La “mini reforma”
fiscal aprobada por el Gobierno no
sólo baja impuestos (poco) a algunos
(rentas bajas y altas). También perjudica a otros, como a los caseros e inquilinos, a los que quitan
o reducen las ayudas al alquiler desde 2015. Es un palo más que se une a otras medidas contra el alquiler tomadas en 2013 por el Gobierno Rajoy : supresión
de ayudas a los jóvenes para alquileres, endurecimiento del resto de ayudas,
recortes de incentivos fiscales y un Plan de Vivienda 2013-2016 que apenas promueve
viviendas en alquiler. Ahora que el
alquiler estaba despegando, la supresión de ayudas va a reducir y
encarecer los alquileres, sobre todo a los jóvenes. Y aumentarán los desahucios por impagos.
Además, los que no pueden pagar un alquiler normal, tampoco tienen alquileres
sociales bajos. Sobran viviendas vacías (6 millones) y muchos jóvenes y
familias siguen sin casa y viviendo con sus padres. Y ahora, con el recorte fiscal del Gobierno, tienen aún más difícil alquilar.
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| enrique ortega |
La “mini
reforma” fiscal aprobada por el Gobierno Rajoy incluye dos
medidas que son un torpedo al
alquiler. Una, elimina la deducción
por alquiler de la que se benefician los inquilinos desde enero de 2008: hasta ahora, los inquilinos con
bases imponibles hasta 24.107 euros podían deducirse en el IRPF (Renta) un
10,05% del alquiler que pagan, con un máximo de 9.040 euros anuales. El
otro cambio afecta
a los caseros: hasta ahora no tenían que declarar en la Renta (IRPF) el
100% del alquiler recibido si su inquilino/a tiene menos de 30 años y
tenían el 60% exento si tenía más de 30 años. Ahora, esa cantidad exenta queda en el 50% del alquiler, tenga el inquilino/a la edad que tenga.
Estos cambios afectan a los contratos de alquiler que se hagan a partir del 1 de enero de 2015,
no a los actuales. Pero como todos los alquileres
tienen que renovarse a los cinco años, al final acabará
afectando a los 2,5 millones de alquileres que hay en España. Un
truco para retrasar estos cambios es firmar un nuevo contrato antes
de diciembre, pero en cinco años sufrirá igual los recortes. Ahora queda
ver qué
hacen las autonomías, si también aplican en 2015 (año electoral) recortes a las ayudas que algunas dan al alquiler
(Madrid, Valencia, Aragón o Canarias) o a
los jóvenes que alquilan (Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha,
Cantabria y Andalucía).
La supresión de la
ayuda estatal afectará
a más de 820.914 inquilinos, que fueron los que dedujeron su alquiler en
2011 (ahora hay más alquileres), con una deducción media de 215
euros anuales por inquilino. Y el recorte en el alquiler exento
afectará también a más de un millón de propietarios: 1.184.103 caseros no tributaron en 2011 por todo o parte de lo
cobrado por alquiler. En total, las dos medidas supondrán un ahorro para Hacienda de 256 millones de euros y podrían alcanzar
hasta
400 millones cuando los cambios lleguen a todos los alquileres. Un
ahorro mínimo y muy dañino para el
alquiler que contrasta con los 2.000
millones anuales que cuestan las ayudas
fiscales a la compra de pisos (anteriores al 1 de enero 2013), que el
Gobierno Rajoy mantiene (son 5,8
millones de contribuyentes/votantes) , a pesar de las críticas de la Comisión
Europea y el FMI, que creen debían suprimirse.
Esta “mini
reforma” fiscal al alquiler es injusta y discriminatoria, porque quita totalmente la deducción al inquilino (la parte más débil, con
menos ingresos) y la mantiene, aunque
recortada, al propietario. Y
además, penaliza
fiscalmente a los más jóvenes, a los menores de 30 años: antes, el
casero que alquilaba a un joven deducía todo el alquiler y ahora le da igual la
edad del inquilino, porque recibe siempre la misma exención (50%). Esto es
especialmente grave en España, donde casi
la mitad de los jóvenes de 18 a 29 años se ven obligados a vivir con sus padres,
según Eurofound.
La primera consecuencia
de estos recortes fiscales al
alquiler es que puede haber
menos alquileres, ya que ahora, sin ayudas fiscales, al inquilino le resultará
más caro alquilar. Además, al casero también le compensará fiscalmente menos alquilar, con lo que se
teme que pueda haber más “alquileres en
negro”, sin declarar: ahora son unos 200.000 y podría haber 100.000 más con estos recortes, según
Arrenta, lo que supondría un “mercado
negro” de 2.160 millones de euros que escaparían al Fisco. La segunda consecuencia de estos recortes es
que pueden forzar que los caseros suban el
alquiler, ahora que tienen menos ayudas. Y si esto es así y el inquilino no
las tiene ya, aumentarán los desahucios:
ya en 2013, más de la mitad de todos los desahucios fueron por impago de
alquileres (37.625).
Estos recortes se suman a otras
medidas tomadas antes por el Gobierno Rajoy contra el alquiler, cuando España es un país de propietarios y
tenemos el porcentaje de alquileres más
bajo de Europa: un 16,1%, según el INE, frente al 38% en la UE (y el 46% en
Alemania). Por un lado, en junio de 2013, el Gobierno suprimió
las ayudas a los jóvenes para que alquilaran y endurecieron
las ayudas generales al alquiler. Por otro, liquidaron la Sociedad
Pública de Alquiler y redujeron
las ayudas fiscales a inquilinos y propietarios, que ahora se vuelven a
recortar. Además, en el Plan
de Vivienda 2013-2016 destinaron sólo 65 millones anuales a promover
viviendas en alquiler, lo que da para unas 2.000 al año. Una miseria para un
país que sólo tiene un 2% de vivienda
pública en alquiler, frente al 15% de Francia o Reino Unido.
Mientras el Gobierno
Rajoy no apoya al alquiler, por mucho que lo diga, el mercado
de alquileres ha ido creciendo,
por la crisis (no hay dinero ni hipotecas
para comprar) y porque muchos propietarios
han optado por alquilar al no poder
vender su piso, sobre todo tras aprobarse una Ley
de Fomento del alquiler (en vigor desde junio 2013) que agiliza los
procedimientos para desahuciar a un inquilino (en
10 días) si no paga. Con ello, el
porcentaje de alquileres ha pasado del 11,4% en 2001 al 16,1% en 2013,
según el INE. Y al haber más alquileres, han
bajado los precios del alquiler,
un 31,5% desde 2007, según Fotocasa.
Ahora, en 2014, esa bajada
parece haber tocado suelo: en el último semestre, los alquileres han subido una media del 0,60%, según un sondeo
de Enalquiler.com. Todavía hay 37
capitales en los que los alquileres bajan en el último año (incluidas
Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Pamplona y Alicante) pero ya son 14 las ciudades donde los alquileres suben
(entre ellas, Madrid, Sevilla, Las Palmas, Santa Cruz y Coruña). El alquiler medio está en 662 euros, pero hay ocho capitales con
alquileres superiores, sobre todo Madrid
(1.209 €), San Sebastián (1.014), Bilbao (982), Sevilla (897) o Barcelona
(888), que contrastan con las capitales más baratas, Huesca (370 €), Ávila, Orense
o Castellón (sobre 400) y Cuenca (423).
Ahora, con la “mini
reforma” fiscal de Rajoy, los
alquileres podrían subir más y dificultar
su acceso a las familias con menos
recursos, que ya hoy no pueden alquilar: si la mitad de
los españoles viven con menos de 1.000
euros al mes, según
Eurostat, resulta difícil que paguen
un alquiler medio de 662 euros. Así que a
un gran número de españoles (parados, emigrantes, jubilados y jóvenes) sólo
les queda la opción del alquiler
social, hasta 200 euros
mensuales. El problema es que apenas
hay: España sólo tiene un
1% de alquileres públicos sociales, frente al 20% o más en Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Finlandia o
Dinamarca. Y Alemania paga incluso el alquiler a los parados
de larga duración. Mientras, aquí, autonomías
y Ayuntamientos están desbordados de peticiones de alquileres sociales de familias y ONGs.
Para ponernos a nivel europeo, España debería promover un millón de
alquileres sociales. Se
puede. Por un lado, incorporando al parque público de alquiler las 15.000
viviendas de protección oficial (VPO) vacías que no se venden. Por otro,
sumando las 76.000 viviendas vacías del banco malo
(SAREB), que se están vendiendo a fondos
extranjeros para que especulen. Y dando
suelo gratis y financiación barata a Ayuntamientos, ONGs y Fundaciones para
promover pisos de alquiler social: con 1.000 millones (la octava parte de lo perdido
con NovaGalicia Caixa) se podrían hacer 20.000
viviendas sociales al año para alquilar Con estas tres medidas, se podría tener en cinco años un parque de 200.000
viviendas de alquiler social,
para cubrir las necesidades más urgentes. Y negociar
con bancos y Cajas para que cambien
los desahucios por hipotecas impagadas en alquileres sociales.
El alquiler es la vía más sencilla y barata para resolver
el problema de la vivienda en España. Habría que duplicar los alquileres para ponerse
a nivel europeo, hasta llegar a los 5 millones de viviendas en alquiler,
algo perfectamente posible porque hay 6
millones de viviendas vacías. Pero para ello, hace falta apoyar al alquiler,
no suprimir o recortar las ayudas. Y en el caso de las familias y jóvenes sin
ingresos, darles una salida con los
alquileres sociales. La vivienda es un serio problema sin resolver.
Y Rajoy sigue penalizando al alquiler.
