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lunes, 1 de junio de 2026

Renta 2026: más declaraciones a pagar

Queda hasta finales de junio para presentar la declaración de la Renta, por los ingresos de 2025. Este año, aumentan los contribuyentes que les sale a pagar (+1,64 millones que en 2025) y además pagarán más (+5.535 millones), porque hay más gente trabajando y han subido los sueldos, dividendos y plusvalías de Bolsa y de la venta de viviendas. También porque Hacienda no descuenta la inflación en tramos y tipos. La Renta se consolida como el principal impuesto (43,78% de la recaudación)  y la pagan sobre todo los que viven de un trabajo o pensión, principalmente las clases medias y medias altas. Con todo, no es verdad que “vivamos en un infierno fiscal”, como reitera Feijóo: el porcentaje del salario bruto que se llevan impuestos y cotizaciones es mayor que en la OCDE pero menor que en Alemania, Francia e Italia. Y España sigue recaudando porcentualmente menos que Europa. Por eso, si queremos mejorar los servicios públicos, algunos (los más ricos, inversores y empresas) tendrán que pagar más.

                               Enrique Ortega

Esta primavera de 2026, Hacienda espera recibir 25.251.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2025, un +2,1% que en 2025. La novedad es que bajan las declaraciones negativas, con derecho a devolución (serán 15.706.000 declaraciones, 1,36 millones menos que el año pasado, -1,8%) y suben mucho las declaraciones positivas, en las que sale a pagar: se esperan 7.709.000 declaraciones, 1,64 millones más que en 2025 (+10,3%). Las razones son varias: hay más gente viviendo y trabajando en España y a muchos de estos declarantes les han subido los sueldos y en algunos casos, los dividendos que perciben (+12,7% en 2025) y las plusvalías por la subida de la Bolsa (+49,27% en 2025) y por la venta de viviendas (que subieron el 12,7%). Ahora lo que se paga con la declaración no es todo el IRPF, sino la parte que “queda pendiente” tras las retenciones mensuales en 2025, con lo que el pago neto de los contribuyentes (pago positivas menos ingreso negativas) será un saldo positivo para Hacienda de 11.357 millones (19.093 el año pasado).

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo las deducciones por obras en viviendas para reducir el consumo energético, así como por la compra de vehículos eléctricos o por instalación de postes de recarga, más la deducción (hasta 340 euros) para los que ganen menos de 18.276 euros y los ajustes a los que ganan el salario mínimo (SMI). Eso sí, hay que destacar que Hacienda enviará este año 3,5 millones de “avisos preventivos para alertar de sus obligaciones fiscales a los que tienen criptomonedas (1,2 millones de avisos), a los que obtienen rentas en el extranjero, a los que venden cantidades destacadas en plataformas digitales (como Wallapop o Vinted: 437.000 avisos más) o los que tienen un piso en alquiler no declarado (avisos a 867.000 propietarios…).

Las mayores novedades de la Renta siguen estando en la mitad que gestionan las autonomías. Sigue habiendo una gran diferencia regional en el tipo mínimo (9,5%), que sólo mantienen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia) y que han rebajado el resto, mientras el tipo máximo autonómico (24,5%) lo mantiene sólo Cantabria, subiéndolo 8 autonomías (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, la Rioja y Comunidad Valenciana, con el tipo más alto, 29,5%) y bajándolo otras 6 (Castilla y León, Galicia, Castilla la Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid, con el tipo máximo más bajo, 20,5%). Tipos que se suman al tipo mínimo (9,5%) y máximo (24,5%) estatal.

Además de que las autonomías compiten entre ellas con unos tipos del IRPF al alza o a la baja, también difieren en las deducciones que aplican, muy diferentes entre ellas. En esta declaración a presentar en 2026, hay deducciones autonómicas muy llamativas: un 15% de la cuota del gimnasio, con 100 euros máximo (Andalucía y Murcia), un porcentaje del gasto veterinario en mascotas (Andalucía y Murcia), a los celíacos (Asturias), por gastos en dentistas (hasta 150 euros de deducción) y oculistas, así como por estudios musicales, hasta 150 euros (las 3 deducciones en la Comunidad Valenciana), ayuda para material escolar (Galicia),para gastos de guardería o mudanza entre islas (Canarias), por ahorro para previsión social (País Vasco) o para compra de vivienda (Castilla la Mancha), para compensar los gastos de una ocupación de vivienda (en Baleares), para bonificar los trabajos en el campo de nuevos residentes (La Rioja) o para incentivar a los que vengan de otras regiones (una deducción nueva este año en Extremadura y Cantabria).

Con tipos autonómicos distintos y diferentes deducciones, los españoles pagan un IRPF diferente según donde vivan, según demuestra este estudio de los economistas asesores fiscales (REAF). Un soltero sin hijos que ingrese 20.000 euros pagará de Renta 1.772 euros al año en todas las regiones, salvo en Navarra (1.200 euros) y País Vasco (0 euros).Si gana 30.000 euros, la horquilla varía entre 4.958 euros que paga en Cataluña (4.926 en Castilla la Mancha) y 4.495 en el País Vasco, 4.582 en Navarra y 4.598 en Madrid. Para 45.000 euros, vuelve a ser Cataluña donde más de paga (9.684 euros), seguida por Extremadura (9.653) y menos en el País Vasco (8.626) y Madrid (8.881). Para 70.000 euros de ingresos, el mayor pago hay que hacerlo en Extremadura (19.365 euros) y Cataluña (19.097), siendo el menor en el País Vasco (34.724) y Madrid (35.000 euros). Y a partir de 110.000 euros de ingresos anuales, el reparto se repite: pagan más los contribuyentes (ricos) que viven en la Comunidad Valenciana y los que menos quienes viven en Madrid (ahí, “los más ricos” pagan de Renta entre 7.000 y 46.000 euros menos que en la Comunidad Valenciana: ver cuadro).

El IRPF se consolida en España como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios: en 2025, Hacienda recaudó con la Renta 142.466 millones de euros, casi la mitad (el 43,78%) de toda la recaudación fiscal en España (325.356 millones), un peso que ha ido en aumento tras la pandemia (el IRPF suponía el 40,83% de toda la recaudación en 2019). Y la recaudación por Renta ha crecido un +64% desde 2019 (cuando ingresó 86.892 millones), el 2º mayor aumento de ingresos de todos los impuestos, sólo por detrás del impuesto de Sociedades (cuya recaudación ha crecido un +78% desde 2019 porque entonces las empresas pagaban muchos menos impuestos y ahora ganan más). Muy lejos del IRPF quedan la recaudación del IVA (99.532 millones en 2025), la de Sociedades (42.266 millones) y los impuestos especiales (23.083 millones por carburantes, tabaco y alcohol), los 4 principales impuestos que pagamos cada día y cada año.

Este fuerte tirón de la recaudación por el IRPF tras la pandemia se debe a varios factores:  más población residente y trabajando (+2.496.400 ocupados que en 2019), con mayores sueldos (han subido +16,66% en estos 6 años) y con unos ingresos extras para muchos declarantes que ahorran e invierten (generando plusvalías), desde los que cobran dividendos (42.671 millones cobrados en 2025, la cifra máxima en once años) a los que invierten en Bolsa (2,4 millones de familias, el 12% de los hogares) o los que compraron una vivienda y la han venido (+62% ha subido desde 2019) o alquilado (+47% subieron los alquileres). Todo ello explica que la recaudación por IRPF se haya disparado tras la pandemia y especialmente en 2025 (+10,1%), lo que ha aumentado las declaraciones positivas este año.

Y hay otra razón muy importante, que explica parte de la mayor recaudación por IRPF: Hacienda no deflacta los tramos ni la tarifa del IRPF, lo que significa que ganamos más cada año por la inflación, aunque se coma parte del poder adquisitivo. Y eso se traduce en contribuyentes que saltan de tramo de la renta, que pagan un tipo más alto que años anteriores. El PP lleva años pidiendo al Gobierno que “deflacte” la tarifa, que descuente de nuestros ingresos lo que ha crecido la inflación. Y lo ha aplicado en las 11 autonomías que gobierna, aunque lo hizo en años anteriores, porque las autonomías “populares” no han deflactado la tarifa ni en 2025 ni en 2026.

Hacienda rechaza deflactar la tarifa, argumentando que esa medida “favorece más a los más ricos” y que las medidas fiscales adoptadas en los últimos años por el Gobierno han rebajado más a las rentas bajas que deflactarles la tarifa. En cualquier caso, los expertos de AIReF estiman que Hacienda recauda 10.000 millones “extras” al año por no deflactar la tarifa de la Renta, algo que pagamos todos, pero unos más que otros. Así, un declarante que ingresa 25.000 euros paga un extra por no deflactar la tarifa de 250 euros (Extremadura) a 263 euros el año (Comunidad Valenciana). Uno que declara 30.000, paga de más entre 337 euros (Madrid) y 352 (Extremadura). Uno que ingresa 45.000 paga un extra de 522 euros (Madrid) a 533 (Extremadura). Quien ingrese 75.000 euros, paga entre 750 euros de más (Baleares) y 769 (Comunidad Valenciana). Y los contribuyentes de 400.000 euros pagan extra entre 2.134 euros (Madrid) y 2.163 euros (Comunidad Valenciana). Como se ve, hay grandes diferencias.

Un problema que tiene el IRPF, frente a otros impuestos, es que la mayoría lo pagan los que viven de un sueldo a de una pensión, (el 90,8 % de todas las declaraciones son de rendimientos del trabajo). que además son los más fáciles de controlar por Hacienda que los ingresos que declaran los que tienen ahorros o inversiones (lo incorporan el 40% de las declaraciones), los que obtienen ingresos de inmuebles (otro 38% declaraciones) y los que declaran actividades económicas (empresarios y autónomos, 12,5% declaraciones). Y muchas de las personas con grandes patrimonios no declaran en el IRPF, porque utilizan sociedades e intermediarias (SICAV) para canalizar sus pagos fiscales (reducidos).

Con todo, los que declaramos en el IRPF pagamos más cada año, por esos mayores ingresos que no notamos por la inflación. Así, el tipo medio de las declaraciones ha saltado del 12,7% de media sobre ingresos que pagábamos en 2019 al 14,4% en 2024 y al 16,2% de 2025, según la Agencia Tributaria. Un pago de la Renta que recae sobre todo sobre las personas de ingresos medios y medios altos, según los últimos datos de Hacienda, de la Declaración de 2023: los que declaran ingresos entre 30.000 y 60.000 euros (22,02% declarantes) pagan el 37,54% del IRPF, una media de 8.370 euros por declarante. Y los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,88% del total) pagan el 24,19% del IRPF, 24.317 euros de media. Así que entre ambos grupos (de 30.000 a 150.000 euros, el 26,9% de declarantes) pagan casi dos tercios del IRPF. Y la mayoría de contribuyentes, los que ingresan menos de 30.000 euros (el 67% de declarantes) pagan sólo el 20,31% del IRPF, una media de 190 a 3.761 euros.  Y la minoría que gana más de 150.000 euros (175.665 contribuyentes, el 0,73% del total) pagan el 17,97% del IRPF, entre 81.586 y 543.472 euros…

Visto así, queda claro que en el IRPF pagan más los que más tienen. Pero estos datos esconden un grave problema, nuestros impuestos en general no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (españoles (el 78,9% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso pasa porque el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías).Y a que los más ricos utilizan empresas e “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

Otro mito que circula en el imaginario popular es que “en España pagamos más impuestos que en otros paises”, una idea agravada con la última consigna de Núñez Feijóo: España es un infierno fiscal. Algo que es sencillamente mentira: la presión fiscal en España en 2024 (ingresos tributarios más cotizaciones sociales) es del 37,3% del PIB, lejos de la media de la UE-27, que es el 40,4%, según Eurostat. Y si miramos “la cuña fiscal, el porcentaje del salario bruto que pierden los trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, es en España el 41,4%, más que la media de la OCDE (35,1%), pero menos de lo que pierden los trabajadores de Alemania (49,3%), Francia (47,2%), Italia (45,8%) o Bélgica (52,5%).

Lo que sí es preocupante para España, aunque nunca lo diga Núñez Feijóo, es que recaudemos muchos menos ingresos que otros paises en relación a nuestro PIB, algo que pasaba hace una década (40% del PIB entre 2017 y 2021, frente al 46,3% que recaudaba la UE-21) y que pasa ahora: España recaudó en 2025 una cifra récord, pero suponía el 42,8% del PIB, otro año por debajo de la UE-27 (recaudó el 46,3% del PIB), de Alemania (47,5% del PIB), Francia (52% del PIB) e Italia (47,6% del PIB). Eso significa, a lo claro, que en 2025 recaudamos 59.000 millones menos que la media europea, un dinero que nos hubiera venido muy bien para mejorar la sanidad, educación, Dependencia o los servicios públicos.

Estas fechas en que nos toca el mal trago de presentar la declaración de la renta (pagar impuestos lo hacemos todo el año), es buen momento para hacer una reflexión: necesitamos recaudar más, homologarnos con Europa, para reforzar el Estado del Bienestar, desde la sanidad (un trasplante de corazón cuesta 90.000 euros) a la educación pasando por la Dependencia, las ayudas sociales, la vivienda, las infraestructuras (desde vías de tren a carreteras), los servicios públicos y emergencias…, tantas y tantas cosas que necesitan recursos y personal.

Ojo, no se trata de pagar más impuestos la mayoría que ya los pagamos, sino que paguen más los que pagan poco: grandes empresas (un tercio de nuestras multinacionales pagan un tipo efectivo inferior al 15%, menos que un trabajador en el IRPF), multinacionales y grandes patrimonios (los más ricos). Y reducir las vías de fraude fiscal, “legales” o ilegales (economía sumergida). Además, Bruselas nos recomienda aprobar una reforma fiscal (imposible hace décadas) que reduzca los tipos reducidos del IVA, suprima deducciones en Renta y Sociedades y aumente los “impuestos verdes” (llevamos años sin cumplir la exigencia de subir impuestos al gasóleo). Sólo así recaudaremos más, de una forma más justa, y podremos mejorar los servicios públicos. No bajando impuestos.

lunes, 23 de junio de 2025

Renta 2025: pagan más los de siempre

Queda hasta fin de mes para presentar la declaración de la Renta por los ingresos de 2024. Y casi todos vamos a pagar más, porque han subido los salarios, las pensiones y el empleo, además de que Hacienda sigue sin descontar la inflación en los ingresos. Pero el problema es que el IRPF sigue ganando peso en la recaudación (el 44%  del total) y los que pagan la Renta son básicamente los trabajadores con una nómina (fáciles de controlar), sobre todo las clases medias, mientras los más ricos apenas pagan. Además, España tiene otro problema: somos uno de los paises que menos recauda por impuestos, debido a que hay mucho fraude y que tanto la Renta como sociedades e IVA son como un queso de gruyere, con demasiados agujeros (exenciones y deducciones) que reducen la recaudación. Así que, otro año más, pagamos impuestos desiguales e insuficientes para consolidar los servicios públicos. Y nadie habla ya de pactar una reforma fiscal, como pide Europa, algo políticamente imposible.

                            Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 24.868.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2024, un +3,1% que en 2024. Pero la mayoría de los contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque la declaración les sale a devolver: serán 17.069.000 declaraciones (el 68% del total y 2,5 millones más que en la campaña pasada), que recibirán 14.908 millones de euros en unas semanas o meses (+9,6% que el año pasado), porque pagaron de más en 2024 (o por deducciones). Al otro tercio de los contribuyentes, 6.066.000 según Hacienda (1 millón menos que el año pasado), les sale a pagar el IRPF este año: ingresarán ahora 19.093 millones de euros,+13,3% que en 2024, debido a que han ingresado más por sueldos, pensiones, dividendos, intereses y Bolsa.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo el aumento de la deducción a los trabajadores con ingresos bajos y medios  (sube de 6.495 a 7.302 euros), la deducción adicional de 1.000 euros para guardería a las madres trabajadoras y los cambios en el tratamiento fiscal de los alquileres a los propietarios, según a quien alquilen y lo que cobren. Eso sí, este año no pueden olvidarse los ingresos en plataformas de venta de segunda mano y los ingresos online, porque Hacienda va a vigilar especialmente los movimientos en la Red.

Donde hay más cambios es en la parte autonómica del IRPF, porque la mayoría de autonomías cambiaron tipos y deducciones en 2024. Por un lado, las autonomías gestionadas por el PP (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y león, Galicia, Madrid, la Rioja, Canarias), más País Vasco y Navarra, “deflactaron” la tarifa autonómica del IRPF (la rebajaron para compensar la inflación). Y han modificado deducciones, tanto familiares como personales, un listado con grandes diferencias. Con ello, al presentar la Renta sigue habiendo grandes diferencias según donde se viva. Para ingresos de 20.000 a 45.000 euros, se paga menos IRPF en el País Vasco y Madrid y más en Cataluña, Extremadura, Baleares, Asturias y Castilla la Mancha, según este estudio del Consejo de Economistas. Y para mayores ingresos, sobre todo a partir de 110.000 euros, se paga mucho menos Renta en Madrid y país Vasco y más en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Canarias.

El IRPF se consolida como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios en España: en 2024, Hacienda recaudó por IRPF 129.408 millones de euros, casi la mitad (el 43,90%) de toda la recaudación fiscal en España (294.734 millones en 2024). Y esa recaudación supone un crecimiento del 7,6% sobre 2023 (120.250 millones) y un +48,92% sobre lo recaudado antes de la pandemia (86.892 millones en 2019). Además, la recaudación por IRPF se ha multiplicado por 4.11 en los últimos 30 años (de 31.418 millones en 1995 a 129.408 en 2024).

El 2º mayor impuesto por recaudación, lejos del IRPF, es el IVA, que recaudó 90.541 millones en 2024 (+7,9% sobre 2023 y +26,56% más que en 2019), ese impuesto que pagamos cada vez que compramos y cuya recaudación se ha multiplicado por 4,45 en los últimos 30 años (recaudaba 20.337 millones en 1995). El tercer impuesto por recaudación es el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, que recaudó 39.096 millones en 2024 (la tercera parte que el IRPF), +11,5% más que en 2023 y +64,73% que antes de la pandemia (2019), por la mejora de ventas y beneficios de las empresas, que pagan por Sociedades 5,14 veces más de lo que pagaban en 1995 (7.605 millones). Y el 4º impuesto son los impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes, electricidad…), que recaudaron 22.128 millones de euros en 2024 (+6,6% sobre 2023 y +3,49% sobre 2019), los que menos han crecido en los últimos 30 años (1,92 veces sobre 1995). Estos 4 grandes impuestos suponen el 95% de la recaudación, que se completa con lo recaudado por tasas y otros impuestos (13.560 millones en 2024).

Lo que pagamos al declarar el IRPF se ha incrementado un +48,92% desde 2019 por varias razones: hay más gente trabajando y pagando impuestos (+1,8 millones de ocupados tras la pandemia), los que trabajan ganan más (los sueldos han subido un 15,9% entre 2019 y 2024), han subido también las pensiones y los inversores cobran ahora más dividendos e intereses y han ganado más en Bolsa. Todo eso ha elevado los ingresos de la mayoría de los contribuyentes, también en 2024, con lo que pagaremos más IRPF este año. Pero hay otro factor importante que explica por qué pagamos más: Hacienda no ha querido “deflactar la tarifa”, descontar el efecto de la inflación en los ingresos (la inflación ha subido un 18,2% entre 2019 y 2024) y eso ha hecho que suban los ingresos y muchos contribuyentes “salten” de tramo y paguen una tarifa más alta en el IRPF.

Funcas estima que la no “deflactación” de la tarifa ha permitido una recaudación extra en el IRPF de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024, algo más de la mitad del aumento de recaudación (+34.952 millones entre 2019 y 2024). Unos millones que los contribuyentes hemos pagado “de más” (por no ajustar los ingresos y la tarifa con la inflación) y que suponen una media de 255 euros extras, según el Registro de Economistas, un pago extra menor para los ingresos bajos (+207 euros para rentas hasta 25.000 euros) y uno mayor para los que más ganan (+1.500 euros extras para declarantes de más de 350.000 euros. Hacienda ha rechazado “deflactar” la tarifa porque dice que beneficia más a las rentas más altas y que estos mayores ingresos han ido a aumentar las ayudas a las familias vulnerables y a aumentar las deducciones de los contribuyentes con menos ingresos.

La consecuencia es que los contribuyentes pagamos más IRPF de lo que han crecido nuestros ingresos reales, según Funcas, porque la renta real neta de los hogares (descontada la inflación) es ahora inferior a la de 2008 (el 95,7%) mientras pagamos más de IRPF (el 114,4 %), por el efecto de la inflación. Eso ha subido la presión fiscal por el IRPF (del 6,5% del PIB en 2019 al 8,1% en 2024) y la presión fiscal total: la “cuña fiscal”, el porcentaje de los ingresos que pagamos en impuestos y cotizaciones sociales, era del 40,6% en 2024 (37,5% en 2022), según la OCDE, algo por encima de la media de los 38 paises desarrollados que integran la OCDE (34,9%) pero todavía por debajo de la presión fiscal de Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%), Francia (47,2%), Italia (47,1%), Finlandia (41,9% y Suecia (41,5%). En consecuencia, ahora pagamos más en el IRPF, por el aumento de ingresos y la inflación: el tipo medio ha saltado del  12,7% en 2019 al 14,4% en 2024, según Funcas.

Pero además, el pago de la Renta sigue cayendo en los trabajadores (cuyas nóminas e ingresos son fáciles de controlar), sobre todo las clases medias. Así, según el balance de la declaración de 2022 (la última con datos de la AEAT), el 91,4 % de las declaraciones presentadas (20,93 de 22,89 millones) tienen rentas del trabajo y son minoría las que tienen también rentas de capital e inmobiliarias. Además, quienes pagan el grueso del IRPF son las rentas medias y medias altas: los que declaran entre 30.000 y 60.000 euros (el 21,7% de declarantes) pagan el 36,84% del IRPF, una media de 8.212 euros por declarante. Los contribuyentes que declaran menos de 30.000 euros (el 67,88% de las declaraciones) pagan el 21,5% del IRPF, entre 48 y 3.742 euros por declarante. Los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,53% del total) pagan el 23,20% del IRPF, unos 24.230 euros de media. Y los contribuyentes que declaran más de 150.000 euros (159.816 contribuyentes, el 0,7% del total) pagan el 18,45% del IRPF, una media de 81.589 a 540.741 euros por declaración.

Visto así, parece que en el IRPF pagan más los que más tienen. Y es así. Pero estos datos esconden un problema grave de nuestros impuestos: no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (el 69,4% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Recientemente, una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso se debe a que el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías) y a que los más ricos utilizan empresas y otros instrumentos de “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

En definitiva, que casi la mitad de la recaudación fiscal sale del IRPF, un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores y en especial los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Y que los que tienen ingresos altos, apenas declaran en el IRPF y tienen otros sistemas para “evadir impuestos legalmente”. Eso ya debería ser una razón para pedir una reforma fiscal, que reparta mejor los pagos, haciendo tributar más a los ingresos no salariales. Pero hay otra razón de peso: con el vigente sistema fiscal, España recauda menos que la mayoría de Europa, no sólo porque hay mucho fraude y los que más tienen tributan poco sino porque la mayoría de impuestos son “un queso de Gruyere”, con múltiples agujeros (deducciones y exenciones) por los que se pierde una parte de la recaudación.

Los datos son inapelables: en 2025, la Comisión Europea estima que España recaudará por todos los impuestos el 42,8% de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, , el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

En resumen, que tenemos que volver a declarar por el IRPF, además de lo que ya nos retuvieron y pagamos en 2024. Hay que pagar impuestos si queremos luego tener servicios públicos y una Administración que nos ayude cuando haya problemas. Pero tenemos todo el derecho a exigir que los impuestos sean más “justos”, más progresivos, que de verdad pague más quien más tiene, algo que ahora no pasa. Eso obliga a una reforma fiscal en profundidad, que reforme todos los impuestos y consiga aumentar la recaudación, para mejorar los servicios públicos, el estado del Bienestar y los nuevos gastos en Defensa y Seguridad . Pero para ello, hace falta pactar una reforma fiscal, algo imposible con un Parlamento enfrentado y donde la derecha y la extrema derecha sólo hablan de bajar impuestos, no de reformarlos y hacerlos más justos. Así que de reforma nada. Seguiremos pagando (más) los de siempre.

lunes, 16 de junio de 2025

Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

jueves, 8 de mayo de 2025

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.


España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

lunes, 2 de enero de 2023

2023, un año incierto

2022 iba a ser el año de la recuperación, tras la crisis del COVID. Pero Putin invadió Ucrania en febrero y esta guerra agravó la inflación, más en Europa, encareciendo la energía y los alimentos y provocando otra crisis. Ahora, la palabra más utilizada para 2023 es incertidumbre: es difícil saber si la economía irá a peor, por la guerra, la energía y la subida de tipos, generando una recesión en Europa  (parece que no en España) o si mejorarán los escenarios y se iniciará una recuperación a partir del verano. Mientras, aparecen nuevas amenazas, como el riesgo de una nueva pandemia por los repuntes en China o el conflicto entre Serbia y Kosovo, sin olvidar los graves fenómenos climáticos y la enorme deuda mundial. España afronta 2023 con más crecimiento, más empleo y menos inflación que la mayoría de Europa. Y dos apoyos para la economía: las ayudas públicas contra la inflación y los Fondos europeos. La clave es crecer (aunque sea poco) y no perder empleo. ¡Feliz 2023!

Enrique Ortega

Al final, el año 2022 ha terminado mejor de lo esperado en otoño, sobre todo para España: la economía no ha caído en el último trimestre (crecerá un +0,3%, según la AIReF), el empleo sigue creciendo (somos el país europeo que crea más empleo) y la inflación ha bajado en los últimos 5 meses (del 10,8% en julio al 5,8% en diciembre, incluso por debajo del 6,5% de hace un año), lo que nos sitúa como el país con menos inflación de Europa. Así que en vez de hundirse la economía este año, crecerá “más del 5%”, según pronosticó la semana pasada el presidente Sánchez, un crecimiento cercano al de 2021 (+5,5%), antes de la guerra de Ucrania. E incluso se ha reducido el déficit público (no la deuda), gracias a una recaudación fiscal récord (239.789 millones hasta noviembre, más que los 223.385 millones de todo 2021), motivada por la subida de la inflación, el empleo (+471.360 en 2022) y los beneficios empresariales.

De hecho, la prestigiosa revista “The Economist” ha situado a España como “el 4º país de la OCDE que mejor ha evolucionado en 2022”, tras analizar 5 indicadores económicos claves de los 34 paises miembros. Nos coloca sólo por detrás de Grecia, Portugal e Irlanda. Resulta chocante que estos 4 paises “ejemplares” sean los que más sufrieron la crisis europea de la deuda (2010-2012) y los 4 paises que fueron rescatados por la UE (en España, la banca), a cambio de un duro ajuste y drásticos recortes que hundieron sus economías hasta 2014. Es una ironía de la historia que nos recuerda que hubo otra manera de atajar las crisis, el neoliberalismo, que no se utilizó en la crisis de la pandemia (2020-2021) ni en la actual crisis de la inflación (2022), donde han primado las ayudas públicas para reanimar las economías y salvar empleos. La diferencia es clara: en la crisis de 2008, España tardó una década en recuperar el empleo perdido y en la pandemia lo recuperó en 21 meses (septiembre 2021).

Si 2022 ha terminado mejor de lo temido, para 2023 las perspectivas parecen peores. Pero nadie se atreve a asegurarlo: la palabra más utilizada en los informes de los organismos internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea) es “incertidumbre”. La clave para saber cómo se comportará la economía española pasa por lo que haga la economía mundial, en especial Europa. Y todas las previsiones (OCDE y FMI) auguran un menor crecimiento en 2023, en el mundo (+2,2% frente al 3,1% en 2022 y +5,9% en 2021), en las economías avanzadas (+1,1% de crecimiento, frente a +2,4% y +5,2%), en EEUU (+0,5% de crecimiento en 2023 frente a +1,8% y +5,9% los dos años anteriores) y sobre todo en Europa: se augura un crecimiento para la zona euro de sólo un +0,5% este año 2023, frente al +3,3% en 2022 y el +5,3% que creció en 2021, tras la caída en 2020 (-6,6%) por la pandemia. Sólo China espera crecer más en 2023 (+4,6% frente al +3,1% y el +8,1%), por el fin de la política de COVID cero, aunque tiene el riesgo de haberse disparado los contagios.

Lo más preocupante para los europeos es que la locomotora económica del continente, Alemania, va a caer en recesión este año 2023: su PIB caerá un -0,5%, coinciden en la OCDE y el FMI, mientras la última previsión de la Comisión Europea (noviembre 2022) apuntaba una caída algo mayor, del -0,6%. También entrará en recesión Suecia (-0,6%) y Letonia (-0,3%), así como el Reino Unido (-0,9%), lo que retraerá sus turistas a España Y del resto de paises europeos, Dinamarca no crecerá nada (+0%) y muy poco Bélgica (+0,2), Austria (+0,3%), Italia (+0,3%) y Francia (+0,4%), junto a Portugal y Polonia (+0,7%). España será el país grande europeo que más crezca, aunque sólo un +1%, un crecimiento que el FMI sube hasta el +1,2% y la OCDE (y el Banco de España) al +1,3%, todos por debajo del Gobierno Sánchez, que apuesta por un crecimiento este año del +2,1%. La previsión de la Comisión Europea es que España crezca más a partir del verano, por el tirón del turismo y las inversiones derivadas de los Fondos europeos.

Volviendo al panorama internacional, el gran problema que seguirá en 2023 será la alta inflación. La previsión de la OCDE es que baje en Occidente del 9,4% de 2022 al +6,5% en 2023, que siga en el 5,1% en 2024 y que no regrese a la normalidad del 3% hasta 2025. En la zona euro, auguran una bajada del 8,3% al +6,8% en 2023, para bajar luego al 3,4% en 2014. Y en España, la Comisión Europea estima que el 8,5% de inflación media que tuvimos en 2022 bajará al +4,8% en 2023 y al 2,3% en 2024, menos inflación que la prevista para la Europa del euro (+6,1% en 2023 y +2,6% en 2024).

La principal medida contra la inflación, también en 2023, serán nuevas subidas de tipos de interés, después de que EEUU los haya subido 7 veces en 2022, (entre marzo y diciembre), del 0 al 4,5%, y el BCE los subiera 4 veces (entre julio y diciembre), del 0 al 2,5%. De momento, estas subidas han sido ineficaces y muy dañinas para la economía. Ineficaces porque apenas han bajado la inflación en EEUU y en Europa está más alta que al iniciarse las subidas (+10,1% en noviembre frente al 8,6% en junio). Y eso se debe a que en esta ocasión, no es una “inflación de demanda (elevada, que hay que “enfriar” con el dinero más caro) sino ante una “inflación de costes, donde la subida de tipos no va a bajar el precio del gas, la luz y los alimentos ni va a parar la guerra. Los bancos centrales lo saben, pero intentan bajar la inflación a cualquier precio, a costa de provocar una recesión (como han hecho otras veces).

Estas subidas de tipos, además de ineficaces provocan un gran daño a la economía, al encarecer el dinero a las empresas (crédito e inversión), familias (hipotecas y créditos personales) y Estados (deuda pública). De hecho, el Euribor ya superó el 3% a finales de 2022 (tras estar en negativo desde 2016 a abril de 2022), lo que encarece las hipotecas de todos los europeos, que ya tienen problemas para llegar a fin de mes con la inflación. En España, la revisión en enero de una hipoteca a tipo variable (hay 3,5 millones) subirá una media de 225 euros al mes. Y se ha duplicado el tipo que pagan las empresas por sus créditos, mientras España paga más por colocar su deuda: el bono a 10 años ha subido del 0,60% en enero de 2022 al 3,60% de interés que hay que pagar ahora… Y este año tenemos que colocar 70.000 millones de nueva deuda.

Como se ve, las consecuencias de la subida de tipos son muy negativas y acelerarán el riesgo de recesión en todo el mundo y más en Europa. Es como “pegarse un tiro en el pié”, forzados por la estrategia “neoliberal” de unos bancos centrales “independientes”, que nadie elige, y cuya política de ricino deberían abandonar, como se hizo con los ajustes y recortes de la crisis financiera en la pandemia y la actual crisis de la inflación. Sería más eficaz que los organismos multilaterales, desde el G-7 al G-20, y la OCDE y el FMI promovieran cambios estructurales en la economía mundial, clarificando los mercados de la energía, alimentos y materias primas para que una minoría (OPEP, operadores, multinacionales) no aproveche la crisis para hacerse de oro a costa de las familias y los presupuestos de los paises.

Además de la inflación y la subida de tipos, hay otras “amenazas” en el panorama económico internacional para 2023. La fundamental, la guerra en Ucrania, que va a cumplir un año sin verse salida. Y además, existe el riesgo de un 2º conflicto en Europa, entre Serbia y Kosovo (donde sigue una misión de la OTAN). A finales de diciembre, EEUU y la UE han tenido que intervenir para evitar un enfrentamiento entre Serbia y su antigua provincia de Kosovo, que se declaró independiente unilateralmente en 2008. Esta vez, el choque ha surgido por la crisis de las matrículas, el rechazo de la minoría serbia de Kosovo a reemplazar sus antiguas matrículas (expedidas por Belgrado) por otras del nuevo país (expedidas por Prístina). En noviembre se alcanzó un débil acuerdo, pero ha habido después enfrentamientos y barricadas cerca de la frontera que indican que la tensión sigue y podría ir a más.

Otra amenaza a la economía mundial es la evolución de los precios de la energía. Este invierno, Europa podrá superar el frío y los temidos cortes de electricidad  gracias a las enormes reservas de gas (cercanas al 90%), que han desplomado los precios, junto al mayor ahorro de energía de empresas y familias. Pero en cualquier momento puede cambiar la situación, al agravarse el frío o cambiar el clima y contar con menos energía eólica y solar (que han desplomado los precios de la luz en diciembre). El 15 de febrero empieza a funcionar el tope al gas (180 euros) que ha aprobado la UE, junto a las compras conjuntas, los planes de solidaridad entre paises y la menor burocracia para instalar renovables. Habrá que ver si surten efecto. Y si la guerra continúa, el problema será preparar el invierno de 2023.

Una quinta amenaza ha saltado la semana pasada: el riesgo de que vuelva el COVID con fuerza y el mundo sufra una nueva pandemia 3 años después, lo que hundiría a la economía mundial en otra recesión. El origen del problema vuelve a estar en China, que ha pasado de un extremo a otro, de confinamientos durísimos de ciudades y personas a abrir ahora la mano y permitir la movilidad sin cuarentenas, lo que ha provocado ya millones de contagios diarios y muertes incontables, debido a su baja tasa de vacunación (con vacunas propias, poco eficaces). Ya hay paises, como EEUU, Japón, Corea o Italia, que están controlando los vuelos desde China, algo que hace España desde el 31 de diciembre,  mientras las autoridades sanitarias de la UE sólo dicen que “se mantienen vigilantes”, sin aprobar controles conjuntos en la UE.

La sexta amenaza para la economía mundial en 2023 serán los fenómenos climáticos extremos, desde inundaciones y sequías a aumentos de temperaturas, que causarán enormes daños (como en 2022) y un encarecimiento de los alimentos. Todo ello sin que los Gobiernos, agobiados por la inflación, la guerra y quizás el COVID, tomen medidas eficaces para fomentar las energías renovables y lograr un mayor recorte de las emisiones para 2030.

Y queda una séptima amenaza en 2023 de la que apenas se habla: una crisis de deuda. Dos décadas de dinero barato, desde 2008 a 2022,  han propiciado que los paises, empresas y particulares se hayan endeudado sin miedo. Ya en 2021, el FMI estimaba que la deuda mundial era de 226 billones de euros, el 256% del PIB mundial, una cifra histórica, que supera la deuda de 2008 (195% del PIB mundial). El 40% de esta deuda es deuda pública (la que más ha crecido, por la crisis financiera y la pandemia), otro 40% es deuda empresarial (disparada en 2020) y el resto deuda de las familias. Todos tendrán que afrontar ahora esa deuda con tipos más altos, lo que puede poner en apuros a paises en desarrollo de Latinoamérica, Asia y Africa (que además deben devolverla en dólares más caros).

Centrándonos en España, además de estas amenazas globales, tenemos incertidumbres propias en 2023. La primera, mantener bajos los precios de la energía con los que cerró 2022. Y para eso, resulta clave conseguir una prórroga de la excepción ibérica, que termina en mayo y que nos ha permitido ahorrar 4.000 millones en la factura de la luz, una media de 150 euros anuales por recibo. Si el gas vuelve a subir, tendremos un argumento a nuestro favor, incluso otros paises querrán que se les extienda, como han pedido Italia, Francia o Grecia. Pero si no se consigue, volveremos al vaivén de precios y subirá la inflación.

Otro reto será mantener las ayudas públicas contra la inflación, prorrogarlas después de junio si no bajan los precios suficientemente. El coste es alto (10.000 millones por semestre), pero son imprescindibles para ayudar a familias y empresas y evitar un desplome del consumo y del crecimiento. Si las cosas se ponen “feas”, la solución pasaría por forzar la aprobación de un Plan europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con el COVID (Plan de Recuperación). Algunos expertos proponen un Plan de 1 billón de euros, que saldrían de emitir deuda europea (ya se rompió el tabú tras el COVID), de impuestos sobre algunos beneficios extraordinarios de empresas y de otras partidas del Presupuesto europeo. Sería mejor una respuesta común, si la inflación no amaina en 2023, a que cada país “se busque la vida”, dando más ayudas los más ricos (Alemania), como pasa ahora, lo que además de injusto, supone amparar una competencia desleal entre paises.

La clave para España en 2023 es mantener el crecimiento (aunque sea menor) y no caer en recesión. Para ello contamos con “dos empujones, el de las ayudas públicas (que sostendrán el consumo de las familias y la actividad de las empresas) y los Fondos europeos, que deberían relanzar la inversión y la actividad en 2023 (tras un cierto parón en 2022). Y además, es clave que no caiga el consumo de las familias, lo que exige una subida razonable de los salarios, tras dos años de pérdida de poder adquisitivo. Y apoyos a la exportación, para que no reste crecimiento en 2023, un año donde apenas crecerá el comercio mundial y donde será más difícil vender en Europa, con débil crecimiento o recesión. Con todo, la clave es salvar el empleo, aumentarlo algo, porque es lo que nos permitirá aguantar la crisis, como ha pasado en 2022 (471.360 personas más trabajando, con empleos más decentes). Esta debería ser nuestra petición a 2023: que no se pierda ni un empleo. Eso exige acuerdos sociales y políticos, nada fáciles en un año electoral. Pero es lo que necesitamos.

¡Feliz 2023¡