España: más millonarios y más pobres

Los dos datos juntos impresionan: en 2025 había en España 13.500 millonarios más (259.700 personas) y 59.000 “pobres” más (12,6 millones de personas). Crecemos mucho pero al repartir el pastel crece la desigualdad, aumentan los más ricos y los más pobres. Las transferencias y políticas sociales han frenado la pobreza, pero España no consigue que baje del 25% desde hace 15 años. Y somos líderes en Europa en pobreza infantil. Además, se espera tener más pobres en 2028. Tenemos dos problemas. Uno, que gastamos menos en protección social. Y el otro, que las políticas sociales son poco eficaces , porque benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, según alertan la OCDE y la Comisión Europea. Por eso, hay que gastar más y mejor contra la pobreza, centrándose en la vivienda y en los colectivos más vulnerables: madres solas y familias con niños, inmigrantes y discapacitados. Urge repartir mejor el crecimiento, porque una cuarta parte de españoles no lo notan.

                               Enrique Ortega

A pesar de las guerras y la incertidumbre, las economías crecen y los más ricos ganan más, con la Bolsa, los dividendos y la tecnología. En 2025 aumentaron los millonarios en el mundo (los que tienen un patrimonio que supera el millón de dólares, los 860.000 euros): fueron 25,3 millones de personas (el 0,003% de la población mundial), 2 millones más que en 2024 (+8,7%), que acumulan una riqueza conjunta de 98,3 billones de dólares (84,6 billones de euros), el 86% del PIB mundial, según el reciente Informe sobre la riqueza mundial elaborado por Capgemini. La mayor concentración de millonarios se da en EEUU (8,7 millones en 2025, +9,2% que en 2024), Asia-Pacífico (8,3 millones,+9,4% : 4 millones de millonarios en Japón y 1,6 millones en China) y Europa (6,1 millones de millonarios, +6,5%), mientras crecen poco en Latinoamérica (600.000 millonarios, +0,3%) y África (200.000 millonarios,+4,1%), bajando en Oriente Medio (900.000, -1,4%).

España alcanzó en 2025 los 259.700 millonarios (más de 1 millón de dólares de patrimonio, unos 860.000 euros), 13.500 más que en 2024 (+5,3%), que acumulaban una riqueza de 672.000 millones de euros (+6,7%), el 40% del PIB español. Con ello, ocupamos el puesto 14º en el ranking de los 25 paises con más “millonarios” (subimos un puesto en 2025). La causa principal de este aumento de millonarios en España, como en otros paises, ha sido la fuerte subida de la Bolsa (el IBEX-35 aumentó un +49,27% en 2025), el fuerte ingreso por dividendos (41.503 millones cobrados en 2025, el doble que en 2021), los fuertes beneficios de empresas y bancos ( por mejora de ventas y márgenes empresariales) y el fuerte tirón de los activos inmobiliarios, con importantes plusvalías y subida de alquileres, factores a los que se une el fuerte crecimiento de la economía española y la moderación de la inflación.

Mientras Capgemini publicaba estos datos sobre los millonarios, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) presentaba en el Congreso su XVI Informe sobre la pobreza en España, alertando sobre un grave problema del que poco se habla: en España hay 12.609.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 25,7% de la población total, según la tasa europea AROPE, que mide el porcentaje de europeos que sufren una de estas tres situaciones: pobreza monetaria (ingresan menos del 60% de la renta media de cada país), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos imprevistos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada, entre otras) o tener un bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). En la UE-27 había 92,7 millones de europeos que sufrían uno o varios de estos 3 problemas en 2025, que están “en riesgo de pobreza”, el 20,9% de la población. España ocupa el 5º lugar en el ranking europeo de pobreza (25.7% población), sólo por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%), más que Italia (22,6%), Alemania (21,2%) o Francia (20,8%).

La tasa AROPE de pobreza en España lleva 15 años sin bajar del 25% de la población: ha pasado del 28,7% en 2015 al 26,2% en 2019, el 27,8% en 2021, el 25,8% en 2024 y el 25,7% en 2025. Es una décima menos, pero como ha aumentado la población, había 59.000 habitantes más en riesgo de pobreza en 2025 (12.609.000) que en 2024. Y tampoco estamos cumpliendo la Agenda 2030, que pretendía bajar esta tasa AROPE  al 14,30% a finales de esta década: para cumplirlo, deberíamos tener una tasa del 19,1% en 2025 (y tenemos el 25,7%). Eso significa, según EAPN, que España tiene ahora 3,2 millones más de “pobres” de los que deberíamos para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.

La tasa de pobreza global AROPE (25,7%) se concentra en una serie de colectivos: parados (tasa pobreza 55,4%), inmigrantes extracomunitarios (53,5%), madres solas con niños (50,6% pobreza), los que viven en alquiler (43,6% “pobres”, frente al 19,5% con vivienda en propiedad), inactivos (37,4%), menores 18 años (33,8% pobres: España es el país europeo con más pobreza infantil AROPE, según Eurostat), familias con niños (27,4% pobres) y mujeres (26,8% pobres, frente al 24,5% los hombres). Y por autonomías, destaca la altísima tasa de pobreza AROPE en Melilla (43,7%) y Ceuta (40,8%), seguidas por 6 regiones del sur:  Andalucía (34,7% población en riesgo de pobreza), Castilla la Mancha (34%), Murcia (32,5%), Canarias (31,2%), Comunidad Valenciana (30,7%) y Extremadura (30,4%).

Dentro de los tres componentes de la tasa de pobreza AROPE (renta monetaria, carencia material y bajo empleo), el más importante es la pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60% de la mediana del país: en 2025, los solteros que ganaran menos de 12.220 euros anuales (872,85 euros en 14 pagas) y las familias con dos hijos que ganen menos de 25.662,84 euros anuales (1.833 euros en 14 pagas). Dados los bajos sueldos, la tasa de pobreza monetaria es muy elevada: afecta al 19,5% de la población, a 9.566.000 personas en 2025, según Eurostat. Ha bajado 2 décimas (19,7% en 2024), pero como hay más población, tenemos 1.000 pobres monetarios más que en 2024). Y aunque tenemos 709.000 pobres monetarios menos que en 2015, esta tasa de pobreza debería haber bajado mucho más (al 14,8% en 2025), por lo que incumplimos objetivos Agenda 2030.

España es también el 5º país europeo con más pobreza monetaria (19,5% población), sólo por detrás de Lituania (22,6%), Letonia (22%), Bulgaria (21,2%) y Grecia (19,6%), por encima de la media UE-27 (16,3% población en pobreza monetaria, que afecta a 72,29 millones de europeos) y de Italia (18,6%), Francia (16,6%) o Alemania (16,1%). Y destacamos sobre todo en la pobreza infantil, donde España es líder europeo: un 28,4% de los menores de 18 años (2,2 millones de niños y adolescentes) viven en hogares “pobres” (que ingresan menos del 60% de la media), por delante de Bulgaria (27% de pobreza infantil), Rumanía (23,6%), Italia (23,2%), Francia (22,8%) y de la media de la UE (19,6%), según Eurostat.

La pobreza monetaria (ese 19,5% de población que ingresa menos del 60% de la media) se concentra no sólo entre las familias con menores (28,4%), también entre las madres solas con niños (43,4% son “pobres”), los inmigrantes extracomunitarios (44,5% pobres) , los parados (38,7% son pobres) y también los que trabajan (el 11,6%, 2,5 millones de trabajadores son “pobres”), los que viven de alquiler (el 32,6% son pobres monetarios, frente a sólo el 14,5% de los que viven en propiedad) y los que tienen un bajo nivel de estudios (el 27,3% de los que sólo tienen primaria y un 23,3% de los que tienen 1ª fase secundaria). Y por autonomías, la mayor “pobreza monetaria” la tienen otra vez las regiones del sur: Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunidad Valenciana (26%), Castilla la Mancha (25,9%), Canarias (22,9%) y Castilla y León (19,8%).

Dentro de los que están en pobreza monetaria, 2 de cada 5 están aún peor, en “pobreza extrema”: son los que ingresan menos del 40% de la media del país (679 euros al mes en 12 pagas los solteros y 1.426 euros mensuales las familias con dos hijos), un 8% de la población total en 2025 (3.920.000 personas en pobreza severa, los más vulnerables). Una tasa de pobreza severa que es la que más ha bajado (afectaba al 11,2% de la población en 2015), aunque España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza severa, sólo por detrás de Letonia (9,8%), Croacia (8,3%) y Bulgaria (8,1%), y muy por delante de la media europea (5,3% población en pobreza severa: 23,5 millones de europeos) y de la tasa de pobreza severa que hay en Italia (6,9%), Francia (4,8%) y Alemania (4,7%).

La pobreza severa (8% población) se concentra, en España más entre las mujeres (8,3% frente al 7,7% en los hombres), en las mujeres solas con niños (22,5% en pobreza severa), los inmigrantes (21,7% los extracomunitarios y 15,1% los de UE), los desempleados (20,2% en pobreza severa, pero también el 4% de los que trabajan), los que están de alquiler (15,1%, frente al 5,4% los que tienen vivienda propia), los menores (12,5% en pobreza severa) y los que tienen menos estudios (9,6% de los que tienen sólo primaria y 7,3% de los que tienen 1ª fase secundaria). Y, otra vez, la pobreza severa se concentra en el sur: Melilla (25% población), Ceuta (14,5%), Comunidad Valenciana (11,8%), Andalucía (11,4%), Murcia (11,2%), Extremadura (9,9%), Castilla y León (9,8%), Asturias y Castilla la Mancha (8,8%).

Detalladas las cifras de pobreza AROPE y de pobreza monetaria y severa, se ve claro que tenemos un problema: somos la 4ª mayor economía de Europa, la que más crece en los últimos 5 años, pero también somos la 5ª economía con más pobreza y el país líder en pobreza infantil, algo que debería avergonzarnos a todos. El estudio de EAPN, presentado a principios de junio en el Congreso, alerta de un hecho: las políticas actuales no logran reducir apenas la pobreza, que mejora muy lentamente (recordemos: la tasa AROPE no baja del 25% desde hace 15 años). Y lo más preocupante es que el Gobierno, en su último escenario macro, contempla bajar la pobreza monetaria en porcentaje (del 19,5% en 2025 al 19,1% en 2028), pero como aumenta la población cada año (por los inmigrantes), aumentarán los españoles pobres: 9.747.484 en 2028, +181.484 pobres en tres años…

El informe de EAPN reconoce que las políticas públicas (transferencias, ayudas y medidas fiscales) han servido para contener la pobreza estos años: reconocen que han evitado que 11 millones de españoles hayan caído en la pobreza en los últimos 15 años (8,1 millones gracias a las pensiones y 2,9 millones por las prestaciones sociales). Pero a la vez señalan que las herramientas actuales contra la pobreza han alcanzado un límite y ahora logran reducciones poco significativas (incluso subieron los “pobres” en 2025). En su informe destacan que a los problemas de paro, bajos salarios y precariedad laboral se ha sumado un grave problema: la vivienda, que se ha convertido en un potente “motor” de la pobreza. Recuerdan que los que viven de alquiler tienen más del doble de tasa AROPE de pobreza que los propietarios (43,6% frente al 19,5%), más del doble de pobreza monetaria (32,6% frente al 14,5%) y el triple de pobreza severa (15,1% frente al 5,4%).

Los expertos reiteran que España debe tomar 2 medidas clave para reducir la pobreza “a niveles europeos”. La primera, gastar más: España invierte en protección social (infancia y prestaciones familiares) la mitad que Europa: el 1,4% del PIB frente al 2,4% en la UE-27, el 2,5% de Francia y el 3,7% de Alemania. Y también invierte la mitad en políticas de vivienda. La segunda medida es invertir mejor en la lucha contra la pobreza, porque somos menos eficientes: el informa EAPN señala que la pobreza monetaria en España antes de las políticas públicas (ayudas y transferencias) es muy parecida (25,4%) a la de Francia (26,5%), Irlanda (26,8%), Suecia (25,3%) o Alemania (24,4%), pero luego ellos tienen más éxito con sus políticas, porque tras ellas la bajan mucho más que España (al 19,5% en 2025), bajando en Francia al 16,3%, en Irlanda al 13%, en Suecia al 15,6% y en Alemania al 16,1%...

En conclusión, la pobreza inicial es similar a la europea, pero se reduce menos en España porque las políticas públicas aquí son menos eficaces, se gastan peor, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: las ayudas públicas benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”). La Comisión Europea alertó, en diciembre de 2024, de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Ahora, en su último informe de junio, pide medidas para atajar la elevada pobreza infantil (aumentando los gastos para niños y jóvenes) y mejorar el diseño de las políticas sociales, porque hoy están poco coordinadas entre las instituciones y exigen una excesiva burocracia.

Al final, tenemos un grave problema de pobreza y gastamos poco y mal en protección social, sin coordinación entre las ayudas del Estado, autonomías y Ayuntamientos (el ingreso mínimo vital (IMV) llega ya a 2,58 millones de beneficiarios pero hay muchas autonomías que han recortado sus rentas mínimas). Y, sobre todo, hay que atajar la pobreza infantil, lo que exige aprobar una ayuda universal por hijo, como ya tienen 20 paises europeos y que en España sólo aplica el País Vasco, porque la propuesta del Gobierno para implantarla no tiene los apoyos suficientes en el Congreso. También es clave para reducir la pobreza invertir más en viviendas sociales, en un parque de alquileres asequibles. Al final, la pobreza es un grave problema que exige un Pacto político y social, imposible con la actual polarización. Mientras, crecen los millonarios y también los pobres.

La mitad del crecimiento, por los inmigrantes

El 1 de enero vivían en España 10 millones de personas nacidas en el extranjero, frente a 1,4 millones el año 2.000 y los 7 millones de 2020. Un aluvión de extranjeros que la derecha rechaza pero que han evitado el colapso del país, porque los nacidos en España caen desde 2012. Los nacidos fuera son ya el 21,35% de los trabajadores y eso ha aumentado cotizaciones, ingresos fiscales y el consumo: entre 2022 y 2025, casi la mitad (el 47%) del crecimiento español ha sido por los inmigrantes, que además usan menos la sanidad y otros servicios públicos. Y como la población autóctona seguirá cayendo, seguirán llegando extranjeros: serán el 35% de la población en 2050. Por eso, el Gobierno ha aprobado una regularización (residencia) para 500.000 inmigrantes que ya están aquí e intenta ordenar la entrada legal de inmigrantes (la inmigración ilegal cayó un 42% en 2025). Ahora, el reto es integrar a esta quinta parte de la población, por justicia y por economía. Los necesitamos.

                         Enrique Ortega

España era, el siglo pasado, un país de emigrantes: en 1970, 2,4 millones de españoles trabajaban en Europa y el resto del mundo, mientras aquí sólo vivían unos 250.000 extranjeros. Con el fuerte crecimiento de los años 90, volvieron los españoles y llegaron más extranjeros, hasta 1.472.458 habitantes nacidos fuera en el Censo del año 2.000 (el 3,63% de la población). A partir de ahí, los extranjeros han crecido mucho, en dos oleadas, según los datos del INE. La 1ª oleada de inmigrantes se produjo entre 2003 y 2009, año en que ya había 6.466.278 extranjeros en España (el 13,83% del Censo). Con la crisis financiera y europea, la cifra de inmigrantes se estancó, hasta 6.753.098 en 2019 (el 14,36% de la población). Y a partir de ahí, tras la pandemia y el posterior crecimiento, se produjo la 2ª oleada de inmigrantes, pasando de 7.231.195 habitantes nacidos fuera en 2020 (el 15,23%) a 10.004.581 extranjeros censados el 1 de enero de 2026 (el 20,18% de la población), según el INE.

Así que la población española nacida fuera se ha multiplicado por 6,8 veces en este siglo, pasando de ser 1 de cada 27 habitantes a 1 de cada 5. ¿Quiénes son? El 51% son mujeres y la mayoría jóvenes (dos tercios tienen entre 25 y 44 años), sobre todo de Marruecos (1,17 millones), aunque últimamente crecen más los latinoamericanos: 980.000 de Colombia, 690.000 de Venezuela, 470.000 de Ecuador, 450.000 de Argentina y 430.000 de Perú, además de los 520.000 rumanos. Y donde hay más población extranjera es en Baleares (el 27,7% en 2024, cuando la media nacional era el 18,65%), Cataluña (23,8% de los habitantes, frente al 10,6% en 2004) y Madrid (23,8% frente al 13,1% en 2004), Canarias (22,6%), Comunidad Valenciana (22,5% frente al 11,3% en 2004) y Murcia (19,5% frente al 11% en 2004). De estos 10 millones nacidos fuera de España, 3 millones tienen ya la nacionalidad española (doble nacionalidad).

La llegada de esta población “extranjera” ha evitado un colapso económico en España, porque han suplido la caída de la población española, que sucede desde 2012, porque hay menos nacimientos (por la baja natalidad: 1,10 niños por mujer, cuando hacen falta 2,1 para garantizar el reemplazo generacional) que muertes. Así, en 2011 se produjo el máximo de población nacida en España (40.512.654 habitantes), una cifra que cae después año tras año, hasta los 39.566.144 habitantes nacidos en España en el Censo de 2025: casi 1 millón menos de habitantes autóctonos (-946.510), por el desplome demográfico.

Precisamente, la llegada masiva de inmigrantes ha permitido cubrir con creces esta caída y conseguir que la población total de España crezca: de 47.190.493 habitantes en 2011 a 49.570.725 habitantes el 1 de enero de 2026, según el INE. Y eso ha permitido que España aumente su mano de obra disponible, la base del fuerte crecimiento tras la pandemia. Así, la población activa (personas que trabajan o buscan trabajo) ha aumentado en 1.781.600 personas en los últimos 6 años (2020-2025), pero de ellos, sólo 152.000 nuevos activos son nacidos en España: el 91,4% restante son nuevos activos nacidos fuera (1.628.700).

Esta mayor fuerza laboral ha permitido el fuerte crecimiento de la economía, mayor que en Europa, y la creación de 2.496.400 empleos en estos 6 años, el 40% de todos los empleos creados en Europa. Y dos terceras partes han sido para trabajadores nacidos fuera de España: 1.614.700 empleos han sido para extranjeros (1.106.600) y para foráneos con doble nacionalidad (508.000), mientras los nacidos en España consiguieron 881.700 nuevos empleos. La mayor parte de este nuevo empleo “extranjero” ha sido para jóvenes y personas de mediana edad, con poca formación, que trabajan en la hostelería, la construcción, el comercio, empleadas de hogar y en los cuidados, con contratos más precarios y menores sueldos que los trabajadores nacidos en España.

Tras estas ganancias de empleo, trabajan en España 22.463.300 personas (diciembre 2025), de los que 17.666.400 son empleados nacidos en España (el 78,6%) y 4.796.800 son trabajadores nacidos fuera de España (3.575.900 extranjeros y 1.220.900 con doble nacionalidad), el 21,3% de los ocupados (eran el 14,86% en 2008), según la EPA. Un colectivo de trabajadores “extranjeros” que sufre múltiples discriminaciones laborales, según un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones: “se concentran en profesiones con menor cualificación, peores condiciones, mayor temporalidad, mayor riesgo de accidente, jornadas de trabajo más largas y peor remuneradas”, dice textualmente.

Los datos lo corroboran. Por un lado, los salarios medios de los inmigrantes (1.846 euros brutos) son un 26,4% inferiores a la media salarial de los españoles (2.508 euros mensuales) y también menores a los salarios de los trabajadores con doble nacionalidad (2.040 euros brutos), según el decil de salarios del INE. Y otros estudios señalan que los inmigrantes ganan un 29% menos que los nativos, la mayor diferencia en Europa, debido a que tienen peores contratos y jornadas y a que trabajan en los sectores peor pagados. Y la situación es peor para las mujeres inmigrantes (el 51% de los extranjeros que llegan ahora), que sufren una doble penalización laboral: por ser mujer y por ser inmigrante. Además, los inmigrantes sufren más el paro: su tasa de desempleo es del 14,51%, frente al 9,01% los españoles.

Frente a la derecha y la extrema derecha, que culpan a los inmigrantes de quitar empleos a los españoles, la realidad es que la mayoría de los inmigrantes ocupan trabajos que los españoles no buscan o no quieren (o donde los empresarios “prefieren” contratar a inmigrantes para ahorrarse costes). Y la realidad no es sólo que los inmigrantes han permitido aumentar el empleo y mantener el crecimiento, sino que además han sido claves para aumentar los ingresos por cotizaciones sociales. Así, en diciembre de 2025 había 3.135.582 trabajadores extranjeros cotizando, el 14,9% del total de afiliados a la SS (eran el 10,9% en 2019) y casi 1 millón más cotizantes que en 2019.Un balón de oxígeno para la SS, porque cada inmigrante cotiza unos 4.000 euros anuales… Además, los inmigrantes pagan también impuestos (pocos el IRPF, pero todos el IVA y los demás impuestos y tasas). Y gastan, consumen.

Por todo ello, la llegada de estos 10 millones de extranjeros y esos 4,8 millones que trabajan y cotizan han sido un motor clave del crecimiento español estos años. Un reciente informe de Funcas (Cajas) aporta un dato revelador: entre 2022 y 2025, casi la mitad del crecimiento español (el 47%) fue gracias a la inmigración, que aportó el 4,26% del 8,9% que creció el PIB esos 4 años. Un dato que refleja muy bien los efectos positivos de la inmigración. Y añaden que también han sido decisivos para el “boom” del turismo y el despertar de la construcción, además de ayudar a frenar la inflación: el menor coste de esta mano de obra extranjera ha evitado una mayor subida de precios en España.

Y además de ser el principal motor del crecimiento español, los inmigrantes no han empeorado los servicios públicos, como revelan distintos informes. En sanidad, los inmigrantes utilizan menos las visitas al médico de cabecera, consultas y hospitalización, sólo algo más las urgencias (porque sufren más accidentes laborales), según un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones. Y otro estudio, de la Revista Clínica de Familia, señala que los extranjeros van menos al médico de familia (78,4% frente al 82,9% los españoles), al especialista (45% frente al 54,9%), a los hospitales (5% frente al 8,5%) y se vacunan menos (34,2% frente al 56%) y se hacen menos mamografías (66,4% frente al 82,8%), utilizando las urgencias como los españoles.

Sobre la educación, las familias inmigrantes concentran a sus hijos más en centros públicos, porque los privados y concertados les “filtran”, aunque no lo reconocen. Y suelen tener más problemas para integrarse en los centros, lo que provoca un mayor abandono escolar temprano, según el estudio de Migraciones: lo sufren un 31% de los alumnos inmigrantes frente a un 11% los españoles. Y los inmigrantes se matriculan más en FP básica, pero menos en FP de grado medio y superior, también en la Universidad. Además, los inmigrantes sufren más los problemas de vivienda, porque tienen menos pisos en propiedad y el 56% viven en alquiler. Y el 7,5% de los inmigrantes viven en la calle, sin un techo, según ese estudio. Además, los inmigrantes suponen el 17,52% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (son el 20% de la población) y el 28,89% de las rentas de inserción autonómicas.

En el futuro, la población nacida en España va a seguir cayendo (porque las mujeres españolas son madres más tarde y tienen menos niños), según las proyecciones del INE: los 39.566.144 habitantes actuales nacidos en España (79,82% del Censo) caerán a 39.013.557 habitantes en 2032, a 37.046.757 habitantes en 2052 (el 70,42%), a 35.134.659 habitantes en 2062 (66,56%) en 2062 y a 33.591.148 habitantes nacidos en España en 2072 (el 63,52% del total). O sea, que entre 2025 y 2072, los nacidos en España serán casi 6 millones menos… 

Así que necesitamos que sigan llegando inmigrantes para crecer y sostener las pensiones y los servicios públicos. La previsión del INE (hecha en 2022) es que los nacidos fuera de España aumenten desde los 10.004.581 censados de 2025 (20,18% de la población) a 11.725.081 censados en 2032, a 13.937.681 en 2042 y a 15.865.207 censados en  2052 (el 30% de la población entonces). Y que sigan aumentado hasta 17.658.512 habitantes de fuera en 2062 a 19.295.222 censados nacidos fuera de España en 2072 (el 36,5% de la población). Otra estimación, del estudio de Funcas, proyecta 18,5 millones de habitantes “extranjeros” en 2050 (el 35% de la población española dentro de 24 años).Y con estos inmigrantes, la población total de España no dejará de crecer, desde los 50 millones a finales de 2026 a 52,5 millones en 2050 y 52.886.370 habitantes para 2072.

En definitiva, que la población española sólo crecerá y mantendrá el crecimiento y el empleo si los inmigrantes siguen llegado, porque la población autóctona seguirá cayendo, un problema que tiene toda Europa. Por eso, las políticas contra los inmigrantes de la derecha y la extrema derecha no son solamente injustas: suponen un “suicidio económico”. Por eso, el Gobierno Sánchez está empeñado en mantener el flujo de inmigrantes, aunque ordenando su llegada y luchando contra la inmigración ilegal (con vigilancia y acuerdos con los paises emisores, como Marruecos, Mauritania y los paises del Sahel), medidas que están dando fruto: en 2025, la inmigración ilegal cayó un -42,6%, hasta los 36.775 inmigrantes, según Interior.

Como se ve, la mayor parte de los inmigrantes (+540.371 netos en 2025) no entran irregularmente (sólo el 6,8%), sino que llegan como viajeros o turistas y se quedan ilegalmente. En estos momentos, se estima que viven en España unos 800.000 inmigrantes irregulares, sin papeles. El Gobierno acaba de aprobar una regularización extraordinaria, para que puedan obtener la residencia los que acrediten que vivían aquí al menos 5 meses antes de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, lo que podría beneficiar a 500.000 inmigrantes irregulares (la mayoría mujeres). Esta sería la 7ª regularización, tras las 3 de Felipe González en 1.986 (38.294 inmigrantes), 1.991-92 (114.423) y 1996 (21.294), las dos de Aznar, en 2000 (264.153) y 2001 (239.174) y la de Zapatero, en 2005 (576.506 inmigrantes). Para que se lleve a cabo, entre abril y junio, el Gobierno tiene que conseguir aprobarla en el Congreso, donde votarán en contra Vox y PP, con la duda de Junts.

La regularización pretende “poner al día” a medio millón de extranjeros irregulares que podrán conseguir una autorización de residencia por un año (y por 5 sus hijos), para incorporarse después a las figuras de integración que contempla la reforma del Reglamento de  Extranjería, aprobada en 2024 y en vigor desde mayo de 2025. Ahí se introdujeron cambios para ordenar y flexibilizar la llegada legal de inmigrantes: concesión de visados, autorizaciones de trabajo y residencia para actividades de temporada (campo), contratación en los paises de origen, ampliación de los supuestos de arraigo y reducción plazos (de 3 a 2 años), simplificación procesos reagrupación familiar y flexibilización de los permisos de trabajo, para favorecer la llegada legal de los inmigrantes que las empresas necesitan. Dos estudios, uno de la Fundación La Caixa y otro de la Universidad de Navarra coinciden en señalar que la anterior regularización (ZP en 2005) “no produjo un efecto llamada” y que sus efectos positivos sobre el empleo, los salarios y la recaudación superan a los posibles efectos negativos.

No basta con regularizar a los inmigrantes irregulares y canalizar mejor las llegadas. Los expertos insisten que urge integrar mejor a los 10 millones de habitantes nacidos fuera que ahora viven en España, porque sufren una discriminación laboral, salarial, de vivienda, educación y atención social. Y esta discriminación, además de injusta, tiene efectos económicos negativos, penaliza la productividad, el crecimiento y los servicios públicos de todos. De hecho, la discriminación global a los extranjeros está haciendo perder al país 17.000 millones de euros, según el informe del Observatorio español del racismo y la xenofobia. “Acoger al que viene de fuera no es solo un deber, sino un paso para garantizar el Estado del Bienestar”, señaló Pedro Sánchez en 2024, al anunciar un Plan para la integración de los inmigrantes, abierto a consulta pública en 2025 y pendiente de aprobación.

En resumen, los inmigrantes no nos invaden ni nos quitan trabajo o servicios públicos, sino que están sustituyendo a los españoles que no nacen y permiten que el país crezca y cree empleo y riqueza, cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos. Si ya son 1 de cada 5 habitantes y para 2050 serán 1 de cada 3, no queda más remedio que ordenar su llegada e integrarlos mejor, para que colaboren en la mejora del país. Los necesitamos, pero en condiciones de más igualdad con los demás españoles. Se lo han ganado.

Somos casi 50 millones

El INE ha publicado este martes los censados en España: 49.442.844 habitantes. Somos casi 50 millones, el doble que en 1940 y 10 millones más habitantes que a comienzos del siglo. Y la previsión es rondar los 55 millones de habitantes en 2050, a pesar de la caída de la natalidad, a la mitad (de 2,77 hijos por mujer en 1975 a 1,12 en 2024). Este “milagro demográfico” es posible gracias a los inmigrantes: 1 de cada 5 censados hoy en España han nacido fuera, son 9,8 millones de habitantes. Y estos inmigrantes (2,7 millones ya nacionalizados españoles) van a aumentar, hasta ser 17,5 millones habitantes nacidos fuera de España en 2050, 1 de cada 3, según las proyecciones del INE. La población seguirá creciendo gracias a los inmigrantes, porque los nacidos en España seguirán cayendo (como pasa desde 2015) hasta 2050: serán 2,3 millones menos que ahora. Eso obliga a integrarlos en la economía y la sociedad, porque los necesitamos, no convertirlos en un arma política de la derecha y ultraderecha.

                                   Enrique Ortega

La población residente en España ha crecido de una forma imparable desde el final de la Guerra Civil. Si el Censo de 1900 reflejaba 18.618.086 habitantes, en los años 30 eran ya 23,67 millones y en 1940 el nuevo Censo de los vencedores registraba 26.015.907 habitantes. A partir de ahí, se superan los 30 millones en 1960 y a la muerte de Franco, en noviembre de 1975, éramos 35,8 millones de españoles. El nuevo siglo XXI comienza superando los 40 millones (40.470.182 el 1 de enero 2000) y se sobrepasan los 45 millones de habitantes al final del boom económico (el 1 enero 2008). Y después, la población sigue creciendo año tras año, hasta un máximo de 46.818.216 habitantes censados en enero de 2012. A partir de ahí, la población residente cae durante 4 años, hasta el 1 de enero de 2016 (46.418.884 habitantes), por la fuga de inmigrantes tras la crisis. Pero luego vuelven y la población total residente en España crece año tras año (incluso durante la pandemia) hasta alcanzar los 49.077.984 de habitantes a finales de 2024.

Este año 2025 la población de España ha seguido aumentando y el Censo publicado este martes por el INE registra ya 49.442.844 habitantes, 345.967 más que a finales de 2024. Y retrata el perfil de los que vivimos en España ahora: 39.617.578 hemos nacido aquí y otros 9.825.266 residentes han nacido fuera de España (aunque 2,7 millones están nacionalizados españoles: los considerados “extranjeros” son 7.132.324 habitantes). Esta es una tendencia de las últimas décadas: la población en España crece porque crecen los inmigrantes que vienen y viven aquí: los residentes nacidos fuera de España eran 2,33 millones en 2002, se duplicaron hasta los 5,2 millones en 2007, pasaron a ser 6,68 millones en 2012 y ahora (1 octubre) son ya 9,85 millones. A lo claro, que 1 de cada 18 censados en 2002 (el 5,6%) habían nacido fuera de España y ahora son 1 de cada 5 habitantes (el 19,87%).

Este fuerte aumento de inmigrantes ha permitido compensar estos años el relativo estancamiento de la población nacida en España primero (de 38,7 millones en 2002 a 39,58 en 2007 y 40,13 millones en 2012) y, después, la caída de esa población nacida en España desde 2015: éramos 40.541.831 habitantes nacidos aquí en enero de 2015 y somos 39.617.578 el 1 de octubre pasado. Casi 1 millón de habitantes menos nacidos en España (-924.253) debido a la caída de la natalidad en estos años y los anteriores: si nacían 2,77 niños por mujer en 1975, cayeron a 1,26 en el año 2.000 y a 1,12 en 2024, lo que explica el bajo crecimiento de la población nacida en España y la caída a partir de 2015.

Esta preocupante situación de la demografía en España (nacen pocos niños, porque las mujeres españolas tienen menos niños y a edades más tardías, mientras el 31,3% de todos los niños que nacieron en 2024 fueron de madres extranjeras) va a continuar en los próximos años, según las últimas proyecciones de población del INE hasta 2074. Ahí estiman que la población nacida en España seguirá cayendo, hasta los 37.331.032 habitantes en 2049, 2,28 millones menos que ahora. Y que caerá después, hasta los 33,3 millones de habitantes nacidos en España en 2074: serán 6.307.920 habitantes autóctonos menos que hoy. Y eso porque la tasa de natalidad seguirá baja, aunque algo más alta que hoy (el INE estima que será de 1,4 hijos por mujer en 2050, todavía muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer que hacen falta para que no caíga la población nativa).

Este “apocalíptico” panorama demográfico, pasar de 39,6 millones de nacidos en España hoy a 33,3 en 2074, no será tan grave, porque esta pérdida de población se va a compensar con creces con la entrada de extranjeros: el INE prevé que los 9.825.266 habitantes actuales  nacidos fuera de España (insisto: 2,7 millones ya nacionalizados españoles) suban a 17.503.600 millones en 2049 (el 32% de la población total) y a 21.278.537 millones en 2074 (el 39% de la población total). A lo claro: que la población residente nacida fuera de España pase de ser 1 de cada 5 hoy a ser la tercera parte en 2050 y 1 de cada 2,5 habitantes en 2074.

Este aluvión de inmigrantes permitirá, según el INE, que la población censada en España siga creciendo en las próximas décadas. En 2026 alcanzaremos los 50 millones de habitantes y la previsión es llegar a 2049 con 54.834.632 habitantes censados. Y que en la segunda mitad de este siglo, la población en España crezca ligeramente hasta un máximo histórico de 54.969.675 habitantes en 2054 (+5,52 millones que hoy), para caer ligeramente después (por la menor entrada de inmigrantes), hasta los 54,74 millones de habitantes en 2069 y los 54.588.195 habitantes esperados por el INE para 2074 (+5,14 millones más que hoy).

La revolución demográfica que viene ya no es sólo que aumentará la población (y por tanto las necesidades económicas y sociales del país), sino que esa población española será diferente, con más viejos y menos jóvenes. Los mayores de 65 años pasarán de ser el 20,4% de la población en 2024 al 30,5% en 2055, según el INE, lo que disparará el gasto en pensiones, sanidad, Dependencia y servicios sociales. Pero además, en paralelo, se reducirá el porcentaje de jóvenes en edad de trabajar (de 20 a 64 años), pasando del 60,9% de la población total al 53,7% en 2051 (aunque se recuperarán hasta el 54,2% para 2074). Eso supone menos población para trabajar, pagar impuestos y cotizar para sostener las pensiones. El dato es muy preocupante: si en 2023 teníamos una “tasa de dependencia” del 53,4% (proporción de mayores de 64 años y menores de 16 sobre los activos), en 2053 será del 75,3%. A lo claro: si ahora tenemos dos personas en edad de trabajar por cada niño o mayor, en 2054 habrá 4 activos por cada 3 pasivos (que necesitan la aportación de los que están en edad de trabajar). O sea que habrá menos para crear riqueza y más para consumirla.

Por eso resulta clave que la población total siga creciendo, algo que sólo puede suceder por dos vías: o las familias tienen más hijos (algo que no se espera a medio plazo y menos si no hay políticas agresivas de fomento de la natalidad) o necesitamos más inmigrantes. La previsión del INE es que la inmigración neta (los que entran menos los que salen), que lleva desde 2022 aumentando por encima de los 700.000 inmigrantes netos anuales (+ 787.195 en 2024), continúe otros 2 años más creciendo a ese nivel (+775.198 en 2025 y +723.055 en 2026), para continuar otros dos años aumentando por encima del medio millón al año (+652.597 en 2027 y +578.003 en 2028), para bajar después (+407.477 inmigrantes netos anuales entre 2029 y 2033) y reducirse a unas entradas netas inferiores a las 300.000 anuales (menos de la mitad que ahora) a partir de 2034 y hasta 2074.

Como se ve, son “flujos” netos de inmigrantes muy importantes, sobre todo hasta 2028. Por eso urge una política de inmigración a medio plazo, no sólo para regular estas entradas y tratar de “redirigirlas” hacia los empleos, sectores y zonas que más interesen, sino sobre todo para “integrar” de verdad a estos “nuevos españoles”, porque vamos a ser un país más diverso: no tiene nada que ver la España de 2002, con 1 de cada 18 habitantes nacidos fuera, con la España de hoy (con 1 de cada 5 habitantes foráneos) y menos aún con la España de 2049 (con un tercio de la población nacida en el extranjero). Eso pasa por políticas activas de “integración”, para incorporar mejor a esta población, desde las políticas de empleo y vivienda a la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales o las pensiones.

Y en paralelo, ser un país con 50 millones de habitantes debería llevar al Gobierno y a nuestros políticos, autoridades locales y autonómicas a repensar las políticas de ordenación del territorio y los servicios públicos y sociales, porque no es lo mismo atender a esos 50 millones que a los 35,8 millones que vivían en España a la muerte de Franco. “Hay que tomar medidas para que la demografía no nos aplaste”, alerta el economista Daniel Manzano. Y es que detrás de la crisis de la sanidad, de la educación, de la vivienda y de los servicios sociales está el hecho de que en España vivimos casi 15 millones de personas más que hace medio siglo y, sin embargo, ni los servicios públicos ni la vivienda ni las infraestructuras han invertido medios y recursos suficientes para afrontar ese aluvión de población.

Además, tenemos que prepararnos para un futuro donde habrá todavía más población, mucho más envejecida y con más peso de habitantes nacidos fuera de España. Esto debería tenerse en cuenta para casi todo, para articular una estrategia demográfica que tenga en cuenta otro tipo de hogares (con menos personas y más mayores: 2 de cada 3 hogares estarán integrados en 2050 por una o dos personas, cuando ahora son la mitad), la mayor proporción de personas mayores (casi un tercio) y la enorme importancia de los inmigrantes (un tercio de la población en 2050, aunque muchos consigan la nacionalidad española). Cambios demográficos que exigen cambios económicos, territoriales, sociales y culturales.

Y sobre todo, vamos hacia una sociedad “mucho más diversa” (ya lo es), que exige un comportamiento político y social “más plural”, más tolerancia y diálogo para asegurar una convivencia que impone la demografía y la economía. Las cifras son tozudas y el futuro las afianza: la España de hoy no tiene nada que ver con la de hace 50 años y basta con salir a la calle en cualquier pueblo o ciudad para comprobarlo. El gran reto de este siglo XXI, junto al clima y la tecnología, es la demografía. Y todos los paises y Gobiernos deben aprender a “gestionar la diversidad”, mientras los ciudadanos cambiamos nuestra mentalidad ante el gran Cambio Demográfico. Habría que abrir un gran debate político, económico y social sobre la población y los cambios demográficos, para aprovechar al máximo su potencial económico, social o cultural y minimizar sus efectos adversos.

Necesitamos otro Pacto nacional por la demografía y la inmigración, como el alcanzado por las pensiones o la violencia de género y el solicitado contra la Emergencia Climática. No podemos dejar que esta nueva realidad demográfica y migratoria sea sólo un arma política de la derecha y la ultraderecha. Hay que adaptarse a los cambios y sacarlos partido para mejorar el futuro. Menos demagogia y mentiras, más debate y medidas eficaces.

Menos trabajadores en 2050

La crisis demográfica es otro grave problema de este siglo, como la emergencia climática, del que apenas se habla. Y mientras, Europa pierde población y envejece, lo que hará caer el número de trabajadores. En España, habrá 2,55 millones de personas menos en edad de trabajar para 2050, lo que complicará la economía, la recaudación, las pensiones y los servicios públicos. El problema de fondo es la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, que provocarán una caída de 2,4 millones en los nacidos en España para 2050, aunque la población total será mayor que ahora (55 millones) porque “nos salvarán los inmigrantes” (8,2 millones de residentes más nacidos fuera de España). Por eso, la “propuesta” de Vox de expulsar a 8 millones de extranjeros no es sólo injusta y xenófoba sino también “una locura económica”: colapsaría el país. Urge un Pacto demográfico para subir la natalidad, apoyar más a las familias y organizar la inmigración a medio plazo. Un reto para la supervivencia de toda Europa.

Europa tiene un grave problema demográfico que provocará, en los próximos 50 años, una fuerte caída de la población y su envejecimiento, con la consiguiente bajada de la población en edad de trabajar, frenando su crecimiento y asfixiando sus economías, según las proyecciones de población hechas en 2020 por la Comisión Europea. Los datos son muy preocupantes: los 452,85 millones de europeos (UE-27) de 2024 aumentarán hasta 2026 (453,38 millones) y a partir de ahí, bajará la población, sobre todo a partir de 2035, para caer a 448 millones en 2050 y a 429,8 millones en 2074 (-23 millones de europeos dentro de 50 años). 

Una caída de población que se debe a la caída de la natalidad, acompañada del envejecimiento de la población (los mayores de 65 años pasará de ser el 20% al 30% de la población) y que provocará una caída del número de trabajadores: las personas en edad de trabajar pasarán de ser el 59% de los europeos en 2019 al 51% (de menos población) en 2070. Y eso se traducirá en menos crecimiento, menos recaudación, más gastos sanitarios y en cuidados y menos cotizaciones e ingresos para sostener las pensiones y los servicios públicos.

La caída de la población europea en los próximos 25 y 50 años será distinta por paises, según las proyecciones de Bruselas. Italia será el país que más población perderá: -1,38 millones entre 2024 y 2049 y -6,2 millones de habitantes entre 2024 y 2074. También perderán mucha población Grecia, Croacia y la mayoría de los paises del Este (especialmente Polonia y Hungría). Algunos paises (pocos) ganarán población: Dinamarca, Suecia, Irlanda, Chipre, Malta y Luxemburgo. Y el resto, en general perderán población, sobre todo a partir de 2050. Alemania perderá sólo -178.339 habitantes entre 2024 y 2049, pero serán -800.000 entre 2024 y 2074. Y Francia, que lleva décadas fomentando la natalidad y con muchos inmigrantes, será una excepción: ganará 2,4 millones de habitantes entre 2024 y 2049, aunque luego empeorará sus cuentas demográficas y sólo ganará 1,33 millones de habitantes entre 2024 y 2074.

España será otra excepción, ya que ganará población en los próximos 25 años, aunque la perderá en 50 años, según las proyecciones de la Comisión Europea (2020): ganará 2,5 millones de habitantes entre 2024 y 2049, pero al final perderá 700.000 residentes entre 2024 y 2074. Lo mismo les pasará (subir población hasta 2049 y luego bajarla) a Portugal, Paises Bajos, Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

Sin embargo, una proyección de población más reciente, la del INE de junio de 2024, apuesta a que España realmente ganará población en los próximos 25 y 50 años: pasaremos de ser 48.610.458 habitantes en 2024 a 54.834.632 habitantes en 2049 (+6.224.174 habitantes) y a estabilizarnos en 54.588.195 habitantes en 2074. Pero este aumento de la población total es “engañoso”, porque se debe exclusivamente a la entrada de inmigrantes. Los “nacidos en España” caen drásticamente :de 39.698.012 en 2024 a 37.331.032 (-2,36 millones) y a 33.309.658 en 2074 (-6,38 millones de nacidos en España). Y los “nacidos en el extranjero” residentes en España saltan de 9.379.972 habitantes en 2024 a 17.503.600 en 2049 (+8,1 millones de residentes) y a 21.278.537 nacidos en el extranjero en 2074 (+11,89 millones que en 2024). O sea, que para dentro de 50 años, se “pierden” 1 de cada 6 nacidos en España y se duplica con creces  el número de residentes que han nacido fuera de España.

Esta importante caída en la población “nacida en España” se debe, básicamente, al desplome de la natalidad en nuestro país: si a la muerte de Franco, en 1975, eran 2,8 los niños por mujer, en 2017 ya eran la mitad (1,3) y han caído a 1.15 niños por mujer en 2024, la 2ª tasa de fecundidad más baja de la UE-27, tras Malta. Y eso ha provocado que la población caiga  en España desde 2017 (30.772 muertes más que nacimientos), año tras año (-132.604 fue el saldo vegetativo en 2024). Y el INE espera que este saldo de población (nacimientos-defunciones) aumente en los próximos años: -120.636 pérdidas anuales entre 2029 y 2033, -259.991 al año entre 2049 y 2053 y hasta -319.890 de pérdida anual de población entre 2064 y 2068, con -296.039 de pérdida anual entre 2069 y 2073.

Estas pérdidas de población “nacida en España” se van a compensar, según las proyecciones del INE, con la entrada neta de inmigrantes en las próximas décadas. El saldo migratorio (entradas menos salidas de “nacidos en el extranjero”) pasará de 454.232 en 2019 a 787.195 en 2024, 407.477 entradas anuales entre 2029 y 2033, 287.000 anuales entre 2049 y 2053 y después, unas menores entradas (algo menos de 300.000 al año) entre 2054 y 2073.

Lo peor no es sólo que caiga  la población nacida en España sino que además, el conjunto de la población española (y europea) va a envejecer, porque la esperanza de vida ha aumentado mucho y seguirá al alza: de 73,44 años en 1975 a 83,47 en 2024 (+10 años) y 86,62 años en 2050 (84,44 los hombres y 88,91 las mujeres). Eso lleva a un mayor peso de los mayores (+ de 65 años), que pasan de ser hoy el 20% de la población al 30% en 2050 y décadas siguientes. En contrapartida, habrá menos jóvenes, con lo que se reducirán las personas en edad de trabajar, un problema grave para el crecimiento, la recaudación de impuestos y cotizaciones, poniendo en aprietos las pensiones y servicios públicos.

Lo más llamativo de la caída de la población nacida en España es la caída de las personas en edad de trabajar, la futura pérdida de trabajadores. Un reciente estudio de Randstad pone cifras a este preocupante problema: la población en edad de trabajar (15-64 años) caerá en España de 31.727.218 personas en 2025 a 29.170.592 personas en 2050 (-2.556.626 españoles en edad de trabajar). La mayor caída en la población que puede trabajar se dará a partir de 2035, cuando se jubilen los nacidos en el baby boom de los años 60, y sobre todo a partir de 2040 (cuando se jubilen los nacidos en los años 70).

Esta caída en la población en edad de trabajar se produce, de nuevo, entre los nacidos en España, que son los que tienen menos hijos. Así, los españoles de 20 a 64 años, en plena edad de trabajar han pasado de 24.489.040 en 2008 (el máximo) a 23.157.641 en 2020 y bajarán a 22.364.422 españoles en edad de trabajar en 2025  (-2,12 millones desde 2008). Y mientras, los residentes nacidos en el extranjero en edad de trabajar han aumentado de 4,67 millones en 2008 a 5,73 millones en 2020 y serán 7,51 millones en 2025 :+2,84 millones desde 2008, lo que ha permitido el crecimiento del empleo y la economía. Además, de esos 2,55 millones menos para trabajar que se espera para 2050, la mayoría ( 1,72 millones) será la pérdida de activos con menos de 54 años, los más productivos.

La disminución de la fuerza laboral en España (y en Europa) en las próximas décadas, provocará una mayor falta de trabajadores (de lo que ya se quejan ahora las empresas), una menor movilidad laboral y una menor productividad, mientras no habrá “relevo generacional” para muchas profesiones y empleos. En paralelo, el envejecimiento de la población aumentará el gasto en sanidad, cuidados y pensiones, mientras habrá menos trabajadores pagando impuestos y cotizando para financiar pensiones y servicios públicos.

¿Qué se puede hacer? Lo primero y fundamental es promover la natalidad, como lleva décadas haciendo Francia, el país que ganará más población hasta 2050. Eso obliga a un Pacto de Estado por la natalidad, que incluya múltiples medidas: ayudas por hijo (graduadas por edades e ingresos familiares), educación gratuita 0-3 años, medidas de conciliación laboral efectiva (con más guarderías en las empresas), política pública de cuidados a mayores y discapacitados (para liberar a las mujeres) y, sobre todo, un conjunto de políticas públicas para ayudar a las familias con hijos: facilitarles el acceso a la vivienda es clave.

Otra medida clave es atraer talento extranjero (jóvenes con formación tecnológica y digital) y fomentar la inmigración legal, sobre todo dirigida a la contratación en origen de trabajadores que faltan en España (campo, construcción, hostelería, cuidados…). Actualmente ya, la inmigración ha sido clave para el fuerte crecimiento de España tras la pandemia: los expertos estiman que la mitad del crecimiento del PIB español ha sido por el trabajo inmigrante. Los datos son esclarecedores: de los 1.891.000 empleos creados en España entre 2019 y 2024, casi las tres cuartas partes (1.351.000, el 71,44%) han sido ocupados por extranjeros (848.700) o trabajadores con doble nacionalidad (502.300, la mayoría latinoamericanos), según la última EPA. Y sólo en 2024, de los 468.000 empleos creados, sólo 59.000 fueron a trabajadores “nacidos en España…

Esto no debería alimentar la xenofobia, porque la mayoría de estos trabajos no son cubiertos por “españoles” porque no los buscan igual, porque suelen ser más precarios y peor pagados (en el campo, la hostelería, el transporte,  la construcción, el servicio doméstico o los cuidados de niños y ancianos). En cualquier caso, las proyecciones del INE son claras: para que España no pierda población, hacen falta más inmigrantes, al menos 6,38 millones en los próximos 50 años. Y si no vienen a España más extranjeros, faltarán trabajadores, porque los españoles en edad de trabajar van a caer drásticamente de aquí a 2050.

Por todo esto, no tiene sentido la propuesta de Vox de expulsar a 8 millones de inmigrantes, una medida no sólo injusta y xenófoba sino económicamente peligrosa, porque nos hacen falta inmigrantes para compensar la falta de jóvenes y mantener el crecimiento y los servicios. Eso sí, hace falta otro Pacto, por una inmigración legal y organizada: planificar a varias décadas los inmigrantes que necesitamos y adoptar políticas para buscarlos y atraerlos, no continuar con las llegadas descontroladas. Actualmente, somos 49.153.849 personas viviendo en España (1 abril 2025) y de ellos, un 14,13% tienen nacionalidad extranjera (6.947.711 residentes), aunque hay que matizarlo, porque 2,5 millones de ellos son europeos. Se trata de un porcentaje alto, pero similar al de otros paises europeos (Alemania, Francia) y “asumible”, porque los necesitamos. Otra cosa es planificar mejor la inmigración hasta 2050, sin xenofobia y asimilándola.

En resumen, que la caída de población es uno de los grandes retos del siglo XXI, junto a la crisis climática y la revolución tecnológica y digital. Y hay que afrontar ya los problemas que se nos vienen encima, sobre todo la caída de trabajadores mientras la población envejece, lo que supone una bomba de relojería para el crecimiento, las pensiones y los servicios públicos. No podemos esperar, porque las medidas a tomar (fomento natalidad, ayudas a la familia y planificación de la inmigración) tardan décadas en hacer efecto. Hagan algo ya.

EPA verano 2024: empleo récord y mucho paro

El empleo sigue creciendo en España, aunque menos este verano que el anterior. Y tenemos 21.823.000 personas trabajando, otra cifra récord  y 2 millones más que antes de la pandemia. También bajan los parados, medio millón de parados menos que en 2019. Cara al futuro, el Gobierno ha enviado a Bruselas un Plan donde contempla crear 1,6 millones de empleos entre 2024 y 2026, gracias al fuerte crecimiento, los Fondos europeos, el tirón del consumo, turismo y exportaciones, más el dinamismo de los inmigrantes. Pero hay un punto negro: España tiene casi el doble de paro que Europa y las previsiones internacionales indican que superará el 11% en 2025. Hay que afrontar esta divergencia histórica con Europa. Urge un Plan de choque para reducir las bolsas de paro entre jóvenes, mujeres y mayores de 45 años (1,48 millones). Y eso exige un acuerdo entre Gobierno, patronal , sindicatos y autonomías, quienes gestionan (mal) las políticas de empleo. No hay que dormirse en los récords.

                                        Enrique Ortega

El verano suele ser una buena época para el empleo, por la temporada turística y los contratos en la enseñanza. Este año también, aunque el empleo ha crecido algo menos que el verano anterior: se han creado + 138.300 empleos entre junio y septiembre de 2024, según la EPA conocida el viernes, frente a +188.000 creados el verano de 2023 y los mismos que el anterior (+138.300 el verano de 2022). Con ello, se han creado ya +433.300  empleos este año. Y en España hay ya 21.823.000 personas trabajando, otro récord histórico tras el de junio 2024 (21.648.700 ocupados), el mayor número de personas trabajando en España (hubo un máximo de 20.646.000 ocupados en junio 2008).

En el tercer trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a los servicios (+152.700 empleos), sobre todo la hostelería, el turismo y el comercio, pero también creó empleo la industria (+23.400), estancándose en la construcción (sólo +500 nuevos empleos) y cayendo en la agricultura (-47.800 empleos). El empleo se creó solo en el sector privado (+155.500 empleos) , perdiéndose empleo público (-17.100), según la EPA. Y se ha creado casi cinco veces más empleo entre los hombres (+114.800 empleos) que entre las mujeres (+23.500), cayendo el empleo sólo entre los jóvenes de 25 a 34 años (-23.900 ocupados)  y entre los de 40 a 44 años (-13.200 empleos). Y del empleo creado (+138.300), 73.000 trabajos han sido para extranjeros y 63.300 para españoles. Por autonomías, el empleo ha crecido en 11 regiones, encabezadas por Cataluña (+53.500 ocupados), Castilla y León (+32.100), Baleares (+35.200) y Andalucía (+24.500) , cayendo en las 8 regiones restantes, sobre todo en Comunidad Valenciana (-42.300), País Vasco (-41.900) y Madrid (-12.600).

Esta nueva mejora del empleo en el tercer trimestre (+138.300) se traducido también en una mejora del paro, que bajó ligeramente en verano (-1.200 parados), cuando había subido en el verano de 2023 (+86.300) y 2022 (+31.100 parados), según la EPA. Ello se debe a que este verano han aumentado menos los españoles “activos”, que buscan trabajo: han aumentado sólo en 137.100, la mitad que el verano anterior (+274.300), permitiendo así bajar las cifras del paro. Con todo, en España hay un récord histórico de personas activas (que trabajan o buscan trabajo), un indicador del fuerte dinamismo del mercado laboral, empujado por los inmigrantes: 24.577.100  personas “activas”, 1,5 millones más que antes de la pandemia (23,08 millones en el verano de 2019).

El  paro bajó en el tercer trimestre (-1.200 parados), gracias a que encontraron trabajo muchos que lo habían perdido hace más de un año (-40.800 parados), bajando también el paro en la construcción (-12.300 parados) y los servicios (-3.600) y subiendo en la agricultura (+20.700 parados) y entre los que buscan su primer empleo (+ 41.800 parados. El desempleo bajó sólo entre las mujeres (-5.300 paradas) y aumentó  entre los hombres (+4.100 parados). Y también creció entre los más jóvenes (+53.100 parados menores de 25 años), bajando sobre todo entre 25 y 54 años (-62.600 parados). Por autonomías, el paro bajó en 12 regiones, sobre todo en Cataluña (-21.400), Castilla la Mancha (-12.600), Baleares (-10.900) y Asturias (-10.100), subiendo mucho en Madrid (+47.000 parados), Comunidad Valenciana (+35.100) y Canarias (+6.100), por el final de la temporada turística.

La cifra total de parados EPA se reduce en un millón desde el fatídico verano de 2020 (pandemia) y queda en 2.754.100 parados estimados a finales de septiembre 2024, un dato que no se veía desde septiembre de 2008 (2.600.700 parados). Y la tasa de paro baja al 11,21%, según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde el verano de 2008 (11,23%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (5,9% en la UE-27) y cuadruplicamos la alemana (3,5% de paro), según Eurostat.  Y baja ligeramente la tasa de paro de los  jóvenes (menores 25 años), al 26,89% (la más baja desde 2008), que casi duplica la europea (14,3% en la UE-27).

Hay otros datos preocupantes del paro que mejoran. El primero, que hay 854.500 hogares con todos sus miembros en paro (-74.800 menos que hace un año). El segundo, que baja el paro en las 6 regiones con mayor tasa de desempleo, aunque sigue alta: Ceuta (29,30% de paro), Melilla (27,29%),  Andalucía (16,06%), Canarias (14,40%), Extremadura (13,79%) y Comunidad Valenciana (13,04%). Contrastan con 6 autonomías que tienen una tasa de paro casi europea : Baleares (6,17%), Cantabria (7,17%), País Vasco (7,61%), Navarra (7,72%), Cataluña (8,83%) y Galicia (8,84%). Y el tercero, que bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son 1.025.000 parados, el 37,21% de los parados (eran el 39,67% el trimestre pasado, pero el 43,5% a finales de 2019).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En agosto de 2024, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.845.877 desempleados: la mitad cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 958 euros de media y el resto (49,8%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Eso significa que sólo dos tercios (el 67%) de los parados estimados por la EPA de septiembre (2.754.100) cobran alguna ayuda por desempleo. Y que 908.300 desempleados no cobran ningún subsidio.  Y si contamos los que están registrados como parados en el SEPE (2.575.285) , cobran ayudas el 71,67%.

La mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2024 sigue siendo menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021. El balance de enero a septiembre es muy positivo: un 42,39% de todos los contratos firmados estos 9 meses (11.408.900) han sido indefinidos (4.836.300 contratos), aunque este porcentaje es ligeramente inferior al de enero-septiembre 2023 (43,56%). Y apenas sube sobre el porcentaje de indefinidos de todo 2023 (42,87% de los contratos). Pero supone un salto tremendo sobre los indefinidos antes de la reforma laboral: en 2021, sólo el 10,9%  de los contratos eran indefinidos. Y entre 2014 y 2020, sólo eran indefinidos entre el 6 y el 8% de los contratos. Además, en lo que va de año, más de la mitad de los nuevos contratos (56,30%) son a tiempo completo, más de la cuarta parte (29,42%) a tiempo parcial y el resto, fijos discontinuos (1.628.400), que son los contratos fijos que se hacen a muchos que antes eran temporales en el turismo, hostelería y construcción.

El resultado evidente de la reforma laboral es que aumentan mes a mes los asalariados con contrato indefinido, que eran el 74% de los asalariados hace dos años (septiembre 2021), un 79,81% hace un año y que ahora son ya el 83,59%, con un 16,41% todavía de asalariados con contrato temporal, el mayor porcentaje en Europa (la media de temporalidad en la UE-27 es del 14,1%). Los que más se están beneficiando de los contratos fijos son los jóvenes, cuyos contratos son ahora fijos en un 75% (antes de la reforma, lo eran menos de la mitad).Y además de conseguir más contratos indefinidos, la reforma laboral está consiguiendo contratos temporales que duran más, al penalizar la cotización de los contratos por días o menos de una semana, que ahora se hacen mucho menos.

En resumen, aunque el empleo creció menos este verano (+138.300 ocupados) que en primavera (+434.700) y que el verano pasado (+188.000 ocupados), sigue mejorando, a pesar del estancamiento en Europa y los conflictos de Ucrania Y Oriente Próximo. Los expertos muestran su extrañeza por el alto nivel de empleo en todo el mundo, con la tasa de paro más baja en los 38 paises de la OCDE desde principios de siglo (4,9% en agosto de 2024, frente al 5,39%  en 2019, antes de la pandemia, el 8,58% en 2009 y el 6,75% en 2001). Una bonanza del empleo en Occidente, a pasar de la inflación, los tipos altos y la guerra, motivada por el elevado gasto público tras la pandemia, las ayudas contra la inflación, la moderación salarial y el aumento de los beneficios empresariales, el envejecimiento de la población (hay menos mano de obra disponible) y la vuelta de mucha producción de Asia y paises en desarrollo a los paises desarrollados, tras los “embudos” en las cadenas de producción post-pandemia.

Esta mejoría internacional del empleo en los últimos años ha sido mayor en España, según los datos oficiales: el 60% de todo el empleo creado en Europa en 2023 se ha creado en España. Respecto a diciembre de 2019 (antes de la pandemia), la creación de empleo aumentó más en España (+7,1% hasta septiembre 2023) que en Francia (+4,9%), Italia (+2,2%) o Alemania (+1,3%). Y si analizamos la creación de empleo desde diciembre de 2021 (antes del inicio de la guerra en Ucrania), también se ha creado más empleo en España (+5,2% hasta septiembre 2023) que en Italia (+3,2%), Francia (+1,7%) o Alemania (+1,6%). Y en los 9 primeros meses de 2024 se han creado otros 433.000 empleos. Las razones son varias: el mayor tirón del turismo y los servicios, la menor caída de las exportaciones, el menor peso de la industria (que está creando menos empleo), la menor inflación y los salarios más bajos, que mejoran nuestra competitividad.

Pero ahora, cara al 4º trimestre de 2024 y, sobre todo, ante 2025, preocupa el futuro del empleo, en Occidente y más en Europa, dado el bajo crecimiento esperado, los altos tipos (a pesar de las 3 rebajas del BCE) , la incertidumbre sobre la energía y la inflación y los conflictos geopolíticos. Por eso, tanto la OCDE como el FMI auguran una menor creación internacional de empleo en 2024  y, sobre todo, en 2025. Mientras, el Gobierno Sánchez acaba de enviar a Bruselas su Plan económico a medio plazo, donde refleja sus previsiones de empleo: prevé la creación en España de casi 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos), 2025 (548.645) y 2026 (494.878 empleos), con lo que España rozaría los 23 millones de ocupados en 2026 (22.989.350), otro hito histórico.

El Gobierno justifica esta fuerte creación de empleo entre 2024 y 2026 en varios “motores”: el fuerte crecimiento de la economía española (+2,7% en 2024, lo mismo que en 2023, aunque el FMI cree que creceremos un +2,9%, otro +2,5% en 2025 y +2,2% en 2026), el tirón de la inversión por los Fondos europeos, la fuerza del consumo y las exportaciones españolas (que crecen más que otras europeas), las reformas económicas y laborales (reforma del desempleo en 2025) y, sobre todo, el dinamismo del empleo, gracias a la alta actividad y el empleo de los inmigrantes (y la regularización de 500.000 “irregulares” en 2025).

El punto negro de estas previsiones sigue siendo el paro, que seguirá muy alto: el Gobierno ha enviado a Bruselas una previsión de que acabará el año 2024 en el 11,2% (como está ahora), lo que casi duplica el paro previsto en la UE-27 (6,1%). Y prevé bajarlo al 10,3% en 2025 (6% en la UE-27), aunque el FMI y la Comisión Europea lo ponen en duda y creen que el paro español seguirá el año próximo por encima del 11%. La clave es cómo conseguir que nuestro mayor crecimiento aporte empleo suficiente para atender a más demandantes de empleo, conseguir que en España trabaje más gente y tener una tasa de paro “europea”. Mucho tiene que ver con el modelo económico y nos obliga a una reforma a fondo de las oficinas de empleo, que apenas ayudan a los parados a recolocarse.

Por todo esto, no hay que caer en la complacencia: crecemos más que la mayoría de los paises y creamos más empleo, pero seguimos teniendo casi el doble de paro que Europa. Y eso nos obliga a reformar y modernizar la economía, a promover la creación de empleo en múltiples empresas y sectores (que siguen “cortos de personal”), mejorar la formación y la empleabilidad de la mano de obra y aprovechar los Fondos europeos,  la digitalización y la descarbonización de la economía para crear nuevos negocios y empleos. Pero, además, el Gobierno debería promover un Plan de choque, para reducir las bolsas de paro entre los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años (son 1.485.685 parados, el 57,7% de todos los parados, “un ejército de parados” a los que hay que ofrecer una salida…). Y este Plan debe negociarse con patronal, sindicatos y autonomías, que son quieres gestionan las políticas de empleo y las oficinas del SEPE (mal, con pocos medios y escasa efectividad).

En resumen, sigue mejorando el empleo, pero preocupa que “pinche” en los próximos meses. Y todavía tenemos demasiado paro, concentrado en los mayores, las mujeres y los jóvenes, que siguen esperando una oportunidad. Crear más empleo y de calidad debería concentrar los esfuerzos esta Legislatura. Porque el empleo es la base de todo.