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lunes, 12 de enero de 2026

Otra revisión masiva de alquileres

En 2025, más de medio millón de inquilinos tuvieron que revisar el precio de su alquiler, al cumplirse 5 años del contrato. Este año 2026, son todavía más los contratos a revisar: 632.369, 1 de cada 5 alquileres. Y como estos 5 años se han disparado los alquileres, los nuevos contratos subirán una media de 1.735 euros al año, según Consumo. Y en algunas autonomías mucho más (+2.042 euros en Madrid). Sumar ha propuesto congelar estos alquileres, pero el Gobierno no lo contempla, porque teme que fuera inconstitucional. El resto de alquileres tendrán su revisión anual, el IPC (+3%) o el nuevo índice IRAV (+2,29%), para los contratos firmados después de mayo de 2023. Los que buscan un alquiler tendrán más problemas en 2026, porque se ha reducido la oferta y se espera una nueva subida del +10%, que se suma al +41,34% que han subido los alquileres desde 2020, el doble que el IPC y el triple que los salarios. Urge tomar medidas en la vivienda, aunque lo impide el actual bloqueo político.

                            Enrique Ortega

Muchas personas que viven de alquiler están preocupadas porque haya llegado 2026, porque saben que les llamará su casero para decirles que tienen que firmar un nuevo contrato de alquiler, ya que han pasado 5 años del que firmaron en 2021. Ya pasó en 2025: se renovaron 568.500 contratos de alquiler firmados en 2020, en plena pandemia, según los datos del Ministerio de Consumo. Y prevé que este año serán más las revisiones de contrato: afectarán a 632.369 contratos, 1 de cada 5 alquileres que hay en España, lo que afectará a 1.600.000 personas, según sus estimaciones. Y la alerta de Consumo es porque estos nuevos contratos pueden disparar el alquiler, porque los precios han subido mucho desde 2021.

En concreto, un alquiler medio que estaba en 10,6 euros/m2 en enero de 2021 ha cerrado el año 2025 con un precio medio de 14,7 euros/m2, según el portal Idealista. Una subida media de +38,7%, que se traduce en 317 euros más al mes por un alquiler de 90 m2.Y esa es la subida media en España, porque en Madrid la subida del alquiler estos 5 años ha sido del +56,5% (de 14,5 a 22,7 euros/m2), lo que se traduce en 738 euros más al mes por un piso de 90 m2. Y en Barcelona, la subida del alquiler ha sido del +65,2% (de 14,4 a 23,8 euros(m2), lo que se traduce en 846 euros más de alquiler por un piso de 90 m2.

Con estos datos en la mano, el propietario de un piso en alquiler tratará de subir eso o algo menos a su inquilino al revisar el contrato que cumple 5 años en 2026. El estudio hecho por el Ministerio de Consumo señala que la subida de los nuevos alquileres puede ser en algunas zonas hasta +383 euros al mes (+4.596 euros al año), aunque cifran la media de subida en toda España en +1.735 euros anuales por vivienda (+144,5 euros al mes). Pero hay 6 autonomías donde la subida será mayor: Baleares (+4.615 euros anuales), Comunidad Valenciana (+2.386), Canarias (+2.267), Madrid (+2.042), Cantabria (+1.969) y Andalucía (+1.952 euros anuales). Y supondrá menos de 1.000 euros anuales la subida de los nuevos alquileres en Melilla (+329 euros), Ceuta (+784), Aragón (+832), Castilla y León (+902), Extremadura (+961) y Galicia (+980 euros anuales). En el caso de Cataluña, los nuevos contratos no podrán subir más del IPC en las zonas declaradas “tensionadas”, por la Ley de Vivienda. Y Navarra o el País Vasco quedan fuera de este estudio, por falta de estadísticas.

Esta importante revisión de contratos que se hará en 2026 se concentra en cuatro autonomías, según Consumo, que suponen dos tercios del total (632.369 alquileres): Madrid (145.881 contratos a revisar  este año), Cataluña (112.728 contratos), Andalucía (85.491 contratos) y Comunidad Valenciana (65.528 contratos a revisar). Y son muchos menos en el resto, destacando Canarias (39.974 contratos), Galicia (36.543) y Baleares (24.456 contratos). No se tienen en cuenta en estas cifras los contratos de alquiler hechos por empresas (inmobiliarias), que se renuevan cada 7 años (la primera gran revisión será en 2027).

Sumar, que dirige el Ministerio de Consumo, ha hecho público este informe sobre la importante revisión de alquileres que toca hacer este año para solicitar al Gobierno que aprobara, antes de finales de 2025, una congelación de estos alquileres, para que al renovarse no pudieran ponerse un nuevo precio y sólo subieran el IPC. Trasladaron formalmente esta petición al Ministerio de Vivienda (en manos del PSOE), que no ha dado una respuesta oficial, aunque oficiosamente han comentado que la medida (que además “no les gusta”) podría ser "inconstitucional", además de retraer aún más la oferta de nuevos alquileres.

Así que estos 632.369 inquilinos tendrán que negociar con su casero lo que les sube el nuevo alquiler que han de firmar en 2026. Y será una “negociación desigual”, porque si no llegan a un acuerdo, el propietario tendrá ese mismo día una cola de peticiones de nuevas personas que quieran alquilar su casa. Y el inquilino sabe que si no cede y acepta una subida “suficiente”, cuando busque un nuevo alquiler (si lo encuentra) será más caro que el que le ofrecen.

El resto de los alquileres (hay algo más de 3 millones de casas en alquiler) tendrán que hacer la revisión anual, que tiene 2 índices de revalorización, según la fecha del contrato. Por un lado, los contratos de alquiler firmados antes del 26 de mayo de 2023 (la fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda) subirán  este año lo que el IPC (generalmente el IPC anual de dos meses antes a la actualización), en torno al +3%, lo que supone una subida del alquiler medio de +27 euros al mes (+33,3 euros en Madrid y +41,6 euros en Barcelona). Pero los contratos más recientes, firmados después del 26 de mayo de 2023, se revisarán (salvo que en el contrato estén referenciados al IPC) según un nuevo índice, el IRAV (índice de referencia arrendamientos vivienda), que publica el INE y que suele estar por debajo del IPC: en noviembre era el +2,29%, lo que supone una subida del alquiler medio este año de +21 euros al mes (+30,52 euros al mes en Madrid y +38,15 euros mensuales en Barcelona).

Con esta doble subida, la de los alquileres que se revisan tras 5 años y los que se revisan anualmente, todos los inquilinos pagarán más este año 2026. Y eso agravará aún más la situación de muchos de ellos, que tienen que destinar el 40% y más de sus ingresos al alquiler. Con ello, aumentarán los desahucios por impagos de alquiler, tras una ligera bajada en los últimos años, por las medidas del Gobierno para cubrir a los más vulnerables. Entre enero y septiembre de 2025 hubo 19.347 desahucios, algunos menos (-6,3%) que en esos mismos 9 meses de 2024 (20.581). Pero el 75% de esos desahucios son por impago de alquileres, mientras bajan los desahucios por impago de hipotecas.

Este año 2026 se vuelven a prohibir los desahucios de vivienda por impagos de familias vulnerables, una medida acordada por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, tras acordarlo el día antes el Gobierno con EH Bildu. Sin embargo, esta medida ha de ser convalidada en el Congreso este mes de enero y queda ver si será vetada o no por Junts y Podemos, junto a las subidas de las pensiones y el resto del “escudo social”. De momento, UGT y distintas entidades sociales han contactado con Junts para que apoyen la prórroga de prohibición de desahucios a las familias vulnerables, porque evitará un grave problema social.

Otra medida, un Real decreto aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre, pretende mejorar la situación de los alquileres, aumentar su oferta y conseguir que muchos propietarios “pierdan el miedo a alquilar”: se garantiza con avales públicos que los propietarios cobren el alquiler en caso de impago de los inquilinos más jóvenes (menores de 35 años) y familias vulnerables. La medida, que será gestionada por las autonomías (un problema…) cubre al propietario los alquileres impagados, los suministros debidos y los daños sufridos hasta que vuelva a recuperar su vivienda, con dos condiciones más para el propietario: que tenga depositada la fianza legal y que el alquiler que cobre no supere en índice estatal de referencia. Es un avance para dar “tranquilidad” a los propietarios frente a posibles impagos, pero debería ampliarse a todos los inquilinos (no sólo a los jóvenes), como hace el País Vasco (“Programa Bizigune”). Y ahora falta que el Congreso no bloquee la medida.

Con todo, el problema no son los desahucios o los impagos. El gran problema de los alquileres es que no hay apenas oferta, que apenas salen alquileres al mercado y que cuando se ofrecen hace decenas de personas pujando, lo que produce dos efectos: el propietario sube el precio del alquiler y “selecciona” a los inquilinos, dejando fuera a los jóvenes precarios, los inmigrantes y hasta las familias con hijos, “elitizando” el alquiler. Y en las zonas tensionadas, donde se han controlado los precios (gran parte de Cataluña y municipios de Navarra y el País Vasco más A Coruña), bajan los precios algo pero sobre todo se reduce más la oferta, con lo que resulta aún más difícil encontrar un alquiler. Y también hay menos oferta porque siguen desviándose pisos del alquiler “normal” a los alojamiento turísticos y a los alquileres de temporada. Y recientemente, muchos propietarios optan por el alquiler por habitaciones, cobrando 500 euros y más por habitación, lo que dispara aún más los precios.

El alquiler seguirá subiendo este año 2026, en torno a otro +10%, según los expertos. Una subida que se suma al +41,34% que han subido los alquileres entre 2020 (10,4 euros/m2) y 2025 (14,7euros/m2 en diciembre), una subida que duplica la inflación en estos 6 años (+23,1%) y que triplica la subida de los sueldos en convenio (+15,18%).

El problema de fondo que explica estas subidas es la falta de alquileres, en unos casos porque se desvían a otros usos (turismo o alquiler de temporada), en otros porque hay miedo a alquilar y en otros porque no se rehabilitan casas viejas. Y sobre todo, porque no se construyen pisos nuevos, ni para alquilar ni para vender. El Banco de España estima que hay un déficit de 700.000 viviendas, un déficit que crece cada año porque se crean 330.000 familias anuales. Y sin embargo, apenas se construyen viviendas. Es más, en 2025 se han iniciado menos viviendas “libres” y protegidas (VPO) que en 2024: 58.824 viviendas “libres” entre enero y septiembre (frente a 61.910 en los primeros 9 meses de 2024)  y 11.567 viviendas protegidas (frente a 12.355 entre enero y septiembre de 2024), según datos del Ministerio de Vivienda. Así que la construcción de vivienda “pincha” cuando más falta hace, porque han desparecido promotoras, por los altos precios del suelo y la construcción, por la falta de mano de obra cualificada y por los bajos precios de los módulos de VPO.

Al final, el problema de los alquileres y la vivienda es político: el Gobierno central, la autonomías y los Ayuntamientos son incapaces de trabajar juntos para promover más vivienda, pública y privada, pactando la promoción de suelo y los planes urbanísticos, la financiación y la colaboración público privada, que permitiría duplicar las viviendas construidas (200.000 al año en vez de las 100.000 actuales). Y la mejor muestra de esta tremenda división política entre los que deben gestionar la política de vivienda es que el Gobierno ha presentado hace unos meses el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías gobernadas por el PP (11 de 17) dijeron de entrada, sin apenas conocerlo, que “no les gustaba…”. Así que el Plan nacerá muerto, aunque cuente con el triple de inversión (7.000 millones) que el Plan 2021-2025.

En resumen, el alquiler será un problema mayor este 2026 para 632.000 familias que tienen que revisar sus contratos tras haber pasado 5 años, con lo que tendrán fuertes subidas. Y también el resto tendrán revisiones en su alquiler, del 3 al 2,29%. Pero el mayor problema lo tendrán los jóvenes y nuevas familias que buscan un alquiler, porque hay pocos y cada vez más caros, teniendo que superar “el casting” de los propietarios. Y mientras, los políticos siguen enzarzados en sus peleas, con la derecha que gestiona las autonomías empeñada en desgastar y echar al Gobierno más que en resolver la grave situación de los alquileres y la vivienda, el problema que más preocupa a los españoles. Como si nada.

jueves, 1 de diciembre de 2022

Los alimentos siguen subiendo

La inflación volvió a bajar en noviembre, por 4º mes consecutivo, hasta el +6.8% anual, el nivel de principios de año y la menor inflación anual en Europa. Esta bajada se debe a la menor  subida de la luz y los carburantes, pero los alimentos siguen subiendo, más del doble que el IPC: +15,4% en octubre, el mayor aumento desde 1994. Y hay 19 alimentos que suben más del 10% anual (ojo: azúcar, harinas, mantequilla, legumbres y hortalizas, leche y huevos suben más del 20%). Todo apunta a que la cesta de la compra se disparará en diciembre, por la Navidad. Un grave problema para la economía de las familias, sobre todo las más vulnerables, donde la comida se lleva el 20% del gasto. Y no se toman medidas para frenar esta subida, como se ha hecho con la luz y los carburantes. Urge pactar un recorte de márgenes, que se quedan en el camino del campo al súper. Y algún tipo de cheque comida para las familias más pobres.

Enrique Ortega

La inflación sigue siendo un grave problema en toda Europa, aunque se ha moderado algo  en noviembre (bajando del 10,6 al 10% en la zona euro). En España ha bajado mucho más, por 4º mes consecutivo, del 7,3% en octubre al 6,8% en noviembre, según el IPC adelantado del INE, que nos sitúa como el país de la zona euro con menos inflación anual (cercana al 6,5% con que empezamos 2022), ya por detrás de Francia (7,1%) y muy por debajo del nivel de precios de Italia (+12,5%), Alemania (+ 11,3%), Países Bajos (+11,2%), Bélgica (+10,5%) o Portugal (+10,3%), según el indicador adelantado de Eurostat.

La nueva bajada de la inflación en España en noviembre se debe a las menores subidas en la luz y los carburantes, por el efecto positivo de las bajadas de impuestos a la electricidad y el tope al precio del gas para producir luz que autoriza la excepción ibérica y por la bajada de los precios internacionales del petróleo y los carburantes en noviembre, ayudados por los 20 céntimos de subvención del Gobierno al repostaje. Pero lo que no bajan son los alimentos, que, a falta del dato concreto de noviembre, llevan ya 10 meses consecutivos subiendo, desde febrero de 2022: subieron del +4,8% de enero 2022 al +5,6% de febrero, se dispararon al +10,1% en abril y siguieron su carrera ascendente, alcanzando una subida del +12,9% en junio, que se aceleró en verano, para alcanzar un aumento anual del +15,4% en octubre, el último dato detallado del INE, a falta de concretarse la subida de noviembre.

Una subida anual de los alimentos inédita en la historia reciente (desde 1994, que hay datos del IPC) y que dobla con creces la subida del IPC general, que era del 7,3% en octubre (y el 6,8 % en noviembre). Pero esa subida media esconde que hay 19 alimentos básicos que han subido más del 10% en el último año. Y entre ellos, hay 6 alimentos que suben ya más del 20% anual, hasta octubre: azúcar (+42,8% de subida en el último año), harinas y cereales (+37,8%), mantequilla (+34,1%), legumbres y hortalizas (+25,7%), leche (+25,6%) y huevos (+25,5%), según el IPC de octubre (INE). Y le siguen muy cerca las subidas de las patatas (+19%), queso (+18,7%), pollo (+18,3%), arroz (+16%), aceite de oliva (+15,7%), pan (+14,9%), vacuno (+14,9%), pizzas (+14%), sal y especias (+13,1%), frutas (+12,8%), pescado congelado (+12,7%), cerdo (+12,3%) y pescado (+11%).

Con todo, esta subida histórica de los alimentos en España es también inferior a la subida de los alimentos en la mayoría de Europa: hay 16 países UE donde la subida de los alimentos ha sido mayor que en España, según los últimos datos de Eurostat, que revelan cómo la subida del +15,4% en España es inferior al +19,3% que han subido los alimentos en la UE-27, a la subida en Alemania (+20,3%), Portugal (+18,6%) y los tres países nórdicos (+15,7 al 17,2% de subida), aunque han subido más aquí que en Grecia (+14,8%), Italia (+13,6%), Francia (+12,9%), Irlanda (+10,6%) y la mayoría de los países del Este.

¿Por qué siguen subiendo tanto los alimentos? Hay tres tipos de causas. La primera y fundamental, el aumento de los costes de producción a agricultores y ganaderos: fuerte subida de la luz y el gas, del gasóleo, de los cereales y piensos para alimentar el ganado (la comida para gallinas, pollos, cerdos o vacas ha subido entre un 30 y un 40% en el último año), de los fertilizantes  (+70%). Y a ello se suma el encarecimiento de los costes de transporte y los envases de los alimentos. Un segundo factor clave han sido el clima y las malas cosechas, que han reducido la producción de cereales y aceite (entre un -30% y un -40%). Y luego hay causas específicas, ligadas a alimentos concretos. Es el caso del azúcar (subida del +42,8%), cuyo precio internacional se ha disparado por las menores exportaciones de Brasil (que ha desviado parte de la caña de azúcar a producir bioetanol para aprovechar la subida de los carburantes) y la India (que se ha reservado más producción propia). O de la leche, cuyo precio se ha disparado (+25,6%) no sólo por el aumento de costes sino por el cierre de ganaderías (-7% en el último año). O la subida del pollo (+18,3%) y los huevos (+25,5%), donde han jugado también, junto al aumento de costes, la gripe aviar y el cambio de producción de jaula al suelo (que encarece un 18% el coste de las granjas).

Otro factor clave en la subida de los alimentos ha sido la depreciación del euro, que encarece todos los productos importados que hay que pagar en dólares. Con esta crisis, el dólar ha vuelto a comportarse como “un valor refugio”, apoyado en su remontada por la diferencia de tipos de interés entre EEUU (4%) y Europa (2%), que atrae capitales y refuerza aún más el dólar. Entre el 23-F (el día antes de la invasión de Ucrania) y hoy, el euro se ha depreciado un -7,7% respecto al dólar, lo que significa que los alimentos importados (cereales, harinas, piensos, pescados, carnes o azúcar) cuestan un 7,7% más al pagarlos en euros, además de la subida que hayan podido tener en dólares.

Pero hay otro factor clave del que se habla poco: los márgenes que se van sumando a los alimentos, desde el campo al súper, en una cadena que tiene muchos intervinientes: mayoristas que compran al agricultor y ganadero, cadenas logísticas de transporte y distribución, mercados mayoristas (Mercas), grandes distribuidores y tiendas y supermercados minoristas. En general, los consumidores finales tenemos pocos datos de cuántos márgenes se van sumando al precio inicial y acabamos pagando al comprar los alimentos. Veamos las pistas que nos dan los datos publicados.

El Ministerio de Agricultura publica el índice de precios nacionales, con el precio en origen y el precio en los Mercas. Pero no publica todos los precios, sólo algunos. Y ahí vemos que los precios en origen, los que se pagan al agricultor, han subido: un 16,3% la ternera entre la primera semana del año (4,40 euros kilo) y mediados de octubre (5,11 euros), un 34,3% el pollo, un 53,7% los huevos, un 69% la patata, un 54,2% el tomate, un 33,7% las naranjas o un 31,7% el plátano. Luego hay que ver la subida, en esas mismas fechas, en los Mercas, aunque falta mucha información. En las patatas, el precio en el Merca sube menos (+64,9%) que al agricultor, en las judías verdes sube el doble (+99,4% en los Mercas frente al 38% al agricultor), en el tomate también sube más en los Mercas (+63,9%) y muchísimo más en el caso de las naranjas (+422% de enero a octubre) y el plátano (+117%).

Es sólo una muestra, porque lo ideal sería tener “un escandallo” del precio de cada alimento, con el detalle del margen que se carga en cada fase, entre el agricultor y ganadero y la tienda final. Lo más parecido es el índice IPOD que publica desde hace años la organización agraria COAG. El de octubre indica que los productos agrícolas multiplican su precio 4,26 veces entre el agricultor y el consumidor. Y carnes, leche y huevos, se encarecen 2,76 veces, lo que da un aumento general de los alimentos de 3,95 veces. Y aporta ejemplos muy ilustrativos: el ajo sube 9,20 veces (de 0,65 euros kilo que se paga al agricultor a 5,98 euros kilos que paga el consumidor, la patata 4,71 veces (de 0,34 a 1,64 euros kilo) , los tomates 2,51 veces (de 0,84 a 2,11 euros kilo), la lechuga 7,13 veces (de 0,16 a 1,14 euros kilo), el melón 3,73 veces (de 0,49 a 1,83 euros kilo), la ternera 3,71 veces (de 5,12 a 18,99 euros kilo), el pollo 2,33 veces (de 1,38 a 3,21 euros kilo), la leche 1,98 veces (de 0,47 a 0,93 euros litro) y los huevos 1,39 veces (de 1,47 a 2,05 euros docena).

El sector agroalimentario, desde los mayoristas a los grandes distribuidores, híper y súper niegan que ellos estén subiendo sus márgenes. Incluso algunos dicen que no están repercutiendo al consumidor todos los aumentos de costes. Pero hay un dato cierto: los precios de la energía (luz, gas, carburantes) llevan 4 meses consecutivos cayendo y los alimentos siguen subiendo, a pesar de la reducción de una parte importante de los costes (energía y transportes). Por ello, muchos consumidores se temen que esta rebaja de costes se está llevando a los márgenes y no a bajar los precios finales. El problema es que el Gobierno, niega que los alimentos suban porque suben los márgenes: “Dejémoslo claro: la cadena alimentaria está funcionando de forma correcta en España (…) Tenemos un problema de costes, no de márgenes”, declaró el ministro de Agricultura, Luis Planas, en  noviembre.

También dijo el Ministro de Agricultura que los precios de  los alimentos “no van a bajar a corto plazo, sino quesubirán muy probablemente de aquí a Navidad: no lograremos reducirlos, aunque espero que a principios de año disminuyan de forma significativa”. Es lo que cree también el Banco Mundial, que augura una subida mundial de los alimentos del +18% este año, que subirían sólo el +6% en 2023 y se estabilizarían en 2024, aunque reconoce que la previsión depende de que se moderen los precios de la energía (no hay garantías) y de que no se repitan los problemas climáticos extremos, que hunden las cosechas.

En definitiva, que el Gobiernoha tirado la toalla” y no toma medidas para frenar los precios de los alimentos, tras haber dedicado muchos recursos a bajar los precios de la energía. ¿Se puede hacer algo para frenar la subida de los alimentos? Las organizaciones agrarias insisten en controlar los márgenes, que les arruinan a ellos y a los consumidores. Y el sector agroalimentario, apoyado por el PP, pide bajar el IVA a los alimentos, como se ha hecho con la luz y el gas. Suena bien, pero sería injusto y problemático. Veamos por qué.

En primer lugar, el sector agroalimentario (y el PP) no dicen que España es de los paises con más alimentos al tipo superreducido del IVA del 4%. Por un lado, este tipo superreducido sólo existe en 4 paises europeos: España (4%), Francia (2,1%), Irlanda (4,8%) y Luxemburgo (3%). Y además, ese tipo superreducido ya se aplica en España a la mayor parte de los alimentos básicos: pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. De hecho, España es el país europeo, tras Italia, con más productos al 4%. En Alemania, la mayoría de alimentos pagan un IVA del 7% y en Francia un tipo superreducido del 5,5%. Se podría extender el tipo del 4% a alimentos que ahora pagan el 10% (aceites, carne, pescado, agua, conservas y productos de higiene). Pero eso tiene 2 problemas. Uno, que sería injusto, porque favorecería más a las familias con más ingresos. Y la segunda pega: tendría un alto coste para el Estado, que ya ha gastado 38.500 millones en medidas contra la inflación. Tanto la Comisión Europea como el FMI y la OCDE le han dicho a España que tiene que controlar las ayudas y centrarse en las familias más vulnerables.

Así que bajar el IVA de los alimentos no es la panacea, ya que es injusto y costoso para las arcas públicas (podría obligar a recortes en 2023), además de acarrear otro problema: que las tiendas no repercutan esa bajada del IVA en una rebaja de los precios finales al consumidor. Es difícil controlar todos los establecimientos y ya vimos lo que pasó al rebajar el IVA de las entradas de cine: muchas empresas no bajaron el precio final y lo llevaron al margen.

Hace unos meses, Yolanda Díaz se reunió con algunas grandes distribuidoras, como Carrefour, Alcampo, Lidl, Mercadona o Día para intentar un acuerdo para limitar voluntariamente los precios de algunos productos básicos. Incluso Carrefour se adelantó con una cesta de 30 productos a 30 euros (sin leche, huevos ni carnes), como ha hecho en Francia y Bélgica. Pero no se ha avanzado más y no hay “autocontrol” de precios en los supermercados, que insisten en que “están ayudando a contener los precios”. Pero la realidad es que los precios suben semana a semana y lo harán más en diciembre, por la Navidad.

La subida de la cesta de la compra es un problema muy serio para las familias, porque los alimentos suponen entre el 15% y el 16% del gasto de los hogares y supera el 20% en las familias más vulnerables. Y a diferencia de la luz, la calefacción o los carburantes, no es fácil ahorrar en comida, un gasto diario y semanal recurrente. Por eso, urge tomar medidas para frenar las subidas, ahora de cara a diciembre y la Navidad, con un control exhaustivo de los “escandallos” de precios y con multas ejemplares a los que abusen. Y en paralelo, el Gobierno debería aprobar ya un cheque comida, a entregar directamente a las familias con bajos ingresos, en colaboración con Cáritas, Cruz Roja y otras ONGs. No se puede permitir que los precios multipliquen las colas del hambre. Y menos en Navidad. Hagan algo.

jueves, 4 de marzo de 2021

Guerra de precios en los súper


Los supermercados han sido de los pocos negocios que han ido mejor con la pandemia, porque nos hemos gastado mucho más en la cesta de la compra, al ir menos a bares y restaurantes: facturaron un 12,7% más en 2020, un tercio del aumento porque aprovecharon para subirnos los precios, mientras bajaba la inflación. Ahora, una vez hecha caja, algunos súper (Lidl, Aldi o Día) han lanzado una guerra de precios, con “ofertas escaparate” para seguir quitando clientes a Mercadona y Carrefour. Pero son sólo un espejismo, porque los alimentos llevan 6 meses consecutivos de subidas, que no benefician al campo porque se lo llevan los intermediarios. El INE ha aumentado el peso de los alimentos en la cesta de la compra y la inflación anual subió en enero y se estancó en febrero, tras 9 meses de IPC negativos. Ahora, se espera que todos los precios suban en 2021, mientras los salarios se estancan o bajan. Ojo a la cesta de la compra.

Enrique Ortega

La pandemia, con el confinamiento y la menor movilidad, ha disparado las compras de los españoles de productos de gran consumo: alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. En 2020, los españoles nos gastamos en “el carro de la compra” 95.000 millones de euros, un 6,4% más que en 2019, según la consultora Nielsen, quien estima que 3.500 millones de gasto extra se debe a la pandemia, porque provoca que gastemos más en alimentos y bebidas al ir menos a bares y restaurantes. De hecho, las ventas que más crecieron con la pandemia fueron las de bebidas (+8,5%), congelados (+8,3%), alimentos frescos (+6,5%) y envasados (+6,4%), destacando el aumento de ventas en droguería y productos de limpieza (+9,4%), según Nielsen.

La mayor parte de este gasto lo hicimos en los supermercados, pero  hay dos novedades en el gasto durante la pandemia. Uno, que aumentaron las compras en las tiendas tradicionales (las carnicerías, pescaderías y fruterías de toda la vida), que alcanzaron un 17% de cuota de ventas (y un 25% en frescos), gracias a que muchas sirvieron a domicilio y se beneficiaron del apoyo de muchos clientes (que volvieron a ellos, para “ayudarlos” en lo peor de la pandemia). Y la otra novedad ha sido el salto en las ventas online de alimentación: pasaron del 1,8% de todas las ventas en 2019 al 2,6% en 2020 (y el 3,7% sin contar los alimentos frescos), con la aparición de nuevos operadores (Corte Inglés o Amazon).

Pero la mayor parte de las compras de gran consumo las hemos hecho en los supermercados e hipermercados, que aumentaron un +12,7% su facturación en 2020, más que el resto del sector, sobre todo en los meses duros del confinamiento (marzo a junio) y en el último trimestre de 2020. Y se ha producido otro cambio, según Kantar Worldpanel: han perdido cuota los supermercados líderes (Mercadona, Carrefour y Día) y la han ganado Lidl y los supermercados regionales, que han aprovechado mejor la proximidad. Con todo, el líder, Mercadona, que tuvo problemas en su canal online al inicio del confinamiento, controla un 24,5% de las ventas totales de gran consumo (-1,1% que en 2019) y por sus 1.600 tiendas han pasado 9 de cada 10 hogares españoles. Le sigue a mucha distancia Carrefour (8,4% de cuota, un -0,3% perdido en 2020). Y en el tercer puesto del ranking se ha aupado la cadena alemana Lidl (6,1% de cuota, +0,5%), gracias a la apertura de nuevas tiendas (tiene 600) y a sus continuas  ofertas. Le siguen  el grupo DIA (5,8% de cuota, -0,6%), que ha compensado sus problemas financieros con su extensa red de tiendas, el grupo Eroski (4,88%, la misma cuota que en 2019), Auchan/Alcampo (3,48% de cuota, sin cambios) y los súper regionales (14,3% de cuota, +2,1%), los que más han subido con la pandemia, (Consum, Uvesco, Alimarket, Ahorramás, Gadisa o Dinosol)  gracias a su imagen de proximidad y a los frescos.

Los supermercados han facturado un 12,7% más en 2020 porque hemos comprado más (dos tercios del aumento) y también porque nos han subido los precios (explica un tercio de la mayor facturación), según Kantar Worldpanel. Los alimentos subieron de media un 2%, según Nielsen, aunque los frescos subieron un 5,5% y algunas frutas hasta el 20%. Al final, los súper aprovecharon la mayor demanda (igual que las cadenas de distribución) para recuperar mayores costes logísticos y de distribución (para adaptar tiendas a la pandemia, Mercadona gastó 200 millones) y para aumentar márgenes. De hecho, el índice anual de precios de alimentación subió al 4% en abril de 2020, cuando el resto del IPC era negativo. Y aunque subió menos con la desescalada, los alimentos encadenan 6 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,7% en enero, cuando el IPC total sube el +0%.

Y lo peor es que esta subida del carro de la compra que hemos pagado con la pandemia no ha llegado al campo, según denuncian agricultores y ganaderos. En enero de 2021, los precios finales que pagamos por los alimentos son 4,05 veces los precios en origen que recibe el agricultor o ganadero, según el índice IPOD que elabora la asociación agraria COAG. Así, pagábamos 1,15 euros por kilo de patatas que se pagaba al productor a 0,13 euros o 1,85 euros por kilo de naranjas que en el campo se pagaba a 0,27 euros. Y 5,87 euros por kilo de cerdo cuando en la granja se pagaba  a 1,1 euros, 16,10 euros por kilo de ternera frente a 3,48 euros por kilo que recibe el ganadero o 2,75 euros por kilo de pollo cuando se paga a 0,85 euros por kilo. A lo claro: nos han cobrado más caros los alimentos con la pandemia, pero los mayores márgenes se han quedado por el camino del campo al súper.

Ahora, en este año 2021, se espera que los precios de la cesta de la compra sigan subiendo, aunque quizás menos en el primer semestre, hasta que vuelva el turismo y se note la recuperación. Y como “espejismo”, algunas cadenas (como Lidl y Aldi) han iniciado una “guerra de precios”, para intentar seguir ganando cuota de mercado a costa de los grandes, de Mercadona y Carrefour sobre todo. No bajan todos los precios, sino unos “precios escaparate” (como el pollo o la leche), para atraer a clientes. Es el caso de Lidl que ha ofrecido pollo por piezas a menos de 2 euros el kilo, lo que ha provocado la denuncia de la organización agraria COAG, ante la Agencia de Control Alimentario (AICA) porque están vendiendo por debajo de los costes de producción de las granjas de pollos.

Otra novedad de 2021 será que se disparará la venta de alimentos online, al haber empezado a operar el 2 de febrero Amazon Fresh, primero en Madrid y luego en Barcelona y el resto de España, con el objetivo de “vender alimentos a millones de españoles en 2021”. Arranca con 10.000 artículos, frescos y envasados, que se entregarán en el día para clientes Prime y sin coste adicional para envíos de más de 50 euros. Otro operador que se ha puesto las pilas de la venta online es El Corte Inglés, que quiere ser 100% digital y también en las ventas de sus supermercados. Mientras, Mercadona y Carrefour avanzan lentamente en la venta online y buscan defenderse mejorando su oferta de frescos, en tanto Lid, Aldi y los súper regionales buscan el atractivo de las ofertas y la proximidad. Y con esta estrategia y la pandemia, esperan un nuevo aumento de ventas del +10% en 2021.

Estas mayores ventas de alimentos ya las ha trasladado el INE al IPC, modificando al alza su ponderación en el índice de precios: si en 2020 los alimentos y bebidas no alcohólicas  suponían el 19,49% del IPC, para este año 2021 lo han subido al 23,62%. Y también han subido el peso del gasto en bebidas alcohólicas (por el mayor gasto en cerveza y vino), del 2,85% al 3,20% del gasto total en el IPC. También suben, aunque menos, el porcentaje de gasto en vivienda (del 13,37 al 13,58%), los gastos médicos (del 3,89 al 3,93%) y otros bienes y servicios (del 6,82 al 7,10%). Y bajan el peso de todos los demás gastos familiares este año, sobre todo en transporte (del 15,40 al 12,45%), en ocio y cultura (del 8,41 al 6,79%) y el porcentaje de gasto en hoteles, cafés y restaurantes (12,05 al 11,64%).

En definitiva, que con la pandemia gastamos más en comer y beber en casa y eso se va a reflejar en el IPC, que subirá más que el año pasado si suben los alimentos, como se espera. De  momento, llevamos dos meses en que la inflación anual ha roto la racha de bajadas de los 9 meses anteriores: enero (+0,5%) y febrero (+0%). Y existe un cierto temor en las Bolsas y entre los expertos a que “despierte la inflación, a la vista del último dato europeo (febrero 2021), recién publicado por Eurostat: la inflación anual de la UE-27 era del +1,2% y  la de la eurozona era del +0,9%, pero ha subido hasta el +1,6% de subida anual en Alemania, +1,9% en Paises Bajos y Suecia y +0,9% en Finlandia,  +0,7% en Francia o +1% en Italia, mientras bajaba un -0,1 % anual en España ( dato homogéneo con la UE). Preocupa que la inflación siga subiendo y obligue al BCE a subir tipos, lo que dificultaría recuperar las economías  europeas tras la histórica recesión provocada por la pandemia.

Mientras la inflación despunta por el horizonte, empujada por los alimentos y la subida de muchas materias primas (el petróleo ha duplicado su precio: de 37,45 dólares/barril a principios de noviembre a 67,21 dólares el 24 de febrero), los salarios no mejoran y muchas empresas quieren congelarlos o incluso bajarlos en 2021. De momento, los últimos datos de convenios, los firmados en enero, revelan una subida media (para 3 millones de trabajadores que los han firmado) del +1,44%, inferior al 1,89% de subida de 2020. Y la patronal de grandes almacenes ha propuesto a sus 200.000 trabajadores congelarles el sueldo en el próximo convenio, mientras la banca acaba de firmar un convenio donde ha pactado con los sindicatos subir los sueldos de sus 90.000 empleados un +0,21% en 2021…

En definitiva, que la inflación podría subir más del 0,9% previsto este año, lo que restaría poder adquisitivo a los pensionistas y a muchos asalariados, dificultando el consumo de las familias (sobre todo con más de 4 millones de parados ya) y, por tanto, la recuperación. Por eso, es importante evitar subidas injustificadas de precios en la cesta de la compra, vigilar todo el proceso de distribución (para que no se inflen márgenes) e intentar mantener e incluso subir salarios (las empresas que puedan) para reanimar el consumo y el crecimiento. Si no, la inflación puede ahogar la recuperación antes incluso de que llegue. Atentos.

jueves, 5 de noviembre de 2020

Inflación negativa y euro fuerte: un coctel nefasto


En octubre, la inflación anual sigue negativa (-0,9%), por 7º mes consecutivo. Y España es el país grande europeo donde más caen los precios. Que bajen puede parecer una buena noticia, porque nos permite ganar poder adquisitivo, pero es muy mala: los consumidores retrasan sus compras, las empresas venden y ganan menos, invierten menos y crean menos empleo, retrasando la reconstrucción del país. Y encima, el euro sigue fuerte, lo que alienta más la bajada de precios (hay más importaciones) y encarece las exportaciones europeas, retrasando la recuperación. La inflación negativa continuará unos meses más y provocará que el BCE tome medidas en diciembre, inyectando más liquidez a la economía. En España, urge aprobar los Presupuestos 2021, para relanzar el gasto y la inversión, el crecimiento y la inflación. Pero es clave que no caigan los salarios, para recuperar el consumo y los precios. Porque la inflación negativa es un síntoma de que la economía está en la UCI.

 

Una secuela de todas las crisis es que bajan los precios, como reacción para contrarrestar la caída del consumo y la actividad. Pero en esta crisis del COVID 19, la caída de precios ha sido más rápida que en la anterior crisis de 2008. Entonces pasaron 6 meses entre la caída de Lehman Brothers (septiembre 2008) y la primera caída de la inflación anual (-0,1% en marzo de 2009), que se prolongó durante 8 meses, hasta octubre de 2009 (-0,7%). Ahora, la inflación se estancó ya el primer mes del confinamiento (+0% de inflación anual en marzo de 2020, tras haber subido un +0,7% en febrero) y lleva cayendo mes a mes desde abril (-0,7% anual) hasta octubre (-0,9%), 7 meses consecutivos según el INE.

La inflación negativa ha aparecido también en Europa, pero más tarde que en España: en la zona euro (19 paises UE), la inflación negativa no apareció hasta agosto de 2020 (-0,2%) y ha empeorado ligeramente en septiembre (-0,3%) y octubre (-0,3%), según el último dato de Eurostat. Con ello, España se sitúa como el país grande del euro con más inflación negativa (-1% en octubre, el dato de inflación anual armonizada con Europa), más del triple de caída que la media del euro (-0,3% en octubre) y por encima de la caída en Alemania (-0,5%), Italia (-0,6%) y Francia (+0%) o Portugal (-0,6%), mientras los paises ricos del norte tienen subidas de precios (+1,1% Holanda, +1,3% Austria, +0,4% Bélgica, +0,2% Finlandia) y caen más que en España en Grecia (-2%), Irlanda (-1,8%), Estonia (-1,7%) o Chipre (-1,3%). Al final, los paises que más sufren la pandemia ven mayores caídas de precios.

Esta bajada de precios en la mayoría de Europa se debe a la recesión por el COVID 19 (con menos actividad, las empresas buscan mantener ventas con bajadas de precios), la caída de los precios del petróleo (de 68,71 dólares/barril el 3 de enero a 22,98 el 22 de marzo y 41 dólares/barril hoy), a la bajada coyuntural del IVA en Alemania y otros paises europeos, al aumento de importaciones y al envejecimiento de la población europea, que alienta un menor consumo y menores subidas de precios (como se ha visto en Japón). Algunos expertos, como los de Funcas, señalan que no podemos hablar todavía de “deflación” (exige 12 meses continuados de bajadas de precios, según la definición del FMI, y sólo llevamos 7) y creen que no hay que preocuparse demasiado, porque la bajada de precios no es generalizada: se debe sobre todo a la bajada de la energía y lo que es la inflación “de fondo” (la llaman inflación “subyacente: sin energía ni alimentos no elaborados) sube, está en positivo (+0,4% en octubre), con subidas anuales en alimentación (+2,4%), vestido y calzado (+1%), enseñanza (+1,2%), medicina (+0,4%), menaje (+0,4%) y hoteles y restaurantes (+0,3%), según las subidas recogidas en el último IPC detallado por el INE, el de septiembre.

A pesar de todo esto, la inflación sigue negativa y va a continuar así varios meses más , según la última previsión del FMI, de octubre: la inflación anual caerá este año al -0,3% en España, con lo que seremos el 2º país europeo que cerrará el año 2020 con una inflación negativa, junto a Francia (-0,5%), mientras en Italia los precios subirán un +0,1%, en Alemania y Reino Unido un +0,3% y en la zona euro un +0,1%. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno Sánchez son más optimistas, porque creen que los precios podrían cerrar el año con una subida del 0%, que mejoraría en 2021 hasta subir los precios un +0,9%. Con todo, estamos ante la inflación más baja del siglo y de varias décadas anteriores.

Podría parecer que esta baja inflación (ahora negativa y en unos meses cero) es algo “bueno” para España y el resto de Europa, sobre todo para los consumidores porque podemos comprar más barato, mejora nuestro “poder adquisitivo”. Y es así, pero este aspecto positivo se contrarresta con muchos otros aspectos negativos, que preocupan a los Gobiernos y expertos. El primero, que la inflación negativa desincentiva la inversión y el empleo, algo especialmente preocupante para España, porque tenemos más del doble de paro que Europa (16,5% en septiembre frente al 7,5% en la UE-27, según Eurostat). El mecanismo es sencillo de entender: si un consumidor ve que los precios están bajos, retrasa sus compras a la espera de que bajen más o porque no teme que suban. Y las empresas ven recortarse sus ventas y sus márgenes, al ser forzadas a recortar precios para competir. Y con esto, venden menos, ganan menos, invierten menos y no crean empleo (o lo reducen). Y esto es especialmente preocupante ahora, porque retrasa la recuperación post COVID.

Un segundo problema que acarrea la inflación negativa (o muy baja) es que reduce los ingresos públicos, sobre todo el IVA (también Sociedades, IRPF e impuestos especiales), tanto porque se reduce el consumo como porque bajan las ventas y los precios (se aplica un IVA sobre un precio menor). Es algo que ya está pasando en 2020, con la recesión ligada a la pandemia. Y un problema más preocupante para España, porque este año 2020 tendremos un déficit público récord, del -10,1% del PIB, frente al -8,5% de la zona euro, el -7% de Alemania, -9,9% de Francia o el 11,1% de Italia, según la Comisión Europea.

El tercer problema que implica una inflación negativa (o muy baja) es que perjudica a los que tienen deudas, porque no rebaja lo que hay que devolver (si la inflación es alta, en realidad hay que devolver menos dinero comparado con lo que valía cuando lo pedimos).Y este es un problema que también perjudica más a España, porque somos uno de los paises más endeudados del mundo. Las Administraciones Públicas (Estado, SS, autonomías y Ayuntamientos) debían en junio 1.291.057 millones de euros, el 110,1% del PIB, según el último dato publicado por el Banco de España. Y los particulares debían todavía más, 1.654.000 millones (el 141,2% del PIB), entre las empresas (944.138 millones) y las familias (otros 709.861 millones de euros), según el Banco de España. Para todos , una inflación negativa es una mala noticia, porque les dificulta devolver esa deuda.

Y además, hay un cuarto problema: una inflación negativa (o muy baja) obliga a las empresas a entrar en una dinámica de ofertas “low cost, a tirar precios para competir, lo que aumenta la ya preocupante “precariedad laboral” (más contratos basura y más tareas “subcontratadas”) y deteriora aún más los salarios, que ya cayeron con la anterior crisis y que no suben ahora sino que bajan con el coronavirus. Así que lo que podríamos ganar los ciudadanos como consumidores (poder comprar más batato) lo perderemos como trabajadores, como familias endeudadas y como contribuyentes. Mal negocio.

Lo peor ahora es que hay otro factor en Europa que se suma a la inflación negativa: el euro fuerte frente al dólar (se necesitan más dólares para comprar un euro). La moneda única, que empezó el año en una cotización de 1,1208 dólares por euro, cayó hasta un mínimo de 1,0831 dólares/euro (7 de mayo) y repuntó luego en verano hasta un máximo de 1,1938 dólares (31 agosto), que se ha suavizado hasta los 1,1809 dólares por euro de hoy, a la espera de los resultados de las elecciones USA. La revalorización del euro (+5,36% desde enero) no se debe a que Europa vaya económicamente mejor que EEUU (va peor: la zona euro ha caído un -11,8% con la pandemia, frente al -9,1% USA) sino a que la Reserva Federal Norteamericana se ha gastado mucho más dinero en reanimar la economía (ha inyectado 3,1 billones de euros frente a 1,4 billones el BCE), lo que hace que en EEUU haya mucha más liquidez , más dólares en circulación y eso deprecia el billete verde. Y además, en esta crisis, el dólar no ha actuado como “valor refugio”, por la incertidumbre sobre Trump, lo que ha permitido al euro ganar terreno durante todo el año.

Y la previsión, muy pendiente de lo que pase con Trump, es que el euro se fortalezca más en 2021. Así, el escenario de los Presupuestos 2021 contempla que la cotización media del euro se estabilice en 1,10 dólares por euro en 2020 (como 2019) pero que suba a una media de 1,20 dólares por euro en 2021 (+9,1% de revalorización). ¿Qué problema supone tener un euro fuerte? Básicamente, dos. El primero, que un euro más fuerte abarata las importaciones de los paises europeos (de España también) y eso presiona a las empresas nacionales a bajar más los precios para competir: es otro acicate para la inflación negativa (o muy baja). El segundo problema de un euro fuerte es que encarece las exportaciones europeas, al tener que pagarlas en euros más caros. Y esto es muy negativo para España y el resto de paises europeos, porque una de las claves para salir de esta crisis es que las empresas puedan recuperar sus exportaciones de antes, diezmadas por la pandemia.

Así que, por si teníamos poco con la inflación negativa de los últimos meses, el euro más fuerte se suma al coctel para forzar a la baja los precios y dificultar las ventas en el extranjero. La baja inflación de la zona euro, que va a seguir todavía unos meses (y se agrava con los rebrotes de la pandemia) preocupa muy seriamente al Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo desde su creación es “luchar contra la inflación”, impedir que suba del 2%. Pero lleva ya una década con poca inflación (+1,2% de subida media en la zona euro entre agosto de 2008 y finales de 2019) y ahora tres meses incluso de inflación negativa. Y asistiendo al grave problema de que Europa apenas crece, antes y ahora con la pandemia.

Por eso, el BCE quiere poner la inflación en 2º plano y buscar cómo ayuda a reanimar la economía europea, que sufre la mayor crisis desde el final de la II Guerra Mundial. Y ya ha anticipado que en diciembre tomará más medidas, para estimular la economía de la zona euro con una nueva inyección de liquidez, por tres vías: más compra de deuda pública y privada europea (+600.000 millones que se suman a los 1,4 millones de estos años), ampliar 6 meses el programa de compra (hasta finales de 2021) y mantener el tipo de interés preferencial (-1%) para sostener a los bancos. El objetivo es dar otro empujón a las economías europeas, tras la 2ª ola de contagios, y de paso, con esta inyección de liquidez, subir algo la inflación (al 1% en 2021) y bajarle los humos al euro, dos logros colaterales, que, de conseguirse, ayudarían a la recuperación de las economías europeas.

En España, todas  las esperanzas están puestas en los Presupuestos 2021, que incluyen un gasto y una inversión pública récord (con el adelanto de 26.634 millones de fondos europeos), que deberían reanimar la actividad y el consumo, sobre todo con la subida del 0,9% a los pensionistas (8.867.680 personas que han ganado poder adquisitivo en 2020, que cerrará con una inflación del 0%) y a los funcionarios (2,6 millones de empleados públicos que también han ganado poder adquisitivo y que no lo perderán tampoco, como los pensionistas, en 2021, cuando se espera un 0,9% de aumento de precios). Eso sí, el Gobierno ha congelado el salario mínimo en 950 euros, tras subirlo un 29% en los últimos dos años.

La clave de 2021 va a estar en los salarios, porque si no suben algo y pierden poder adquisitivo, será difícil reanimar el consumo y la inflación. De momento, la subida pactada en los pocos convenios firmados este año 2020 (7 millones de trabajadores en 868.400 empresas) ha sido del +1,93%, inferior al +2,26% de aumento pactado en 2019, según los datos de Trabajo. Pero la mayoría de trabajadores no están incluidos en estas estadísticas (pymes, personal fuera de convenio, empresas que no han firmado convenio), con lo que la subida salarial de este año será mucho menor. Y hay muchas empresas que, por la pandemia, ya están bajando sueldos a cambio de mantener el empleo (o en las nuevas contrataciones): un 17% de los trabajadores ya han sufrido una reducción de salarios y a otro 53% se les ha congelado, según una reciente Encuesta de la consultora Hays. Y un estudio del grupo Adecco prevé un reajuste de salarios en las nuevas ofertas de empleo, con bajadas del -10 al 15%. Y peor será para los que acaben despedidos.

En resumen, es prioritario reanimar el consumo y el gasto para recuperar  la economía y hacer subir los precios, requisito clave para reconstruir la economía. Y para ello, las empresas tienen que intentar no bajar los salarios de sus trabajadores y subirlos los que puedan (supermercados, empresas de logística, e-commerce, sanidad y educación), porque es “la gasolina” que necesitamos para aumentar el consumo y los precios. Si no lo hacen y las empresas aprovechan la pandemia para recortar salarios, retrasarán la recuperación.