jueves, 27 de julio de 2017

EPA junio 2017: triunfalismo no justificado


El Gobierno Rajoy ha vuelto a echar las campanas al vuelo con la EPA de hoy, destacando que se han creado 375.000 empleos esta primavera y que el paro baja de los 4 millones, por primera vez desde 2009. Es verdad. Pero no dice que se ha creado menos empleo que en 2014 y 2015 ni que el 94 % del empleo creado es precario. Tampoco que seguimos con más del doble de paro que Europa, que el 55% de los parados no cobran nada y que más de la mitad llevan más de un año sin trabajar, la mayoría mayores sin formación. Y que el 93,4% de las empresas dicen que no necesitan ningún trabajador más: somos el país europeo con menos empleos vacantes. Así que menos triunfalismo de primavera y verano, por empleos que se perderán en otoño e invierno. Urge pactar un Plan de empleo urgente, para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años y reanimar la economía en otoño, no hacer más recortes para 2018, como propone el Gobierno. Necesitamos más empleo y de más calidad.



                                                                                            enrique ortega

El segundo trimestre suele ser bueno para el empleo y más este año en que la Semana Santa cayó en abril. Por eso, entre abril y junio se han creado 375.000 empleos, según la EPA conocida hoy, muchos más de los 271.400 creados el segundo trimestre de 2016, aunque menos que en la primavera de 2015 (+411.800 empleos) y 2014 (+402.400). La mayoría de los empleos se han creado en los servicios (+ 272.400), seguidos de lejos por la industria (+ 65.700), la construcción (+52.100 empleos) y cayeron en el campo (-15.200). Se han creado más empleos para los hombres (+ 208.400) que para las mujeres (166.700), concentrándose los nuevos empleos entre los de 40 a 50 años (+127.000) y los que tienen entre 20 y 30 años (+ 101.800). Y el empleo ha mejorado en todas las autonomías, pero sobre todo en Cataluña (+72.600), Baleares (+ 65.000), Andalucía (+53.500) y Madrid (+45.500).

Se ha vuelto a crear empleo, tras la caída del primer trimestre (-69.800 empleos perdidos entre enero y marzo), pero el empleo creado sigue siendo muy precario: el 90,85% de todos los contratos hechos en 2017 (10,5 millones entre enero-junio) han sido temporales y sólo el 9,15% eran indefinidos. Y más de un tercio, el 34,8% de los contratos hechos son a tiempo parcial, por horas o días, frente a un 65,2% a tiempo completo, según los datos de Empleo. Y de estos contratos con jornada recortada, la cuarta parte son por menos de 7 días, según Asempleo. Donde más se utiliza el contrato a tiempo parcial es en la hostelería, la industria y actividades administrativas, concentrados más en las mujeres: el 43% de todas las que trabajan lo hacen con jornada recortada, frente al 33% los hombres, según el SEPE.

En definitiva, el empleo sigue la tónica de los últimos tres años: sólo un 6 % de los nuevos empleos son estables, fijos y con jornada completa. Y los 94% restantes son precarios, lo que los hace muy vulnerables y mal pagados. Así, un trabajador con contrato temporal gana dos tercios de lo que gana un trabajador fijo (16.422 euros brutos frente a 24.561 euros) y un empleado a tiempo parcial, por horas o días, gana casi un tercio que el trabajador a jornada completa (10.065 euros brutos frente a 27.039 euros), según la última Encuesta de estructura salarial del INE (datos 2015). Y recordemos que casi dos tercios de estos trabajadores a tiempo parcial (el 61,9%) trabajan menos horas “porque no encuentran otra cosa”, con lo que somos el 4º país europeo con más trabajo reducido “involuntario”, sólo por detrás de Grecia (72%), Chipre (69,3%) e Italia (64,3%) y muy alejados del porcentaje de subempleo forzado en Europa (27,7%), según Eurostat.

Gracias al empleo creado, aunque sea precario, ha bajado el paro en el segundo trimestre, en 340.700 personas, según la EPA de hoy, hasta los 3.914.300 parados, bajando así de los 4 millones por primera vez desde marzo de 2009. Con ello, la tasa de paro desciende al 17,22%, la más baja desde 2009, aunque seguimos con más del  doble de paro que Europa (7,8% en la UE-28 y 9,3% en la zona euro, en mayo), sólo superados por Grecia (22,5% de paro) y muy lejos del paro de Alemania (3,9%), Reino Unido (4,5%), Francia (9,6%) o Italia (11,3%), según Eurostat. Y lo peor es que el paro juvenil (menos 25 años), aunque ha bajado al 39,5% en España, casi triplica el europeo (16,9% en mayo UE-28).

El paro se concentra en las mujeres, que ya son más de la mitad de los desempleados, con una tasa de paro femenino del 19,04%, frente al 15,64% los hombres. Y también hay más paro entre los jóvenes menores de 25 años (39,5%) y entre los mayores de 50 años, (15,35%, el triple que en 2007), donde hay 985.400 españoles sin trabajo. Y el paro también se ceba más entre los inmigrantes, cuya tasa de paro (25,46 %) es superior a la de los españoles, según la EPA. Y todavía hay 1.277.600 hogares donde todos sus miembros están en paro y no trabaja nadie. Por autonomías, hay 5 regiones con una tasa de paro “insoportable”, superior al 22%: Melilla (30,22% de paro), Extremadura ( 25,76%), Andalucía (25,24%), Canarias (24,30%) y Castilla la Mancha (22,24), media España, que contrasta con el paro “casi europeo” de Navarra (10,55%), la Rioja (10,92%) y País Vasco (11,23%).

Pero quizás el dato más preocupante es que más de la mitad de los parados no cobran ninguna ayuda. Así, de los  3.914.300 españoles que se consideran parados (EPA segundo trimestre 2017), estén o no apuntados en las oficinas de empleo, hay 2.154.783 parados que no cobran ningún subsidio, el  55% de todos los parados EPA (al llegar Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, no cobraban el 44,5% de los parados EPA). Y de los 1.759.517 parados que sí cobran algo (mayo 2017), según el Ministerio de Empleo, sólo un tercio (639.511 parados) cobran un subsidio contributivo, de 804,60 euros al mes. Los dos tercios restantes (1.120.006 parados) sólo cobran un subsidio asistencial de 426 euros al mes. Estos datos preocupantes explican que casi la mitad de los parados (un 48,5%) estén hoy en situación de pobreza, según la estadística que acaba de publicar el INE. Y eso porque muchos parados no han cotizado suficiente o se les ha acabado el paro y otros no reúnen las condiciones para cobrar un subsidio asistencial, muy recortado desde 2012. Todo ello para “ahorrar” con los parados y rebajar así el déficit público: si en 2012 se gastaron 31.680 millones en los parados, en el Presupuesto 2017 se gastarán 18.318 millones.

Si más de la mitad de los parados no cobra nada tiene mucho que ver con que el paro se ha hecho “viejo”, que cada vez hay más “parados de larga duración” (que llevan más de 1 año en paro): eran ya  2. 135.600 parados a finales de junio de 2017, el 54,5 % del total, según la EPA de hoy. Y lo peor es que, de ellos, 1.593.000 llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones más de cuatro años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicosque tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Un tercio de estos parados de larga duración proceden de la construcción y dos tercios son mayores de 55 años, más mujeres que hombres, concentrados sobre todo en Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla, Castilla la Mancha y Extremadura. Y tienen un problema adicional para colocarse, su poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Ahora se espera que el empleo vuelva a subir este verano, con el récord de turistas extranjeros y nacionales, aunque muchos españoles perderán su empleo temporal en septiembre, por el final del trimestre y la temporada turística, como ya pasó el 30 de junio: ese día se perdieron 257.014 empleos de golpe, según los datos de la Seguridad Social, a finalizar otros tantos empleos temporales. Es el riesgo de hacer “triunfalismo político” con las cifras de empleo: que igual que suben, bajan. Y además, a medida que haya más actividad y empleo, podría aumentar el paro, porque habrá jóvenes, mujeres y mayores que “se animen” a buscar trabajo y se apunten en las oficinas de empleo. El Banco Central Europeo (BCE) acaba de advertir que la tasa de paro en España (y en Europa) es el casi doble de la que creemos, porque si los trabajadores subempleados (que trabajan a media jornada) buscaran trabajar a jornada completa, el paro real sería del 30% (y el 15% en la UE).

Así que se crea empleo, pero muy inestable y todavía insuficiente para hacer frente a los casi 4 millones de parados y a los 2,8 millones de asalariados que trabajan a tiempo parcial y quieren trabajar a jornada completa. El problema es que las empresas crean empleo, pero poco, porque la mayoría dicen que no tienen empleos vacantes: el 93,4% de las empresas aseguran que no necesitan ningún trabajador más, según la última Encuesta de costes salariales del INE (primer trimestre 2017). Y se da el caso de que España, el segundo país con más paro de Europa, es también el país europeo con menos empleos vacantes: sólo hay un 0,8%, frente al 1,9% de media en la UE, según Eurostat. Y eso se debe a que las empresas evitan en lo posible aumentar plantillas, aumentando las horas extras de sus trabajadores actuales (5,8 millones a la semana, el 51,4% sin pagarlas), lo que se traduce en 156.300 nuevos empleos que no se crean cada año. Y aunque las empresas españolas llevan tres años con un fuerte aumento de beneficios, no aumenta tanto su inversión y cuando la hacen es más en renovar equipos e instalaciones que en nuevo personal.

Así que el empleo sigue siendo la asignatura pendiente de España, por mucho que se haga “triunfalismo político” con los 500.000 empleos precarios que se crean al año. Hace falta crear más empleo y de más calidad. Y eso pasa por aprobar de una vez por todas un Plan de choque contra el paro, centrado en los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años, los que más necesitan hoy un empleo. Eso exige dedicar más recursos a políticas activas de empleo (al menos 4.000 millones más al año, para situarnos en niveles de gasto europeos), para incentivar la contratación de jóvenes y parados de larga duración, ayudándoles con programas de formación eficaces (sólo el 7,4% de los parados hacen cursos) y con una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), que no ayudan a los parados a encontrar empleo (sólo al 1,8%), porque el 91,3% no reciben orientación personalizada. Y en paralelo, conseguir que al menos 1 millón más de parados cobre algún subsidio (recordemos: 2,15 millones de parados EPA no cobran nada), con más gasto (costaría 5.000 millones al año) en vez de bajar el déficit público a costa de los parados.

Pero junto a este Plan de choque, España debe reanimar la economía, junto a Europa (que no acaba de despegar), para crecer más y crear más empleo. Sobre todo ahora que se auguran problemas a medio plazo, que frenarán el crecimiento: subida de los tipos de interés en Europa (a finales de año o en 2018), subida récord del euro (un +8,6% desde la llegada de Trump, lo que encarece nuestras exportaciones y el turismo, los dos motores del crecimiento español) y posible encarecimiento del petróleo este invierno, con subida ya vista de la inflación (que ha estado varios años negativa), lo que reducirá el consumo, el otro motor del crecimiento estos tres últimos años. Y luego están los efectos negativos del Brexit y del proteccionismo y las “locuras” de Trump.

Todo ello debería llevar al Gobierno y a la oposición a aprobar un Presupuesto 2018 “más alegre”, sin nuevos recortes como se ha hecho ya con el techo de gasto 2018 aprobado en julio. Porque más importante que rebajar el déficit público en 2018 a un innecesario 2,2% del PIB (el techo de Bruselas es el 3%) sería bajar el paro del 14%. Y eso exige que el Estado “tire” de la economía, gastando más en infraestructuras, tecnología, industria, educación, sanidad y servicios sociales. Se debe y se puede gastar 30.000 millones más, sobre todo si España recauda como hace Europa (recaudamos el 37,5% del PIB frente al 46,1% la zona euro), lo que exige no bajar impuestos (como prometen de forma irresponsable Rajoy y Ciudadanos) sino reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más impuestos los que pagan poco, en especial grandes empresas, multinacionales y los más ricos.

Así que dejen de hacer “triunfalismo” con las cifras de empleo, porque tenemos un paro que abochorna y un empleo de baja calidad, por lo que sigue siendo el problema que más preocupa a los españoles. Así que afróntenlo de una vez, con medidas de choque eficaces. Millones de parados y subempleados lo están esperando.

 

jueves, 20 de julio de 2017

La peor sequía en 22 años


Estamos sufriendo en España  la peor sequía desde 1995, por culpa del cambio climático (menos lluvia y más calor) pero también porque somos el tercer país occidental con más “estrés” de agua (tras Italia e Israel), debido a que gastamos mucho y mal el poco agua que tenemos. Las consecuencias las vamos a notar este verano: aumento extra del 10% en las tarifas de la luz (que ya ha subido este año), encarecimiento de los alimentos (sobre todo futas, verduras y cereales), más incendios forestales (ya batimos récord desde hace 10 años) y problemas de abastecimiento en algunas zonas turísticas. Los expertos advierten que el cambio climático afecta especialmente a España y que las sequías serán cada vez más frecuentes e intensas. Por eso, urge tomar medidas, un Pacto del Agua que recorte el consumo, depure y desalinice aguas, suba tarifas e impuestos verdes y gaste más en obras hidráulicas, para afrontar las próximas sequías. Sin agua no hay futuro.



                                                                                            enrique ortega

España tiene este año un serio problema de sequía, como resultado de la combinación de varios factores. Por un lado, el cambio climático, que se traduce en menos lluvia y más calor. Desde octubre a finales de junio, las lluvias acumuladas han sido un 13% menores a las de un año hidrológico medio, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Y ha llovido un 75% menos de lo habitual en Galicia, Asturias, Cantabria y gran parte de Castilla y León. Por otro lado, la temperatura esta primavera ha sido más alta de lo habitual (lo que favorece la evaporación del agua): la temperatura media mundial ha sido de 15,4º, la más elevada desde que se tienen datos (1965), 1,7º por encima de la media 1.981-2000, según la Organización Meteorológica Mundial. Y se espera un verano muy cálido, según la AEMET. Pero además, España tiene factores propios que agravan la sequía: erosión y desertificación de los suelos, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de las aguas, poca depuración de aguas residuales y escaso uso desalinizadoras más un consumo excesivo de agua, sobre todo para los regadíos, las urbanizaciones de costa y el turismo.

El resultado se ve en los pantanos, que estaban el 18 de julio al 50,46 % de su capacidadel nivel más bajo desde 1995, cuando los pantanos estaban al 40%. Y la situación es peor en las cuencas del Segura (embalses al 23,93% de capacidad), del Júcar (al 33,60%) y del Duero (44,04%), así como en los pantanos del Guadalquivir (43,35%) y la cuenca mediterránea andaluza (42,74%). Estamos peor que en la última gran sequía, la de 2005-2008 (pantanos al 57% de capacidad), y camino de acercarnos a las dos grandes sequías del siglo XX, la de 1981-84 (pantanos al 49% de capacidad) y la de 1.992-95 (pantanos al 40% de capacidad).

Las consecuencias de esta primera gran sequía del siglo XXI las vamos a notar pronto, este mismo verano. La primera, que nos va a subir el recibo de la luz, al contarse con menos energía hidráulica (más barata) y tener que utilizar más carbón y gas natural (caros) para producir electricidad: se espera una subida extra del 10% entre julio y septiembre, según estimaciones de Meff Power. Un aumento que se sumará al 18,4% que ya ha subido la luz en el primer semestre de 2017, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y además de más cara, la luz será más “sucia”: en los 5 primeros meses del año, el sector eléctrico ha emitido un 50% más de CO2 (27 millones de TM) que el año pasado.

La segunda consecuencia de la sequía es que ha deteriorado las cosechas, tanto las de algunas frutas de primavera y verduras como las de cereales de verano. Y eso, además de hundir las cuentas de los agricultores y ganaderos (menos pastos y más gasto en piensos), que perderán 1.600 millones de euros según cálculos de UPA, encarecerá muchos alimentos este verano, en especial carnes, frutas, verduras, pastas y cereales. Y los precios subirán aún más en las zonas turísticas, donde aumentará drásticamente la demanda de comida, por el aluvión de extranjeros y españoles este verano.

La tercera consecuencia de la sequía será el aumento de los incendios forestales. Ya en los 5 primeros meses de 2017 se han producido 6.169 siniestros (un 25% más que la media), con 38.200 hectáreas quemadas, la mayor superficie en los últimos 10 años (salvo en 2012). Y los expertos advierten que este será un verano peligroso, porque España genera mucha biomasa (estamos en una zona húmeda de la fachada atlántica de Europa) que cuando se combina con sequía y altas temperaturas es un cocktail explosivo.  Y advierten que, con el cambio climático, los incendios aumentarán en los próximos años y serán cada vez de mayor tamaño, algo que se observa en los últimos 10 años (los incendios son un 25% más grandes).

Y queda una consecuencia difícil de estimar, el efecto de la sequía sobre la población, en especial sobre las zonas turísticas. El aluvión de turistas que se espera este verano (más de 20 millones de extranjeros en julio y agosto, junto a otros tantos españoles), concentrados en el Litoral mediterráneo y las islas, dispararán la demanda de agua en medio de la sequía, lo que puede causar problemas puntuales de abastecimiento. Y más en zonas como Baleares y Levante, que tienen problemas endémicos de depuración de aguas.

Así que la sequía es un problema serio, con preocupantes consecuencias. El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto-ley para paliar sus efectos, con medidas fiscales, moratoria de cuotas de la SS a agricultores y regantes afectados y subvenciones para ciertos créditos. Algunos expertos critican que el Gobierno Rajoy permita con este real decreto una mayor desregulación del mercado del agua, al autorizar que los pequeños productores se la vendan a los grandes, lo que beneficia a los regantes con más recursos, los del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena), según la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y critican además que el decreto-ley de sequía (como otros anteriores) supone una “socialización de costes”, porque la exención de cotizaciones y las ayudas fiscales y crediticias no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua.

Y sobre todo, los expertos critican que el Gobierno actúe con medidas de urgencia “a golpe de sequía” y no planifique la política del agua el resto del año. Porque España tiene un problema de agua muy serio, mayor que el resto de Europa. De hecho, la OCDE acaba de alertar, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, que consume un mayor porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 paises OCDE, sólo superado por Italia e Israel (46%) y muy alejado de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía de Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos ha abierto expediente por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un  escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan al 17% de su capacidad en el Mediterráneo).

El problema clave, señalado por la OCDE y todos los expertos, es el exceso de consumo de agua en España, sobre todo para el regadío (82,1% del consumo total), porque somos el país con más superficie de riego y el segundo en porcentaje de tierras regadas (el 15%, tras Israel), seguido de los hogares, las urbanizaciones y el turismo (12,8%) y la industria (2,25%). Cara al futuro, el dilema es que este consumo crece año tras año y el agua decrece. Y con el cambio climático, que afectará más a España que al resto de Europa, será peor: para 2021 habrá un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua crecerá un 30%, según Ecologistas en Acción. Así que el colapso está asegurado.

¿Qué se puede hacer? Los expertos llevan años reclamándolo: reducir el consumo de agua y gestionar mejor la menor oferta disponible. Eso pasa, primero, por reducir los regadíos actuales (consumen el 82,1% del agua total) y además conseguir que sean más eficientes, que produzcan más con menos agua. Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales de regadío a 3-3,2 millones y no aprobar más (los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno Rajoy en 2016 autorizan 750.000 hectáreas más). En segundo lugar, hay que reducir el consumo de agua en el turismo y las urbanizaciones de costa, sobre todo en el Mediterráneo: un turista consume entre 3 y 4 veces más de agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y en tercer lugar, con un menor consumo de los hogares (139 litros/habitante al día), para lo que resulta clave subir las tarifas de agua, que son las octavas más baratas de Europa: 1,77 euros/m3 en 2015, mucho más barata que en Francia (3,8 euros/m3) o Alemania (5,2 euros/m3), países sin problema de sequía.

Además de recortar el consumo de agua (sobre todo para el riego y el turismo), España tiene que tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad del agua disponibleprotegiendo los acuíferos (sobreexplotados y salinizados en muchas zonas) y preservando la calidad de las aguas, superficiales y subterráneas, cada vez más contaminadas (el 35%). Y tiene que ampliar la oferta de agua disponible, depurando más aguas residuales y utilizando al máximo las desalinizadoras. Además, hay que luchar contra las pérdidas de agua en las redes, que suponen un escandaloso 23%, renovando los viejos y deteriorados sistemas de abastecimiento.

Todo esto son medidas que cuestan dinero. Invertir en depuración de aguas residuales para cumplir con la Directiva europea costaría más de 5.000 millones de euros, a gastar en 200 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por importe de 12.000 millones de euros, para mejorar el aprovechamiento del agua y evitar las reiteradas inundaciones en muchas zonas. ¿De dónde puede salir tanto dinero? De los usuarios y del Presupuesto. Las tarifas de agua para el regadío son bajas y están subvencionadas y a las familias les cuesta el agua un 0,9% de sus gastos mensuales, mucho menos que la luz o el teléfono y  por debajo del 3% que considera la ONU como el mínimo para asegurar el futuro del agua. Y en paralelo a que ellos paguen más, el Estado también tiene que gastar más en agua: España invierte en infraestructuras del agua el 0,11% del PIB, menos de la mitad que Europa (0,27% la UE-28). Somos el 2º país europeo que menos invierte en agua, tras Suecia, cuando somos el país con más sequía. Así nos va.

La sequía no es un problema aislado este año sino que ha venido para quedarse, con altibajos. Y cada vez será más preocupante. Así que todos tenemos que “ponernos las pilas” con el agua. Urge un gran Pacto del Agua, sin politiqueos ni “guerras” entre regiones, donde Gobierno, partidos, regantes, consumidores y expertos pacten medidas y costes. Y acordar subidas de tarifas y nuevos impuestos verdes, para poder pagarlo. Es algo que hay que arreglar a 20 años vista y por eso urge empezar ya. Porque sin agua no hay futuro.

Volvemos a vivir a crédito


Con el verano, muchos españoles “tiran de tarjeta” para pagar sus vacaciones y piden un crédito para cambiar de coche o pagar un viaje. El gasto con tarjeta se ha disparado y se ha batido ya el récord histórico de tarjetas de crédito, con un gasto que supera el efectivo que se saca en los cajeros. Y los créditos al consumo llevan dos años creciendo mes tras mes, con la ayuda de la banca, que vuelve a ofrecer créditos personales a sus clientes, al mayor coste en Europa (casi el 9%). Y se multiplican las entidades que ofrecen créditos rápidos sin mucho papeleo, a tipos de usura. Incluso Movistar ha empezado a ofrecer créditos de hasta 3.000 euros a sus clientes de móviles. Volvemos a la fiebre de “comprar a crédito”, que tanto agobió a muchas familias al comienzo de esta crisis. El riesgo ahora es que van a subir los tipos de interés, en 2018, y habrá que devolverlos más caros. Ojo a endeudarse.



                                                                                       enrique ortega

En España hay más tarjetas bancarias que habitantes. En marzo de 2017 había 75,85 millones de tarjetas, el segundo mayor dato de nuestra historia, tras el récord histórico de 2008: 76,40 millones de tarjetas. Con la crisis, bajaron hasta un mínimo de 67,66 millones en 2014, pero luego empezaron a recuperarse en 2015 (69,92 millones) y 2016 (75,51 millones), hasta hoy, en que somos el quinto país de Europa con más tarjetas, tras Reino Unido (176 millones), Alemania (147), Francia (80) e Italia (77 millones). Y el mayor tirón lo han dado las tarjetas de crédito, que son ya 49,88 millones, un número que es un récord histórico en España, el triple que en el año 2.000 (16,06 millones), según el Banco de España. Y también crecen las tarjetas de débito (pagar en el momento o sacar dinero), 25,97 millones en abril, el mayor número desde 2009 (30,74 millones).

No es sólo que haya crecido el número de tarjetas, es que además se usan mucho más: en 2016 se hicieron más de 3 millones de operaciones con tarjeta, el triple que en 2002 (991.500). Y el gasto pagado con tarjeta fue de 124.406 millones de euros, casi el triple también que en 2002 (46.828 millones). El gasto con tarjeta ha ido subiendo año tras año, sin notar la crisis, porque los españoles se agarraban a ella para compensar sus menores ingresos. Pero en los tres últimos años, el gasto con tarjeta ha crecido por encima del 6% y este año 2017, hasta marzo, crece ya un 9%. Es más, los españoles gastan más con tarjeta del dinero que sacan por los cajeros: eso pasó por primera vez en 2016 (124.406 millones gastados con plásticos frente a 118.275 retirados en cajeros) y sigue pasando este año, hasta marzo (30.327 millones frente a 27.387), según los datos del Banco de España.

Este aumento récord del gasto con tarjetas se debe a cuatro razones. La primera, por supuesto, que hay 8 millones más de tarjetas de crédito que en 2011: 7 de cada 10 españoles tienen hoy una tarjeta de crédito y 5 de cada 10 una de débito, según la Encuesta CrediMarket. La segunda, que se usan más porque hay más tiendas que aceptan las tarjetas: hay 1,71 millones de terminales (TPV), 100.000 más que en 2008. Y los comerciantes ponen menos pegas al pago con tarjeta porque los bancos les han bajado las comisiones, forzados por Bruselas: del 0,81% que les cobraban en 2009 al 0,42% de media que les cobran en 2017.

La tercera razón es que se ha disparado el comercio electrónico, las ventas por la Red que se pagan casi siempre con tarjeta. Si España era uno de los paises europeos con menos ventas a través de Internet (por inseguridad y falta de costumbre), en 2016 el comercio on line ha despegado: creció un 20,8%, facturando 24.185 millones de euros, la casi totalidad pagados con tarjeta. El 20% son compras turísticas (10,7% viajes y 9,3% billetes de avión), el 7,2% ropa, 5,3% entradas de espectáculos y deporte, 4,2% compra de electrónica, imagen y sonido y el 4,1% coches de alquiler y billetes de tren y autobús. Las web españolas se llevan el 53,45 de las ventas y el resto las webs europeas (43,5%).

Una cuarta razón que explica el uso récord de las tarjetas son los pagos por móvil, que suelen estar asociados a una tarjeta. España lidera el uso del móvil en Internet en Europa, con un 93% de smartphones conectados a la red, por delante de Holanda (88%) y Reino Unido (86%), así como de la media UE (78%). Y 6 de cada 10 usuarios españoles del móvil afirman que ya lo han usado para comprar, ya sea directamente (en una tienda física, el 10%) o a través de una web (el 90% restante). El último año, los bancos han multiplicado sus ofertas de pago por móvil, con tecnología NFC (que permite pagar acercando el móvil a los TPV) y  el móvil se ha convertido en “la nueva tarjeta de crédito”.  

Al final, todo ello se traduce en más compras con tarjeta, recordemos 124.406 millones de euros gastados en 2016, más de 10.000 millones al mes. Y en esa cifra no están incluidas las compras con tarjeta que se hacen a crédito, las compras contarjetas revolving”: se paga cada mes una cantidad fija sobre lo gastado, que es como un crédito por el que se paga intereses. Los créditos con estas “tarjetas revolving” se han disparado también, pasando de 8.343 millones financiados por tarjetas en 2012 a 11.040 millones a finales de 2016, que eran ya 12.285 millones de euros en mayo de 2017, según el Banco de España.

El pago con tarjeta es cómodo, ágil e “indoloro” en el momento, aunque luego haya que hacer frente a ese gasto cada mes, ya sea pagando lo gastado el mes anterior o con una cantidad fija que incluye intereses (tarjetas “revolving”). Pero la realidad es que usar las tarjetas es caro, porque pagamos por varias vías. La primera, el pago de una comisión anual por el “plástico”, que a veces se perdona el primer año pero luego generalmente no: son de 35 a 45 euros al año. La segunda, el pago de intereses cuando se aplaza el pago de lo comprados: un tercio de todas las tarjetas que tenemos son así, las “tarjetas revolving”. Y al aplazar parte del pago, estamos pagando hoy un interés que ronda el 20% anual (interés mensual del 1,5%). El tope de interés a pagar debería ser el 24% anual, que es el máximo admitido por el Tribunal Supremo (sentencia 25 noviembre 2015): más considera que es “usura”. Y queda un tercer pago, los costes por descubierto, por superar el límite de la tarjeta: se pagan dos comisiones, por reclamación de posiciones deudoras (35 euros) y por descubierto (30 euros), más los intereses de demora (a un 20% TAE).

Como se ve, las tarjetas son una fuente de ingresos para la banca, que además cobra una comisión (“tasa de descuento”) a los comercios que venden con tarjeta, comisión que es libre y oscila entre el 0,5% y el 1,10% por operación (según el negocio), con un mínimo (que suele ser de 0,35 euros). Y a veces les cobra también una reducida cuota mensual por el PTV. Luego, el banco que ha instalado el PTV y que recibe el importe de la compra tiene que pagar una comisión (“tasa de intercambio”) al banco emisor de la tarjeta con la que se paga, una comisión fijada por el Gobierno y que tiene un tope máximo (0,3% por operación en las tarjetas de crédito y 0,2% en las de débito). Si tenemos en cuenta que se hacen más de 3 millones de operaciones al año, por importe de más de 120.000 millones de euros, se estima que la banca ingresa por estas comisiones entre 600 y 1.000 millones anuales. Un buen negocio que explica su interés por colocarnos más tarjetas y encarecer las retiradas en cajeros, que les resultan más costosas y les dan problemas de intendencia y seguridad.

Pero no sólo gastamos sin dinero con las tarjetas. La otra vía, cada vez más usada, es pedir un crédito al consumo, para comprar un coche (37%), financiar un viaje (11%), pagar un master, comprar muebles y electrodomésticos o reformar una vivienda. La banca lleva cuatro años aumentando la concesión de estos créditos al consumo, que han pasado de 12.811 millones prestados en 2012 al doble, 25.356 millones de euros en  2016, el nivel más alto en 7 años, según el Banco de España. Y en 2017 sigue la tendencia: se han prestado 11.276 millones hasta mayo, un 13,86% más que en los cinco primeros meses de 2016.

El Banco de España reconoce en su último informe que la banca española “ha relajado” la concesión de préstamos al consumo entre enero y marzo de 2017, “por 5º trimestre consecutivo”, mientras endurece los créditos a las empresas (no se fían). La razón es doble. Por un lado, les sobra liquidez y le falta negocio, con lo que tiene que buscar a quién colocar un préstamo. Y por otro, los créditos al consumo les resultan un gran negocio: en marzo de 2017, el tipo de interés medio que cobraba la banca española por estos préstamos al consumo era el 8,77%, 2,5% más caros que la media cobrada por los bancos europeos (6,21%), según los datos del Banco de España. Y este interés es un gran negocio para los bancos, teniendo en cuenta el dinero les cuesta el 0% (precio oficial del dinero) y que recogen dinero de sus clientes pagándoles de media un 0,09 % por los depósitos a 1 año. Además de este alto  interés (un 0,63% más elevado del 8,14% que cobraban por estos créditos en diciembre de 2016), los bancos también cobran varias comisiones al dar estos créditos al consumo: comisión de apertura (1 al 2%, con un mínimo de 100-150 euros) y comisión de amortización anticipada (0,5%), más los gastos de notario y registro.

Hoy por hoy, no solo bancos y Cajas están lanzados a “colocarnos” un crédito al consumo o un anticipo sobre la nómina, sino también las financieras (como El Corte Inglés, con 11 millones de tarjetas, a las que ofrece créditos “preconcedidos”), entidades especializadas en préstamos (como Cofidis o Cetelem) y más de 1.000 entidades que proliferan por Internet ofreciendo mini créditos “rápidos y fáciles, sin papeleo”, para los que necesitan dinero más desesperadamente. El último en lanzarse al ruedo de los créditos al consumo ha sido Movistar, que ha creado con La Caixa (en junio de 2017) Movistar Money, una entidad que ofrece créditos rápidos (en 48 horas) de 600 a 3.000 euros, al 16,48 % TAE a devolver en 12,24 y 36 meses, sólo con el DNI y el contrato de móvil con Movistar. Y Orange hará lo mismo en 2018, con su Orange Bank.

El auge de los créditos al consumo empieza a preocupar al Banco de España, que cree que van a seguir creciendo en los próximos meses. Y ha alertado al Defensor del Pueblo, que ya ha iniciado una investigación sobre las empresas de créditos rápidos. Porque muchas son “chiringuitos financieros” poco fiables, con sólo una web y poco capital detrás. Y están cobrando intereses claramente abusivos: según un estudio de Facua, algunas cobran entre el 1.269,7% TAE (Vivas) y el 4.507% TAE (Préstamo 10). Hay ofertas, como la de Kredito24.es que cobra 35 euros de interés por prestar 100 euros a 30 días. O Pepe Dinero, que cobra 30 euros de intereses. El problema radica en que a las entidades que prestan menos de 200 euros sólo se les obliga a estar registradas en el Ministerio de Sanidad y Consumo, sin estar vigiladas por el Banco de España, como bancos y financieras. Y las sanciones dependen de las autonomías, que apenas las vigilan. Todo esto ha disparado los fraudes en el mercado del dinero rápido, como denuncia el documental El descrédito” (verlo aquí).

Sea por las compras con tarjetas o sea pidiendo créditos al consumo, el hecho cierto es que los españoles nos hemos lanzado otra vez a “gastar a crédito, con “alegría”, olvidando que hace sólo unos años estábamos endeudados hasta los ojos y eso nos ha complicado la salida de la crisis. Y lo peor no es sólo que ahora tengamos más deudas, sino que los tipos de interés van a subir seguro en 2018, porque el Banco Central Europeo (BCE) acabará con su política de dinero gratis y subirá los tipos, como los ha subido ya dos veces Estados Unidos (tipos al 0,75-1%). Y con ello, pasaremos a pagar más del 10% de interés por los créditos que tengamos y cerca del 24% por las tarjetas. Una losa, sobre todo para los que tengan un trabajo precario y un sueldo de mileurista. Así que piénselo dos veces antes de “gastar a crédito”. “El que nada debe, nada teme”, dice el refrán. No se pille los dedos otra vez.