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jueves, 11 de julio de 2019

La 3ª mayor sequía del siglo


Tras la última ola de calor, las temperaturas serán más altas más altas de lo habitual este verano. Y como ha llovido un 25% menos este año, sufrimos  ya la tercera peor sequía de este siglo. Con ella, agricultores y ganaderos tienen pérdidas millonarias y los consumidores sufriremos subidas de precios en muchos alimentos este verano. Y como los pantanos están medio vacíos, habrá zonas turísticas con problemas de agua y la luz será más cara, al haber caído un 41% la producción hidroeléctrica. Y han aumentado los incendios: ya hay más superficie quemada que en todo 2018, con “mega incendios” cada vez más virulentos. Todos estos problemas vienen de lo mismo: del Cambio Climático, que afecta cada vez más a España y que agravará sus consecuencias en los próximos años. Urge aprobar un Plan contra el Cambio Climático, como toda la UE, junto a medidas de choque para limpiar los montes, asegurar más las cosechas y aprovechar mejor el agua. Hay que salvar nuestro entorno.


La última ola de calor, en Europa y más en España, ha sido un serio aviso de la naturaleza sobre los efectos del Cambio Climático. Las temperaturas, entre el 26 y el 30 de junio, han sido las más elevadas en un mes de junio de los últimos 40 años, según la Agencia española de Meteorología (AEMET). Y en 14 capitales españolas se registraron las temperaturas más altas de su historia. Al final, la temperatura media es 1,30 grados más elevada (16,78ºC) que en los años 80 (15,48ºC). Pero no es sólo un problema de España: el pasado mes de junio fue el más cálido registrado en el Planeta y el 2º más cálido en Europa, tras el anterior récord de junio 1999, según el programa Copernicus de la UE.

Y la previsión para este verano, entre julio y septiembre es que las temperaturas sigan altas, +0,5ºC por encima de lo habitual en las tres últimas décadas, según la AEMET, que advierte que en el noroeste de España, la temperatura podría subir +1ºC sobre lo habitual en otros veranos, sin contar con que no se repita una nueva ola de calor. Porque advierten que estas olas de calor son ahora 10 veces más frecuentes que en el siglo pasado y lo serán más en el futuro. Olas de calor que van a ser más frecuentes y cada vez con temperaturas más altas, según advierte el Informe Word Weather Atribution, que señala que la ola de calor de junio registró 4ºC más de temperatura que las olas de calor de hace un siglo.

Junto a las mayores temperaturas, el otro problema es que no llueve. La primavera ha registrado un 15% menos de lluvia de lo habitual y ha sido la 6ª primavera más seca de este siglo, según la AEMET. Y como el invierno también fue seco, el problema es que en 2019 ha llovido un 25% menos de lo habitual en las tres últimas décadas, con lo que estamos oficialmente en situación de sequía, en el 3º año más seco del siglo XXI, tras las anteriores sequías de 2017 y 2005. Un ejemplo: en Madrid, en mayo, se registraron 0 litros de precipitaciones por m2, algo que sólo había sucedido una vez antes en la historia (en 2015). La sequía afecta especialmente a Coruña, Burgos, Vizcaya, Huesca, sur de Castilla y León, Madrid, Extremadura, oeste de Castilla la Mancha, tercio occidental de Andalucía, norte de Tenerife y la Palma, según la AEMET. Y es grave en el extremo sur de Castilla y León, oeste de la comunidad de Madrid y oeste de la provincia de Toledo.

La AEMET no se atreve a hacer previsiones de lluvias para este verano, pero teme que la sequía se agrave porque no haya lluvias que compensen las elevadas temperaturas esperadas. Y eso, cuando los embalses están al 54,83% de capacidad (8 de julio), bastante por debajo del año pasado en estas fechas (estaban al 69,49% de capacidad). La situación más grave se da en las cuencas del Segura (embalses el 27,89% de capacidad) y Júcar (al 37,46%), pero también están muy bajos los embalses de las cuencas del Guadiana (al 46,36%), Guadalquivir (46,10%) y Tajo (al 47,48%).

Las altas temperaturas y la sequía propician los incendios forestales, que ya han batido récords en el primer semestre: hasta el 30 de junio se quemaron 43.929 hectáreas en 6.627 incendios forestales, más superficie quemada que en todo el año 2018 (25.162 hectáreas quemadas en 7.143 fuegos), según datos del Ministerio de Agricultura. Y lo peor es que ahora, los incendios son más graves y extensos (“mega incendios”), más virulentos y difíciles de atajar y con más daños humanos y materiales. De hecho, en lo que llevamos de siglo XXI se han producido ya 457 grandes incendios, de más de 500 hectáreas, algo casi sin precedentes en el siglo pasado. Y la ONU, a través del panel de expertos para el Cambio Climático (IPCC) ya ha advertido que el calentamiento global va a aumentar un 38% el riesgo de incendios forestales de aquí a 2040, aumentando los “mega incendios” o “teraincendios” como los sufridos por California, Portugal o el norte de España el año pasado.

La AEMET advierte del elevado riesgo de incendios este verano en la mayor parte de la España peninsular, debido a las altas temperaturas y a la desertificación del territorio, que afecta ya al 37% de la superficie española. Además, los expertos en incendios advierten que la rapidez en apagar los grandes incendios sufridos en las últimas semanas en Cataluña, Toledo y Ávila pueden servir de “combustible” para próximos incendios, si no se aplican con urgencia medidas de limpiezas de los montes. Para la AEMET, las zonas con mayor riesgo de incendio este verano son el Pirineo y el Cantábrico, porque tienen bosques muy viejos que han perdido la humedad tras varios años de fuerte sequía.

Las altas temperaturas y la sequía han dañado muchas cosechas y provocado graves pérdidas a agricultores y ganaderos. A principios de julio, la sequía afectaba ya a 1 millón de hectáreas de cereales (el 16,6% de la superficie cultivada), donde se perderá el 40% de la cosecha (la 2ª peor del siglo, tras la de 2017), con pérdidas que rondan los 1.000 millones de euros (la mitad en Castilla y León y el resto entre Castilla la Mancha, Aragón y Andalucía). Y la sequía también está perjudicando otros cultivos, como el olivar, el viñedo y el almendro. Y además, la falta de pastos encarece la alimentación de muchos animales, obligando también a mayores importaciones de cereales y piensos.

Un problema añadido a la sequía es que la mayoría de agricultores no tienen aseguradas sus cosechas: en cereales, sólo están aseguradas 2,2 millones de las 6 millones de hectáreas de cereales cultivadas. Eso hace que las indemnizaciones que va a pagar la empresa pública Agroseguros, desde el 15 de julio (100 millones de euros, para 980.000 hectáreas), sólo llegarán a una parte de los agricultores afectados, mientras otros no serán indemnizados porque no tenían seguro. Y no lo tenían, según los sindicatos agrarios, porque han subido mucho en los últimos años (entre un 20 y un 80% desde 2015) y son muy caros, a pesar de que las ayudas públicas subvencionan un 41% del coste. Además, para los que sí aseguran sus cosechas, si hay un siniestro (sequía), se reducen las coberturas y suben las primas para la próxima campaña, lo que retrae a los agricultores a contratarlos.

La sequía y la pérdida de cosechas, desde cereales a aceite, vino, frutas y hortalizas, se está traduciendo ya en subidas de precios de muchos alimentos. Y habrá más subidas de los alimentos este verano, coincidiendo con la mayor demanda del turismo. Hasta mayo, la sequía ha provocado subidas en el pan (+1,7% anual, frente a +0,8% de subida global del IPC), carne de cordero (+2,1%), cerdo (+3%), pollo (+1,1%), lácteos (+1,2%), legumbres y hortalizas frescas (+4,8%) y patatas (+14,5%), según el último IPC de mayo (INE). Y no sólo es que los agricultores y ganaderos suban sus precios, porque cosechan y producen menos y con más costes, sino que los distribuidores y grandes supermercados “aprovechan la ocasión” para subir los alimentos por el camino, del campo a la ciudad: los productos agrícolas suben 4,88 veces lo que se paga al agricultores y las carnes 3,18 veces lo que se paga al ganadero, según este listado de precios (IPOD) que publica cada mes la organización agraria COAG.

Las altas temperaturas y la sequía no sólo provocan muertes, incendios, pérdidas de cosechas y subidas de los alimentos, sino que también afectan al recibo de la luz, porque la climatología adversa reduce la electricidad de origen eólico (aire) e hidráulico (embalses). De hecho, hasta finales de junio, la producción de electricidad de origen hidráulico había caído un -41,7% y la eólica un -3,8%, según el balance de Red Eléctrica (REE). Eso se traducirá en aumentos de la factura de la luz este verano. De momento, en julio, el kilowatio se ha encarecido en el mercado eléctrico: de 48,32 euros/MWh el 1 de julio a 56,02 euros/MWh el 5 de julio, según la estadística diaria de precios de OMIE.

Y al final, esta sequía récord puede traducirse también en problemas de suministro de agua en algunas zonas de España, sobre todo en Levante y Andalucía, donde a la falta de agua en los embalses se sumará un número récord de turistas españoles y extranjeros (el Gobierno espera 29,6 millones de turistas extranjeros entre julio y septiembre, medio millón más que el verano pasado), que dispararán el consumo de un agua escasa.

En resumen, que el Cambio Climático está aquí y se traduce en altas temperaturas, sequía y altos costes para todos. Y lo más preocupante es que todos estos problemas que ya sufrimos se agravarán en los próximos años, como ya advirtió la ONU en 2011: aumentará la temperatura media y habrá olas de calor más frecuentes y más cálidas, con menos lluvias y más sequía. Y estos problemas serán más graves en el sur de Europa y especialmente en España, según los expertos. Por su situación geográfica y porque tenemos 2 problemas adicionales: un mayor grado de desertificación que el resto de Europa (7 de las 10 cuencas europeas con sequía están en España)  y un mayor problema de falta de agua (somos el 3º país europeo con más “estrés hídrico: consumimos un 34% de los recursos disponibles, frente al 10% de media en la OCDE)). Eso hace que gran parte de España se vea “muy afectada” por el Cambio Climático”: 32 millones de españoles según el Gobierno, básicamente los que viven en el sureste de España, Castilla la Mancha y el valle del Ebro.

¿Qué se puede hacer? A corto plazo, hay que actuar sobre los incendios, el consumo de agua y la sequía en las cosechas. En el terreno de los incendios, el Gobierno en funciones debería pactar un Plan de choque para limpiar los montes, con una dotación extra de recursos a Ayuntamientos, Diputaciones y autonomías, para que pongan en marcha este verano actuaciones urgentes en las zonas más deterioradas. Y, a medio plazo, hay que aprobar un Plan de montes para gestionar la política forestal, favorecer el pastoreo y el aprovechamiento industrial de la madera, gastando en limpieza de los montes y en prevención (ahora sólo se gasta en combatir los incendios). Y hay que aprovechar mejor los Fondos europeos (Fondos FEADER), que se pierden porque las autonomías no cofinancian su parte.

En cuanto al agua, cada vez más escasa, hay que racionalizar su uso, limitando el agua para el riego agrícola, que consume el 70% del agua dulce disponible, según Agricultura (y el 82% según Ecologistas en Acción). Habría que reducir las 4 millones de hectáreas de riego actuales a 3/3,2 millones y mejorar su eficiencia, subiendo las tarifas de riesgo. Y en paralelo, subir las tarifas de agua a los consumidores particulares, porque son las 8ª más baratas de Europa y encarecerlas reduciría el consumo, lo mismo que reducir las fugas y pérdidas (suponen hasta el 19% del consumo). Además, habría que conseguir más agua por tres vías: recuperación de aguas subterráneas (acuíferos), desaladoras y recuperación de aguas residuales. Además, es hora de retomar las inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas, que han caído un 65% en la última década (de 1.983 millones en 2008 a 703 millones en 2017).

En tercer lugar, hay que ayudar más a los agricultores y ganaderos en su lucha contra la sequía, con inversiones y ayudas para que consigan explotaciones que consuman menos agua y con seguros agrarios más asequibles, porque la sequía seguirá ahí por muchos años y no les puede abocar a la quiebra cada mala cosecha. Y el Gobierno debe vigilar especialmente los canales de comercialización en épocas de sequía, para que no haya especuladores que se aprovechen y nos encarezcan de más el carrito de la compra.

Pero la clave es luchar contra el Cambio Climático, que es el origen de casi todos los problemas que estamos sufriendo. Ya no hay dudas: o actuamos con urgencia o luego será demasiado tarde, como viene avisando la ONU desde hace una década. Y España tiene que hacer más, porque es el 3º país europeo que más ha aumentado sus emisiones de efecto invernadero entre 1990 y 2017: un +17,9%, sólo superado por Chipre (+57,8%) y Portugal (+19,5%), mientras el conjunto de la UE las reducía un -23,5%. Y además, porque si hay un país que sufre y sufrirá más el Cambio Climático es España, junto a la Europa del sur.

La Comisión Europea pidió a los 28 paises UE un Plan eficaz contra el Cambio Climático, que el Gobierno Sánchez envió a Bruselas a finales de febrero. En esencia, el Plan español, considerado por los expertos como uno de los más ambiciosos, propone suprimir el uso del carbón en 2030, reducir las nucleares y contar con un 42% de energías renovables para 2030, además de reducir el uso del diesel y la gasolina en los transportes (plantea suprimir los coches de combustión a partir de 2040). Ahora, la futura Comisión Europea tendrá que analizar a fondo el programa español y el resto, con la idea de que se apruebe antes de finales de 2019 en el Parlamento (si es que hay Gobierno y no se repiten las elecciones). En cualquier caso, es prioritario aprobar un Plan eficaz, al margen de las peleas políticas, porque hay que reducir ya las emisiones de gases de efecto invernadero si no queremos más olas de calor, más sequías, más problemas de cosechas y alimentos, más escasez de agua.

La lucha contra el Cambio Climático debería ser una de las prioridades de la próxima Legislatura, junto a las medidas apuntadas contra los incendios, la sequía y la falta de agua. La naturaleza es un elemento clave de la vida y de la economía y si nos la cargamos, no habrá recuperación sino una crisis más profunda y letal. Lo sabemos pero no acabamos de tomar medidas. El Gobierno, las empresas y los consumidores. Es una tarea de todos. Y urgente.

jueves, 20 de julio de 2017

La peor sequía en 22 años


Estamos sufriendo en España  la peor sequía desde 1995, por culpa del cambio climático (menos lluvia y más calor) pero también porque somos el tercer país occidental con más “estrés” de agua (tras Italia e Israel), debido a que gastamos mucho y mal el poco agua que tenemos. Las consecuencias las vamos a notar este verano: aumento extra del 10% en las tarifas de la luz (que ya ha subido este año), encarecimiento de los alimentos (sobre todo futas, verduras y cereales), más incendios forestales (ya batimos récord desde hace 10 años) y problemas de abastecimiento en algunas zonas turísticas. Los expertos advierten que el cambio climático afecta especialmente a España y que las sequías serán cada vez más frecuentes e intensas. Por eso, urge tomar medidas, un Pacto del Agua que recorte el consumo, depure y desalinice aguas, suba tarifas e impuestos verdes y gaste más en obras hidráulicas, para afrontar las próximas sequías. Sin agua no hay futuro.



                                                                                            enrique ortega

España tiene este año un serio problema de sequía, como resultado de la combinación de varios factores. Por un lado, el cambio climático, que se traduce en menos lluvia y más calor. Desde octubre a finales de junio, las lluvias acumuladas han sido un 13% menores a las de un año hidrológico medio, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Y ha llovido un 75% menos de lo habitual en Galicia, Asturias, Cantabria y gran parte de Castilla y León. Por otro lado, la temperatura esta primavera ha sido más alta de lo habitual (lo que favorece la evaporación del agua): la temperatura media mundial ha sido de 15,4º, la más elevada desde que se tienen datos (1965), 1,7º por encima de la media 1.981-2000, según la Organización Meteorológica Mundial. Y se espera un verano muy cálido, según la AEMET. Pero además, España tiene factores propios que agravan la sequía: erosión y desertificación de los suelos, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de las aguas, poca depuración de aguas residuales y escaso uso desalinizadoras más un consumo excesivo de agua, sobre todo para los regadíos, las urbanizaciones de costa y el turismo.

El resultado se ve en los pantanos, que estaban el 18 de julio al 50,46 % de su capacidadel nivel más bajo desde 1995, cuando los pantanos estaban al 40%. Y la situación es peor en las cuencas del Segura (embalses al 23,93% de capacidad), del Júcar (al 33,60%) y del Duero (44,04%), así como en los pantanos del Guadalquivir (43,35%) y la cuenca mediterránea andaluza (42,74%). Estamos peor que en la última gran sequía, la de 2005-2008 (pantanos al 57% de capacidad), y camino de acercarnos a las dos grandes sequías del siglo XX, la de 1981-84 (pantanos al 49% de capacidad) y la de 1.992-95 (pantanos al 40% de capacidad).

Las consecuencias de esta primera gran sequía del siglo XXI las vamos a notar pronto, este mismo verano. La primera, que nos va a subir el recibo de la luz, al contarse con menos energía hidráulica (más barata) y tener que utilizar más carbón y gas natural (caros) para producir electricidad: se espera una subida extra del 10% entre julio y septiembre, según estimaciones de Meff Power. Un aumento que se sumará al 18,4% que ya ha subido la luz en el primer semestre de 2017, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y además de más cara, la luz será más “sucia”: en los 5 primeros meses del año, el sector eléctrico ha emitido un 50% más de CO2 (27 millones de TM) que el año pasado.

La segunda consecuencia de la sequía es que ha deteriorado las cosechas, tanto las de algunas frutas de primavera y verduras como las de cereales de verano. Y eso, además de hundir las cuentas de los agricultores y ganaderos (menos pastos y más gasto en piensos), que perderán 1.600 millones de euros según cálculos de UPA, encarecerá muchos alimentos este verano, en especial carnes, frutas, verduras, pastas y cereales. Y los precios subirán aún más en las zonas turísticas, donde aumentará drásticamente la demanda de comida, por el aluvión de extranjeros y españoles este verano.

La tercera consecuencia de la sequía será el aumento de los incendios forestales. Ya en los 5 primeros meses de 2017 se han producido 6.169 siniestros (un 25% más que la media), con 38.200 hectáreas quemadas, la mayor superficie en los últimos 10 años (salvo en 2012). Y los expertos advierten que este será un verano peligroso, porque España genera mucha biomasa (estamos en una zona húmeda de la fachada atlántica de Europa) que cuando se combina con sequía y altas temperaturas es un cocktail explosivo.  Y advierten que, con el cambio climático, los incendios aumentarán en los próximos años y serán cada vez de mayor tamaño, algo que se observa en los últimos 10 años (los incendios son un 25% más grandes).

Y queda una consecuencia difícil de estimar, el efecto de la sequía sobre la población, en especial sobre las zonas turísticas. El aluvión de turistas que se espera este verano (más de 20 millones de extranjeros en julio y agosto, junto a otros tantos españoles), concentrados en el Litoral mediterráneo y las islas, dispararán la demanda de agua en medio de la sequía, lo que puede causar problemas puntuales de abastecimiento. Y más en zonas como Baleares y Levante, que tienen problemas endémicos de depuración de aguas.

Así que la sequía es un problema serio, con preocupantes consecuencias. El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto-ley para paliar sus efectos, con medidas fiscales, moratoria de cuotas de la SS a agricultores y regantes afectados y subvenciones para ciertos créditos. Algunos expertos critican que el Gobierno Rajoy permita con este real decreto una mayor desregulación del mercado del agua, al autorizar que los pequeños productores se la vendan a los grandes, lo que beneficia a los regantes con más recursos, los del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena), según la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y critican además que el decreto-ley de sequía (como otros anteriores) supone una “socialización de costes”, porque la exención de cotizaciones y las ayudas fiscales y crediticias no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua.

Y sobre todo, los expertos critican que el Gobierno actúe con medidas de urgencia “a golpe de sequía” y no planifique la política del agua el resto del año. Porque España tiene un problema de agua muy serio, mayor que el resto de Europa. De hecho, la OCDE acaba de alertar, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, que consume un mayor porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 paises OCDE, sólo superado por Italia e Israel (46%) y muy alejado de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía de Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos ha abierto expediente por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un  escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan al 17% de su capacidad en el Mediterráneo).

El problema clave, señalado por la OCDE y todos los expertos, es el exceso de consumo de agua en España, sobre todo para el regadío (82,1% del consumo total), porque somos el país con más superficie de riego y el segundo en porcentaje de tierras regadas (el 15%, tras Israel), seguido de los hogares, las urbanizaciones y el turismo (12,8%) y la industria (2,25%). Cara al futuro, el dilema es que este consumo crece año tras año y el agua decrece. Y con el cambio climático, que afectará más a España que al resto de Europa, será peor: para 2021 habrá un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua crecerá un 30%, según Ecologistas en Acción. Así que el colapso está asegurado.

¿Qué se puede hacer? Los expertos llevan años reclamándolo: reducir el consumo de agua y gestionar mejor la menor oferta disponible. Eso pasa, primero, por reducir los regadíos actuales (consumen el 82,1% del agua total) y además conseguir que sean más eficientes, que produzcan más con menos agua. Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales de regadío a 3-3,2 millones y no aprobar más (los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno Rajoy en 2016 autorizan 750.000 hectáreas más). En segundo lugar, hay que reducir el consumo de agua en el turismo y las urbanizaciones de costa, sobre todo en el Mediterráneo: un turista consume entre 3 y 4 veces más de agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y en tercer lugar, con un menor consumo de los hogares (139 litros/habitante al día), para lo que resulta clave subir las tarifas de agua, que son las octavas más baratas de Europa: 1,77 euros/m3 en 2015, mucho más barata que en Francia (3,8 euros/m3) o Alemania (5,2 euros/m3), países sin problema de sequía.

Además de recortar el consumo de agua (sobre todo para el riego y el turismo), España tiene que tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad del agua disponibleprotegiendo los acuíferos (sobreexplotados y salinizados en muchas zonas) y preservando la calidad de las aguas, superficiales y subterráneas, cada vez más contaminadas (el 35%). Y tiene que ampliar la oferta de agua disponible, depurando más aguas residuales y utilizando al máximo las desalinizadoras. Además, hay que luchar contra las pérdidas de agua en las redes, que suponen un escandaloso 23%, renovando los viejos y deteriorados sistemas de abastecimiento.

Todo esto son medidas que cuestan dinero. Invertir en depuración de aguas residuales para cumplir con la Directiva europea costaría más de 5.000 millones de euros, a gastar en 200 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por importe de 12.000 millones de euros, para mejorar el aprovechamiento del agua y evitar las reiteradas inundaciones en muchas zonas. ¿De dónde puede salir tanto dinero? De los usuarios y del Presupuesto. Las tarifas de agua para el regadío son bajas y están subvencionadas y a las familias les cuesta el agua un 0,9% de sus gastos mensuales, mucho menos que la luz o el teléfono y  por debajo del 3% que considera la ONU como el mínimo para asegurar el futuro del agua. Y en paralelo a que ellos paguen más, el Estado también tiene que gastar más en agua: España invierte en infraestructuras del agua el 0,11% del PIB, menos de la mitad que Europa (0,27% la UE-28). Somos el 2º país europeo que menos invierte en agua, tras Suecia, cuando somos el país con más sequía. Así nos va.

La sequía no es un problema aislado este año sino que ha venido para quedarse, con altibajos. Y cada vez será más preocupante. Así que todos tenemos que “ponernos las pilas” con el agua. Urge un gran Pacto del Agua, sin politiqueos ni “guerras” entre regiones, donde Gobierno, partidos, regantes, consumidores y expertos pacten medidas y costes. Y acordar subidas de tarifas y nuevos impuestos verdes, para poder pagarlo. Es algo que hay que arreglar a 20 años vista y por eso urge empezar ya. Porque sin agua no hay futuro.

jueves, 11 de julio de 2013

Los recortes avivan los incendios forestales


Con el mes de julio, llegó el fuerte calor y los temores por nuevos incendios forestales. Los expertos temen otro verano difícil, porque hay mucha hierba alta en los montes y porque la mayoría de las autonomías han hecho nuevos recortes en personal y medios contra incendios, como en 2011 y 2012. Y mientras, no hay una política forestal, de limpieza de los montes, que están abandonados, lo que facilita los incendios. De hecho, desde 1961 se ha quemado en España un 30% de la superficie forestal. Hay que invertir en limpiar y hacer rentables los bosques, que pueden ser una fuente de empleo y riqueza en zonas rurales. Y no recortar medios contra incendios, porque ahorrar sale caro en daños y víctimas. Además, con el cambio climático, que conlleva sequías y subida de las temperaturas, los riesgos de incendios forestales aumentarán más cada verano. Salvemos el monte cuidándolo durante todo el año.
 
enrique ortega

Va a ser otro verano complicado de incendios forestales. La alerta la han dado los agentes forestales, en su reciente Congreso de Toledo: las lluvias del invierno y primavera han producido muchas hierbas y matojos, muy altos, que prenderán con facilidad cuando el calor las seque. Y además, casi todas las autonomías han hecho nuevos recortes en los medios contra incendios, que ya se revelaron escasos en los grandes incendios del verano 2012, el peor desde 1.994: 15.000 incendios, 209.000 hectáreas quemadas (1% superficie forestal, como toda Guipúzcoa), 11 muertos y 38 grandes incendios en Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Castilla y León. Más de 200 millones de euros en pérdidas, que no podrán compensarse con los 16,9 millones de ayudas aprobados por el Gobierno nueve meses después, en abril de 2013.

Por tercer año consecutivo, la mayoría de las autonomías han recortado sus servicios contraincendios, sobre todo las más afectadas por los fuegos del verano pasado. Así, en Cataluña, los bomberos se han manifestado contra los recortes, mientras la partida contra incendios ha pasado de 178 millones (2011) a 155,5 (2013). En la Comunidad Valenciana, se han mantenido los recortes de 2012 (-15 millones) y se ha suprimido por segundo año el programa Pamer, que pagaba a 2.123 parados para que limpiaran el monte próximo a pueblos y urbanizaciones. En Castilla y León, el presupuesto para este verano se reduce en 18 millones, tras los recortes de 2011(-40%) y 2012 (-50%). Y en Canarias, los Cabildos sufren los recortes del Gobierno regional.

En general, todas las autonomías han reducido sus medios contraincendios: menos aviones (201), menos brigadas terrestres (o las mismas con menos agentes), menos personal contratado y congelación plantilla de forestales (10 años sin oposiciones), más EREs en empresas forestales, falta de medios materiales (coches, bulldozer, máquinas…) y equipos más una  reducción del tiempo de campañas (de 8 meses a 4 y hasta 2 meses). Entre tanto, el Estado central, que sólo cumple  tareas de apoyo  a las autonomías, aumentó su presupuesto antiincendios para este verano (de 93 a 120 millones, aunque una parte es para indemnizar a las zonas quemadas), pero a cambio ha quitado cinco aviones (quedan 65, aunque comprará uno nuevo) y recortó un 20% el presupuesto contraincendios de los Parques nacionales.

En España, los grandes incendios no llegaron hasta el verano de 1.975, gracias a una decidida política forestal iniciada con la II República y continuada con el franquismo, con la repoblación forestal y el trabajo en los montes de la población rural. Pero la despoblación del campo (perdió 3 millones de habitantes en los años 60 y primeros 70) fue la puntilla para el monte y los incendios: ya no se recogía la leña, se abandonó la resina, no había ovejas y cabras pastando (3 millones menos) y nadie limpiaba caminos y montes. Además, se había repoblado mal, con pinos y eucaliptos que arden fácilmente. Y la especulación inmobiliaria hizo el resto, con viviendas y urbanizaciones en zonas forestales desatendidas. Al final, el problema es que los bosques producen 46 millones de m3 de leña y sólo se recogen 19. El resto queda tirado y es un polvorín, que explota a la mínima negligencia o provocación humana o natural.

España lleva 40 años sin cuidar el bosque y con las autonomías preocupadas más por atajar los incendios que en invertir en políticas forestales. Y con la crisis y los recortes, los esfuerzos van más a combatir los incendios que a prevenirlos: hay miles de torres de vigilancia vacías, por falta de personal, y no se invierte en tecnología de prevención, desde satélites a vehículos no tripulados o helicópteros con infrarrojos. Y menos en limpiar los montes y caminos forestales, la verdadera política antiincendios.

Tampoco se ha avanzado en concienciar a los ciudadanos contra los incendios forestales, un 95 % causados por el ser humano (41% por negligencias y 22% son intencionados, según la Generalitat catalana). Hay que hacer campañas para cambiar la mentalidad, como se ha hecho con los accidentes de tráfico. Y endurecer la lucha contra los pirómanos. Hay pocas detenciones, por falta de medios para investigar: sólo 300 detenidos al año, para 15.000 incendios. Y menos condenas, por falta de jueces, fiscales  y peritos especializados: con 2.306 sumarios abiertos por incendios sólo en 2011, únicamente hay 12 pirómanos cumpliendo condena en las cárceles y la mayoría de causas son sobreseídas por falta de pruebas y porque los jurados populares no les condenan. Ahora, el nuevo Código penal, en vigor este otoño, eleva las penas (de 3 a 9 años) y será un juez quien dicte las sentencias.

Otra preocupación del mundo forestal es la Ley de Montes que prepara el Gobierno Rajoy, porque abre las puertas a que las autonomías recalifiquen terrenos quemados con carácter excepcional, algo prohibido por la reforma que hizo el Gobierno ZP en 2006: hay que esperar al menos 30 años, para evitar pelotazos urbanísticos como el que llevó a construir el parque Terra Mítica tras el incendio de 1992. La Comunidad Valenciana ya abrió la posibilidad de recalificar antes terrenos quemados en su ley de Montes de 2012, lo mismo que hizo Aragón en 2006. Cambios normativos que podrían incentivar los incendios .

Hacen falta más medios e inversiones forestales, más campañas de concienciación y más dureza contra los pirómanos. Pero sobre todo, no acordarnos sólo de los bosques en verano: los incendios se apagan en invierno, durante todo el año, limpiando y manteniendo los bosques. Por eso es urgente que autonomías y Ayuntamientos pongan en marcha Planes forestales, monte a monte. Y negociar con Bruselas más ayudas a agricultores y ganaderos que cuiden los montes, con limpieza y pastoreo. Ahora estamos perdiendo fondos rurales europeos (Fondos FEADER), que financian programas de reforestación y lucha contra incendios, porque son cofinanciados y el Estado español y las autonomías no ponen su parte (Castilla la Mancha ha perdido dos programas de 81 millones). También hay que apoyar la industria de la madera, para que el bosque pueda ser rentable, con pymes y proyectos de biomasa (recogida de madera para calefacción y generación eléctrica).

El abandono de los montes ha llevado a la quema de 7,5 millones de hectáreas desde 1.961, un 30% de la superficie forestal de España. Parar esa sangría exige invertir en limpiar y cuidar los bosques, algo caro (3.000 euros por hectárea), pero más costoso es combatir los incendios (una hora de helicóptero son 300 euros) y sus secuelas: sólo en la última década se han perdido más de 1.000 millones de euros por los incendios.

Los incendios irán a más, porque el cambio climático tenderá a aumentar la sequía y las temperaturas, agravando los riesgos de nuestro clima mediterráneo (altas temperaturas y poca humedad). Por eso, hay que tomarse en serio la política forestal, con inversiones y ayudas, no sólo para evitar pérdidas y muertes, sino porque puede ayudarnos a salir de la crisis, creando empleo y actividad en las zonas rurales. No nos acordemos de los montes sólo cuando se queman. Son una fuente de trabajo y riqueza. Y mejoran el medio ambiente.