La España vaciada, a 3 velocidades

Todos hemos oído hablar de “la España vaciada”, pero quizás no sepamos su tremendo alcance: afecta a casi la mitad del país, 23 provincias que han perdido población en los últimos 70 años (-1 millón),  mientras las 27 restantes la ganaban (+20 millones de habitantes). Una España vacía muy envejecida, que creció menos y perdió también más empleo y riqueza.  Y lo peor es que esta España vaciada tiene un negro futuro, según un estudio de Funcas: 11 de estas provincias decrecen (7 de las 9 provincias de Castilla y León, Lugo, Orense, Cuenca y Teruel) y otras 6 se estancan (Extremadura, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén), remontando sólo las 6 restantes (Valladolid, Burgos, Guadalajara, la Rioja, Zaragoza y Huesca). En consecuencia, no sólo hay que multiplicar las ayudas a la España vaciada, sino que hay que concentrarlas en esas 17 provincias que están peor. Urge un Pacto de Estado para recomponer el mapa de España, aprovechando los Fondos europeos. Reequilibrar el país para 2050.

Enrique Ortega

España es un país poco poblado, con menos densidad de población que la mayoría de Europa: 92,9 habitantes por kilómetro cuadrado (2019), lejos de los grandes paises, como Reino Unido (279 habitantes/km2), Alemania (240). Italia (206) o Francia (119) y lejos también de la densidad de población de paises pequeños, como Paises Bajos (507), Bélgica (381), Dinamarca (136), Polonia (124) o Portugal (112), según Eurostat. De hecho, sólo tenemos más densidad de población que Noruega (15 habitantes/km2), Finlandia (18), Suecia (24) y Grecia (81). Y además, esta escasa población viene de lejos: en el año 1700 ya teníamos la mitad de población (20 habitantes/km2) que Reino Unido, Alemania, Italia o Francia y la tercera parte que los Paises Bajos o Bélgica. Y esa distancia siguió aumentando hasta principios del siglo XX (año 1900), donde España tenía 30 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 190 el Reino Unido, 180 Alemania o 80 Francia, según los estudios del demógrafo Jordi Nadal. Y aunque en el último siglo la población se ha duplicado, la brecha con Europa sigue.

Otra anomalía de España frente al resto de Europa es la gran desigualdad en el reparto de la población, al coexistir zonas muy pobladas con otras despobladas: somos el país UE con menor proporción de áreas habitadas y el 2º con mayor densidad de población en esas áreas. El dato es impactante: el 90% de la población española se concentra en el 30% del territorio, con lo que el 70% de España tiene sólo el 10% de la población total (“la España vacía”), según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y otro dato del desigual reparto de la población en España: el 48% de los 8.000 municipios españoles tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la Unión Europea considera que menos de 12,5 habitantes/km2 es una “muy baja” densidad de población. Los demógrafos creen que la historia está detrás de esta despoblación desigual, desde la Reconquista y la posterior colonización, a las cargas fiscales y humanas impuestas durante la época de los Austrias y el coste humano de la colonización americana.

Al final, nos encontramos hoy con una España poco poblada y con un reparto muy desigual de la población, que ha dado un gran salto en el último siglo largo, multiplicándose por 2,5: hemos pasado de 18.618.086 españoles en 1.900 a 40.847.371 habitantes en 2001 y a 47.329.981 el 1 de enero de 2020, según el INE. El problema ha estado en que casi la mitad de España (el interior del país) ha sufrido una pérdida de población, sobre todo a partir de 1.950 (por las migraciones interiores) y la otra mitad (Madrid, todas las provincias de costa, salvo Lugo, y las islas) han recibido población, concentrándola en las ciudades.

Un reciente estudio de FUNCAS (Fundación Cajas de Ahorro) establece el alcance de  la España vacía, las provincias que cumplen 2 criterios: haber perdido población entre 1950 y 2019 y tener ahora una densidad de población inferior a la media española (92,9 habitantes por km2). Salen 23 provincias que integran la España vaciada: las 9 provincias de Castilla y León, las 2 de Extremadura, las 3 de Aragón, 4 de Castilla la Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), 2 de Galicia (Lugo y Orense), la Rioja y 2 provincias de Andalucía (Córdoba y Jaén). En conjunto, han perdido más de 1 millón de habitantes desde 1950 (de 9.588.194 habitantes a 8.511.743), mientras las 27 provincias restantes han ganado más de 20 millones de habitantes (de 18.529.6679 a 38.514.465). Esta España vacía ha pasado de tener el 34,1% de la población española en 1950 a aportar el 18,1%  del censo en 2019, casi la mitad, según el estudio de Funcas. Y supone el 46% del territorio.

Dentro de esta España vacía o vaciada, el mayor vacío demográfico lo han sufrido 6 provincias que han perdido la mitad de población o más: Soria (ha perdido dos tercios de su población desde 1950), Teruel, Zamora, Palencia, Ávila y Cuenca, provincias que son “el núcleo duro” de la España vacía y que están entre las zonas más despobladas de Europa, con densidades de población “muy bajas”, inferiores a 12,5 habitantes/km2: Soria (4,9), Teruel (6,8), Cuenca (8,7), Palencia (10,4), Zamora (10,7) y Ávila (12,8), según el estudio de FUNCAS. Un 2º grupo son 5 provincias que han perdido el 40% de su población desde 1950 y que tienen una densidad de población “baja”, entre 11,7 y 17,8 habitantes por km2: Burgos, Segovia, Cáceres, Salamanca y León. Un tercer grupo en esta España vacía son 5 provincias que han perdido un 40% de población pero tienen mayor densidad de población (de 24,3 al 28,2 habitantes/km2), como Lugo y Orense, o que han perdido menos población (entre -25 y -35%) y tienen una densidad mayor (+35 habitantes/km2), como Badajoz, Córdoba y Jaén. Y hay un 4º grupo, de 7 provincias que han recuperado la población de 1950 pero que tienen una baja densidad de población: Huesca, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, la Rioja y Valladolid, con un menor problema demográfico que el resto.

El problema de esta España vaciada no es solo que hayan perdido población y tengan una baja densidad de habitantes, sino que son provincias envejecidas, porque los que se han sido han sido los jóvenes. Por eso, la España vaciada está a la cabeza del envejecimiento en España (el 7º país más envejecido de Europa, con un 19,3% de población mayor de 65 años): Zamora (33% población tiene +65 años), Orense (32%), Lugo (31%), Soria y Ávila (29%), León (27%) o Palencia (26%). Y en contrapartida, todas tienen un bajísimo porcentaje de jóvenes (menores de 20 años), la mayoría entre el 12 y el 14% (con la excepción del 23% de Guadalajara), por debajo del 19,5% de media en España, según el INE.

La despoblación y la pérdida de peso económico de la agricultura han hundido la economía de la España vaciada, que ha crecido menos que el conjunto de España, según el estudio de FUNCAS: si el crecimiento del país fue del +3,7% anual entre 1950 y 2017, el peor grupo de la España vaciada (Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Orense) creció un 1% menos (ojo: -1% cada año, durante 67 años es una tremenda “brecha”). Y un segundo grupo (Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Cuenca, Teruel y Ciudad Real) crecieron un 0,5% menos cada año, mientras las restantes (Valladolid, Burgos, Zaragoza, Cáceres, Albacete, Guadalajara, La Rioja, Córdoba y Jaén) han crecido en línea con el conjunto de España. Pero en conjunto, las 23 provincias de la España vaciada han pasado de aportar el 26,7% del crecimiento (VAB) en 1950 a sólo el 16,1% en 2017.

Este menor crecimiento ha supuesto que la España vaciada haya perdido más empleo en el siglo XX: -571.000 empleos entre 1950 y 2000 (-2,01 millones en la agricultura y +1,44 millones en el resto), mientras las 27 provincias restantes creaban +5,84 millones de empleos. Y en este siglo, entre 2000 y 2017, las 23 provincias vaciadas han creado sólo +227.000 empleos, frente a +2,45 millones creados por las 27 provincias restantes. Globalmente, entre 1950 y 2017, la España vaciada ha perdido -344.000 empleos, mientras el resto del país ganaba +10,7 millones de empleos, según el estudio de FUNCAS. La mayor pérdida de empleo (+40%) la han sufrido Zamora, Orense, Soria, Teruel y Cuenca, seguidas (pérdida entre +30 y +40%) de Ávila, Lugo y Cáceres, y a más distancia (+20/+30% de pérdida de empleo) León, Palencia y Jaén. Mientras, en estos 67 años, se mantuvo (o cayó poco) en Albacete, Burgos y Huesca y se creó empleo neto en Valladolid, Zaragoza o la Rioja.

Al final, con la pérdida de población, el menor crecimiento y la pérdida de empleo, el nivel de vida de la España vaciada ha ido por detrás del resto de España, aunque las ayudas europeas y del Estado, la política regional, las inversiones y los impuestos han compensado algo su retraso, con una mayor “convergencia” con el resto de España entre 1950 y 1980, un estancamiento entre 1980 y 2008 y un empeoramiento de la brecha con la anterior crisis. Con ello, si en 1950, toda la España vacía (salvo Zaragoza y la Rioja) tenía una renta (VAB per cápita) inferior a la media, en 2017 había 8 provincias vaciadas que tenían una renta superior o igual a la media (Huesca, Zaragoza, Burgos,  La Rioja, Teruel, Soria, Palencia y Valladolid), según el informe de FUNCAS. Eso sí, las 15 provincias”vaciadas” restantes están por debajo de la renta media y 11 están entre las 20 provincias con menor riqueza de España.

Ahora, ¿qué futuro tiene esta España vaciada? Quizás lo más innovador del informe de FUNCAS es que analiza su diferente potencial, teniendo en cuenta 10 variables demográficas y económicas. Y así, hacen 3 grupos. Uno con la España vacía que decrece, 11 provincias que tienen un serio problema demográfico que dificulta su desarrollo económico (a pesar de tener una base industrial aceptable y un paro bajo): 7 de las 9 provincias de Castilla y León (todas salvo Valladolid y Burgos), Lugo y Orense, Cuenca y Teruel. Otro, la España vacía estancada, 6 provincias donde el problema no es tanto demográfico (han perdido menos población) como económico (provincias agrarias con bajo peso de la industria y mucho paro): Cáceres, Badajoz, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén. Y las 6 provincias restantes conforman la España vacía que remonta, porque tienen una mejor situación económica que demográfica: Valladolid, Burgos, Guadalajara, La Rioja, Zaragoza y Huesca.

Tras este estudio, la primera medida debería ser concentrar los esfuerzos y las ayudas en mejorar la situación de las 11 provincias de la España vacía que decrece, así como en las 6 provincias de la España vacía estancada, sin olvidar a las 6 restantes, para que sigan remontando. Pero de momento, hay más Planes y palabras que hechos. Ya en enero de 2017, la primera Conferencia de Presidentes autonómicos con Rajoy decidió tomar medidas. Y en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó una primera Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con 7 objetivos y 80 medidas, que volvieron a refundirse en un Plan de choque contra la despoblación, presentado en la Rioja en febrero de 2020, 30 medidas sin mucha concreción. Hasta que vino la pandemia y los Fondos europeos, con lo que la despoblación pasó a ser el punto 1 del Plan de recuperación presentado en octubre de 2020.

Pero la primera medida concreta no se toma hasta el 1 de diciembre de 2020, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Plan para la conectividad y el impulso del 5G, una inversión de 4.320 millones en 5 años, que pretende ampliar a todo el país, en 2023, la cobertura de banda ancha de alta velocidad (que hoy llega al 75% del territorio). Una medida largamente pedida por la España vaciada, a la vez que se prorrogan a 2021 las ayudas de Red.es para instalar conexión a Internet vía satélite en los pueblos con menos de 5.000 habitantes. Y todo este dinero para mejorar la conectividad de la España vaciada se incluye en los Presupuestos 2021, a la espera de los Planes futuros para gastar en proyectos para la España vaciada parte de los 140.000 millones de los Fondos esperados de la UE.

Pero las soluciones a la España vaciada no son sólo llevarles Internet e inversiones en nuevas energías. Urge una revisión de las inversiones en infraestructuras, desde el tren a las carreteras, para que no sigan aislados. Y planificar una cartera de servicios públicos esenciales en zonas rurales, desde las urgencias y la atención sanitaria, a las escuelas, la formación profesional  y la enseñanza universitaria (también a distancia, con la UNED), el cuidado de los mayores y los servicios sociales. Y es muy importante impulsar una política de vivienda, con ayudas a la rehabilitación, para atraer población. Aunque, al final, lo que la atrae es que se instalen nuevos proyectos económicos (privados y públicos), lo que exige una política de incentivos fiscales y de suelo, reduciendo la burocracia. Y sobre todo, la España vaciada ha de estar presente en todo lo que haga Europa, el Gobierno y las autonomías, lo que exigiría definir el mapa de zonas prioritarias y crear una Agencia de Desarrollo Territorial.

Tenemos una España vaciada, fruto de 70 años de cambios demográficos y económicos, que no se puede cambiar en una Legislatura ni sólo con los Fondos europeos: hacen falta décadas de cambios y ayudas, de una diferente política económica y empresarial, que tenga en cuenta la integración de los territorios. Pero necesitamos un punto de partida y ese puede ser la reconstrucción del país tras la pandemia, los Planes y reformas que se preparan con Fondos europeos. Y aquí, la clave es unir esfuerzos en la misma dirección, lo que exige un Pacto de Estado contra la despoblación, para remodelar el mapa de España en las próximas décadas. Reequilibrar el país con la vista puesta en 2050. Otro gran reto.

El campo, al límite

Los medios no informan del campo, porque creen que “no vende”, aunque de ahí comemos (y venimos muchos). Pero en las últimas semanas han tenido que informar, porque miles de agricultores han salido a las carreteras para alertar sobre su preocupante situación: les pagan unos precios de saldo, les suben los costes, les congelan las ayudas, el clima se ceba con sus cosechas, los alimentos extranjeros les hacen competencia desleal y, para colmo, Trump y Putin han puesto aranceles y vetos a alimentos españoles. Así que 2019 ha sido “un año horrible”, donde cayeron la renta y el empleo en el campo. Pero los problemas no son coyunturales sino de fondo: un sistema de precios donde los beneficios se los llevan los intermediarios y súper, una creciente competencia de grandes empresas e importaciones, unas ayudas europeas (la PAC)  que se van a recortar y unas explotaciones poco rentables. Consecuencia: abandono de explotaciones y envejecimiento de los agricultores. Y despoblación rural. Debería preocuparnos, porque “los móviles no se comen”. Hay que apoyarles.

enrique ortega

El año 2019 ha sido un “annus horribilis” para el campo español: un clima enloquecido (sequía, inundaciones, heladas y pedrisco), caída generalizada de precios, subida de todos los costes, congelación de las ayudas españolas y europeas, invasión de alimentos extranjeros y, para colmo, Putin renovando otro año más el veto ruso a frutas y carnes españolas y Trump poniendo aranceles (impuestos) al aceite, vino, quedos y zumos españoles. Al final, las cuentas de agricultores y ganaderos se han resentido y la renta agraria cayó un -8,6% en 2019, tras cuatro años de mejoría. Y también cayó el empleo, siendo el campo el único sector de la economía donde bajó la ocupación en 2019 (-31.700 empleos).


Por todo esto, miles de agricultores y ganaderos han salido a las carreteras a protestar, en unas manifestaciones multitudinarias convocadas por todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA y ASAJA), bajo el lema #agricultoresallímite. Y es que los problemas del campo español se han agravado en 2019, colocando a agricultores y ganaderos en una situación desesperada, tras muchas décadas de dificultades. 


El primer problema que sufren son las consecuencias del Cambio Climático, que provoca la multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos: 2019 se inició con una fuerte sequía (arrastrada desde el otoño de 2018), que afectó seriamente a cereales y pastos (sobre todo en el oeste de España) y al vacuno, ovino y caprino, por el aumento de los costes para alimentarlos (más pienso y menos forraje). Y en otoño, llegaron las lluvias históricas y las inundaciones, que provocaron daños generalizados en el campo, con unas indemnizaciones que han superado los 600 millones de euros.


Un segundo problema del campo ha sido el aumento generalizado de los costes, desde los seguros agrarios (han subido las primas al aumentar el riesgo) a los carburantes (precios en máximos desde 2015), los fertilizantes (+6,6%) y los piensos (+3,1%), bajando sólo las semillas (+1,3%) y la electricidad (ha bajado un 3,3%, pero aún así pagan la luz más cara de Europa). Y también subió mucho el salario mínimo, un 35,5% si sumamos la subida del SMI  (de 735,90 a 900 euros en 14 pagas) y los costes sociales (261,51 euros mensuales), según COAG. Ahora, con la subida del SMI a 950 euros, el nuevo coste salarial será 1.382 euros (un 43% más que en 2018). Las organizaciones agrarias no critican tanto la subida del SMI como que es la puntilla tras los restantes aumentos de costes, mientras les caen los ingresos.


Precisamente, el gran problema del campo es la caída drástica de sus ingresos, porque se han desplomado los precios que reciben. El caso más llamativo es el olivar, donde el precio ha caído entre un -25 y un -30% en el último año (y un -50% sobre 2018). También ha caído el precio de la leche (0,316 euros por litro, 3 céntimos menos que la media europea), las frutas y hortalizas y muchas carnes. Y en demasiados productos, agricultores y ganaderos se quejan de que los precios que reciben no cubren costes, que producen a pérdidas. Y para fastidiar sus cuentas, en 2019 se han casi congelado las subvenciones que reciben y que suponen la cuarta parte de sus ingresos: subieron sólo un 0,6%.


Por si todo esto fuera poco, en 2019 ha aumentado la entrada de alimentos importados, desde tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, pollo de Brasil, cordero de Nueva Zelanda, vaca de Argentina o miel de China. Productos que entran a muy bajos precios (pagan bajos salarios y no respetan condiciones medioambientales ni fitosanitarias, en muchos casos), de la mano de acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea. Y en junio de 2019 se firmó otro más, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que aumentará la entrada de carnes (vacuno y pollo), arroz, azúcar, miel, cítricos y zumos latinoamericanos. Además, también en junio, el presidente Putin prorrogó hasta finales de 2020 el veto ruso a la entrada de productos europeos (y españoles), en vigor desde el verano de 2014, que impide las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, porcino y vacuno, queso y pescado. Y para dar la puntilla, el presidente Trump ha impuesto, desde el 18 de octubre de 2019, un aumento de aranceles (del 3,5 al 25%) al vino, aceite, aceitunas, quesos, zumos y frutas preparadas de España, lo que encarece nuestras exportaciones en 191,3 millones de euros extras. 


No es extraño que, con este panorama, los agricultores y ganaderos españoles hayan sufrido en 2019 una caída de sus rentas del -8,6%, por primera vez en la recuperación (las rentas agrarias crecieron entre 2015 y 2018, tras caer en la crisis), según el Ministerio de Agricultura, debido a la menor producción en cereales y vino (por la sequía) y a los bajos precios, sobre todo en aceites y frutas. Y en paralelo, ha caído también el empleo en el campo, el único sector económico que perdió trabajadores en 2019: -31.700. Y además, el campo es el sector que menos se ha beneficiado de estos 6 años de recuperación económica y crecimiento del empleo total. Así, entre 2014 y 2019 sólo se crearon +16.600 empleos netos en el campo, cuando en el conjunto de la economía se crearon +2.397.800 empleos en esos 6 años.


Pero 2019, aunque haya sido un “año horrible”, sólo ha agravado los problemas de fondo que viene arrastrando el campo español desde hace décadas (las primeras protestas del campo fueron en 1977). El primero y fundamental, porque va a más y no resulta fácil afrontarlo, es el Cambio Climático: cada año va a recortar producciones y aumentar costes (por daños y subida de primas de los seguros, donde el agricultor ya paga el 60% del coste al haber bajado porcentualmente las ayudas al aumentar los siniestros), sin que agricultores y ganaderos puedan subir los precios para compensarlo, dada la presión a la baja de los alimentos importados y de los distribuidores y súper. Además, el campo español tendrá que hacer una “reconversión climática”, porque es responsable del 12%de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (8% la ganadería y 4% la agricultura), el 4º sector con más emisiones tras el transporte (27%), la industria (19%) y la electricidad (17%).


El segundo gran problema estructural del campo es la competencia exterior. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde crece imparable una agricultura y ganadería intensivas (en paises en desarrollo y también ricos), que inundan el mundo con alimentos a bajo precio, basados en incumplir muchas normas medioambientales y fitosanitarias y en unos sueldos miserables (5 euros al día en Marruecos frente a 60 euros mínimos en España). Y estamos dentro de una Unión Europea que firma acuerdos comerciales con todo el mundo, para tratar de venderles de todo a cambio de recibir alimentos de fuera (que de paso les permite recortar las costosas ayudas de la PAC a los agricultores europeos). Así que, cada año más, agricultores y ganaderos tendrán que competir (en inferioridad) con medio mundo.


Y cada vez con menos ayudas públicas, el tercer problema de fondo. El campo español, como el europeo, ha sobrevivido gracias a las cuantiosas ayudas de la política agraria común, la PAC, creada en 1962 para asegurar la alimentación de los europeos subvencionando a agricultores y ganaderos con cuantiosas ayudas, que se han ido recortando a finales del siglo XX y sobre todo en la última década. Así, si en los años 80, las ayudas de la PAC se llevaban el 66% del Presupuesto comunitario, en 2007-2013 se llevaron sólo el 42,3% (413.000 millones de euros a repartir entre los paises) y en 2014-2020 bajaron al 37,8% del Presupuesto (y a 408.313 millones a repartir). Ahora, la nueva Comisión Europea ha presentado una propuesta de ayudas de la PAC para 2021-27 y el recorte es tremendo: 365.000 millones a repartir, sólo un 28,5% del Presupuesto de la UE para los próximos 7 años. Consecuencia: a España le tocará menos de los 5.700 millones recibidos en 2019 (y que supusieron el 24,5% de todo los ingresos obtenidos por el campo español). Además, hay otra pelea entre autonomías y agricultores españoles para ver cómo se reparte aquí la futura PAC.


Vamos al 4º problema de fondo del campo español, para muchos el fundamental: los precios que reciben por sus productos. La cuestión de fondo es que el sector tiene poca capacidad para negociar precios: son casi 1 millón de explotaciones a producir y que tienen que colocar sus alimentos a través de multitud de intermediarios (que se quedan cada uno con su margen) y, sobre todo, a través de 6 grandes grupos de comercialización (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo) que concentran el 55% de las ventas (y subiendo). Unos y otros imponen sus condiciones y precios a agricultores y ganaderos, muchas veces sin contrato por medio (como es obligatorio) y con fraudes como el sistema de venta “a resultas”: el agricultor entrega sus productos y no sabe lo que va a cobrar hasta incluso después de vendido en el súper. Y muchas veces se usa algunos alimentos (aceite o leche) como “producto escaparate” y el súper lo vende por debajo del coste, venta “a pérdidas”.


Todo esto se trató de regular con la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, pero el campo se queja de que no se cumple muchas veces, que hay demasiado fraude (existen numerosas denuncias a la Agencia de control AICA, sobre todo en frutas y verduras y leche). Y además, hay un exceso de intermediarios entre el agricultor y el ganadero y el súper, lo que va sumando márgenes y encareciendo el producto. Así, en los productos agrícolas, el precio se multiplica por 4,83 entre origen y destino, según el índice IPOD que elabora COAG. Y en los productos ganaderos, el precio se multiplica por 3,05. Unos ejemplos, a diciembre de 2019: la patata nos cuesta 8 veces lo que se paga al agricultor (1,20 frente a 0,15 euros/kilo), la mandarina 7,11 veces, la naranja 6,74 veces, la uva 4,75 veces, el plátano 4,06 veces, la ternera 4 veces, el cerdo 3,74, el pollo 3,44, el cordero 3,41 veces…


Llegamos al 5º problema de fondo: el abandono del campo. Si en 1999 había 1.289.451 explotaciones agrícolas, en 2016 había 965.000 (último censo de Agricultura), una cuarta parte menos (-25%). Y en la ganadería, el cierre de explotaciones es aún más llamativo. En granjas de vacas, se ha pasado de 250.000 en los años 90 a menos de 14.000 hoy, en granjas de vacuno de 120.000 a 80.000, en ovejas de 120.000 a 114.000 explotaciones, en granjas de cerdos de 200.000 a 44.931 y en granjas de pollos de 239.921 explotaciones a 68.766. En algunos casos, menos granjas con más animales (pollos o cerdos), pero en mucho otros  también con menos animales (vacas y ovejas). Al final, la población ocupada en el campo ha caído drásticamente: de 905.800 ocupados en 2007 a 793.900 que trabajaban a finales de 2019.Y 4 de cada 10 que trabajan en el campo tienen más de 55 años, mientras los jóvenes abandonan las zonas rurales, cada vez más despobladas.


Y vayamos al 6º problema estructural: el campo es cada vez menos rentable para los pequeños y medianos agricultores, que se buscan otros ingresos (un tercio de los agricultores tienen otra actividad que les reporta el 80% de sus ingresos) o se retiran ante el avance de la “empresarización” del campo. De casi 1 millón de explotaciones agrarias (945.000), sólo un 6,6%, unas 66.000 son empresas (“personas jurídicas”), pero esta minoría acapara el 42% de la producción agraria, repartiéndose el resto entre casi 4.000 cooperativas (15%) y cientos de miles de pequeños productores, con pocas ventas por explotación. Así que el campo se está llenando de empresas grandes que copan el negocio. Unos ejemplos. En Murcia, tres multinacionales copan el 85% de la producción de uva de mesa. Lo mismo pasa en el sector de frutas y hortalizas. Y en la producción láctea, la macrogranja que quieren montar en Noviercas (Soria) prevé tener 24.000 vacas… 


Esta reestructuración empresarial podría llevar a lo que COAG denuncia como “la uberización del campo”: agricultores y ganaderos que trabajan para grandes empresas, que les dan la semilla, animales, fertilizantes, piensos o medicamentos y les pagan por kilo producido. Ya sucede en “granjas franquicia” de pollos o cerdos y en frutas y verduras. 


Y luego hay un séptimo problema estructural muy serio, que tiene el campo español y que tenemos todos: el agotamiento y desertificación de la tierra. Los expertos coinciden en que un 40% del suelo está degradado (y la mitad, el 20%, desertificado), por culpa del monocultivo (no se rotan ni utilizan leguminosas para captar nitrógeno), la poca materia orgánica (no se dejan en el suelo resto de cosecha, como antes), las siembras anuales y el excesivo laboreo (no hay barbecho y se “presiona” a la tierra a base de abonos químicos y costosos regadíos). Al final, todo esto es muy preocupante, por la baja productividad de muchas explotaciones y la penosa herencia de suelo agrícola que dejamos a las generaciones futuras (si es que queda gente en el campo).


Si ha llegado hasta aquí, reconocerá que agricultores y ganaderos tienen razón cuando dicen que están “al límite”. Urge tomar medidas a corto y medio plazo, desde España y desde Europa, para que tengan unos precios justos y no les ahogue la competencia desleal de los alimentos extranjeros. Y medidas estructurales para asegurar su rentabilidad y su futuro, clave para evitar la despoblación de la España rural y asegurar el abastecimiento de alimentos, porque “los móviles no se comen”. Es hora de “valorar” al campo y a su gente, primero, y ayudarles de verdad. No podemos perderlos.

Cae la renta agraria: ¿Comeremos móviles?

En 2014 volvió a caer la renta agraria, los ingresos de agricultores y ganaderos, algo que sucede desde 2007, más en España que en Europa. Y eso porque bajaron algunas producciones, pero sobre todo por la caída de los precios que reciben, las importaciones de alimentos, el cierre del mercado ruso y la presión de industrias y supermercados, que pagan menos a los que producen los alimentos aunque luego se encarezcan por el camino. La consecuencia es que se produce menos, se pierde empleo y el campo se despuebla. Lo mismo pasa con la pesca, donde la flota se ha reducido a la mitad en los últimos 18 años. Si no se apoya a los agricultores y ganaderos, cada vez habrá menos comida de origen español y menos jóvenes se quedarán en el campo, en perjuicio también del medio ambiente. Hay que apostar por el campo, porque los ordenadores, los móviles o los coches no se comen.
 

enrique ortega

A los que trabajan en el campo no les salen las cuentas. Sus ingresos, la renta agraria, les viene cayendo desde 2007 y en 2014 cayó un 7,1%, según el Ministerio de Agricultura. Con ello, la renta agraria cerró el año en 22.110 millones de euros, un valor cercano al del año 2.000. Una caída de la renta por  activo del -4,5%, el triple que en Europa (-1,7%), según Eurostat. De hecho, España es el 9º país de la UE con una mayor caída de la renta agraria en 2014. Además de caer la renta, el empleo agrícola se ha estancado (sólo hubo 224 nuevos afiliados a la SS agraria en 2014), se han recortado producciones y en consecuencia, sigue cayendo el precio de la tierra de cultivo (a 9.633 euros por hectárea), un -14% desde 2007.

El año 2014 podría haber sido peor de no haberse reducido algunos costes para agricultores y ganaderos (se les han abaratado los piensos, los fertilizantes y la luz, aunque les subieron las semillas) y de no haber subido el peso de las subvenciones (6.365 millones), el 28,8% de sus ingresos. Pero les falló lo fundamental: los ingresos por lo que producen. Por un lado, porque algunas cosechas y producciones cayeron (-26,2% vino, -18,7% cereales, -4,1% plantas forrajeras, -3,6% frutas, -10,9% huevos, -4,7% ovino y caprino y -3,5% bovino). Y, sobre todo, porque bajaron el 80% de los precios que perciben. Algo que se debe a tres factores: mayores producciones, competencia de alimentos importados y, sobre todo, el efecto del veto ruso, que ha forzado a la baja los precios de algunas frutas y carnes.

Además, los agricultores achacan los bajos precios que reciben a la presión de las industrias y de los grandes distribuidores. La industria agroalimentaria es la segunda industria española (factura 90.000 millones) y exporta la cuarta parte de lo que produce, compitiendo en Europa y en todo el mundo con sus productos. Y por eso presiona a la baja lo que paga a agricultores y ganaderos españoles, optando en ocasiones por importar alimentos o fabricar incluso en el extranjero (conservas de pimientos y espárragos, por ejemplo). En cuanto a los grandes distribuidores, copan el 72% del mercado (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo concentran el 57% de las ventas) y presionan a las industrias y a los productores para conseguir productos cada vez más baratos en origen, aunque luego multiplican por tres y hasta por cinco su precio final al consumidor, como revela el Observatorio IPOD. Y en ocasiones, venden alimentos a pérdidas (leche, pollo, aceite, vino, sandía, conejo…), tirando precios, como parte de su guerra comercial para ganar clientes y cuota de mercado.

El resultado es que agricultores y ganaderos ven recortarse los precios que reciben aunque a nosotros nos cuesten más en el supermercado. Y se ven indefensos ante la industria y los distribuidores, porque los productores son muchos y pequeños: en España hay 4.000 cooperativas agrarias que facturan unos 19.000 millones de euros, entre todas como las cuatro mayores cooperativas de Holanda. Y de los 900.000 agricultores, sólo 400.000 son profesionales, muchos con una explotación poco modernizada, sin financiación. Y así, muchos abandonan: las producciones han caído a la mitad en dos décadas. Y no hay relevo generacional: 1 de cada 3 agricultores tiene más de 65 años.

El campo es un sector muy débil y vulnerable, que subsiste gracias a las  subvenciones europeas (28,8% de sus ingresos). Unas subvenciones que se han recortado para toda Europa, con lo que España recibirá 750 millones menos al año entre 2015 y 2020:35.700 millones en pagos directos y 8.300 millones para desarrollo rural. Menos dinero, para menos sectores (no hay ayudas para el olivar, frutas y hortalizas) y a repartir entre más hectáreas (ahora se incluyen en las ayudas barbechos blancos y pastos), lo que rebajará las ayudas a las hectáreas más productivas. Y además, seguirán cobrándolas los titulares agrarios no activos (terratenientes, absentistas y hasta cotos de caza), en contra de las organizaciones agrarias, que denuncian que hay 900.000 españoles perceptores de ayudas y sólo 400.000 agricultores y ganaderos profesionales. También critican que Bruselas, con la nueva PAC, elimine los mecanismos para regular los mercados, lo que supondrá mayor volatilidad de precios. Y que la Comisión Europea, junto al recorte de fondos al campo, haya multiplicado los acuerdos con Marruecos, Latinoamérica y  Asia, para facilitar la entrada de sus alimentos en Europa.  

Otro sector que languidece es la pesca: la flota española se ha reducido a la mitad, de 18.478 pesqueros (1995) a 9.871 en 2013. La mayor caída se ha dado en la flota artesanal (7.602 barcos), que se ha reducido un 25% en los últimos 7 años, por culpa del recorte de capturas, la reducción de ayudas, el envejecimiento de la flota (en 2006 se retiraron las ayudas a renovar los barcos), la caída de ingresos (el salario medio anual de la flota artesanal ha caído a 7.796 euros, un tercio del de la flota industrial) y la falta de relevo generacional (sólo el 6,8% de pescadores tiene menos de 25 años).

El campo y la pesca pierden renta, empleo y ayudas y a nadie parece preocuparle, porque si no hay comida aquí se importa de otros países. Y a los consumidores no les preocupan los problemas de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles siempre que puedan ir al supermercado y comprar barato, aunque los tomates sean marroquíes, los ajos chinos, los garbanzos mexicanos, las lentejas turcas, las naranjas sudafricanas, los zumos californianos, los pollos brasileños, las carnes argentinas, el cordero neozelandés o el pescado vietnamita. Pero los alimentos son algo estratégico, ligado a nuestra cultura, que mantiene la vida en nuestros campos y puertos, no sólo el empleo sino también el medio ambiente: los agricultores y ganaderos son los mayores cuidadores de nuestros ecosistemas. Y si “pasamos” de ellos, nuestras zonas rurales se despoblarán y se deteriorarán (aún más).

Hay que poner freno al abandono del campo (y la pesca). Primero, el Gobierno debe mediar entre los productores y  la industria y la gran distribución, para que no abusen a la hora de pagar precios y fijar contratos, aplicando mejor la nueva Ley de la cadena alimentaria. Segundo, hay que dedicar recursos y personal a profesionalizar más las explotaciones agrícolas y ganaderas, con créditos públicos, formación e innovación, fomentando crear potentes cooperativas agrarias, al hilo de la nueva Ley de Cooperativas. Y, sobre todo, hay que gastar recursos en promover el desarrollo de las zonas rurales, que suponen el 90% del territorio y tienen sólo el 20% de la población. El campo no es sólo algo bonito para hacer turismo, tiene que ser un buen lugar para vivir, con escuelas, sanidad, vivienda, servicios y ocio, con una renta suficiente para que los jóvenes no emigren. Y España, en lugar de apoyar a las zonas rurales (como Francia), no gasta en ellas e incluso pierde los fondos europeos (FEADER) por no ejecutar un tercio de los proyectos (en 2014 perdimos 150 millones).

El campo, los agricultores y ganaderos, son los grandes olvidados de la crisis, entre los políticos, los medios y la mayoría de ciudadanos, que vivimos en las ciudades. Y eso es grave porque el campo es nuestra despensa y no se comen ni los ordenadores, ni los móviles, ni los coches. Y además, si no cuidamos el campo  descuidamos el medio ambiente y nos cargamos el futuro. Piénsenlo cuando vayan al súper. Tenemos que estar al lado de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, evitar que los jóvenes dejen estos trabajos y los pueblos se abandonen. Y que la mayoría de los alimentos sean importados (y cada vez más caros). Con la comida no se juega.