioeconómica.

El estudio tiene una primera parte que analiza el alcance de la precariedad laboral en España, con los datos más recientes. Y su conclusión es impresionante: a finales de 2022, 11,9 millones de españoles adultos (15 años y más), el 50,8% del mercado laboral,  estaban en una situación de precariedad laboral: son trabajadores con contratos temporales, trabajadores con contrato a tiempo parcial involuntario (trabajan por días o por horas porque no encuentran trabajo a jornada completa), subocupados (apenas trabajan), autónomos precarios (o por trabajo o por ingresos irregulares) y parados sin empleo que habían trabajado antes. En total, se suman 8.1 millones de asalariados. 1,2 millones de autónomos y 2,6 millones de parados, todos “precarios”. Un 50,8% del total del mercado laboral están “precarizados”, porcentaje que ha bajado algo desde 2019 (52%) pero que queda muy lejos de 2007 (48,4% precarios).

Esa es la precariedad laboral global, pero tienen más precariedad las mujeres (53,3% precarias), los mayores de 40 años (57,3%) y los jóvenes, sobre todo los que tienen estudios medios y superiores. Además de su precariedad laboral, el impacto en la salud mental es mayor en las mujeres, según este Informe, porque han de atender a su trabaja, su casa, sus hijos y hasta a sus padres dependientes. También se agrava la salud mental entre los precarios inmigrantes (el riesgo de problemas mentales se triplica al perder su trabajo), los autónomos y los trabajadores jóvenes empleados en plataformas digitales y Call centers. Y en todos los casos, tiene mucho que ver el nivel de renta, los ingresos de las personas precarias: el impacto negativo sobre su salud mental es 2,5 veces mayor entre los que tienen menos renta.

Además de la precariedad laboral, los problemas mentales se agravan por una deficiente atención sanitaria a estos enfermos, según revela el Informe de los expertos. Los médicos de familia poco pueden hacer, en consultas saturadas, más que recetarles psicofármacos para salir del paso. Y en los casos más graves, derivarlos hacia médicos especialistas o a Centros de Salud Mental, escasos y saturados. Hoy día, la demora para la primera visita psiquiátrica son 12 meses y con otro problema adicional: las visitas sucesivas de demoran demasiado (de 3 a 5 meses), lo que dificulta el seguimiento, junto a la enorme rotación de profesionales (que exige al paciente “empezar de nuevo con cada médico”). En el caso de los hospitales, hay pocas unidades y plantas de Psiquiatría, muy agobiantes para pacientes y familias. Y los Centros de Día y Rehabilitación, una buena solución, son aún más escasos. Resultado: el que quiere una buena atención mental, ha de pagarse un especialista privado.

Y en paralelo, las personas con problemas de ansiedad o depresión tienen otros problemas, desde el trabajo a la estigmatización social. Las empresas no facilitan las bajas por depresión (un 15% de las bajas totales) y estigmatizan a los que las piden, no ayudando al trabajador con cambios laborales. Y en muchos casos, estar de baja por depresión o tener problemas mentales aísla más a estos enfermos de la sociedad, dificultando su recuperación y agravando su situación. Falta una política integral para mejorar la salud mental, desde las empresas (Planes de detección de riesgos) a los Centros de Salud, los especialistas y los hospitales, mejorando los medios y el personal de atención sanitaria especializada, hoy claramente insuficiente: en España hay 9,6 psiquiatras por cada 1000 habitantes, menos de la mitad que la media europea, y 6 psicólogos clínicos para cada 100.000 habitantes, la tercera parte que en Europa.

Los españoles, sobre todo los más jóvenes, ven cada vez más claro los daños mentales que les están creando algunos trabajos con condiciones laborales muy precarias (contratos temporales, por días y horas, horarios sin límite como en algunas consultoras, actividades muy rutinarias, falta de integración y participación en la organización, escasas perspectivas de mejora y carrera laboral, bajos salarios…). Y así pasa que el 27% de los trabajadores están dispuestos a abandonar su trabajo, según un reciente estudio de InfoJobs y Esade, que refleja que los descontentos han aumentado un 4% (eran el 23% en 2021). Y curiosamente, un tercio de los que buscan irse del trabajo (el 32%) lo hacen “para proteger su salud mental”, por delante de los que buscan mejores condiciones económicas (27%) o los que buscan mayores posibilidades de conciliación laboral (24%). Así que la clave para cambiar de trabajo es “cuidar la salud mental”, el bienestar emocional más que el salario.

El informe sobre precariedad y salud laboral encargado por Trabajo propone un abanico de medidas para mejorar la salud laboral. La primera y previa al resto es contar con indicadores de precariedad laboral y su impacto sobre la salud mental de los trabajadores, para no actuar a ciegas y poder vigilar la evolución de los trastornos mentales. La segunda, Impulsar y aprobar un Código de Trabajo, para avanzar hacia un empleo digno y sostenible, reduciendo la precariedad (como ha hecho la última reforma laboral). Además, proponen reforzar la salud mental en las empresas, dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales y en la negociación de los convenios colectivos. El informe propone también  avanzar hacia la jornada laboral de 32 a 35 horas, reducir el trabajo parcial no deseado y seguir mejorando el salario mínimo, además de facilitar la conciliación laboral y fomentar la economía de los cuidados (para reducir el estrés de las mujeres). Y en paralelo, reforzar el sistema sanitario, desde los Centros de Salud a los especialistas y Unidades psiquiátricas en los hospitales, mejorando la prevención y el sistema de salud mental comunitario.

Este Informe y las recomendaciones que incluye deberían llevar a nuevas medidas legales para reducir la precariedad laboral (un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI), aprobando el nuevo Estatuto del Becario, la regulación específica de las plataformas digitales, el refuerzo de derechos en los sectores más precarizados y la incorporación de algunos trastornos mentales al Catálogo de enfermedades profesionales. Y resulta clave centrar parte de la inspección de trabajo (aunque tiene pocos medios) en vigilar las condiciones de trabajo (horarios, turnos) que más están provocando problemas mentales.  Además, el Informe abre otro debate que algún día debería lanzarse en España: la necesidad de avanzar en la “democratización del trabajo”, para conseguir que los trabajadores participen más en la organización de sus tareas”, porque la cultura empresarial del “ordeno y mando” y la generalización de “jefes tóxicos” está detrás del aumento del estrés laboral. Y por supuesto, el Informe de los expertos propone reforzar el sistema público de salud en la atención mental, con mayor coordinación y medios entre la atención primaria y la especializada y en colaboración con las empresas y sus políticas de salud laboral.

En definitiva, el deterioro de la salud mental en los últimos años es un fiel reflejo de la precarización de la economía y los retrocesos en las relaciones laborales tras varias crisis. Como dicen los autores del Informe, “necesitamos un modelo laboral saludable, sostenible y democrático”.  Que ir a trabajar no sea un suplicio y una fuente de estrés y de problemas mentales para muchos trabajadores. Para conseguirlo, no basta con que el Gobierno apruebe reformas para reducir la precariedad y dignificar salarios y empleos. Hace falta un cambio de mentalidad en los empresarios, que deben organizar sus negocios para que sean rentables pero no a costa de explotar y deprimir a sus trabajadores. “Una economía que necesita personas precarias, dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar, no es una sociedad sana”, señala el doctor Joan Benach, coordinador de este Informe sobre precariedad y salud mental. Tomen nota.

Más muertos por trabajar: 2,2 diarios

En 2022 se dispararon los accidentes laborales y los muertos: 826 fallecidos al ir a trabajar o trabajando. Son 121 más que en 2021 y el mayor número de muertos desde 2009. La mayoría fallecieron por infartos y derrames, caídas, golpes, aplastamientos y accidentes de tráfico, sobre todo en la construcción, el transporte, el campo y la industria, especialmente en Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid. Con ello, España se coloca como el tercer país europeo en muertos por trabajar, tras Francia e Italia. Y también han aumentado las enfermedades profesionales en 2022, aunque apenas se computa el cáncer de origen laboral ni las enfermedades mentales. Los sindicatos denuncian que las empresas han bajado la guardia y se incumple la normativa, con la ayuda de una escasa inspección y de mínimas multas y condenas judiciales (255) por accidentes mortales. Urge un Plan de choque contra los accidentes laborales, con más medios, formación y vigilancia. Hay que acabar con estas “muertes silenciosas” y conseguir “0 muertes” en el trabajo.

Enrique Ortega

Un trabajador de 42 años murió el viernes en Valencia, al caer al vacío tras desprenderse el andamio donde trabajaba en la construcción de un edificio. Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 826 fallecidos en 2022, en el trabajo (679) o yendo a trabajar (147 muertos “in itinere”), según los datos de Trabajo. Una cifra que dispara los muertos laborales de 2021 (705) y 2020 (708 fallecidos) y que supone 105 muertos más que antes de la pandemia (721 fallecidos en 2019). Hay que remontarse a 2009 para encontrar una mortalidad similar (831 muertos por accidentes laborales), que bajó después, por la crisis, hasta un mínimo de 558 muertos en 2013. Pero en 2014 volvió a subir, durante 7 años, estabilizándose con la pandemia. Y ahora, con la economía creciendo otra vez, volvemos a superar los 2 muertos diarios.

Empecemos por los datos de accidentes laborales, que crecieron un 5,17% en 2022: hubo 1.196.429, frente a 1.137.523 en 2021. Pero sólo la mitad fueron accidentes con baja (631.724 accidentes,+10,4%), porque en la otra mitad (564.701) el accidente fue leve y muchos trabajadores prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos denuncian que estos accidentes sin baja crecen año tras año). Esta cifra de accidentes con baja está lejos del récord de accidentes de 2007 (1.022.067), en plena burbuja inmobiliaria, pero muy superior a la de accidentes en lo peor de la crisis (468.038 en 2013). Y es similar a la de antes de la pandemia (650.602 accidentes con baja en 2019).

El grueso de los accidentes laborales con baja de 2022 se produjo en el trabajo (552.173, el 87% del total) y el resto son accidentes “in itinere”, accidentes producidos al ir y venir de trabajar (79.551 accidentes con baja), que crecieron menos en 2022, tras ser los que más repuntaron los años anteriores. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres (el 69%), pero, curiosamente, son las mujeres las que tienen más accidentes “in itinere” (el 53% del total), quizás porque se desplazan más por los hijos. Y la mayoría de los accidentados con baja fueron asalariados (94,5%), el resto autónomos (5,5%).

Del total de accidentes laborales con baja, 4.714 fueron accidentes graves, con muertos o heridos de importancia (el 0,74%, 142 más que en 2021). De ellos, 826 fueron accidentes mortales (121 más que en 2021), la mayoría hombres (751) y asalariados. Y esas muertes se repartieron entre las producidas en el trabajo (679, 104 más que en 2021) y las que se registraron al ir o volver a trabajar (147 muertes, 17 más que en 2021). Las principales causas de estas muertes laborales fueron los infartos y derrames cerebrales (285), los atrapamientos (103), los accidentes de tráfico (99), las caídas (89), los choques (32) y los ahogamientos (23), aunque en las muertes in itinere, la mayoría fueron por accidente de tráfico.

Las actividades más peligrosas, con más accidentes laborales (con baja) en 2022, fueron la industria (92.012 accidentes), construcción (81.525), sanidad y servicios sociales (70.000 accidentes: han crecido un +47,1% en 2022), comercio y reparación de vehículos (67.435), actividades administrativas y auxiliares (56.083) y hostelería (49.647 accidentes: han crecido un +37%). Pero ese es el ranking por número de accidentes. Si miramos la incidencia en porcentaje sobre los que trabajan, las actividades más peligrosas son las minas (6.185 accidentes por cada 100.000 trabajadores), la construcción (6.131), el agua y saneamiento (5.485), la industria manufacturera (4.375) y el campo y la pesca (4.140 accidentes). Ojo: los trabajadores agrícolas en España son los que sufren más accidentes en Europa, (incluido el vuelco mortal de tractores) según los datos de Eurostat. Y por autonomías, el ranking de accidentes por 100.000 trabajadores lo encabezan, curiosamente, Baleares (4.714 accidentes, por el salto en los accidentes turísticos), la Rioja (4.234), Cantabria (4.205), Castilla la Mancha (3.980), Navarra (3.717) y Asturias (3.410), estando a la cola Madrid (2.236 accidentes por cada 100.000 trabajadores), según los datos de Trabajo.

Centrándonos en las muertes laborales, las actividades más letales son la construcción (150 muertos en 2022, un +32%), el transporte y almacenamiento (111, -3%), la agricultura (95 muertes, un +43%) y la industria (95 muertes, +9%), el comercio y reparación de vehículos (62), las actividades administrativas (48), la administración pública (24) y la hostelería (22 muertes). Y por autonomías, destacan Andalucía (118 muertos), Cataluña (80), Comunidad Valenciana (76), Madrid (73), Galicia (67) y Castilla y León (50 muertes). Si ponemos estas muertes en relación con los que trabajan, la mayor letalidad se da en la minería (18,13 muertes por cada 100.000 trabajadores), el campo y la pesca (13,53), la construcción (11,28) y el transporte (11,01), todas muy por encima de la media (3,51 muertes por 100.000 trabajadores). Y por autonomías, las más letales laboralmente son Murcia (7,45 muertes por 100.000 trabajadores), la Rioja (6,95), Galicia (6,59%), Extremadura (6,28%) y Castilla y León (5,51%), estando a la cola Madrid (2,21), Cataluña (2,26) y País Vasco (2,48).

Los accidentes y muertes laborales preocupan también en Europa, donde se producen 3.300 accidentes mortales cada año y hasta 200.000 trabajadores mueren por enfermedades relacionadas con el trabajo, según la Comisión Europea. España es el tercer país en accidentes laborales con 4 días de baja o más (307.949 en 2020), detrás de Alemania (638.894) y Francia (381.609) y delante de Italia (169.363), según Eurostat (2020). Pero como tenemos menos trabajadores, ocupamos el 2º lugar europeo en incidencia (2.384 accidentes por 100.000 trabajadores), sólo por detrás de Francia (2.597) y por delante del porcentaje de accidentes de Alemania (1.782) e Italia (1.036). Y en muertes por accidente laboral, la tasa en España (2,76 muertes por 100.000 trabajadores en 2020) era superior a la media europea (2,11) y a la de Alemania (0,96 muertes), aunque nos superaban en 2020 Francia (3,16 muertes) e Italia (3,03), a las que hemos superado en 2022 (3,51).

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes, también enfermedades profesionales, que  en muchos casos acaban inhabilitando o matando al trabajador en unos años. Y también crecen: en 2022 se contabilizaron 22.589 partes de enfermedades profesionales, un +10,83% más que en 2021 (20.381), según Trabajo. Entre las causas destacan los agentes físicos (19.598), seguidas muy lejos por las enfermedades de la piel (1.065), inhalación de substancias (814), agentes químicos (576), agentes biológicos (429) y agentes cancerígenos (sólo 107 partes de cáncer profesional, aunque son más del doble que en 2020 y 2021). Las actividades con más bajas por enfermedades profesionales son la industria (el 38,5%), la reparación de vehículos (14,1%) y las actividades administrativas y de servicios (10,2% de las bajas totales), siendo pocas en construcción (8,5%) y hostelería (7,3% del total).

Los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (107 casos en 2022), que en la mayor parte de los casos se reconocen porque el trabajador acaba en los Tribunales. De hecho, la OIT y la OMS estiman que 9.550 personas mueren cada año en España por un cáncer originado en el trabajo (y 120.000 en Europa), lo que convierte este origen laboral en la 4ª causa de cáncer, motivado por la exposición a sustancias cancerígenas (el amianto, en la mitad de estos cánceres, y el formaldehido). A pesar de este alcance, los sindicatos denuncian que menos del 10% de los cánceres laborales son reconocidos e indemnizados (con la prestación correspondiente). Y su atención corre a cargo de la sanidad pública, en vez de costearlo la Seguridad Social. Además, los sindicatos piden revisar el catálogo de enfermedades profesionales, para dar entrada a las enfermedades psicológicas y mentales, que se han disparado en los trabajo.

¿Qué está pasando para que se disparen los accidentes y muertes laborales, así como las enfermedades profesionales?  Los expertos creen que hay dos causas claves. Por un lado, la pandemia y sus exigencias sanitarias ha retrasado las tareas de prevención y seguimiento de enfermos crónicos y con riesgos, lo que ha disparado los casos de infartos y derrames cerebrales en el trabajo (causa de 288 muertes en 2022, 1 de cada 3 muertes laborales), agravadas por la escasez de plantillas y el mayor trabajo. Y por otro, las empresas y los trabajadores “han bajado” la guardia ante los riesgos laborales, preocupados por olvidarse de la COVID y “volver a la normalidad”. Los sindicatos aportan una causa más: las empresas se preocupan menos ahora por la seguridad en el trabajo, destinando menos tiempo, formación y recursos a evitar accidentes laborales ahora que les suben los costes. Y sobre todo las pymes, las menos preparadas para evitar los accidentes laborales.

Además, sindicatos y expertos alertan que el alto grado de siniestralidad laboral en España tiene mucho que ver con la alta precariedad laboral, con un mayor porcentaje de trabajadores temporales (ahora, tras el primer año de reforma laboral, son un 17,91% frente al 14% en la UE-27). De hecho, los trabajadores temporales tienen en 41,4% de los accidentes de trabajo (y el 42% de las muertes), cuando son el 28% de los asalariados. Y además, los trabajadores con menos de un año de antigüedad concentran el 46% de los accidentes (y el 41% de las muertes). Así que a más precariedad y menos formación, más riesgo de accidentes y muertes. Y más cuando muchas empresas no invierten en prevención y la subcontratan fuera. UGT añade otra causa a los accidentes: el exceso de carga de trabajo y los plazos ajustados para los pedidos, que obliga a muchos empleados a “trabajar contra reloj”.

El aumento de accidentes y muertes laborales en 2022 es especialmente preocupante, porque certifica el fracaso del Plan de choque contra los accidentes laborales presentado por el Gobierno en diciembre de 2021 y que se puso en marcha durante todo 2022. El Plan consistía en utilizar los datos de siniestralidad laboral disponibles para centrar la tarea de la inspección de Trabajo en los sectores y empresas más peligrosas, cuya seguridad se iba a vigilar con lupa el año pasado: empresas de demolición y preparación de terrenos (128 muertos por cada 100.000 trabajadores), transporte de mercancías y mudanzas (88 muertes), la pesca (82), la recogida de residuos (48), la construcción de edificios (31,5), las instalaciones eléctricas y de fontanería (28,6), la producción ganadera (25,5), la captación, depuración y distribución de agua (23,5) y los cultivos perennes (21,33 muertes por 100.000 trabajadores), aunque la mayor vigilancia se iba a concentrar en las empresas de trabajo temporal (ETTs), que sufren 138 muertes por cada 100.000 habitantes.

Evidentemente, el Plan de choque ha fallado, ya que ha habido más accidentes (+59.276 accidentes con baja) y más muertes (+121 trabajadores fallecidos) que en 2021. Los sindicatos ya advirtieron al aprobarse que el Plan de choque les parecía “insuficiente”, porque no llevaba aparejado un Presupuesto que permitiera contar con más medios para prevención e inspección. Y recordaban que la Inspección de Trabajo sólo tiene 858 inspectores y 173 subinspectores, una plantilla exigua (1 funcionario por cada 13.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 en la UE) para el ingente trabajo que tienen (desde vigilar la contratación y el cumplimiento de la reforma laboral  a la seguridad en el trabajo).

Ahora, el Gobierno, los sindicatos y la patronal tienen que aprobar la Estrategia Española de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2022-2027, que lleva un año de retraso, para cumplir con el Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021. Los sindicatos quieren aprovechar la ocasión para reforzar la política de seguridad laboral, dotando con más medios a la formación y la prevención, así como a la vigilancia de la Inspección de Trabajo. Que se cree una figura estatal para la prevención de riesgos laborales, similar al actual delegado territorial. Y que se acabe con la actual impunidad penal de los accidentes laborales: en 2021 hubo sólo 426 sentencias judiciales  por siniestralidad laboral, 255 de ellas condenatorias. Por ello, la Fiscalía del Estado, los jueces (CGPP) y los Ministerios de Trabajo, Justicia e Interior firmaron en noviembre un Convenio de colaboración para coordinarse mejor y tratar de evitar la impunidad de las empresas responsables de los accidentes y muertes laborales.

En definitiva, se trata de contar con más medios para vigilar el cumplimiento de las normas de riesgos laborales y castigar con más dureza (multas y penas) a los culpables, porque tanto los sindicatos como los expertos creen que no hacen falta más normas, sino que se cumplan. Y, sobre todo, que las empresas (y los trabajadores) apuesten por la seguridad en el trabajo, no sólo por sentido común sino porque “es rentable”: los accidentes laborales le cuestan cada año a Europa un 3,3% de su PIB, según la UE, entre bajas, gastos médicos e indemnizaciones, lo que supone un coste global de 480.000 millones de euros (a España le cuestan unos 40.000 millones anuales). Y se estima que por cada euro invertido en seguridad, la empresa obtiene algo más del doble en productividad.

Hay que acabar con esta lacra de los accidentes y muertes por trabajar, 826 muertos “invisibles” de los que no se habla, al contrario que los muertos por tráfico (1.148) o por violencia de género (48). Una factura humana inadmisible y escandalosa, más en el siglo XXI. Hay que alcanzar un gran Pacto social, como país y empresa a empresa, con un solo objetivo: conseguir “muertes cero” en el trabajo. No podemos consentir que el trabajo mate.

La crisis aumenta los suicidios

Los datos tardan en salir pero son impactantes: 3.910 españoles se suicidaron en 2014, más de 10 suicidios al día, el doble de muertes que por accidentes de tráfico. Y lo más llamativo: los suicidios han aumentado un 20% desde 2007, sobre todo por la crisis económica. Los estudios dejan claro que el paro y las deudas están detrás de muchos suicidios, que se concentran en los mayores de 45 años y los ancianos, sobre todo hombres. Al final, dos tercios de los que se suicidan sufren depresión y enfermedades mentales, sin que se les trate adecuadamente, salvo el “parche” de recetarles pastillas: los ansiolíticos y antidepresivos están entre los medicamentos más vendidos en España. Urge poner en marcha un Plan nacional contra los suicidios y por la mejora de la salud mental de los españoles, centrado en los colectivos de más riesgo, los parados maduros de larga duración, los jóvenes y los ancianos. La prioridad debería ser salir de la crisis lo más sano posible.
 

enrique ortega

Los suicidios son una de  las 10 principales causas de muerte en el mundo y la segunda entre los jóvenes de 15 a 27 años. Cada año se suicidan en el mundo cerca de 1 millón de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una media de 16 personas por cada 100.000 habitantes. Lituania es el país con la mayor tasa de suicidios del mundo (61,3 por cada 100.000 habitantes), seguido de Rusia (53,8), Bielorrusia (48,7), Kazajistán, Hungría, Letonia, Ucrania, Corea del Sur, Japón y Sri Lanka, según la OMS. En conjunto, la tasa de suicidios es mayor en Europa (23,2 suicidios por 100.000 habitantes) que en América (10,3 por 100.000), aunque en los últimos años, con la crisis económica, los suicidios están creciendo más en los países de bajos y medianos ingresos.

España ocupa el lugar 58 en el ranking mundial de suicidios (101 países) estudiado por la ONU. En 2014, el último año con datos oficiales, se suicidaron en España 3.910 personas, una tasa de 8,40 suicidios por 100.000 habitantes, la mitad de la tasa mundial y por debajo de la media de la Unión Europea (11,6 suicidios por 100.000 habitantes), aunque tenemos más suicidios que otros países de la Europa del sur, como Grecia (4,7 por 100.000), Malta (5), Chipre(5,1), Italia (6,6), o que Reino Unido (7,3), pero menos que Bélgica (17,2), Francia (16,9), Alemania (11,6) y la mayoría de países del Este. Pero lo verdaderamente preocupante es que los suicidios se han disparado en España con la crisis: han pasado de 3.263 muertes en 2007 a las 3.910 de 2014 un 19,82% más, según el INE. Son ya más de 10 muertes al día. Y desde 2008, las muertes por suicidio superan a las muertes por accidentes de tráfico (1.873 en 2014) y son la primera causa de muerte en España por motivos no naturales (no enfermedades).

Algunos expertos creen que estas cifras oficiales no reflejan la cifra real de suicidios, que debe ser aún mayor, porque muchas muertes por suicidio se acaban computando como muertes por infarto o por otras causas, para “encubrir” una muerte que se considera “vergonzosa”. Así, algunos médicos forenses estiman que hay un 0,97 por 100.000 más de suicidios no contabilizados, lo que daría unas 450 muertes por suicidio más cada año. O sea, unas 4.360 muertes al año, casi 12 al día.

El perfil del suicida en España es un hombre (75,14% de los suicidas) maduro: casi un tercio de los que se suicidaron en 2014 tenían entre 40 y 55 años, destacando los suicidas de 45 a 49 años (457) y los de 50 a 54 años (438). Todo apunta a que este colectivo maduro, de padres de familia, es el que más sufre las tensiones de la crisis (paro, deudas, incertidumbre) y que “se quita de en medio” cuando ve que los hijos “ya están criados”, no antes. También destacan los suicidios en ancianos (la cuarta parte de los suicidas tiene más de 70 años), sobre todo entre los muy mayores: 498 suicidas en 2014 tenían más de 80 años, algo que tiene mucho que ver con sufrir enfermedades incurables y la soledad. Y no hay que olvidar a los niños y adolescentes: hubo 10 suicidas con 10 a 14 años en 2014.

La mayoría de suicidas en España se ahorcan o saltan al vacío, aunque ha aumentado la muerte por intoxicación voluntaria de medicamentos. Las tasas más altas de suicidio se dan en las grandes ciudades (29,4% del total) y también en los pueblos pequeños, de menos de 10.000 habitantes (26,4%), destacando la alta tasa de suicidios de Asturias (13,92 por 100.000) y Galicia (12,09) y la baja de Madrid (5,21). Durante la crisis (2007-2014), el 83% del aumento de suicidios (hay 647 muertes más) se ha dado entre hombres de 40 a 59 años, el colectivo con mayor paro de larga duración (más de 1 año), según la EPA.

“La relación entre el aumento de suicidios y la crisis económica es clarísima”, ha señalado Antoni Talarn, psicólogo clínico, que aporta los datos del estudio internacional publicado en 2009 en la revista médica Lancet: constataba que “cada 1% de aumento del desempleo se asoció con un aumento del 0,79% en la tasa de suicidios de menores de 65 años y con un aumento del 0,79% en la tasa de homicidios (…) Un aumento superior al 3% en el desempleo tuvo un mayor efecto sobre los suicidios a edades menores de 65 años…”.  Ya en 2012, la OMS advertía que el desempleo y los problemas en los pagos (hipotecas, deudas) eran las principales causas del suicidio en el mundo.

Otra investigación realizada entre 2008 y 2010, publicada en el British Journal of Psychiatry, concluía que 10.000 personas se habían suicidado durante esos años en Europa y EEUU por la crisis económica, apuntando los tres factores de riesgo encontrados: la pérdida de empleo, el endeudamiento y la ejecución de hipotecas (el 15-M tiene esta web con la lista de suicidios motivados por la crisis) . Otro estudio de la misma publicación sobre Grecia, publicado en 2015, revelaba que la tasa de suicidios en el país heleno creció un 37,5% a partir de junio de 2011, justo después de que el Gobierno griego aprobara su segundo paquete de austeridad. Y un tercer trabajo, de 2013, elaborado por investigadores de China y Reino Unido sobre datos de suicidios de 24 países, revelaba que los suicidios habían aumentado en todo el mundo con la crisis, más en Europa (+6,5%) que en EEUU (+4,8%).

En España, los datos del estudio IMPACT (publicado en 2013), realizado entre 2006 y 2010 en las consultas de atención primaria de la sanidad pública son también muy concluyentes: los problemas de depresión crecieron un 19,4%, la distimia (depresión más leve) un 10,8%, la ansiedad un 8,4% y el abuso del alcohol un 4,6%, señalando explícitamente el estudio que “el desempleo constituye el principal factor de riesgo de estos trastornos”. El informe SESPAS 2014 concluye que “la crisis económica va asociada a problemas de salud mental y suicidios”. Y otro estudio de la Universidad de la Coruña, divulgado en 2016, demuestra una relación directa entre desempleo, caída del PIB y aumento de los suicidios en España. Y concluye que el factor de riesgo más importante no es el paro sino los años que se lleva en desempleo.

Está claro también que no todos los suicidios se producen por la crisis. Hay un segundo factor muy importante, la demografía: España es un país que ha envejecido, donde los mayores de 50 años, que son los que más se suicidan, suponen ya el 36% de la población. Y en el futuro aún habrá más riesgo demográfico, porque los mayores de 50 años serán el 44% de la población en 2023 y el 58% de los españoles en 2064, según las proyecciones del INE.

Además, hay otro bloque de causas personales, sociales, culturales y ambientales (clima) que influyen también muy decisivamente en muchos suicidios. En bastantes casos, la ruptura del modelo familiar, los drásticos cambios en el trabajo y las relaciones laborales, la ruptura de los valores tradicionales, la mayor incertidumbre y seguridad, el aumento de la soledad y del individualismo son factores que juegan a favor de los suicidios. Y más si, con la crisis, se han recortado gastos sanitarios, sobre todo en prevención: la atención a la salud mental ha perdido 2.200 millones con los recortes, según la Confederación de Salud Mental de España.

Al final, los suicidios son sólo la punta del iceberg de un problema más de fondo: el deterioro de la salud mental en Europa y en España, agravado con la crisis. Los expertos recuerdan que dos tercios de los suicidas sufrían depresión (la mayoría sin tratarse) y que cerca del 90% tienen un historial psiquiátrico detrás (por depresiones, adicciones y ansiedad). Por eso, para atajar los suicidios hay que mejorar la salud mental, que se ha deteriorado muy seriamente en las últimas décadas. Así, el 9% de los españoles adultos padece algún trastorno mental (son más de 3 millones de personas), la tercera parte de ellos un trastorno grave, según los datos de la Confederación Salud Mental de España. Y estiman que hasta un 15% de españoles adultos (5,3 millones) tendrán problemas mentales alguna vez.

Es un problema muy serio como para no tenerlo en cuenta. Y más porque la mayoría de los enfermos mentales no se trata, ni en España ni en el mundo: mientras el 75% de los males físicos se tratan, sólo lo hacen el 25% de los enfermos mentales, muy estigmatizados socialmente. Y además, el 88% de su cuidado recae en la familia, sin que acudan en muchos casos a la sanidad pública, por recelo y falta de medios, tanto en la atención primaria como en la mayoría de hospitales. Y eso porque España es uno de los países europeos que menos gasta en salud mental, según el Libro verde de la UE. Una cicatería que contrasta con el alto coste de los trastornos mentales, no sólo personal y social, sino económico: 83.749 millones, un 8% del PIB, según algunos estudios.

En España, desde 2006 hay una Estrategia Nacional de Salud Mental, que pilota el Ministerio de Sanidad y ejecutan las autonomías, cada una a su aire y con grandes diferencias de gasto y servicios a los enfermos mentales. En octubre de 2015, el ministro de Sanidad señaló que el Gobierno Rajoy iba a ampliar la Estrategia de salud Mental con dos nuevas prioridades: la lucha contra el suicidio y los problemas mentales de niños y jóvenes. Y eso porque en 2020, de las 10 enfermedades que producirán más discapacidad a los españoles, 5 serán mentales, figurando la depresión como la segunda enfermedad más inhabilitante. Pero al día de hoy, sin Gobierno, la nueva Estrategia de salud mental no se ha puesto en marcha ni hay nuevos recursos para aplicarla. A pesar de que cada día se suiciden más de 10 españoles.

Los expertos creen que la clave es destinar más recursos a la prevención, seguimiento y tratamiento de las enfermedades mentales, para rebajar así la cifra de suicidios. Y hacerlo desde edades muy tempranas, por dos razones. Una, que el 50% de los trastornos psiquiátricos en adultos se inician antes de los 14 años (y el 75% antes de los 24 años). Y la otra, porque preocupa el aumento de trastornos mentales entre niños y jóvenes: un 15% de los chavales entre 4 y 17 años tienen problemas psicológicos serios que deben ser tratados (y un 30% los jóvenes de 13 a 18 años), según acaba de revelar la Asociación española de Psiquiatría del niño y adolescente. Además, hay que reforzar la formación de los médicos de atención primaria, para evitar que el único tratamiento en muchos casos sea medicar a los pacientes. De hecho, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado con la crisis y ese tratamiento amortigua pero no resuelve los problemas de fondo. Y en la mayoría de hospitales, faltan médicos y medios para tratamientos psiquiátricos más complejos.

La crisis sigue ahí, atacando con el paro de larga duración, el subempleo y la precariedad, los bajos salarios y la pobreza a muchos millones de españoles. Así que los factores de riesgo de las enfermedades mentales y el suicidio están presentes. Urge un Plan contra el suicidio y los trastornos mentales vinculados a la crisis, centrado en los colectivos de más riesgo (parados mayores de 45 años, ancianos, jóvenes y niños), con medidas de detección de problemas en ambulatorios, empresas y colegios, reforzando los medios para atenderles de forma integral y profesional, no sólo recetándoles medicamentos para salir del paso. Y, en paralelo, hacer otra política económica, que mejore el crecimiento y el empleo y luche contra la pobreza y la desigualdad, la base de muchos problemas mentales y suicidios. Hay que poner los medios no sólo para salir de la crisis, sino para salir vivos y sanos. No es mucho pedir.