Subida de la luz: otro "parche" fiscal para 2022

El año empieza con nuevas subidas de la luz, tras una pequeña tregua a finales de 2021. Y los futuros anticipan que la luz seguirá cara, al menos hasta verano. Por eso, el Gobierno ha prorrogado hasta finales de abril la rebaja de impuestos y costes en el recibo de la luz. Otro “parche”, como la rebaja hecha en 2021, que redujo el recibo 84 euros pero no evitó que los consumidores pagáramos unos 300 euros más de luz en 2021. La solución es reformar el mercado eléctrico y pagar por la luz lo que cuesta producirla, sin extracostes a la hidroeléctrica y nuclear. Pero la decisión debe ser europea y las presiones del oligopolio eléctrico han impedido un acuerdo, pedido por España, Francia y Grecia. Mientras, las eléctricas se embolsan 20.000 millones extras, que pagamos con nuestro recibo y la bajada de impuestos (-6.000 millones de recaudación). Y esta subida de la luz ha provocado una inflación histórica, frenando la recuperación. Nos funden los plomos.

Enrique Ortega

2021 fue un año negro para los precios de la electricidad en el mercado eléctrico. Empezó normal, con un precio de 42,51 euros por megavatio hora el 1 de enero, similar a la media de 2020 (33,96 euros, más bajo por la pandemia), 2019 (46,78 euros) y 2018 (57,29 euros, el precio más alto desde 2012). Pero llegó la tormenta Filomena y el precio se duplicó el 8 de enero, a 94,99 euros por MWh. Luego se calmó, por debajo de los 50 euros, para subir a 73,54 euros el 3 de mayo y superar los 100 euros el 20 de julio (101,82 euros MWh). Y después, batió 27 récords de subidas hasta fin de año (ver gráfico): el último, el 23 de diciembre, con 383,67 euros por MWh, el precio más alto de la historia en el mercado mayorista español. A partir de ahí, hubo una tregua coyuntural la última semana del año, para acabar el 31 de diciembre con un precio de 140,82 euros. Y con estos precios, la media del coste de la luz en el mercado mayorista fue de 119,17 euros en 2021, más del triple que en 2020 (33,96 euros).

Los precios de la luz en origen, en el mercado mayorista ibérico, se dispararon por dos causas. Una (que explica el 50% de la subida), porque se disparó el precio del gas natural, con el que se abastecen las centrales eléctricas de ciclo combinado, que sólo aportan un 15% de la electricidad al sistema pero que fijan el precio para todo el mercado (la luz, sea de origen hidráulico, nuclear o renovable se ha pagado al precio de la energía más cara, el gas). Y el gas natural pasó de costar 19,07 euros por MWh el 31 de diciembre de 2020 a 60 euros en agosto, 117,9 el 5 de octubre y 180,68 euros (casi 10 veces más) el 21 de diciembre, según Mibgas,  debido a un fuerte aumento de la demanda (sobre todo en China y el resto de Asia, que absorben el 70% del gas) y a problemas en el abastecimiento (en Rusia, por la tensión en Ucrania y la no autorización del gasoducto Nord Stream 2 con Alemania, más los problemas entre Argelia y Marruecos y los devastadores fenómenos climáticos en EEUU).

La otra causa (20%) de que la luz haya disparado su precio ha sido la fuerte subida de los derechos de emisión de CO2, que han de pagar las empresas eléctricas por producir electricidad con energías que emiten gases de efecto invernadero (térmicas de carbón, fuel y gas): su precio ha saltado de 33,43 euros por tonelada en enero de 2021 a 79,72  euros de media en diciembre, más del doble que un año antes, según Sendeco. Estos derechos de emisión los pagan las empresas por contaminar, pero los trasladan al precio mayorista de la electricidad que exigen. Y encima, el mercado europeo de CO2 es objeto de una fuerte especulación financiera: hay Fondos y bancos de inversión (Goldman Sachs y Morgan Stanley) que invierten en este mercado (que mueve 100.000 millones de euros), comprando derechos de emisión de CO2 en el mercado secundario y especulando con ellos (ganando hasta el 38%), lo que nos encarece más el precio mayorista de la luz.

Esta situación no parece que vaya a mejorar en 2022. Hubo una tregua a finales de diciembre de 2021, cuando el precio mayorista de la luz bajó hasta los 140,82 euros por MWh el 31 de diciembre, motivada por la llegada a Europa de 30 metaneros con gas USA, la vuelta a producción de nucleares paradas en octubre por mantenimiento, más viento (molinos) y menos demanda industrial. Pero esta semana, los precios han vuelto a subir en el mercado mayorista, fijándose en 215,86 euros por MWh para mañana viernes 7 de enero, según OMIE. Y lo peor es que el mercado de futuros (ventas a plazo) augura un precio muy alto a lo largo de 2022: 230 euros por MWh en febrero, 198 euros de media en el 2º trimestre, 205 euros en el 3º y 205 euros en el 4º trimestre, según las previsiones de OMIP, con un precio medio estimado para todo 2022 que rondará los 205 euros por MWh, casi el doble del ya histórico precio de 2021 (111,85 euros). Y no se espera una rebaja significativa de la luz hasta la primavera de 2023 (85,56 euros por MWh para el 2º trimestre de 2023). Así que tendremos precios altos de la luz en origen, sobre todo hasta el verano.

Este precio mayorista de la electricidad, es muy importante, porque supone ya el 50% del recibo de un consumidor con la tarifa regulada (antes de las fuertes subidas de 2021, representaba sólo el 35%), que son 10,5 millones de clientes (el 39% del total), a los que repercuten cada día las subidas y bajadas de la luz en origen. Pero afecta también a los consumidores que están en el “mercado libre”, 16,2 millones de clientes (el 61% restante), a los que les subirá el recibo cuando su compañía le revise el contrato (anualmente en muchos casos, en otros semestralmente). Las otras dos partes del recibo de la luz son los costes regulados  por el Gobierno (que suponen ahora el 35%, frente al 48% del recibo que suponían antes de los recortes de 2021), para costear gastos varios (ayudas a las renovables, costes del transporte y la comercialización, pago deuda eléctrica y moratoria nuclear, subvención a la electricidad de las islas y a los grandes consumidores…) y los impuestos, que ahora, tras las rebajas de 2021, suponen el 15% del recibo (antes, el 19%).

En junio de 2021, a la vista de las primeras subidas en el mercado mayorista de la electricidad, el Gobierno Sánchez tomó la decisión de rebajar uno de los dos impuestos del recibo (el IVA, que bajó del 21 al 10% hasta fin de año) y suprimir a las compañías el impuesto a la generación eléctrica (7%) en el tercer trimestre, para contrarrestar así la subida de la luz en origen (el 50% del recibo regulado). Pero la rebaja no sirvió de mucho, porque el precio mayorista se duplicó, con lo que en septiembre, el Gobierno volvió a rebajar los impuestos de la luz: bajó el impuesto especial de la electricidad del 5,1127% al 0,5% (el mínimo que permite la UE), amplió la rebaja del impuesto eléctrico al 4º trimestre y mantuvo la bajada del IVA hasta fin de 2021. Y además, rebajó un 96% hasta fin de año los cargos del recibo que pagamos para financiar el precio más bajo de la luz en las islas, la financiación de las renovables y el coste de la deuda eléctrica acumulada.

Dos “parches” en 2021 para contrarrestar una luz que seguía subiendo en origen, por los precios disparados del gas y del CO2, más algunos problemas propios del mercado eléctrico español, que agudizan la subida: poca competencia (hay tres eléctricas que controlan la oferta y demanda de luz en ese mercado, son “juez y parte”), pocos contratos a plazo (19 veces menos que Alemania o 13 veces menos que Francia, y el 92,9% son para Iberdrola y Endesa), manipulaciones de precios (la Comisión de la Competencia ha abierto varios expedientes a Iberdrola, Endesa y Naturgy por parar centrales o aprovechar el alto coste de la luz para vaciar embalses), restricciones a la entrada de nuevos competidores y dificultades de empresas y comercializadores para aprovisionarse fuera, ya que España es “una isla eléctrica” : en diciembre de 2021, por ejemplo, sólo se importó un 5,9% de la luz consumida, frente al 15 y al 20% que importan los paises centroeuropeos.

Al final, el Gobierno ha tratado de vendernos que su bajada de impuestos y costes ha sido efectiva y que el recibo medio de la luz en 2022 (dicen que 613 euros) es inferior al recibo medio que pagamos en 2018 (608 euros, según Eurostat, pero con la inflación de estos años, el equivalente serían 639 euros), como prometió Pedro Sánchez el 5 de septiembre. Pero es un cálculo “engañoso”: se trata de la media estimada de todos los recibos. Los consumidores que tienen el precio regulado (10,5 millones de clientes), y cuya factura varía cada día con el precio mayorista, sí han sufrido una fuerte subida en el recibo de 2021. Hay dos estimaciones. La de la OCU, para un consumo medio de 292 kwh mensuales, estima un recibo medio de 949 euros, un 41% más que en 2020 (675 euros). Y la de Facua, para un consumo medio de 366 kwh, la factura en 2021 ha sido de 1.116 euros, un 46% de subida sobre 2020 (764 euros de recibo) e incluso un 20,5% más que en 2018 (926 euros). Y la OCU estima además que los demás consumidores, con contrato “libre”, pagarán un 30% más cuando les toque renovar su contrato.

Así que, a pesar de los 2 parches para recortar la factura, el recibo de la luz nos ha subido a la mayoría en 2021. Y nos seguirá subiendo en 2022, al menos hasta el verano, a la vista de los futuros en el precio mayorista de la luz. Para intentar evitarlo otra vez, el Gobierno aprobó a finales de diciembre una nueva bajada de impuestos y costes hasta finales de abril. Por un lado, mantiene la rebaja del IVA (del 21 al 10%) y del impuesto sobre la electricidad y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (en el primer trimestre). Y recorta los cargos del recibo (subvención luz islas, financiación renovables y déficit eléctrico), pero sólo un 30%, aunque para todo el año (en 2021 lo rebajó un 96% el último trimestre). Y amplía los beneficios del bono eléctrico, con descuentos del 60 al 70% en el recibo para las familias con menos ingresos (se benefician 1,2 millones de hogares).

Pero como el Gobierno sabe que es “otro parche”, sigue intentando que la Comisión Europea vaya al fondo del problema: la reforma del mercado eléctrico, que, desde 1.997, fija el precio de toda la electricidad en función de la energía más cara (ahora el gas). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera, vaca y un poco de chuletón y nos la cobraran toda a precio de chuletón… Junto a España, han pedido también una reforma (para ajustar los precios a los costes de cada energía) Francia, Grecia, Chequia y Rumanía. Pero en la Cumbre Europea de diciembre no se aceptó ningún cambio, por la presión del oligopolio eléctrico sobre Alemania y las autoridades europeas. La Comisión Europea sólo acepta estudiar la compra conjunta de gas, mientras pide a los paises que actúen con rebaja de impuestos y ayudas. Francia, por ejemplo, ha aprobado un cheque de 100 euros mensuales para ayudar a pagar la luz a 6 millones de familias que ganan menos de 2.000 euros.

Pero bajar impuestos o dar ayudas no es bajar el precio de la luz. Hay que hacer una auditoría de costes y pagar la luz por lo que cuesta realmente producirla, no pagar extracostes (215,16 euros por MWh mañana, cuando el coste de la hidroeléctrica es de 40 euros y el de la nuclear unos 60 euros por MWh) para evitar apagones. Es un “chantaje” que infla el beneficio de las eléctricas (y sus dividendos): en España, la profesora Natalia Fabra estima que habremos pagado en 2021 unos 20.000 millones de euros de más. Un “extracoste” que sale de nuestros bolsillos (hemos pagado entre 274 y 352 euros más en el recibo de 2021) y de nuestros impuestos: el Gobierno estima en 6.000 millones el coste de los tres recortes ya aprobados, más que el Presupuesto del Ministerio de Sanidad en 2022 (5.434 millones).

No es sólo que la locura del mercado eléctrico se coma parte de nuestros ingresos y nuestros impuestos. Es que además, la subida de luz (+46,7% anual hasta noviembre, según el IPC) es la principal culpable de que la inflación se haya disparado en 2021: un aumento del +6,7% anual, que no se veía desde 1992. La subida de la luz ha contagiado a todos los sectores y empresas, provocando una subida en cadena de los alimentos, los transportes, las materias primas y manufacturas, los materiales y los servicios. Y los efectos negativos de esta inflación descontrolada son múltiples: frena el consumo (un 0,6% en 2022, según las estimaciones de CaixaBank Research), retrae la inversión (al aumentar los costes de las empresas) y con ello, el crecimiento y el empleo: España puede crecer un -0,3% menos en 2022, según CaixaBank Research, por culpa de la inflación, desatada por la subida de la luz y los carburantes. Así que el desmadre eléctrico pone en peligro la recuperación. Hay que presionar más a Europa para reformarlo. Nos funden los plomos.

Nuevo recibo de la luz por horas

Desde el 1 de junio, hay que mirar el reloj al poner los electrodomésticos porque la luz tiene tres precios diarios según la hora, para conseguir que particulares y empresas consuman menos en horas punta y no haya que tener centrales de apoyo. Pero la rebaja en el recibo será pequeña, del 3,4% y no parece fácil cambiar de hábitos. Mientras, el precio mayorista de la electricidad se ha disparado, subiendo el recibo un 20,34% este año. Y subirá más con el verano. Por eso, el Gobierno aprobó el martes 2 medidas de choque: quitar a las centrales hidroeléctricas y nucleares lo que cargan de derechos de CO2 (sin emitirlo), 1.000 millones anuales que “les llueven del cielo” (de nuestro recibo) y crear un Fondo para descargar del recibo otros 7.000 millones de ayudas a las renovables. Con ello, bajará la luz un 15%, pero dentro de 4 años. Mientras, pagamos la 5ª luz más cara de Europa, por múltiples extracostes. Luz y taquígrafos.

Enrique Ortega

Para comprender lo que ha cambiado en el recibo de la luz el 1 de junio, recordemos que nuestro recibo tiene 3 partes, según explica este resumen de la Comisión de la Competencia (CNMC). Una parte es el coste de la luz en el mercado mayorista, que supone el 33% del recibo. El segundo componente son los impuestos (5,113% del impuesto especial sobre la potencia y el consumo y el 21% del IVA sobre la factura total), que suponen el 19% del recibo de la luz. Y el tercer componente, que supone el 48% restante del recibo, son los precios regulados: un 21% son los peajes (pagos por el transporte y la comercialización de la luz), regulados ahora por un organismo independiente, la Comisión de la Competencia (CNMC) y otro 27% son los cargos fijados por el Gobierno (unos costes que pagamos para financiar a las renovables, para pagar el extracoste de producir luz para Baleares y Canarias, la anualidad que se paga para financiar el déficit eléctrico de años anteriores y para mantener la CNMC). Todo esto es lo que pagamos con nuestro recibo cada mes.

Ahora, lo que cambia es esta tercera parte del recibo (48%), los precios regulados. Tanto los peajes como los cargos los paga cada consumidor según la potencia que tiene contratada y lo que consume cada mes. Ahora, el cambio es que el precio regulado de la luz varía según la hora del día en que se consume, con tres franjas horarias: horas valle, las más baratas (12 noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta, las más caras (lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y el resto del día son horas llanas, con un precio intermedio. El 1 de junio, el primer día en implantarse el nuevo sistema, el precio máximo de la luz en horas punta fue de 24,808 céntimos el kilovatio y el precio mínimo en horas valle fue la mitad, 11,484 céntimos el kilovatio. Las pymes e industrias también tienen distintos precios según horas, días y meses.

Con estas tarifas diferentes según la hora del día, el Gobierno busca que consumidores y empresas consuman más luz en horas valle y menos en horas punta (mañanas y tarde-noche), que obligan a tener centrales de refuerzo (térmicas de gas y fuel) para cubrir los picos de demanda. Y también, fomentar el ahorro de energía, ahora que sabemos que los kilowatios gastados en algunas horas son más caros. Su propuesta es que cambiemos los hábitos de consumo, que empecemos a poner la lavadora o el lavavajillas por la noche y a planchar y cocinar más los fines de semana, algo difícil de acostumbrarse. De hecho, la primera noche del nuevo sistema, apenas subió la demanda nocturna de luz. Con todo, la rebaja por la discriminación horaria a los 19 millones de consumidores que no la tenían será pequeña: bajará el recibo una media del -3,4%, según el Gobierno. Y a los 10 millones de consumidores que ya tenían contratada discriminación horaria, les subirá el recibo, unos 24 euros al año, porque antes tenían 13 horas valle y ahora tendrán sólo 8 horas.

Hay otro cambio del que se ha hablado menos: el nuevo sistema permite también cambiar la potencia que tenemos contratada, pudiendo contratar ahora 2 potencias distintas, una potencia más baja durante el día (si ponemos menos electrodomésticos) y otra potencia más alta para las horas valle (para la noche, sábados y domingo), para poder poner más electrodomésticos  y sobre todo para cargar los coches eléctricos. Con este cambio de potencia, el consumidor sí puede lograr un mayor ahorro en su factura, hasta un 7,5%, según el Gobierno, sobre todo los que carguen en casa el coche eléctrico (pueden ahorrarse hasta 300 euros al año aumentando su potencia nocturna y bajando la diurna). Para saber si compensa cambiar la potencia (sin riesgo de que salten los plomos), las eléctricas están obligadas a mandarnos ahora información de los picos de potencia que hemos tenido en el último año, para ver cuánto margen de cambio tenemos (de día y de noche). Y a partir de ahí, tenemos 1 año para cambiar nuestra potencia y podemos hacerlo hasta 2 veces, para ajustarla.

Ahora, los 10.702.503 consumidores de electricidad que estamos en el mercado regulado (PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor) no tenemos que hacer nada para adaptarnos al nuevo sistema: la eléctrica nos facturará según nuestra potencia y la hora del día que hayamos usado la luz, con lo que podríamos ahorrar algo si miramos el reloj (salvo 1,1 millones de clientes PVPC que ya tenían discriminación horaria y que ahora van a pagar algo más). Y cuando recibamos la información sobre la potencia que usamos realmente, podremos decidir si nos compensa bajar la potencia diurna y subir la nocturna, para ahorrar algo más. En el caso de los 16.125.719 consumidores eléctricos que están el “mercado libre” tienen que esperar ahora a que su compañía les adapte el contrato y les diga cómo les va a cobrar en el futuro (salvo los 8,9 millones que ya tenían discriminación horaria y a los que ahora les subirá el recibo, porque tienen menos horas bonificadas).

Y un consejo: habrá eléctricas que aprovechen para vendernos “pasar al mercado libre”, salir del mercado regulado (PVPC), argumentando que "es más barato”. Falso. Lo era antes y lo será más ahora, aunque más de 16 millones de consumidores hayan cambiado estos años. A mediados de 2020, el gasto medio de un cliente en el mercado regulado era de 40,5 euros y en el mercado “libre” era de 56,30 euros mensuales, un 40% más caro (homologando consumo y potencias), según las estadísticas de la CNMC. Por eso quieren que cambiemos.

Hasta aquí los cambios en la parte regulada de nuestro recibo de la luz (el 48% de lo que pagamos), donde vamos a poder ahorrar poco (si cambiamos la potencia, algo más), sobre todo los pequeños consumidores, según critican la OCU y Facua. Pero lo que más preocupa ahora es la fuerte subida del precio de la luz en el mercado mayorista de la electricidad, que afecta a un 33% de nuestro recibo. Ese precio mayorista de la luz, que se negocia cada día en el mercado OMIE (como “la Bolsa de la luz”) lleva subiendo todo este año 2021, después de que en 2020 alcanzara el precio más bajo (33,96 euros/MWh) desde 2004, por la caída de demanda durante la pandemia. Con la tormenta Filomena, el precio mayorista rozó en enero los 100 euros y aunque luego bajó, ha seguido muy alto, cerrando mayo en 67,12 euros/MWh, el precio más caro desde septiembre de 2018 (71 euros/MWh). Y el lunes 31 de mayo seguía en 88 euros/MWh, un precio que no se veía desde la gran nevada de enero.

Estos elevados precios de la luz en origen se han trasladado ya a nuestros recibos (recordemos: suponen el 33% de la factura final), que subieron en enero (+16,5%), marzo (+14%), abril (+15%) y mayo (+0,8%), bajando sólo en febrero (-26%). Y con ello, un recibo medio de la luz, de una familia con 2 hijos que tiene 4,4 kwh de potencia y consume 3.900 kw al año, ha pasado de 62,23 euros que pagaban en diciembre de 2020 a 74,89 euros que pagarán en mayo de 2021, un 20,34% más, según el simulador de la CNMC. Y el recibo ha subido un +44% sobre mayo de 2020. El problema es que la luz en origen seguirá subiendo este verano (y nuestro recibo), por el mayor consumo y las menores lluvias. De hecho, la previsión del mercado de futuros es que el precio medio de todo 2021 sea 68 euros/MWh, más del doble que el precio medio de 2020 (33,96 €).

¿Por qué sube tanto la luz en el mercado mayorista? Las dos razones que se dan es que el aumento del consumo ha obligado a que funcionen más horas las centrales de gas y eso ha disparado el precio del gas natural en el mercado internacional, encareciendo el coste de la luz. Y además, el mayor uso de las centrales de gas ha aumentado los precios de los derechos de CO2, que han de pagar estas centrales (y las de fuel y carbón) por contaminar: el precio de estos derechos ha pasado de 5,97 euros/Tm en mayo de 2016 a 56,65 euros/TM en mayo de 2021. Una tasa que las eléctricas cargan al precio mayorista. Pero estos dos factores afectan a la generación de electricidad en toda Europa y sin embargo el precio mayorista de la luz en España (67,12 euros/MWh en mayo) es un 27,8% más alto que en Alemania, según la consultora Aege. 

Y eso, ¿por qué? La luz en el mercado mayorista es más cara en España, según los expertos, porque es un mercado “poco transparente” (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy “volátil” (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”, poniendo en funcionamiento  y quitando centrales para subir precios en el mercado mayorista, malas prácticas que les han costado varias multas de la CNMC.

Como telón de fondo está el sistema que fija los precios en el mercado eléctrico, en Europa y en España desde la Ley eléctrica aprobada por Aznar en 1997, un sistema “de locos”: cada empresa aporta su electricidad al mercado, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel o gas). Y al final, el precio que se fija cada día es el del kilowatio más caro. Lo normal es que cuando falta energía (por más demanda o por falta de lluvia o viento), la demanda final se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60 euros/MWh Y ese es el precio que se les paga también a las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros el MWh) y a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros), centrales ambas que ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán toda a precio de chuletón…

Este sistema de fijación de precios (“marginalista”) busca compensar a las eléctricas por tener centrales de reserva con poco uso (de gas y fuel) para garantizar el suministro. Pero implica que los consumidores pagamos un extracoste por la luz en origen, estimado en unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000 millones de extracoste en nuestros recibos), según estima la profesora Natalia Fabra.

Este extracoste se refiere sólo a la primera parte de nuestro recibo, ese 33% que viene del coste de la luz en el mercado mayorista. Pero también pagamos de más en las otras dos partes del recibo. En la parte regulada (el 48%), pagamos “extracostes” en el transporte de la electricidad (a Red Eléctrica, un monopolio estatal), en el margen de las comercializadoras (hay poca competencia y las eléctricas se reparten los mercados: Iberdrola, Endesa y Naturgy controlan el 75,9% del mercado libre) y en los numerosos costes regulados que el Gobierno de turno nos carga en el recibo: ayudas a renovables y residuos, compensación por el parón nuclear, amortización deuda eléctrica acumulada, compensación a Endesa por la luz que produce en Baleares y Canarias, ayudas a grandes industrias consumidoras…

Y todavía hay un extracoste más en la tercera parte del recibo, los impuestos (19% de la factura de la luz): somos el tercer país de Europa con más peso de los impuestos (impuesto especial más IVA) en el precio final de la luz a los consumidores domésticos: un 47,38% frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en Alemania, por encima del peso de los impuestos en el precio final de la luz en la UE-27 (40%), Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país con el IVA de la luz más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%), Finlandia (24%) y Portugal (23%), según Eurostat. Y en el caso de las empresas y consumidores no domésticos, somos el 6º país con más peso de los impuestos (28%), detrás de Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).

Ahora ya sabemos por qué pagamos la luz más cara que en Europa: los “extracostes” en la generación de electricidad, en los costes regulados y en los impuestos. La última estadística de Eurostat, con los precios de la luz en el 2º semestre de 2020, lo deja claro: España es el 5º país con la luz más cara para los consumidores domésticos: 0,2298 euros/kwh, sólo por detrás de Alemania (0,3006), Dinamarca (0,2819), Bélgica (0,2702) e Irlanda (0,2298) y un 7,68% más cara que la media UE-27 (0,2134 euros/kwh) y un 17,36% más cara que en Francia (0,1958 euros/kwh) y más cara que en Italia (0,2167 €) y que en Portugal (0,2133 €). Y para la industria y los consumidores no domésticos, la luz en España es la 7ª más cara de Europa (0,1422 euros/kwh), más barata que en Alemania (0,2181), Italia (0.1753) o Bélgica (0,1426) y que la media UE-27 (0,1422), pero más cara que en Portugal (0,1354), Grecia (0,1120) o Francia (0,1142€/kwh), según Eurostat.

Ahora, al haberse disparado el precio mayorista de la luz, el Gobierno ha reaccionado con dos medidas extraordinarias, aprobadas el martes 1 de junio. La primera, recortar parte del extracoste que pagamos a las centrales hidroeléctricas y nucleares, “la parte más escandalosa”. Estos dos tipos de centrales se benefician de que las demás centrales (carbón, gas y fuel) carguen en los costes de producción de la luz el pago de los derechos de CO2, que ellos no emiten. Son los llamados “beneficios llovidos del cielo”: cargan unos costes (derechos de CO2) que no tienen. Y son nada menos que 1.000 millones al año, que llevan cobrando injustificadamente desde 2005 (multipliquen: les hemos pagado 15.000 millones de más, sin justificación alguna). Ahora, al quitarles este “regalo”, el Gobierno cree que podría rebajar nuestra factura entre un -4 y un -5%. Pero será en 2022, porque antes debe aprobarse la medida en el Congreso y que no reclamen en los Tribunales (piensan hacerlo).

La otra medida de choque aprobada por el Gobierno ha sido crear un Fondo para trasvasarle en 5 años el coste de las ayudas a las energías renovables, la cogeneración y los residuos, unos 7.000 millones al año que ahora nos cargan en el recibo (el 16% de lo que pagamos). Este Fondo se financiará con aportaciones de las empresas petroleras (un 43,7% lo pagarán Repsol, Cepsa y BP), las empresas de gas (24,8%) y las compañías eléctricas (31,5%), junto a los ingresos por impuestos verdes, subastas de CO2 y Fondos UE. El Gobierno estima que este Fondo permitirá abaratar el recibo de la luz otro 10% en 5 años, no ahora (que es cuando hace falta). Y eso, si las empresas afectadas no recurren y lo ganan en los Tribunales. Además, corremos el riesgo de que petroleras, gasistas y eléctricas nos repercutan a los consumidores el coste de este Fondo al echar carburante, comprar gas o consumir luz.

Al final, pagar la luz por horas es una medida positiva, pero con poco efecto en el recibo. Y quitar extracostes a las centrales hidroeléctricas o nucleares o trasvasar las ayudas a las renovables a otros tardarán tiempo en rebajar el recibo, hasta 2022 y 2026. Y mientras, la factura sube mes a mes. El problema de fondo sigue siendo que pagamos costes de más. Habría que hacer una auditoría de costes y pagar la luz por lo que cuesta producirla, pagando la media de impuestos de Europa. Luz y taquígrafos. Que las eléctricas no tengan unos beneficios extras (superiores a otras eléctricas europeas)  a costa de nuestro recibo. Y que Hacienda ingrese más por otras vías, no por nuestro recibo. Son medidas de mucho calado, que exigen un Gobierno fuerte y con apoyos. Sánchez va a tener difícil ordenar de verdad el mercado eléctrico. Nadie lo ha conseguido en 44 años de democracia.

Cambio climático: avanza y no lo frenamos

Esta semana y la próxima se celebra en Polonia la 24 Cumbre del Clima, para concretar las medidas que aprobó la Cumbre de París en 2015. Mientras, los expertos dan la “alarma”: las emisiones crecieron en 2017 y el CO2 bate otro récord histórico. Y el clima sigue “loco", con altas temperaturas, inundaciones, incendios y sequías, más en el sur de Europa y España, que se calienta 2 veces más rápido que el Planeta. Pero las medidas para recortar emisiones no avanzan y sólo 57 países cumplen, según la ONU, que exige triplicar los esfuerzos para que la temperatura no suba más de 1,5º para 2100. Europa ha tomado el testigo y promete reducir a cero sus emisiones en 2050, prohibiendo los coches de gasoil y gasolina desde 2040. Y España, que aumentó sus emisiones de CO2 en 2017, ultima la Ley de Cambio Climático. Pero las elecciones, en Europa y España, pueden hacer que 2019 sea otro año perdido contra el Cambio climático. No den tregua al CO2.

enrique ortega

Los humanos seguimos destruyendo el Planeta. En 2017 volvieron a aumentar las emisiones de CO2, después de tres años estabilizadas: se emitieron 53,5 gigatoneladas de CO2 equivalente, un 1,2% más que en 2016, según acaba de informar la Agencia de Medio Ambiente de la ONU (PNUMA), que lo achaca al mayor crecimiento de la economía mundial (+3,7%) y a que ha seguido alto el consumo de carbón, sobre todo en China, donde subieron  las emisiones (+0,9%), aunque más en la  India (+3%), aumentando también en Europa (+0,7%) y cayendo en EEUU (-0,3%), por el trasvase de carbón a gas natural. La mitad de las emisiones mundiales de CO2 proceden de Asia y los paises en desarrollo (26,8% de las emisiones mundiales son de China, 7% de India, 2,3% de Brasil, 1,7% de Indonesia, 1,6% de Corea y 1,5% de Arabia Saudí y México), seguidas de EEUU (13,1% de las emisiones totales), Unión Europea (9%) y Rusia (4,6%), según los datos de PNUMA.

España fue el país europeo donde más aumentaron las emisiones de CO2 en 2017: crecieron un 2,6% (tras caer un 3,7% en 2016), hasta los 344 millones de toneladas equivalentes de CO2, entre las emisiones de CO2 (82,9%), metano (9,2%), óxidos de nitrógeno (5,1%) y otros gases de efecto invernadero, según la última estadística del INE. Las emisiones venían cayendo, por la crisis, desde el máximo histórico de 2007 (443,5 millones de Tm de CO2 equivalente), pero esa tendencia se rompió en 2014, cuando las emisiones volvieron a subir, como en 2015. Ahora aumentaron por las emisiones de las eléctricas (que aumentaron en 2017 su consumo de carbón, por la sequía) y por la industria. En 2017, los culpables de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en España fueron la industria (24,7%), las eléctricas (23,1%), los hogares (20,9%), el transporte (14,2%) y la agricultura (11,75%).

Con el aumento de emisiones mundiales en 2017, la Tierra ha vuelto a batir otro récord de gases de efecto invernadero (CO2, metano y óxido nitroso): se alcanzó la cifra récord de 405,5 partes por millón, la mayor obtenida con los registros modernos (desde hace 38 años) y la más elevada de los últimos 800.000 años (estadística de CO2 obtenida con muestras de hielo ártico), según informó el 20 de noviembre la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La última vez que la Tierra registró una concentración de CO2 comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años, cuando la temperatura era de 2 a 3º más cálida y el nivel del mar era entre 10 y 20 metros superior al actual, según señala la OMM.

Estos gases de efecto invernadero, emitidos en su mayoría por el hombre, provocan una especie de “paraguas” que favorece el calentamiento del Planeta (el 82% por el CO2 y el resto por el metano y NO2). Así, 2017 fue uno de los tres años más cálidos desde 1880 y la temperatura promedio del Planeta fue 0,48ºC superior a la de 1981-2010 y 1º más elevada que en 1880, al inicio de la industrialización. Este aumento de la temperatura, además de provocar sequías e incendios (California) y trastocar el clima (inundaciones y tornados), deshiela los glaciares y sube el nivel del mar: 7,7 centímetros en 2017 sobre 1993, cuando empezaron las mediciones, según la OMM.Y con ello, el mar ya ha subido 19 centímetros desde 1901, según Greenpeace, que alerta de que el nivel del mar podría subir entre 19 y 58 centímetros más hasta finales de este siglo.

Los efectos del Cambio climático son bastante evidentes para casi todo el mundo (salvo para Trump), pero más para los habitantes del sur de Europa, una de las zonas más afectadas, junto a Asia y el Pacífico, según los expertos. De hecho, los europeos son los más preocupados por el Cambio climático, según una encuesta mundial encargada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI): un 24% están alarmados y un 54% preocupados, el 78% en total, frente al 63% en EEUU y el 65% en China. Y según un informe del Centro Común de Investigación (JRC), Europa podría perder 240.000 millones anuales para 2100 si la temperatura aumenta 3ºC, por los efectos de las olas de calor, las inundaciones en costas y ríos, las pérdidas en la agricultura y la pérdida de productividad. Y los paises del sur de Europa (España, Portugal, Italia, Grecia, Malta y Chipre) sufrirán 8 veces más daños que la Europa del norte, señala este informe encargado por Bruselas.

España es uno de los paises más vulnerables al cambio climático, según los expertos. De entrada, España se está calentando dos veces más rápido que el resto del globo, 0,42 ºC de promedio anual cada década en los últimos 40 años, según Manola Brunet, que preside la Comisión de Climatología de la Organización Meteoróloga Mundial (OMM). Y un informe de Greenpeace alerta que la temperatura ha subido en España 1,5ºC las tres últimas décadas (+2º en Murcia), frente a 0,4ºC que ha subido la temperatura global en el último siglo. Y si no se toman medidas, podría subir entre 1,1 y 6,4ºC más para 2095. Un aumento de temperatura que ha provocado el deshielo de gran parte de Pirineos y numerosas sequías, olas de calor, inundaciones y temporales en los últimos años. Y la pérdida de playas y zonas costeras en el Cantábrico, deltas del Ebro y Llobregat, Mar Menor y costa de Doñana, con una subida de 10 centímetros en el nivel del mar desde 1901 (y podría subir entre 10 y 68 centímetros más para 2100). Además, Greenpeace destaca que el 20% de la Península es ya un desierto y que de las 10 cuencas hidrográficas con mayor sequía de Europa, 7 están en España. Y que el Cambio climático está afectando a muchas especies, a la agricultura (uva y huerta), al turismo (daños en playas y paseos) y a la salud: el aire se degrada con las emisiones y junto a las olas de calor, causa numerosas enfermedades y muertes (30.000) cada año.

Frente a un Cambio climático que avanza imparable, y más en el sur de Europa, los paises hacen poco por combatirlo y aumentan sus emisiones. Tres años después de la Cumbre de París (diciembre de 2015), cuando 195 paises firmaron recortar sus emisiones de CO2 a partir de 2020 (entre un 20 y un 30%), el balance es muy pobre: sólo 57 paises han tomado medidas efectivas (de ellos, sólo China, Brasil y Japón entre los grandes) y “ninguno de los grandes paises del G-20 lleva un ritmo de reducción de emisiones que le permita cumplir sus compromisos, ni siquiera la UE”, según alerta el estudio de la ONU (PNUMA) publicado el 27 de noviembre y dirigido a la 24 Cumbre del Clima, que reúne en Katowice (Polonia) a 20.000 expertos de 195 paises, del 2 al 14 de diciembre. Otra Cumbre más para afrontar los dos retos pendientes: fijar un calendario creíble de recorte de emisiones por paises y aportar los 100.000 millones de dólares del Fondo verde del Clima, que debe ayudar a los paises pobres.

La ONU ha lanzado una alerta al mundo, a la Cumbre del G-20 en Argentina y a esta Cumbre del Clima de Katowice: hay que triplicar los esfuerzos contra el Cambio Climático, porque se acaba el tiempo y porque el recorte ha de ser más drástico del previsto en la Cumbre de París, que fijaba como objetivo una subida de temperatura entre 1,5ºC y 2ºC para 2100 (sobre la de 1.880). Un estudio de los científicos mundiales que asesoran a la ONU (el IPPC), publicado en octubre, alertaba de que es importante no subir la temperatura más de 1,5ºC, porque llegar a 2ºC de aumento supone un alto riesgo de olas de calor, incendios, sequías, inundaciones, cosechas, pérdida de especies y una subida del nivel del mar (10 cm) que afectaría a 10 millones de personas en el Planeta. Para evitarlo y que la temperatura no suba más de 1,5ºC, proponen recortar las emisiones de CO2 más de lo previsto en la Cumbre de París (entre un 20 y un 30% sobre 1990): recortarlas un 45% en 2030 (sobre 2010), un reto tremendo que exige renunciar al carbón, huir del petróleo en el transporte y que entre el 70 y el 85% de la electricidad del mundo se genere con energías renovables en 2050.

La advertencia de los expertos está ahí y ahora son los Gobiernos los que tienen que tomar medidas. De momento, la Unión Europea ha recogido el guante y acaba de aprobar, el 28 de noviembre, un objetivo más ambicioso: cero emisiones (nada de CO2) en 2050, frente a los 4.451,8 millones de toneladas de CO2 emitidas en 2017, cuando el objetivo anterior era reducirlas en un 80%. Eso va a suponer, de entrada, una reducción de emisiones del -20% para  2020 y del -45% para 2030, un objetivo muy difícil, teniendo en cuenta que entre 1990 y 2016, la Unión Europea sólo redujo sus emisiones un -22%. Para conseguirlo, la UE va a reducir drásticamente el uso del carbón, va a seguir penalizando las emisiones de eléctricas e industrias (el coste de la Tm. de CO2 ha pasado de 6 euros en agosto 2017 a más de 20 ahora y podría cerrar el año en 25 euros), va a potenciar las energías renovables y, sobre todo, va a prohibir la venta de coches diesel y gasolina a partir de 2040.

España tiene previsto aprobar antes de final de año una estrategia propia, en una prometida Ley de Cambio Climático (ver borrador), que tardaría meses en aprobarse en el Congreso (dependerá de si hay elecciones), aunque el Gobierno Sánchez estudia  aprobar antes las medidas más urgentes, por decreto-Ley. El objetivo de la ministra de Transición Ecológica es recortar las emisiones un -30% en 2030 sobre las de 1990 (menos que el 45% de recorte que estudia Bruselas para los 27), un objetivo que los ecologistas consideran "insuficiente" (piden un -50% de recorte). Pero lograr ese -30% ya es muy difícil, si tenemos en cuenta que España es uno de los cinco únicos países europeos (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que aumentó sus emisiones un +16,6% entre 1990 y 2015 (y +15,5% entre 1990 y 2017). O sea que plantearse ahora recortarlas en total un 20% supone realmente reducir las emisiones un -35,5% entre 2017 y 2030, todo un reto.

Para lograrlo y evitar los grandes daños del Cambio Climático en España, habrá que hacer muchas cosas. La primera, acabar con el uso del carbón, cerrando todas las centrales, algo que debería estar hecho para 2025. En paralelo, reducir el consumo de petróleo y gas en la generación de electricidad, sustituyéndolo por renovables: el objetivo de la Ley de Cambio Climático del Gobierno Sánchez es que el 100% de la electricidad sea renovable en 2040 (hoy es el 45,8%). Y reducir el peso del carbón y el petróleo en la industria (aumentando el coste por Tm de CO2 emitido), así como en los hogares y en el transporte. Aquí, la medida estrella es prohibir la venta de vehículos diesel y gasolina en 2040, mejorando desde principios de 2019 las ayudas y la fiscalidad a la compra de coches híbridos y eléctricos.

El combate contra el CO2 no va a ser fácil y supone una tremenda reconversión de toda la economía y de nuestras vidas. Y va a exigir  enormes inversiones: la Comisión Europea estima que se necesitarán entre 175.000 y 290.000 millones anuales en la UE, aunque también habrá importantes ahorros (de 2 a 3 billones en petróleo entre 2030 y 2050 y 200.000 millones menos en costes sanitarios). En España, el coste de la reconversión energética puede suponer unos 10.000 millones anuales de aquí a 2050, el 65% en el sector eléctrico, según un estudio de Deloitte. Un coste que habrá que financiar vía tarifas (la luz más limpia será más cara), impuestos (subiendo impuestos al diesel y la gasolina y creando impuestos medioambientales más potentes), ayudas públicas (españolas y de la UE) y con inversiones públicas y privadas, que apuesten por infraestructuras, empresas, transportes, cultivos y hogares menos contaminantes como algo rentable. Y con esta certeza científica: no hay otro camino que crecer de forma sostenible si queremos salvar la economía y el Planeta.

La lucha contra el Cambio Climático es compleja y difícil, sin duda uno de los grandes retos del siglo XXI. Y exige la colaboración de todos, sobre todo de los que más emiten (China, India y los paises en desarrollo) pero también de los paises ricos que llevan más de un siglo emitiendo y que tienen que ayudarles financieramente. Europa quiere liderar esta batalla y puede hacerlo, aunque el riesgo es doble: la presión de las industrias europeas (sobre todo el automóvil alemán y francés, que amenazan con el empleo) y las elecciones europeas de mayo 2019, que podrían paralizar las medidas y el recorte de emisiones. Lo mismo que en España, donde las seguras elecciones en 2019 retrasarán el ajuste energético. Y con ello, 2019 podría ser otro año perdido contra el Cambio Climático. No den tregua al CO2.

Vender humo: el negocio del CO2

El CO2, el gas que más contribuye al calentamiento global del Planeta, alcanzó en mayo el nivel más alto en millones de años. Un dato que revela el fracaso en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo en países emergentes. En Europa, ha entrado en crisis el mercado de CO2, donde el dióxido de carbono cotiza como el petróleo, el café o los cereales: las empresas que más contaminan tienen que comprar derechos y pagar por sus emisiones. Pero los precios se han desplomado y una tonelada de CO2 cuesta lo que una hamburguesa: ahora, contaminar es muy barato. Bruselas propone intervenir para subir la cotización del CO2, pero empresas y Parlamento europeo se oponen, porque temen arriesgar industrias y empleos. La prioridad debe ser salvar el Planeta: si nos lo cargamos, por no reducir las emisiones de CO2, entonces sí pondremos  en peligro la economía y el empleo.

enrique ortega

El evidente cambio climático es el síntoma, la fiebre que alerta de que la Tierra está enferma. Y el gas que más contribuye al calentamiento global, al retener parte del calor que emite la Tierra, es el CO2, producido por la combustión de combustibles sólidos (petróleo, gas carbón) utilizados para producir electricidad y cemento, las industrias, el transporte o las calefacciones. En mayo, la agencia norteamericana NOAA daba la alarma: la concentración de CO2 en la atmósfera superó la frontera de las 400 partículas por millón (ppm), por primera vez en los últimos tres millones de años. Y un documento del Banco Mundial alerta de que, si no se toman medidas urgentes, a finales de siglo, el CO2 alcanzará las 800 ppm, lo que causaría una subida de la temperatura de la Tierra de 4 grados, algo muy peligroso: provocaría sequías, inundaciones, malas cosechas, hambre, migraciones y una grave crisis mundial.

Para evitarlo se firmó en 1997 el protocolo de Kioto, para reducir las emisiones de CO2 y conseguir que la temperatura de la Tierra “solo” subiera 2 grados para 2050. Pero únicamente firmaron 35 países, quedando fuera los que más contaminan (China, Estados Unidos, India y Japón), a los que Europa quiere recuperar con otro gran Pacto en 2015. Pero mientras, las emisiones de CO2 han crecido un 30% en la última década, sobre todo por los países en desarrollo, que crecen produciendo el 54% del CO2 mundial.

Europa ha sido y sigue siendo la abanderada contra el cambio climático, aunque sólo produce el 12% del CO2 mundial. De hecho, lleva reduciendo sus emisiones desde 2005 (salvo en 2010) y está cerca del objetivo de recortarlas un 20% sobre 1990 (está en el -18,5%). Y mucho tiene que ver la puesta en marcha, en 2005, el mercado del CO2: Bolsas en la mayoría de países (en España, en Barcelona) donde lo que se negocia es dióxido de carbono, mejor dicho, derechos sobre CO2 (papelitos). En 2005, Europa repartió a 12.170 empresas europeas (1.130 españolas) unos derechos de CO2, según su nivel de contaminación. Y desde enero de 2012, también a 5.450 compañías aéreas que vuelan a Europa. Si emitían más CO2, tenían que comprar derechos en Bolsa a otras empresas que emitieran menos y vendieran sus derechos. El objetivo: quien contamina paga, quien emite menos cobra.

El mercado del CO2 se inició en Europa pero ahora es mundial (acaba de abrir en China) y las empresas pueden conseguir derechos invirtiendo en proyectos medioambientales en Latinoamérica, Asia o África, que consiguen así financiación. Es lo que han hecho empresas españolas, como Iberdrola o Repsol, que han conseguido derechos de CO2 construyendo hidroeléctricas en Guatemala o enterrando gas en una mina de Argentina. Además, hay un mercado voluntario de CO2, asentado sobre todo en la Bolsa de Chicago, donde se especula con el CO2 como con el petróleo o los alimentos (se han creado derivados sobre CO2), con empresas que consiguen derechos de CO2 haciendo inversiones medioambientales que les dan “imagen”.

El problema del mercado del CO2 en Europa es que  ahora funciona mal. Primero, porque se repartieron demasiados derechos de CO2 (demasiados papelitos) y con la crisis, las empresas contaminan menos y tienen derechos de sobra. Y los venden, hacen negocio con ellos. De hecho, las industrias españolas han ingresado 1.279 millones vendiendo derechos (sólo las cementeras, grandes contaminantes, han ganado 185 millones), mientras el Estado español ha tenido que pagar, por exceso de emisiones del país, 750 millones desde 2008 (y otros 550 hasta 2014). Y este exceso de derechos (también por operaciones medioambientales “infladas” en países en desarrollo) ha provocado un desplome de los precios en el mercado del CO2: si en 2005 cotizaba a 23 euros por tonelada (y llegó a 30€ en 2006), ahora cotiza a 3,99 euros: una tonelada de CO2 cuesta lo que una hamburguesa.

Y claro, así, contaminar sale muy barato y no compensa a las empresas invertir para emitir menos CO2. Para evitarlo, la Comisión Europea puso en marcha en enero el sistema de subastas de CO2: en vez de repartir gratis derechos como antes, se reparten la mitad y la otra mitad se subasta, para subir precios. Y ahora, las eléctricas ya no tienen derechos gratis y tienen que pujar por ellos, aunque nos trasladarán a los consumidores este mayor coste: se estima que, sólo por esto, el recibo de la luz subirá en Europa entre un 10 y un 15% hasta 2050.

Ni aun así han repuntado los precios del CO2. Por eso, la Comisión Europea ha propuesto ir más allá e intervenir directamente en el mercado, retrasando una subasta de derechos de 900 millones hasta 2019. Pero las industrias han puesto el grito en el cielo, quejándose de que si suben los derechos, si les cuesta más contaminar, no podrán competir con industrias de países no europeos, sobre todo emergentes. Y han conseguido que conservadores y liberales del Parlamento Europeo veten la propuesta de la Comisión, que ha trasladado el problema al Consejo Europeo. Pero hay muchos Gobiernos, como el español, contrarios a “intervenir” en el mercado del CO2: en la banca sí, para mejorar el medio ambiente no, como ha denunciando la Comisaria europea.

El debate se plantea en términos de elegir entre salvar a la industria europea o el medio ambiente. Pero es un falso dilema: si Europa no reduce sus emisiones de CO2, se acelerará el cambio climático y los problemas económicos que provocará sumirán al mundo en  otra grave crisis . Porque Europa es ahora mismo la región que lidera la lucha contra las emisiones de CO2 y si el resto del mundo ve que reculamos, no se decidirán a tomar medidas efectivas. Por eso es clave que los precios del CO2 suban, para que contaminar sea más caro y compense a industrias, particulares y países  recortar sus emisiones.

En este debate europeo, España debería cambiar de posición y apoyar los esfuerzos de la Comisión, porque somos el tercer país europeo que emite más CO2, junto a Grecia e Irlanda. Y aunque hemos reducido emisiones en 2012 (-1,4%, frente a -2,1% UE-27), por la crisis y el mayor uso de las renovables en producir electricidad, España ha sido el país europeo donde más han crecido las emisiones (+18,7% entre 1.990 y 2012, mientras caían un -18,5% en Europa). Y respiramos uno de los peores aires de Europa. Todo ello, porque tenemos una industria energéticamente ineficiente (gasta el triple que nuestros tres principales competidores UE), una electricidad donde todavía  pesan mucho el petróleo, gas y carbón (generó 8 millones de Tm de CO2 sólo en 2012) y un excesivo peso del transporte por carretera (83% mercancías en España y 45% en UE-27).

En resumen, Europa y España deberían seguir su lucha contra el cambio climático y para eso es vital que funcionen los mercados del CO2, que cueste más contaminar, porque no se puede sostener las industrias y el empleo a costa de cargarnos el Planeta. Lo caro no es reducir emisiones, lo realmente caro es destruir nuestro hábitat. No son locuras de ecologistas: si no crecemos de forma sostenible, vendrá una crisis peor que ésta. Y será irreparable.