Tenemos una sanidad cada vez más privada

Cada día, mil españoles contratan un seguro médico privado. Ya lo tienen 12,4 millones de personas, 1,8 millones más que antes de la pandemia. Y se contrata más en Madrid, Cataluña y Baleares, curiosamente 3 autonomías con la sanidad “deficiente”. Estos seguros médicos, que nos cuestan 10.711 millones, son “la gasolina” de la sanidad privada, que no deja de crecer: somos el 2º país UE (tras Portugal) donde tiene más peso, el 28,4% de todo el gasto sanitario. Su otra fuente de ingresos son los conciertos de la sanidad pública, que destina un 10,2% de su presupuesto a financiar pruebas y operaciones en la sanidad privada. Con todo ello, la privatización sanitaria no deja de crecer desde 2009, sobre todo en Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, precisamente las autonomías con peor sanidad pública. Urge reducir las listas de espera, que alimentan los seguros privados. Mientras, el Gobierno propone una Ley para limitar la privatización de la sanidad, aunque la gestión está en manos de las autonomías.

                    Enrique Ortega

España es uno de los paises europeos que menos gasta en sanidad y donde el peso de la sanidad pública se reduce mientras aumenta año tras año el porcentaje de la sanidad privada. El gasto total en sanidad suponía en España el 10,7% de la riqueza (PIB), en 2021, por debajo del peso del gasto sanitario en la OCDE (10,9%), Francia (12,3%), Reino Unido (12,4%) o Alemania (12,9% de su PIB). Pero no sólo gastamos menos en sanidad, sino que gastamos aún menos (comparativamente) en la sanidad pública: un 7,7% del PIB, frente al 8,7% de media en la OCDE, el 10,4% en Francia, el 10,3% en Reino Unido y el 11,1% en Alemania (y el 7,1% en Italia). A cambio, somos el 2º país de la UE con más gasto sanitario privado: el 3,1% del PIB en 2021, tras Portugal (4,1% del PIB), frente al 2,3% en la OCDE, el 1,9% en Francia, el 2,1% en Reino Unido y el 1,9% en Alemania y el 2,3% en Italia.

A lo claro: gastamos mucho menos en la sanidad pública que la mayoría mientras somos casi líderes en el gasto en sanidad privada. De hecho, en 2021. España gastó 36.805 millones en la sanidad privada, un 28,4% de todo el gasto sanitario (129.615 millones), sólo superados por Portugal (36,8% de su gasto fue privado) y Suiza (30,8%) y muy alejados del peso del gasto sanitario privado en Italia (24,5%), Bélgica (22,4%), OCDE (17,1%), Reino Unido (17%), Francia (15,2%), Paises Bajos (15,1%), Dinamarca (14,8%), Alemania (14,5%) y Suecia (14,1%), según el informe 2024 de la Fundación IDIS (sanidad privada).

¿Qué incluye el gasto sanitario privado? Básicamente dos cosas. Una, el “dinero de bolsillo” que gastamos los españoles (27.215 millones en 2021) en atención sanitaria privada (dentista, oculista, fisioterapeutas…), en medicamentos no financiados y en el copago de las recetas (los trabajadores pagan entre el 40 y el 50%, los pensionistas el 10%, los más ricos el 60% y algunos nada). La otra, los seguros médicos que contratamos (9.091 millones pagados en primas en 2021). Y quedan otros 499 millones que gastan en sanidad instituciones benéficas.

El gasto sanitario privado se ha disparado porque han subido las consultas privadas y la gente cuida más su boca, sus ojos o su cuerpo, al margen de la sanidad pública. Pero el gran salto se ha dado en los seguros médicos privados, según la Fundación IDIS: en 2023 había ya 12.422.000 españoles cubiertos por un seguro médico privado, 360.000 más que en 2022 y 1.836.000 asegurados más que en 2019, antes de la pandemia. De ellos, 1.988.000 son empleados públicos (funcionarios de MUFACE, personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil integrados en ISFAS y personal judicial de MUGEJU), a los que la Administración les paga un seguro médico privado (porque el 78% de los funcionarios lo eligen frente a la sanidad pública). Y el resto, 10.681.200 españoles son personas que pagan cada mes un seguro médico privado (casi 2 millones más que en 2019).

Eso supone que uno de cada cuatro españoles tiene un seguro médico privado (25,9% de penetración media), aunque resulta mucho mayor en 3 autonomías: Madrid (el 38,7% de la población tiene seguro médico), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), según el informe IDIS. Curiosamente, son 3 autonomías que tienen una sanidad pública “deficiente”, según el informe 2023 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP), que valora la sanidad de cada autonomía” (Madrid ocupa el puesto 13º, Barcelona el 12º y Baleares el 10%). En el otro extremo, las autonomías con menos peso de los seguros médicos están Navarra (11,2% de la población los tiene), Cantabria (11,8%), Murcia (13,2%), Extremadura (13,2%) y Galicia (16,5%). Y Navarra es la autonomía con la mejor sanidad pública, según el ranking 2023 de la FADSP, Extremadura es la 3ª mejor, Galicia la 6ª y Cantabria la 9ª mejor (sólo Murcia rompe la tendencia, ocupando el puesto 16º, sólo por delante de Andalucía, el “farolillo rojo”).

Las primas que pagan los que tienen un seguro médico privado también se han disparado, hasta los 10.711 millones en 2023 (frente a 8.923 millones en 2019). Los seguros médicos llevan cinco años siendo los seguros que más crecen, por encima del seguro de hogar, del automóvil o los seguros de vida. El negocio está muy concentrado y las 3 primeras aseguradoras controlan más de la mitad del mercado: SegurCaixa Adeslas (3.244 millones en primas, el 28,6% de cuota), Sanitas (1.831 millones, el 16,9%) y Asisa (1.459 millones, el 12,9%). Les siguen DKV Seguros (7,5% cuota), Mapfre (6,8%), Axa (2,6%), IMQ (2%), Asistencia Médica Colegial (1,9%) y FIATC (1,8%). Estas 9 controlan el 80,4% de las primas.

Entre “el gasto de bolsillo” (sanidad, medicinas y copagos) y los seguros médicos, cada español paga 699 euros al año en sanidad privada (503 euros en gasto de bolsillo y 195 euros en seguros médicos), según el Informe IDIS 2024. Pero hay 8 autonomías donde los ciudadanos pagan mucho más. Por un lado, Cataluña (854 euros per cápita en gasto sanitario, 560 de bolsillo y 294 euros en seguros médicos), Madrid (851 euros por persona, 489 en gasto sanitario y 362 euros per cápita en seguros médicos, el pago más alto en España) y Baleares (803 euros de gasto privado per cápita, 491 en sanidad y copagos y 312 euros en seguros médicos, el 2º mayor pago), las tres autonomías con sanidad pública “deficiente”, según la FADSP. Les siguen La Rioja (748 euros: 594 en sanidad y 154 en seguros), Aragón (741: 550 y 191), Comunidad Valenciana (736: 575 y 161), País Vasco (715: 524 y 191) y Castilla y León (701 euros per cápita: 542 en sanidad y 195 en seguros).

La otra gran fuente de ingresos de la sanidad privada, junto a los “gastos de bolsillo” y los seguros médicos son los “conciertos” que les paga la sanidad pública, para que atiendan y operen en hospitales privados a pacientes de la sanidad pública o en pago por la gestión privada de hospitales públicos. Estos conciertos se han disparado en la última década, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP, y en 2022 supusieron 9.521 millones de ingresos extras para la sanidad privada (que se llevó el 10,2% del Presupuesto sanitario público). El 63% de los hospitales privados tienen algún tipo de concierto y hay 8 hospitales públicos de gestión privada (4 en Madrid, 3 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Rioja). El peso de los conciertos es mayor en Cataluña (el sector privado sanitario se lleva 3.299 millones, el 22,7% del gasto sanitario público, porque hay 98 hospitales privados de utilización pública), en Madrid (1.377 millones, el 12,4% del presupuesto público en sanidad) y en Canarias (296 millones, el 7,2% del presupuesto sanitario público allí), precisamente tres autonomías con la sanidad “deficiente” (Madrid y Cataluña) o “peor” (Canarias), según el ranking de la FADSP. Otras tienen un menor porcentaje de conciertos (6,5% Navarra, 6,1% Baleares y 6% en Asturias y País Vasco, siendo menor lo que ingresan el resto.

El “gasto de bolsillo”, los seguros médicos y los conciertos son las tres fuentes de ingresos de la sanidad privada y los tres motores que la han impulsado, hasta suponer casi el 40% del gasto sanitario total (28,4% más 10,2% los conciertos). Gracias a esta “gasolina”, la sanidad privada cuenta con 438 hospitales (el 57% del total) y 50.574 camas (el 32% del total), donde trabajan 300.226 profesionales (69.052 médicos). Una sanidad privada que ya gestiona el 29% de las altas, el 31,2% de las estancias hospitalarias, el 29,7% de las consultas, el 31% de las urgencias y el 41,3% de las intervenciones quirúrgicas, un trabajo creciente apoyado por la derivación de pacientes, consultas (6,3%), urgencias (el 5,8%) e intervenciones (el 8,7%) desde la sanidad pública. Eso sí, según diversos estudios, la sanidad privada absorbe los casos menos complejos y las estancias e intervenciones más cortas y menos costosas.

La sanidad privada está cada vez más concentrada y en manos de inversores extranjeros, con 13 Grupos sanitarios que concentran el 47% de los hospitales y el 55% de las camas privadas, según el informe IDIS. Encabeza el ranking, el grupo Quirón Salud (propiedad del grupo alemán Fresenius), con 45 hospitales y 6.139 camas, seguido de los Hermanos de San Juan de Dios (29 hospitales y 6.110 camas), HM Hospitales (propiedad familia Abarca Cidón), con 21 hospitales y 1883 camas, el grupo Vithas (80% familia Gallardo y 20% Criteria Caixa), con 20 hospitales y 2.189 camas, el grupo HLA (de Asisa), con 16 hospitales y 1.310 camas, el grupo Viamer (propiedad del fondo australiano MAM), con 14 hospitales y 946 camas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con 13 hospitales y 3.326 camas, el grupo Hestia Alliance (propiedad del gigante alemán Median Kliniken), con 10 hospitales y 1.932 camas, el grupo Ribera Salud (vendido al Fondo francés Vivalto Partners), con 10 hospitales y 1.112 camas, el grupo vallisoletano Recoletas, con 7 hospitales y 830 camas y el grupo canario Hospiten, con 7 hospitales y 1.219 camas, agrupando el resto de hospitales independientes 15.200 camas privadas.

El negocio de los hospitales privados facturó 12.400 millones de euros en 2022, que obtuvieron de las aseguradoras (6.865 millones, un 55,3% más que en 2021), de los conciertos con la sanidad pública (4.325 millones, +34,88%) y de su actividad sanitaria puramente privada (1.210 millones), según la Fundación IDIS. Más de un tercio del negocio total (4.441 millones) lo facturó el gigante del sector, el grupo Quirón, seguido muy lejos de Vithas (699 millones), Ribera Salud (585 millones), grupo HLA (576 millones), HM hospitales (575 millones), Hospitales Católicos de Madrid (410 millones), Hospiten (360 millones), Sanitas (350 millones), Clínica Universitaria de Navarra (300) y grupo IMED (hospitales Levante), 180 millones.

La sanidad privada crece, pero a costa de la sanidad pública, que pierde peso desde 2009 y sobre todo desde 2022, según un reciente estudio de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que destaca el fuerte aumento del “gasto de bolsillo” en España (21% del gasto total, frente al 18% en la OCDE) y los conciertos, crecientes en las autonomías gobernadas por el PP y nacionalistas, sobre todo durante los años de recortes. El estudio analiza 10 variables del avance de la privatización sanitaria por autonomías, desde el gasto en seguros privados a los conciertos y las derivaciones de pacientes, los modelos de colaboración público-privada y la dedicación exclusiva entre los sanitarios. Y analizando estas variables, distinguen 3 grupos de autonomías, con más y menos privatización sanitaria.

El primer grupo lo integran las 4 autonomías con mayor grado de privatización de la sanidad: Madrid (28 puntos), Baleares (27 puntos), Cataluña (26) y Andalucía (25), cuatro regiones que tienen una sanidad “deficiente” (Madrid, Baleares y Cataluña) o “pobre” (Andalucía, la autonomía con la peor sanidad pública, según el ranking de la FADSP). En el 2º grupo, con un grado “intermedio” de privatización están Aragón y Comunidad Valenciana (24 puntos), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20 puntos), País Vasco y la Rioja (19 puntos). Y en el tercer grupo, con el menor grado de privatización sanitaria, están Castilla la Mancha (18 puntos), Extremadura y Navarra (16 puntos), las dos autonomías con la sanidad menos privatizada y, curiosamente, dos de las autonomías con mejor sanidad pública (Navarra la nº1 y Extremadura la 3ª).

Los expertos dela FADSP critican la creciente privatización de la sanidad porque incrementa costes y "mercantiliza" un derecho fundamental de las personas. Pero creen que no puede reducirse esta elevada privatización mientras no se resuelva el grave problema de las listas de espera (849.535 españoles en lista de espera quirúrgica y 3.917.485 en espera de una primera consulta) , que explican el auge de los seguros médicos y de los conciertos con la privada. Y denuncian que “no se está haciendo nada” para reducirlas, ni desde Sanidad ni desde las autonomías, por lo que piden reforzar los medios y personal de la sanidad pública. Y en paralelo, piden unas políticas públicas que refuercen la sanidad pública y frenen el ascenso de la privada.

Precisamente, el lunes pasado, la ministra de Sanidad inició la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que decayó en la pasada Legislatura por el adelanto electoral. La Ley pretende, según el Gobierno, “asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar el paso a las empresas privadas con ánimo de lucro”, sustituyendo a la Ley 15/1997 aprobada por Aznar, que “ha deteriorado la sanidad”, según la ministra Mónica García. La futura Ley, sometida a consulta, pretende limitar la gestión privada de la sanidad, mejorar la auditoría y transparencia de los modelos de gestión privada existentes, facilitar la reversión de servicios ahora privatizados y fijar nuevos criterios para la gestión futura del sistema sanitario público. El proyecto ya ha despertado recelos en la sanidad privada, pero tiene un problema de partida: por mucho que se cambie la Ley, el día a día de la gestión sanitaria lo controlan las autonomías, 11 en manos del PP (y VOX). Y no parece que quieran dar marcha atrás en la privatización que han alentado estos años.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque la sanidad es “la 2ª mayor preocupación de los españoles” (tras la economía y el empleo), según el CIS. Y no parece lógico que sigamos afrontando los problemas de atención y listas de espera a golpe de seguros privados y más conciertos con la privada. Una cosa es que la sanidad privada cubra vacíos y complemente la oferta y otra que cope el 40% del gasto sanitario y deje fuera a los que no puedan pagarlo. Urge reforzar la sanidad pública y no hundirla para que crezca la privada.

La pandemia duplica las listas de espera

El coronavirus ha absorbido de tal manera nuestros recursos sanitarios que en estos meses no se han hecho casi operaciones (las urgentes) ni pruebas diagnósticas y se han cancelado las consultas. Por eso, los sanitarios temen que las listas de espera se hayan duplicado y que más de un millón de españoles esperen ahora para operarse, hacerse pruebas o acudir a consulta. De momento, la mayoría de autonomías no publican datos actualizados. Pero este aluvión de pacientes exige un Plan de choque para rebajar las listas de espera, que ya eran insostenibles antes de la pandemia, mayores que en el resto de Europa. Urge incluir este grave problema en el refuerzo futuro de la sanidad, con más medios y personal para operar, hacer pruebas y consultas. Si no, quien ganará con el coronavirus y sus listas de espera “extras” será la sanidad privada, donde 12 millones de españoles pagan ya un seguro médico para no esperar (tanto). No nos dejen esperando meses.

enrique ortega

El coronavirus absorbió casi todos los recursos y torpedeó el normal funcionamiento de la sanidad, en España y en todo el mundo. Así,  la pandemia ha obligado a suspender el 72% de las operaciones no urgentes. Y el 81% de la cirugía benigna, el 37,7% de la cirugía del cáncer y el 25% de las cesáreas se suspendieron o retrasaron en la mayoría de los paises, según un estudio publicado por la British Journal of Surgery. En España, a falta de que las autonomías publiquen sus datos, se estima que se han suspendido 3 de cada 4 operaciones, la mayor parte de las pruebas diagnósticas y casi todas las consultas. Incluso ha habido pacientes que no se atrevieron a ir a urgencias, con posibles enfermedades graves, por miedo a contagios. Y se han paralizado “cribados” de pruebas decisivas, como colonoscopias o mamografías, que pueden traer consecuencias posteriores irreversibles.


Ahora, cuando lo peor de la pandemia ha remitido, se espera “un aluvión de pacientes” para consultas, pruebas y operaciones, engrosando una lista de espera que ya era muy abultada antes y que ahora va a ampliarse, aumentando los retrasos. Hay tres estimaciones de expertos sanitarios que coinciden en que “las listas de espera se han duplicado con la pandemia”. Por un lado, la Federación de Sanidad de CCOO estima que “podrían haberse duplicado las listas de espera quirúrgicas y, sobre todo, las de pruebas diagnósticas”, que es donde hay más problemas. Por otro, la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP) estima que las listas de espera “se habrán duplicado si no más”. Y los sindicatos médicos (CESM) coinciden en que “las listas de espera se han podido duplicar” y alertan sobre las demoras en atención primaria. Ya antes había hasta 72 horas de demora para acudir al médico de familia y ahora no se sabe, porque hay ciudades (como Madrid) donde no se puede pedir cita online, sólo llamando a un teléfono que comunica constantemente.


El agravamiento de las listas de espera, para consultas, pruebas y operaciones, ha debido ser mayor en las autonomías más tensionadas por la pandemia, especialmente en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón. A falta de que publiquen datos de mayo o junio, podemos hacernos una idea de la situación con los datos de abril que ha hecho públicos la consejería de Sanidad catalana, en el Parlament. Ahí se ve que la demora en las operaciones, que estaba en 155 días, ha aumentado en 35 días, con 185.848 pacientes esperando una intervención quirúrgica y 70.000 intervenciones retrasadas por la pandemia. En pruebas diagnósticas hay otros 162.151 pacientes esperando en Cataluña, una media de 113 días. Y en consultas, hay otros 439.271 pacientes esperando sólo en Cataluña, una media de 131 días, con 7 meses de retraso para el urólogo (5 semanas más que antes) o 131 días para operarse de la cadera o cataratas (45 días más que en febrero).


Lo normal es que este agravamiento de las listas de espera de Cataluña sea similar en el resto de España, por lo que médicos y expertos exigen que las autonomías publiquen ya sus datos, que Sanidad difunde después. Y este agravamiento es más preocupante porque las listas de espera ya eran uno de los graves problemas de la sanidad española antes del coronavirus. Su origen estaba en el aumento de la demanda de atención sanitaria (por el aumento y envejecimiento de la población española, con una mayor esperanza de vida) y los recortes sanitarios aprobados entre 2009 y 2013: -9.787 millones de euros de gasto sanitario (1 de cada 7 euros perdidos, según datos de Hacienda) y 41.000 profesionales menos (-11.000 médicos y -30.000 enfermeras), recortes sólo parcialmente compensados hoy.


Empecemos por las listas de espera para operarse, que han pasado de 372.468 pacientes en 2009 a 614.101 en diciembre de 2016 y 704.997 pacientes en diciembre de 2019, el último dato publicado por Sanidad. El tiempo medio de espera para operarse ha pasado de 67 días a finales de 2009 a 115 días a finales de 2016 y 121 días a finales de 2019. Y además, lo peor es que el 19,9% de estos pacientes esperan más de 6 meses para operarse. Y la situación es peor en algunas autonomías. Así, Cataluña es la región con más porcentaje de pacientes en espera para operarse (24,01 por 1.000 habitantes, frente al 15,53 de media en España), seguida de Extremadura (21,95 por 1.000), Asturias (19,17), Cantabria (18,70), Andalucía (18,59) y Castilla la Mancha (18,50 por cada 1.000 habitantes), siendo muy bajo el porcentaje que esperan a operarse en el País Vasco (7,69 por 1.000), Baleares (10,61), Comunidad Valenciana (11,51), Navarra (12,53) y Canarias (12,71). Por días de espera, la mayor demora para operarse se da en Castilla la Mancha (163 días), Andalucía (161), Cataluña (155) y Extremadura (125), siendo baja en el País Vasco (48 días) y La Rioja (53).


Sigamos con las listas de espera para consultas externas, para el especialista, que han pasado de  59 días de retraso en 2009 a 72 días en diciembre de 2016 y 88 días de retraso a finales de 2019, según los últimos datos de Sanidad. Estaban en espera 63,72 pacientes por cada 1.000 habitantes (son 3 millones de españoles) y casi la mitad (el 49,1%) esperan consulta más de 60 días. Las consultas con más demora son las de traumatología (109 días de media y esperan 9,91 por 1.000 habitantes), urología (87 días y 8,36 pacientes en espera por 1.000 habitantes), oftalmología (83 días y 8,36 pacientes en espera por 1.000 habitantes), digestivo (76 días) y dermatología (74 días). Las autonomías con más retraso en las consultas de especialistas son Andalucía (131 días y 89,75 de cada 1.000 personas en espera), Canarias (122 días, Cataluña (101 días) y Asturias (100 días), siendo pequeñas las demoras en el País Vasco (29 días), Baleares (39 días) y la Rioja (47 días).


De las listas de espera para pruebas diagnósticas y terapéuticas, Sanidad no publica datos estatales y los difunde cada autonomía. Las esperas también son abultadas, a la vista de los datos de Madrid y Cataluña. En Madrid, a febrero 2020 (antes pandemia), había 152.590 pacientes en espera de una prueba, una media de 25,10 por 1.000 habitantes, que esperaban 49,36 días de media. Y en Cataluña, con datos de abril, había 162.151 pacientes en espera de pruebas diagnósticas (+43% que un año antes), con una demora de 113 días (frente a 79 días de espera de abril de 2019). Y así, autonomía por autonomía.


Estas listas de espera son un punto negro en la sanidad española que señalan cada año los informes sanitarios europeos de la OCDE y la Comisión Europa, donde se destaca que tenemos una sanidad más eficiente que la mayoría, porque consigue más esperanza de vida con menos gasto. Pero advierten que tiene más listas de espera que la sanidad europea. Y ponen dos ejemplos. En una operación de cataratas, la media española está en 90/100 días de espera, frente a 60 en Holanda o Reino Unido, aunque la demora es de 120 días en Portugal. Y en una operación de cadera, la demora en España es de 135 a 150 días frente a 50 en Holanda, 8º en Reino Unido y 120 en Portugal, según el último informe “State of Health in the EU 2019”.


En definitiva, que ya antes del coronavirus teníamos un serio problema de listas de espera, tanto para consultas al especialista como para pruebas diagnósticas y para operarse, sin olvidar las demoras incluso para ir a nuestro médico de cabecera. Si ahora, con todas las consultas y operaciones no hechas, las listas de espera se han duplicado, estamos hablando de 1,5 millones de españoles esperando para operarse y otros 6 millones esperando para ir al especialista. Un problema muy serio, que no puede obviarse más por el coronavirus. Y que antes o después va a tensionar seriamente la sanidad pública, sobre todo cuando los pacientes pierdan el miedo y acepten operarse. Porque lo que ha pasado en junio es que hasta un 60% de pacientes a los que llamaban para hacerles una operación retrasada no han querido operarse por miedo a contagiarse, según algunos hospitales catalanes.


Urge aprobar y poner en marcha un Plan de choque contra las listas de espera en toda España, coordinado por Sanidad, para que las autonomías se fijen objetivos de rebaja y las ataquen con los 9.000 millones recibidos del Estado central para fortalecer la sanidad. Este Plan de choque exige poner los medios materiales (quirófanos e instalaciones) y humanos (cirujanos, anestesistas, especialistas) para rebajar las listas de espera, con un objetivo realista: quitarse en 1 año las listas de espera extras por el coronavirus, volver a las listas de espera de diciembre de 2019 (que ya eran abultadas). Y dentro de un año, cuando se haya “dado salida” a este embolsamiento extra, habría que poner en marcha otro Plan de actuación a medio plazo, para reducir al mínimo todas las listas de espera en esta Legislatura.


Un Plan de choque contra las listas de espera “extras” exige primero datos actualizados y después, fijar prioridades, tanto en las operaciones como en las pruebas diagnósticas y las consultas a especialistas. Pero hace falta contar con más personal (ya en 2019, Sanidad estimó que habían falta 4.000 especialistas más), para lo que hay que reordenar toda la política de personal y contrataciones, en especial los MIR (médicos residentes). Y contar con más medios y una mejor planificación de los recursos disponibles, para sacar el máximo partido de quirófanos y máquinas diagnósticas (es inaudito no hacer TAC o mamografías por las tardes o fines de semana, para reducir esperas), a cambio de ajuste de sueldos y horas y bonificaciones al personal. Hay que lanzar “una cruzada sanitaria” para rebajar drásticamente las listas de espera ahora duplicadas.


Y hay que tener cuidado de que algunas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP (como Madrid, que ya tiene “antecedentes, o Andalucía y Galicia) no utilicen el grave problema de las listas de espera para “alimentar a la sanidad privada”, derivando pacientes pendientes de pruebas y operaciones a hospitales privados mientras no se refuerzan los hospitales públicos. De hecho, la sanidad privada ya propuso hace casi 3 años (en septiembre de 2017) que se les derivaran los pacientes en lista de espera quirúrgica (614.101 entonces), con la promesa de “acabar con ellas en 4 meses” en sus 452 hospitales privados. Eso sí, a cambio de cobrarles a las autonomías 1.500 millones de euros. La propuesta no salió adelante, pero en este tiempo han aumentado los conciertos de la sanidad pública con la privada, a los que se destinan ya 8.000 millones, el 12% del gasto sanitario público.


La sanidad pública tiene muchos retos por delante y muy serios, empezando por la lucha contra el coronavirus, la gran prioridad. Pero el Gobierno y las autonomías no pueden olvidar el grave problema creado estos meses con las listas de espera, que podrían haberse duplicado, creando un serio reto de salud pública y un deterioro en la salud de millones de españoles. Y este deterioro en las listas de espera es “el mejor comercial” para los seguros privados de salud, que ya tienen contratados 12 millones de españoles. No podemos seguir por esta vía: que el que tenga dinero se pague un seguro para que le atiendan antes. Hay que reforzar de una vez la sanidad pública, para reducir  las listas de espera acumuladas por la pandemia y bajarlas al mínimo.Tiene que haber un Plan estatal contra las listas de espera, no dejar que cada autonomía las reduzca a su manera, según sus medios y su ideología. Todos necesitamos una sanidad digna y eficiente, vivamos donde vivamos. No nos dejen esperando meses.

Crecen los seguros médicos y la sanidad privada

Cada día, más de 1.000 españoles contratan un seguro médico privado, para ir al especialista y operarse sin esperas (aunque cuando tienen algo grave, van a la sanidad pública). Son más de 11,5 millones de asegurados, que alimentan una sanidad privada creciente, que se lleva casi un tercio del gasto sanitario en España. Eso sí, el 26% de los ingresos de los hospitales privados vienen de los conciertos, de lo que les paga la sanidad pública por atender pacientes. Y al repartirse el trabajo, las enfermedades graves y los ancianos se concentran en los hospitales públicos. El negocio de los seguros y la sanidad privada crece imparable por el deterioro de la sanidad pública, donde faltan recursos, tecnología, médicos y especialistas (4.000, según Sanidad), con grandes diferencias por regiones. Urge que el próximo Gobierno apruebe un Plan de choque para mejorar la sanidad pública y reducir las listas de espera. Y frenar la privatización encubierta de la sanidad, con desvío de pacientes a costa del Presupuesto. SOS sanidad pública.

enrique ortega

Uno de cada cuatro españoles tiene ya un seguro médico privado, 11,51 millones de pólizas en 2017, 440.000 más que en 2016 y 1 millón más que en 2008, según los últimos datos de ICEA. El éxito es tal que el seguro de salud es el que más ha crecido en la última década (un 3,6% anual, mientras los demás seguros no vida caían un 1,5%) y en 2018 captó 8.520 millones de euros, con un aumento del 5,59% (frente al 2,44% que subieron los seguros de vida y el 3,94% los de no vida), según los datos de UNESPA. De estos 11,51 millones de españoles con seguro médico, 1,9 millones son funcionarios (el 80% han elegido tener un seguro médico, que les paga el Presupuesto, en vez de la sanidad pública) y el resto son particulares, aunque a un tercio (3,2 millones) les paga el seguro médico su empresa (que se los desgrava, con lo que también acaban cargando sobre el Presupuesto).

El éxito de los seguros médicos ha provocado una auténtica “guerra comercial” entre las aseguradoras, con ofertas cada vez más agresivas (algunas han llegado a regalar viajes si les contratan un seguro) y la multiplicación de “ofertas low cost” de compañías creadas por las grandes aseguradoras (Savia de Mapfre, Néctar de Sanitas, Vivaz de Línea Directa…): seguros médicos hasta por 10 euros al mes por persona que luego tienen multitud de “letra pequeña” y muchos copagos. La “guerra de tarifas” se ha centrado en captar nuevos clientes mientras se suben las primas a los clientes antiguos (como en el automóvil), porque la sanidad es cada año más cara. De hecho, los seguros médicos subieron un 5,1% en 2018, más del doble que el IPC global (+2,2%), según el INE.

Las aseguradoras se han volcado en vender seguros de salud y más en los dos últimos años, al ser más visible el deterioro de la sanidad pública y sus listas de espera, su mejor “argumento comercial”. Y lo hacen a través de las oficinas bancarias, las ofertas a empresas para cubrir a sus trabajadores (es el beneficio social más valorado y ahorra impuestos) y sobre todo, a través de Internet y de intermediarios online. De hecho, hay más de 200 empresas tecnológicas trabajando en el sector de la salud, como plataformas vinculadas a aseguradoras que ofrecen servicios, desde video consultas, chats y evaluación de síntomas hasta el acceso a un cuadro médico diverso. Y a su vez, las grandes tecnológicas (Google, Apple, Amazon, Facebook) quieren usar nuestros datos para vendérselos a las aseguradoras y que tengan un mejor “perfil de riesgo” de sus clientes (porque saben el ejercicio que hacemos o lo que comemos por múltiples APPs). Algo muy preocupante.

Sobre estas bases, el negocio de los seguros médicos en España está muy concentrado en pocas aseguradoras: las 3 grandes controlan casi dos tercios del negocio. El ranking lo encabezó en 2018 Mutua Segur Caixa Adeslas (con 2.524 millones en primas, el 29,63% de cuota), seguida de lejos por Sanitas (1.325 millones, el 15,75% del mercado) y Asisa (1.156 millones, el 13,57%), según ICEA. Y les siguen DKV Seguros (6,84%), Mapfre (la aseguradora líder es la 5ª en seguros médicos, con el 6,84% del mercado, IMQ (2,79%), Grupo AXA (2,37%), Asistencia Médica Colegial (2,31%), FIATC (1,90%) y Grupo CASER (1,69%). Su oferta crece cada vez más en Internet, vía comparadores, y la penetración del seguro médico varía mucho por regiones. Las zonas que más lo contratan son las autonomías más ricas (no las que tienen más listas de espera), Madrid (lo tienen el 34% de habitantes), Cataluña (29%) y el País Vasco (22%), mientras se contrata poco en Murcia o Extremadura (12% de habitantes) y casi nada en Cantabria (5%), según la Fundación Idis.

Estos seguros médicos privados son la principal fuente de financiación de la sanidad privada en España, un negocio que supone ya casi un tercio del gasto sanitario total: 28.500 millones en 2016, un 28,5% de todo el gasto sanitario, según la última estadística de la Fundación Idis. Y la mayor parte de ese negocio lo mueven los hospitales privados, que facturan más de 11.000 millones anuales y tienen ya 451 hospitales (el 57% del total) y 51.332 camas (el 33% de todas las que hay en España). Dentro de este sector, la mitad del mercado son hospitales sin ánimo de lucro, vinculados a instituciones y órdenes religiosas, y la otra mitad son hospitales privados con ánimo de lucro, que facturaron 6.175 millones de euros en 2016, según la Fundación Idis.

Este mercado sanitario de los hospitales privados con ánimo de lucro está también muy concentrado, ya que 8 grupos hospitalarios  se reparten las tres cuartas partes del mercado. El ranking lo encabeza el Grupo Quirón Salud, que facturó 2.540 millones en 2016, el 39,7% del mercado hospitalario privado con ánimo de lucro. Un grupo fruto de la fusión de Quirón e IDC Salud (antes Capio), con 46 centros hospitalarios (su buque insignia es la Fundación Jiménez Díaz en Madrid), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, la mayor empresa hospitalaria de Europa. Le siguen, muy lejos, el grupo Vithas-Nisa (fusionados en 2016), que facturó 506 millones y tiene el 8,2% de este mercado (con 19 hospitales y 28 centros médicos), HM Hospitales (336 millones de facturación, el 5,4% del mercado),  HLA (290 millones y 4,7% de cuota), la canaria Hospiten (277 millones, el 4,5%), Sanitas (247 millones), Clínica Universitaria de Navarra (157 millones) y grupo Pascual (150 millones, la mayoría en Andalucía), según el último ranking de la Fundación Idis.

Estos hospitales privados se financian en sus dos terceras partes (el 62,5% en 2016, según la Fundación Idis) con lo que les pagan las empresas aseguradoras, que les “aprietan las tuercas” a la hora de negociar lo que pagan por acto médico, prueba e intervención pero que han optado por no construir hospitales (sólo un 2% de los privados son de aseguradoras). Y la otra gran fuente de ingresos son los conciertos con la sanidad pública, que les aportan otro 26% de ingresos a estos hospitales privados (y a algunos, como a la Fundación Jiménez Díaz, hasta un 40%). El resto lo ingresan de pacientes que pagan ellos directamente las consultas e intervenciones (10% ingresos) y de lo que facturan con restaurantes y parkings (1,5%), según los datos de la Fundación Idis.

Los ingresos de los hospitales privados por los conciertos con la sanidad pública han aumentado en la última década  y supusieron 7.665 millones en 2016, el 11,6% de todo el gasto sanitario público. Estos conciertos los tienen el 43% de los hospitales privados (193 hospitales) y son muy importantes en Madrid (Quirón Salud gestiona 4 hospitales del sistema público y 2 concertados en Cataluña) y, sobre todo, en Cataluña, donde hay 30 hospitales privados integrados en la red sanitaria pública, lo que hace que sea la única autonomía con  más camas privadas que públicas (un 26% más). De hecho, en Cataluña, el 25,1% de su gasto sanitario público se destina a financiar hospitales privados. En Madrid, los conciertos se llevan el 12,4% del Presupuesto sanitario y en Canarias y Baleares el 10%, mientras en Castilla y León es sólo el 4%, en Andalucía el 4,3% y en Valencia el 4,5%.

Los conciertos, además de desviar recursos públicos a negocios privados, son un “mal negocio” para la sanidad pública, porque los pacientes que se desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más cara y compleja para la sanidad pública. Así, de los 4,86 millones de españoles que recibieron el alta en algún hospital durante 2017, el 72,5% fueron atendidos en la pública y 23,5% en la privada. Hasta ahí normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (7,8 días de media) que en la pública (7,4 días). Pero al analizar los motivos por los que se les hospitalizaron, se ve que el 37% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades que matan (cáncer, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias), frente al 26% de los atendidos en hospitales privados, según los últimos datos del INE (2017). 


O sea que la sanidad pública se concentra en las patologías más graves y más caras, porque los pacientes la eligen cuando tienen un problema serio (aunque paguen un seguro médico privado).Además, la sanidad pública atiende a un mayor porcentaje de personas mayores que la privada (48% de las estancias en hospitales son de mayores de 65 años, frente al 44% en la privada) y los atienden más tiempo (8,26 días de estancia media en la sanidad pública y 5,04 días en la privada), según los datos del Estudio RESA 2018.

Al final, si los seguros médicos crecen y la sanidad privada hace más negocio es a costa de  los crecientes problemas de la sanidad pública. Tenemos una sanidad eficaz, universal y barata, según la OCDE, pero arrastra una serie de problemas preocupantes, derivados de los drásticos recortes en el presupuesto (-9.787 millones entre 2009 y 2014, 1 de cada 7 euros) y las plantillas (se perdieron 41.000 empleos sanitarios: 11.000 médicos y 30.000 enfermeras), así como una descapitalización de medios, instalaciones y tecnología (apenas se ha invertido). El resultado es que la sanidad pública está al límite y eso se traduce en tensiones en la atención primaria (faltan médicos y se han reducido horarios), en los especialistas (hacen falta 4.000, según un reciente informe de Sanidad) y en la atención hospitalaria, sobre todo en urgencias y operaciones.

Y todo ello acaba en un aumento de las listas de espera, lo que hace que millones de españoles contraten un seguro médico privado. Las listas de espera han mejorado en 2017 y 2018, pero son superiores a las de muchos paises europeos, según el informe de la OCDE-CE. En junio 2018 (último dato oficial), había 584.018 españoles esperando una operación (sobre todo de cataratas, artroscopia, cadera, hernia o cirugía vascular), con una espera media de 93 días (en Canarias eran 147 días, en Castilla la Mancha 137 y en Cataluña 132 días, mientras sólo esperan 47 días en Madrid y 48 en el País Vasco), según el Ministerio de Sanidad. Y la lista de espera para el especialista afecta a 43 de cada 1.000 habitantes, más en Cantabria (74/1.000 habitantes), Ceuta (66), Canarias (62,3) y Galicia (61,39) y menos en el País Vasco (13,93 por cada 1000 habitantes), Melilla (18,49), Castilla la Mancha (24,22) y Madrid (26,51), con una espera media de 57 días (en Canarias, 105 días).

Otro problema muy serio de la sanidad española es la desigual atención por autonomías, fruto de los diferentes recortes (hay 8 autonomías que todavía hoy gastan menos en sanidad que en 2009: Cataluña, Andalucía, Extremadura, Canarias, Galicia, Castilla la Mancha, Murcia y La Rioja) y de que gastan más o menos en sanidad: en 2018, el País Vasco (1.695 euros/habitante) gastó en sanidad un 46% más que Andalucía (1.158 euros/habitante). Y junto a los vascos (1.670 euros en 2017), los que más gastan en sanidad son Navarra (1.635 euros en 2017), Asturias (1.586 euros), Extremadura (1.453) y Aragón (1.441). Y los que menos gastan, junto a Andalucía (1.108 euros en 2017), Madrid (1.179), Cataluña (1.192), la Rioja (1.199) y Murcia (1.206 euros/habitante en 2017). 


Al final, evaluando distintos parámetros, la Federación en Defensa de la Sanidad pública configura un ranking de “4 Españas” sanitarias. Una sanidad “buena” en el País Vasco (94 puntos sobre 118), Navarra (83), Aragón (80) y Castilla y León (83 puntos). Una sanidad “regular” en Asturias (78), Castilla la Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Una sanidad “deficiente” en Baleares (72 puntos), Galicia (71), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). Y una sanidad “mala” en Cataluña (65 puntos), Valencia (63) y Canarias (53).

Visto el panorama, urge un gran Pacto sanitario para resolver los problemas actuales de la sanidad pública y asegurar su futuro, actuando en 6 frentes. El primero, asegurar una financiación suficiente para la sanidad: debería acordarse un gasto sanitario del 7% del PIB (la media europea), lo que supondría gastar  en sanidad 12.000 millones más cada año (algo que requiere una reforma fiscal). Con más dinero,  podría actuarse en el frente laboral: garantizar unas plantillas mínimas a medio plazo, con contratos y salarios dignos, sabiendo que en conseguir más médicos se tarda 10 ó 11 años (6 de Universidad más 4 ó 5 de MIR). Tercer frente: homogeneizar la sanidad, con un Fondo de compensación interterritorial, para que tengamos la misma atención en toda España. Cuarto, configurar un sistema de atención sanitaria a los mayores (en geriátricos, residencias y centros de día), para descongestionar hospitales y centros de salud. Quinto, dedicar más dinero y medios a la prevención, para reducir enfermedades y hospitalizaciones. Y sexto frente, preparar un Plan sanitario hasta 2050, para hacer frente al envejecimiento, las enfermedades crónicas, los nuevos tratamientos  farmacológicos y la renovación tecnológica.

Todo esto debería ser prioritario para el próximo Gobierno y el futuro Parlamento. Porque si no se toman medidas, se deteriorará más la sanidad pública, en beneficio de la sanidad privada. Y una cosa es que tengamos un seguro privado para ir pronto al ginecólogo o al dentista y otra que lo necesitemos para saber si tenemos o no un cáncer porque el especialista tarda meses en vernos. O para operarnos. No podemos volver a aquello de que el que tiene dinero tiene una buena atención médica y el que no, atenderle en urgencias y como se pueda. Con la salud no se juega.

La sanidad privada quiere las listas de espera

Los hospitales privados se han descolgado con una propuesta a las autonomías para hacerse cargo de las listas de espera de la sanidad pública y atender en 4 meses a los 614.000 españoles que esperan para operarse. Eso sí, cobrando 1.500 millones. Una vuelta de tuerca de la sanidad privada, que crece imparable a costa de los pacientes que ya les deriva la sanidad privada y del tirón de los seguros médicos, que pagan ya 10 millones de españoles. Y todo porque la sanidad pública española, un referente en Europa, se ha deteriorado en los últimos años, por los recortes de presupuestos, médicos y enfermeras y una gestión deficiente y politizada. La sanidad es ya la tercera preocupación de los españoles y  urge recomponerla, por lo que todos los partidos, salvo PP y Ciudadanos, acaban de pedir un Pacto sanitario en el Congreso. Hacen falta más recursos, más personal, más hospitales y centros y, sobre todo, reformas y una gestión más eficiente. No privatizarla más.


                                                                                            enrique ortega

El aumento de las listas de espera es un claro síntoma de los males de la sanidad pública española, causados básicamente por los recortes del Presupuesto sanitario (-9.787 millones de euros entre 2009 y 2013, 1 de cada 7 euros perdidos, según datos de Hacienda) y el ajuste de plantillas (11.000 médicos y 30.000 enfermeras), que no han sido todavía compensados con los aumentos de recursos y personal hechos entre 2015 y 2017. Este recorte de gastos y personal han deteriorado la oferta sanitaria mientras seguía aumentando la demanda, por el aumento de la población y su envejecimiento. La consecuencia es que la sanidad pública no puede atender como antes, aumentan las listas de espera y los hospitales, centros de salud y las urgencias se colapsan, en medio de protestas de profesionales y pacientes.  

El mayor síntoma del deterioro de la sanidad pública son las listas de espera para operarse, que han pasado de 372.468 pacientes en 2009 a 614.101 en diciembre de 2016, según los datos del Ministerio de Sanidad. La mayoría esperan operarse de traumatología (175.257 personas), de oftalmología (125.638 pacientes, 95.100 de cataratas) y cirugía general y del aparato digestivo (115.610 personas). El tiempo medio de espera ha pasado de 67 días (2009) a 115 días a finales de 2016. Y lo peor es que un 18,9% esperan más de 6 meses para operarse, sobre todo en neurocirugía, plástica, pediatría y trauma. Y la espera es mayor en Canarias (182 días), Cataluña (173) y Castilla la Mancha (162 días), mientras es baja en la Rioja (49 días), País Vasco (50) y Madrid (55 días).

También es preocupante la lista de espera para una consulta al especialista, que ha pasado de 59 días de media en 2009 a 72 días en 2016.Las mayores esperas se dan en las consultas de traumatología (8,23 por 1000 habitantes), oftalmología (8,08), dermatología (6,13), otorrino (2,91), ginecología (2,88), digestivo (2,43) y neurología (2,24 por 1.000 habitantes), según los datos de Sanidad. Y lo peor es que casi la mitad de los pacientes (el 46,4%) esperan más de 60 días para ir a la consulta del especialista, siendo las regiones con mayor espera Cataluña (138 días), Canarias (117 días) y Cantabria (75) y las mejores País Vasco (27 días), la Rioja (32), Madrid  y Castilla la Mancha (42 días de espera media).

Este aumento de las listas de espera, tanto para operarse como para ir al especialista, ha alimentado estos años la sanidad privada, multiplicando los seguros de salud, el único que creció durante la crisis. Y la consecuencia es que en 2017 se habrán superado los 10 millones de españoles que tienen un seguro médico privado, porque 2016 se cerró con 9.690.000 asegurados (7.077.000 privados y el resto funcionarios a los que les paga el seguro su Mutualidad), que pagaron unas primas de 7.737 millones, según datos de la  Fundación IDIS. Un negocio boyante que se concentra en 5 compañías que copan el 72% del mercado: Segur Caixa Adeslas (28,5%), Sanitas (15,7%), Asisa (13,7%), DKV (7,1%) y Mapfre (6,4%).

Los seguros de salud son la principal fuente de financiación de la sanidad privada, que obtiene de ellos el 62% de sus ingresos. Pero otro 23% de ingresos los obtienen de la sanidad pública, de los conciertos, de derivar pacientes para pruebas y operaciones de hospitales públicos a hospitales privados (el 42% de ellos tiene algún concierto con la sanidad pública, según la Fundación de la sanidad privada IDIS). En 2015, la sanidad pública destinó 7.540 millones a pagar conciertos con la privada, el 11,8% de todo el gasto sanitario público. Y hay varias autonomías donde los conciertos pesan mucho más, sobre todo Cataluña (el 24,8% del gasto sanitario público va a hospitales privados), Madrid y Baleares (11,7%) y Canarias (10,4%), mientras apenas pesan en las cuentas de Cantabria (3,7%), Castilla y León (4,1%), Extremadura (4,6%) y Andalucía (4,9%). La tercera fuente de financiación de la sanidad privada (15% del total) son los pacientes que pagan directamente sus servicios.

Ahora, la sanidad privada busca dar un salto hacia adelante y ha presentado a primeros de septiembre una propuesta para que las autonomías les deriven las listas de espera quirúrgica (614.101 pacientes), con la promesa de acabar con ellas en 4 meses. Eso sí, a cambio de cobrarles 1.500 millones de euros. Las que más tendrían que pagar serían Cataluña (385 millones para operar a 157.000 pacientes en espera quirúrgica), Andalucía (155 millones y 64.000 pacientes), Madrid (146 millones y 60.000 en espera) y la Comunidad Valenciana (134 millones y 55.000 pacientes en espera), siendo menor el coste para el resto, aunque, en comparación con su Presupuesto, tendrían que hacer un gran esfuerzo Murcia (66 millones, el 3,7% de su gasto sanitario), Castilla la Mancha (90 millones, el 3,2%), Canarias (83 millones, el 2,6% de su gasto sanitario) y Galicia (88 millones, el 2,5%).

De momento, ninguna autonomía les ha dicho que sí y todas siguen con sus “Planes de choque” contra las listas de espera (poco eficaces) y derivando pruebas y operaciones a la privada. Una sanidad privada que ha dado un gran salto con el deterioro de la sanidad pública, pasando de facturar 23.789 millones de euros en 2007 a unos 30.000 millones en 2016, casi un tercio del mercado sanitario español, según datos de la Fundación IDIS. Y un tercio de este pastel sanitario privado se lo disputan los 452 hospitales privados, que facturaron más de 10.000 millones de euros en 2015, según la Fundación IDIS. Un pastel muy apetitoso, que ha provocado la llegada a España de fondos de inversión y multinacionales, como la alemana Helios, que compró en 2016 el primer grupo hospitalario español, Quirón Salud (43 hospitales y 2.300 millones facturados).

Y todo apunta a que los inversores extranjeros seguirán entrando en la sanidad privada española, porque es un mercado con gran potencial: gastamos menos en sanidad que el resto de Europa (un 8,8% del PIB, frente al 8,9% en la OCDE, el 10,9% en Francia o el 11% en Alemania), hay menos camas de hospital por habitante (3,2/1.000 habitantes frente a 8,3 en Alemania) y hay más seguros médicos privados, que además son más baratos (70 euros media frente a 240 en Alemania). Y además, somos el segundo destino del mundo en “turismo sanitario”, con una oferta de calidad y bajos precios (operaciones que valen en Madrid o la Costa del Sol la mitad que en Londres y un tercio que en Nueva York).  

Pero sobre todo, la sanidad privada crece a costa del deterioro de la sanidad pública, que ha empeorado su atención, por los recortes y la precariedad de sus plantillas: un tercio de sus empleados (480.626 en 2016) son eventuales (con contratos temporales), de ellos la tercera parte interinos (169.828).Y sólo la mitad de los médicos (50,7%) que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen una plaza en propiedad, según una encuesta de la CESM. De la otra mitad, un 19,2% son contratados fijos y el 30,8% restante son médicos contratados, muchos desde hace una década y la tercera parte con contratos de menos de 6 meses, que se renuevan una y otra vez. Y aún hay más precariedad entre enfermeros y enfermeras (y tenemos 5,1/1.000 habitantes frente a 8,4 en Europa).

Esta precariedad laboral más el recorte de medios y la falta de inversiones (en tecnología hospitalaria, obsoleta, y en nuevos hospitales, con los viejos muy estropeados) han deteriorado mucho la sanidad pública, sobre todo las urgencias y en épocas de gripe y epidemias, disparando las listas de espera. Y la situación puede empeorar, debido al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas (hoy ya las tienen 4 de cada 10 españoles), que van a disparar la demanda sanitaria y el gasto en los próximos años (por la tecnología y los nuevos fármacos, mucho más caros).

Las listas de espera no son algo coyuntural sino que revelan los males de fondo de la sanidad pública. De ahí que no hayan podido frenarse con Planes de choque ni derivándolas a los hospitales privados. Son “parches” que no atajan los problemas de fondo: la falta de médicos y personal sanitario, de hospitales y centros en algunas zonas y, sobre todo, los problemas de organización de la sanidad pública. No es de recibo que haya quirófanos cerrados por falta de profesionales y que además no funcionen por las tardes, entre otras razones porque los médicos adscritos están operando en la privada. Habría que establecer prioridades, optimizar recursos, desarrollar la cirugía ambulatoria e implicar mejor a los profesionales (con incentivos) en la lucha contra las listas de espera.

Y, sobre todo, hay que coordinar mejor la atención sanitaria pública, porque cada autonomía va a su aire, en el gasto y en la atención que ofrecen. Las que más gastaron en sanidad en 2016 fueron Navarra (1.633 euros/habitante), País Vasco (1.632 euros), Asturias (1.578), Extremadura (1.422) y Cantabria (1.418 euros). Y las que menos, Andalucía (1.106 euros/habitante), Cataluña (1.180) y Madrid (1.184), un 50% menos que navarros, vascos y asturianos, junto a Castilla la Mancha (1.271), Comunidad Valenciana (1.233 euros) y Murcia (1.209 euros/habitante), según datos de la FDSP. Y claro, con menos gasto, menos camas (Andalucía y Valencia) y menos médicos y enfermeras por habitante (Andalucía y Cataluña). Y en consecuencia, peor sanidad. La mejor nota en el ranking de la FDSP se la llevan Navarra y el País Vasco (90 puntos sobre 114), Aragón (82) y Asturias (79), mientras suspenden Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59 puntos), Cataluña y Andalucía (60 puntos).

Los españoles todavía aprueban a la sanidad pública (nota de 6,57 puntos en el Barómetro sanitario 2016), pero ahora la sanidad ha pasado a ser el tercer motivo de preocupación de los españoles, por detrás del paro y la economía, según el Barómetro del CIS de enero 2017. Y un tercio de los españoles cree que necesita cambios de fondo. Y también la mayoría de los partidos: 11 grupos políticos, todos menos el PP y Ciudadanos, firmaron el 12 de septiembre un Pacto en el Congreso para mejorar la sanidad y revertir los recortes.

La primera medida de cualquier Pacto sanitario debe ser asegurar un mayor gasto en sanidad, para revertir los recortes ¿Cuánto? Una pista puede ser conseguir que España gaste en sanidad como el resto de Europa, lo que ahora no sucede: el gasto sanitario público supone el 6,2% del PIB (2015), frente al 7,2% en la UE-28, Alemania o Italia, el 8,2% de Francia, el 7,6% de Reino Unido y el 8,6% de Dinamarca, según Eurostat (2015). Gastar en sanidad como los europeos supondría gastar 11.000 millones más al año, lo que exige recaudar más. En paralelo, hay que aumentar las plantillas (los 10.000 médicos y 41.000 enfermeras perdidos y más), estabilizando sus contratos. Gastar más en tecnología sanitaria (la cuarta parte de equipos tienen más de 10 años), en nuevos hospitales y centros de salud. Pero no es sólo cuestión de más dinero: hay que reformar la organización sanitaria y mejorar la gestión, aumentando la productividad, implicando más a médicos y enfermeras. Y gastar más en prevención y atención primaria, para gastar menos en hospitalizaciones.

Las listas de espera son “una excusa” para que los seguros y la sanidad privada aumenten su negocio. Pero el problema está ahí, es serio y no se resuelve con “parches” que no vayan al fondo del problema: el deterioro de la sanidad pública. Es de las mejores del mundo, pero pasa por un mal momento, con una atención que se ha deteriorado, con un gasto creciente y pacientes más viejos. Hay que apuntalar la sanidad pública, con más recursos, más personal, más medios, menos diferencias regionales y una mejor gestión. Urge un Pacto sanitario que cuente con las autonomías, los profesionales y los pacientes. Nuestra salud es demasiado importante como para dejar que la sanidad pública se deteriores más. Actúen ya.