Autonomías: más ingresos...para bajar impuestos

No hay mal que por bien no venga. Esta histórica inflación provoca también que se dispare la recaudación de impuestos: creció +22.283 millones hasta julio. Un dinero extra que no va “a la hucha de Sánchez” (como dice el PP), sino al Estado y sobre todo, a autonomías y Ayuntamientos, que reciben más de la mitad de la recaudación. Para 2023, el Gobierno les ha informado que recibirán 27.230 millones más que este año: 157.000 millones de euros, los mayores ingresos del Estado en la historia de autonomías y ayuntamientos. ¿Qué van a hacer con ellos? El Gobierno les pide que refuercen los servicios públicos, que dependen de ellos. Pero muchas autonomías y Ayuntamientos (los del PP) anuncian que bajarán  impuestos en 2023, año de elecciones regionales y locales. Curiosamente, estas autonomías, que presumen de bajos impuestos, son las que menos gastan en sanidad, educación y servicios sociales. No es casualidad. Ojo a la trampa de bajar impuestos (más a los más ricos) desatendiendo los servicios públicos.

Enrique Ortega

Hacienda está consiguiendo un récord en los ingresos tributarios en 2022: han aumentado en +22.283 millones hasta finales de julio (+18%), recaudando ya 146.235 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Una recaudación extra que tiene 3 causas: la fuerte inflación (todo es más caro y el IVA y otros impuestos que pagamos suben), hay más gente trabajando, cotizando y pagando impuestos (+284.000 empleados este primer semestre y 796.000 ocupados más en el último año) y hay más actividad, tras la caída por la pandemia (la economía creció un +0,65% en el primer semestre de 2022). Se espera que la recaudación siga al alza el resto del año y Hacienda recaude unos 35.000 millones más este año.

Un dinero extra que “no va a la hucha de Sánchez”, como reitera demagógicamente el PP,  sino “a la hucha del Estado”, que tiene que pagar con estos ingresos extras los gastos públicos y los gastos extras que acarrea la crisis por la invasión de Ucrania: hasta ahora, las ayudas aprobadas cuestan 30.000 millones, cifra que seguirá aumentando hasta final de año. Y además, hay que recordar a Feijóo y los suyos que más de la mitad de la recaudación del Estado va a las autonomías y Ayuntamientos, muchos gobernados por ellos: las autonomías reciben un 50% de la recaudación total del IRPF y del IVA y el 58% de lo que se ingresa por los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol), mientras los Ayuntamientos participan también en la recaudación de tributos del Estado (más del 2% del IRPF, IVA y especiales).

Así que si el Estado recauda más este año, más de la mitad de estos ingresos extras acabarán en las arcas de autonomías y Ayuntamientos, como ya viene pasando los últimos años. Y volverá a pasar en 2023, como adelantó Hacienda a autonomías y Ayuntamientos en julio pasado: van a tener los mayores ingresos del Estado de su historia, debido a que se espera un nuevo aumento de la recaudación tributaria, por el triple efecto de la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento esperado de la economía.

Concretamente, las autonomías van a recibir 134.335 millones del Estado en 2023, lo que supone 26.130 millones más que este año (+24%). Una parte (124.292 millones, un 11% más) son ingresos a cuenta de la recaudación esperada en 2023 (el 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRP e IVA y el 58% por impuestos especiales) y el resto (10.980,6 millones) es la liquidación  por la diferencia entre lo adelantado a cuenta en 2021 y lo realmente ingresado (se liquida a los dos años). Pero además, el Gobierno va a permitir a las autonomías tener “un margen adicional de gasto” en 2023: les aumenta el déficit permitido, del -0,1% del PIB que se contemplaba en abril al -0,3% de déficit que les permite ahora, según el último Plan de Estabilidad enviado a Bruselas en julio. Eso se traduce en que podrán gastar 2.580 millones más en 2023. Al final, entre mayores ingresos y mayor déficit, las autonomías tendrán un colchón de gasto de +28.710 millones de euros en 2023.

Esto es algo que ya viene pasando en los últimos ejercicios, donde las autonomías han ido aumentando año tras año los ingresos que reciben del Estado, debido al aumento de la recaudación y a la necesidad de financiar mejor las crecientes competencias. Así, los datos de Hacienda indican que las autonomías recibirán 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) de los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Claro que eso no se debe tanto a “la vocación autonomista” del Gobierno como a la mejora de la recaudación tras la resaca de la crisis de 2008-2014, junto a las mayores demandas de las autonomías, que se quejan (con razón) de falta de recursos y de los efectos negativos (más para algunas) del actual sistema de financiación autonómica, que Rajoy prometió cambiar en 2014 (pendiente hoy).

Los Ayuntamientos también van a recibir en 2023 la mayor transferencia de fondos del Estado de su historia: 23.035 millones de euros, un 5% más que en 2022 (+ 1.100 millones), según les anticipó Hacienda en julio. La mayor parte (19.452 millones, +3%) les llegará por la entrega a cuenta de su participación en los ingresos del Estado en 2023 (2,13% del IRPF, 2,32% del IVA y 2,92% de los impuestos especiales) y el resto (3.583 millones) vendrá de la liquidación (positiva) por la diferencia entre lo adelantado a cuenta en 2021 y lo realmente ingresado (se liquida a los dos años).  Además, en los Presupuestos para 2023 habrá una partida para compensar a los Ayuntamientos de la posible liquidación negativa que salga cuando se les liquiden los ingresos de 2022. Y también, como con las autonomías, el Gobierno ha aprobado otro colchón extra a los Ayuntamientos para 2023: se les va a permitir tener un menor superávit. Si antes se les pidió ayudar a recortar el déficit público español con un superávit del +0,2%, ahora se les permite tener un +0,1%, lo que supone poner gastar otros 1.290 millones extras en 2023. En total, pues, podrán gastar 2.390 millones más.

En definitiva, que autonomías y Ayuntamientos va a tener más ingresos que nunca en 2023: +28.710 millones las regiones y +2.390 millones los municipios. Unas cifras muy importantes, si se concretan y comparan con sus Presupuestos. Así, Andalucía ingresará 4.316 millones más (11% de su gasto), la Comunidad de Madrid +2.600 millones (el 10% de su gasto), Cataluña +3.100 millones (el 8%), la Comunidad Valenciana +2.835 millones (el 11%) , Galicia +1.409 millones (9%), Canarias +1.246 millones (12%), Castilla y León +1.000 millones (8%), Aragón +879 millones (12%), Castilla la Mancha +812 millones (8%)…

¿Qué van a hacer las autonomías y Ayuntamientos con estos ingresos extras? La ministra de Hacienda les ha pedido que lo gasten en ayudas para compensar la inflación (complementando las ayudas estatales)  y en reforzar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales). Pero me temo que no lo gastarán así, por dos razones. Una, por lo que han hecho con los fondos extras recibidos del Estado para paliar la crisis de la COVID: de los 29.500 millones recibidos en 2020 (16.000 millones) y 2021 (13.500 millones), no se gastaron 3.500 millones ni en Sanidad, ni en Educación ni en gastos sociales (los destinos para los que les traspasaron el dinero), según Hacienda y la AIReF. Y tenemos otro hecho revelador: 11 autonomías recortaron el gasto en Dependencia en 2021, (sobre todo Cataluña y Canarias) “aprovechando” que el Estado central aumentó su aportación a la atención de los dependientes: aprovecharon el dinero “extra” para “hacer caja y gastar en otras cosas, a pesar de que hay 186.346 dependientes en las "listas de espera" de la Dependencia…

La otra razón que me hace temer por el destino de este dinero extra para autonomías y Ayuntamientos es el anuncio de muchos gobiernos autonómicos y municipales de que van a bajar los impuestos en 2023, curiosamente un año en que se celebran elecciones en mayo en los municipios y la mayoría de las regiones. En concreto, Madrid, Andalucía, Murcia o Galicia (autonomías gobernadas por el PP),  ya han anunciado que van a bajar los impuestos autonómicos en 2023, deflactando la tarifa (descontando de los ingresos a declarar la inflación) y bajando tipos y gravámenes. Y también será la bandera de muchos alcaldes, sobre todo los del PP, Ciudadanos y Vox. Así que una parte de los ingresos extras que van a recibir del Estado (de todos nosotros) lo van a destinar a bajar impuestos en sus regiones y ciudades, no a mejorar los deteriorados servicios públicos.

Y esta política tiene dos problemas. Uno, que la bajada de impuestos acaba deteriorando los servicios públicos, ya que se reducen los ingresos de autonomías y Ayuntamientos. No es casualidad que las autonomías que menos ingresan sean también las que menos gastan en sanidad, educación y servicios sociales. Veamos los datos. De las 6 autonomías que menos ingresan por habitante (datos 2021), 5 están gobernadas por el PP : Madrid (3.823 euros ingresos por habitante), Andalucía (4.206 euros), Canarias (4.232), Murcia (4.435), Castilla y León (4.727) y Galicia (4.973 euros por habitante), que contrastan con Navarra (7.388 euros por habitante), La Rioja (5.944), País Vasco (5.732), Castilla la Mancha (5.474) o Aragón (5.326 euros por habitante). Y a su vez, estas mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) son las que menos gastan por habitante: 3.726 euros Madrid o 4.206 Andalucía frente a 7.388 Navarra, 5.944 la Rioja, 5.732 el País Vasco o 5.454 Castilla la Mancha.

Pero todavía está más clara la divergencia si miramos el gasto autonómico en sanidad educación y servicios sociales, según los últimos datos de los Directores de Servicios Sociales (2020). En sanidad, las 4 autonomías que menos gastan son Madrid (1.204 euros por habitante), Cataluña (1.251), Murcia (1.268) y Andalucía (1.278), por debajo de la media española (1.375 euros/habitante), tres de ellas autonomías que prometen seguir bajando impuestos en 2023. En gasto en educación, vuelve a estar a la cola Madrid (725 euros por habitante), seguida de Asturias (826), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866) y Castilla la Mancha (870), todas por debajo del gasto medio español (905 euros por habitante). Y en servicios sociales, el menor gasto se da en Baleares (157 euros por habitante), seguido de Canarias (243), Murcia (279), Madrid (274), Andalucía (286), País Vasco (294), Galicia (301) y Cataluña (308), todas por debajo del gasto medio (309 euros).

El otro problema que acarrea bajar impuestos como “bandera electoral” es que la medida beneficia más a los que más tienen, a los ingresos medios altos y altos, según se ha demostrado en las rebajas hechas los últimos años en Madrid, Andalucía o Murcia, como revela este estudio de los economistas fiscales. Y hay un hecho que lo corrobora: han aumentado los ricos que se empadronan en las autonomías con menos impuestos. Veamos el dato: 500 multimillonarios y 3.700 contribuyentes con un patrimonio entre 3 y 30 millones consiguen no pagar nada de impuesto de patrimonio por tener su residencia en Madrid, que por bonificar el 100% de este impuesto deja de recaudar 900 millones de euros cada año (mientras recorta médicos, centros de salud y profesores). Y también se benefician más de las rebajar en herencias y otros impuestos los contribuyentes que tienen más recursos.

Así que en los próximos meses, cuando la derecha continúe con su propuesta de bajar impuestos, más ante las elecciones de mayo, recuerde estos datos y piense en cuál es el mejor destino de los mayores ingresos: si rebajar impuestos (más a los que más tienen) o mejorar los servicios públicos, donde hay muchas autonomías que gastan poco. Y este debería ser un debate clave para las elecciones de mayo porque las autonomías son la clave para asegurar el Estado del Bienestar: son responsables del 92% del gasto sanitario público, del 85% del gasto educativo y del 73% del gasto en Dependencia. Así que si bajan impuestos e ingresan menos, los servicios públicos esenciales se van a resentir.

En paralelo a este debate sobre los futuros impuestos autonómicos y municipales, la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) sigue con su bandera de “bajar impuestos para resolver todo”, desde la subida de la luz y los carburantes a los alimentos: las grandes distribuidoras (y el PP) piden bajar el IVA de los alimentos para rebajar su precio. Así conseguirían mantener sus mayores márgenes a costa de que el Estado (no Sánchez) ingrese menos y tenga menos recursos, necesarios para financiar las ayudas necesarias para compensar la inflación y para complementar una sanidad, educación y servicios sociales muy necesitados de refuerzo.

Oponerse a bajar impuestos no es una cuestión "ideológica" (de “izquierdas”) sino "económica". Porque casi nadie dice que España tiene un serio problema de recaudación, que ingresamos menos por impuestos que la mayoría de Europa (ahora y desde hace décadas): en 2021, por ejemplo, España recaudó por importe del 43.7% del PIB, frente al 46,9% la UE-27, el 47,8% Alemania, el 48,3% Italia y el 52,8% Francia. Eso quiere decir que, si recaudáramos como el resto de europeos, España debería ingresar entre 38.562 millones más (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.660 millones más (Francia)… cada año. Para conseguirlo, tendríamos que recaudar más en todos los impuestos, reduciendo deducciones injustas en IRPF y Sociedades, con menos tipos bajos en IVA y reduciendo el fraude.

Así que si queremos ser como los demás europeos, tenemos que recaudar más, no menos. Y sólo así podremos gastar más, porque aunque tampoco se dice, España tiene menos gasto público que la mayoría de Europa: gastó el 50,6% del PIB en 2021, frente al 51,6% la UE-27, el 52,4% la zona euro, el 51,5% Alemania, el 55,5% Italia y el 59,2% Francia. Y aquí hay menos distancia porque para mantener este gasto (insisto: menor) tenemos que tener más déficit público (y más deuda) que la mayoría de Europa. O sea, que si queremos gastar más, en sanidad, educación, dependencia, gastos sociales y en modernizar la economía y el país, como parece necesario, hay que recaudar más, no menos. Y como en economía no hay milagros (“bajamos impuestos y se recauda más”), si se bajan impuestos se tendrá que gastar menos por algún lado. Madrid ya ha demostrado dónde…

En resumen, que el aumento de la recaudación puede ser una buena ocasión para financiar las necesarias ayudas frente a la inflación y para que las autonomías y Ayuntamientos refuercen los servicios públicos. Pero algunos políticos regionales y locales no deberían aprovechar estos mayores ingresos, y las elecciones de mayo, para bajar impuestos, en beneficio de los que más tienen y en perjuicio del Estado del Bienestar, que hay que reforzar y no recortar. Es nuestro seguro para el futuro, como se ha visto con la pandemia y la guerra. No lo olvidemos.

10-N: por un Gobierno que pacte reformas

Este domingo se celebran elecciones generales y hay que votar para salir de un estancamiento político que dura ya 4 años. Y tenemos más problemas que Cataluña. La economía debería ser una preocupación central este 10-N, porque la recuperación no llega a todos: un tercio de españoles trabajan en precario y una cuarta parte, 12 millones, son oficialmente “pobres”, según la estadística europea. Y además, hay riesgo de que estalle otra crisis y no estamos preparados para afrontarla. Por eso, tendríamos que conseguir un Gobierno estable, que consiga pactar como sea las grandes reformas que necesita España: empleo, reforma laboral, pensiones, lucha contra la pobreza y desigualdad, educación y mejora de los servicios públicos, vivienda y una modernización de la economía. Pero todo esto cuesta dinero y España recauda 73.000 millones menos que Europa. Sin una reforma fiscal, para que paguen más el 5% que pagan poco (multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos), no hay salida. Piénselo al votar.

enrique ortega

España lleva 4 años largos sin afrontar los grandes problemas del país, desde que el 2 de octubre Rajoy anunció las elecciones del 20 de diciembre de 2015, a las que han seguido otras dos fallidas, la del 26 de junio de 2016 y la del 28 de abril de 2019. Ahora, en las elecciones del 10 de noviembre (las cuartas en 4 años, un récord mundial) nos jugamos acabar con el bloqueo político que ha impedido aprobar ninguna reforma seria estos años. Y para conseguirlo, necesitamos que salga un Gobierno estable (en solitario o en coalición), que sea capaz de plantear y pactar las reformas más urgentes que necesita el país. Y que tome medidas para impedir que se genere otra crisis que hunda el crecimiento y el empleo y nos lleve otra vez a los recortes y al desempleo.


¿Cuáles son los retos que deberían preocupar a los electores el 10-N? El primero y fundamental, el empleo, el primer problema para 2 de cada 3 españoles, según el CIS. El empleo se ha “enfriado” este verano (69.400 empleos frente a 182.200 en 2018 y 225.000 en los veranos de 2016 y 2017) y además sigue siendo muy precario (sólo 6,2 de cada 100 empleos nuevos son “decentes”: fijos y a jornada completa) y con sueldos bajos. Y el paro sigue siendo el doble que en Europa (13,9% frente a 6,2% en la UE y 3,1% en Alemania) y llega al 31,6% entre los jóvenes menores de 25 años. Además, casi la mitad de los parados (43,5%) llevan más de 1 año sin trabajar y el 40% de los parados no cobran subsidio. 


Urge pactar un Plan de choque contra el paro, aumentando las ayudas a los parados, promoviendo su formación (la mayoría no hacen cursos) e incentivando la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Y en paralelo, alcanzar un pacto social con sindicatos y patronal para luchar contra la precariedad laboral, fomentando contratos fijos y a jornada completa con sueldos decentes y anulando los aspectos más lesivos de la reforma laboral.


El segundo gran reto es mejorar los servicios públicos, el Estado del Bienestar: En Sanidad, aumentar las plantillas de médicos y enfermeras (reduciendo los temporales, hoy un tercio del personal), mejorar los hospitales y centros de salud, renovar su tecnología y reducir las listas de espera, racionalizando el gasto farmacéutico. En Educación, mejorar las plantillas y aumentar los centros (suprimiendo barracones), luchar contra el fracaso escolar con apoyos, corregir las desigualdades educativas entre autonomías y reformar la enseñanza universitaria, para ajustar sus programas a la demanda de empleo, reforzando la Formación Profesional, sobre todo la dual (30% programa son prácticas en empresas). Y en Dependencia, aportar más recursos públicos a las autonomías para reducir la lista de espera: hay 257.487 dependientes con derecho reconocido que esperan una prestación. Y como muchos son ya octogenarios, 80 dependientes se mueren cada día sin que les llegue.


El tercer gran reto es reducir la pobreza y la desigualdad en España, un cáncer no sólo social sino también político y económico, porque hay 12 millones de españoles en situación de pobreza (tasa AROPE, un indicador europeo) que malviven ganando el 60% o menos de la media (menos de 1.552 euros al mes una familia con 2 hijos) y que apenas consumen, cotizan o pagan impuestos,“pasan” de la política y se sienten abandonados por la democracia. Y enfrente, se han quintuplicado los millonarios (hay casi 1 millón de españoles con más de 1 millón de dólares de patrimonio) y  crece la desigualdad, con un 20% más rico que tiene 6 veces los ingresos del 20% más pobre, siendo España el 4º país con más desigualdad de Europa, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat.


Cuarto reto básico y de fondo: apuntalar el sistema de pensiones. A corto plazo, tenemos el problema de que el gasto crece más que los ingresos por cotizaciones (porque crecen los pensionistas y los nuevos vienen con pensiones más altas, mientras los empleos cotizan por salarios muy bajos y discontinuos). Con ello, la Seguridad Social cerrará este año con un déficit de -17.430 millones, similar a los de 2016, 2017 y 2018, cerrando así 10 años seguidos de déficit (-118.022 millones desde 2010). Un déficit que se ha tapado con deuda y gastando la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y cerrará 2019 con 2.000 millones). Pero el problema no es sólo “tapar” este agujero anual, sino hacer frente al problema que se nos viene encima a medio plazo, a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), lo que disparará el número de pensiones (de los 9,7 millones actuales a 15 millones en 2050), sin que aumente apenas el empleo (sólo habrá 500.000 empleos más que hoy) que ha de financiarlas con sus cotizaciones.


Urge un Pacto de pensiones con un horizonte hasta 2050, que asegure más ingresos (con una subida de cotizaciones y trasvase de impuestos), quite gastos que debe pagar el Presupuesto y no las pensiones (fomento del empleo, ayudas por maternidad o paternidad, pago desempleo no contributivo, coste Ministerio de Trabajo) y atempere el gasto futuro en pensiones, quizás subiendo la edad efectiva de jubilación y aumentando el periodo de cómputo de cotizaciones (de los 25 previsto para 2027 a 35 años). Y sobre todo, estudiar un sistema de revalorización anual de las pensiones actuales que “no se coma” las pensiones futuras (subirlas todas con el IPC cuesta 327.000 millones en 20 años), quizás concentrando la revalorización en las pensiones mínimas y más bajas.


El quinto gran reto es la vivienda, sobre todo los alquileres, que se han “disparado” en los últimos años, con una subida que oscila entre el 50% desde 2014 (según los portales de alquiler) y el 24,6%, según Fomento (a partir de las fianzas). Aquí, el atajo de Podemos y algunos Ayuntamientos es imponer controles, limitar la subida de los alquileres como se va a hacer en Berlín. Pero puede provocar el efecto contrario: que los propietarios no alquilen. Sería mejor incentivar el alquiler de las 3,44 millones de viviendas vacías (con deducciones fiscales, en el IBI y el IRPF) y, sobre todo, ampliar el parque de viviendas en alquiler (con promoción pública de Ayuntamientos y autonomías), hoy inexistente, y facilitar suelo público a los promotores que construyan alquileres baratos. Más oferta para bajar precios.


El sexto gran reto, de España y del mundo, es luchar contra el Cambio Climático, racionalizar la oferta y el consumo de energía para no cargarnos el Planeta. El Gobierno en funciones aprobó en febrero de 2019 un Plan Integrado de Energía y Clima que puede ser un punto de partida para lograr un gran Pacto climático, donde se integren los partidos, las empresas eléctricas y energéticas, los transportes y los consumidores, con inversiones, impuestos, tarifas y ayudas que permitan esta urgente “reconversión energética”. Y en paralelo, urge una auditoría del sector eléctrico, para ajustar el recibo a lo que de verdad cuesta producir la luz, porque hoy pagamos un sinfín de “extracostes” que explican por qué la luz en España es la 4ª más cara de Europa para las familias  y la 9ª más cara para las empresas.


El 7º gran reto de España, el más de fondo, es conseguir modernizar la economía para ser más competitivos y más ricos. Hoy por hoy, España es la 5ª potencia económica de Europa pero la renta de los españoles ocupa el lugar nº 14 entre los europeos, no sólo por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido  e Italia (lógico), sino que tenemos menos renta por habitante que Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Finlandia y Malta. Somos más pobres que 13 paises por dos razones: trabajamos menos gente (deberían trabajar 1.800.000 españoles más para llegar a la tasa de empleo UE) y trabajamos peor. Trabajamos menos gente porque el modelo económico está basado en los servicios (el turismo y la hostelería), pesa menos la industria y las grandes empresas, producimos con menos tecnología y valor añadido y tenemos una mano de obra poco formada (el 40,9% de adultos no tiene acabada la ESO), factores que en buena medida explican también que trabajemos peor, con menos productividad (ha caído un -10,5% entre 1995 y 2017 mientras crecía un +4,5% en Europa) y eficacia. Un reto que exige tomar medidas a 20 años vista, para ser más productivos y vivir mejor.


Al final, todos estos grandes retos exigen una cosa: dinero. Recursos para pagar a los parados, para incentivar a las empresas a que los contraten, para formación, recursos para contratar más médicos y reducir las listas de espera, para mejorar la educación, más recursos para ayudar a nuestros mayores dependientes, para ayudar a los millones de familias pobres (y sobre todo a sus niños), más ingresos para las pensiones, más dinero para promover viviendas públicas, más recursos para financiar la lucha contra el Cambio climático, más inversiones para modernizar y digitalizar la economía, para competir mejor en el mundo. Y el problema es que España no tiene recursos, es más, gasta más de lo que ingresa, con lo que este año tendremos otra vez déficit (el 2% del PIB), el 4º mayor déficit de Europa (tras Rumania, Italia y Francia). Y la Comisión Europea ya nos ha advertido que podría ser mayor y que el futuro Gobierno tiene que recortar al menos 6.500 millones en 2020, no gastar más.


¿Cuál es el problema? ¿Gastamos mucho? No. Realmente, España es uno de los paises europeos con menos gasto público: un 41,3% del PIB frente al 45,6% de media en la UE-28 para 2018, según Eurostat. Eso significa que para “homologarnos” con Europa, deberíamos gastar 51.954 millones más al año. Porque gastamos mucho menos que los europeos en sanidad (5,8% del PIB frente al 7,2% de su PIB que gastan la UE-28, Alemania e Italia o el 8,2% que gasta Francia), en educación (4% del PIB frente al 5% medio de la UE-28 y hasta el 7% de algunos paises), en Dependencia (0,7% del PIB frente al 1,4% en los paises OCDE), en Ciencia (1,2% del PIB frente al 2,1% en la UE-28), en pensiones (10,8% del PIB en España frente al 13,9% en Francia, el 16,2% en Italia, el 10,1% en Alemania o el 6,2% en Reino Unido, según la OCDE), en ayudas a la familia (0,7% del PIB en España frente al 1,7% en la UE)) y en protección social (el 16,6% del PIB frente al 18,8% en Europa). Gastamos menos en todo, según Eurostat, salvo en paro (el 1,6% del PIB frente al 1,2% en la UE, pero tenemos más del doble de paro). 


Si el gasto público es menor que Europa y tenemos más déficit, ¿qué pasa? Pues que ingresamos mucho menos. El gran problema de España es que recauda mucho menos, exactamente 73.703 millones menos en 2018: ingresamos el 38,9% del PIB frente al 45% que ingresaron los 28 paises UE (y los del euro aún más: el 46,3%), según estos datos de Eurostat. Y recaudamos menos en todos los impuestos: en Renta (somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca), en IVA (recaudamos 23.400 millones menos que la media europea, según la Comisión), en Sociedades (recaudamos el 2,3% del PIB frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 3.453 millones de beneficios fiscales a las empresas en 2018), en impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes (ingresamos el 2,5% del PIB frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia), en impuestos verdes (recaudamos 3.000 millones menos que la media europea) y hasta con las herencias (-3.250 millones menos que Europa). Y el impuesto sobre el patrimonio (con tipos bajos) no se paga en Madrid (deja de recaudar 955 millones cada año) y ofrece "rebajas" en 7 autonomías.


Así que si queremos gastar más en lo que hace falta (sólo acercarnos al gasto de los europeos) y no subir el déficit, sólo nos queda recaudar más. Y eso supone un gran Pacto fiscal, para reformar los distintos impuestos, rebajar deducciones y exenciones injustificables, reducir el fraude y hacer que paguen más no el 95% de los españoles (que ya pagamos bastante) sino ese 5% que pagan menos: las multinacionales, grandes empresas, bancos, rentas más altas y los más ricos. Si no se hace, es imposible disponer del dinero que hace falta para afrontar las grandes reformas que necesita el país.


El problema es que los tres partidos de la derecha sólo tienen una obsesión, además de la “mano dura” con Cataluña: bajar impuestos. Casado (PP) cuantifica su promesa si gana: bajar 12.000 millones los impuestos a las empresas. Y Ciudadanos promete "rebajar el IRPF a las rentas altas y suprimir el impuesto sobre el patrimonio y las herencias", los dos más "redistributivos". Así resultaría muy difícil mejorar los servicios públicos, el empleo y las pensiones, sobre todo si crecemos menos. Mientras, el PSOE “esconde" en su programa electoral las subidas de impuestos que defendió, con Podemos, en su Presupuesto 2019. Quizás teme que hablar de subir impuestos le quite votos... 

Eso sería porque no se explica bien. Hay que contar a los españoles que tenemos una serie de reformas urgentes y que no pueden hacerse sin gastar más. Y que es factible hacerlo, porque gastamos menos que Europa e ingresamos mucho menos. Que esto no significa subir impuestos al 95% de los españoles, sino que paguen más ese 5% que hoy paga poco y puede colaborar más en mejorar España. Es fácil de entender y asumir, sin temor, por la mayoría, que no se vería afectada. Pero esa minoría, que sabe que si gana la izquierda tendrían que pagar más, alimenta los temores ciudadanos y los programas de las tres derechas. Piénselo al votar el 10-N.

Presupuestos "Frankenstein" para 2019

Hoy se presentan en el Congreso los Presupuestos 2019, los más "extraños" de la democracia. Un verdadero “monstruo de Frankenstein”: mezclan los ajustes de Rajoy con un “parche” de más gasto social de Sánchez. Y encima, corren el riesgo de no ser aprobados y acabar en un listado de promesas electorales del PSOE. El Gobierno Sánchez quiere evitar elecciones con un Presupuesto que hereda el tope de gasto del PP y trata de superarlo inflando los ingresos y subiendo algunos impuestos, para justificar algunos gastos sociales más, con lo que no cumplirá con el déficit prometido a Europa. Es un parche, “un quiero y no puedo” que trata de ganar tiempo y votantes. Pero aún así, es mejor tenerlo y que estimule el gasto y mejore los ingresos de muchos españoles, lo que fomentaría el crecimiento y el empleo, contrarrestando la debilidad de la recuperación. Si no se aprueba y hay elecciones, se perderán muchos meses claves hasta tener otro. Y si gana la derecha, el ajuste será peor. 

enrique ortega

Los Presupuestos suelen reflejar la política del Gobierno que los presenta. En este caso, la anomalía es que “el primer padre” de los Presupuestos 2019 es Rajoy, porque dejó al Gobierno Sánchez una “herencia” que es una pesada losa: el techo de gasto. Y en cumplimiento de esta herencia, el actual Gobierno no puede gastarse lo que quiera, sino que tiene un límite: que la diferencia de ingresos y gastos no supere un déficit del 1,3% del PIB en 2019 (16.301 millones máximo de déficit). La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, había conseguido en julio que la Comisión Europea “abriera la mano” y permitiera que España tuviera este año un déficit mayor, hasta el 1,8% del PIB (22.571 millones). Eso le daba al Gobierno español un desahogo: podía gastar 6.270 millones más en 2019 con permiso de Bruselas, que también ha abierto la mano con los déficits de Francia e Italia.

Y con este “oxígeno” europeo, el Gobierno Sánchez planteó subir el techo de gasto para 2019 que había heredado de Rajoy. Pero al presentarlo en el Congreso, chocó con una cláusula de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 por Rajoy: el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta (por eso lo hizo), podía vetar un techo de gasto más expansivo. Y lo hizo, el 27 de diciembre 2018, con los votos del PP y Ciudadanos, que lo veían como una forma de forzar al Gobierno Sánchez a convocar elecciones. Y aunque el Gobierno recurrió al día siguiente al Constitucional, tiene que cumplir la Ley. Y se ha visto obligado a presentar un Presupuesto con un corsé: el déficit de Rajoy y no el que nos permite Bruselas. Eso supone que tendrán que recortar el déficit del 2,7% previsto para 2018 (32.309 millones) al 1,3% que les obliga el Senado (16.301 millones). Eso significa que este año 2.019, el Gobierno Sánchez, “de izquierdas”, tendrá que hacer un “ajuste” de 16.008 millones de euros, un “ajuste” (menos gastos y más ingresos) mayor a los que hizo Rajoy entre 2014 y 2018. Y con ello, El Gobierno Sánchez podrá gastar 6.270 millones menos en 2019 de lo que gastaría con el déficit autorizado por Europa.

¡Vaya herencia de Rajoy¡ El Gobierno Sánchez, con este hándicap, ha hecho un Presupuesto 2019 “con truco” (como todos los Presupuestos): como me obligan a gastar 6.200 millones menos y quiero gastar más (en “gastos sociales”), pues “inflo” los ingresos (como también hacía el ministro Montoro, año tras año) y así, aunque gaste más, como digo que voy a recaudar más, pues no me paso del tope de déficit “heredado” de Rajoy. La estrategia es muy descarada, a la vista de las cifras presentadas: esperan recaudar por impuestos 227.356 millones de euros, un récord histórico, 19.746 millones más que el Gobierno Rajoy en 2018. De ellos, 5.654 millones los esperan recaudar subiendo algunos impuestos, pero los 14.092 millones extras restantes piensan conseguirlos  “por la buena marcha de la economía”. Un “milagro fiscal” (el milagro de la ministra Montero) porque el año 2018, creciendo la economía más que este año (2,6% frente al 2,2% previsto para 2019), Hacienda sólo consiguió recaudar 9.595 millones más el año pasado.

Así que el primer truco es exagerar los ingresos, algo que ya le achacaron al Gobierno Sánchez en Bruselas, al enviarles en octubre una primera versión del Presupuesto. Tampoco es muy creíble la recaudación extra que dicen van a conseguir  con las subidas de impuestos anunciadas en los Presupuestos 2019, 5.654 millones en total : 1.776 millones subiendo el impuesto de sociedades a las grandes empresas, 1.200 millones extras con la nueva tasa Google a las multinacionales tecnológicas y 850 millones por el futuro impuesto de transacciones financieras (ambas medidas no entrarían en vigor hasta junio y los expertos creen que, de aprobarse, recaudarán la mitad de lo previsto), 339 millones más por subir el impuesto de patrimonio, 328 millones por la subida del IRPF a los que ganan más de 130.000 euros anuales (el 0,5% de los contribuyentes), 670 millones por la subida de impuestos al gasóleo (3,8 céntimos por litro) y 828 millones extras que esperan conseguir con la lucha contra el fraude fiscal, la morosidad y el control de los pagos en metálico. Y se reducirán impuestos a las pymes (-260 millones de recaudación) y el IVA a los servicios veterinarios (del 21% al 10%), compresas (del 10% al 4%), y  periódicos, libros y revistas digitales (del 21 al 4%), tres rebajas que reducirán en 77 millones la recaudación fiscal en 2019.

Una vez que se exagera en los ingresos, el otro”truco” de los Presupuestos 2019 está en los gastos: forzarlos al máximo y repartirlos lo más posible, para contentar a mucha gente. Si el Gobierno Sánchez pretende aumentar los ingresos en 19.746 millones en 2019, el Presupuesto contempla gastar 10.981 millones más (el resto va a reducir el déficit). Pero lo que hace es recortar algunos gastos  (-5.201 millones en “actividades de carácter general” y -149 millones en el pago de intereses de la deuda) para poder gastar más en otras cosas, en lo que llama “política social”: los gastos sociales suben 12.600 millones para 2019. Y en infraestructuras (+2.161 millones, un 39,9% más, sobre todo en el tren) y Ciencia (+362 millones para I+D+i, un 5,1% más). Y además, como es año electoral, el Presupuesto 2019 aporta 7.860 millones más a las autonomías (+6.487 millones) y a los Ayuntamientos (+1.373 millones).

Esos 12.600 millones más de gastos sociales se reparten mucho, con subidas a veces pequeñas pero que políticamente “suenan muy bien”: pensiones (+9,030 millones, un 6,2% más que en 2018, para subidas y supresión del copago farmacéutico a jubilados y rentas bajas), otras políticas económicas (+ 1.274 millones, un 8,6% de aumento, para ampliar el permiso paternidad de 5 a 8 semanas y dedicar 321 millones más a combatir la pobreza), Dependencia (831 millones más, un 59,3% de aumento), desempleo (700 millones más, incluyendo recuperar el seguro de paro para los mayores de 52 a 55 años), servicios públicos básicos (+781 millones, un 3,9% más), ), subvenciones al transporte (+281 millones), acceso a la vivienda (+198 millones, un 41% más), educación (+153 millones, un 5,9% más, para becas y libros de texto)…

Un mayor gasto social muy repartido, que va a beneficiar a mucha gente, tras tantos años de recortes, aunque sea insuficiente (en educación, por ejemplo, igualarnos a lo que gasta Europa, supondría gastar 6.700 millones más cada año, no los 153 millones extras de este Presupuesto). Pero teniendo en cuenta el corsé del déficit y del gasto, es un esfuerzo en el gasto social  que beneficia a muchos, como recuerda el Gobierno al presentar los Presupuestos: 8,7 millones de pensionistas, 321.000 familias pobres, 855.000 estudiantes con becas y ayudas de libros, 166.000 mujeres que han denunciado violencia de género (una partida que tendrá 20 millones más, hasta 220) y 114.000 parados de 52 a 55 años, sin olvidar los 2,5 millones de personas a las que se ha subido el salario mínimo (a 900 euros) y los 2,55 millones de empleados públicos a los que se sube el sueldo un 2,25% (+otro posible 0,25%). Son muchos españoles que saldrán ganando si se aprueba este Presupuesto. Y si no, será el mejor cartel electoral del PSOE, el otro gran objetivo de los Presupuestos 2019.

Al final, la apuesta del Gobierno Sánchez es clara: si consigo aprobar estos Presupuestos, aumentaré el gasto en 10.981 millones ( o más: siempre se desvía) y si no consigo ingresar lo que digo (19.746 millones más), sino menos (12.000 millones, por ejemplo: ya sería mucho), pues tendré más déficit (el 1,9% o hasta el 2,2% del PIB, según algunos expertos), lo que quería en principio (1,8% de déficit) pero no le permitía la Ley de estabilidad presupuestaria impuesta por el PP y Ciudadanos. Y además, he utilizado el Presupuesto para que la gente vea que “con un Gobierno de izquierdas no hay recortes sino subida de gastos sociales”, con lo que gano votantes. Y si no consigo aprobar los Presupuestos, que será lo más probable (el 12 y 13 de febrero se votan las enmiendas a la totalidad y la clave es lo que harán los independentistas catalanes), pues he quedado como un Gobierno serio, que presenta unos Presupuestos rigurosos  y a la vez con muchos gastos sociales (que benefician a mucha gente), pero “la derecha los ha rechazado”. Así que españoles, ya sabéis: si queréis que vayamos por esta línea y hagamos un Presupuesto mejor, tenéis que votarnos cuando haya elecciones.

El drama, como país, es que si no se aprueba este Presupuesto y hay elecciones (o si Sánchez se enroca en la Moncloa, con los Presupuestos 2018 de Rajoy prorrogados), se perderán muchos meses para tomar medidas y la falta de Presupuestos agravará el enfriamiento de la recuperación. Porque este Presupuesto de Sánchez es “un parche”, pero al aumentar el gasto (aunque menos de lo que querría y debería) puede facilitar el consumo de las familias y la inversión y que la economía y el empleo crezcan algo más de lo poco que crecerá sin los estímulos de este Presupuesto. Así que estamos ante un Presupuesto 2019 que es un “quiero y no puedo”, pero peor será que no se apruebe y se tarden meses en tener otro. Con el riesgo de que si gana la derecha, como en Andalucía, el próximo Presupuesto tendrá más recortes y menos gasto social, como los de 2012 a 2018. Seguro.

España, bajo "vigilancia" de Bruselas

El 25 de febrero, mientras Rajoy hacía propaganda de la recuperación en el Congreso, el Comisario europeo de Economía “advertía” a España sobre sus desequilibrios: déficit público, paro y deuda. Incluso llamaba la atención sobre la pobreza y la "creciente" desigualdad. Y reiteraba que España sigue “bajo vigilancia” de la Comisión por incumplir 5 de los 11 indicadores del Pacto de estabilidad del euro, como Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, Hungría y Eslovenia. Un “toque de atención” (plasmado en un documento de 106 páginas) del que no se habla, mientras Bruselas evita ser duro con Rajoy en año electoral. Entre tanta propaganda sobre crecimiento y empleo (ahora prometen 3 millones), hay que ser realistas: somos el país europeo con más paro (con Grecia), más déficit público, más déficit comercial y más deuda (pública y privada). Claros indicadores de que la economía sigue enferma, como piensan el 81% de los españoles (Barómetro CIS). Tenemos que ser más productivos, con más industria, empresas más grandes, más tecnología y más exportación. Crecer más y de otra manera. Un mensaje que no oímos: no da votos.

enrique ortega

Ya en noviembre de 2014, la Comisión Europea “advirtió” a España que no cumplía 5 de los 11 requisitos del Pacto de estabilidad del euro, unas exigencias económicas que Europa aprobó en 1997 para los países que quisieran estar en la moneda única. Los “suspensos” eran en déficit público, paro, elevada deuda pública y privada, déficit comercial y sector exterior (déficit de capitales). Ahora, el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, ha vuelto con la advertencia a España, detallada en este documento de 106 folios que es una verdadera radiografía de nuestra economía: “Ha habido mejoras, pero aún hay riesgos, como los preocupantes datos de paro, deuda e indicadores sociales”, por lo que “reclama al Gobierno acciones decisivas”. Y mientras, el país “seguirá sometido a supervisión comunitaria”, como Irlanda, Hungría y Eslovenia.

Es otro toque de atención a España, sin hacer sangre, porque al fin de cuentas, la Comisión europea (controlada por la “ideología económica conservadora”) sabe que estamos en un año electoral y no es cosa de debilitar a Rajoy y que avance Podemos (como Syriza en Grecia). Y además, Bruselas y el nuevo presidente Juncker están en una actitud más conciliadora, de “suavizar” los ajustes, porque ven que Europa no tira. Y así, han abierto la mano con Francia, Italia y Bélgica, también bajo vigilancia: han dado dos años más a Francia, hasta 2017, para bajar su déficit público al 3% (lo tienen en el 4,4%) y también a Italia y Bélgica para que rebajen su elevada deuda (132,2% del PIB y 105,8%), en lugar de sancionarlos y multarlos (como a España) por incumplir el Pacto de estabilidad del euro. Bruselas sabe que si se pone estricto y exige más ajustes (recortes) a tres de las cuatro grandes economías del euro, hay  riesgo de que Europa entre en la tercera recesión de esta crisis. Así que “abre la mano” y vuelve a ganar tiempo. Eso sí, se mantienen duros e inflexibles con Grecia: no habrá más ayudas sin duras reformas. Pero es que esos son heterodoxos, “anti-austeridad”, no son “de los nuestros”. Así que “a Syriza ni agua” (aunque lo sufran los griegos, hartos de recortes inútiles).

De España, lo que más preocupa a la Comisión es que el Gobierno Rajoy no recorte lo suficiente el déficit público, que ha sido en 2014 el más alto de los 19 países del euro: 5,6% del PIB, según la Comisión. Su previsión es que se rebaje al 4,6% en 2015, no al 4,2% que promete Rajoy. Y por eso, le pide “que tome más medidas” (habría que recortar 4.000 millones más), aunque saben que es difícil gastar menos (o subir ingresos) en un año electoral. De hecho, las autonomías están acelerando gastos e inversiones (obras) cara a mayo y la Comisión se ha quejado de que los créditos sin interés del Gobierno (un claro “regalo electoral de Rajoy) “ponen en riesgo la  disciplina fiscal de las autonomías”. Pero bueno, cuando se vea que han superado los déficits previstos, ya habrán pasado las elecciones… Y lo mismo en el Estado central.

En realidad, lo que más debía preocupar a la Comisión Europea es nuestro elevadísimo paro: 5.457.700 parados (EPA), un 23,70% de los españoles, una tasa de paro a años luz de la europea (9,8% en la UE y 11,2% en la zona euro). Y en paro juvenil, somos los líderes indiscutibles: 50,9% de los jóvenes menores de 25 años están sin trabajo, frente al 21,2% en la UE, el 50,6% en Grecia, el 41,2% en Italia, el 24,9% en Francia o el 7,1% en Alemania, según Eurostat. Un drama. Y a pesar de que se creó empleo en 2014 (+433.900 empleos), aún queda mucho para recuperar los 3.802.800 empleos perdidos en la crisis. España es el segundo país europeo que menos empleo perdido ha recuperado: sólo un 16,2%, frente al 9,2% de Grecia, el 19,3% de Portugal, el 27% de Italia, el 31,5% de Irlanda o el 73,7% de Francia. Y mientras, Alemania ha creado ya el doble del empleo perdido en esta crisis y Reino Unido el triple. Esto sí que es una recuperación y no lo que nos vende Rajoy. A este ritmo, tardaremos más de 7 años en recuperar el empleo perdido. En 2022. Demasiado.

No es sólo que tengamos más del doble de paro que la mayoría de Europa. Es que nuestros parados están mucho peor. Primero, porque tenemos más parados de larga duración: casi dos de cada tres (61,5%) llevan más de un año sin trabajar, cuando en Europa son la mitad. Segundo, porque la mayoría de estos parados tienen menos formación: el 70% no tiene acabada la educación secundaria. Y tercero, porque la mayoría de los parados no cobran: en enero, más de 3 millones de parados reales (EPA), un 56%, no cobraban subsidio. hay un grave problema de  pobreza (13 millones de españoles en riesgo de pobreza) y de "creciente desigualdad" , como alerta con preocupación el propio documento de la Comisión Europea sobre España. Un serio problema social, similar al de Grecia o Portugal, no al resto de Europa

Pero no sólo somos líderes en paro y déficit público. La “ejemplar España” de Rajoy es líder en Europa en deuda, pública y privada. La deuda pública cerró 2014 por encima del billón de euros (1.033.958 millones), una cuarta parte más que cuando Rajoy llegó al poder. Con ello, nos convertimos en el sexto país del euro con más deuda (101.2% del PIB para 2015), sólo por detrás de Grecia (168,8%), Italia (133,8%), Portugal (125,1%), Chipre (115,2%) y Bélgica (107,3%). Y hay que sumar la deuda privada, otros 1,7 billones de euros, entre lo que deben las empresas (959.358 millones) y las familias (745.793 millones), más endeudadas que en el resto de Europa, porque aquí creció más la burbuja inmobiliaria. Al final, una gran parte de esta deuda es con el exterior, con bancos e inversores extranjeros: la deuda de España con el exterior era de 1.003.000 millones de euros a finales de 2014, el 100% del PIB, lo que nos convierte en el país con más deuda exterior del mundo (en EEUU, el segundo, la deuda supone en 34% del PIB). Una enorme losa que pesa sobre nuestra recuperación y que, como advierte la Comisión Europea, es un gran riesgo para España: si “vuelve el baile” a los mercados y sube la prima de riesgo, tendremos que pagar mucho más de intereses.

Un país endeudado y con demasiados parados, que ingresa menos de lo que gasta y que compra fuera más de lo que vende (somos el segundo país de Europa con más déficit comercial, tras Francia), por lo que nos tenemos que endeudar más cada año. Así está España. Crecemos, sí, pero no más que los demás como dice Rajoy. En  2014, 9 de los 19 países del euro crecieron más que nosotros (+1,4%): Irlanda (+4,8%), Luxemburgo (+3%), Malta (+3,3%), Lituania (+3%), Letonia (+2,6%), Eslovenia (+2,6%), Eslovaquia (+2,4%), Estonia (+1,9%) y Alemania (+1,5%). Y se crea empleo, sí, pero todavía poco y muy precario (casi todos temporales y un tercio por horas). Y, sobre todo, se crea empleo en los sectores con menos valor añadido, baja productividad, contratos precarios y bajos salarios, como el comercio, turismo o servicios. Empleos poco seguros. Falta que despegue el empleo en sectores con futuro y cuando suban los salarios, algo obligado para reanimar el consumo.

La economía sigue creciendo al ralentí (+0,7% en el 4º trimestre) y una buena muestra es que las empresas siguen tirando precios para vender (ayudados por el petróleo barato): España es el tercer país europeo donde más caen los precios, un -1,5% de inflación anual (-2,8% en Grecia y -2,3% en Bulgaria, dos países quebrados). Otro signo de estancamiento es que sigue cayendo el crédito, en 2014 y en enero de 2015: las empresas y familias (muy endeudadas) no piensan en invertir y gastar, van al día. Y no ayudan al consumo los salarios bajos ni los recortes (educación, Sanidad, Dependencia...), aunque hayan bajado algunos impuestos (aún más altos que cuando llegó Rajoy).

Al final, España ha salido de la UVI pero presenta graves tumores, sobre todo el paro y la deuda. Dos síntomas de un mal de fondo: trabajamos menos gente (58% de la población de 20-64 años, frente al 68,5% en Europa y el 77% en Alemania: vean este esclarecedor gráfico, en página 31) y trabajamos peor, con menos productividad (España ocupa el puesto 13 en el ranking de competitividad de la UE). Así que si queremos mantener nuestro consumo y gasto, tenemos que “tirar de tarjeta”, endeudarnos. La única salida es cambiar el modelo de crecimiento: ser más eficientes, producir más y productos de más valor, exportar la mitad de lo que fabricamos (ahora el 34%). Un reto que pasa por apostar por la industria y los sectores con futuro (no sólo construcción y turismo), por promover empresas más grandes, por invertir más en tecnología y formación, por mejorar la organización e internacionalización de las empresas. Un camino lento, que tarda en dar frutos. Hay que dejar la propaganda y empezar ya.

En paralelo, además de crecer más de otra manera, España necesita sanear de verdad sus cuentas públicas, no con más recortes sino con más ingresos. Y eso es posible, porque España es uno de los países europeos que menos recauda: sólo el 38,3% de su PIB, frente al 46,7% de media en la UE, según la Comisión Europea. Eso significa que si fuéramos como los demás, deberíamos ingresar 84.000 millones de euros más cada año. Para eso, tendríamos que reducir el fraude y la economía sumergida y conseguir que paguen más las grandes empresas y los ricos, no la mayoría. Y con esos ingresos extras, podríamos reducir el déficit público y la deuda y a la vez gastar más en lo que hace falta: formación, tecnología, inversión pública productiva, ayudas al empleo. Y en recomponer el Estado del Bienestar: en sanidad, educación, Dependencia y gasto social. Y, sobre todo, en ayudar a los que se han quedado marginados en esta crisis, los pobres y excluidos.  Debemos y podemos gastar más, porque aquí también España es diferente: el gasto público es el  43,9% del PIB, frente al 49,3% de media en la UE. Hay margen para gastar más si ingresamos más.

Si ha llegado hasta aquí, verá que los datos (oficiales) reflejan una España muy diferente a la que pinta Rajoy, con problemas más graves que la mayoría de Europa. Y lo españoles lo saben: un 81,3% cree que la economía no mejora, que estamos “igual o peor” que hace un año, según el Barómetro del CIS de febrero. Hay salida, pero con otra política, que se empeñe en crecer, ingresar y gastar de otra manera. Sólo así saldremos de la crisis de verdad. Pero esto no lo propone casi nadie en este año electoral. Así nos va.