El fraude en los
cursos de formación en Madrid y
Andalucía ha hecho saltar por los
aires el sistema de formación a
trabajadores y parados, que
pagan con sus cuotas empresas y
empleados. No sólo hay poco control,
sino que estos cursos son muchas
veces obsoletos, largos e inútiles,
sobre todo para los parados (sirven,
eso sí, para que salgan de las listas del paro mientras los hacen). Y además, el 82% de las empresas no utilizan las ayudas
para formar a sus empleados. Algo especialmente grave en un país con el doble de paro que Europa
y donde el 46 % de la población tiene un
nivel de formación baja (el doble que en la UE). Ahora, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y patronal una
reforma de la formación, para hacerla más eficaz y transparente. Pero hacen falta más recursos para formación, recortados un 25% desde 2009. Sin formación no hay empleo estable.
La formación es la principal asignatura pendiente de España, incluso sin tener el doble de paro que Europa: casi la mitad de los españoles (46%) entre 24 y 64 años tiene un nivel educativo básico (no superan la primera etapa de la ESO), casi el doble que la media europea (24%), según la OCDE (2011). Y eso es especialmente grave porque el futuro va a exigir trabajadores más formados: para el año 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para trabajadores con niveles medios, el 35 % para niveles altos y sólo quedará un 15% para niveles bajos, según un estudio del CEDEFOP. Si esto es así, a España le pillará sin preparación, porque nos sobran trabajadores con niveles bajos de formación (42%) y nos faltan de niveles medios (23%), aunque estamos en línea con la educación superior (35%). Además, una de las mayores debilidades de nuestro mercado laboral es la falta de competencias básicas (idiomas, informática, matemáticas, competencias personales, espíritu emprendedor) de los españoles: un 35% de los ocupados y un 54 % de los parados carecen de ellas.
Un panorama desolador,
frente al que España esgrime un escaso esfuerzo en formación. Se gasta poco y menos cada año, por los
recortes: 1.815
millones este año 2014, un 25%
menos que en 2009 (2.413 millones). Y de este Presupuesto para formación,
el Gobierno Rajoy ha quitado este año
unos 200 millones para desviarlos a políticas activas de empleo (bonificación
de cuotas, trabajos de parados, prácticas en empresas, emprendedores…), según denuncian
los sindicatos. Con ello, serán 1.614 los millones para formación,
destinados a trabajadores ocupados (899,5 millones), parados (654,6 millones) y
empleados públicos (60 millones). Un dinero que procede casi en su totalidad de
las cuotas a la Seguridad Social de empresas (0,6%) y
trabajadores (0,1%) por formación profesional (1.777,6 millones), más el dinero
procedente de Europa (Fondo Social
Europeo). Y con el que hicieron cursos
de formación 3.402.100 trabajadores
ocupados y 207.407 parados en
2012.
Un tercio de estos
Fondos para la formación (580 millones) se les da a
las empresas, como bonificación
de cuotas a la SS, para que organicen cursos de formación para sus
trabajadores y les den permiso para hacer cursos fuera (el sistema les paga el
sueldo cuando faltan). En 2012, 459.620
empresas se beneficiaron de estas ayudas a la formación, pero la mayoría de empresas no hacen cursos. De
hecho, entre 2005 y 2009, el 82% de las
empresas españolas no
utilizaron estas ayudas a la formación y se han perdido 835 millones en estos cuatro años, según la consultora
Garben. Las pymes son las que
menos hacen cursos de formación (26,9% de las micropymes y 61% de las pymes) y las que más las grandes (91,8%).
Los dos tercios
restantes del dinero para formación se canalizan a través de sindicatos y patronal (250 millones) y,
sobre todo, de las autonomías, que
gestionan con el SEPE (antiguo INEM)
el dinero de los cursos para parados
(654,6 millones), donde también participan sindicatos y patronal. Aquí es donde
se han detectado los fraudes
(con alumnos inexistentes y dinero desviado a pagar sueldos y gastos de
patronales y sindicatos), en Madrid
(15 millones de fraude y 14 detenidos) y
Andalucía (7 millones de
fraude). Los sindicatos
se defienden, diciendo que ellos sólo controlan el 6,24% del dinero (3,06
CCOO y 3,18% UGT) que gestiona la Fundación
Tripartita (888 millones en 2014) y que la mayoría se lo reparten la patronal (7%), los autónomos (2%) y los
centros privados de formación (6%). Pero no incluyen aquí que también participan en los cursos para
parados, el otro tercio del pastel. Y aunque hay teóricos controles sobre
todos los cursos, las auditorías
son parciales y no en profundidad.
En definitiva, se
gasta poco en formación y se gasta mal. En España, hacen formación continua menos
del 25% de trabajadores (no
llegan a 4 millones, entre ocupados y parados), frente a un 40% de media que se forman en Europa (y un 55% en Alemania). Y se gasta mal, porque las empresas que
hacen formación (con las cuotas de todos) la
centran en directivos, mandos intermedios y técnicos y no
en los que más la necesitan, los empleados menos cualificados, jóvenes,
mujeres y mayores de 55 años, según denuncian
los sindicatos. Además, la mayoría de los cursos son presenciales (sólo 18,2% son a distancia, más un 9,9% de tele
formación) y centrados
en cuatro ramas (58% cursos): administración y gestión, comercio y
marketing, seguridad y medio ambiente y servicios socioculturales.
Peor están los cursos
para parados (58%
tienen poca formación), que han
sufrido un duro recorte:
si en 2009 se destinaban 1.017 millones, ahora se gasta un tercio menos, 654,6
millones, aunque hay 2,7 millones de
parados más. Y cada vez son menos los parados que hacen cursos: si en
2009 eran unos 600.000, ahora son la tercera parte (207.407 en 2012, según
la Fundación Tripartita). Se ofrecen menos
cursos, demasiado largos (dos tercios son de más de 200 horas y el 42%
entre 200 y 400 horas), quizás porque eso baja las estadísticas del paro:
cuando hacen cursos, los parados salen de las listas. Además, muchos de estos
cursos tienen contenidos y métodos de aprendizaje obsoletos,
siendo casi en exclusiva presenciales.
Y no se hacen segmentando a los parados según su formación, con lo que están haciendo estos cursos los parados con
más formación y no los que más los necesitan. Además, por su mala
organización y dispersión (17 autonomías), los cursos para parados cuestan 6 veces más que el resto de
cursos de formación, según un estudio
de Élogos.
Los escándalos
de los cursos de formación en Madrid y Andalucía han forzado al Gobierno a cambiar
el sistema, en el que se han sentido
cómodos sindicatos y patronal los últimos 20 años. La reforma,
que el Gobierno quiere aprobar esta
primavera, pretende abrir los cursos
a cualquier empresa de formación y hacer más transparente y controlado el
proceso, incluyendo un buzón de denuncias. Y los sindicatos
proponen crear una Agencia
nacional de Formación Profesional y que los centros públicos de FP
impartan más cursos en el futuro. Un problema grave a resolver es la
descoordinación, ya que gran
parte de la formación (a parados) depende de las autonomías, que han creado 17 diferentes sistemas. Y hay que fomentar, con incentivos fiscales, el
gasto de las propias empresas en formación, que ha caído a la mitad.
Hay que gastar
mejor en formación, con más
controles contra el fraude y
sobre todo más controles de eficacia, para que los cursos
ayuden a encontrar trabajo y mejorar
el empleo. Pero, sobre todo, hay que gastar
más: dedicar 1.815 millones de euros (80 euros al año por español en edad
de trabajar) es una miseria que no
nos debemos permitir, cuando hemos gastado 25
veces más en sanear
la banca. Habría que dedicar el doble de recursos, con más eficacia y transparencia, si
queremos mejorar la mala formación de los españoles. Porque sin formación, no hay ni habrá empleo
estable. En la formación está nuestro
futuro.
