Demasiadas muertes por trabajar

Cada día mueren 2 personas en el trabajo o yendo y viniendo de trabajar. Fueron 735 muertes por accidente laboral en 2025, 61 menos que en 2024, aunque aumentaron los muertos en la construcción (+29 fallecidos). Y España es el 6º país europeo con más muertes laborales en relación con los que trabajan. Los sindicatos denuncian que son “demasiadas muertes” y que muchas podrían evitarse si las empresas invirtieran más en prevención. Además, se quejan de que hay muchas enfermedades profesionales que no se reconocen, como algunos cánceres. En febrero de 2026, Gobierno y sindicatos han pactado una reforma de la Ley de prevención de riesgos laborales de 1995, para reforzar la prevención y afrontar nuevos riesgos de salud mental, trabajo digital y cambio climático. Pero la patronal se descolgó del acuerdo, porque no quiere más normas sino regularlo en los convenios. Ahora falta aprobar los Decretos y la nueva Ley, algo que no será fácil por los enfrentamientos en el Congreso. Pero hay que tomar medidas para frenar estas “muertes silenciosas”. No puede ser que el trabajo mate.

                           Enrique Ortega

Este lunes, un hombre de 56 años murió al caer desde el tejado de una empresa en la que estaba trabajando en Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 735 fallecidos en 2025, en el trabajo (584 muertes) o yendo y viniendo de trabajar (otros 151 muertos “in itinere”), según los datos recién publicados por Trabajo. Una cifra que reduce en 61 los 776 muertos en accidentes laborales en 2024 y que es algo menor a los 721 muertos en accidente laboral en 2019, antes de la pandemia, aunque ahora hay 2,5 millones de personas más trabajando. Aún así, son muchos más que los 558 muertos laborales de 2013, el mínimo desde antes de la crisis financiera (hubo 841 muertos en 2007), y la mitad de las 1.580 muertes en el trabajo (más de 4 diarias) que se contabilizaron en España en el año 2000.

Empecemos por los datos de los accidentes laborales, que prácticamente se estancaron en 2025: hubo 1.163.047 accidentes declarados, un 1,5% menos que en 2024 (1.181.202). Pero algo menos de la mitad (542.661, -1,8%) fueron “accidentes sin baja”, generalmente leves, porque muchos de estos trabajadores prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos denuncian que estos accidentes sin baja crecen en los últimos años). Algo más de la otra mitad fueron “accidentes con baja”, 620.386 en 2025, casi los mismos que en 2024 (628.300), aunque muy lejos de los accidentes con baja que había en España en plena “burbuja inmobiliaria” (1.022.067 en 2007), aunque es una cifra de accidentes con baja similar a la que había antes de la pandemia (650.602 en 2019). Pero hay que recordar que ahora trabajan en España 2,5 millones de personas más…

El grueso de los accidentes de trabajo con baja se produjo en el trabajo (529.838 accidentes,-19% que en 2024) y el resto fueron accidentes “in itinere” (90.548,+2,9% que en 2024), accidentes producidos al ir y venir de trabajar, que son los accidentes que más crecen en los últimos años, por accidentes de tráfico. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres (70,2%), pero curiosamente son las mujeres quienes tienen más accidentes laborales “in itinere” (el 54% del total), quizás porque se desplazan más para conciliar el trabajo con llevar a los hijos al colegio o hacer las compras. La gran mayoría de los accidentados con baja son asalariados (95,4%) y el resto autónomos (4,6%).

Las actividades más peligrosas en 2025, con más accidentes laborales en el trabajo con baja, fueron la industria (96.068, el 18,3% del total), la construcción (78.845 bajas, el 15,06%), el comercio y la reparación de vehículos (69.968 accidentes, el 13,20%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (57.030, el 10,76%), la hostelería (50.837, el 9,59%), el transporte y almacenamiento (41.168, el 7,76%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (40.864 accidentes, el 7,71%). Pero si tenemos en cuenta los que trabajan en cada sector, la “siniestralidad relativa” (accidentes por cada 100.000 trabajadores), las actividades más peligrosas son en realidad  la construcción (5.510 accidentes en el trabajo por cada 100.000 trabajadores), la minería (5.413), el suministro de agua y saneamiento (5.136), la industria (4.364), el campo (3.759), el transporte y almacenamiento (3.555), las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.473) y la hostelería (2.731), los 8 sectores con más accidentes que la media (2.547 por 100.000 trabajadores). Y las autonomías más “peligrosas” para trabajar son, curiosamente, Baleares (3.791 accidentes/100.000 trabajadores), Navarra (3.655), Castilla la Mancha (3.227), La Rioja (3.155) y Aragón (2.912), por encima de la “siniestralidad” de Andalucía (2.720), Comunidad Valenciana (2.509),Cataluña (2.356) o Madrid (1927 accidentes/100.000 trabajadores).

Centrándonos en la gravedad de los accidentes laborales, en 2025 se produjeron en el trabajo 3.701 accidentes graves, de los que 584 fueron mortales (62 muertes menos que en 2024). De estas muertes en el trabajo, la mayoría fueron hombres (546 muertes, 62 menos que en 2024) y 38 fueron mujeres (igual que en 2024). Por edades, los trabajadores mayores son quienes tienen más muertes en el trabajo: entre 55 y 59 años (121 muertes en 2025), de 60 a 64 (105) y de 50 a 54 años (102 muertes). La 1ª causa de estas muertes en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales y otras “causas naturales” (251 muertes, 15 menos que en 2024), que los sindicatos atribuyen en muchos casos al “estrés laboral”. Le siguen los golpes y caídas (97 muertes, 3 más que en 2024), los aplastamientos (82 muertes, 17 menos) y los accidentes de trafico (73 muertes, 23 menos). En el caso de las muertes “in itinere” (151 fallecidos, 1 más que en 2024), la mayoría fueron por accidentes de tráfico (138) y afectaron más a hombres (122 muertes,+2 que en 2024) que a mujeres (29,-1).

Centrándonos en las muertes en el trabajo (584 en 2025), las actividades más letales fueron los servicios (262 muertos, -64 que en 2024), la construcción (164 muertos, 29 más, por lo que “alertan” los sindicatos), la industria (110 muertes laborales, -6) y el campo (48 muertos, -21). Pero si tenemos en cuenta la “siniestralidad relativa”, el sector con más muertes en el trabajo es la construcción (11,32 muertes por 100.000 trabajadores), a mucha distancia del campo (6,68 por 100.000), la industria (4,52) y los servicios (1,61 muertos por 100.000 trabajadores, muy por debajo de la media: 2,81 muertes/100.000). Y por autonomías, las más letales para trabajar son Andalucía (95 muertes en el trabajo), Cataluña (91 muertes, su peor dato desde 2009), Comunidad Valenciana (66), Madrid (55) y Castilla la Mancha (41 muertes). Pero si lo comparamos con los trabajadores de cada región, la “siniestralidad relativa” cambia:  las más “letales” son Castilla la Mancha (5,32 muertos en el trabajo por 100.000 trabajadores), Asturias (5,24), Murcia (4,32), Galicia (4,23) y Castilla y León (3,98), frente a 2,95 muertes/100.000 trabajadores en Andalucía, 2,41 en Cataluña y 1,52 en Madrid.

Los accidentes y las muertes laborales preocupan también en Europa, donde se producen casi 2,2 millones de accidentes con baja (2.153.161 en 2023) y 2.972 muertes en el trabajo (2023), según los últimos datos de Eurostat. España es el 2º país europeo con más accidentes en el trabajo en relación a los que trabajan (2.707 accidentes por cada 100.000 trabajadores en 2023), sólo superado por Portugal (2.995 accidentes) y muy por encima de la tasa europea (1.500 accidentes por 100.000 trabajadores), cerca de Francia (2.644) y lejos de Alemania (1.620/100.000), Italia (1.182), Bélgica (1.513) o Dinamarca (1.578). Y en cuanto a las muertes en el trabajo, la tasa de España (2,28 muertes/100.000 trabajadores) supera a la media europea (2,28/100.000), a Paises Bajos (0,6), Alemania (0,91) o Bélgica (1,67), pero es menor que la mortalidad laboral en Francia (4,42 muertes/100.000) o Italia (2,62).

El trabajo no solo provoca accidentes y muertes, también enfermedades profesionales que en muchos casos acaban inhabilitando o matando al trabajador en unos años. Y están creciendo: en 2024 (último dato oficial) se contabilizaron 26.803 partes de enfermedades profesionales,+4,6% que en 2023 y menos que antes de la pandemia (27.392 en 2019). De este total, la mayoría son partes sin baja (15.269), alcanzando los 11.534 con baja. Más de la mitad (54%) los dan las mujeres y por tramos de edad, la mayoría (19,84%) los dan las mujeres de 50 a 54 años y los hombres de 45 a 49 años (otro 19,7% de los partes).Por autonomías, las que concentran más partes por enfermedades profesionales en relación a sus trabajadores  son Murcia (362 por 100.000 trabajadores), Navarra (336), La Rioja (260), País Vasco y Comunidad Valenciana (162/100.000 trabajadores). Y las actividades con más bajas por enfermedad profesional son la minería (368 por 100.000 trabajadores, sobre todo en Extremadura y Galicia), la industria (301/100.000 trabajadores, sobre todo en Murcia, Navarra, la Rioja y País Vasco), la construcción (118), las actividades sanitarias (107) y administrativas (107) y la hostelería (106,99 partes/100.000 trabajadores).

Las causas que provocan estos partes de enfermedades profesionales son los agentes físicos (81,2% del total, la mayoría por posturas forzadas y movimientos repetitivos), los agentes biológicos (el 6,4%, sobre todo infecciones), las enfermedades de la piel (5,6%), la inhalación de sustancias (3,8%), los agentes químicos (3,27% del total) y sólo 104 bajas por enfermedad (el 0,37%) fueron por cáncer (107 en 2022). Precisamente, los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (104 casos en 2024, 54 por amianto) y que la mayoría de los casos se reconocen porque el trabajador afectado acaba en los Tribunales. UGT considera que 1 de cada 3 casos de cáncer en España podrían estar relacionados con la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. Los trabajos con más riesgo, según detectó la Encuesta WES, son los relacionados con el amianto, la sílice cristalina respirable, las emisiones de motores diesel y el polvo de madera, aunque también el benceno, la radiación ultravioleta solar, el formaldehido, el cromo hexavalente y el plomo y sus compuestos orgánicos.

Los sindicatos valoran positivamente la reducción de muertes en el trabajo en 2025, aunque les preocupa la alta peligrosidad de la construcción y el aumento de las muertes “in itinere”. Pero reiteran que esas 735 muertes laborales son “excesivas” y muchas podrían evitarse si las empresas (y los trabajadores) cumplieran la normativa de riesgos laborales y si las pymes dedicaran más medios y personal a prevenir los riesgos laborales (que muchas empresas “subcontratan” fuera). Y denuncian que, tras el COVID y las crisis posteriores, muchas empresas “han bajado la guardia” y gastan menos en la prevención, a pesar de que por cada euro invertido en seguridad recuperan 2 euros. Además, los sindicatos se quejan de la falta de control, porque la inspección de Trabajo carece de medios para vigilar la seguridad en el trabajo (tienen 1 funcionario por cada 13.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 de media en la UE). Y denuncian también la falta de medios judiciales para acabar con la impunidad penal en los accidentes laborales: en 2023 hubo sólo 406 sentencias por siniestralidad laboral, 235 condenatorias, algunas sobre accidentes de hace 20 años (17 de 2001 a 2010).

En junio de 2021, la Comisión Europea aprobó un Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, para atajar los accidentes y muertes laborales en Europa. Ahí se fijaba la obligación de crear una Mesa tripartita (Gobierno, sindicatos y patronal) sobre seguridad laboral dentro del diálogo social, Mesa que se creó en España el 12 de febrero de 2024, con año y medio de retraso. Tras diversas reuniones sobre medidas a tomar, dos años después (el 10 de febrero de 2026) se ha alcanzado un Pacto entre el Gobierno, UGT y CCOO (la patronal CEOE no lo ha firmado) para mejorar y modernizar la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es de 1995. El objetivo es reforzar la normativa de seguridad laboral, mejorar la detección de las enfermedades profesionales y reforzar la protección de los trabajadores ante los riesgos de salud mental (la 2ª causa de bajas laborales) y los problemas de salud laboral que provocan la digitalización y el cambio climático.

Ahora, en un próximo Consejo de Ministros, el Gobierno aprobará esta reforma de la normativa de seguridad laboral pactada con los sindicatos, mientras la patronal reitera que no ha firmado el acuerdo porque debería tratarse en la negociación de los convenios. Como el Gobierno sabe los problemas que tendrá esta reforma de la Ley en el Congreso (Junts, el PP y Vox votarán en contra, como apoyo a la patronal), la estrategia será aprobar también una serie de Decretos (que no haya que convalidar) para reformar los actuales Reglamentos de prevención de riesgos laborales en materia de riesgos psicosociales, digitales y climáticos, más cambios para lograr un mayor control del cumplimiento de la normativa vigente.

Al final, se intenta adaptar una Ley del siglo XX a los trabajos y riesgos laborales del siglo XXI, aunque la clave es que la normativa se cumpla, no sólo por las empresas (las pymes tienen menos medios) sino también por sus trabajadores (falta una mayor “cultura de la seguridad”), apostando por la vigilancia y las sanciones en caso contrario, porque se juegan vidas e incapacidades. Habría que alcanzar acuerdos, como país y empresa a empresa, para conseguir un objetivo a medio plazo: “muertes cero” en el trabajo. Es una tarea de todos: no podemos consentir que el trabajo mate.

Récord histórico de bajas laborales

El dato es impactante: más de un millón de españoles (1,1) no van cada día a su trabajo por enfermedad (ILT), según los datos oficiales de bajas laborales, que en 2023 alcanzaron un récord histórico. De cada 1.000 trabajadores, más de 400 cogieron una baja laboral el año pasado, lo que duplica el absentismo de 2012. Y coloca a España como el 2º país europeo con más ocupados que se ausentan del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT), por detrás de Francia e igualados con Portugal. Pero aunque se pierden 396 millones de horas de trabajo, la mitad de estas bajas son por menos de 3 días y no las pagan las empresas ni la Seguridad Social. Mientras la patronal habla de grave aumento del absentismo, sindicatos y expertos lo achacan a las listas de espera en la sanidad y a la poca agilidad en los expedientes de ILT. Ahora, el Gobierno prepara una norma para que muchas bajas las controlen y agilicen las Mutuas laborales.

                    Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empezó a superar la crisis financiera de 2008. En 2012, en lo peor de la crisis, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo por incapacidad laboral temporal, por ILT) había bajado al 2%, desde el 2,8% de 2007. Y a partir de 2014 sube, hasta una tasa del 2,7% en 2019. La pandemia de 2020 y 2021 trastoca las cifras (de un 4,3% de absentismo en junio de 2020 al 4,9% en marzo de 2021) y las mantiene en un 4,1% de absentismo en 2022 y 2023, según los datos oficiales, un máximo histórico. Y este alto nivel de absentismo casi duplica el de Europa (2,5% de ocupados se ausentaron de su trabajo por enfermedad), según Eurostat (2022), siendo España el 2º país europeo con más absentismo, tras Francia (4,6%) e igualado a Portugal (4,1%), lejos del absentismo de Italia (1,3%), Paises Bajos (1,6%), Alemania (2,4%), Austria, Finlandia o Suecia (2,9%) y Bélgica (3,6%).

El absentismo laboral en España presenta 3 rasgos preocupantes sobre el resto de Europa, según un reciente estudio del Instituto valenciano Ivie y la Mutua Umivale Activa : la intensidad del fenómeno y el gasto asociado, su rápido crecimiento en los últimos 16 años y que se produce en todas las autonomías, aunque más en el norte que en el sur. En cuanto a la intensidad, España es el 4º país europeo que más gasta en prestaciones por incapacidad laboral temporal (ILT) con relación al PIB, un 1,4% en 2022, unos 18.850 millones de euros), sólo por detrás de Paises Bajos y Alemania (gastan el 2% del PIB) y Suecia (1,5%), muy por encima de la media UE-27 (el gasto en ILT supone el 1,2% del PIB), del coste en Francia (0,8%), Portugal (0,6%) o Italia (0,5%).

Por autonomías, todas tienen en 2023 tasas de absentismo superiores a las de 2007 y a las de la mayoría de paises europeos, destacando el alto absentismo en el norte de España, sobre todo en el País Vasco (5,8% de la población ocupada, frente al 4,1% de España y el 2,5% de Europa), Galicia (5,5%), Asturias y Cantabria (5.1% cada una), seguidas de Canarias (4,9%), Murcia (4,7%), Castilla y León (4,5%), Navarra (4,3%), Extremadura (4,2%) y Melilla (4,1%). El resto de autonomías tienen un absentismo inferior a la media, tanto Ceuta Y Comunidad Valenciana (4&), la Rioja y Cataluña (3,9%), Castilla la Mancha (3,7%), Aragón (3,4%), Baleares (3,3%) y Madrid (3,2%), la región con menos absentismo de España.

Hay dos formas de medir el absentismo, la ausencia al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT). Una es la baja por contingencias comunes, una baja que se solicita por enfermedad común (una gripe) o accidente fuera del trabajo (una rotura de un brazo). Esta baja surte efecto al 4º día de solicitarse y el trabajador cobra el 60% de la base reguladora del día 4 al 21º (la empresa paga del 4ºal 20º) y un 75% después (cuando la paga la Seguridad Social. Estas bajas son la mayoría (el 91% del total) y las gestionan la Seguridad Social y las Mutuas. La otra baja es por contingencias profesionales, causadas por el desempeño de la actividad profesional, por una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Estas bajas surten efecto desde el primer día y el trabajador cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente. Estas bajas supusieron el 9% del total en 2023 y son mayoritariamente gestionadas por las Mutuas.

El ”problema” del actual absentismo laboral se da ahora en el primer grupo de bajas, las bajas por contingencias comunes, que supusieron 414 bajas por cada 1.000 ocupados en las gestionadas por la Seguridad Social (409 en el caso de las Mutuas), cuando en 2008 eran 350 (y 340 en el caso de las Mutuas). En Cataluña, esas bajas llegan a 669 por cada 1.000 ocupados (SS), en Navarra a 657, en Baleares 473, en el País Vasco 459 y en Madrid 399, mientras sólo son 237 en Extremadura, 334 en Asturias y 340 en Galicia, según los datos de la Seguridad Social en 2023, aportados por Ivie. Sin embargo, las bajas por contingencias profesionales sólo fueron de 41,6 por 1000 ocupados (Mutuas) o 55,6 por cada 1000 (bajas gestionadas por la SS, unas bajas que apenas han crecido desde 2008.

Al final, se suman los dos tipos de bajas y aparece el dato de 450,6 bajas laborales (ILT) por cada 1.000 ocupados (en las gestionadas por las Mutuas) o 473,6 bajas totales en el caso de las gestionadas por la Seguridad Social. Eso significa una media de 20 días de ausencia por trabajador al año, sólo por enfermedad (no por otras causas personales). Y eso se traduce, según los expertos, en que 1,1 millones de trabajadores no fueron ningún día a trabajar en 2023 por incapacidad temporal (ILT) . Y también significa que en España se perdieron más de 396 millones de jornadas laborales por ILT en 2023, un 62% más de las horas perdidas por enfermedad o accidente en 2018.

La duración media de las bajas por contingencias comunes (el 91% de todas las bajas) osciló en 2023 entre los 38,2 días (en las gestionadas por la SS) y los 31,9 días (Mutuas), o sea, más de un mes, aunque lo positivo es que esta duración ha bajado (de 41 días de media en 2018-19 a 34,4 días en 2023), según la Seguridad Social, siendo las bajas que gestionan las Mutuas las que más han reducido la duración (un -20%).

Al final, el coste de estas bajas para las empresas y la Seguridad Social es menor de lo que podría pensarse porque más de la mitad de las bajas no se pagan, por su corta duración, según los datos de la Seguridad Social. Así, en todo 2023 se iniciaron 6.334.995 procesos de bajas laborales (ILT), de los que sólo 2.351.221 procesos fueron indemnizados (por las empresas o la SS), un 37,11%). Y al final del año, habían finalizado 6.253.629 procesos de los iniciados, de los que 2.591.506 fueron indemnizados, sólo el 41,44% de los expedientes de ILT finalizados, con un coste total de 10.108 millones de euros, según la última estadística de la Seguridad Social. Eso quiere decir que la mayoría de bajas  (58,56%) no se pagaron al trabajador, básicamente porque fueron inferiores a 3 días o porque no se justificaron adecuadamente. El problema está en esos 81.366 expedientes de baja abiertos en 2023 y no finalizados: son las bajas más complejas, de mayor duración (180 días los procesos en vigor) y los más costosos.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013), con lo que hay “menos miedo a perder el empleo y, sobre todo, una “distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja o no cobran nada. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes hayan dedicado un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortan al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y están de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, piden más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero que aprobará próximamente una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondrá que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trata de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas.

En paralelo, otra medida que estudia el Gobierno (la Seguridad Social) es reformar los criterios para autorizar jubilaciones anticipadas a trabajadores que lleven meses o años con bajas persistentes, que en realidad justifican flexibilizar los procedimientos para que puedan optar a una jubilación anticipada con coeficientes reductores.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los propios afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así también habrá menos absentismo.

El trabajo precario daña la salud mental

La pandemia y la nueva crisis desatada por la inflación y la guerra en Ucrania han deteriorado más la salud mental de los españoles: 4 de cada 10 valoran la suya negativamente, según una reciente Encuesta. Y gracias a un informe encargado por Trabajo a 45 expertos, sabemos que un tercio de las depresiones y problemas mentales son causados por la precariedad laboral: contratos inestables, largas jornadas, bajos salarios, mala valoración profesional, falta de incentivos, problemas con los jefes… El informe revela que 11,9 millones de españoles adultos (asalariados, autónomos y parados), el 50,8% del mercado laboral, están en una situación laboral “precaria”. Y muchos acaban con depresiones, angustias y hasta suicidios (11 al día), la mayoría sin tratamiento adecuado y consumiendo ansiolíticos a mansalva. Los expertos proponen medidas para reducir la precariedad y mejorar la deficiente atención a la salud mental, con la colaboración de convenios y empresas, lo que reduciría los problemas mentales. No es sano mantener una economía que funciona con trabajadores “dopados”.

Enrique Ortega

La salud mental es un problema que preocupa en todo el mundo, al haberse deteriorado con las últimas crisis, desde la crisis financiera de 2008 a la pandemia y la crisis actual por la inflación y la guerra en Ucrania. Aproximadamente, 1 de cada 8 personas en el mundo (más de 1.000 millones) sufren algún trastorno mental, según el informe 2022 de la OMS, lo que provoca graves problemas psicológicos y económicos, en medio de una desatención sociosanitaria general. En Europa, 1 de cada 6 personas (84 millones de europeos) tienen cada año un problema de salud mental, ya sea ansiedad, depresión o trastornos por el uso del alcohol y drogas, afectando más a las clases sociales más desfavorecidas. Y en España, los datos oficiales indican que los problemas mentales tienen una elevada prevalencia entre los mayores de 15 años: afectan a 4,5 millones de españoles, el 11,1% de la población adulta.

Estos datos revelan que un 5,8% de españoles adultos (2.372.859 personas) tienen “ansiedad crónica”: son 1 de cada 12 mujeres, 1 de cada 28 hombres, 1 de cada 12 desempleados, 1 de cada 23 personas que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. Y otro 5,3% de españoles adultos (2.1608.302 personas) sufren “depresión”: son 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 31 hombres, 1 de cada 13 desempleados, 1 de cada 40 que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. La mayoría de estos trastornos mentales son derivados a los Centros de salud, que no cuentan con personal especializado, lo que se traduce en que híper recetan fármacos al paciente: España es el país del mundo que consume más ansiolíticos e hipnóticos por habitante, según las estadísticas internacionales. De hecho, casi el 11% de los adultos han consumido tranquilizantes, relajantes o partillas para dormir en las últimas semanas (1 de cada 7 mujeres). Y los enfermos aguantan así, “dopados”, hasta que su situación se agrava y acaban en las urgencias de un hospital o en una de las escasas unidades de atención psicológica de los hospitales, repletas y con listas de espera.

Y al final, muchos de estos pacientes con problemas mentales acaban suicidándose, la brutal constatación de que la atención mental falla. El 2021 se produjeron en España 4.003 suicidios (11 diarios) y todo apunta a que en 2022 se habrá alcanzado otro récord, dado el salto de suicidios en el primer semestre (2.015 suicidios). Cada año se suicidan en el mundo 700.000 personas, muchas con trastornos mentales. Y el suicidio es la 4ª causa de muerte prematura entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la OMS, quien reitera que en los paises desarrollados se dan más los suicidios en personas con problemas económicos, rupturas sentimentales o problemas de salud.

Este preocupante panorama de la salud mental se ha agravado con la pandemia y la actual crisis derivada de la inflación y la guerra en Ucrania, según la última Encuesta de la Confederación de Salud Mental de España, publicada en marzo de 2023: 4 de cada 10 encuestados valoran negativamente su salud mental y el 75% creen que la salud mental española se ha deteriorado tras la pandemia. Al preguntarles por las causas de este deterioro de su salud mental, los encuestados señalan tres factores: no poder pagar el alquiler o la hipoteca, miedo a perder el trabajo o temor a no poder pagar las facturas. En general, todos destacan que la 1ª causa de su angustia o depresión son sus condiciones de vida y de trabajo, sus dificultades económicas para llegar a fin de mes. Y en especial, la precariedad del trabajo, sobre todo de mujeres, jóvenes, inmigrantes y mayores de 45 años.

Para analizar el efecto de la precariedad laboral en los trastornos mentales, el Ministerio de Trabajo encargó, en abril de 2022,  un Informe sobre precariedad laboral y salud mental (pionero en el mundo) a un equipo multidisciplinar de 11 expertos y 34 colaboradores externos a la Administración. El Informe se presentó el 17 de marzo y ofrece una conclusión apabullante: un tercio de los casos de depresión que se dan en España (170.000 de los 511.000 casos totales) se deben a la precariedad laboral. Y en consecuencia, podrían ser evitados (los casos, su atención sanitaria, sus costes y pérdidas económicas  y los suicidios que provocan) si los españoles tuvieran trabajos más decentes y menos precarios.

¿Cuál es la relación entre precariedad y trastorno mental? Así lo explica Joan Benach, doctor en Salud Pública y coordinador del Informe: “El conocimiento científico muestra con claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor riesgo de suicidio”. Por eso, propone actuar en dos frentes: reducir la precariedad laboral y a la vez atender a los que sufren trastornos de salud mental por su situación laboral y socioeconómica.

El estudio tiene una primera parte que analiza el alcance de la precariedad laboral en España, con los datos más recientes. Y su conclusión es impresionante: a finales de 2022, 11,9 millones de españoles adultos (15 años y más), el 50,8% del mercado laboral,  estaban en una situación de precariedad laboral: son trabajadores con contratos temporales, trabajadores con contrato a tiempo parcial involuntario (trabajan por días o por horas porque no encuentran trabajo a jornada completa), subocupados (apenas trabajan), autónomos precarios (o por trabajo o por ingresos irregulares) y parados sin empleo que habían trabajado antes. En total, se suman 8.1 millones de asalariados. 1,2 millones de autónomos y 2,6 millones de parados, todos “precarios”. Un 50,8% del total del mercado laboral están “precarizados”, porcentaje que ha bajado algo desde 2019 (52%) pero que queda muy lejos de 2007 (48,4% precarios).

Esa es la precariedad laboral global, pero tienen más precariedad las mujeres (53,3% precarias), los mayores de 40 años (57,3%) y los jóvenes, sobre todo los que tienen estudios medios y superiores. Además de su precariedad laboral, el impacto en la salud mental es mayor en las mujeres, según este Informe, porque han de atender a su trabaja, su casa, sus hijos y hasta a sus padres dependientes. También se agrava la salud mental entre los precarios inmigrantes (el riesgo de problemas mentales se triplica al perder su trabajo), los autónomos y los trabajadores jóvenes empleados en plataformas digitales y Call centers. Y en todos los casos, tiene mucho que ver el nivel de renta, los ingresos de las personas precarias: el impacto negativo sobre su salud mental es 2,5 veces mayor entre los que tienen menos renta.

Además de la precariedad laboral, los problemas mentales se agravan por una deficiente atención sanitaria a estos enfermos, según revela el Informe de los expertos. Los médicos de familia poco pueden hacer, en consultas saturadas, más que recetarles psicofármacos para salir del paso. Y en los casos más graves, derivarlos hacia médicos especialistas o a Centros de Salud Mental, escasos y saturados. Hoy día, la demora para la primera visita psiquiátrica son 12 meses y con otro problema adicional: las visitas sucesivas de demoran demasiado (de 3 a 5 meses), lo que dificulta el seguimiento, junto a la enorme rotación de profesionales (que exige al paciente “empezar de nuevo con cada médico”). En el caso de los hospitales, hay pocas unidades y plantas de Psiquiatría, muy agobiantes para pacientes y familias. Y los Centros de Día y Rehabilitación, una buena solución, son aún más escasos. Resultado: el que quiere una buena atención mental, ha de pagarse un especialista privado.

Y en paralelo, las personas con problemas de ansiedad o depresión tienen otros problemas, desde el trabajo a la estigmatización social. Las empresas no facilitan las bajas por depresión (un 15% de las bajas totales) y estigmatizan a los que las piden, no ayudando al trabajador con cambios laborales. Y en muchos casos, estar de baja por depresión o tener problemas mentales aísla más a estos enfermos de la sociedad, dificultando su recuperación y agravando su situación. Falta una política integral para mejorar la salud mental, desde las empresas (Planes de detección de riesgos) a los Centros de Salud, los especialistas y los hospitales, mejorando los medios y el personal de atención sanitaria especializada, hoy claramente insuficiente: en España hay 9,6 psiquiatras por cada 1000 habitantes, menos de la mitad que la media europea, y 6 psicólogos clínicos para cada 100.000 habitantes, la tercera parte que en Europa.

Los españoles, sobre todo los más jóvenes, ven cada vez más claro los daños mentales que les están creando algunos trabajos con condiciones laborales muy precarias (contratos temporales, por días y horas, horarios sin límite como en algunas consultoras, actividades muy rutinarias, falta de integración y participación en la organización, escasas perspectivas de mejora y carrera laboral, bajos salarios…). Y así pasa que el 27% de los trabajadores están dispuestos a abandonar su trabajo, según un reciente estudio de InfoJobs y Esade, que refleja que los descontentos han aumentado un 4% (eran el 23% en 2021). Y curiosamente, un tercio de los que buscan irse del trabajo (el 32%) lo hacen “para proteger su salud mental”, por delante de los que buscan mejores condiciones económicas (27%) o los que buscan mayores posibilidades de conciliación laboral (24%). Así que la clave para cambiar de trabajo es “cuidar la salud mental”, el bienestar emocional más que el salario.

El informe sobre precariedad y salud laboral encargado por Trabajo propone un abanico de medidas para mejorar la salud laboral. La primera y previa al resto es contar con indicadores de precariedad laboral y su impacto sobre la salud mental de los trabajadores, para no actuar a ciegas y poder vigilar la evolución de los trastornos mentales. La segunda, Impulsar y aprobar un Código de Trabajo, para avanzar hacia un empleo digno y sostenible, reduciendo la precariedad (como ha hecho la última reforma laboral). Además, proponen reforzar la salud mental en las empresas, dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales y en la negociación de los convenios colectivos. El informe propone también  avanzar hacia la jornada laboral de 32 a 35 horas, reducir el trabajo parcial no deseado y seguir mejorando el salario mínimo, además de facilitar la conciliación laboral y fomentar la economía de los cuidados (para reducir el estrés de las mujeres). Y en paralelo, reforzar el sistema sanitario, desde los Centros de Salud a los especialistas y Unidades psiquiátricas en los hospitales, mejorando la prevención y el sistema de salud mental comunitario.

Este Informe y las recomendaciones que incluye deberían llevar a nuevas medidas legales para reducir la precariedad laboral (un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI), aprobando el nuevo Estatuto del Becario, la regulación específica de las plataformas digitales, el refuerzo de derechos en los sectores más precarizados y la incorporación de algunos trastornos mentales al Catálogo de enfermedades profesionales. Y resulta clave centrar parte de la inspección de trabajo (aunque tiene pocos medios) en vigilar las condiciones de trabajo (horarios, turnos) que más están provocando problemas mentales.  Además, el Informe abre otro debate que algún día debería lanzarse en España: la necesidad de avanzar en la “democratización del trabajo”, para conseguir que los trabajadores participen más en la organización de sus tareas”, porque la cultura empresarial del “ordeno y mando” y la generalización de “jefes tóxicos” está detrás del aumento del estrés laboral. Y por supuesto, el Informe de los expertos propone reforzar el sistema público de salud en la atención mental, con mayor coordinación y medios entre la atención primaria y la especializada y en colaboración con las empresas y sus políticas de salud laboral.

En definitiva, el deterioro de la salud mental en los últimos años es un fiel reflejo de la precarización de la economía y los retrocesos en las relaciones laborales tras varias crisis. Como dicen los autores del Informe, “necesitamos un modelo laboral saludable, sostenible y democrático”.  Que ir a trabajar no sea un suplicio y una fuente de estrés y de problemas mentales para muchos trabajadores. Para conseguirlo, no basta con que el Gobierno apruebe reformas para reducir la precariedad y dignificar salarios y empleos. Hace falta un cambio de mentalidad en los empresarios, que deben organizar sus negocios para que sean rentables pero no a costa de explotar y deprimir a sus trabajadores. “Una economía que necesita personas precarias, dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar, no es una sociedad sana”, señala el doctor Joan Benach, coordinador de este Informe sobre precariedad y salud mental. Tomen nota.

Cambian las bajas laborales: más control

A partir de este 1 de diciembre, cambia el sistema de las bajas laborales: los partes de baja se recogerán  cada más tiempo pero el trabajador enfermo tendrá que pasar revisiones médicas de las Mutuas patronales, que podrán pedir al médico y al INSS el alta del trabajador si no están de acuerdo con su baja. El Gobierno Rajoy cede así a la presión de los empresarios, que llevan años pidiendo más control de las bajas laborales, aduciendo que hay mucho fraude. El absentismo laboral parece haber subido algo en los últimos meses, pero los pagos por bajas laborales han caído un 35% con la crisis. Y hay trabajadores que van enfermos a trabajar, por miedo al despido. Recordemos que los españoles trabajan más horas que la mayoría de europeos y la mayoría hacen horas extras, la mitad sin cobrarlas. Hay que controlar el absentismo, sí, pero sin demagogia. Y a la vez, gastar más en mejorar  la salud laboral, porque con la crisis nos ponemos más enfermos.
 

enrique ortega

En España se pierden al año 221 millones de horas de trabajo por absentismo laboral, lo que cuesta 9.381 millones de euros, algo más de la mitad a la Seguridad Social (4.878,37 millones en 2014), que paga las bajas a partir del día 16, y el resto a los empresarios (4.503 millones de euros en 2014), que pagan las bajas del 4º al 15º día (del 1º al 3º día de baja no se cobra nada). Este coste, aunque no es muy abultado y apenas crece (un 1,3% en 2015), nunca ha gustado a la patronal CEOE, que lleva décadas quejándose del absentismo laboral y denunciando un “abuso” en las bajas de los trabajadores (se ha quejado incluso de los 4 días por fallecimiento fuera de un familiar directo), por lo que exigen más control y una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan cada mes para costear las bajas.

Rajoy recogió el guante de la batalla patronal contra el absentismo y empezó cambiando la norma en la reforma laboral que aprobó en febrero de 2012: permitió que una empresa pueda despedir a un trabajador si falta al trabajo 10 días en dos meses, incluso con baja médica. Hasta entonces, ese despido era improcedente si la plantilla tenía una tasa baja de absentismo (“los jetas podían salvarse si tenían compañeros cumplidores”). Ahora, si un trabajador falta a su trabajo, aún con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses (más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (los discontinuos, en un año), puede ser despedido con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas más cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince mal curado que vuelven, por ejemplo.

Pero el Gobierno Rajoy no se quedó ahí. En julio de 2014 aprobó una nueva Ley de Mutuas, las asociaciones patronales (creadas en 1900) que se ocupan de las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional y que gestionan también el pago de las bajas por enfermedad común, con un Presupuesto de 10.000 millones de euros, aportado por la Seguridad Social y las cuotas empresariales. Esta nueva reforma dio más poder a las Mutuas patronales en la gestión de las bajas laborales, a la vez que se privatizaba una parte de su trabajo: los chequeos médicos a los trabajadores y la prevención están ahora en manos de hospitales privados, en especial del grupo IDC-Quirón (se ha adjudicado Fremap, Mutua Universal, la Fraternidad y MC Mutual), y la aseguradora Catalana de Occidente (que se ha quedado con Asepeyo). Y en paralelo, aprobó un decreto-ley para cambiar el sistema de bajas laborales, un cambio que entra en vigor este 1 de diciembre.

El cambio en el sistema de bajas laborales tiene dos partes. Una modifica las normas por las que se rigen las bajas laborales, agilizando el proceso. Si ahora hay que renovar las bajas cada 7 días, desde el 1 de diciembre, la fecha para recoger los partes de confirmación varían según las bajas: si son muy cortas (menos de 5 días), el médico entrega la baja y el alta a la vez; si son cortas (5-30 días), el parte de confirmación es cada 14 días; si son medias (31-61 días), cada 28 días; y si son largas (de 61 días a 365), el parte de confirmación se entrega cada 45 días. Pero a cambio de estas menores visitas, el médico tendrá que hacer más papeleo. Por un lado, cuando dé una baja, tendrá que incluir en ella cuál es el tiempo previsto para el alta (si es corta, media o larga), ayudado por una tabla estadística que le van a proporcionar con  lo habitual según las dolencias. Y además, el médico tendrá que hacer informes periódicos para informar de la evolución del trabajador al que ha dado la baja.

El otro gran cambio, el más importante, es que las Mutuas patronales tienen ahora un gran poder en la gestión de las bajas: desde el primer día, podrán pedir al empleado de baja que acuda a una revisión médica con ellos, para investigar su dolencia (ahora tenían que esperar al día 16 de la baja para pedir esa revisión). Y si tras ese análisis deciden que puede volver a trabajar, enviarán un informe motivado de alta al médico, que deberá contestar en cinco días. Si no lo hace o se niega a dar el alta, la Mutua puede recurrir a la Seguridad Social (INSS), que tiene cuatro días para contestar. Y tanto la sanidad pública (SNS) como la Mutua podrán pedir al INSS el cambio en la consideración de la baja (si es enfermedad profesional o enfermedad común, por ejemplo) y también puede reclamar el trabajador. Algo importante: si el trabajador de baja no acude a la revisión de la Mutua, automáticamente deja de cobrar la baja, aunque luego tiene 10 días para justificar por qué no acudió (si lo hace, recuperará el cobro y si no, lo pierde definitivamente).

El nuevo sistema, según el Gobierno, ahorrará papeleo y costes, unos 500 millones al año según el Ministerio de Empleo. Pero los sindicatos lo critican, porque dicen que sólo busca reducir las bajas y no se preocupa de la salud de los trabajadores. Los que están más molestos son los médicos de familia de la sanidad pública (SNS), con tres quejas serias. Una, que se les ha puesto unos “vigilantes”, los médicos de las Mutuas, para “poner en duda” su trabajo. Dos, que se les obliga a hacer mucho más papeleo: tendrán que estimar la duración de cada baja (no siempre fácil) y emitir muchos más informes, ya que se les exige ahora un informe complementario cada dos partes de confirmación (eso da hasta 9 informes en una baja de un año frente a los 2 informes actuales). Y la tercera queja, que las Mutuas patronales tendrán acceso a los historiales médicos de todos los trabajadores, algo potencialmente peligroso.

Además, los médicos del SNS se quejan de que las Mutuas (y las empresas) están cargando en la sanidad pública el coste de atender bajas por enfermedad común que en realidad deberían ser bajas por enfermedad profesional. La diferencia es importante: una baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo la gestionan las Mutuas al 100% (ellos dan las bajas y altas) y las empresas tienen que pagar al trabajador el 75% del sueldo (o lo que diga el convenio). Si la enfermedad es común, la atención al trabajador y la gestión de la baja recae en la sanidad pública y la empresa se ahorra dinero, porque se paga sólo el 60% del sueldo (salvo que el convenio haya pactado un pago mayor). Los sindicatos critican este fraude (estiman que una cuarta parte de las bajas son realmente enfermedades profesionales), que engorda los costes de la sanidad pública, en beneficio de las Mutuas privadas.

Estos importantes cambios en el sistema de bajas laborales llegan cuando algunas fuentes hablan de un cierto repunte del absentismo laboral, desde mediados de 2014, año en que las horas perdidas habrían aumentado, por primera vez en 6 años, desde el inicio de la crisis: estaríamos en el 4,4% de absentismo (2014), frente al 4,9% en 2007, según estimaciones de Addeco. Con todo, hay otro dato más importante: el pago por bajas laborales ha caído un 35% con la crisis, al menos en la parte que paga la Seguridad Social (a partir del 16º día de baja): si el INSS pagó 7.533,87 millones para bajas en 2008, en 2014 pagó sólo 4.878,37 millones. Y para este año 2015, hay presupuestado sólo un 1,3% más (4.972 millones). Así que no se ha disparado el coste de las bajas, sino que ha bajado mucho con la crisis, algo lógico porque hay menos empleados y  los trabajadores se lo piensan mucho, con tanto paro, antes de no ir a trabajar. Incluso, los sindicatos denuncian que muchos van a trabajar enfermos.

Parece claro que el absentismo laboral es algo muy negativo, para las empresas y para la economía, pero quizás se esté utilizando para forzar más recortes en las bajas, con la excusa de un mayor control. Y en paralelo, no se habla de otros datos que hablan de lo contrario, de que los españoles trabajan más que el resto de europeos. De hecho, hay 11 países europeos que trabajan menos horas que España (1.665 horas en 2013), entre ellos Alemania (trabajan 280 horas menos al año) o Francia (176 horas menos), aunque trabajamos 100 horas menos al año que la media de la OCDE. Y por si fuera poco, el 85% de los trabajadores españoles hacen más horas de las que deben, según Randstad. De hecho, 2 de cada 5 trabajadores españoles (el 41%) hacen al menos 8 horas extras a la semana, según un informe de Regus. Y cada semana se hacen en España  10 millones de horas extras “ilegales” (que superan las 2 horas extras legales por semana), según datos del INE recogidos por el PSOE. Y otro dato más, que no suele citar la patronal: más de la mitad de las horas extras hechas en 2014 no se pagaron, se hicieron “gratis”, según un informe de UGT. Eso es “presentismo”, no absentismo.

A estas alturas del mundo, todos los expertos reiteran que por trabajar más horas no se es más productivo, sino que el objetivo es trabajar menos con más eficacia, para que haya empleo para más gente. Sobre todo en España, un país con horarios laborales de locos (se sale de trabajar a las 8 de la tarde, cuando la mayoría de europeos están cenando), que dificultan la conciliación familiar y no favorecen la productividad, que depende más de la organización del trabajo, la integración laboral, la innovación y la tecnología.

Otro tema preocupante es la salud laboral, que la crisis ha deteriorado: el paro, la precariedad y los problemas laborales han agravado el estrés laboral, provocando más accidentes y un aumento de los problemas psicológicos y psiquiátricos, que son ya el tercer motivo de las bajas laborales, tras las gripes y las dolencias musculares o roturas. España invierte poco en prevención laboral y las empresas han recortado su gasto en salud laboral, lo que puede provocar un aumento de las horas perdidas. Tener trabajadores sanos (y satisfechos con su trabajo) es la mejor receta contra el absentismo, no multiplicar los controles y “criminalizar” las bajas por una minoría que defrauda. La mayoría quiere trabajar y cobrar su sueldo íntegro, no estar de baja.