Dependencia: un derecho pendiente tras 19 años

Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación, vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso, que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de vigencia de la Ley. Problemas causados por  la falta de financiación del Estado y las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero se cumplieron 19 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), que regula las ayudas públicas a los dependientes, en su mayoría mayores. Tras estos años, el balance de la Ley es agridulce, como reflejan dos datos: se han atendido a más de 4 millones de dependientes, pero 900.000 dependientes mayores han muerto sin recibir ninguna ayuda, por el retraso en los expedientes o en la concesión de ayudas y servicios. Los expertos consideran que la Ley de Dependencia nos ha concedido un nuevo derecho pero que está pendiente de ser efectivo, por falta de financiación, exceso de burocracia, escasa cuantía de las prestaciones y servicios “low cost” de baja calidad, que además son muy desiguales por autonomías, según donde vivan los dependientes.

El gran problema de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre 2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías. En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130 millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del gasto medio que hacen los paises europeos, según los Directores de Servicios Sociales (DGSS).

Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia (el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50% (en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025, hubo 9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados: Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3), Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias (-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015 euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco (6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045), Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña (5.918 euros/habitante).

Ante una escasa financiación, mientras crecen los dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías (que gestionan la Dependencia)  llevan casi dos décadas utilizando 2 vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes: en 2025 había 1.677.042 dependientes atendidos con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.

Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes, multiplicando la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas: revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de 180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias), mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).

Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en 2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen reconocido. Es lo que se llama “el limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%), Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%). Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo), Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León (4%).

Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025, según el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan las ayudas o se las concedan: el reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran fracaso del sistema de Dependencia.

El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora 728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…). Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171 euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221 Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377 euros.

La 2ª ayuda más concedida es la teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55% de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia). Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”, en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.

Otro servicio que se concede es la ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes, lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia, mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón, 24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado III).

Seguimos con otros servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio: la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en 2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.

Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales (DGSS) dicen que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera de la Dependencia.

En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados. Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los Directores de Servicios Sociales hacen varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia (aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia, reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más personal y mejores salarios.

Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026 se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir  a cero en dos años las listas de espera (el “limbo” de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor seguimiento y control.

En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque la población española envejece y aumentarán año tras año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda, pero en 2050 habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

Los "boomers" no somos unos privilegiados

Se ha puesto de moda entre la derecha, expertos neoliberales y sus medios afines defender que los “boomers” (mayores 61 años) son unos “privilegiados”, porque tienen vivienda, patrimonio y “buenas pensiones”, en perjuicio de sus nietos (“Generación X”: 20-24 años) y sus hijos (“Millenials”: 25-44 años), que viven peor que ellos. Plantean un “conflicto generacional” y proponen recortar el gasto en pensiones para ayudar a los jóvenes. Es un falso debate. Primero, porque los mayores no somos unos “privilegiados”: muchos están en paro, sin encontrar empleo a partir de los 50 y sin poder jubilarse, con la mitad de las pensiones por debajo del salario mínimo y con una larga vejez donde faltan ayudas a la Dependencia. Pero sobre todo, porque los mayores han cotizado y ahorrado durante décadas para tener casa y pensión. Y la grave situación de los jóvenes no se arregla recortando pensiones, sino volcándose en su educación y formación, en políticas activas de empleo y en promover viviendas. La “guerra generacional” entre jóvenes y mayores es una falsa solución.

        Mayores 60 años: EREs, paro larga duración, pensiones bajas y pocas ayudas dependencia

Empecemos por saber cuántos “mayores” (no hay por qué usar el anglicismo “boomers”) hay en España. En el último Censo (1 octubre 2025) se contabilizan 13.380.282 habitantes con 60 y más años, el 27.06% de la población total (49.442.844). De ellos, 3.382.103 tienen entre 60 y 64 años, 2.915.361 con 65 a 69 años y los 7.082.818 habitantes restantes tienen entre 70 y más años (19.491 personas con 100 años o más), según el INE. Esta cifra de “mayores” supone un fuerte aumento desde principios de siglo, por el progresivo envejecimiento de la población en España: en el año 2.000 había 8.766.511 mayores (60 años y más), el 21,64% de la población, pasando a 11.079.928 mayores en 2015 (el 23,76%) y los 13.380.282 de ahora, 4,6 millones más de mayores que al inicio del siglo.

De estos 13,38 millones de mayores (60 y más), la mayoría están hoy “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo): son 11.074.000 mayores inactivos, según la EPA, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64 años son sólo 1,26 millones). Pero hay 2,5 millones de mayores que trabajan o están en paro, sobre todo entre 60 y 70 años (con más de 70 años hay casi 70.000 mayores “ocupados”, según la EPA).

En total, hay 2.208.900 mayores (60 y más) trabajando, algo menos del 10% (9,86%) del total de ocupados en España: 1,780.600 trabajan con 60 a 64 años, 358.900 con 65 a 69 años y 69.400 trabajan con 70 años y más. Con todo, su tasa de empleo (ocupados/activos) es baja: trabajan el 26,8% de los activos, la mitad que en el conjunto del país (66,82% de tasa de empleo). Sin embargo, el empleo de los mayores ha aumentado más tras la pandemia  (+1.201.900 empleos creados desde 2019 entre mayores de 55 años) que entre los menores de 30 años (+701.800 empleos para jóvenes de 16 a 29 años), según la EPA, debido a que los mayores se han lanzado más a buscar trabajo estos años, sobre todo las mujeres.

Estos trabajadores “mayores” tienen salarios más altos, salvo los que han encontrado trabajo en los últimos años (peor pagados), porque cobran más de antigüedad y pluses varios que los jóvenes. Trabajan sobre todo en los servicios (3.716.500 mayores de 55 años) y la industria (576.100), menos en la construcción (335.530) y la agricultura (198.400). Y son mayoritariamente asalariados (72,7% de los trabajadores con 60 años y más), aunque hay bastantes autónomos (24%).Su salario medio mensual era de 2.680 euros brutos en 2024, un 12,36% más que la media (2.385,6 euros) y un 25% más que el sueldo medio de los jóvenes de 25 a 34 años (2.131 euros), según el Decil de salarios de la EPA (INE).

Un problema de tener salarios más altos es que los trabajadores mayores suelen ser los primeros que pierden su empleo cuando la empresa ajusta plantillas. Así, en las dos últimas décadas, más de 1 millón de trabajadores mayores (+55 años) han sido “prejubilados” en múltiples EREs. En el último, de Telefónica, se plantea “prejubilar” a 5.040 trabajadores mayores de 55 años (de los 6.088 despidos que contempla el ERE). La estrategia de las empresas estos años ha sido clara: despedir a los trabajadores mayores y sustituirlos por jóvenes que cobran mucho menos. Eso hace que los trabajadores mayores (esos 2,2 millones que trabajan con más de 60 años) se sientan “muy vulnerables”, tras décadas de trabajo, aunque sus sueldos sean más altos que los de los jóvenes.

Y por eso, muchos mayores están en paro, concretamente 232.700 parados con 60 años o más (209.600 entre 60 y 64 años y 23.100 entre 65 y 69 años), según la EPA del tercer trimestre, aunque en realidad son 510.000 los parados con más de 55 años, una edad a la que ya resulta muy difícil encontrar trabajo. El problema de los parados mayores es que muchos tienen poca formación (el 53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen acabada la ESO) y dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto nivel de “edadismo”, de rechazo a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que "ya no volverán nunca a trabajar”, según una Encuesta de Adecco.

Esto se traduce en que los parados mayores llevan años en el paro, según la EPA: el 61% de los parados de 60 a 64 años llevan más de un año en paro (son 127.700 parados) y lo mismo el 55% de los parados de 65 a 69 años (son 12.700). Y eso supone que a la mayoría se les ha acabado el paro “contributivo” (el que les corresponde por lo que han cotizado) y tienen que malvivir con el paro “asistencial” para mayores de 52 años (480 euros al mes) hasta que se jubilen (si cumplen las condiciones para cobrarlo). La consecuencia es que más de un tercio de los parados que cobran subsidio asistencial (480 euros) son mayores de 60 años: 265.514 parados en octubre, el 34,5% del total. Estos mayores parados son el grupo más numeroso que cobra este paro asistencial y se han duplicado desde 2013 (entonces cobraban este subsidio la mitad de mayores en paro, 125.647).

Así que los mayores que están en paro cobran esos 480 euros hasta que pueden jubilarse. Y eso se les ha puesto más difícil en los últimos años, porque los distintos Gobiernos han penalizado la jubilación anticipada (hasta un 21% menos de pensión si se adelanta dos años: ver cuadro) . En consecuencia, estos mayores parados han de esperar hasta los 65 años para jubilarse o hasta los 66 años y 8 meses (si han cotizado menos de 38 años y 3 meses).

Y cuando los mayores se jubilan, su pensión tampoco es tan elevada, a pesar de que los defensores del “conflicto generacional” hacen demagogia con que las nuevas pensiones de jubilación son ya de 1.626 euros (media noviembre 2025), casi tanto como el salario mediano (2.001,4 euros en 2024,según el INE) y más que el salario medio bruto de los jóvenes menores de 24 años (1.372,8 euros brutos). Pero utilizar sólo este dato es hacer demagogia, porque la mayoría de las pensiones son mucho más bajas. Veámoslo.

A 1 de noviembre, la Seguridad Social pagó 10.420.231 pensiones y la pensión media fue de 1.316,69 euros mensuales. Pero casi la mitad de todas las pensiones (el 48,77%) fueron menores de 1.000 euros y el 58,52% fueron menores al salario mínimo (SMI: 1.184 euros en 2025). En cuanto a las pensiones de jubilación, el 38,83% fueron inferiores a los 1.000 euros y casi la mitad (49,22%) fueron menores que el SMI. Y las pensiones de viudedad son mucho más bajas: un 66,5% de las que se pagan son menores de 1.000 euros y las tres cuartas partes (74,3%) están por debajo del SMI. Así que “pensiones de lujo” nada…

Si hablamos de pensionistas en vez de pensiones, hay 9.425.383 mayores que las cobran hoy (1 millón más que hace 10 años), una media de 1.455,67 euros por pensionista (1.633,04 euros los hombres y 1.275,05 las mujeres), según la Seguridad Social. Y de nuevo, los datos son explícitos: la mitad de los pensionistas (el 50,51%) cobran menos del SMI (menos de 1.184 euros/mes) y otro 47,31% cobran entre el SMI y la pensión máxima (3.267,60 euros/mes), que sólo cobran hoy 207.045 pensionistas. Además, este porcentaje de bajas pensiones aumenta entre las mujeres (el 60,45% de las pensionistas cobran menos del SMI) y en algunas regiones: Andalucía (61% pensionistas cobran menos del SMI), Canarias (60,7%), Castilla la Mancha (60,6%) y Galicia (60,5%).

Con estas pensiones tan bajas (ojo: 1 millón de pensionistas cobran menos de 500 euros), no es extraño que muchos mayores malvivan, sobre todo porque gastan porcentualmente más en alimentación, sanidad y vivienda que la mayoría. De hecho, los hogares unipersonales de mayores (la mayoría, viudas que viven solas) tienen una de las tasas de pobreza más elevadas, el 25,8% (frente al 19,7% de tasa media de pobreza en España y el 16,9% entre los mayores de 60 años). Y aunque la mayoría de mayores tienen la vivienda en propiedad (el 88,6%, frente al 30% los jóvenes de 18 a 34 años), fruto de haberla comprado hace décadas con mejores precios y condiciones que ahora, hay un 7,5% de mayores que viven de alquiler y muchos de ellos se ven forzados al desahucio por las tremendas subidas que algunos propietarios y Fondos quieren aplicarles a sus antiguos alquileres. Así que no todos los mayores tienen patrimonio, ahorros e inversiones, que por otro lado son fruto de una vida de trabajo y de unas condiciones laborales mejores que las actuales. Además, muchos mayores utilizan sus ingresos y ahorros para ayudar a sus hijos a llegar a fin de mes: lo hacen el 37% de los mayores en España y más de la mitad en Madrid.

Pero los problemas de los mayores no terminan con su jubilación, mayoritariamente escasa. A partir de los 70 años, empeora su salud y eso aumenta sus gastos sanitarios, tanto en seguros médicos privados como en medicinas que no cubre el sistema (la “pobreza farmacéutica” afecta ya a 1.200.000 españoles que han tenido que dejar de tomar algún medicamento, porque no pueden pagarlo, muchos de ellos mayores). Y estos problemas de salud se agravan a partir de los 85 años, edad con la que la mitad de los mayores tiene enfermedades crónicas (según un informe de FEDEA) o no pueden valerse por sí mismos, son dependientes, lo que implica un gasto adicional para ellos y sus familias.

Precisamente, la dependencia de muchos mayores (el 10,9% presentan limitaciones graves para realizar sus actividades cotidianas) choca con la falta de recursos de la atención a la dependencia en España, que cumple 19 años en enero de 2026, tras atender a unos 4 millones de dependientes. Actualmente hay 1.750.070 españoles en situación de dependencia reconocida (la gran mayoría mayores), aunque sólo 1.595.451 reciben alguna prestación: la mayoría una ayuda económica mínima (de 171 a 385 euros/mes), bastantes teleasistencia y ayuda a domicilio (ojo: 38 horas al mes) y pocas para residencias (560 euros mes, un tercio de lo que cuestan). Y lo peor: hay 284.020 dependientes en lista de espera (para ser valorados o recibir ayudas) y como muchos dependientes tienen más de 80 años, bastantes mueren antes de recibir la ayuda: 25.060 han muerto así este año.

Tras este panorama, desde los mayores que trabajan o están en paro a los que cobran una pensión o son dependientes, no creo que pueda decirse que los mayores estén en una situación “privilegiada”. Y menos que hay que recortarles pensiones o ayudas, como defienden “expertos” neoliberales o la propia OCDE. España va a ser cada vez un país más envejecido y en 2050, un 30% de la población tendrá más de 65 años, lo que aumentará el gasto en sanidad, pensiones y dependencia, hoy escasas de medios y recursos.

Mientras, también es evidente es que los jóvenes españoles pasan por una mala situación (ver Blog lunes), tras sufrir tres crisis económicas consecutivas (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación de 2022-23 por la guerra de Ucrania). Y a pesar de su mayor formación, tardan en trabajar y encuentran empleos que son demasiado precarios y mal pagados, lo que dificulta su emancipación y formar una familia, fomentando su desinterés por la política y el debate social, lo que los lleva a posiciones antisistema y a apoyar políticas de ultraderecha. Pero este triste panorama no se resuelve con recortes a sus padres y abuelos, sino con políticas que pongan a los jóvenes en  su centro.

Y eso pasa primero por cambios en la educación, para que se reduzca el abandono escolar y mejore la educación, orientando los estudios hacia formaciones donde haya empleo, ahora y en el futuro. Y hace falta un Pacto social para que las empresas no abusen de los jóvenes y los integren en sus políticas laborales y de promoción, con contratos y salarios dignos. Y hace falta avanzar en la conciliación laboral y en políticas de ayuda a las familias con hijos, las que hoy sufren más para llegar a fin de mes. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite alquileres asequibles a los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades, algo que sólo puede asegurarse con una promoción urgente de viviendas públicas. Y hace falta poner a los jóvenes entre los objetivos prioritarios de todas las políticas públicas, integrándolos más en la sociedad.

Los problemas que tenemos no se resuelven con una “guerra entre generaciones”, con medidas “fáciles” que busquen “desvestir a un santo para vestir a otro”. Hay que repartir mejor el crecimiento y la mayor riqueza que tenemos. Y para eso es clave recaudar más (que paguen más las multinacionales, empresas, bancos y los ricos, que hoy pagan poco o evaden) y destinar esos mayores recursos a los que más lo necesiten (jóvenes y mayores), para afianzar unos servicios públicos deficitarios que no ayudan suficiente a los más vulnerables. Crecer y repartir mejor la riqueza, no enfrentar a jóvenes y mayores.

Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.

Menos trabajadores en 2050

La crisis demográfica es otro grave problema de este siglo, como la emergencia climática, del que apenas se habla. Y mientras, Europa pierde población y envejece, lo que hará caer el número de trabajadores. En España, habrá 2,55 millones de personas menos en edad de trabajar para 2050, lo que complicará la economía, la recaudación, las pensiones y los servicios públicos. El problema de fondo es la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, que provocarán una caída de 2,4 millones en los nacidos en España para 2050, aunque la población total será mayor que ahora (55 millones) porque “nos salvarán los inmigrantes” (8,2 millones de residentes más nacidos fuera de España). Por eso, la “propuesta” de Vox de expulsar a 8 millones de extranjeros no es sólo injusta y xenófoba sino también “una locura económica”: colapsaría el país. Urge un Pacto demográfico para subir la natalidad, apoyar más a las familias y organizar la inmigración a medio plazo. Un reto para la supervivencia de toda Europa.

Europa tiene un grave problema demográfico que provocará, en los próximos 50 años, una fuerte caída de la población y su envejecimiento, con la consiguiente bajada de la población en edad de trabajar, frenando su crecimiento y asfixiando sus economías, según las proyecciones de población hechas en 2020 por la Comisión Europea. Los datos son muy preocupantes: los 452,85 millones de europeos (UE-27) de 2024 aumentarán hasta 2026 (453,38 millones) y a partir de ahí, bajará la población, sobre todo a partir de 2035, para caer a 448 millones en 2050 y a 429,8 millones en 2074 (-23 millones de europeos dentro de 50 años). 

Una caída de población que se debe a la caída de la natalidad, acompañada del envejecimiento de la población (los mayores de 65 años pasará de ser el 20% al 30% de la población) y que provocará una caída del número de trabajadores: las personas en edad de trabajar pasarán de ser el 59% de los europeos en 2019 al 51% (de menos población) en 2070. Y eso se traducirá en menos crecimiento, menos recaudación, más gastos sanitarios y en cuidados y menos cotizaciones e ingresos para sostener las pensiones y los servicios públicos.

La caída de la población europea en los próximos 25 y 50 años será distinta por paises, según las proyecciones de Bruselas. Italia será el país que más población perderá: -1,38 millones entre 2024 y 2049 y -6,2 millones de habitantes entre 2024 y 2074. También perderán mucha población Grecia, Croacia y la mayoría de los paises del Este (especialmente Polonia y Hungría). Algunos paises (pocos) ganarán población: Dinamarca, Suecia, Irlanda, Chipre, Malta y Luxemburgo. Y el resto, en general perderán población, sobre todo a partir de 2050. Alemania perderá sólo -178.339 habitantes entre 2024 y 2049, pero serán -800.000 entre 2024 y 2074. Y Francia, que lleva décadas fomentando la natalidad y con muchos inmigrantes, será una excepción: ganará 2,4 millones de habitantes entre 2024 y 2049, aunque luego empeorará sus cuentas demográficas y sólo ganará 1,33 millones de habitantes entre 2024 y 2074.

España será otra excepción, ya que ganará población en los próximos 25 años, aunque la perderá en 50 años, según las proyecciones de la Comisión Europea (2020): ganará 2,5 millones de habitantes entre 2024 y 2049, pero al final perderá 700.000 residentes entre 2024 y 2074. Lo mismo les pasará (subir población hasta 2049 y luego bajarla) a Portugal, Paises Bajos, Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

Sin embargo, una proyección de población más reciente, la del INE de junio de 2024, apuesta a que España realmente ganará población en los próximos 25 y 50 años: pasaremos de ser 48.610.458 habitantes en 2024 a 54.834.632 habitantes en 2049 (+6.224.174 habitantes) y a estabilizarnos en 54.588.195 habitantes en 2074. Pero este aumento de la población total es “engañoso”, porque se debe exclusivamente a la entrada de inmigrantes. Los “nacidos en España” caen drásticamente :de 39.698.012 en 2024 a 37.331.032 (-2,36 millones) y a 33.309.658 en 2074 (-6,38 millones de nacidos en España). Y los “nacidos en el extranjero” residentes en España saltan de 9.379.972 habitantes en 2024 a 17.503.600 en 2049 (+8,1 millones de residentes) y a 21.278.537 nacidos en el extranjero en 2074 (+11,89 millones que en 2024). O sea, que para dentro de 50 años, se “pierden” 1 de cada 6 nacidos en España y se duplica con creces  el número de residentes que han nacido fuera de España.

Esta importante caída en la población “nacida en España” se debe, básicamente, al desplome de la natalidad en nuestro país: si a la muerte de Franco, en 1975, eran 2,8 los niños por mujer, en 2017 ya eran la mitad (1,3) y han caído a 1.15 niños por mujer en 2024, la 2ª tasa de fecundidad más baja de la UE-27, tras Malta. Y eso ha provocado que la población caiga  en España desde 2017 (30.772 muertes más que nacimientos), año tras año (-132.604 fue el saldo vegetativo en 2024). Y el INE espera que este saldo de población (nacimientos-defunciones) aumente en los próximos años: -120.636 pérdidas anuales entre 2029 y 2033, -259.991 al año entre 2049 y 2053 y hasta -319.890 de pérdida anual de población entre 2064 y 2068, con -296.039 de pérdida anual entre 2069 y 2073.

Estas pérdidas de población “nacida en España” se van a compensar, según las proyecciones del INE, con la entrada neta de inmigrantes en las próximas décadas. El saldo migratorio (entradas menos salidas de “nacidos en el extranjero”) pasará de 454.232 en 2019 a 787.195 en 2024, 407.477 entradas anuales entre 2029 y 2033, 287.000 anuales entre 2049 y 2053 y después, unas menores entradas (algo menos de 300.000 al año) entre 2054 y 2073.

Lo peor no es sólo que caiga  la población nacida en España sino que además, el conjunto de la población española (y europea) va a envejecer, porque la esperanza de vida ha aumentado mucho y seguirá al alza: de 73,44 años en 1975 a 83,47 en 2024 (+10 años) y 86,62 años en 2050 (84,44 los hombres y 88,91 las mujeres). Eso lleva a un mayor peso de los mayores (+ de 65 años), que pasan de ser hoy el 20% de la población al 30% en 2050 y décadas siguientes. En contrapartida, habrá menos jóvenes, con lo que se reducirán las personas en edad de trabajar, un problema grave para el crecimiento, la recaudación de impuestos y cotizaciones, poniendo en aprietos las pensiones y servicios públicos.

Lo más llamativo de la caída de la población nacida en España es la caída de las personas en edad de trabajar, la futura pérdida de trabajadores. Un reciente estudio de Randstad pone cifras a este preocupante problema: la población en edad de trabajar (15-64 años) caerá en España de 31.727.218 personas en 2025 a 29.170.592 personas en 2050 (-2.556.626 españoles en edad de trabajar). La mayor caída en la población que puede trabajar se dará a partir de 2035, cuando se jubilen los nacidos en el baby boom de los años 60, y sobre todo a partir de 2040 (cuando se jubilen los nacidos en los años 70).

Esta caída en la población en edad de trabajar se produce, de nuevo, entre los nacidos en España, que son los que tienen menos hijos. Así, los españoles de 20 a 64 años, en plena edad de trabajar han pasado de 24.489.040 en 2008 (el máximo) a 23.157.641 en 2020 y bajarán a 22.364.422 españoles en edad de trabajar en 2025  (-2,12 millones desde 2008). Y mientras, los residentes nacidos en el extranjero en edad de trabajar han aumentado de 4,67 millones en 2008 a 5,73 millones en 2020 y serán 7,51 millones en 2025 :+2,84 millones desde 2008, lo que ha permitido el crecimiento del empleo y la economía. Además, de esos 2,55 millones menos para trabajar que se espera para 2050, la mayoría ( 1,72 millones) será la pérdida de activos con menos de 54 años, los más productivos.

La disminución de la fuerza laboral en España (y en Europa) en las próximas décadas, provocará una mayor falta de trabajadores (de lo que ya se quejan ahora las empresas), una menor movilidad laboral y una menor productividad, mientras no habrá “relevo generacional” para muchas profesiones y empleos. En paralelo, el envejecimiento de la población aumentará el gasto en sanidad, cuidados y pensiones, mientras habrá menos trabajadores pagando impuestos y cotizando para financiar pensiones y servicios públicos.

¿Qué se puede hacer? Lo primero y fundamental es promover la natalidad, como lleva décadas haciendo Francia, el país que ganará más población hasta 2050. Eso obliga a un Pacto de Estado por la natalidad, que incluya múltiples medidas: ayudas por hijo (graduadas por edades e ingresos familiares), educación gratuita 0-3 años, medidas de conciliación laboral efectiva (con más guarderías en las empresas), política pública de cuidados a mayores y discapacitados (para liberar a las mujeres) y, sobre todo, un conjunto de políticas públicas para ayudar a las familias con hijos: facilitarles el acceso a la vivienda es clave.

Otra medida clave es atraer talento extranjero (jóvenes con formación tecnológica y digital) y fomentar la inmigración legal, sobre todo dirigida a la contratación en origen de trabajadores que faltan en España (campo, construcción, hostelería, cuidados…). Actualmente ya, la inmigración ha sido clave para el fuerte crecimiento de España tras la pandemia: los expertos estiman que la mitad del crecimiento del PIB español ha sido por el trabajo inmigrante. Los datos son esclarecedores: de los 1.891.000 empleos creados en España entre 2019 y 2024, casi las tres cuartas partes (1.351.000, el 71,44%) han sido ocupados por extranjeros (848.700) o trabajadores con doble nacionalidad (502.300, la mayoría latinoamericanos), según la última EPA. Y sólo en 2024, de los 468.000 empleos creados, sólo 59.000 fueron a trabajadores “nacidos en España…

Esto no debería alimentar la xenofobia, porque la mayoría de estos trabajos no son cubiertos por “españoles” porque no los buscan igual, porque suelen ser más precarios y peor pagados (en el campo, la hostelería, el transporte,  la construcción, el servicio doméstico o los cuidados de niños y ancianos). En cualquier caso, las proyecciones del INE son claras: para que España no pierda población, hacen falta más inmigrantes, al menos 6,38 millones en los próximos 50 años. Y si no vienen a España más extranjeros, faltarán trabajadores, porque los españoles en edad de trabajar van a caer drásticamente de aquí a 2050.

Por todo esto, no tiene sentido la propuesta de Vox de expulsar a 8 millones de inmigrantes, una medida no sólo injusta y xenófoba sino económicamente peligrosa, porque nos hacen falta inmigrantes para compensar la falta de jóvenes y mantener el crecimiento y los servicios. Eso sí, hace falta otro Pacto, por una inmigración legal y organizada: planificar a varias décadas los inmigrantes que necesitamos y adoptar políticas para buscarlos y atraerlos, no continuar con las llegadas descontroladas. Actualmente, somos 49.153.849 personas viviendo en España (1 abril 2025) y de ellos, un 14,13% tienen nacionalidad extranjera (6.947.711 residentes), aunque hay que matizarlo, porque 2,5 millones de ellos son europeos. Se trata de un porcentaje alto, pero similar al de otros paises europeos (Alemania, Francia) y “asumible”, porque los necesitamos. Otra cosa es planificar mejor la inmigración hasta 2050, sin xenofobia y asimilándola.

En resumen, que la caída de población es uno de los grandes retos del siglo XXI, junto a la crisis climática y la revolución tecnológica y digital. Y hay que afrontar ya los problemas que se nos vienen encima, sobre todo la caída de trabajadores mientras la población envejece, lo que supone una bomba de relojería para el crecimiento, las pensiones y los servicios públicos. No podemos esperar, porque las medidas a tomar (fomento natalidad, ayudas a la familia y planificación de la inmigración) tardan décadas en hacer efecto. Hagan algo ya.

Los mayores viven mejor

En abril, los jubilados han cobrado una pensión media de 1.503 euros mensuales, el doble de lo que cobraban en 2007 y un 32,5% más que hace 5 años. Las pensiones han subido mucho más que los salarios y la inflación, mejorando sustancialmente los ingresos de los mayores, aunque más de la mitad de los pensionistas cobran menos del salario mínimo. Las rentas de los mayores han crecido más que las del resto de españoles y más que las de los jubilados europeos, lo que les permite ahorrar y ayudar a sus hijos y nietos, apoyados además por tener la mayoría una vivienda en propiedad. Con todo, el problema sigue estando en los que tienen de 55 a 65 años, que tienen mucho paro y pocos ingresos, sobre todo los menos formados. Un estudio revela que mejorar la formación de los mayores es clave para su salud y calidad de vida. Algo clave en España, porque en 2050 habrá 16,68 millones de mayores, el 30% de la población.

                    Los mayores de 65 años serán el 30% de los españoles en 2050

El 1 de enero de 2025, vivían en España 10.183.437 personas mayores de 65 años (4,44 millones de hombres y 5,74 millones de mujeres), uno de cada cinco españoles (el 20,74%), según el último Censo del INE. Una cifra de mayores que se ha disparado desde 2008 (7.633.807 mayores, el 16,57%), por el aumento de la esperanza de vida. Y las previsiones del INE auguran que la cifra de mayores seguirá subiendo: 11.827.742 en 2030 (el 22,8% de la población) y 16.684.954 mayores en 2050 (el 30,4% de los habitantes).

Además del fuerte aumento de los mayores, otro dato relevante es que han sorteado las últimas crisis mejor que el resto de la población, gracias a la subida de sus pensiones. Y además, la renta de los mayores en España supera a la de los mayores del resto de Europa, según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: tienen una renta mediana de 19.320 euros (2023), un 6,4% más que los 18.152 euros de renta que tienen en la UE-27. Estas mayores rentas de los mayores españoles son aún mayores entre los que tienen estudios superiores: 30.864 euros de renta mediana  en España, un +18% que en Europa (26.072 euros). Y aún hay más diferencia entre los mayores con estudios medios; 23.134 euros en España, un +26% que en la UE-27 (18.364 euros). Y también hay diferencia (+5,1%), entre los mayores con estudios básicos: 16.807 euros frente a 15.980.

Dentro de España, los mayores son el colectivo que mejor ha soportado las últimas crisis, según otro estudio del Banco de España: los hogares encabezados por personas mayores de  75 años han mejorado sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros) y los hogares encabezados por personas de 65 a 75 años los han mejorado un +4,46% (de 29.100 a 30.400 euros). En cambio, los hogares encabezados por menores de 35 años han bajado su renta mediana un -8,2% (de 31.700 en 2020 a 29.100 en 2022, los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Y a partir de esa edad, han mejorado sus rentas: un +7,3% los hogares de personas de 45 a 54 años (de 34.300 a 36.800 euros) y un +0,55% (de 35.900 a 36.100euros) los hogares con el cabeza de familia de 55 a 64 años.

En definitiva, han sido los hogares jóvenes los que han perdido ingresos con la pandemia y la alta inflación, como consecuencia de que tienen peores trabajos y sueldos más bajos, además de beneficiarse menos de las ayudas aprobadas contra la inflación (que porcentualmente han ayudado más a los que más ganan). Y los mayores se han beneficiado más de estas ayudas y, sobre todo, de que las pensiones les han subido más que la inflación.

La revalorización de las pensiones ha sido del +21% entre 2019 y 2025, tras varios años en que sólo subieron un +0,25% anual (2014-2018). Una subida de las pensiones superior a la de los salarios (+18,6% han subido los salarios de convenio entre 2019 y 2025) y a la subida de la inflación (+18,7%), lo que ha permitido mejorar el poder adquisitivo de los mayores, básicamente de los que no tienen que pagar alquiler ni hipotecas. Y con ello, la pensión media de los 9.333.486 pensionistas (4.707.565 hombres y 4.625.885 mujeres) fue en abril de 1.309 euros mensuales, por encima del nuevo salario mínimo (1.184 euros en 2025). Y la pensión de jubilación, que cobran dos tercios de los pensionistas, superó en abril la barrera de los 1.500 euros mensuales (1.503,3 euros), lo que supone duplicar la pensión media de jubilación que se cobraba en 2007 (757 euros al mes) y un aumento del +32,5% sobre la jubilación media que se cobraba antes de la pandemia (1.135 euros).

La pensión media, global y de jubilación, ha crecido mucho, pero no podemos olvidar que hay muchos pensionistas con pensiones bajas y en mínimos. Así, en abril, más de la mitad de todos los pensionistas (concretamente 4.784.170, el 51,25%) cobraban de pensión menos del salario mínimo (menos de 1.135 euros mensuales), mientras otros 4.374.099 pensionistas (el 46,8%) cobraban entre el SMI y la pensión máxima (3.267,70 euros en 2025), según los datos de la SS. Y sólo 175.217 pensionistas (el 1,8%) cobran la pensión máxima. Una desigualdad de pensiones fruto del tiempo cotizado y los sueldos cobrados, que perjudican sobre todo a las mujeres, que cobran de media un -45,97% menos de pensión media (1.071,76 euros las mujeres frente a 1.564,53 euros los hombres).

Pero no es sólo que los mayores cobren más pensiones que antes y hayan mejorado su economía. Es que además, en los últimos años de su vida laboral, los sueldos de los mayores de 45 años son superiores a los de los jóvenes, porque tienen más empleos indefinidos y también por el mayor peso de la antigüedad. Así, a igualdad de estudios, el salario de los mayores es un +11,9% superior al de los trabajadores de 25 a 54 años. Y si tienen estudios superiores, es un 25% más alto, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Además, los mayores suelen tener su vivienda en propiedad (incluso una segunda alquilada) y eso les reduce costes (de alquiler e hipoteca, muy importantes ahora), aumentando sus ingresos reales. De hecho, un 84% de los mayores de 75 años tienen vivienda en propiedad y un 83,1% de los que tienen entre 65 y 74 años, mientras que sólo tienen piso propio el 31.8% de los menores de 35 años (lo tenían el 66% de esa edad en 2002), según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que refleja cómo el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 tienen piso propio frente a sólo el 45% de los nacidos después de 1985.

Otra diferencia importante es que los mayores tienen más dinero ahorrado que los jóvenes, gracias a que han trabajado muchos años, con mejores contratos y sueldos. Así, los mayores de 65 años tienen unos 37.000 euros de media en el banco, más del doble de lo que tienen los menores de 35 años (14.430 euros). Y eso tiene mucho que ver con los ingresos percibidos y la mayor o menor dificultad para llegar a fin de mes: tienen problemas el 23,2% de los españoles de 18 a 64 años y sólo el 15,9% de los que tienen más de 65 años.

Al final, los ingresos, el ahorro y las propiedades configuran la riqueza media de los hogares, que es muy diferente según la edad del cabeza de familia, como refleja el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Así la mayor riqueza media la acumulan las familias encabezadas por mayores de 75 años (454.700 euros de media), seguidos muy de cerca por las familias encabezadas por personas de 65 a 74 años (442.300 euros de riqueza). Y luego la riqueza neta va bajando con la edad: 352.900 euros entre 55 y 64 años, 257.300 entre 45 y 54 años, 191.100 euros entre 35 y 44 años y sólo 77.600 euros de riqueza los hogares encabezados por menores de 35 años. Y si lo miramos en perspectiva , los “abuelos” (más de 74 años)  han aumentado su riqueza un +19,2% desde 2017, mientras sus hijos (55-64 años) la han reducido un -1,5% y sus nietos (menos 35 años) la han aumentado un +44%...

Pero esta es la versión más positiva, la que refleja que muchos mayores viven mejor que antes de la pandemia. Pero hay otros “menos mayores” que sufren muchos problemas: los que tienen entre 55 y 65 años y no trabajan ni se pueden jubilar. En España hay 7 millones de personas en esta franja de edad y lo llamativo es que más de una tercera parte de estos “mayores” (55 a 65 años) ni trabajan ni estudian, un 38,1% son “ninis” (2.668.280 personas), un porcentaje mucho mayor que los “ninis” jóvenes (16,1% entre 25 y 34 años), según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Y son estos mayores (55 a 65 años) los que acaparan el 45% del paro de larga duración (más de un año), porque la mayoría de las empresas no les contratan (ni les forman cuando trabajan: prefieren formar a los más jóvenes). Y la mayoría de estos mayores “sin salida” son mujeres, muchas poco formadas.

Otra conclusión del estudio sobre los mayores de la Fundación BBVA e Ivie es que la formación es clave para que los mayores vivan sanos y mejor. Por un lado, los mayores ingresos de los mayores españoles ya conducen a que vivan más años sin discapacidad que los mayores europeos, según la Encuesta Europea de Salud: 10,5 años a partir de jubilarse en España frente a 9,7 años de media en la UE-27. Pero además, en la salud de los mayores influye mucho el nivel educativo. Así, los datos revelan que los mayores de 65 años con estudios superiores tienen menos sobrepeso y obesidad (sólo el 54,1%) que los mayores que tienen sólo estudios primarios (63,6% son obesos). Y también hacen más ejercicio (36,1% los que tienen estudios superiores y el 30,9% si tienen estudios primarios). Además, el estudio revela que a más formación, más movilidad y menos problemas para cuidarse solos (el 56% de los que tienen educación primaria y el 25,6% con estudios superiores). Y lo mismo con las enfermedades crónicas: bajan entre los mayores más formados.

Además de influir sobre la salud, la formación también afecta al bienestar emocional y a las relaciones de los mayores: el estudio revela que se sienten más “excluidos” de su entorno los mayores (de 55 años) con estudios primarios (el 8,8%) que los mayores con estudios superiores (sólo 4% se sienten excluidos). También los más formados se sienten menos solos  (21,5% frente al 32,4% los menos formados), tienen más relaciones con amigos y apuestan más por un “envejecimiento activo”: más actividad física y deportiva, más participación en actividades culturales y más tareas de voluntariado.

En definitiva, este estudio revela algo que hasta ahora no se tenía en cuenta: que el bienestar de los mayores no sólo está ligado a sus ingresos sino que su salud y bienestar mental está muy relacionado con su formación: cuanto más formado esté un mayor (ya desde los 55 años) más sano envejecerá y menos problemas de salud y dependencia tendrá. “Mens sana in corpore sano”, que dijo Juvenal. Por eso, el estudio propone mejorar la formación de los mayores (a partir de los 50 años), tanto para que se reciclen y no pierdan sus trabajos (o se coloquen si están parados) como para mejorar su envejecimiento, con una jubilación más sana. Esto llevaría a aprobar un Plan integral de formación de los mayores, no sólo en habilidades digitales sino en una formación multidisciplinar, sobre todo para aquellos que en su día no pudieron completar su educación básica.

Vamos camino de una sociedad envejecida, donde casi un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050. Eso exige seguir financiando las pensiones, porque estos millones de personas no tienen otra fuente de ingresos y son claves para ayudar a hijos y nietos. Hay que rechazar los argumentos de que las pensiones “están ya demasiado altas” mientras los jóvenes no pueden independizarse. Son dos cuestiones distintas: hay que apoyar a los jóvenes, con trabajos decentes y alquileres accesibles, pero sin enfrentarlos con los mayores y sus pensiones. Y, sobre todo, hay que prepararse para atender a 16,68 millones de mayores en 2050, desde la financiación de las pensiones y la dependencia a su salud y bienestar, para lo que ayudaría formarles más, con más recursos públicos. No sólo asegurarles pensiones decentes, sino hacerles sentir vivos y útiles.