La Iglesia católica española acaba de publicar, por primera vez, unas cuentas algo más detalladas (poco), para simular “transparencia” y animar a los católicos a que marquen la X en esta declaración de la renta. Pero no dicen que más de la mitad de sus ingresos no pasan el control de Hacienda, gracias al Concordato de 1979. Tampoco reconocen que la aportación de los contribuyentes a financiar la Iglesia católica no son sólo los 250 millones que ingresan por el IRPF sino 11.600 millones anuales que les pagamos todos para financiar sus colegios, hospitales, capellanes en hospitales, cárceles y cuarteles, su obra asistencial y el mantenimiento y conservación de decenas de catedrales, iglesias y monasterios, muchos apropiados y registrados unilateralmente en los últimos años, en pugna con los Ayuntamientos. Y tampoco hablan de los 2.000 millones de impuestos que no pagan, en IBI, sociedades, obras y plusvalías. Es hora de que el Tribunal de Cuentas audite las cuentas de la Iglesia. Y de revisar el Concordato.
La Iglesia católica española es una poderosa organización, que cuenta con 70 diócesis, 23.021 parroquias, 17.754 sacerdotes, 116 obispos y cardenales, 40.096 religiosos (de 407 órdenes), 11.018 misioneros (trabajando en 130 paises), varias ONGs y asociaciones de ayuda (Cáritas y Manos Unidas), 77 hospitales, 62 dispensarios, 802 casas de ancianos, 2.587 centros de enseñanza católicos (con 1,5 millones de alumnos), 15 Universidades católicas (con 89.547 alumnos) y 189 centros culturales, más 12.988 asociaciones de fieles, según la última Memoria 2017 publicada por la Conferencia Episcopal Española. Y por si fuera poco, la Iglesia católica tiene el 2º mayor patrimonio de España, tras el Estado: más de 100.000 inmuebles, miles de tierras, 95 catedrales, 860 monasterios y 540 santuarios. Y la Iglesia católica mantiene 64.925 empleos directos e inducidos.
Todo ello se mueve y se mantiene con sólo 1.386 millones de euros al año, según las cuentas recién publicadas de la Conferencia Episcopal, una cifra
difícil de creer. De este Presupuesto (el de 2017, publicado en mayo 2019), la
mayoría es lo que mueven las 70 Diócesis
(924 millones) y el resto es el presupuesto
de Cáritas y Manos Unidas y otras
asociaciones religiosas. Centrándonos en el grueso del gasto, las Diócesis, los ingresos proceden de 5 fuentes: la asignación tributaria, el 0,7% del
IRPF (223,48 millones, el 24% del total), los
ingresos voluntarios de los fieles (320,28 millones, el 35%), los ingresos del patrimonio, como entradas
a edificios religiosos y museos (122,48 millones, el 13%), “otros ingresos corrientes” (por
servicios religiosos como bautizos, bodas, comuniones, funerales o misas:
212,84 millones, el 23% del total) y diversos
“ingresos extraordinarios”, como herencias o donaciones (44,99 millones, el
5% restante de ingresos de las Diócesis).
Lo primero que hay que decir es que más de la mitad de estos ingresos (el 58% que corresponde a “aportaciones
de fieles” y “otros ingresos corrientes”) no pagan impuestos ni están sometidos a ningún control de Hacienda, en virtud del Concordato firmado entre España y la
Santa Sede el 4 de diciembre de 1979. En cuanto al 0,7% del IRPF de asignación tributaria, pactado también en el
Concordato, recordar que el Gobierno Zapatero
subió el porcentaje del 0,5239% al 0,7%, quitando el pago mínimo que había
hasta entonces, a cambio de que la Iglesia empezara a pagar el IVA (hasta
entonces, se ahorraba 30 millones al año), una imposición de la Comisión
Europea a España. Actualmente, la
Iglesia católica ingresa con la X del IRPF unos 250 millones al año y lleva acumulados ya unos ingresos por este impuesto de unos
6.600 millones de euros, entre 1980 y
2018.
En 2017, el 12% de
las declaraciones de renta (2,4 millones de contribuyentes) señalaron
la X de la Iglesia católica, según Hacienda, aunque la Conferencia Episcopal eleva esta cifra a 7.364.502 contribuyentes, el
33,30% del total, porque suma también
los contribuyentes que señalaron la casilla de asignación “a la Iglesia católica y a fines sociales”, concepto que incluye las
ayudas que luego se dan a Cáritas y Manos Unidas. Pero hay un hecho cierto: hoy,
son muchos menos los contribuyentes que
señalan sólo la casilla de la Iglesia
católica en el IRPF: ese 12%
citado es casi la mitad del 21,7% que
la señalaban en 2007, según Hacienda. Y lo mismo en el dinero destinado a este fin: si en 2007, la
asignación de los contribuyentes a la Iglesia suponía el 28,5% de la cuota
líquida, en 2017 fue el 17,2%, según Hacienda. Eso sí, la Iglesia no nota tanto la caída en la asignación tributaria
(del 47,4% del total en 2007 al
42,2% en 2017) porque se lleva parte
del aumento que ha sufrido la asignación “a la Iglesia y a fines sociales” (del
15,6 al 27%) y “a fines sociales” (del 33,3 al 33,5%), gracias a lo que recibe
a través de Cáritas y Manos Unidas.
Vistos los ingresos (1.386
millones, de los que 924 millones
corresponden a las Diócesis), vayamos a los
gastos de la Iglesia, 908, 04
millones, según su Memoria 2017: un 23% lo gastan en “acciones
pastorales y asistenciales” (210,95 millones), un 19% a pagar al clero (174 millones para sus sueldos, lo que daría 700 euros al mes en 14 pagas, más el
coste de su Seguridad Social, otros 17,6 millones), un 13% a pagar al personal seglar de la Iglesia (118,94 millones), un 8% a centros de formación (70,31 millones),
un 9% a “gastos extraordinarios” y el
28% restante, la mayor partida de gasto, para
conservación de edificios y gastos de funcionamiento de todo el aparato de
la Iglesia (252,4 millones). Con ello, las cuentas de la Iglesia tienen superávit,
16,04 millones. Y dicen que el 80% de las 70 Diócesis españolas tuvieron superávit
en 2017 y sólo el 20% tuvieron déficit.
Ahondando en estas cuentas aparecen algunos gastos curiosos, como los 4,9 millones gastados en 2017 a “campañas
de comunicación y Plan de transparencia”, con los que la Conferencia Episcopal financia el canal de televisión 13TV, una TV
muy conservadora (escaparate del PP y Vox, con sólo un 2,6% de audiencia) y un negocio
ruinoso (acumula 83,5 millones de pérdidas desde que nació en 2010), que se mantiene gracias a las aportaciones de capital y créditos de la
Iglesia católica (50,6 millones aportados hasta ahora por la Conferencia
Episcopal), superiores a lo que la Iglesia aporta a Cáritas (6,2 millones en 2017). Y también
es reseñable la aportación de 4,23 millones a la Universidad Pontificia de
Salamanca, junto a los 2,26 millones para pagar a los obispos y los 2,62
millones para el funcionamiento de la Conferencia Episcopal.
Hasta aquí, las
cuentas que publica la Iglesia católica española, pero las cuentas reales son
otras, porque la Iglesia recibe mucho más
de los 250 millones de la asignación
tributaria (el 0,7% del IRFP) y los 100
millones de asignación social que reciben Cáritas y Manos Unidas. En total,
la Iglesia católica recibe 11.600
millones de financiación pública al año, según la estimación de Europa Laica, cifra que incluye lo que se ahorra de
impuestos. La principal partida son 5.400
millones de ingresos públicos para
la enseñanza concertada religiosa (4.750 millones al año para 2.452 centros
concertados de enseñanza) y para pagar a
los 16.000 profesores de Religión (otros 650 millones anuales). Otros 2.000 millones son ayudas públicas a la
obra social y asistencial de la Iglesia.
Y 900 millones más para subvencionarles su actividad hospitalaria. Les llegan
también 300 millones para subvencionar distintos eventos religiosos (Fiestas, cofradías de Semana Santa…) y 10
millones más son para entidades específicas (como la Obra Pía de los Santos
Lugares). Otros 40 millones son para pagar a los capellanes que la Iglesia católica tiene en el Ejército, los hospitales, las cárceles y
las Universidades. Y hay una última partida importante: 600 millones más que reciben para el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario de la
Iglesia.
Un doble inciso sobre este tema del patrimonio religioso. Por un lado,
reseñar que el Estado, las autonomías y Ayuntamientos aportan cada año mucho dinero (nadie
publica la cifra exacta) para el mantenimiento, conservación
y rehabilitación de las iglesias, abadías, monasterios, conventos y catedrales
propiedad de la Iglesia (algo normal, ya que es un patrimonio cultural de todo el país) pero es la Iglesia la que lo gestiona, sin ningún control público, fijando
horarios, condiciones de acceso y quedándose con el importe de las entradas (sólo
en la Mezquita de Córdoba recaudan 8 millones anuales). Y por otro, no sólo la
Iglesia es titular de este rico patrimonio (en Francia, todos los templos,
incluida Nôtre Dame, son propiedad del Estado desde 1905) sino que, desde 1998,
la Iglesia católica española se ha dedicado a registrar miles de iglesias y ermitas, al amparo de una normativa aprobada por Aznar, enfrentándose a decenas de Ayuntamientos.
Y queda el tema de los
impuestos que no paga la Iglesia, no sólo el IBI, sino también otros
como la licencia de obras municipales (ICIO), plusvalías, sociedades,
patrimonio, IAE, transmisiones
patrimoniales y sucesiones. La exención de muchos de estos impuestos no viene del Concordato
sino de la Ley de Mecenazgo de 2002, que dejó exentos del IBI y otros impuestos a la Iglesia
católica y a numerosas instituciones sin ánimo de lucro, como Fundaciones,
partidos políticos, sindicatos, embajadas, otras comunidades religiosas o
federaciones deportivas. O sea, que no es un privilegio sólo de la Iglesia, aunque en su caso, debido a su inmenso patrimonio,
les
ahorra muchos impuestos: unos 700 millones al año en el pago del IBI y
otras tasas municipales (que muchos Ayuntamiento llevan años exigiendo) y 1.300
millones más en el resto de impuestos, según Europa Laica, que incluye estos dos conceptos en sus 11.600 millones de
aportación pública a la Iglesia.
Ante este panorama, el PSOE y Podemos propusieron en 2017 que el Tribunal de Cuentas auditara las
cuentas de la Iglesia. Pero la propuesta no salió adelante, por la mayoría del PP en ese Tribunal (7
frente a 5). Por ello, el PSOE y Podemos registraron después, con el apoyo de
Ciudadanos, en enero de 2017, una solicitud para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara el dinero público que
recibe la Iglesia. Pero dos años largos después, no se ha hecho nada.
La novedad es que
el Gobierno Sánchez propuso en octubre de 2018, en una reunión en Roma de la vicepresidenta Calvo con el
Secretario de Estado del Vaticano, dos
cambios importantes. Uno, acabar con
la exención del IBI para los bienes y edificios de la Iglesia que no están dedicados al culto
(como hoteles, restaurantes, centros de formación…), a través de un cambio en
la Ley de Mecenazgo. El otro, más de fondo, una revisión del Concordato de 1979, replantearse la relación
Iglesia-Estado actual, cuyo origen está en el Concordato firmado por Franco en
1953 y revisado por Suárez en 1979. Por un lado, hay estudiosos como Vázquez Vaamonde, que argumentan
que es “anticonstitucional” y “nulo de
pleno derecho”. Y por otro, el texto del propio Concordato plantea el
compromiso de la Iglesia de “lograr por sí misma los recursos suficientes para
la atención de sus necesidades”. Han pasado 40 años y, por mucho que ellos
digan con sus “cuentas oficiales”, la
mayor parte de sus ingresos son dinero público. Y encima, no les auditan las
cuentas.
La Iglesia católica española es una institución muy
poderosa, con gran penetración en la sociedad (aunque cada vez tenga menos
fieles: sólo 8 millones de españoles van a misa regularmente y 46.556, uno de cada cuatro matrimonios, se casa por la Iglesia), pero no puede vivir del conjunto de los
contribuyentes ni monopolizar las ayudas públicas frente a otras religiones
que han ganado importancia en España. Lo normal sería reducir su peso público
(somos un Estado laico, según la Constitución) y en los
Presupuestos, subvencionando los servicios importantes que presta
(educación, sanidad, asistencia y servicios sociales) pero dejando que el resto
de su aparato institucional lo financien sus fieles, no todos los españoles. A Dios lo que es de Dios.
