Estado de alarma para "cubrir" a las autonomías

España y la mayoría de Europa estamos en el pico de la 2ª ola de contagios, tras superar el millón de contagios y con 142 muertos diarios. Pero no se toman medidas drásticas y cada autonomía va a su aire: La Rioja, Navarra o Aragón se cierran mientras Madrid suaviza el confinamiento, Cataluña cierra bares y Universidades y Castilla y León o Valencia aprueban toques de queda. Todas temen dañar más la economía y que los jueces les tumben medidas  más duras. Por eso, Melilla y 10 autonomías (no las del PP) pidieron a Sánchez el paraguas de un estado de alarma, aprobado ayer domingo. Ahora, serán las autonomías las que fijen las restricciones y decidan si cierran una autonomía o no (no lo hará Madrid). Cada una seguirá a su aire, ahora con cobertura legal. Y mientras, no refuerzan la sanidad: más camas, más médicos y enfermeras, más test y más rastreadores. O toman medidas más drásticas o nos confinarán en diciembre (o antes).

La COVID 19 cumplirá este sábado sus primeros 10 meses  y contagia más cada semana: en octubre, superó cuatro días el récord de 400.000 contagios diarios, el último el viernes 23, con 506.570 contagiados en el mundo. Así se ha llegado hoy a los 43.009.938 contagiados en 189 paises, el doble que a mediados de agosto, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Estados Unidos (8.636.168 contagiados) y Latinoamérica (10.622.840 contagiados), donde destacan Brasil (5.394.128 contagiados), Argentina (1.090.589), Colombia (1.015.885), México (891.160), Perú (888.715) y Chile (502.063 contagiados). Les sigue Asia (8.870.366 contagiados), donde crece muy rápido la pandemia en India (7.909.959 contagiados) y Europa, donde asistimos al pico de la 2ª ola, con 9.255.953 contagiados (según la OMS), sobre todo en Rusia (1.503.652), Francia (1.130.146 contagiados), España (el 7º país del mundo con más contagios: 1.046.132), Reino Unido (876.840), Italia (525.782) y Alemania (443.189 contagiados).

La pandemia ha provocado ya 1.153.964 muertes en el mundo, tras alcanzar el medio millón a finales de junio, según la estadística diaria de la Universidad Jhons Hopkins. El liderazgo de fallecidos sigue estando en EEUU (225.230 muertos), seguida por Brasil (159.134 muertos), India (119.014), México (88.924), Reino Unido (44.986), Italia (37.338), España (34.752 muertos, el 5º país con más muertos por millón de habitantes, tras Perú, Bélgica, Bolivia y Brasil), Francia (34.693 muertos), Bélgica (10.810) y Alemania (10.062 muertos).

España superó el techo del millón de contagios el miércoles 21 de octubre, duplicando el medio millón de contagios que alcanzó el 6 de septiembre. De este millón de contagiados, el 16,4% acabó hospitalizado (165.049 contagiados) y un 9% de ellos en las UCIs (14.829 personas), muriendo por el COVID al menos un 3,4% de los contagiados, 34.366 personas de ese primer millón (y en realidad, más de 50.000 según muchos expertos). El mayor número de muertes se ha dado en Madrid (10.211 hasta el viernes), Cataluña (5.960), Castilla y León (3.446), Castilla la Mancha (3.338) y Andalucía (2.270 muertos), aunque las autonomías con más mortalidad por 100.000 habitantes son Castilla la Mancha (164), Madrid (152), Castilla y León (142) y La Rioja (140), porque han sufrido más las muertes de ancianos en residencias, casi 23.000, según el último sondeo hecho por la Cadena SER.

España está, como la mayoría de Europa, en el pico de la 2ª ola de contagios, iniciada en agosto y agravada este mes de octubre. “La situación ha empeorado: sólo hay 28 provincias con los contagios estabilizados o bajando”, señaló el jueves el doctor Simón, mientras el ministro Illa añadía: “Tenemos muchísima preocupación. Van a venir semanas muy duras”. Los datos de Sanidad son muy explícitos: récord de contagios diarios (+20.986 el jueves 22), crecientes hospitalizaciones (14.539, el 12,1% de las camas disponibles), aumento de los ingresos en UCIs (2031 hasta el viernes, un 24,48% de las camas disponibles, aunque superan el 35% en 6 autonomías) y consiguiente aumento de muertes: +997 la última semana (viernes 16 al viernes 23 de octubre), frente a una media de +826, +843, +1.454, +737,+748, +329 y +407 muertes las siete semanas anteriores. Son 142 muertes diarias, una barbaridad.

La pandemia se ha agravado en casi toda España, pero sigue habiendo grandes diferencias en el nivel de contagios, con 3 grupos de regiones, según los datos de Sanidad. Un primer grupo de 5 regiones tienen un altísimo nivel de contagios, muy superior a la media de España (361 por 100.000 habitantes el viernes, el más elevado desde que se inició la pandemia): Navarra (1,062 contagiados/100.000 habitantes en las últimas 2 semanas), Melilla (915), Aragón (682), La Rioja (630) y Castilla y León (562). Un segundo grupo de 10 autonomías tiene un nivel de contagios alto: Cataluña (447/100.000 habitantes), Ceuta (444), País Vasco (430), Madrid (421), Castilla la Mancha (385), Murcia (379), Extremadura (352), Andalucía (327), Asturias (300) y Cantabria (225). Y hay 4 autonomías con un nivel de contagios relativamente  bajo: Galicia (192) y, sobre todo, Comunidad Valenciana (153), Baleares (150), y Canarias (81 contagiados/100.000 habitantes, casi como Alemania).

Ante este panorama, que se agrava semana tras semana desde hace 2 meses, Sanidad pactó el jueves con las autonomías este Plan de Actuación frente al COVID 19, buscando un mínimo para fijar unas pautas comunes de actuación en toda España. A cambio de lograr esa casi unanimidad (Madrid y Euskadi se abstuvieron), el Plan es un catálogo de medidas demasiado inconcreto y que no impone confinamientos: deja a las autonomías el hacerlo. Básicamente, lo que hace es mantener las limitaciones que ya están en vigor (en bares, comercios y reuniones) y que se han revelado insuficientes para frenar los contagios.

El Plan fija 4 niveles de alerta, según los contagios, positivos, camas y UCIS ocupadas que tengan las autonomías (y dentro de ellas, las provincias, ciudades o áreas de salud: las autonomías eligen cómo lo determinan). Aunque Sanidad no ha querido “señalar con el dedo” y deja que cada autonomía clasifique sus provincias y ciudades, hay 5 autonomías con una situación epidemiológica en riesgo extremo (nivel 4): Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, Ceuta y Melilla. Y otras 6 autonomías con riesgo alto (nivel 3): La Rioja, Navarra, Madrid, Cataluña, Andalucía y  Murcia. En realidad, estas 11 autonomías tienen en común un alto nivel de contagios (más de 250) y un alto porcentaje de ocupación de camas de hospital  y UCIs, aunque las primeras están algo peor. En el nivel 2 (riesgo medio) se sitúan Extremadura, Cantabria, Euskadi y Comunidad Valenciana. Y en el nivel 1 (riesgo bajo) están Canarias, Galicia, Baleares y Asturias.

¿Qué nuevas medidas se proponen en este Plan? Prácticamente ninguna. En el nivel 3, de riesgo alto, cierre del ocio nocturno, seguir con las limitaciones en bares y restaurantes (cierres a las 11 de la noche), terrazas al 75%, limitaciones en comercios (aforo al 30%) y reuniones de personas, aumentando el teletrabajo y la enseñanza online. Y se propone a las autonomías “valorar las limitaciones a entradas y salidas en el área territorial” (no se imponen confinamientos) y “recomendar salir de casa sólo lo necesario”. En el caso de las autonomías en riesgo extremo (nivel 4), el documento pactado señala que, además de estas restricciones del nivel 3, “supondrá la toma de medidas excepcionales que podrán incluir restricciones adicionales”, ofreciendo la posibilidad de solicitar el estado de alarma.

Así que todo está “abierto” (“flexible” dice el ministro Illa) y en manos de las autonomías, que seguirán tomando las medidas por su cuenta, unas más duras que otras. Así, Navarra, la Rioja y Aragón cierran sus regiones a cal y canto (con restricciones internas a la hostelería, el comercio y las reuniones), Andalucía implanta el toque de queda en Granada y su región, Castilla y León cerró varias capitales (Burgos se suma al cierre de León, Palencia, Salamanca y Aranda de Duero) y aprobó el viernes el toque de queda en la región y  la Comunidad Valenciana anunció el toque de queda hasta el 9 de diciembre, como Murcia, mientras Madrid, con el triple de contagios, ha levantado el confinamiento del estado de alarma impuesto por Sanidad y volverá al confinamiento por barrios (ineficaz e injusto), en 32 zonas básicas de salud, con “la guinda” añadida de ampliar el horario de bares y restaurantes hasta las 12 de la noche (aunque “limita” las reuniones de no convivientes de 12 de la noche a 6 de la mañana). En Cataluña (con la misma tasa de contagios que Madrid), se han cerrado durante 15 días todos  los bares y restaurantes, los comercios abren al 30%, están prohibidas las reuniones de más de 6 personas (todo el día), la enseñanza universitaria es sólo telemática y debe tener prioridad el teletrabajo.

Las autonomías tenían miedo de tomar medidas más duras por la presión de la hostelería, el comercio y por la posible reacción en contra de los ciudadanos, un poco hartos de tantas restricciones. Y sobre todo, los gobiernos autonómicos temen que se las rechacen los juzgados, por “no tener cobertura legal suficiente para restringir derechos fundamentales”. Es lo que le pasó al País Vasco, a quien un tribunal rechazó restringir los grupos de más de 6 personas. Por eso, el lendakari Urkullu pidió el viernes al presidente Sánchez un estado de alarma, para dar cobertura legal a esta y otras medidas, como el cierre de ciudades o regiones y el toque de queda. Y a las pocas horas, se le unieron en la petición 9 autonomías más y Melilla (ni Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla y León o Ceuta, gobernadas por el PP). Y entre medias, Ciudadanos ofreció a Sánchez sus 10 votos para sacarla adelante en el Congreso, una cuestión clave a la vista de los problemas en mayo y junio.

Con esta avalancha de peticiones y con el esperado apoyo de Ciudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes, el Gobierno aprobó ayer domingo, en un Consejo extraordinario, el estado de alarma, primero por 15 días y luego hasta el 9 de mayo, si consigue el apoyo mayoritario en el Congreso. Pero ojo, el estado de alarma no impone nada: sólo da cobertura legal a las autonomías para que sean ellas las que aprueben 3 medidas claves: el toque de queda (de 23 a 6 de la mañana, aunque les permite que decidan si lo rebajan a las 10 o lo suben a las 12, como ha hecho Madrid), la limitación de grupos a 6 personas y el posible cierre de ciudades o regiones para que no se disperse el virus, una cuestión clave que la mayoría de autonomías no ha decidido salvo en los casos más graves. Así que si Madrid no cierra la capital, como ha decidido, el Gobierno no puede imponérselo con este estado de alarma.

Así que, en los próximos días, serán las autonomías las que decidan las restricciones, más o menos duras según el gobierno regional de turno, ahora con el “apoyo legal” del Estado de alarma. Y con un Plan de Actuación, según la gravedad de la epidemia, donde Sanidad puede hacer recomendaciones pero donde la última palabra la tienen las autonomías. Y ya sabemos lo que pasará: que los ciudadanos sólo dejarán de hacer lo que esté prohibido. Y si no les prohíben irse de puente (vienen dos), pues se irán, aunque Sánchez y las autoridades recomienden no salir de casa salvo lo imprescindible. Y así hasta que el virus crezca tanto que paralice otra vez hospitales y UCIS y no quede más remedio que volver al confinamiento.

Además, no basta con las medidas de restricción de la actividad y la movilidad, que deberían ser más estrictas. Urge tomar ya más medidas sanitarias, que deberían haberse tomado el 21 de junio, con la desescalada,  y que siguen sin tomarse hoy: reforzar los centros de salud (cerrados para la mayoría, ya que no hay consultas ni cogen los teléfonos) con “carpas” en polideportivos, aparcamientos y parques, contratar ya más médicos y enfermeras para atender mejor a los pacientes COVID y al resto (hoy abandonados), aumentar el número de test y planificar mejor su utilización (no vale con hacer test de antígenos o PCRs de forma indiscriminada, convocando por SMS: es como buscar una aguja en un pajar, hay que concentrarlos en grupos, barrios y colectivos de riesgo) y ,sobre todo, ampliar de una vez el número de rastreadores, insuficientes en Madrid, Cataluña y la mayoría de España. Y preparar ya un refuerzo de los hospitales y UCIs, de cara al invierno, no esperar a otro pico para montar hospitales de campaña y Ucis adicionales en los grandes hospitales. Reforzar de una vez la Sanidad y prepararla mejor para esta 2ª ola y lo que venga.

Sólo así, con más cierres drásticos de ciudades y regiones (imponiéndoselos a los muchos ciudadanos que incumplen las normas) y con más medios sanitarios se podrá frenar el ritmo de contagios y muertes, que son en España de los más altos del mundo. Y sólo así, con la pandemia controlada, se podrá recuperar la economía. Canarias lo ha hecho y por eso van a tener ahora turistas británicos y alemanes, que ni se plantean viajar a Cataluña o a Madrid. Es la hora de la verdad, no de los “toques de queda” de cara a la galería, una medida que suena dura pero que es poco eficaz. Lo eficaz es restringir la movilidad : no salir de fin de semana o de puente (vienen dos) y extender el virus por España, restringir las salidas de casa, los contactos con amigos y familiares o las compras innecesarias hasta que hayamos doblegado al virus. Si no lo hacemos, nos volverán a confinar en diciembre (o antes).

Gasto farmacéutico: sube y subirá más

A principios de año, la desconocida ministra de Sanidad soliviantó a los pensionistas al decir que estudiaban subir el copago farmacéutico a los que ganaban más de 18.000 euros. Quedó en un globo sonda, pero hay un serio problema detrás: el gasto farmacéutico aumentó en 2016, por tercer año consecutivo, tras los recortes de 2010 a 2013. Y el gasto va a seguir subiendo, porque cada vez hay más viejos que viven más años y los tratamientos son más caros (por ejemplo, los del cáncer). Y eso aunque España sea el 2º país europeo con menor gasto farmacéutico y el 6º con los medicamentos más baratos (las medicinas cuestan como una cerveza), al haber forzado el Gobierno su bajada, lo que resulta negativo para la investigación y provoca desabastecimientos. Hay que afrontar en serio el problema, ahorrando donde se pueda pero sabiendo que alargar la vida tiene un alto coste en medicamentos que hay que financiar como sea. No “racaneen” con la salud.
 

enrique ortega

2016 fue el tercer año consecutivo en que subió el gasto farmacéutico, tras las medidas adoptadas por Zapatero y Rajoy para reducir el gasto en recetas, que llegó a un máximo de 12.505 millones en 2009. A partir de 2010 empezó a bajar y sobre todo en 2012, al aprobar el Gobierno Rajoy en julio el copago farmacéutico (del 10% los pensionistas al 40-60% los activos) y en agosto la no financiación de 425 medicamentos (el “medicamentazo”), además de la rebaja de los precios de referencia desde 2010. Con todo ello, la factura en recetas bajó a un mínimo de 9.183 millones de euros en 2013. Pero luego ha vuelto a subir, en los últimos tres años, cerrando 2016 con un gasto en recetas de 9.912 millones de euros. Un mayor gasto que se debe, básicamente, a que cada vez hay más viejos (cada año hay 120.000 nuevos jubilados), que viven más años y aumentan las enfermedades crónicas.

Pero hay más gasto en medicamentos que el de las recetas que llevamos a la farmacia. En los últimos años ha crecido mucho el gasto farmacéutico en hospitales, sobre todo en 2015, por la inclusión de los nuevos medicamentos contra la hepatitis C (que costaron 1.090 millones ellos solos). Así, en 2015 se llegó a un récord de gasto hospitalario en recetas de 6.537 millones (+25,92%), al que se sumaron otros 3.200 millones de productos farmacéuticos sin receta. Y aunque en 2016 este gasto ha bajado (el tratamiento de la hepatitis C costó sólo 421 millones), son otros 10.500  millones de gasto farmacéutico hospitalario, que sumados a los 9.912 del gasto en recetas en farmacias supera ya los 20.000 millones de gasto farmacéutico público, el 30% de todo el gasto sanitario público que se hace en España.

Con todo, aunque sube el gasto farmacéutico en España, en farmacias y hospitales, todavía es muy inferior al del resto de Europa. El gasto público farmacéutico por habitante es un 25,3% inferior a la eurozona, según los últimos datos de la OCDE. Y gastamos menos en fármacos porque consumimos menos medicamentos y además porque las medicinas son aquí más baratas. En cuanto al consumo, España es el 2º país de la eurozona con menos consumo anual de medicamentos por habitante, según datos de Farmaindustria: 998 unidades frente a 1.123 en la UE-19, un 11% menos de consumo farmacéutico (un 24% menos que Alemania y un 37% menos que Francia). Y en cuanto al precio, con las bajadas forzadas por los distintos Gobiernos desde 2010, España es el 6º país europeo con las medicinas más baratas, tras los 3 paises bálticos, Eslovaquia y Portugal : cuestan 0,20 euros por unidad standard, frente a 0,24 euros en la eurozona (+16%) y 0,22 euros en Francia o Italia.

Con ello, aunque ha subido el gasto farmacéutico total en España, el gasto por receta se ha estabilizado en los últimos 17 años: era de 10,98 euros por receta en 1999 y ha cerrado en 10,99 euros en 2016. Esto se debe al abaratamiento de muchos medicamentos y a la fuerte penetración de los genéricos (79,5% de las unidades y el 53,7% en valor) frente a los medicamentos de marca. Con ello, el 51% de los medicamentos que se recetan cuestan ya menos de 3,5 euros y pagamos por ellos 1,40 euros o menos (los pensionistas). Así que la mayoría de medicinas cuestan lo que una cerveza y bajando… Esto es bueno para el bolsillo, pero malo para la salud. Primero porque a los laboratorios les compensa cada vez menos investigar en España y prefieren instalarse en paises europeos con las medicinas un 25% más caras. Segundo, porque ese bajo precio fomenta las exportaciones y el trasvase ilegal de medicamentos a otros paises, provocando desabastecimiento de algunas medicinas (ahora hay 240 fármacos “en falta”, según se ve en esta web de la Agencia española del Medicamento). Y en tercer lugar, si los fármacos son demasiado baratos,  se hunden las cuentas de las farmacias (facturan más recetas pero ingresan menos), un eslabón clave de la asistencia sanitaria en España. De hecho, de las 22.000 farmacias, hay 3.000 al límite de su viabilidad económica, según la patronal FEFE, sobre todo en las zonas rurales.

Volviendo al gasto farmacéutico, todo apunta a que seguirá creciendo más en el futuro en todo el mundo, como anticipa el último informe de la OCDE. Y más en España, porque será a medio plazo el país más envejecido de Europa: si los mayores de 65 años suponen hoy el 18,2% de los españoles, serán el 25% en 2029 y el 38,7% en 2064, según las previsiones del INE. En paralelo, también aumentará la esperanza de vida (de 82,8 a 92,6 años), con lo cual habrá más ancianos que vivirán más años y por tanto consumirán más fármacos. Y un tercer factor de mayor gasto será el aumento de las enfermedades crónicas: un 45% de los adultos padecen ya hoy algún mal crónico (hipertensión, diabetes, artrosis, colesterol, reumatismo, asma, alergias…) y este porcentaje aumentará por encima del 60% en el futuro.

Pero lo que más preocupa cara al futuro gasto farmacéutico son los costosos tratamientos de algunas enfermedades, en particular el cáncer (que sufrirá uno de cada dos españoles que nacen ahora), las enfermedades autoinmunes, el VIH o la esclerosis múltiple. Cada vez hay más investigación y se aprueban nuevos tratamientos innovadores, muy costosos. El ejemplo más preocupante son los nuevos fármacos contra el cáncer, que suponen ya el 16,9% de la factura farmacéutica de los paises desarrollados (aunque sólo un 12,2% del gasto farmacéutico total en España). Cada vez aparecen nuevos tratamientos (1/3 de los fármacos innovadores son oncológicos), más caros: si España quiere incorporar las nuevas terapias oncológicas que se aprobarán hasta  2020, tendríamos que aumentar el gasto en 1.000 millones los próximos 5 años, según la consultora IMS Health. Y lo mismo con muchas otras enfermedades.

El problema de cara al futuro es que la industria farmacéutica avanza a toda velocidad y muchos paises, como España, no pueden pagar los nuevos tratamientos. La consecuencia es que los Gobiernos retrasan la aplicación de los nuevos fármacos. Y en España, las autonomías y hasta los propios hospitales, que son los responsables finales de introducir o no un nuevo medicamento. En consecuencia, el enfermo grave se enfrenta a la “lotería” de si el último medicamento aprobado, que puede alargar su vida, se lo darán o no en su hospital. De hecho, los oncólogos  de 144 hospitales públicos de toda España han denunciado que la introducción de algunos medicamentos oncológicos se retrasa entre 8 meses en Andalucía, 17 en Aragón, 27 en Asturias o 58 meses en Castilla y León. Y además, el Tribunal de Cuentas y la Comisión de la Competencia (CNMC) denuncian que el sistema público de aprobación de nuevos fármacos (en autonomías y hospitales) es opaco y discrecional, sin informes que rindan cuentas con transparencia.

Así que los laboratorios presionan con nuevos fármacos a precios desmesurados, sin que los Gobiernos, aisladamente, puedan forzar bajadas (como defiende la OCDE). Y las autonomías y hospitales tratan de ahorrar, retrasando su aplicación, a costa de la salud de los pacientes. Un mecanismo infernal que habría que romper con una selección muy rigurosa de los nuevos tratamientos (aprobando sólo los realmente eficaces, como propone la OCDE) y buscando más recursos para pagarlos. El FMI acaba de proponer a España introducir nuevos “copagos” en la sanidad, pero este sistema de “copagos”  es doblemente injusto: afecta más a los que menos ingresos tienen, a los ancianos y a los enfermos crónicos. Parece más justo aumentar la recaudación fiscal  (España ingresa por impuestos 50.000 millones menos que la media de Europa, según la Comisión Europea) y dedicar más recursos públicos al gasto farmacéutico, ya que es un 25,35 inferior al de la eurozona. Y también gastamos menos en Sanidad, 13.200 millones menos de gasto público al año que la media de la eurozona, según Eurostat.

Pero no sólo hay que gastar más en medicamentos, para afrontar el envejecimiento de la población, el aumento de los enfermos crónicos y los costosos nuevos tratamientos oncológicos y otros fármacos innovadores. También hay que racionalizar el gasto farmacéutico, para reducir en lo posible las recetas injustificadas, sobre todo de antibióticos, sedantes y estimulantes. De hecho, España está entre los tres paises europeos con mayor consumo de antibióticos: uno de cada  dos españoles ha tomado antibióticos en el último año y uno de cada dos pacientes hospitalizados reciben antibióticos, según el Ministerio de Sanidad, que considera inadecuadas entre el 40 y el 50% de las prescripciones de antibióticos tanto en atención primaria como en hospitales. Un abuso que no sólo sube el gasto sino que crea un problema de resistencia a los antibióticos (superbacterias), que será en 2050 la primera causa de muerte en el mundo (10 millones de fallecimientos), por delante del cáncer (8,2 millones). Y también hay abuso en el consumo de sedantes y estimulantes, con y sin receta.

Urge racionalizar el gasto farmacéutico, reduciendo el gasto  innecesario (antibióticos injustificados, ansiolíticos y estimulantes)  y aumentando el gasto imprescindible (que salve y aumente vidas), con más ingresos. Y es imprescindible negociar a nivel europeo con los poderosos laboratorios la implantación de nuevos tratamientos innovadores, para que no hundan los Presupuestos públicos. También hace falta revisar los copagos, pero no para subirlos como se plantea otra vez el Gobierno Rajoy , sino para reducirlos al mínimo, como puro elemento disuasorio que evite el despilfarro de recetas (acumular “botiquines”  en casa), porque se ha demostrado que el copago afecta negativamente a ancianos y enfermos crónicos (concentran el 50% del copago), que retraen sus tratamientos de medicinas (a costa de un mayor gasto sanitario posterior, porque recaen).

Ya pagamos impuestos para que nos atiendan en los hospitales y nos den los fármacos adecuados, no hace falta pensar en más copagos que supongan pagar por partida doble los medicamentos. Pero sí habría que plantear una estrategia de futuro para los medicamentos, para estimar la factura que se nos viene encima y cómo pagarla, huyendo de trampas como retrasar la aplicación de los nuevos fármacos para no disparar el déficit. No podemos “racanear” con los tratamientos farmacológicos necesarios y arriesgarnos  a que alguien se muera o viva menos por falta de fondos públicos. Es un tema muy serio que hay que afrontar cuanto antes, con planificación y más recursos, sin recortes ni demagogia. Nos jugamos la vida en ello.