El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.

España: sigue la brecha Norte-Sur (y otras)

España crecerá este año un +2,9%, pero no todas las regiones crecerán tanto, destacando Murcia, Canarias, Baleares, Castilla la Mancha, Madrid y Cataluña, casi las mismas que más crecieron en 2024. Pero el grueso del crecimiento español (el 72% del total) lo aportan sólo 6 autonomías: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, las mismas que en el año 2.000. Y si tenemos en cuenta la población, lo que se produce por habitante, hay 7 autonomías productivas y ricas, 5 pobres (Andalucía, Extremadura y Canarias, Murcia y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) y otras 5 intermedias. Se mantienen las 3 Españas, como en el año 2.000 y como en el siglo pasado. Y dentro de cada autonomía, hay grandes desigualdades de renta entre provincias y municipios. Vamos, que el crecimiento sigue mal repartido, según donde uno viva. Habría que resolverlo, con un Pacto autonómico y local que incluya medidas económicas, fiscales y de financiación. Reducir la histórica “brecha” entre las 3 Españas.

                             Enrique Ortega

España espera crecer un +2,9% este año 2025 (menos del 3,5% de 2024), según las previsiones del FMI, la Comisión Europea y el propio Gobierno. Pero no todas las regiones crecerán igual: este año habrán crecido más la Comunidad Valenciana (+3,6%), Canarias (+3,5%), Murcia y Madrid (+3,3%), Baleares (+3,2%), Cataluña y Castilla la Mancha (+3,1%), según las previsiones de BBVA Research. Lo que tienen en común estas autonomías es el turismo y las exportaciones, así como el impulso de las inversiones públicas y los Fondos europeos, factores que también están detrás de los mayores crecimientos por autonomías en 2024: Canarias y Murcia (+3,7%), Castilla León y Castilla la Mancha (+3,4%), Galicia y la Rioja (+3,3%), Madrid y Andalucía (+3,1%).

Lo importante no es tanto lo que crece una u otra autonomía sino lo que aporta cada una al crecimiento español. Y aquí hay una gran desigualdad. El crecimiento se concentra en 6 autonomías, que aportan el 72,1% de todo el crecimiento (2024): Madrid (19,8% de todo el PIB español), Cataluña (18,9%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%), País Vasco (5,7%) y Galicia (5,1%), según el INE. Así que las 11 autonomías restantes (más Ceuta y Melilla) sólo aportan el 27,9% de todo el PIB español. Una concentración del crecimiento que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, las 6 autonomías más productivas aportaban el 71% del PIB. Madrid es la que más ha aumentado su aportación (del 17,5% al 19,8%), mientras Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana la han mantenido y ha caído algo la aportación del País Vasco y Galicia.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (316.241 millones de euros, el 19,8% del PIB total), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (301.894 millones de euros, el 18,9% del total), a la que sobrepasó económicamente en 2012. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), los menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.504.330 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.328.970 millones producidos), Francia (2.921.412 millones) e Italia (2.199.619 millones de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 14 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 32,633 euros por habitante (2024), frente a 39.870 euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 13 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta, Finlandia y Chipre. Producimos menos que ellos por habitante (y por eso somos “menos ricos”).

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2024 publicados por el INE en septiembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (32.633 euros en 2024) la integran Madrid (44.755 euros por habitante, un 37,1% superior a la media), País Vasco (41.016 euros, el 25,7% más), Navarra (39.076 euros, el 19.7% más), Cataluña (37.426 euros, el 14,6% más), Aragón (36.446 euros, el 11,6% más), Baleares (36.011 euros, el 10,3% más) y la Rioja (34.475 euros, el 5,6% más que la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (31.140 euros, el 95,4% de la media), Galicia (30.105 euros, el 92,2%), Cantabria (29.791 euros, el 91,3%), Asturias (29.658 euros, el 90,9%) y la Comunidad Valenciana (27.611 euros, el 84,6%). Y el resto componen la España pobre: Castilla la Mancha (26.588 euros, el 81,5% de la media), Murcia (26.592 euros, el 81,5%) y, sobre todo, Canarias (25.925 euros, el 79,4%%), Extremadura (25.227 euros, el 77,3%), Andalucía (24.566 euros, el 75,3% de la media), Ceuta (23.228 euros, el 71,2%) y Melilla (produce 21.128 euros por habitante, el 64,7% de la media), los dos “farolillos rojos”.

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 47,2%) y Andalucía el 56%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2024 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en la producción y riqueza de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Tras la mayor o menor producción por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más creció la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia y la inflación.

Esta desigualdad regional se arrastra también a las provincias (Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid son las que tienen más renta por habitante y Almería, Jaén y Huelva las que menos) y a las ciudades: entre los 12 municipios de más de 2.000 habitantes con más renta hay 5 de Madrid, 6 de Barcelona y 1 de Vizcaya) y entre los 12 con menos renta hay 9 de Andalucía, 1 de Toledo y 2 de Extremadura (ver listado). Y el País Vasco tiene un 90,9% de municipios con renta alta, el 68% en Navarra, el 49,3% en Baleares y el 40,4% en Cataluña, mientras Murcia tiene un 91% de municipios con renta baja, Andalucía un 82,7% y Extremadura el 81,2 % de sus municipios, según los últimos datos del INE (renta 2023).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 103.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta.

En resumen, vivimos en un país muy desigual desde hace décadas, donde el crecimiento y la riqueza se genera y se queda en las regiones más ricas. Una desigualdad que se traslada también a las provincias y a las ciudades. Urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población, su edad y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías más pobres, para reducir la brecha de productividad y riqueza en una o dos décadas. Hay que repartir mejor el crecimiento.

Las 2 Españas siguen ahí (desde 1977)

La grave crisis política en Cataluña, enquistada tras las elecciones del 21-D, no debería hacernos olvidar un problema más grave: que España tiene una preocupante desigualdad regional, con unas autonomías pobres y otras ricas que ofrecen distintos servicios públicos a los españoles según donde vivan. Que hay dos Españas. Y lo más grave es que son las mismas desde 1977, como demuestro aquí, tras bucear en las series históricas. Y que las diferencias entre españoles se han agravado con la crisis. Lo peor es que si no se toman medidas, esta desigualdad regional sólo se reducirá a la mitad dentro de 70 años, según el Banco de España. Así que, además de afrontar la crisis catalana, hay que resolver el problema de las 2 Españas, a otros 40 años vista. Y eso exige cambiar el sistema de financiación, los impuestos, el modelo económico y el autonómico. Y más solidaridad de la España rica con la pobre. Es otra gran asignatura pendiente de nuestra democracia.

enrique ortega

En 1977, los españoles estábamos ilusionados con la recién estrenada democracia y nos preocupaba sobre todo la política, no la desigualdad entre regiones. Pero ya entonces, las autonomías más pobres eran las de hoy: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia y Canarias, por este orden, con la menor renta per cápita, según puede comprobarse buceando en las estadísticas históricas 1850-2000 que recopiló el Banco de Bilbao (una joya). Y hoy, 40 años de democracia después, las autonomías más pobres son casi las mismas, con la sustitución de Galicia (que ya no está entre las pobres) por la Comunidad Valenciana, que ha pasado de casi rica a ser la sexta más pobre, según el ranking 2016 del INE de renta por hogar: Extremadura (21.671 euros), Andalucía (21.966 euros), Murcia (pasa del 4º al 3º puesto, con 22.425 euros), Canarias (sube del 6º al 4º, con 22.450 euros), Castilla la Mancha (mejora del 3º al 5º puesto, con 22.473 euros) y la Comunidad Valenciana (22.747 euros).

Si miramos las seis autonomías más ricas, pasa lo mismo: son casi las mismas hoy que en 1977. Ese año, las que tenían mayor renta por habitante eran, por este orden, Baleares, Madrid, Cataluña, la Rioja, País Vasco y Navarra, según las series históricas del BB. En el año 2.000, Aragón pasa a ser la más rica, con las demás detrás, pero en 2008, tras la Ley del Cupo (2002), el ranking cambia de líder y lo encabezan el País Vasco y Navarra, que siguen liderando la lista de las regiones con más renta por hogar en 2016, según el INE, por este orden: País Vasco (34.054 euros), Navarra (33.167 euros), Madrid (31.370 euros), Cataluña (31.339 euros), Baleares (30.859) y Aragón (28.019 euros). Cinco son las mismas que en 1977 y sólo cambia la Rioja (ahora la 7ª más rica por superarle Aragón).

Este es el resultado, el mapa de las 6 autonomías más pobres y las 6 más ricas, en 1977 y hoy. Un mapa donde la diferente renta es consecuencia de las diferencias económicas entre autonomías (diferente modelo económico, diferente estructura empresarial e industrial), que se ven en lo que produce cada una por habitante, el PIB por habitante. Y aquí se repite la historia: las que eran más productivas en 1977 son casi las mismas que las que lo son hoy. Y lo mismo las menos productivas, las que generan menos riqueza por persona.

Así, en 1.977, las 6 regiones españolas más productivas eran, según las series de PIB por habitante del BB, por este orden, Baleares, País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y la Rioja. Y resulta que, 40 años después, son casi las mismas, sustituyéndose Baleares (ahora la 7ª más productiva) por Aragón, según los datos que acaba de publica el INE: Madrid (produce 32.815 euros/habitante), País Vasco (31.784 euros/habitante), Navarra (30.006), Cataluña (28.225), Aragón (26.097) y La Rioja (25.317 euros/habitante). Y si miramos las menos productivas, tampoco hay casi cambios. En 1.977 eran Extremadura, Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Aragón y Castilla León, según las series históricas. Y en 2016, las regiones españolas que producen menos (PIB/habitante), las más atrasadas, son Extremadura (16.558 euros/habitante), Andalucía (17.790), Castilla la Mancha (18.849), Murcia (19.865), Canarias (19.821) y Asturias (20.855 euros/habitante), según el INE.

Esta mayor o menor producción de las regiones explica en gran parte que unas sean ricas y otras pobres, además de que revela que el desarrollo económico español no ha sido capaz de corregir las diferencias de crecimiento y productividad. De hecho, entre 1987 y 2016, la economía española creció un 93,5%, casi duplicó el valor de lo producido (PIB): hemos pasado de producir 569.833 millones de euros en 1987 a un PIB de 1.102.850 millones de euros en 2016, según este interesante libro de AFI sobre los cambios económicos 1987-2017. Pero no todas las regiones han crecido igual. Hay dos que han crecido muy poco: (+39,5% Asturias y +56,4% Cantabria, lo que explica su caída de renta estos años. Y otras tres que han crecido menos que el conjunto de España: Castilla y León (+64,2%). Y sin embargo, hay otras 7 regiones que crecieron más que el conjunto de España, sobre todo La Rioja (+110,13%), Murcia (+111,07%), Madrid (+119%), seguidas de lejos por Andalucía (99,8%), Canarias (+97,4%), Navarra (96,7% y Cataluña (96,05%).

Aquí se ve que en los últimos 30 años han crecido poco Galicia y la cornisa Cantábrica, más Castilla y León, y que el crecimiento se ha apoyado en el valle del Ebro, el arco Mediterráneo y sobre todo Madrid, que aporta mucho más a la economía española (del 16,2% del PIB en 1987 al 18,8% en 2016) y que se convertirá en la región que más produce en 2018, superando a Cataluña (que ha caído: de suponer el 19,75% del PIB español en 1987 al 18,9% en 2016).

Pero esta mayor o menor producción (PIB per cápita) y el distinto crecimiento no explican por sí solos las diferencias de renta entre regiones ricas y pobres, aunque sean el factor clave. Hay otros elementos que mejoran o agravan las diferencias, como el distinto modelo económico y el papel del Estado, tanto con su política de inversiones públicas (infraestructuras y servicios públicos) como con los impuestos. Y en la última década, no han ayudado mucho, porque los recortes han reducido a la mitad las inversiones públicas y los impuestos son cada vez menos redistributivos, porque en las últimas décadas ha aumentado el peso de los impuestos indirectos (IVA, especiales, tasas, transmisiones patrimoniales), que pagan todos por igual, y ha bajado el peso de los directos (el IRPF aporta sólo el 37% de la recaudación), que pagan más los que más tienen. Esto perjudica a las regiones más pobres, además de que la crisis ha reducido la recaudación del Estado, que puede gastar menos en las regiones pobres. Regiones que han recibido una gran ayuda de Europa: 81.000 millones de fondos europeos entre 1986 y 2017, de los que se han beneficiado sobre todo Extremadura (5.300 euros/habitante), Castilla y León (4.000), Galicia (3.800), Asturias (3.500), Castilla la Mancha (2.500) y Andalucía (2.400 euros/habitante), según el libro de AFI.

Un elemento clave para reducir las diferencias entre regiones ricas y pobres debería ser el sistema de financiación, que cuenta con un Fondo de compensación interterritorial. Pero el sistema de 2009 (aún vigente) no es justo, porque beneficia a unas regiones sobre otras y, sobre todo, porque de las 10 autonomías que salen ganando (reciben más de lo que aportan), sólo 3 son pobres, según los datos de Hacienda: País Vasco (recibe +2.483 euros/habitante al año sobre la media), Navarra (+1.563 euros), Cantabria (+347), La Rioja (+248), Extremadura (+233), Castilla y León (+169), Galicia (+111), Aragón (+107), Asturias (+78) y Canarias (+78 euros/habitante). Y lo peor es que entre las 7 autonomías perjudicadas por el actual sistema de financiación, porque reciben menos que la media (2.171 euros/habitante) hay 4 autonomías pobres: Comunidad Valenciana (recibe -373 euros/habitante al año), Murcia (-331), Madrid (-288), Andalucía (-256), Cataluña (-249), Baleares (-96) y Castilla la Mancha (-42 euros/habitante). Y si tenemos en cuenta las ayudas del Estado recibidas desde 2012 (créditos para pagar proveedores e intereses deuda), Cataluña y Baleares pasan al lado de las autonomías mejor financiadas, según un reciente estudio de Fedea.

Así que ya tenemos el mapa de los factores que configuran la España rica y la España pobre: modelo económico (más o menos industrias o servicios), desarrollo tecnológico, tipo de empresas, inversiones públicas y ayudas sociales recibidas, fondos europeos, impuestos y sistema de financiación. Factores que no han ayudado en 40 años de democracia para cambiar el mapa de España, donde pobres y ricos son casi los mismos. Y lo peor, han aumentado las diferencias de renta. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró en el año 2.000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si un vasco tenía una renta 1,65 veces la de un extremeño en 2008, en 2016 su renta es 1,72 veces mayor. Y la renta por persona de las regiones ricas (18.914 euros en País Vasco, 18.291 en Madrid, 17.904 en Navarra o 16.908 en Cataluña) es casi el doble que en las regiones pobres (10.981 euros en Extremadura, 11.466 en Andalucía, 11.466 en Murcia o 12.067 en Castilla la Mancha), según el INE.

Un fracaso, tras 40 años de democracia. Y más cuando hay 7 regiones españolas que, después de 30 años largos en Europa, siguen por debajo del 75% de la renta media europea: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Lo peor es que si no se toman medidas, estas diferencias entre las regiones españolas sólo se reducirán a la mitad dentro de 70 años, según un estudio del Banco de España.

¿Qué se puede hacer? No hay una “receta milagro” para reducir las desigualdades entre regiones y con Europa. Hay que actuar en varios frentes y los resultados tardan décadas en verse. Por un lado, es urgente reformar el sistema de financiación autonómica, que se debía haber cambiado en 2014 y que Montoro ofrece pactar este primer trimestre. Hay que conseguir un mayor equilibrio, para que no haya regiones “perdedoras” y reforzar el Fondo de compensación interterritorial, para ayudar más a las pobres a costa de las ricas (diga lo que siga Cataluña). Sin olvidar corregir el privilegio fiscal de Navarra y el País Vasco (el cupo vasco, recién prorrogado hasta 2021 por PP, PSOE y Ciudadanos, les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), ahora que no existe el chantaje de ETA. Y, sobre todo, hace falta asegurar más recursos a las autonomías, porque tienen muchas competencias y les faltan ingresos. Y eso sólo puede hacerse a costa de reducir la parte del Estado: hoy recauda el 50% del total, 35% las autonomías y 15% los Ayuntamientos y habría que pasar a un 40/40/20 al menos. Esa debería ser la base fiscal de un Estado federal como al que aspiramos.

En paralelo, el Estado central tiene que reforzar su papel reequilibrador, con las inversiones públicas y los impuestos, tratando de mejorar la estructura económica y social de las regiones más pobres, compensando lo que “el mercado” desequilibra. Sería bueno que toda la política pública y todas las decisiones del Gobierno analizaran sus efectos sobre la desigualdad regional, para tender a corregirla con cada euro que se gaste. Y lo mismo en la política educativa, tecnológica, industrial o en las políticas sociales.

Y un tercer frente clave es homogeneizar los servicios públicos, porque no es de recibo que cada autonomía gaste distinto (más las más ricas) en sanidad, educación, Dependencia o servicios sociales y los españoles tengan unas prestaciones distintas según donde vivan. Cuatro ejemplos. Si uno enferma, mejor que sea en el País Vasco (su sanidad recibe 90 puntos sobre 114 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública), Navarra (90 puntos), Aragón (82) o Asturias (79) que en Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59), Cataluña o Andalucía (60 puntos). Si un joven necesita beca para estudiar en la Universidad, mejor en Andalucía (2.556 euros) que en Madrid (1.706 euros). O si un anciano dependiente necesita ayuda, mejor en Castilla León (donde casi no hay esperas) que en Cataluña (84.181 ancianos en espera). Y si uno es pobre, mejor serlo en Navarra (recibe 648 euros al mes de renta mínima) que en Murcia (300 euros). Y podrían ponerse cientos, incluidos algunos tan graves como los distintos criterios a la hora de financiar fármacos contra el cáncer.

Como se ve, la democracia y la modernización del país no han sido capaces de reducir las desigualdades básicas entre regiones y ahí siguen las dos Españas, como en 1977. Y encima, la descentralización de competencias hace que los servicios públicos no sean iguales para todos, algo que no pasaba en 1977 (el Estado del Bienestar era mucho más corto, pero más homogéneo en toda España). Dos graves problemas que deberían ser una de las asignaturas pendientes de todos en las próximas décadas. Para que dentro de 40 años, nadie pueda escribir que hay dos Españas y que son las mismas que hoy. Amén.

Cataluña: la economía es clave, de principio a fin

El nacionalismo es un sentimiento atractivo para muchos jóvenes catalanes, pero su origen está en los intereses económicos de una burguesía que, desde el siglo XIX hasta hoy, defiende privilegios frente a España. Y en los 30 años que los nacionalistas han gobernado Cataluña, prefirieron pactar (con Aznar y González) y luego defender un “pacto fiscal” a la vasca: sólo desde hace 5 años son independentistas. Pero ahora, una economía globalizada hace que una Cataluña independiente sea “un mal negocio”: los catalanes vivirían peor durante generaciones. Y también los demás españoles. Les guste o no, el independentismo no es moderno ni progresista ni económicamente viable. Si no se frena, Cataluña perderá empresas, comercio, turistas, riqueza y empleo. Habrá que buscar  soluciones también en la economía y en la financiación, pero sin que Cataluña consiga privilegios. Porque sigue habiendo 2 Españas, más alejadas hoy que hace 30 años. Arreglarlo pasa por la solidaridad de la España rica (Cataluña) con la pobre. Eso sí es innegociable.

 

“La pela es la pela”. La economía tiene mucho que ver con la relación y los desencuentros históricos de Cataluña y el resto de España. Empezando porque la peseta (del catalán peceta, diminutivo de peça), la moneda española desde 1868 hasta el 2001, se acuñó por primera vez en Barcelona en 1808. Ya durante todo el siglo XIX y primera parte del XX, la burguesía catalana se peleó con los distintos gobiernos de España para defender su industria y su comercio de ultramar, a golpe de aranceles (impuestos a los productos extranjeros), que hicieron que el resto de España pagara más caros los textiles catalanes (o los metales vascos). Y esa misma burguesía catalana se echó en brazos de Primo de Rivera para que su dictadura (1923-1930) asegurara la paz laboral en sus empresas y los aranceles más altos de Europa. Durante los primeros años de la guerra civil, el nacionalismo catalán fue una rémora para la República y luego se desdibujó durante la larga dictadura franquista, sin dejar de hacer negocios. En 1959, Jordi Pujol fundó Banca Catalana y su fiasco en 1982 provocó el primer gran rescate bancario: nos costó 2.000 millones de euros a todos los españoles.

Con la democracia, el nacionalismo catalán llegó al poder durante 30 años y en ese periodo asentó su ideología (básicamente económica) gracias al poder de las instituciones, los medios de comunicación públicos y la enseñanza (la lengua y la historia). Y defendió sus intereses “colaborando” sin pudor con los gobiernos de España. En junio de 1993, Ciu apoyó la investidura de Felipe González, a cambio de quedarse con el 15% del IRPF, más transferencias e infraestructuras. Y en mayo de 1996 apoyó la presidencia de Aznar (que “hablaba catalán en la intimidad”), a cambio del 30% del IRPF y más prebendas. En 2002, Artur Mas dice en un libro autobiográfico que apuesta “por la España plurinacional”. Y, tras el Estatuto de Autonomía de 2006, se reconoce como “un nacionalista tolerante y moderno pero integrado en el conjunto de España”. Pero como siempre, los nacionalistas quieren más y plantean, ya en 2012 y a Rajoy, el “pacto fiscal”: ser como el País Vasco, recaudar todos los impuestos y luego pagar al Estado central por los servicios que presta.

Pero Rajoy dice no. Y antes, lleva al Constitucional el Estatuto de autonomía catalán aceptado por ZP y la mayoría del Congreso, que es descafeinado por el alto Tribunal. A partir de estos dos rechazos, Mas y el nacionalismo catalán se radicalizan. Pero en octubre de 2012, todavía Mas decía: “No nos conviene plantear las cosas en términos de independencia total, ya que desapareceríamos de Europa y del euro”. En las elecciones de noviembre de 2012, Ciu se da un batacazo y tiene que gobernar con Esquerra (ERC), que impuso un referéndum para 2014. Y en las elecciones de 2015, Ciu vuelve a darse otro batacazo y necesitó para gobernar a otro grupo independentista radical, la CUP, unos anticapitalistas que apoyan a Puigdemont, a pesar de que los nacionalistas son la derecha más clásica: con Ciu en el poder, Cataluña ha sido la autonomía que ha hecho más recortes (un 20% del gasto desde 2010) y donde se han dado más casos de corrupción política (con el 3% de “mordida” para financiarse CiU).

A partir de aquí, el nacionalismo catalán se radicaliza y se multiplica en la calle, no por casualidad sino con la ayuda de dos poderosas organizaciones “ciudadanas”, financiadas por la Generalitat, Esquerra y la burguesía catalana: Ómnium Cultural (creada en 1961 por empresarios nacionalistas) y Asamblea Nacional de Cataluña (próxima a Esquerra y presidida hasta 2015 por Carme Forcadell, ahora presidenta del Parlament), las dos muy protagonistas del referéndum ilegal del 1-0 y de todas las acciones en la calle, con la ayuda de la CUP (unos anarquistas de nuevo cuño, extrañamente unidos a la burguesía catalana). Todos tratan de aprovechar una cierta “oleada de nacionalismo”, que ha prendido entre la juventud y en muchos catalanes, al calor de la manipulación histórica y sin tener en cuenta que el nacionalismo no ha servido estos años para mejorar la vida de los catalanes, de lo que “culpan a España”.

Su argumento es que “España nos roba”: Cataluña pierde 16.000 millones y si fuéramos  independientes, podríamos vivir como Dinamarca. No es verdad, como demuestra José Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. El sistema de financiación actual es mejorable, pero busca que las autonomías más ricas paguen más que las pobres. Y así, Cataluña tiene un saldo negativo de -9.892 millones (2014), el 5% de su PIB, según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.. Pero hay también otras 3 autonomías con saldos fiscales negativos: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% PIB). Y no piden independizarse, sino que cambie el sistema de financiación. Lo que no dicen tampoco los independentistas es que Cataluña es una de las regiones del mundo con más autonomía, tanto en competencias asumidas como en  autonomía fiscal: recauda el 23,1% de sus ingresos, más que los Länder alemanes (21,3%) o los Estados en USA (20,9%).

La gran mentira del nacionalismo es que en una Cataluña independiente se viviría mejor. Y aquí aparece otra vez la economía: la independencia de Cataluña es “un mal negocio” para los catalanes (y para el resto de España). Ya se ha empezado a ver, con la fuga de unas 1.200 empresas y bancos desde el 1-0, la pérdida de turistas (-15%, según Exceltur), la caída en las ventas de coches (entre el 30 y el 40%) y en comercios (-20%ventas grandes superficies). Y no es porque presione el Gobierno de España, sino porque las empresas y los bancos buscan estabilidad y seguridad, saben que la independencia les resta posibilidades de vender y crecer y les deja sin el paraguas europeo. El problema es que ahora se van las sedes, pero si el conflicto se enquista, se pueden ir las factorías y el empleo. La ruina.

El problema de fondo es que, con Europa y la globalización, una Cataluña independiente no es viable económicamente. Esa es la realidad que no ven los independentistas de buena fe. Y eso, básicamente, porque si se declara independiente, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Lo han dicho una y otra vez los dirigentes europeos (la última vez, en la reciente Cumbre europea), pero además está escrito en un dictamen del 12 de abril de 2013 del Comité de las regiones de la UE (ver aquí punto 64): si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime”. Que no aprobaría España, ni tampoco paises con problemas nacionalistas, como Francia, Italia o Reino Unido. En Europa hay 200 lenguas diferentes y como ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, “bastante difícil es gobernar una Unión a 28 como para hacerlo con 98 países”.

Y quedar fuera de Europa y del euro sería un drama económico para Cataluña. Primero, porque el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia, impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos, para evitar una fuga masiva de capitales, dado que los depósitos ya no estarían protegidos por el BCE (que tampoco financiaría a los bancos con sede en Cataluña: por eso se han ido). Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro, como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente para poder competir, disparando la inflación. Y todos los productos catalanes se encarecerían, al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y de Europa, lo que reduciría las ventas de las empresas catalanas y su empleo.

Pero hay más. Cataluña perdería los fondos europeos (1.400 millones de euros previstos para 2014-2020) y las inversiones del Banco Europeo de inversiones (BEI). Y gran parte de impuestos, que las empresas fugadas pagarían al Gobierno español, que ya no les cedería la mitad del IRPF y otros ingresos. Además, Cataluña tendría que hacer frente a su deuda (75.443 millones de euros en 2017), sin recibir financiación ni ayuda de España como ahora (desde 2012, Cataluña ha recibido más de 70.000 millones de euros en préstamos de la Hacienda española, el FLA), lo que estrangularía sus cuentas, con graves problemas para financiarse en los mercados. Y los pensionistas tendrían problemas para cobrar sus pensiones, ya que Cataluña debería afrontar sola el déficit que tiene la Seguridad Social allí (-4.963 millones) y que hoy se cubre con la hucha de las pensiones y el Presupuesto español.

Se mire como se mire, la independencia es “un mal negocio” para Cataluña. Y también para el resto de España: perderíamos el 19% de la economía, la más dinámica, la que más exporta y crea más empleo. Ya nos está afectando, porque hay inversores europeos y norteamericanos preocupados por la situación en España debido al “problema catalán”. Y más cuando Rajoy no consigue apoyos para presentar el Presupuesto 2018, lo que ha obligado a prorrogar el Presupuesto 2017. Además, la tensión con Cataluña ya provoca que al Tesoro español le cueste más financiarse, colocar la deuda pública: un sobrecoste de 23 millones de euros en la última subasta del jueves. El Gobierno cree que esta incertidumbre política nos restará crecimiento en 2018 (-0,3% del PIB), lo que se traducirá también en menos empleo (el 30% del total se crea en Cataluña). Y si la situación se enquista, España podría crecer hasta 1,2% menos en 2018 (la mitad del 2,3% previsto), según la Autoridad Fiscal (AIReF).

La recuperación económica está en peligro por la crisis en Cataluña. Sobre todo porque la independencia sería un suicidio económico, para Cataluña y para toda España. Por si alguien lo dudaba, lo que ha pasado sólo en octubre lo demuestra. Y lo peor está por venir: empresas que cambian sus factorías (¿Seat?), turistas que dejan de venir, inversiones que no cuajan, boicot a productos catalanes… Antes o después, algún catalán se quedará sin trabajo por el independentismo, por un nacionalismo que es una ideología caduca y reaccionaria, que defiende los privilegios de los más ricos (“pagar menos a España y que andaluces y extremeños se las apañen…”). Como los aranceles del siglo XIX pero ahora son los impuestos, el “pacto fiscal”. Algo que no acaban de ver los miles de jóvenes que sueñan con la independencia, un sentimiento que puede ser atractivo pero que choca con un mundo abierto y sin fronteras. Y que, de aplicarse, supondría que los catalanes serían más pobres en varias generaciones. Y lo sufrirían los de siempre: los trabajadores, los parados y los pensionistas, no la burguesía nacionalista.

Algo hay que hacer, pero todo apunta a que aplicar el artículo 155 de la Constitución es un parche obligado que no soluciona el problema, que va a enquistarse, quizás meses. Hasta que una mayoría clara de catalanes comprenda que la independencia es una mala salida y exija elecciones (¿en enero?) y otro Gobierno. Y entonces, habrá que negociar una salida, con medidas políticas, pero sobre todo económicas: qué nivel de ingresos va a tener Cataluña y cuánto va a aportar al resto del Estado. Porque esta pelea no puede traducirse en más privilegios, como ETA trajo el cupo vasco. Porque hay una realidad: Cataluña lleva 2 siglos entre las regiones más ricas, mientras Extremadura, Andalucía y Canarias llevan los últimos 40 años de democracia (y antes, varios siglos) siendo las más pobres : 12.660 euros de renta por persona en Cataluña en 2016 (y 14.345 euros en el País Vasco), un tercio más que los 8.398 euros en Andalucía, 8.674 de Extremadura y 8.702 de Canarias, según el INE. Y esas históricas diferencias de renta por persona sólo pueden resolverse con solidaridad fiscal, pagando más los que más tienen (aunque le pese a la burguesía catalana y a los que arrastran detrás).

Así que reforma de la Constitución sí, reforma de la financiación autonómica también, pero no para legalizar situaciones de privilegio, sino para conseguir una España menos desigual y más justa, donde la calidad de la educación, la sanidad, las ayudas a los pobres y dependientes, las infraestructuras o el empleo no dependan de dónde uno vive, como pasa ahora. Eso es lo que apoyan la mayoría de españoles, cuyo “derecho a decidir” debería estar por encima del “derecho a decidir” de una parte de España. O del chantaje de sus líderes nacionalistas, como tantas veces en nuestra historia. Hay que aprovechar el problema de Cataluña para configurar una España más integrada y menos desigual. Acabar de una vez con las dos Españas. Esto no es negociable.