La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente estimó en 2021 que 327.000 europeos mueren prematuramente en la UE por la contaminación del aire. Y en España, un informe de Countdown refleja que 22.000 muertes anuales pueden atribuirse a la contaminación, mientras otras fuentes suben a 30.000 muertes. Esta alta mortalidad se debe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños. Y recuerdan que los grupos más vulnerables a la alta contaminación son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Además de los daños a la salud, el Banco Mundial estima que la contaminación tiene unos costes sanitarios y laborales en España de 44.000 millones de euros.
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lunes, 6 de abril de 2026
Zonas bajas emisiones: 100 Aytos rebeldes
Acaba la Semana Santa y volvemos a la rutina, los atascos y la
contaminación de nuestras ciudades, que provoca enfermedades y 22.000
muertes al año en España. La principal culpa es del tráfico, razón
por la que se aprobó en 2021 una Ley de Cambio Climático que obligaba a los Ayuntamientos de las grandes ciudades (+
50.000 habitantes) a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para
limitar el acceso a los coches más contaminantes. Debían implantarlas el
1 de enero de 2023, pero más de 3 años después, los consistorios de 100
grandes ciudades no las han implantado (10 se niegan a hacerlo). Y la
mayoría de las 53 ciudades que sí lo han hecho aplican las restricciones
en zonas pequeñas y no multan. Además, Madrid acaba de aprobar que los coches
sin etiqueta puedan seguir circulando. Esta actitud se explica porque el
PP y Vox defienden posiciones negacionistas del Cambio Climático,
mientras los límites de contaminación se superan en zonas donde
viven 8,4 millones de españoles. Tremendo. Enrique Ortega
La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente estimó en 2021 que 327.000 europeos mueren prematuramente en la UE por la contaminación del aire. Y en España, un informe de Countdown refleja que 22.000 muertes anuales pueden atribuirse a la contaminación, mientras otras fuentes suben a 30.000 muertes. Esta alta mortalidad se debe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños. Y recuerdan que los grupos más vulnerables a la alta contaminación son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Además de los daños a la salud, el Banco Mundial estima que la contaminación tiene unos costes sanitarios y laborales en España de 44.000 millones de euros.
En España, el aumento del número de vehículos (31,3
millones en 2024, 2 millones
más que en 2019) sigue aumentando la contaminación en las grandes ciudades,
sobre todo porque casi un tercio del parque de vehículos tienen más de 20 años
de vida. Eso provoca que casi 8,4 millones de españoles (1 de cada 6
habitantes) viven en ciudades donde se superan los límites vigentes
(Directiva UE
2024/2881 y Decreto 102/2011) de partículas (PM 2,2 y PM 10),ozono
y NO2, afectando a una superficie de 83.000 km2 (el 16,5% del
territorio), según
el último estudio sobre contaminación de Ecologistas en Acción. Pero si
tomamos los nuevos límites de contaminación aprobados por la
Comisión y el Parlamento Europeo para 2030 (más estrictos, la mitad que los
actuales), resulta que 30,95 millones de españoles (2 de cada 3
habitantes) respiran un aire contaminado, en 22 grandes ciudades. Y si
somos más estrictos y aplicamos los límites
de la OMS aprobados en septiembre de 2021 (la cuarta parte de los
vigentes), toda España respira un aire que excede estos límites OMS.
Ante este panorama de contaminación, el Gobierno Sánchez aprobó
en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, que no fue aprobada por el
Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con
la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo
objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un
23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta para
reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las
ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta
contaminación) estaban obligados a implantar
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
para limitar el acceso a esas zonas (generalmente el centro de las ciudades) de
los vehículos más contaminantes (sin etiqueta). Y les daba una fecha para que
esas zonas restringidas al tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de
2023 (casi 2 años después).
El problema es que la gran mayoría de consistorios
(gobernados por PP y Vox) han
“remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no
eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían
aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de
2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se han sumado 8
ciudades más, con lo que son 57 las ciudades grandes (53 de más
de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000 habitantes)
que tienen implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así que de las
153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a instalar zonas de
acceso restringido, 100
ciudades no las aplican más de 3 años después del plazo fijado: 90
están en proceso de instalarlas ("no tienen prisa") y
otras 10 ciudades no han iniciado siquiera el proceso, se han declarado “en
rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro, Sanlúcar
de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).
Entre las 90 grandes ciudades que tramitan la instalación de una Zona de Bajas Emisiones (3 años y tres meses después del
plazo legal: ver
listado) hay 3 grandes capitales (Valencia, Murcia y Las
Palmas), 7 ciudades grandes-medianas (Vigo, Gijón, Vitoria, Oviedo,
Jerez, Móstoles y Santa Cruz de Tenerife), otras 25 ciudades de 100.000 a
200.000 habitantes (Alcalá de Henares, Leganés, Burgos, Albacete, Castellón,
Santander, Alcorcón, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Logroño, Huelva, Dos
Hermanas, Tarragona, Parla, Mataró, Algeciras, León, Santa Coloma, Cádiz, Jaén,
Reus, Ourense, Roquetas, Girona y Barakaldo), más otras 55 ciudades de
50.000 a 100.000 habitantes (capitales como Lugo,
Cáceres, Melilla, Toledo, Ceuta, Ciudad Real, Zamora, Huesca o Ibiza y grandes
ciudades como Santiago, Lorca, San
Fernando, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Vélez Málaga, Torrevieja, Talavera,
Coslada, Manresa, Gandía, Avilés, Majadahonda, Paterna, Sagunto, Collado
Villalba, Irún, Mérida, Granollers, Pinto o Elda).
Pero además, en las 53
grandes ciudades donde sí funcionan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
en muchas se dan dos problemas que denuncian expertos y ecologistas.
Una, que la zona a la que se aplica la restricción de entrada
de vehículos es
muy pequeña, con lo que tiene poco impacto real en la reducción
de la contaminación (son ZBE “de cara a la galería”). La otra, que muchos
de los Ayuntamientos que aplican estas restricciones no
multan a los infractores: primero les dieron un plazo de gracia
de un año (avisos sin multa) y después muchos Ayuntamientos los han
prorrogado y no sancionan realmente, otro factor que resta efectividad a
estas 53 ZBE (57 con los 4 municipios pequeños) que si funcionan.
¿Qué ha hecho el Gobierno Sánchez para que los
Ayuntamientos cumplan la Ley? La verdad es que poco,
dado el constante enfrentamiento político con los consistorios gobernados por el
PP (que se abstuvo en la votación de la Ley de CC, pero que ahora está en
una posición más negacionista del Cambio Climático, por presión de Vox). En
2025, tras los 2 primeros años de retraso, el ministro de Transportes (Oscar
Puente) amenazó
a los Ayuntamientos incumplidores a no transferirles los Fondos europeos
destinados a subvencionar el transporte público y fijó una fecha: el 2º
trimestre de 2025. Pero al día de hoy, no
se conoce ningún caso de un Ayuntamiento que no haya recibido estas ayudas.
La otra medida anunciada (sin fecha) es la
aprobación de un Decreto-Ley (de los Ministerios de Transición
Ecológica y Transportes) para obligar a los Ayuntamientos a multar realmente
a los conductores con vehículos contaminantes que entran en las ZBE.
Mientras, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor
del Pueblo han
pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la
instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción han llevado a los Tribunales
a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander y Alicante) mientras preparan
otros recursos (contra Valencia y Arganda) por “inacción, fraude o falta de
ambición” en la creación de Zonas de Bajas Emisiones.
Otra medida muy criticada por expertos y ecologistas ha sido
la reciente decisión (25 marzo 2026) del Ayuntamiento
de Madrid de prorrogar
indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y poder aparcar en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su titular
esté empadronado en la capital. Estos vehículos sin etiqueta (11.309, el
1,08% de los que circulan) ya tuvieron dos prórrogas antes: una
para poder circular hasta finales de 2025 y otra hasta finales de 2026, lo que
provocó que muchos propietarios los vendieran. Y ahora se quejan del cambio
normativo del Ayuntamiento, provocado por una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (17 de septiembre 2024) que anuló la prohibición de
circular aprobada
por el consistorio y recurrida por Vox en noviembre de 2021. Así que
ahora, “bula” para los coches sin etiqueta en Madrid.
En definitiva, tenemos un grave problema de contaminación
del aire en gran parte de España (recordemos: 2
de cada 3 españoles respiran un aire que supera los límites aprobados por
Europa para 2030, una Directiva que el Gobierno debe transponer) y sin embargo,
dos
de cada tres grandes ciudades incumplen la Ley y no han implantado Zonas
de Bajas Emisiones (ZBE). Y las que sí lo han hecho, ha sido en zonas pequeñas
o no multan a los que entran con coches muy contaminantes. Esto es
especialmente preocupante porque casi el 60% de los coches que circulan en
España no tienen etiqueta (el 29,4%) o tienen etiqueta B
(otro 29,7%), mientras el 36,4% tienen etiqueta C y sólo un 5,8%
tienen etiqueta ECO y un 1,6% tienen etiqueta 0, según
ANFAC. Y el 92,7% de los vehículos que circulan por nuestras
ciudades y carreteras son diesel (58,9%) o gasolina (33,8%), los
motores de combustión que más contaminan (y sobre todo los viejos: 1/3
vehículos tienen más de 20 años).
Nos quejamos de las inundaciones, olas de calor
o los incendios forestales, pero no se toman medidas eficaces
para paliar los efectos de la emergencia climática, sobre todo los relacionados
con el tráfico en las ciudades. Y a
pesar de los informes de los científicos, que aseguran que el origen
del problema está en los combustibles fósiles y en el tráfico, crecen
los políticos negacionistas, en Europa y en España, muchos en los
grandes Ayuntamientos, que no están dispuestos a tomar medidas contra el
tráfico y la contaminación, retrasando y boicoteando las Zonas de Bajas
Emisiones (ZBE). Y no se espera la incorporación este 2026 de muchas de las 100
ciudades pendientes, sobre todo porque en mayo de 2027 hay elecciones
municipales y tanto PP como Vox irán con la bandera “negacionista”.
Nuestra esperanza sigue siendo Europa, aunque en
Bruselas crece el peso de los políticos negacionistas: a la extrema
derecha se ha sumado la mayoría del PP europeo, en una alianza que ha
conseguido un triunfo en diciembre de 2025: retrasar
la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y gasóleo) a
después de 2035, retraso que todavía ha de aprobar el Parlamento europeo.
Pero, de momento, sigue vigente la nueva Directiva de emisiones (Directiva UE
2024/2881), aprobada en octubre de 2024, que reduce
a la mitad los límites actuales de emisiones en los paises
miembros para 2030. España tiene que transponer ahora esta
Directiva y tomar medidas para cumplir estos límites de contaminación más
estrictos (se reducen a la mitad las emisiones permitidas de partículas, ozono
y N02) en 2030. Eso puede reforzar al Gobierno frente a los Ayuntamientos “rebeldes”,
aunque todo va a depender de la duración de la Legislatura y de las
municipales y generales de 2027.
En cualquier caso, reducir la contaminación de nuestras
ciudades (que enferma, mata y cuesta mucho dinero) no debería ser objeto
de “pelea política”, ya que nos afecta negativamente a todos y deberían
pactarse medidas eficaces. Pero la realidad es que la lucha
contra las medidas ambientales es una de las banderas de la extrema
derecha y de la derecha (de momento en autonomías y Ayuntamientos, pero lo
será en toda España si llegan a la Moncloa), a costa de agravar la emergencia
climática y de nuestra salud. Deberíamos apostar por ciudades más
limpias y con menos coches, aunque nos cueste cambiar de hábitos.
Y votar en consecuencia cuando nos toque.
La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente estimó en 2021 que 327.000 europeos mueren prematuramente en la UE por la contaminación del aire. Y en España, un informe de Countdown refleja que 22.000 muertes anuales pueden atribuirse a la contaminación, mientras otras fuentes suben a 30.000 muertes. Esta alta mortalidad se debe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños. Y recuerdan que los grupos más vulnerables a la alta contaminación son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Además de los daños a la salud, el Banco Mundial estima que la contaminación tiene unos costes sanitarios y laborales en España de 44.000 millones de euros.
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jueves, 27 de diciembre de 2018
Adiós a las minas y centrales de carbón
Este 31 de diciembre se cierran las pocas minas de carbón que hay en España, un sector que ya ha cerrado 226 empresas y perdido 50.000 empleos en los últimos treinta años, afectando seriamente a Asturias, León y Teruel. Sólo seguirán abiertas las minas que sobrevivan sin ayudas públicas, quizás 3 de las 8 empresas mineras supervivientes. Y en enero de 2019 se empiezan a desmantelar las primeras centrales térmicas: las de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), a las que seguirán Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) y otras 6 centrales que cerrarán para 2020. Y la futura Ley de Cambio Climático prevé que ninguna de las 15 centrales térmicas de carbón existentes funcione en 2030. Son las dos consecuencias de la “guerra contra el carbón”, una energía responsable, con el petróleo, del Cambio climático. El objetivo es que en 2030, no obtengamos ya luz del carbón y el 70% sea renovable (hidráulica, eólica, y solar). Tendremos una luz más limpia y algo más cara.
El carbón es, junto al petróleo, el combustible fósil que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al Cambio Climático. A pesar de ello, su producción mundial sigue en auge y se extraen 5.000 millones de toneladas anuales, sobre todo en China y EEUU, seguidos de lejos por India, Australia, Sudáfrica, Rusia, Indonesia y Polonia, que proveen la demanda mundial de carbón, dirigida sobre todo a la producción de electricidad (el 39% de la luz mundial se genera con carbón), la fabricación de hierro y acero, la producción de cemento y como combustible para calentarse y cocinar en muchos paises. El carbón es un combustible “peligroso”, no sólo porque emite CO2 sino muchos otros gases de efecto invernadero (SO2, NOx, CO), partículas microscópicas y sustancias muy nocivas para la salud, como mercurio, arsénico, plomo y cadmio. Y la minería de carbón es también una fuente de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2.
En España, las centrales
térmicas de carbón son responsables del 14% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero: 46,5 millones
de Tm de CO2 equivalente en 2017, emisiones que aumentaron el año pasado por un
mayor consumo de carbón en la generación de electricidad ante la falta de agua:
el
17,2% de la luz se produjo con carbón (aportaba el 14,4% en 2013), la tercera fuente de generación eléctrica
tras la energía nuclear (22,4% de la luz) y eólica (19,2%), según los datos de Red Eléctrica (REE). Y así, de
las 10 instalaciones más contaminantes en España, 6 son centrales térmicas,
según el Observatorio de Sostenibilidad: las centrales de As Pontes (A Coruña), Andorra
1,2 y 3 (Teruel), Compostilla (León), Carboneras (Almería) y Alcudia
(Mallorca), las 5 de Endesa, y la de Aboño (1 y 2), en Gijón (Asturias), de EDP
(antes Hidrocantábrico). Y entre las 30
centrales térmicas que más contaminan en Europa (una lista encabezada por Polonia y Alemania) hay dos centrales térmicas españolas: la gallega As Pontes (puesto 20)
y la asturiana Aboño (puesto 30), con Endesa
como la tercera empresa más contaminante
de Europa.
A pesar de sus emisiones, el carbón ha sido una energía subvencionada, en todo el
mundo y más en España. Las ayudas se
han dirigido primero a las minas,
para que pudieran competir con el carbón de importación, más barato y con más
poder energético. Las ayudas públicas a
las empresas mineras, con cargo al Presupuesto (contribuyentes) han sido de
22.000
millones de euros desde 1.992, según las estimaciones de Greenpeace España, aunque la patronal Carbunión sólo habla de los 524 millones recibidos desde 2011. Y luego hay que sumar las ayudas a las centrales térmicas, que
son de dos tipos y las hemos pagado los consumidores en el recibo de la luz. Unas, las ayudas concedidas a 10
centrales térmicas españolas por consumir carbón nacional: 1.300
millones entre 2010 y 2014, según Greenpeace España. Y las otras, las ayudas concedidas a todas las centrales
térmicas (usaran carbón nacional o importado) por estar disponibles, unos pagos
que habrán rondado los 5.000 millones de euros en las últimas décadas. En
total, más de 28.000 millones de euros
en ayudas a empresas mineras y centrales térmicas que han salido de nuestro
bolsillo. Y eso sin contar los costes sanitarios provocados por el
carbón y que algunas fuentes cifran en 3.700
millones de euros más.
En diciembre de 2010,
el Consejo Europeo decidió cortar las ayudas
al carbón que estaban pagando todos los paises europeos, como una medida clave para reducir emisiones y
frenar el Cambio Climático. La Decisión
2010/78/UE estableció que ninguna
mina de carbón europea podía recibir ayudas públicas a partir del 31 de
diciembre de 2018. En 2016, y por presión del Gobierno Rajoy, la Comisión
Europea aprobó el último paquete de ayudas a la minería española: 2.130 millones a
distribuir entre 22 minas para cubrir sus pérdidas, pagar indemnizaciones y
cotizaciones y cubrir los gastos de seguridad y rehabilitación tras el cierre.
Al aproximarse la fecha de cierre, el Gobierno Rajoy y el sector minero
trataron de conseguir una nueva tregua en Bruselas, pero la Comisión lo dejó claro en 2017: las minas españolas tendrán que cerrar el 31 de diciembre de 2018 y si no lo hacen tendrán que devolver las ayudas recibidas desde 2011.
Y
las que sigan, lo harán sin ayudas públicas. Este 21 de diciembre, Alemania cerró su última mina de carbón en la cuenca del Ruhr.
Ante esta disyuntiva europea, la
mayoría de las pocas minas españolas aún abiertas (sólo hay 8 empresas mineras en
funcionamiento) cerrarán este 31 de diciembre, porque no son económicamente viables y menos si
tienen que devolver las ayudas recibidas desde 2011. Solo dos empresas mineras privadas, Hijos de Baldomero García (León) y Sanca (Aragón) han manifestado su intención de seguir abiertas, negociando la devolución de las ayudas, además de la empresa pública Hunosa (que mantendrá abierto sólo1 de sus 3 pozos: la Nicolasa en Mieres). Para hacer frente al cierre de las empresas y minas restantes, el Gobierno Sánchez pactó en octubre, con los sindicatos y la
minería privada (se ultima el Plan de Hunosa), un Plan para dar cobertura a los mineros que se queden sin trabajo
(indemnizaciones, prejubilaciones con al menos 48 años y una bolsa de empleo
para tratar de recolocarlos) y para intentar reactivar las comarcas afectadas, con una dotación de 250 millones de euros
(poco) para proyectos económicos
alternativos en Asturias,
León, Teruel y Ciudad Real, las zonas mineras más afectadas por el cierre. Zonas donde hace 10 años que se sabe que el
carbón va a morir y donde no se han conseguido empleos alternativos
sino que ha aumentado su declive y su paro. El Plan cuenta con unos primeros 100 millones de euros, tras un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona.
El Plan de transición de la minería 2019-2027 es un intento de paliar la muerte del carbón, que no es
de ahora, sino que lleva al menos dos décadas gestándose, por la incapacidad de
las minas españolas de competir con el carbón extranjero y la caída de la
demanda de las centrales térmicas, que en 2017 compraron fuera el 87% del carbón que quemaron, sobre
todo en Colombia, Rusia, Indonesias y Sudáfrica. Baste decir que si en 1990 había en España 234 empresas mineras, que empleaban a 45.212 trabajadores, en 2017 sólo quedaban 8 empresas (Hunosa, que supone la mitad del sector y las privadas Hulleras
vasco-leonesa, Uminsa, Mineroastur, Carbonar, Hijos de Baldomero García, Samce
y Compañía General Minera), que empleaban a 2.197 trabajadores, según la patronal Carbunión. Y si en 1990 se extraían en España 19,32 millones de Tm de carbón, en 2017
se extrajeron 2,78 millones. Y en
los próximos años, la minería desaparecerá.
También desaparecerán las centrales térmicas que se alimentan de este carbón y del
importado. Todos los paises, sobre todo China e India, están tratando de
reducir su consumo de carbón y Europa quiere dar ejemplo suprimiendo el
consumo de carbón para 2030. La pelea en el seno de los 28 ha sido ardua, porque Alemania
y la Europa del Este están entre los mayores productores y consumidores
de carbón del mundo (en Alemania, el
40% de la electricidad procede del carbón). Pero en diciembre de 2017, en la Cumbre del Clima de Bonn, una Alianza (“Powering Past Coal Alliance”)
integrada por 25 paises (Francia,
Italia, Reino Unido, Portugal, Holanda, Finlandia y Canadá entre ellos) acordó cerrar minas y centrales de carbón para
2030. Una decisión a la que no se sumó el Gobierno Rajoy ni Alemania o
Polonia, aunque ahora el Gobierno Sánchez lo apoya.
En lo que sí hubo acuerdo en Europa, en 2010, es en aprobar una Directiva para obligar a las 293
centrales térmicas europeas a realizar inversiones para reducir sus
emisiones y sobre todo los gases y partículas más peligrosos. Y si no, las centrales de carbón más contaminantes tendrán que cerrar el 30 de junio de 2020. Algunas eléctricas echaron las
cuentas y concluyeron que no les
compensaba mantener abiertas algunas centrales de carbón, no sólo por las
enormes inversiones que tenían que hacer antes de 2020 para que fueran más
limpias sino porque generar luz con
carbón se ha hecho más costoso al haber subido los derechos de CO2 que tienen que pagar los que contaminan (el coste de la Tm.
de CO2 ha pasado de 6 euros en
agosto 2017 a más de 20 y podría cerrar este año 2018 en 25 euros).
Por todo esto, en noviembre de 2017, Iberdrola anunció su decisión de cerrar todas sus centrales de carbón en el mundo
y entre ellas las dos que tiene en
España, la de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Y sorprendentemente, el ministro Nadal se opuso, amenazando
a la eléctrica y al resto con aprobar un decreto-ley para “prohibir cerrar
centrales”, argumentando que eso iba a encarecer el recibo de la luz. Al final, el Gobierno Rajoy no contó con
el apoyo del PSOE para convalidar el decreto y no
lo aprobó, pero provocó el rapapolvo de Bruselas, que “advirtió de oficio” al Gobierno español.
Y de paso, investigó las últimas ayudas públicas aprobadas en 2007 (8.750 millones durante una década), para que las centrales
instalaran filtros de SO2, “no tienen
finalidad medioambiental ni son compatibles con la legislación comunitaria”.
Y le pidieron al Gobierno Rajoy que
en lugar de decretos anti-cierre, asegurara
que las centrales más contaminantes se cerraran en 2020.
Ahora, con el Gobierno Sánchez, sumado a la “guerra contra el carbón”, las eléctricas
ya están perfilando su estrategia de
cierres e inversiones en las 15
centrales térmicas que hay en España. Endesa ha comunicado al Gobierno que el 1
de enero empieza el desmantelamiento (se tarda de año y medio a 2 años en
cerrarlas) de dos centrales térmicas, la de
Andorra (Teruel) y Compostilla
(León), abriendo los correspondientes EREs. Y tiene un plan de inversión para que las
centrales de As Pontes (A Coruña) y Carboneras (Almería) puedan seguir
funcionando después de 2020, mientras su central de Alcudia (Mallorca) está en cuestión porque el Gobierno balear quiere su cierre en 2019. Iberdrola seguirá
adelante con el cierre de Lada (Asturias)
y Velilla (Palencia). EDP tiene aprobada su inversión para
que continúen las centrales asturianas de Aboño
y Soto de la Ribera. Y Viesgo ha aprobado inversiones para su
central de los Barrios en Cádiz,
mientras estudia qué hacer con la central de Puente Nuevo (Espinel, Córdoba).
Y Naturgy (Gas Natural-Unión
Fenosa) ya tiene decidido cerrar la central de Anllares (León), aunque todavía estudia el futuro de las centrales
de Meirama (Cerceda, A Coruña), la Robla (León) y Narcea (Asturias).
Pero las centrales
térmicas que no mueran en 2020 lo harán después. Aunque en el borrador de Ley contra el Cambio climático no hay fechas para cerrar las centrales
térmicas de carbón, el Gobierno Sánchez se suma a los paises que quieren cerrarlas para 2030 y la ministra de
Transición Energética ha hablado incluso de cerrarlas para 2028, mientras 30 organizaciones ecologistas han pedido que se
cierren para 2025. La estrategia para poder hacerlo es sustituir la electricidad que
generan (el 14,5% de toda la
luz en el último año, según REE) por energías renovables, en especial eólica y solar. Con el
objetivo, señalado en el borrador de Ley de Cambio Climático, de que el 70% de la luz sea de origen
renovable en 2030 (hidráulica, eólica, solar, cogeneración) y el 100% en 2050.
Para conseguirlo harán falta más que palabras y manifiestos
contra el carbón y el petróleo. Harán falta fuertes inversiones: el
coste de la reconversión energética puede suponer unos 10.000 millones anuales de aquí a 2050, el 65% en el sector
eléctrico, según un estudio de Deloitte. Un coste que habrá que financiar vía tarifas (la luz
más limpia será más cara), impuestos (subiendo impuestos al
diesel y la gasolina y creando impuestos medioambientales más potentes), ayudas públicas (españolas y de la UE)
y con inversiones públicas y privadas,
que apuesten por infraestructuras, empresas, transportes, cultivos y hogares
menos contaminantes como algo rentable. Y con esta certeza científica, reiterada por los expertos: no hay otro camino que crecer de forma sostenible si queremos salvar la economía y el Planeta.
Así que adiós al carbón, aunque muera con él
una parte de nuestra historia y la forma de vida de muchos pueblos, a los que no se ha sabido dar
alternativas. Y adiós a esas centrales térmicas que contaminan amplias zonas de Asturias, león,
Galicia, Teruel o Andalucía, envenenando el aire y provocando enfermedades que cuestan vidas y millones.
Eso sí, hay que paliar el coste humano y económico de estos cierres. Y asegurar las inversiones necesarias para
que en 2030 tengamos luz suficiente y más limpia.
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lunes, 13 de julio de 2015
Camiones por autopista: pagamos nosotros
Desde el 7 de julio, cuando vaya por algunas autopistas y adelante a un camión,
piense que la mitad de su peaje se lo ha pagado usted (y todos
nosotros). Es la decisión que ha tomado Fomento: pagar con cargo al Presupuesto (a nosotros) el 50% del peaje de los camiones que abandonen algunas carreteras
convencionales y circulen por 6 tramos de autopistas de toda España. En
teoría, la medida, que beneficiará a
27.000 camiones diarios, se toma para reducir
congestiones de tráfico y accidentes. Pero en realidad, es “otra ayuda más” a las autopistas, algunas
medio quebradas y a punto de ser “nacionalizadas”: van a ingresar 80 millones
de euros más este año con estos “camiones extras”. Lo que debería hacer el
Gobierno es sacar a muchos camiones de las carreteras, porque tenemos más que ningún país, mientras apenas
circulan mercancías por tren y barco. Y eso dispara el consumo de
petróleo y las emisiones contaminantes. Menos
camiones, tampoco por autopista a nuestra costa.
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enrique ortega |
La
medida entró en vigor el pasado miércoles 7 de julio y se aplicará, como Plan piloto,
hasta el 30 de noviembre: subvencionar con dinero público el 50% del
coste del peaje a los camiones que abandonen ciertos tramos de
carreteras convencionales y pasen a circular por 6 tramos de autopistas de peaje, con una extensión de 326 kilómetros: Villalba-Villacastín (Nacional VI a la AP6), Dos Hermanas-Jerez norte (de la N-IV a la AP4), Lleida-Montblanc (de la N-240 a la AP2),
Burgos-Armiñón/Álava (de la N-I a la
AP1), Vigo-frontera portuguesa (de la
N-550 a la AP66) y León-Campomanes
(de la N-630 a la AP66). El Ministerio de Fomento dice que la medida
beneficiará a 1,3 millones de vehículos
pesados y Fenadismer,
la patronal, estima que beneficiará a 27.000 camiones diarios.
Este Plan de trasvase
de camiones a las autopistas ha
acabado desinflándose, ya que inicialmente, en febrero, el Ministerio
de Fomento habló a los
transportistas de subvencionarles el peaje en 20 tramos de autopistas, sacando a los camiones de 1.300 kilómetros de carreteras convencionales,
cuatro veces más que lo ahora aprobado. La verdad es que esa idea inicial se ha recortado drásticamente porque era demasiado cara y Hacienda no ha
dado el visto bueno. Aun así, este trasvase
de camiones a las autopistas nos costará 10 millones de euros, la partida dedicada a este fin en los
Presupuestos 2015. La patronal del transporte Fenadismer se queja de que este
dinero se gaste mal y sin haber contado con sus propuestas, que defendían centrar las ayudas en desviar los
camiones de otras carreteras nacionales con más tráfico pesado (N-II/AP2, N-340/AP7
y N-232/AP68) y modular los descuentos en los peajes según los horarios y los
días de mayor circulación.
El Gobierno justifica las ayudas públicas al trasvase de camiones a las autopistas
en que busca descongestionar las carreteras convencionales, agilizar el tráfico y reducir accidentes,
que por cierto no son demasiado elevados con vehículos pesados: en 2013, según la DGT, hubo 4.665 accidentes de camiones con víctimas (59 muertos y 195
heridos graves), el 74% en carreteras secundarias. Pero muchos expertos y
camioneros piensan que el objetivo del
Gobierno es otro: ayudar a las concesionarias de autopistas, que en muchos casos tienen
tramos con poco tráfico y otros en suspensión de pagos. De hecho, desde 2013 hay nueve autopistas en el Juzgado, en concurso
de acreedores, quebradas: las cuatro radiales madrileñas (R-2, R-3, R-4
y R-5), la M-12 a Barajas, la Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la
circunvalación de Alicante. Y el Gobierno ya tomó la decisión en octubre de nacionalizarlas,
de crear con ellas una empresa pública, asumiendo la mitad de su deuda (3.600
millones), que se pagará a los bancos acreedores en 30 años.
Las autopistas
que ahora recibirán más camiones no
son las mismas, pero en muchos casos sí lo son las empresas que están detrás (o las
constructoras accionistas que están “pilladas” en las autopistas
quebradas). Y además, se trata sólo de un
Plan piloto, con la idea de que si ganan las elecciones, haya ayudas en más tramos para 2016. En
cualquier caso, será un balón de oxígeno para los tramos de autopistas elegidos,
que tendrán más camiones y más ingresos. Ya hay un precedente ilustrativo. En abril de 2013, la Generalitat de Cataluña
prohibió la circulación de camiones en un tramo de la N-II, entre Maçanet de la
Selva (Girona) y la frontera francesa (81km), obligándoles a circular por la
AP-7 (Acesa), subvencionando con dinero público una parte del peaje (del 35 al
50%). El resultado ha sido el aumento de 3.000 camiones diarios por la autopista de peaje, unos 18
millones de ingresos extras anuales. Ahora, no es descabellado pensar que esos
27.000 camiones extras van a reportarles a las autopistas un ingreso extra de 80 a 100
millones de euros hasta diciembre. Y además, pueden encarecer también el coste del transporte (el camionero paga la
otra mitad del peaje, aunque se ahorre tiempo y carburante) y trasladarse a los precios de casi todos los productos.
Lo que el Gobierno
tenía que hacer, si de verdad quiere descongestionar el tráfico y reducir
accidentes, es quitar a muchos camiones de las carreteras. Primero, porque hay
demasiados: circulan unos 310.000 vehículos de transporte (220.000 son
vehículos pesados), aunque las estadísticas oficiales hablan de 164.865 empresas de transportes y 437.359 camiones (100.000
menos que antes de la crisis). Con ello,
España es el segundo país de Europa con más camiones por mil habitantes, sólo por detrás de Portugal: 109,9
frente a 89,6 en Francia, 69,8 en Italia, 58,9 en reino Unido o 34,4 en
Alemania, según Eurostat.
Pero lo más preocupante es que el camión es el rey del transporte de mercancías en España, a años luz del tren y el barco y muy lejos
de lo que pasa en Europa. Así, el 95,2%
de las mercancías se transportan en España por
camión, mientras en Europa (UE-28) son sólo el 75,1%, según Eurostat. Y así, somos el 5º país europeo
con más peso del camión en el transporte de mercancías, sólo por delante de
tres islas (Irlanda, Chipre y malta, donde supone el 100%) y de Grecia (98,7%).
En Alemania, se transportan por camión el 64% de las mercancías, en Francia el
80%, en Italia el 85,9%, en Reino Unido el 87,8% y en Portugal el 93,2%. Y
mientras tanto, España sólo transporta
por tren el 4,8% de las mercancías, la cuarta parte que en Europa (18,2% en la UE-28) y bastante menos que Alemania (23,1%), donde
además el 12,3% de las mercancías se transportan por vía fluvial (6,7% en la UE-28).
Y hay una tercera
razón para quitar peso a los camiones: gastan mucha más energía que el tren o el barco y contaminan mucho más. Los datos son
muy explícitos: el transporte por carretera consume el 39% de toda la energía primaria que consume España, un 52,5% de todo el petróleo que consume el país (la factura total del
crudo es, ahora que sale más barato, de 34.000 millones de euros, casi lo que
ingresamos por turismo). El transporte por carretera consume el triple de energía (por Tm) que el tren y el doble que el barco. Y por si fuera poco, el
transporte supone el 24% de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero en España (el 20% en Europa) y de
estas emisiones, el 22% procede del transporte de mercancías (el 70% vienen del
transporte de viajeros). Además, España
está muy retrasada en el uso de energías renovables en el transporte: sólo el 0,4%, frente al 5,4%
de media en la UE, que se ha fijado como objetivo un 10% de energía renovable
en el transporte para 2020.
Así que los camiones
atascan las carreteras, gastan demasiada energía y contaminan mucho, en perjuicio del tren y el barco, infrautilizados,
salvo para el tráfico internacional de mercancías, donde el barco transporta un 67% en
toneladas, aunque el camión transporta el 52 del valor de las exportaciones y
el 47% de las importaciones. Y en el transporte interior, la carretera acapara
el 94,6% de las mercancías, en casi todas las actividades: de los 11
principales sectores industriales, el camión domina su logística en 10 (en
todos salvo en el transporte de vehículos, donde han crecido el barco y el
tren). Además, el transporte por carretera es una actividad menos eficiente en España que en Europa,
con demasiadas empresas pequeñas (autónomos y pymes), que tienen la mitad de
tamaño, ingresos, empleados y valor añadido por Tm que la media europea, según el Observatorio del Transporte. Eso, además de encarecer precios a los
clientes, resta capacidad de competir a los pequeños transportistas
frente a las grandes empresas y multinacionales, que están ganando cuota de
mercado a costa de bajar tarifas, mientras los pequeños camioneros protestan y les acusan de
competencia desleal y “dumping”. Pero
la realidad es que cada vez tienen menos
futuro.
El Gobierno, en
lugar de hacer regalos a los transportistas y a las autopistas con nuestro
dinero, debería tomarse en serio la reconversión del transporte de mercancías,
para ponernos a nivel europeo, con
menos peso del camión y más peso del tren y el barco. Eso pasa por realizar inversiones públicas en infraestructuras (interconectando el acceso a puertos y
estaciones con nuevos centros de
transporte) y promover el uso de los corredores ferroviarios y marítimos
entre los grandes usuarios del transporte de mercancías, facilitando la logística intermodal, el uso combinado del camión, tren y barco, según zonas
y tipos de mercancías. Una política integral de transportes,
que recorte además el consumo de energía y las emisiones contaminantes, subvencionando
las energías alternativas. En definitiva, hace falta tomar decisiones estratégicas a medio plazo, no parches inútiles que además pagamos nosotros.
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