España estrena
esta semana un Gobierno bastante
solvente que se presenta sólo para unos meses (¿cuántos?). Pero
los problemas del país no se resuelven a corto plazo, son de
fondo y se han enquistado estos 2 años
sin reformas: paro, empleo precario, salarios,
pobreza y desigualdad, pensiones, suicidio demográfico, vivienda, sanidad,
educación y formación, Dependencia, Ciencia, innovación, reindustrialización, reconversión
del turismo, exportación, financiación autonomías, nuevo modelo económico… Urge tomar medidas, las más necesarias,
sin politiqueos, apoyadas por una mayoría sensata. Aquí propongo un paquete que costaría
10.000 millones. Y por supuesto, la
forma de recaudarlos. Luego, para 2019, pactar un Presupuesto con más
reformas y más recaudación. Y así, en mayo o en octubre de 2019 podríamos ir a
unas elecciones sin haber perdido un año,
con lo más urgente encauzado. Dejen
de hacer cálculos políticos a corto y arrimen el hombro, todos,
para mejorar ya la vida de ese 70% de españoles que no notan la recuperación.
Suerte.
Rajoy nos ha
dejado una economía que crece y crea empleo (precario y mal pagado), gracias
sobre todo a la ayuda exterior en
estos años (que ahora Sánchez la tiene en contra): bajos precios del petróleo, euro débil, dinero al
0% de interés y una recuperación internacional y europea que han empujado las
exportaciones y el turismo. Pero los
problemas económicos de fondo siguen ahí, enquistados por no haberlos afrontado
desde hace ya dos años, tras las elecciones de 2016. Y ahora, el reto, no de Sánchez sino de España,
es afrontarlos desde ya o poner
unos parches más hasta las próximas elecciones, justificándose en que
el Gobierno es débil (84 diputados) y la oposición ansía poner ya las urnas
para llegar a la Moncloa. Otra vez más, confunden lo que es bueno para la economía y la mayoría de españoles (el 70%
no notan la recuperación) y lo que es
bueno para los políticos.
El primer gran reto
de España es el paro. No sólo porque
sea el mayor problema de los españoles, según todas las encuestas del CIS, sino porque la cifra es muy preocupante, a pesar del triunfalismo
de Rajoy: tenemos 3.796.100 parados estimados por la EPA
(y muchos más que ni se animan a buscar trabajo, hoy “inactivos”), el 16,74% de la población en edad de
trabajar, más del doble que Europa (7,1%
en la UE-28) y cinco veces el paro de
Alemania (3,4%), según los últimos datos de Eurostat (abril 2018). Encima, el paro alcanza ya a 1 de cada 3
jóvenes españoles (34,4% de paro entre los menores de 25 años), el doble que en
Europa (17,2%) y casi seis veces el paro juvenil alemán (6%). Y por si fuera
poco, el paro en España se ha enquistado:
la mitad de los parados llevan más de 1 año sin empleo y 700.000 llevan ya más de 4 años parados.
Ante esta situación, urge
actuar en dos frentes. Uno, paliar cuanto antes la grave situación de los parados, porque más de la mitad no cobran nada:
en abril, 2.026.513 de los
parados no cobraban ningún subsidio, el
53,39% de todos los parados estimados por la EPA (3.796.100), según Empleo. Y de los que sí reciben algún subsidio (1.769.587 parados, el
46,61% del total), la mayoría (1.086.088) cobran una prestación asistencial, de
sólo 430 euros, normalmente por 6 meses. Además, el problema es más grave en
algunas autonomías, especialmente en 5 regiones donde dos tercios (y más) de los parados no cobran nada: Melilla
(el 72,33% de los parados EPA no cobran ningún subsidio), Baleares (67,59%),
Ceuta (67,35%), Madrid (61,96%) y Murcia (61,39% parados no cobran).
El otro reto, tras ayudarles a sobrevivir, es ayudara los parados a encontrar trabajo.
Y eso requiere tomarse en serio la reforma de las oficinas de empleo, que hoy no sirven ni para recolocar a los
parados (sólo al 2%) ni para formarles (sólo hacen cursos el 4,12% de los
parados) ni para reorientarles profesionalmente
(el 91,3% no reciben orientación personalizada). Y sobre todo, poner en
marcha políticas activas de empleo, para ayudar a formarse y recolocar a los parados que
lo tienen más difícil: jóvenes, mujeres
y mayores de 45 años. Eso exige incentivos eficaces a la contratación y
medidas para fomentar los contratos estables (el 26,10% de los trabajadores tienen contrato temporal, la tasa más alta en Europa, y sólo el 8% de los contratos temporales se hacen fijos), con ayudas fiscales y
cotizaciones, mejorando los medios de la inspección de Trabajo (hay 1.800 funcionarios, la
mitad de inspectores que en Europa, según la OIT) para evitar el fraude en
la contratación y el empleo precario injustificado. Y promover mayores subidas de salarios, ahora que hay
beneficios empresariales, para compensar el sacrificio hecho y reanimar el consumo.
El segundo gran reto
es la pobreza y la desigualdad, que
han crecido con la crisis, a pesar de la recuperación. De entrada, el
70% de los españoles aseguran que “no han notado la recuperación”,
según una Encuesta incluida en el Informe FOESSA “Desprotección Social y Estrategias Familiares 2017”, encargado por Caritas. Y es lógico,
porque un 70% de la población
tiene menos ingresos que en 2007, según un estudio de Intermón Oxfam presentado en la última Cumbre de Davos. Y eso se debe a que
el crecimiento “ha ido por barrios”:
así, en el último año, el 1% más rico
de españoles captó el 40% de la riqueza
creada, mientras el 50% más pobre
captó el 7% del crecimiento. Un
reparto desigual de la recuperación que ha agravado la desigualdad,
convirtiendo a España en el tercer país con más desigualdad de Europa, detrás de Rumanía y Bulgaria. El
dato presentado en Davos por Intermón Oxfam es impresionante: el 10% más rico de españoles concentran más de
la mitad de la riqueza (el 53,8%) y el 90% restante se lleva el
46,2% del pastel.
La recuperación tampoco ha servido para reducir la pobreza, que ha aumentado en España desde
2007, para alcanzar un récord histórico: hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según
la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que
tenían una situación precaria en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se coloca
como el 7º país europeo con más pobreza
(tasa AROPE) en 2016, con un 27,9% de la población en situación
vulnerable, por encima de la UE-28
(23,5%) y sólo por detrás de
Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%)
y Letonia (28,5%), según Eurostat. Y lo peor es que la pobreza se ha “enquistado” en España, en determinados colectivos y familias, sobre
todo en esos 4 millones de españoles
que están en la pobreza extrema, según Cáritas. Y lo más sangrante es que 1.400.000 niños
españoles son pobres, según Save The Children.
El tercer gran reto es la
igualdad entre hombres y mujeres y la demografía. No se trata sólo de la
brecha salarial (los hombres ganan un 22,3% más que las mujeres, según los últimos datos del INE) sino de otras “brechas” enormes de
las que se habla menos: hay más mujeres
inactivas (2.6709.500 más que hombres), menos mujeres trabajando (1.554.600 menos, una tasa de actividad
del 57,12% frente al 68,02% los hombres), en peores puestos, más mujeres
paradas(18,54% de paro frente a 15,18% los hombres), cobran menos paro (el 14,06% menos que los hombres)
y menos pensión (725,02 euros de media frente a 1.147,98 euros los hombres, otra
“brecha” del -36,85%). Y encima, luego en casa, las
mujeres trabajan una media de 26,5 horas a la semana en casa, frente a 14 horas
los hombres, según el INE. Una de las consecuencias de esta discriminación de la mujer es que
tiene menos hijos y los tiene más
tarde: 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 y la tasa de natalidad más baja de
Europa. Con ello, España camina imparable al “suicidio demográfico”: perdemos población y cada vez habrá más viejos y
menos jóvenes para trabajar y sostener el sistema.
El cuarto gran reto
son las pensiones, en un doble sentido: pagar y revalorizar las pensiones
actuales y asegurar unas decentes pensiones futuras. Con el empleo tan precario
y el envejecimiento de la población, los ingresos por cotizaciones no dan para
pagar las pensiones actuales y revalorizarlas, con lo que hay un déficit
(-18.000 millones en 2017) que se agravará en 2050, cuando haya 15 millones de
pensionistas y menos activos para cotizar. Aquí, urge tomar medidas a corto plazo para enjugar el déficit actual (eliminar tarifas
planas, ahorrar costes, aumentar cotizaciones salarios altos, mejorar la
calidad del empleo para recaudar más…), pero hay que afrontar una reforma a fondo del sistema, asegurando más ingresos de forma estable (entre
30.000 y 50.000 millones de euros, vía cotizaciones e impuestos) y clarificando
las pensiones que se pueden pagar.
En quinto gran reto
es “apuntalar” el Estado del Bienestar,
tras los drásticos recortes impuestos por el Gobierno Rajoy. Mejorar la
situación de la Sanidad, con más recursos, una
recomposición de plantillas (precarias, temporales e insuficientes) y una mejor
gestión, tratando de homogeneizar las prestaciones sanitarias, hoy muy
distintas según las autonomías, y universalizarlas (a todos los inmigrantes). En la Educación, hay que aumentar
el gasto y recomponer las plantillas, luchando contra el fracaso escolar,
volcándose en el refuerzo de los alumnos más retrasados y dando más peso a la
formación profesional, clave del empleo. Y sobre todo, cambiar a fondo la
enseñanza: formar a los jóvenes, en los empleos que va a demandar el futuro, que
la
Universidad deje de ser una costosa “fábrica de parados”. Y en la Dependencia, hay que aprobar
un Plan de choque para acabar con esos 300.000 dependientes con derechos que
están en lista de espera para recibir ayudas y reforzar las prestaciones, hoy
con exceso de servicios “low cost”.
El sexto gran reto es la
vivienda, donde un tercio de la población no puede ni comprar ni alquilar,
por los elevados precios, lo que lleva al 80% de los jóvenes a seguir viviendo
con sus padres. Urge promover un parque de vivienda pública en alquiler, a través de Ayuntamientos
y autonomías, porque sólo un aumento de la oferta forzará una bajada de
alquileres, no las ayudas a los inquilinos (que suben el precio). Y vigilar las
condiciones de las hipotecas que dan los bancos, para que no haya tantas clausulas
abusivas.
Un séptimo reto es la
energía y el medio ambiente. No puede ser que las familias españolas paguen
la 3ª electricidad más cara de Europa, tras Irlanda y Bélgica: 0,176 euros/kWh
sin impuestos, un 40% más que la media europea (0,125 euros/kWh en la UE-28) y
muy por encima de Francia (0,110 euros), Portugal (0,123), Italia (0,1326),
Reino Unido (0,134) o Alemania (0,139 euros/kWh), según Eurostat. Y lo mismo les pasa a las industrias: pagan la electricidad, sin
impuestos, a 0,083 euros/kWh, un 20,3% más cara que el coste medio en Europa
(0,069 euros/kWh) y por encima de lo que pagan por la luz las empresas en
Alemania (0,064 euros) y Francia (0,059 euros), aunque no Reino Unido, una isla
(0,093 euros), según los datos del Ministerio de Energía. Y no sólo pagamos la luz más cara sino que
tenemos mucho más dependencia energética del exterior y consumimos más energía
que el resto de europeos, somos energéticamente menos eficientes. Y por todo
ello, emitimos demasiado CO2. De
hecho, somos el 5º país europeo que más aumentó
las emisiones de CO2 en 2017 (+7,4%), según Eurostat. Y España es uno de los cinco únicos países de Europa (junto a
Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Un tema preocupante que
obliga a pactar ya una Ley de Cambio
Climático.
El octavo gran reto es la
tecnología, apoyar a la Ciencia, que ha perdido 40.000 millones de euros desde 2009 entre
los recortes y el que no se haya gastado la mitad del Presupuesto cada
año (en 2016 no se gastó el 62%). El gasto público en Ciencia es del 1,23% del PIB, frente al 2,03% la UE y las empresas
españolas gastan en tecnología la mitad de las europeas. Esto explica en buena
medida la baja productividad de España ( en el puesto 34 del mundo, según el Foro Económico Mundial) y el menor valor añadido de lo que exportamos,
junto a otros problemas como la baja
formación de los trabajadores, el menor tamaño de las empresas (hay un
exceso de pymes) y las dificultades de financiación. Y por supuesto, la digitalización de la economía y las
empresas, otro reto pendiente.
El noveno gran reto de España es el cambio de modelo económico, para que el crecimiento se asiente más en la industria (que ha perdido peso, hasta aportar el 13,06% del PIB, frente al 17% en Europa y el 24% del PIB en Alemania) y menos en los servicios, donde
trabajan ya 3 de cada 4 españoles y que aporta un empleo más precario, peor
pagado y vulnerable. Eso pasa por apoyar la reindustrialización, buscando promover empresas que encuentren su
nicho en el mundo, con productos innovadores, competitividad y de calidad. Y a
la vez, apostar por una reconversión del turismo, la
primera industria española, que tiene que pasar de un turismo low cost masivo a
un turismo de calidad no sólo centrado en sol y playa.
Y el 10ª gran reto,
que es más bien el primero, una profunda reforma fiscal, para
conseguir recaudar más, la condición imprescindible para poder gastar más en
los retos anteriores. Hace poco comentaba en este blog que el problema nº1 de España es recaudar poco, menos que el resto de Europa:
España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB,
frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del
euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania
(45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso significa que si España recaudara como
los demás países UE, ingresaríamos
81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar el agujero del
déficit público (el mayor de Europa) y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones
al paro y la industrialización. Y sólo recaudando más se puede mejorar la financiación de las autonomías, otro gran reto
Bueno, son muchos retos como para resolverlos en unos meses
y más un Gobierno con sólo 84 diputados. Por ello, lo más sensato sería
plantear un Plan de medidas urgentes,
que diera prioridad a algunas necesidades y tratara de sacarlo adelante porque
hacen falta y nadie debería oponerse. Yo propongo 10 medidas para lo que queda de año. Una, un Plan de choque contra el paro, para que 1 millón de los parados que
no cobran (la mitad) cobren 430 euros al mes. En medio año, costaría 2.500
millones. Dos, un Plan de empleo
centrado en los parados de larga duración jóvenes, mujeres y mayores de 45
años, con políticas de formación e incentivos a la recolocación, con otros
1.000 millones. Tres, un Plan de choque
contra la pobreza, sobre todo la infantil, que costaría 1.500 millones en
medio año. Cuatro, 500 millones en guarderías
y ayudas a la familia (ampliar los permisos de paternidad). Cinco, 1.000 millones extras para la sanidad. Seis, otros 1.000 millones
para educación (becas y recuperación
alumnos problemáticos). Siete, reducir la mitad de la lista de espera de la Dependencia, gastando 348 millones este
año. Ocho, 120 millones para completar la aplicación del Pacto contra la violencia de género. Nueve, 500 millones para
promover con los Ayuntamientos un parque de viviendas públicas en alquiler. Y diez, 1.000 millones extras
para Ciencia, para agilizar los
planes tecnológicos paralizados.
La clave para hacerlas realidad es recaudar los 10.000 millones que cuestan. Unos ingresos extras que
se pueden conseguir con varias medidas. Una, subir los impuestos a los carburantes (mucho más bajos que en Europa), como defiende la Comisión Europea: se podrían
sacer 1.500 millones extras hasta diciembre. Dos, subir el IVA reducido y superreducido a muchos productos, como
también defiende Bruselas: otros 1.500 millones extras en medio año. Tercera, ingresar 2.000
millones más subiendo el tipo de
sociedades (a las grandes empresas), subiendo el tipo al
ahorro, subir el tipo del IRPF a
los que ganan más de 100.000 euros y limitar desgravaciones. Cuarta, conseguir
otros 1.000 millones con impuestos
verdes, a los que más contaminan, como defiende la Comisión Europea. Quinta, el impuesto
a las tecnológicas, que podría reportar 500 millones en medio año. Y
quinta, un Plan especial de lucha contra
el fraude, para recaudar los 1.500 millones restantes.
Son unos objetivos
necesarios y posibles, que nadie debería rechazar por motivos políticos y
que beneficiarían
a mucha gente, sobre todo a los
que peor parados han salido de la crisis. Y además, ayudarían a reanimar el crecimiento y el empleo,
ahora que “soplan vientos en contra”
desde fuera que pueden hacer peligrar la recuperación: subida del petróleo, incertidumbre del
euro, posible subida de tipos, crisis y bajo crecimiento en Europa,
incertidumbre política internacional y proteccionismo comercial. Gastar más en
lo que hace falta ayudaría a reanimar la
economía y compensar las turbulencias de fuera. Y hay muchas otras medidas que no cuestan dinero al
Estado, como una Ley de Igualdad Salarial, cambiar la política eléctrica, gastar lo presupuestado, eliminar las restricciones burocráticas a la investigación o escuchar a la gente.
Son tareas para estos
primeros meses del Gobierno Sánchez, que podrían continuarse en la
negociación de los Presupuestos de 2019.
Una antesala para afrontar de verdad los
grandes retos, algo que sólo se podrá hacer tras unas elecciones, ya sean en
mayo (con las autonómicas y municipales) o en octubre de 2019, con pactos de Estado a medio plazo que ahora
parecen políticamente imposibles Pero antes de esas elecciones, habrá que hacer
algo, avanzar en lo urgente, con
realismo y sin politiqueos. El nuevo Gobierno debe de intentarlo, buscando
amplios apoyos. Y si hay grupos que
boicotean medidas imprescindibles que benefician a la mayoría, se “retratarán” ante los ciudadanos. No
queda otra que intentar avanzar con sensatez. Ya hemos estado demasiado
tiempo parados.
