Lo que sube (y baja) en 2020

Cada año, en enero, suben muchos productos y servicios, lo que dificulta la ya empinada “cuesta de enero”. Este 2020 suben los billetes de cercanías y tren (que utilizan 506 millones de viajeros), el taxi y los autobuses en algunas ciudades, la mayoría de autovías (algunas se quedan “libres” de peajes), los carburantes (subirán impuestos al gasóleo), los hoteles, la vivienda y los alquileres, el IBI de los pisos en muchas ciudades, las cartas y paquetes de Correos, algunas tarifas de teléfono y muchas comisiones bancarias. Eso sí, bajarán el gas, la luz, las hipotecas y las tasas aéreas. Con todo, la inflación subirá algo más que en 2019, un 1% de media frente al 0,7%, permitiendo mantener el poder adquisitivo de los sueldos (subirán un 2%) y casi el de las pensiones (subirán un 0,9%). Así, subirán algo más los ingresos de la mayoría de españoles que los precios. Es la “gasolina” necesaria para seguir consumiendo y mantener la recuperación (más débil) en 2020.

enrique ortega

La subida que afecta a más españoles es la de cercanías y trenes, que utilizan cada año 506 millones de viajeros. El 1 de enero, Renfe ha subido un 1% las tarifas de cercanías (utilizadas por 440 millones de viajeros al año y que no subía desde 2015) y trenes regionales (24,1 millones de viajeros anuales), salvo los trenes Avant (que suben un 1,2%). También suben un 1,10% los billetes de los trenes de largo recorrido (12,3 millones de viajeros) y los del AVE (21,33 millones de pasajeros), aunque Renfe lo encubre con la bajada del nuevo AVE low cost Madrid- Barcelona, que lanzará en Semana Santa, a un coste de 10 a 60 euros el billete. Esta subida de los AVE y trenes de larga distancia es la primera que hace Renfe desde 2017.


El transporte público (metro y autobuses) no sube en Madrid, Valencia o Sevilla, pero ha subido en el área metropolitana de Barcelona, tanto el billete normal (de 2,20 a 2,40 euros) como los bonos de 10 (de 10,20 a 11,35), mientras bajan los abonos mensuales (de 54 a 40 euros) y para jóvenes  (de 105 a 80 euros). También en Zaragoza y Málaga ha subido 5 céntimos el billete de autobús. El servicio de taxis sube también unos céntimos en Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades españoles.


Y desde el 1 de enero han subido un 0,84% los peajes del grueso de autopistas españolas, concretamente de 1.270 kilómetros de vías de alta velocidad (por las que circulan unos 21.000 usuarios diarios en cada tramo), una subida inferior a la de 2019 (+1,67%) y 2018 (+1,91%). En el caso de Galicia, los usuarios de la autopista AP-9 pagan un 2,5% más de peaje, porque a la subida estatal se les suma un canon por las obras del puente de Rande (Vigo) y para compensar a la empresa Aucalsa de la gratuidad del tramo Vigo-Pontevedra que regaló a los usuarios Ana Pastor en 2013. Las 9 autopistas “rescatadas” por el Estado en febrero de 2018 (las 4 radiales de Madrid, la M-12 al aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante), 740 kilómetros, no suben tarifas. Y hay 2 tramos muy importantes, la AP-7 entre Tarragona y Alicante (374 kilómetros) y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (94 km) que son gratuitas desde el 1 de enero, al haber quedado libres de peaje tras más de 40 años de concesión, como pasó en diciembre de 2018 con el tramo Burgos-Armiñón en la AP-1.


Lo que sí subirán en 2020 serán los carburantes. Ya han comenzado el año con unos precios disparados, debido a la fuerte subida del petróleo en diciembre (de 61 a 66,52 dólares por barril): el gasóleo ha cerrado 2019 con un precio de 1,23 euros por litro, un 9,37% más caro que un año antes, y la gasolina a 1,30 euros por litro, un 7,53% más caro. Y todo apunta a que, tras rozar los 70 dólares en enero por el enfrentamiento EEUU-Irán,  el crudo va a seguir caro hasta el verano, aunque luego podría bajar, porque hay un exceso de oferta (la OPEP no consigue reducir la producción real) y menos demanda. Pero la clave va a estar en los impuestos, porque si el Gobierno Sánchez consigue aprobar unos Presupuestos para 2020, podría intentar otra vez subir el impuesto al gasóleo y a la gasolina, que son diferentes y más bajos que en Europa. Así, el gasóleo paga en España 14,64 céntimos por litro menos de impuestos (59,09) que la media UE-28 (73,73 cts./l), según el último Boletín Petrolero europeo. Y la gasolina (69,88 cts./litro en España frente a 82,10 en la UE-28), 12,22 céntimos menos por litro. Y a su vez, el gasóleo (59,09 cts.) paga 10,79 céntimos/litro  menos de impuestos que la gasolina (69,88 cts.) en España.


Las tarifas aéreas en principio no subirán, aunque AENA bajará un 1,44% las tasas aeroportuarias a partir de marzo de 2020. Pero las compañías aéreas no nos repercutirán esa bajada y lo que podría pasar incluso es que los billetes de avión suban en 2020, como ya viene pasando desde septiembre de 2019. Y eso, no sólo la reciente subida del petróleo, sino porque ha aumentado mucho la demanda y, sobre todo, porque la Comisión Europea estudia poner una tasa verde a los vuelos e incluir sus emisiones en el mercado europeo de CO2, con lo que volar (al menos dentro de Europa) puede ser más caro en 2020.


Junto a los billetes de avión, también han subido los precios de los hoteles en 2019 y podrían seguir subiendo en 2020, salvo que “pinche” más el turismo. Las tarifas hoteleras subirán un 5% en Barcelona y un 4% en Madrid, las dos ciudades que liderarán las subidas hoteleras en Europa, según el informe Hotel Monitor 2020 de American Express. Eso sí, subirán menos los precios en la costa y sobre todo en Canarias y Baleares, aunque se espera una subida de los hoteles, apartamentos y casas rurales del interior.


Para las familias, el gasto en el hogar podría bajar algo, ya que este año baja un 4% la tarifa del gas a los 1,6 millones de hogares que tienen la tarida de último recurso (TUR), por la bajada del gas natural en los mercados internacionales, que también podría beneficiar al resto de usuarios que tienen una tarifa “libre” (otros 6,3 millones de hogares). La tarifa del  agua no subirá en la mayoría de ciudades, aunque sí en Sevilla y algunas otras poblaciones. Y la luz podría volver a bajar en 2020, tras una bajada del recibo del 7% de media en 2019. El Gobierno Sánchez en funciones ha congelado la parte regulada del recibo (45% de la factura) y la Comisión de la Competencia (CNMC) ha rebajado un 5,6% el coste que pagamos por el transporte y la distribución de la electricidad, lo que puede traducirse en una rebaja del 2% en el recibo de 2020. Pero otro 35% del recibo (el 25% restante son impuestos) depende del coste de producir la electricidad, de su precio en el mercado eléctrico, un componente que no debería subir, por el mayor peso de las renovables y el gas, ahora más baratas.


Con todo, la factura de la luz en 2020 va a depender mucho de a qué hora del día utilicemos la electricidad, porque el 1 de enero ha entrado en vigor la discriminación horaria: hay tres franjas del día donde el consumo se paga distinto. El consumo más barato es de 12 de la noche a 8 de la mañana, el horario ideal para poner la lavadora y el lavavajillas. El precio intermedio (un 20% más caro que por la noche) es de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y el consumo más caro (un 50% más costoso que por la noche) es ahora de 10 a 14 horas de la mañana, de 6 de la tarde a 10 de la noche y los fines de semana. Téngalo apuntado a mano, porque puede ahorrar en su recibo.


Un gasto familiar que sí sube para algunos es el pago del IBI municipal, por la vivienda. Hay 1.005 municipios españoles (1 de cada 8) que los suben en 2020 y 87 que los bajan. De ellos, hay 16 capitales de provincia que suben un 3% el IBI este año (Valencia, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada, Huelva, A Coruña, Lugo, Valladolid, Palencia, Tarragona, Girona, Huesca, Teruel y Logroño) y tres capitales que bajan el IBI un 3% (Zaragoza, Castellón y Guadalajara). Además, habrá autonomías y Ayuntamientos que suban otros impuestos y tasas, porque la mayoría andan “faltos de ingresos”.


La vivienda es un gasto básico de las familias y todo apunta a que seguirá subiendo. Los alquileres podrían subir menos que los años anteriores, entre un 4 y un 6% según los expertos, debido a que los precios han tocado techo en algunas grandes capitales y a que el próximo Gobierno quiere tomar medidas para limitar las subidas. En cuanto a los precios de venta de las viviendas, seguirán subiendo pero menos: si 2019 cerró con una subida de la vivienda del 5%, en 2020 podría subir un 3% de media (y un 5% las viviendas nuevas), según un sondeo realizado entre expertos y webs inmobiliarias.


Eso sí, las hipotecas no subirán de precio en 2020, aunque tampoco parece posible que sigan bajando los tipos, como en 2019 (2,02% TAE en octubre, frente a 3,24 en enero), porque los bancos tratarán de recuperar vía tipos y comisiones lo que pierden por tener que pagar ahora impuestos y costes de notario y registro. Y el Euribor, que cerró el año 2019 en negativo (-0,263%) no caerá tanto (podría bajar hasta -0,220 a finales de 2020, según Bankinter), con lo que el ahorro en una nueva hipoteca será escaso, inferior al de este año (-92 euros en el pago de una hipoteca tipo de 120.000 euros a 25 años). Lo que intentarán hacer los bancos es colocar más hipotecas a tipo fijo (ahora son el 45% del total), porque son más caras que las de tipo variable (3,02% TAE frente a 2,17%). Y si siguen cayendo los tipos de interés oficial y el Euribor otros dos años más, ellos ganan más con estas hipotecas a tipo fijo (asegurado).


Tengamos a no hipoteca, todos sufriremos el mayor cobro de comisiones que va a intentar la banca en 2020, para hacer frente a su deterioro de márgenes. El Banco Santander ya avisó a sus clientes que cobrará comisiones por su Cuenta 1,2 y 3 y cobrará 9 euros por su cuenta Día a Día. El BBVA ha elevado su comisión de mantenimiento de 60 a 100 euros al año. Y también han subido distintas comisiones Bankia y el Sabadell. Y todos buscan cobrar más comisiones por Fondos, Bolsa, seguros y operativa, tratando además de “deshacerse” de los no clientes (Bankia les reduce los días de atención)  y de los clientes “no rentables”. Así que mire con lupa sus extractos y trate de pelear la rebaja de comisiones si se las suben.


Otro gasto que sube en 2020 es el envío de cartas (que ya casi no hacemos) y de paquetes (en auge). Correos ha subido el 1 de enero el envío de cartas y postales, un 8,33% dentro de España (subida inferior al 9% de 2019 y el 10% de 2018), un 3,57% en los envíos europeos y un 3,5% en los demás envíos internacionales. Y el envío de paquetes, el principal negocio de Correos, sube un 1,34% (el doble que en 2019, cuando subió un 0,88%). Eso sí, de momento no sabemos lo que subirán el teléfono y el móvil en febrero o marzo, como pasa todos los años, aunque Movistar ya ha anunciado una subida para el 15 de febrero de sus servicios complementarios de telefonía (llamada a tres, desvío o restricción de llamadas, mantenimiento o servicio de contestador). Y seguro que antes o después vuelve a subir sus “paquetes” de teléfono, internet y TV (a cambio de más servicios) y le siguen el resto.


Bueno, con todas estas subidas, el Gobierno y los expertos esperan algo más de inflación en 2020: cerrar el nuevo año con un IPC del +1,2%, frente al +0,8% que subió en 2019. Y una inflación media (la que hay que mirar) en todo el año del +1%, frente al 0,7% de inflación media en 2019. Eso permitirá que muchos españoles mejoren su poder adquisitivo en 2020, como ya han hecho en 2019, porque les suban más sus ingresos que los precios.


Por un lado, los que viven de un sueldo (16,8 millones de españoles) podrían tener este año una subida salarial algo superior al 2%, en línea con la subida del 2,1% que tuvieron en 2019 y mucho mayor que la de 2018 (+0,8%), sobre todo si se cumple el acuerdo firmado en 2018 entre la patronal y los sindicatos para que los sueldos subieran una media del 2% en el trienio 2018-2020, más hasta un 1% adicional por mejoras de productividad . Y los 2,5 millones de funcionarios públicos tienen asegurada (por su acuerdo plurianual con el Gobierno en  2018) una subida del +2% en 2020 (más un 0,3% adicional), frente al 2,5% que les subieron en 2019. Y el salario mínimo podría subir este año de 900 a 1.000 euros (+11,1%). Con ello, los que viven de un sueldo ganarán poder adquisitivo en 2020 (como en 2019).


Los pensionistas no tienen ningún acuerdo de subida para 2020, como los asalariados, pero el Gobierno Sánchez-Podemos se ha comprometido a subir las pensiones un +0,9% en 2020 (y más las mínimas), con lo que perderían un 0,1% de poder adquisitivo o lo mantendrían (depende de lo que haga el IPC medio), tras haber ganado 0,9% de poder adquisitivo en 2019 (y perder un -0,5% global entre 2008 y 2019). La clave estará en conseguir algún acuerdo político a lo largo de 2020, dentro del Pacto de Toledo, para fijar un sistema futuro de revalorización de pensiones que se pueda financiar y no quiebre el sistema.


Hasta aquí el repaso a las múltiples subidas y escasas bajadas que nos depara 2020. Y a los ingresos previsibles (salarios y pensiones) que vamos a tener la mayoría de españoles y que nos permitirán consumir algo más, el “motor” que siga tirando del crecimiento y el empleo (menores) en 2020,un año en que van a fallar las exportaciones y el turismo. Pero no basta con que podamos consumir algo más. Para mantener la recuperación y que no venga otra crisis hace falta que no se nuble el panorama internacional (ni guerras comerciales ni Brexit duro ni sustos del petróleo) y que en España tengamos estabilidad política y económica y un Presupuesto 2020 que no haga recortes, sino que afronte los mayores gastos que hacen falta (en casi todo) con mayores ingresos fiscales (sobre todo de las grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos), para poder reducir el déficit y la deuda y cumplir con las exigencias de Europa. Un puzle difícil de completar.

Pensiones: el que venga detrás, que arree

A nadie parece preocuparle el futuro de las pensiones. Sólo “el hoy”: lo que subirán en enero y los años próximos, mientras vivamos. Después, qué pasará con las pensiones de nuestros hijos, no preocupa tanto. No se plantea el grave problema de las pensiones como lo que realmente es: una cuestión de “solidaridad entre generaciones”, donde hay que combinar las pensiones que se pueden pagar hoy con asegurar las que hay que pagar mañana. Eso exige pensar muy bien los criterios de revalorización de las pensiones (una subida del 2% hoy cuesta 327.000 millones en 20 años), la pensión que se puede pagar durante 20 años y la que se podrá pagar en 2050, cuando haya 15 millones de pensiones y no 10 millones. Hay que hacer cuentas con rigor, forzar al máximo los ingresos y atemperar el gasto, para asegurar unas pensiones dignas hoy y a mediados de siglo. No pensar sólo en nosotros, sino en las pensiones de nuestros hijos y nietos. Esa es la reforma que necesitamos.

enrique ortega

La factura de las pensiones bate récords mes a mes. En septiembre, pagar las pensiones ha costado 9.643 millones de euros, un 53% más que hace solo una década (6.332 millones en septiembre de 2009: ver gráfico evolución del gasto). La factura ha subido un +6,56% este año (enero-agosto) porque sube el número de pensiones (son ya 9.760.220), porque las nuevas pensiones son más altas que las anteriores (y sube la pensión media a 993 euros, a 1.140 euros la de jubilación y a 713 euros la de viudedad) y, sobre todo, por la revalorización de pensiones (+1,6% y +3% las mínimas), que supone más de la mitad de la subida (+3,7%). Y aunque también han subido los ingresos por cotizaciones, por el aumento de algunas bases de cotización (máximas y autónomos), del empleo y los salarios (incluida la subida del salario mínimo a 900 euros, que cotiza más), no ha sido suficiente para pagar todos los gastos de la Seguridad Social, que tuvo -5.703 millones de déficit hasta agosto.


La previsión de la Seguridad Social es que la factura de las pensiones será de 153.800 millones en 2019 (421 millones diarios), un 57% más que en 2008 (98.000 millones) y casi el doble que en 2005 (79.200 millones). Eso supone que gastaremos el 12,5% de lo que produzcamos (PIB) en pagar pensiones, cuando en 2011 era el 10,43% y en 2008 el 8,8% del PIB. Un tremendo esfuerzo que, otro año más, no se podrá pagar con cotizaciones y provocará otro déficit en la SS, estimado por el Gobierno en -17.430 millones de euros en 2019, incluso superior al déficit de 2018 (-17.088 millones) y similar al de 2017 (-16.775) y 2016 (-17.720 millones). Con ello, serán ya 10 años de déficit en las cuentas de la Seguridad Social (desde 2010), un “agujero” de las pensiones que suma -118.022 millones de déficit entre 2010 y 2019, tras 11 años antes de superávit, desde 1999 (ver gráfico).


Para “tapar este agujero” de la SS, el Gobierno Rajoy tiró de “la hucha” de las pensiones, creada por Aznar en el año 2000 y "engordada" por Zapatero (la recibió en abril de 2004 con 12.025 millones y la dejó a finales de 2011 con un máximo de 66.815 millones). En 2017 ya sólo quedaban en la hucha 8.095 millones y los gobiernos de Rajoy y Sánchez han tenido que hacer préstamos a la Seguridad Social (37.660 millones entre 2017 y 2019) para poder pagar las pensiones, además de seguir tirando de la hucha (sólo quedaba 5.043 millones en junio 2019), que se quedará con 1.500 millones a finales de 2019. Así que el agujero de las pensiones se ha financiado con la hucha (se han sacado 80.000 millones si contamos lo que había más los intereses ganados al invertirla en deuda y lo que se ha cogido de las Mutuas) y con deuda (la SS tendrá 54.833 millones de deuda a finales de 2019), que tendremos que pagar a los inversores en las próximas décadas.


Pero no podemos seguir así, porque si no se toman medidas el agujero de las pensiones crecerá, y ya no hay “hucha” ni podemos endeudarnos más. Esto es lo que hay que tener in mente cuando ahora se debate la revalorización de pensiones para 2020. Nadie dice que no haya que subir las pensiones, sólo que hay que hacerlo pensando en las cuentas que tenemos y cómo se puede compatibilizar una subida razonable con que el sistema no quiebre.


La propuesta de Pedro Sánchez, en víspera de las elecciones del 10-N, es que si gana, subirá las pensiones un 0,9% en enero, lo que se prevé que suba el IPC a finales de 2020, según el Plan presupuestario enviado la semana pasada a Bruselas. Eso costará 1.404 millones en 2020, según sus cuentas. Pero ese es el coste en un año y no tiene en cuenta que la subida se incorpora a la pensión y afecta al coste de las futuras subidas. De hecho, una revalorización del 2% anual cuesta 2.365 millones en el primer año, pero como se consolida, al cabo de 20 años (la vida media de un pensionista), cuesta a la SS un total de 327.000 millones de euros, según un estudio hecho por FEDEA a raíz de la revalorización de 2019 (+1,6% todas las pensiones y un 3% las mínimas). Ojo a la revalorización que se hace, porque es una hipoteca a las pensiones de aquí a 20 años.


Por eso, algunos expertos y el Banco de España creen que “es insostenible económicamente” una revalorización de las pensiones con el IPC: supondría aumentar el gasto en pensiones en 24.000 millones para 2035 y en 36.000 millones para 2050 (casi la cuarta parte de la factura de las pensiones hoy). Son puras cuentas. También es cierto, como dice la ministra de Trabajo, que no subirlas con el IPC es “insostenible social y políticamente”: a ver qué Gobierno se atreve a hacerlo. Y más cuando dos tercios de las pensiones actuales (6.164.441 pensiones) son inferiores al salario mínimo (900 euros), un tercio cobran menos de 650 euros y el 12% menos de 400 euros al mes.


El debate de la revalorización de pensiones hay que inscribirlo en el debate sobre las cuentas de las pensiones y su tremendo déficit. Porque no se trata solo de una cuestión de justicia social (que también) sino de una cuestión de evitar la quiebra del sistema. Por eso, primero hay que ver cómo se pueden encajar las cuentas, a corto y medio plazo, y en este contexto decidir cuánto se pueden revalorizar las pensiones.


A corto plazo, lo más urgente es reequilibrar las cuentas de las pensiones, “tapar el agujero” para no tener que endeudarse más. Y puede hacerse. Por un lado, hay que quitar gastos que cargan sobre las pensiones y no deben pagarse con cotizaciones, sino con el Presupuesto: el coste de las medidas de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a la cotización de empresas, poco útiles para crear empleo además), el coste de los permisos de paternidad y maternidad (2.558 millones que salen también de las cotizaciones), los 1.585 millones de prestaciones familiares, el pago del desempleo no contributivo (5.967 millones en 2018) y hasta los 4.000 millones que cuesta mantener el Ministerio de Trabajo (y que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto). Si quitamos a la SS estos costes (17.500 millones anuales), que financian las cotizaciones, no tendría déficit.


Pero aunque tapemos el déficit a corto de la SS, seguimos con el problema a medio y largo plazo: los ingresos por cotizaciones no cubren unos gastos crecientes, que se van a disparar a medida que España envejezca más. Sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Por eso, el verdadero problema es que los 9,7 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión Europea estima que sólo habrá 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por pensión. Y así no salen las cuentas.


Como no nos podemos “inventar” empleos y los pensionistas serán los que sean, sólo queda un doble camino para intentar ajustar las cuentas: aumentar los ingresos y atemperar los gastos. Para aumentar los ingresos de la SS, los expertos señalan tres caminos. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones: en España son más bajas que en la media de Europa (según Eurostat) y podrían subirse algo (las de las empresas y también las de los trabajadores: mejor eso que tener que pagarse una pensión privada), todas y en especial las de los sueldos más altos (hoy hay topes). El segundo camino sería trasvasar ingresos del Presupuesto, una parte de la recaudación actual y otra de ingresos nuevos (tasa Tobin sobre operaciones financieras) o cambios en los ingresos actuales (subir el IVA reducido a algunos productos y servicios, por ejemplo). No olvidemos que España recauda 73.000 millones menos que Europa y tenemos margen para ingresar más por IRPF, IVA, sociedades, patrimonio e impuestos verdes: una parte podría ir a financiar las pensiones.


Pero no bastaría con recaudar algo más con cotizaciones o impuestos, entre 20.000 y 30.000 millones extras para 2050. Haría falta además, “atemperar” el gasto en pensiones, otros 30.000 millones, porque si no, la inercia del aumento de pensionistas, la subida de las nuevas pensiones y la revalorización se comerían los ingresos, incluso con una recaudación extra. Por eso, nos guste o no, hay que ver las pensiones que se pueden pagar a medio plazo, no las que nos gustaría cobrar. Y sobre todo porque ya hoy, las pensiones en España son de las más generosas de Europa (la pensión media supone en 78,7% del último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE) y no hemos cotizado suficiente por ellas: si se ha cotizado 37 años, se pagan 13,2 años de la pensión media, con lo que los 8 años restantes que se cobran no se ha cotizado por ellos, según explica este detallado estudio de Fedea.


No se trata de recortar el gasto en pensiones sino de que crezca menos, para asegurar su futuro. Para ello, habría que actuar en varios frentes. Uno, aumentando la edad real de jubilación, que hoy está en 64,2 años aunque la oficial se subió a 65 años y 8 meses para este año 2019 (y 67 años para 2027). Conseguir frenar las jubilaciones anticipadas y hacer que la edad real de jubilación suba sólo 1 año (hasta 65,2), como plantean Trabajo y la Autoridad Fiscal (AIReF) permitiría reducir el gasto en pensiones un 1% anual (acumulativo). Otra medida eficaz para atemperar el gasto sería aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los últimos 25 años cotizados ahora (previstos para 2027) a 35 años de cómputo, con la idea de ampliarlos después y tener en cuenta toda la vida laboral. Y en tercer lugar, habría que decidir un sistema de revalorización de las pensiones que se pueda pagar a medio plazo.


En este tema de la revalorización, hay que dejarse de demagogias y plantear una solución justa y financiable. Revalorizar las pensiones con el IPC puede ser muy costoso en años de alta inflación y en otros, como 2019, poco “justo”: las pensiones han subido un 1,6% y la inflación media (la que habría que mirar) subirá un 0,77%, ganando más poder adquisitivo las pensiones altas que las mínimas. Por eso, algunos ven más justo revalorizar con el IPC sólo las pensiones más bajas y compensar al resto periódicamente si pierden poder adquisitivo. Y dedicar recursos sobre todo a subir las pensiones más bajas, ya que un 0,9% de subida no les compensa de la miseria y no supone casi nada para los que reciben 1.200 euros (10 euros al mes). Pero sepamos que si se aprueba “IPC para todos”, en 20 años el sistema se resiente.


Al final, se trata de echar cuentas y ver qué pensiones se pueden pagar hoy y dentro de 30 años, con los ingresos previsibles y otros nuevos. Y parece indudable que eso pasa por unas pensiones más altas para los que cobran las mínimas y unas pensiones que crezcan menos para el resto, durante más años de vida, para asegurar que cobramos los pensionistas de hoy y que cobrarán también pensiones dignas las generaciones futuras. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Urge aprobar una reforma de las pensiones que valga para 2050. No vale exigir que me suban mi pensión ahora “como sea”, sin pensar si esa revalorización pone en peligro las pensiones del futuro. Porque son las de nuestros hijos y nietos.

Revalorización de pensiones: ¿cómo se paga?

Tras casi 2 años de debates, todos los partidos han acordado revalorizar las pensiones con el IPC. Pero han olvidado un pequeño detalle: cómo pagarlo. Y cuesta 37.550 millones sólo en 5 años. Por eso, la ministra de Economía se opone al acuerdo y propone acordar “la viabilidad futura de las pensiones”, no sólo su revalorización. Hay que conciliar la subida de las pensiones actuales (apoyada por protestas en la calle) con asegurar las pensiones futuras de los que hoy trabajan (y no se manifiestan). Y no hay dinero para todo: se mantiene el déficit de la SS y crecerá más desde 2027. Sólo queda actuar en tres frentes: frenar el gasto (ampliando periodo cotización y jubilando a los 70), aumentar cotizaciones (ahora sólo pagan 12 años de pensión) y pagar parte con impuestos, recaudando más de grandes empresas, bancos y fortunas (no 12.000 millones menos, como promete Casado). No pactar subidas “para la calle” sino una reforma global que asegure las pensiones de padres (hoy) e hijos (mañana). 

enrique ortega

Hasta 2010, los pensionistas estaban relativamente tranquilos: sus pensiones eran bajas pero se revalorizaban cada año con la inflación, por una Ley de la Seguridad Social de 31 de julio de 1985 (renovada por otra de 15 de julio de 1997). Pero el 12 de mayo de 2010, Zapatero aprueba un Plan de ajuste, para evitar el rescate europeo, y congela la subida de las pensiones para 2011, por primera vez en 25 años. En 2012 y 2013, Rajoy las sube el 1%, la tercera parte que la inflación, pero en 2013 aprueba una reforma de las pensiones que fija una subida mínima del 0,25% para los 5 años siguientes (2014 a 2018). En esto, los pensionistas se lanzan a las calles (la inflación les ha comido un 5,8% de las pensiones entre 2011 y 2017) y el PNV presiona a Rajoy para que incluya una subida de las pensiones del 1,6% (no el 0,25% anterior) en los Presupuestos de 2018 y 2019 (Por cierto, la subida del 1,6% se aprobó, pero Rajoy se fue sin consignar esta subida en los Presupuestos 2018 y ahora la Seguridad Social estudia cómo seguir pagándola sin partida presupuestaria...). 

Pero las manifestaciones de pensionistas siguen. Y los partidos, reunidos en el Pacto de Toledo desde noviembre de 2016 sin lograr avances, buscan “un acuerdo que ofrecerles”: acuerdan por unanimidad (salvo ERC) que las pensiones se revaloricen con el IPC, como antes de 2010. Eso sí, no dicen cómo se va a pagar. Y es que esta revalorización costará 37.550 millones sólo entre este año (2.500 millones a los que sumar 690 porque el IPC subirá el 1,9% y no el 1,6%), 2019 (2.800 millones), 2020 (7.600), 2021 (10.500) y 2022 (13.460 millones más), según los cálculos de la Seguridad Social.

A los 6 días de anunciarse este acuerdo político, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opone desde Luxemburgo a que las pensiones se revaloricen con el IPC y señala que hay que analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “una serie de variables”, no sólo el IPC, como la demografía, el empleo, los salarios, la cuantía de las pensiones y la marcha de la economía. Y su colega, la ministra de Trabajo, la contradijo un día después, defendiendo revalorizar las pensiones con el IPC. Entre tanto, el FMI ha advertido que "vincular la revalorización sólo al IPC puede hacer peligrar el sistema de pensiones". Vamos, que no se puede empezar la casa por el tejado: antes de pactar la revalorización de las pensiones hay que pactar los otros 21 puntos del Pacto de Toledo, desde cuantos años se toman de cotización, la edad de jubilación, la pensión mínima, cómo quedan las futuras pensiones y sobre todo, cómo se pagan. Y sobre estos temas de fondo, los partidos llevan casi 2 años debatiendo (desde noviembre 2016) sin acercar posturas ni pactar soluciones.

Y mientras, la Seguridad Social sigue con su déficit estructural (-18.500 millones en 2016, -18.900 en 2017 y hasta -19.500 millones esperados para 2018), porque las cuentas no salen: los gastos siguen creciendo (9.235 millones de euros en septiembre, otro récord), porque aumentan las pensiones (9,64 millones ya) y la pensión media (957,36 euros), aunque la reforma (recortes) de 2011 (Zapatero aumentó de15 a 22 años el computo para la pensión, de 35 a 37 años para conseguir el 100% de pensión y aumento de 65 a 67 años edad jubilación) lleva ya tres años recortando un 3% anual (-42 euros al mes) las nuevas pensiones. Pero los ingresos crecen menos (no llegan a 8.000 millones al mes), porque el empleo que se crea (menos ahora) es precario y con salarios bajos, por lo que cotiza poco.

El mayor problema es que este “agujero” estructural de las pensiones (iniciado en 2012) va a agravarse (ver este estudio Consejo General de Economistas), sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los muchos españoles nacidos en el “baby boom” (1960-1975).Y a partir de ahí, la demografía (muchos viejos y pocos jóvenes) y la economía (pocos empleos, por tener menos  jóvenes activos y la robotización) van a agravar la situación de las pensiones. Basten dos datos. Uno, las pensiones pasarán de las 9,64 millones actuales a 15 millones en 2050. Y si hoy hay 2  ocupados (19,34 millones) por cada pensión, en 2050 necesitaríamos 30 millones de ocupados para mantener ese nivel de 2/1. Y la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050 (1,3 ocupados por pensión). Así no pueden salir las cuentas de las pensiones.

Todo esto es lo que no afrontan los políticos ni les cuentan a los pensionistas que se manifiestan.  Una situación preocupante, más por el futuro que por el presente, que exige tomar medidas cuanto antes en tres direcciones: frenar el ritmo de gasto, aumentar los ingresos por cotizaciones y pagar una mayor parte de las pensiones con impuestos.

Primer frente: frenar el ritmo de gasto en pensiones, no recortarlas a secas. La reforma de Zapatero en 2011 ya avanzó por esta vía, con tres medidas: aumentar el periodo de cómputo para las pensiones de 15 a 25 años en 2022 (ahora son 21), aumentar el número de años exigidos para cobrar el 100% de pensión (de 35 a 37 años para 2027) y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (ahora son 65,1). Ahora habría que debatir si nos quedamos ahí, damos marcha atrás o vamos más lejos. Los expertos dicen que la medida más eficaz sería aumentar la edad de jubilación a 70 años, porque ahorraría hasta un 25% (tres años más cotizando y sin pagarles pensión). También ahorraría mucho tomar de cómputo toda la vida laboral, como hacen ya muchos paises europeos. 

Ambas medidas rebajarían las nuevas pensiones futuras, algo que ya va a pasar con las reformas de 2011 (ZP) y Rajoy (2013), hasta un -35% para 2040, Los que lo defienden recuerdan que las pensiones españolas son “las más generosas de Europa”, no en importe (son más bajas) sino en porcentaje sobre el último sueldo: en 2016, las nuevas pensiones suponían el 78,7% del último salario, mientras la media europea era el 46,3%, en Italia el 64,6%, en Francia el 45,4%, y en Alemania el 37,8%, según el informe Ageing Report de la Comisión Europea. Algunos defienden pensiones menores sobre el último sueldo (al principio, el 70-65%), a cambio de asegurarlas. Y con la esperanza de que los sueldos españoles (precarios y muy bajos) suban a nivel europeo y el porcentaje de la pensión, aunque menor, se traduzca en una pensión más digna.

Pero si no se quieren más recortes y se quieren asegurar las pensiones futuras, hay que cotizar más y complementarlo con impuestos. Y también para revalorizar las pensiones actuales hacen falta más ingresos. Entre otras cosas, porque los pensionistas españoles cotizan menos de la pensión que reciben, aunque digan en las manifestaciones que “nos roban”. La estimación es que un pensionista se paga cotizando sólo 12 años de la pensión que cobra (hasta los 77 años) y el resto de años que cobra (3,5 o 10 más, hasta los 87 años) son a cargo del sistema y su déficit. Eso significa que habría que cotizar más, para cobrar una pensión mejor y durante más años que vamos a vivir. Porque no se pagan con el aire.

Y se puede hacer, porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016) frente al 13,3% en la UE-28 y el 15,3% en la eurozona, mucho menos que el peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7%), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7% del PIB), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina, para no dañar mucho al empleo: ingresar 20.000 millones más por cotizaciones en un horizonte a 4 años. Y luego más. La otra opción es que como las pensiones futuras van a ser mucho más bajas, los trabajadores tendrán que pagarse una pensión privada. Parece mejor que paguen ese algo más a la SS, como sus empresas.

En paralelo, la Seguridad Social podría ingresar ya hoy más por cotizaciones con tres medidas. Una, suprimir  las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las “tarifas planas”, que son poco útiles para crear empleo según la mayoría de expertos y con las que se pierden 3.700 millones en cotizaciones al año. La segunda, pagar el subsidio a más parados (el 51% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde: otros 3.000 millones al año. Y la tercera, quitar el tope de cotización a los sueldos más altos (por encima de 3.751 euros de sueldo no se cotiza). “Destopar” los sueldos altos y hacer que se cotice por todo lo que se gana supondría a la SS ingresar 4.470 millones más al año, 3.728 millones que pagarían las empresas y 742 millones estos trabajadores privilegiados. Y no sería para tanto: alguien que gane 75.000 euros al año cotizaría 111 euros más al mes… En total, con estas tres medidas, la SS recaudaría 11.170 millones más al año. Y si dejara de pagar el coste del Ministerio de Trabajo (un anacronismo que pagan las pensiones y no los Presupuestos como otros Ministerios) serían 4.000 millones más. En total, 15.170 millones más, para tapar el 80% del déficit de la Seguridad Social.

Más ingresos  a corto y más cotizaciones no bastan seguramente para asegurar el futuro de las pensiones. Por eso, muchos expertos apuestan por actuar en un tercer frente: trasvasar impuestos a pagar pensiones. Ya se hace hoy, aunque mucha gente no lo sabe: un 25% de todas las pensiones (nada menos que 2,38 millones)  tienen “complementos de mínimos”, porque el pensionista no ha cotizado lo suficiente para asegurarle una pensión mínima contributiva (656 euros). Para ello, los Presupuestos 2018 han trasvasado 7.329 millones a la Seguridad Social. Y así cada año. Ahora, para evitar recortes futuros y cubrir unas pensiones futuras más altas de lo que serían si se financiaran sólo con cotizaciones, haría falta trasvasar a la SS entre 15.000 y 45.000 millones extras al año, en el horizonte 2040. Y a la vez nos harán falta impuestos para pagar  sanidad, educación, Dependencia, tecnología, inversiones públicas y modernizar la economía.

¿Se pueden recaudar más impuestos? Sí, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que una parte de las pensiones se pueden pagar con impuestos pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, para ingresar más. ¿Cómo? Haciendo que paguen más impuestos no la mayoría (el 82% de la recaudación la aportan las familias) sino los que pagan poco, en especial las grandes empresas (pagan un tipo efectivo del 6,14%, cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%), bancos (tienen 60.000 millones de deducciones fiscales) multinacionales (no pagan casi impuestos en España), los sueldos altos (en el IRPF, España recauda 23.436 millones menos al año que la media UE, según los técnicos de GESTHA), la energía (carburantes y medio ambiente), inversores (23% por intereses y dividendos) y grandes fortunas (utilizan sociedades pantalla, paraísos fiscales y SICAV para no pagar).

Así que buena parte del debate de pensiones (cómo pagarlas) se traslada al debate de los impuestos (cómo se ingresa más). Y aquí chocamos con que los dos grandes partidos conservadores, PP y Ciudadanos, proponen bajar los impuestos, no subirlos (como PSOE y Podemos), con lo que impiden buscar esta salida al debate de las pensiones. De hecho, Pablo Casado ha prometido en el Foro ABC (un lugar muy oportuno) que si el PP llega al Gobierno bajará los impuestos y suprimirá Patrimonio y Sucesiones, una “revolución fiscal” con la que el Estado ingresaría 12.000 millones menos. Así que ya lo saben, si gobierna el PP o Ciudadanos, los impuestos no podrán ayudar a mejorar su pensión.

Así las cosas, el debate sobre el futuro de las pensiones supone buscar un equilibrio entre mejorar las pensiones actuales (con subidas anuales decentes y mejoras extras para ese millón largo de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes) y asegurar las pensiones futuras, garantizando que tengan un nivel digno que se pueda financiar con cotizaciones sobre todo y un complemento de impuestos. No se debería oír sólo lo que quieren los 8.762.772 pensionistas actuales (por mucho que protesten y voten) sino que también hay que asegurar las pensiones futuras de sus hijos y nietos, 19,3 millones de españoles que trabajan, cotizan y temen por su pensión futura (sin manifestarse). Un difícil equilibrio donde hay que compensar sacrificios: no hay dinero para todo.

Mientras los políticos van “a lo fácil”, desatascando primero la revalorización de los pensionistas que protestan, no avanzan en las grandes decisiones para el futuro: qué sistema de pensiones queremos y cómo se financia. Y si hay elecciones pronto, como parece, la solución al grave problema de las pensiones se retrasará otro año más. Entre tanto, los españoles de a pie están muy preocupados por sus futuras pensiones y siguen optando por lo seguro: jubilarse lo antes que pueden. Así, de enero a agosto se ha batido el récord histórico  de nuevas jubilaciones (219.837, 20.196 más que en ese periodo de 2015), debido al envejecimiento de la población, a que muchos mayores no consiguen trabajar y, sobre todo, al miedo de que si retrasan el retiro mañana será peor. Y se jubilan en cuanto pueden, el 42% sin cumplir los 65 años (la media se está jubilando a los 64,2 años, aunque la edad legal sea ahora 65,1 años), perdiendo una parte de la pensión con tal de jubilarse.

Estamos ante un problema muy serio, donde sobra la demagogia y falta un análisis serio, con datos contrastados y proyecciones de futuro realistas. Y los jubilados de hoy tienen que pensar que cualquier reforma debe centrarse no sólo en ellos sino en sus hijos y nietos. Seamos serios y justos al buscar soluciones. Y urge no perder más tiempo.