El campo, al límite

Los medios no informan del campo, porque creen que “no vende”, aunque de ahí comemos (y venimos muchos). Pero en las últimas semanas han tenido que informar, porque miles de agricultores han salido a las carreteras para alertar sobre su preocupante situación: les pagan unos precios de saldo, les suben los costes, les congelan las ayudas, el clima se ceba con sus cosechas, los alimentos extranjeros les hacen competencia desleal y, para colmo, Trump y Putin han puesto aranceles y vetos a alimentos españoles. Así que 2019 ha sido “un año horrible”, donde cayeron la renta y el empleo en el campo. Pero los problemas no son coyunturales sino de fondo: un sistema de precios donde los beneficios se los llevan los intermediarios y súper, una creciente competencia de grandes empresas e importaciones, unas ayudas europeas (la PAC)  que se van a recortar y unas explotaciones poco rentables. Consecuencia: abandono de explotaciones y envejecimiento de los agricultores. Y despoblación rural. Debería preocuparnos, porque “los móviles no se comen”. Hay que apoyarles.

enrique ortega

El año 2019 ha sido un “annus horribilis” para el campo español: un clima enloquecido (sequía, inundaciones, heladas y pedrisco), caída generalizada de precios, subida de todos los costes, congelación de las ayudas españolas y europeas, invasión de alimentos extranjeros y, para colmo, Putin renovando otro año más el veto ruso a frutas y carnes españolas y Trump poniendo aranceles (impuestos) al aceite, vino, quedos y zumos españoles. Al final, las cuentas de agricultores y ganaderos se han resentido y la renta agraria cayó un -8,6% en 2019, tras cuatro años de mejoría. Y también cayó el empleo, siendo el campo el único sector de la economía donde bajó la ocupación en 2019 (-31.700 empleos).


Por todo esto, miles de agricultores y ganaderos han salido a las carreteras a protestar, en unas manifestaciones multitudinarias convocadas por todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA y ASAJA), bajo el lema #agricultoresallímite. Y es que los problemas del campo español se han agravado en 2019, colocando a agricultores y ganaderos en una situación desesperada, tras muchas décadas de dificultades. 


El primer problema que sufren son las consecuencias del Cambio Climático, que provoca la multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos: 2019 se inició con una fuerte sequía (arrastrada desde el otoño de 2018), que afectó seriamente a cereales y pastos (sobre todo en el oeste de España) y al vacuno, ovino y caprino, por el aumento de los costes para alimentarlos (más pienso y menos forraje). Y en otoño, llegaron las lluvias históricas y las inundaciones, que provocaron daños generalizados en el campo, con unas indemnizaciones que han superado los 600 millones de euros.


Un segundo problema del campo ha sido el aumento generalizado de los costes, desde los seguros agrarios (han subido las primas al aumentar el riesgo) a los carburantes (precios en máximos desde 2015), los fertilizantes (+6,6%) y los piensos (+3,1%), bajando sólo las semillas (+1,3%) y la electricidad (ha bajado un 3,3%, pero aún así pagan la luz más cara de Europa). Y también subió mucho el salario mínimo, un 35,5% si sumamos la subida del SMI  (de 735,90 a 900 euros en 14 pagas) y los costes sociales (261,51 euros mensuales), según COAG. Ahora, con la subida del SMI a 950 euros, el nuevo coste salarial será 1.382 euros (un 43% más que en 2018). Las organizaciones agrarias no critican tanto la subida del SMI como que es la puntilla tras los restantes aumentos de costes, mientras les caen los ingresos.


Precisamente, el gran problema del campo es la caída drástica de sus ingresos, porque se han desplomado los precios que reciben. El caso más llamativo es el olivar, donde el precio ha caído entre un -25 y un -30% en el último año (y un -50% sobre 2018). También ha caído el precio de la leche (0,316 euros por litro, 3 céntimos menos que la media europea), las frutas y hortalizas y muchas carnes. Y en demasiados productos, agricultores y ganaderos se quejan de que los precios que reciben no cubren costes, que producen a pérdidas. Y para fastidiar sus cuentas, en 2019 se han casi congelado las subvenciones que reciben y que suponen la cuarta parte de sus ingresos: subieron sólo un 0,6%.


Por si todo esto fuera poco, en 2019 ha aumentado la entrada de alimentos importados, desde tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, pollo de Brasil, cordero de Nueva Zelanda, vaca de Argentina o miel de China. Productos que entran a muy bajos precios (pagan bajos salarios y no respetan condiciones medioambientales ni fitosanitarias, en muchos casos), de la mano de acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea. Y en junio de 2019 se firmó otro más, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que aumentará la entrada de carnes (vacuno y pollo), arroz, azúcar, miel, cítricos y zumos latinoamericanos. Además, también en junio, el presidente Putin prorrogó hasta finales de 2020 el veto ruso a la entrada de productos europeos (y españoles), en vigor desde el verano de 2014, que impide las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, porcino y vacuno, queso y pescado. Y para dar la puntilla, el presidente Trump ha impuesto, desde el 18 de octubre de 2019, un aumento de aranceles (del 3,5 al 25%) al vino, aceite, aceitunas, quesos, zumos y frutas preparadas de España, lo que encarece nuestras exportaciones en 191,3 millones de euros extras. 


No es extraño que, con este panorama, los agricultores y ganaderos españoles hayan sufrido en 2019 una caída de sus rentas del -8,6%, por primera vez en la recuperación (las rentas agrarias crecieron entre 2015 y 2018, tras caer en la crisis), según el Ministerio de Agricultura, debido a la menor producción en cereales y vino (por la sequía) y a los bajos precios, sobre todo en aceites y frutas. Y en paralelo, ha caído también el empleo en el campo, el único sector económico que perdió trabajadores en 2019: -31.700. Y además, el campo es el sector que menos se ha beneficiado de estos 6 años de recuperación económica y crecimiento del empleo total. Así, entre 2014 y 2019 sólo se crearon +16.600 empleos netos en el campo, cuando en el conjunto de la economía se crearon +2.397.800 empleos en esos 6 años.


Pero 2019, aunque haya sido un “año horrible”, sólo ha agravado los problemas de fondo que viene arrastrando el campo español desde hace décadas (las primeras protestas del campo fueron en 1977). El primero y fundamental, porque va a más y no resulta fácil afrontarlo, es el Cambio Climático: cada año va a recortar producciones y aumentar costes (por daños y subida de primas de los seguros, donde el agricultor ya paga el 60% del coste al haber bajado porcentualmente las ayudas al aumentar los siniestros), sin que agricultores y ganaderos puedan subir los precios para compensarlo, dada la presión a la baja de los alimentos importados y de los distribuidores y súper. Además, el campo español tendrá que hacer una “reconversión climática”, porque es responsable del 12%de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (8% la ganadería y 4% la agricultura), el 4º sector con más emisiones tras el transporte (27%), la industria (19%) y la electricidad (17%).


El segundo gran problema estructural del campo es la competencia exterior. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde crece imparable una agricultura y ganadería intensivas (en paises en desarrollo y también ricos), que inundan el mundo con alimentos a bajo precio, basados en incumplir muchas normas medioambientales y fitosanitarias y en unos sueldos miserables (5 euros al día en Marruecos frente a 60 euros mínimos en España). Y estamos dentro de una Unión Europea que firma acuerdos comerciales con todo el mundo, para tratar de venderles de todo a cambio de recibir alimentos de fuera (que de paso les permite recortar las costosas ayudas de la PAC a los agricultores europeos). Así que, cada año más, agricultores y ganaderos tendrán que competir (en inferioridad) con medio mundo.


Y cada vez con menos ayudas públicas, el tercer problema de fondo. El campo español, como el europeo, ha sobrevivido gracias a las cuantiosas ayudas de la política agraria común, la PAC, creada en 1962 para asegurar la alimentación de los europeos subvencionando a agricultores y ganaderos con cuantiosas ayudas, que se han ido recortando a finales del siglo XX y sobre todo en la última década. Así, si en los años 80, las ayudas de la PAC se llevaban el 66% del Presupuesto comunitario, en 2007-2013 se llevaron sólo el 42,3% (413.000 millones de euros a repartir entre los paises) y en 2014-2020 bajaron al 37,8% del Presupuesto (y a 408.313 millones a repartir). Ahora, la nueva Comisión Europea ha presentado una propuesta de ayudas de la PAC para 2021-27 y el recorte es tremendo: 365.000 millones a repartir, sólo un 28,5% del Presupuesto de la UE para los próximos 7 años. Consecuencia: a España le tocará menos de los 5.700 millones recibidos en 2019 (y que supusieron el 24,5% de todo los ingresos obtenidos por el campo español). Además, hay otra pelea entre autonomías y agricultores españoles para ver cómo se reparte aquí la futura PAC.


Vamos al 4º problema de fondo del campo español, para muchos el fundamental: los precios que reciben por sus productos. La cuestión de fondo es que el sector tiene poca capacidad para negociar precios: son casi 1 millón de explotaciones a producir y que tienen que colocar sus alimentos a través de multitud de intermediarios (que se quedan cada uno con su margen) y, sobre todo, a través de 6 grandes grupos de comercialización (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo) que concentran el 55% de las ventas (y subiendo). Unos y otros imponen sus condiciones y precios a agricultores y ganaderos, muchas veces sin contrato por medio (como es obligatorio) y con fraudes como el sistema de venta “a resultas”: el agricultor entrega sus productos y no sabe lo que va a cobrar hasta incluso después de vendido en el súper. Y muchas veces se usa algunos alimentos (aceite o leche) como “producto escaparate” y el súper lo vende por debajo del coste, venta “a pérdidas”.


Todo esto se trató de regular con la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, pero el campo se queja de que no se cumple muchas veces, que hay demasiado fraude (existen numerosas denuncias a la Agencia de control AICA, sobre todo en frutas y verduras y leche). Y además, hay un exceso de intermediarios entre el agricultor y el ganadero y el súper, lo que va sumando márgenes y encareciendo el producto. Así, en los productos agrícolas, el precio se multiplica por 4,83 entre origen y destino, según el índice IPOD que elabora COAG. Y en los productos ganaderos, el precio se multiplica por 3,05. Unos ejemplos, a diciembre de 2019: la patata nos cuesta 8 veces lo que se paga al agricultor (1,20 frente a 0,15 euros/kilo), la mandarina 7,11 veces, la naranja 6,74 veces, la uva 4,75 veces, el plátano 4,06 veces, la ternera 4 veces, el cerdo 3,74, el pollo 3,44, el cordero 3,41 veces…


Llegamos al 5º problema de fondo: el abandono del campo. Si en 1999 había 1.289.451 explotaciones agrícolas, en 2016 había 965.000 (último censo de Agricultura), una cuarta parte menos (-25%). Y en la ganadería, el cierre de explotaciones es aún más llamativo. En granjas de vacas, se ha pasado de 250.000 en los años 90 a menos de 14.000 hoy, en granjas de vacuno de 120.000 a 80.000, en ovejas de 120.000 a 114.000 explotaciones, en granjas de cerdos de 200.000 a 44.931 y en granjas de pollos de 239.921 explotaciones a 68.766. En algunos casos, menos granjas con más animales (pollos o cerdos), pero en mucho otros  también con menos animales (vacas y ovejas). Al final, la población ocupada en el campo ha caído drásticamente: de 905.800 ocupados en 2007 a 793.900 que trabajaban a finales de 2019.Y 4 de cada 10 que trabajan en el campo tienen más de 55 años, mientras los jóvenes abandonan las zonas rurales, cada vez más despobladas.


Y vayamos al 6º problema estructural: el campo es cada vez menos rentable para los pequeños y medianos agricultores, que se buscan otros ingresos (un tercio de los agricultores tienen otra actividad que les reporta el 80% de sus ingresos) o se retiran ante el avance de la “empresarización” del campo. De casi 1 millón de explotaciones agrarias (945.000), sólo un 6,6%, unas 66.000 son empresas (“personas jurídicas”), pero esta minoría acapara el 42% de la producción agraria, repartiéndose el resto entre casi 4.000 cooperativas (15%) y cientos de miles de pequeños productores, con pocas ventas por explotación. Así que el campo se está llenando de empresas grandes que copan el negocio. Unos ejemplos. En Murcia, tres multinacionales copan el 85% de la producción de uva de mesa. Lo mismo pasa en el sector de frutas y hortalizas. Y en la producción láctea, la macrogranja que quieren montar en Noviercas (Soria) prevé tener 24.000 vacas… 


Esta reestructuración empresarial podría llevar a lo que COAG denuncia como “la uberización del campo”: agricultores y ganaderos que trabajan para grandes empresas, que les dan la semilla, animales, fertilizantes, piensos o medicamentos y les pagan por kilo producido. Ya sucede en “granjas franquicia” de pollos o cerdos y en frutas y verduras. 


Y luego hay un séptimo problema estructural muy serio, que tiene el campo español y que tenemos todos: el agotamiento y desertificación de la tierra. Los expertos coinciden en que un 40% del suelo está degradado (y la mitad, el 20%, desertificado), por culpa del monocultivo (no se rotan ni utilizan leguminosas para captar nitrógeno), la poca materia orgánica (no se dejan en el suelo resto de cosecha, como antes), las siembras anuales y el excesivo laboreo (no hay barbecho y se “presiona” a la tierra a base de abonos químicos y costosos regadíos). Al final, todo esto es muy preocupante, por la baja productividad de muchas explotaciones y la penosa herencia de suelo agrícola que dejamos a las generaciones futuras (si es que queda gente en el campo).


Si ha llegado hasta aquí, reconocerá que agricultores y ganaderos tienen razón cuando dicen que están “al límite”. Urge tomar medidas a corto y medio plazo, desde España y desde Europa, para que tengan unos precios justos y no les ahogue la competencia desleal de los alimentos extranjeros. Y medidas estructurales para asegurar su rentabilidad y su futuro, clave para evitar la despoblación de la España rural y asegurar el abastecimiento de alimentos, porque “los móviles no se comen”. Es hora de “valorar” al campo y a su gente, primero, y ayudarles de verdad. No podemos perderlos.

Los precios de la leche se desploman

Los ganaderos están en pie de guerra porque se ha desplomado el precio que les pagan por la leche, incluso por debajo de 20 céntimos litro: menos de lo que vale un litro de agua. Esto pasa porque sobra leche en Europa, aquí se consume poca y desde el 1 de abril ya no hay “cuotas lácteas”: se ha liberalizado el mercado y las industrias compran la leche que quieren y pagan menos, presionadas por los grandes supermercados, que usan la leche súper barata como “producto reclamo”. Aun así, los consumidores pagamos la leche el triple de lo que pagan al ganadero y con una calidad cada vez menor, para sostener la ”guerra de precios”. Y la cuarta parte de los lácteos que consumimos son franceses. Ahora, con los precios por los suelos, desaparecerán explotaciones lecheras, tras haber cerrado ya 4 de cada 5. Menos empleo y leche de peor calidad. Ojo a comprar leche sólo por precio. No es agua.
 

enrique ortega

La leche en los supermercados nos ha bajado un 6% en el último año, con un precio medio de 67 céntimos por litro, según Facua. Pero en los últimos meses, el precio que pagan por esta misma leche a los ganaderos se ha desplomado, desde los 40 céntimos por litro que les pagaban en 2014 a menos de 20 céntimos que están pagando ahora a los ganaderos de Galicia y la cornisa cantábrica (se ha llegado incluso a los 18 céntimos). Los ganaderos están en pie de guerra, con protestas en media España, porque les pagan la leche al precio del agua cuando producirla les cuesta una media de 35 céntimos por litro. Y aseguran que así tendrán que seguir cerrando granjas lecheras. De hecho, hoy sólo sobreviven 20.000 explotaciones lecheras (9.000 en Galicia) de las 100.000 que había hace 20 años.

Los precios de la leche llevan cayendo desde el verano de 2014, en España y también en Europa (aunque menos). Los precios bajan, primero, porque sobra leche, en el mundo y en Europa, aunque no en España (hay que importar el 28% del consumo). Hay un exceso de leche y productos lácteos en el mercado internacional, coincidiendo con una bajada del consumo en China y en Rusia (importa menos por las sanciones europeas). Y estos excedentes están tirando a la baja de los precios en todos los países. Pero la puntilla ha sido el fin de las “cuotas lácteas” en Europa, desde el 1 de abril de 2015. Hasta ahora, los ganaderos europeos tenían limitada su producción, porque Bruselas no quería pagar excedentes. Pero ahora, ya no hay cuotas y países y ganaderos pueden producir lo que quieran, lo que ha aumentado aún más los excedentes y provocado un desplome de precios.

En España, este desplome de precios es mayor que en el resto de Europa. Así, en junio de 2015, el precio medio de la leche a los ganaderos europeos ha sido de 30,43 céntimos por litro, mientras en España era de 29,27 céntimos (en Galicia y el norte, menos), según datos de la Comisión Europea. Y lo más chocante es que el precio que se paga a los ganaderos en España, un país deficitario en leche (se importa el 28%), sea más bajo que en países donde hay excedentes de leche, como Francia (31,20 céntimos por litro), Dinamarca (31,32 céntimos) Holanda (30,50 céntimos) o Alemania (29,83 céntimos). Y eso se explica no sólo por la tendencia a la baja de los precios internacionales sino por otros factores propios y específicos de España.

Aquí se paga menos por la leche a los ganaderos porque son el eslabón más débil de una cadena donde otros presionan los precios a la baja. Primero, los grandes distribuidores y supermercados presionan a las industrias lácteas para que les ofrezcan leche cada vez más barata, para venderla como un “producto reclamo” en sus tiendas (el 60% de la leche que se vende son “marcas blancas”). De hecho, se ofrece leche entera en brik hasta a 0,54 euros litro. Y para poder ofertar este precio, las industrias presionan a su vez a los ganaderos, ofreciéndoles cada vez menos por la leche que recogen. Y ahora, con el fin de las cuotas, con la liberalización, el mercado se ha convertido en “la ley de la selva”, según denuncia la organización agraria COAG: las industrias recogen menos en unos sitios y más en otros para presionar a la baja los precios. Y aunque están obligados por Ley a hacer contratos anuales, están forzando a entregas mensuales, sin garantizar precios a más largo plazo. Y bajando la calidad de la leche recogida, para abaratar precios.

Además, las industrias lácteas, dominadas por las multinacionales francesas (una cuarta parte de la leche y lácteos consumidos en España son franceses), controlan el mercado, imponiendo condiciones a los ganaderos como un oligopolio: la Comisión de la Competencia (CNMC) les impuso (marzo 2015) una multa de 88,2 millones de euros  a nueve empresas (Danone, Peñasanta, Lactalis, Nestlé, Puleva, Pascual, Asturiana, CL Galicia y Senoble, la que hace los yogures a Mercadona,) y dos asociaciones del sector por "pactar precios" entre ellas, intercambiar información sobre compras y excedentes y “repartirse el mercado”, evitando comprar a ganaderos que quieren cambiarse de industria para mejorar condiciones. Ahora, los ganaderos se quejan, además, de que las industrias están alterando el mapa de producción láctea: están comprando menos leche en Galicia y cornisa cantábrica y más en el centro de España, Andalucía, Cataluña y Aragón, porque como ahora el mercado es libre buscan leche más próxima a los lugares de consumo, a las grandes ciudades. Por eso cae más el precio en Galicia y el norte y por eso los ganaderos que peor futuro tienen son los de las zonas montañosas, donde pesa más el coste de la recogida.

En España, el problema de la leche se agrava también porque somos el "vertedero" de la leche y los lácteos que sobran  en Europa, con lo que las grandes multinacionales europeas (francesas, holandesas, danesas, irlandesas, alemanas y polacas)  nos inundan de lo que no venden en sus países. El origen de todo está en el ingreso de España en la Comunidad Europea, en 1986. A cambio de que nos dejaran entrar, el Gobierno González aceptó que nos aplicaran unos cuotas bajísimas de producción de leche, que obligaron a cerrar explotaciones y nos dejaron en manos de las multinacionales europeas. Basta ver las cuotas que repartieron y que han funcionado hasta el 1 de abril: 6,5 millones de Tm para España frente a 30,22 millones de Tm Alemania (con el doble de población), 26 millones para Francia (un tercio más de población), 15,7 millones para Reino Unido, 11,9 millones para Polonia y 5,7 millones para Irlanda (con la décima parte de población que España).

Así que el negocio europeo fue no dejarnos producir leche apenas a cambio de vendérnosla ellos, sus multinacionales: cada año se importan 300.000 Tm de leche fresca (sobre todo francesa) y 2,3 millones de toneladas de quesos, mantequilla, yogures y lácteos, productos con más valor añadido. Y mientras, las industrias lácteas españolas, pequeñas porque trabajaban  en un mercado con pocas cuotas de producción, apenas pueden competir y se dedican básicamente a envasar leche, la parte del negocio con menos margen. Y ahora, con la liberalización del mercado en Europa, las grandes multinacionales lácteas tienen más leche con la que fabricar y nos van a inundar más de productos lácteos, con leche comprada sobre todo a sus ganaderos, a quien pagan más que  a los ganaderos españoles.

Así que lo más probable es que la leche o los yogures que acabamos de comprar en el súper sean de importación y con leche comprada en otros países, mientras nuestros ganaderos ven hundirse los precios y nuestras industrias apenas cuentan : la última española, Puleva, se vendió a la francesa Lactalis, sin que el Gobierno se haya preocupado de promover una o dos grandes lácteas españolas. Y las que hay tienen poco tamaño y menos capacidad de competir, dentro y fuera de España: el mercado lácteo es europeo y mundial.

Muchos consumidores pueden pensar que esta guerra de precios de la leche nos beneficia, aunque perjudique a los ganaderos. Pero no es así. Primero, porque aunque el precio de la leche en origen se desplome, a nosotros no nos trasladan toda la rebaja. De hecho, en junio, el precio medio de la leche en origen fue de 28 céntimos y el precio medio al consumidor era casi el triple, 0,79 euros por litro, según el Observatorio de precios COAG. Y además, hay una gran variedad de precios al consumidor, entre 54 céntimo y 1 euro por litro (según un reciente estudio de FACUA), fruto de una muy diferente calidad: como no hay normas estatales, las industrias tratan de competir a costa de rebajar la calidad de la leche, modificando de forma unilateral los parámetros de calidad de la leche que recogen al ganadero (para pagarles menos). Y el consumidor, con la crisis, no mira mucho la calidad y compra la leche más barata.

La situación del sector lácteo es preocupante: se desploman los precios y nos inundan de productos europeos, a costa de nuestros ganaderos y de nuestras industrias. El fin de las cuotas preocupa a los ganaderos de toda Europa (el Parlamento europeo acaba de aprobar una resolución de apoyo al sector), pero más en España, porque somos el eslabón más débil, tras haber medio desmantelado el sector. Y aún pueden cerrarse muchas más explotaciones, por lo que las organizaciones agrarias están pidiendo, a Bruselas y al Gobierno Rajoy, que intervengan. Piden más controles en la recogida de leche, para que las industrias no abusen y paguen por debajo del coste de producir leche. Y más vigilancia  a los distribuidores y supermercados, para que no vendan por debajo de costes. Además, proponen establecer un parámetro de calidad igual para toda España y que la Agencia de control alimentario investigue todo el camino de la leche de la vaca al consumidor.

Estaría bien un mayor control y acabar con los abusos. Pero no basta. Por un lado, hace falta que los ganaderos se unan, en cooperativas más grandes y con más poder de negociación. Por otro, hace falta industrias lácteas españolas más grandes, que compiten mejor dentro y fuera con las poderosas multinacionales europeas. También hay que fomentar el consumo de leche: cada español toma 74 litros al año (80 en 2008) frente a los 90 litros de media europea o los 190 litros por habitante de Irlanda. Y sobre todo, hace falta que los consumidores seamos más conscientes de la situación, comprendamos que si nos dedicamos a comprar la leche, el queso o los yogures más baratos, estamos contribuyendo a hundir a nuestros ganaderos y a nuestra industria, además de perder calidad. No se trata de pagar más para ayudarles, sino pagar la leche por lo que realmente vale si es buena. No es agua.

Suben los alimentos, cae el campo

Cuando vayamos al supermercado, notaremos que han subido los alimentos, sobre todo el pan, las pastas, los huevos, la leche, el aceite, las carnes y el pescado. Y eso, porque están subiendo los alimentos en el mundo y por la sequía en España, que ha reducido cosechas y producciones  a unos agricultores y ganaderos asfixiados por la subida de los piensos, el gasóleo, la luz y los fertilizantes. Al final, nosotros pagaremos más por los alimentos, muchos de ellos importados, pero la subida apenas llegará al campo español y se quedará en los intermediarios, que se llevan las tres cuartas partes de los precios. Con ello, seguirá el abandono del campo (se produce la mitad que hace 10 años, tras los recortes de Bruselas) y dependeremos más de los alimentos importados. Y comer será cada vez más caro.

enrique ortega

Las alarmas saltaron en septiembre en los países en desarrollo, al ver como subían los precios de los alimentos básicos (cereales, maíz, soja, arroz), entre un 20 y un 40% desde enero. Temían que se repitieran las grandes subidas de 2007-2008, que llevaron a 70 millones de personas a la pobreza extrema y provocaron graves tensiones políticas (la primavera árabe). Por eso, se reunió de urgencia el G-20, aunque el último informe del FMI reduce la gravedad, asegurando que esta subida no es tan preocupante porque no se acompaña como entonces de una crisis energética, que hizo subir los biocombustibles (producidos con maíz o caña de azúcar), limitados ahora por Bruselas.

En cualquier caso, el hecho es que los cereales, carnes y pescados están subiendo en el mercado mundial, por tres razones. Una coyuntural, la sequía en Estados Unidos, la mayor desde 1.956 (que ha reducido un tercio la cosecha de maíz y soja), y en Rusia y Ucrania, que  ha recortado su producción de cereales (trigo y maíz). Y dos estructurales: la especulación sobre los alimentos (con tipos bajos y escasa inversión, hay mucha liquidez que va a futuros y opciones sobre alimentos, como un valor más para jugar a la Bolsa) y la demanda creciente de los países en desarrollo, que crecen y quieren comer cada vez más y mejor. De hecho, la FAO señala que los alimentos van a seguir subiendo porque la producción tendría que aumentar un 70% hasta 2050 (algo difícil) para satisfacer la creciente demanda mundial.

En España, estas subidas internacionales (que se agravarán con los efectos del huracán Sandy) son la puntilla a un campo que ha sufrido en el último año la peor climatología posible: sequía (el invierno y la primavera fueron los más secos desde 1938), heladas en febrero, pedrisco en mayo-julio y calor extremo en agosto. Con ello, han caído drásticamente las cosechas y han subido los piensos (+40% desde enero), además del gasóleo, la luz y los fertilizantes. Y agricultores y ganaderos no han podido subir  apenas precios (sólo los huevos han subido un 18,7%), por la presión de las industrias y los grandes distribuidores, que han aumentado las importaciones de alimentos para contener precios.

El eslabón más débil son los ganaderos, sobre todo los de la leche, un producto escaparate en los supermercados, lo que lleva a tirar precios. El Gobierno aprobó desde el 3 de octubre la obligación de un contrato entre ganaderos e industrias, para evitar abusos, pero algunas organizaciones denuncian que se sigue pagando por debajo de coste: 0,29 euros/litro, cuando producirla cuesta  0,35 (y la pagamos por encima de 0,65 € /litro). El resultado es el abandono de muchas explotaciones lecheras, tras el drástico recorte de los últimos años (de 124.000 en1995 a sólo 21.000 ahora), mientras nos inundan de leche europea.

Otro producto escaparate para los supermercados son los huevos, donde la nueva normativa europea (“de bienestar animal”) obliga a los avicultores, desde el 31 de julio, a disponer de más espacio y mejoras en las granjas, lo que ha provocado reducir las gallinas un 22%, cierres de granjas y subidas de precios, así como más importaciones de huevo en polvo para la industria (de Brasil o India), sin tantas garantías. Y en enero de 2013, esa normativa se aplicará a las granjas de cerdos (subirán los precios).

La leche o los huevos reflejan lo que pasa con los alimentos: suben los costes en origen pero agricultores y ganaderos no pueden subir tanto los precios a los distribuidores, por la presión de las importaciones a bajo precio (y menos calidad) y porque no tienen poder frente a los grandes compradores (distribuidores de marcas blancas, industrias y grandes supermercados) : cuatro operadores controlan el 60% de las ventas, según alertó en 2011 la Comisión Nacional de la Competencia . Y al final, nosotros pagamos mucho más al comprar, porque en el camino del productor al consumidor suben hasta cuatro veces y más los precios, según el observatorio de precios IPOD (ver listado por alimentos).

Antes o después, las subidas de los precios internacionales de cereales, carnes y pescados, más la subida de los piensos y otros costes y el efecto de la sequía en España, se trasladarán al consumidor, con subidas en el pan, pastas, leche, huevos, carnes, pescados y aceites, sobre todo porque el Gobierno no toma medidas efectivas para rebajar márgenes en los intermediarios, a pesar de tener la inflación en máximos.

Con ello, seguirá subiendo la cesta de la compra y en paralelo, seguirá cayendo el campo, que sufre una doble crisis. Ya se han reducido a la mitad en los últimos 10 años las producciones agrícolas y ganaderas (Galicia, por ejemplo ha perdido el 65% de sus granjas lecheras), empujadas por los recortes de Bruselas, que prefiere importar alimentos a mantener subvenciones a los agricultores europeos (se llevan el 40% del Presupuesto y las quiere recortar para 2014-2020, lo que afectará sobre todo a Francia y a España). Y con ello, caerán más las rentas agrarias (están por debajo del año 2000, con la mitad de ingresos que en las ciudades), el campo se despoblará más, no habrá relevo generacional (uno de cada tres agricultores tiene más de 65 años) y tendremos que comer más productos importados, que crean  riqueza y empleo fuera de España. Triste panorama. En cualquier caso, comamos carne, pescado o leche española o brasileña, vietnamita o francesa, comer será cada vez más caro. Es lo que hay.

Suben los alimentos y el campo en apuros

Si el petróleo ha subido un 50%, los cereales se han encarecido un 80% en menos de un año. La mayor demanda de alimentos y las malas cosechas han disparado los precios de los alimentos en el mundo, asfixiando a los ganaderos españoles, que pagan los piensos un 30% más caros mientras les bajan la leche y las carnes. Entre tanto, los agricultores ven bajar o apenas subir los precios que cobran, aunque en los supermercados sólo vemos alimentos más caros. Al final, el campo no despega, la renta agraria se estanca y los jóvenes huyen del campo. Y para colmo, Bruselas va a reformar la política agraria y nos recortarán subvenciones. El campo ve negro su futuro y comer será cada vez más caro.

Los precios de los alimentos, sobre todo los cereales (trigo, maíz, cebada, soja) y el azúcar, se han disparado en los mercados internacionales por cuatro factores: un mayor consumo de los países emergentes (China, África, Oriente Medio) , malas cosechas provocadas por sequías (Rusia, Brasil) o inundaciones (India,Pakistán,Australia), la crisis del petróleo (que ha derivado alimentos, como el maíz o la caña de azúcar, a producir etanol y biocarburantes) y la pura especulación (los alimentos y materias primas como alternativa de inversión). La FAO considera que los alimentos seguirán subiendo hasta 2015, por el aumento del consumo y porque el cambio climático (ya se ha dado un récord de temperatura en un tercio del planeta en 2010) va a seguir trastocando las cosechas. Y más cuando la población mundial crecerá de 6.000 a 9.000 millones de personas para el año 2050.Luego comer será cada vez más caro y difícil (por eso China está comprando tierras en Africa).

En España, el primer efecto de la subida de los cereales es que los piensos para el ganado han subido un 30%. Además, a los ganaderos les ha subido un 63% el gasóleo y un 9,8% la luz. Y no han podido repercutirlo en los precios que reciben, que incluso han bajado en 2010, según datos oficiales: cordero (-21,2 %), huevos (-17%),  aves (-5,2%), vacuno (-4,5%) y leche (-0,6%). Sólo subió el cerdo (+4,2%). En consecuencia, han caído la producción y la renta de los ganaderos en 2010, se han endeudado más y muchos han tirado la toalla (50.000 en los últimos 3 años). Tras un rosario de manifestaciones, Bruselas ha accedido a importar cereales sin arancel hasta junio y el Gobierno español acaba de aprobar un Plan de choque que incluye créditos blandos, ayudas fiscales y el adelanto del cobro de 1.700 millones de ayudas europeas para 800.000 beneficiarios, medidas que el sector considera insuficientes.

El resto del campo, los agricultores, no lo tienen mejor. Les han subido los costes (la luz, el gasóleo, un 45 % los fertilizantes) y no han podido trasladarlo a los precios. Por un lado, por la competencia de importaciones de terceros países, desde el tomate marroquí a la carne brasileña (81 euros/100 kilos de peso vivo frente a 240 € en España). Por otro, por la presión de la industria agroalimentaria y la distribución, que les imponen sus precios. Así, en aceite o en leche, se está vendiendo en hipermercados por debajo de coste. Y en el caso del azúcar, por ejemplo, las importaciones a precios desorbitados tienen que paliar el recorte de cuotas aprobado hace años por Bruselas (también para leche, carnes o aceite)  y que provoca que España sólo produzca medio millón de toneladas mientras consume 1,3 millones.De hecho, Portugal, también con recorte de cuotas, ya tuvo que racionar en diciembre la venta de azúcar a dos kilos por persona.

El campo no consigue subir precios y los consumidores pagamos más cara la comida. La razón hay que buscarla en la distribución, que multiplica por 4,3 los precios en origen, según estudios de los consumidores. Las organizaciones agrarias llevan años pidiendo contratos con industrias y distribuidores, para fijar precios y condiciones, y el Gobierno ha prometido sacar en abril un Decreto para empezar a negociarlo con la leche. Pero el sector agrario tiene que organizarse y crear centrales de venta, a través de las 4.000 cooperativas existentes, para conseguir que las tres cuartas partes del precio que pagamos no se lo lleven otros.

Con todo, el mayor problema del campo está en la reforma de la política agraria europea (la PAC) para 2014-2020, que se negocia en Bruselas y se espera aprobar en julio de 2011. El objetivo, sobre todo de Alemania, es gastar menos (ahora, las ayudas al campo se llevan el 40% del presupuesto de la UE), gastarlo de otra manera (que reciban más ayudas los nuevos países) y liberalizar los mercados (menos precios de garantía, menos cuotas y más importaciones de terceros países). España, el segundo país que recibe más ayudas (7.400 millones de euros), tras Francia, tiene mucho que perder. Y también nuestros agricultores, para los que estas subvenciones son un tercio de sus ingresos anuales.

Pero el futuro pasa por ahí: menos subvenciones, más importaciones, más competencia. El millón de explotaciones agrícolas y ganaderas tendrán que reconvertirse, profesionalizarse, concentrarse, modernizarse, organizar grupos potentes para comprar y vender. Será la reconversión del campo, un sector cuya renta se ha estancado en los últimos quince años, con la mitad de ingresos que en las ciudades y menos equipamientos. Y donde uno de cada tres agricultores tiene más de 65 años. Hay que defender su futuro, porque nos jugamos la comida, en un mundo donde los alimentos van a ser cada vez más caros y escasos.