jueves, 15 de noviembre de 2018

Banca: más comisiones por casi todo


Los bancos siguen aumentando beneficios y una cuarta parte los sacan de las comisiones que nos cobran, que crecen este año, como desde 2015. Nos cobran por casi todo, una media de 400 euros al año por cliente, aunque dicen que cobran menos que en Europa. Ahora, las comisiones van a crecer más, porque los tipos de interés y el crédito seguirán bajos hasta 2020 y los bancos tienen que recuperar los 1.100 millones anuales que les cuesta pagar el impuesto AJD de las hipotecas. Y además, el Banco de España les anima a subirnos las comisiones, porque no quiere problemas. Eso sí, a principios de 2019, los bancos tendrán que informar a cada cliente de las comisiones que le cobran, por imposición de la UE. Nuestra esperanza es que cada vez tienen más peso los bancos online (casi sin comisiones) y que las telecos y los gigantes de Internet ofrecen cada vez más servicios bancarios. Urge otra banca, más transparente y más barata. 


enrique ortega

La banca salió de la crisis en 2013 (ganó 9.353 millones frente a los 1.704 millones perdidos en 2012) y después ha ido mejorando beneficios año tras año, hasta los 15.264 millones ganados en 2017 (+41,5%), según la patronal AEB. Y este año ha ganado ya 8.539 millones hasta junio, así que será otro ejercicio mejor, gracias, como en los años anteriores, a que los bancos prestan ahora más dinero (sobre todo para créditos personales e hipotecas), han recortado drásticamente sus costes (cerrando 18.000 oficinas desde 2007, 1 de cada 4, y reduciendo 89.500 empleados, 1 de cada 3), vendiendo activos, participaciones e inmuebles, reduciendo sus provisiones o saneamientos y aumentando los ingresos por comisiones a los clientes.

Precisamente, los ingresos por comisiones llevan aumentando desde 2014 (16.655 millones), hasta alcanzar los 19.107 millones ingresados en 2017, un 14,7% de aumento en tres años, según las cuentas de la AEB. Y este año 2018, de enero a junio, los ingresos por comisiones eran ya 9.810 millones, un 2,6% más que el año pasado, con lo que rondarán los 20.000 millones este año. Y así, los ingresos por comisiones son cada vez más importantes para la banca: si en 2014 aportaban el 21,74% de su margen bruto, este año aportan ya el 23,45%. O sea, que una cuarta parte de los beneficios de la banca vienen de las comisiones que nos cobran. Y eso es la media, porque los ingresos por comisiones de los 5 grandes bancos han sido de 6.674 millones de euros hasta septiembre, un 9,87% más que en 2017: Santander (1.997 millones, +20,5%), CaixaBank (1.730 millones, +3,4%), BBVA (1.268 millones, +8%), Sabadell (880 millones, +11,1%) y Bankia (799 millones, +3,1%). Y esos ingresos por comisiones suponen el 28% del margen bruto de los 5 grandes.

La patronal bancaria se justifica en que las comisiones son más bajas en España que en Europa y que somos el 2º país con los servicios bancarios más baratos: 38 euros de coste medio, frente a 181 euros en Alemania, 135 euros en Francia, 119 euros en Italia y 20 euros por cliente en Reino Unido, según un informe encargado a Deloitte. Y además, que la banca española es la que ofrece más servicios al cliente: 115 servicios financieros (87 de ellos gratis) frente a una media de 82 en la Unión Europea. Y creen que “hay margen para aumentar el cobro de comisiones”, porque en España rondan el 25% del margen mientras en Europa aportan el 30% del negocio y en Alemania y Francia el 35%.

Al margen de este estudio, la sensación de los clientes es que sí pagan muchas comisiones, más cada año, como revelan las propias cuentas de la banca. Y ADICAE estima que los españoles pagaban en 2017 una media de 400 euros anuales en comisiones, 80 más que en 2016. Y en contrapartida, cada vez recibimos menos de la banca por nuestros ahorros. Por las cuentas corrientes se paga un interés del 0,03% (miles de millones de euros que la banca consigue casi gratis), por los depósitos a 1 año nos pagan el 0,04% (frente al 0,30% en la zona euro) y por los depósitos a más de 2 años un 0,12% (frente al 0,69% que pagan los bancos en la zona euro), según los últimos datos del Banco de España. Y además, nos cobran más que los bancos europeos por los créditos al consumo (8,80% TAE frente a 6,32%) y las hipotecas (2,21% frente al 2,09% en la zona euro).

Volviendo a las comisiones, la estrategia de la banca en los últimos años es cobrar más y por casi todo (ver comparador), para asegurarse así una cuarta parte de su margen. Hagamos un repaso. Empezamos pagando por tener una cuenta corriente: entre 74,86 euros anuales (Santander), 88 euros (Bankia)  y 142,8 euros en una cuenta sin nómina ni ingreso de recibos, según los datos del Banco de España. La estrategia es cobrar esa comisión a una parte de los clientes, los no vinculados (no tienen nómina ni tarjeta ni recibos), que pueden ser entre el 20 y el 50% de todos los clientes de cada entidad. Otra vía de comisiones es cobrar las transferencias, un porcentaje sobre lo transferido (del 0,51 al 0,95%), con un mínimo por operación. Y luego están los jugosos ingresos por descubiertos, por partida doble: un tipo de interés sobre las cuantías en números rojos (entre el 7,18 y el 7,3% anual) y además una comisión sobre el monto máximo alcanzado (del 1,82 al 5%), con un mínimo (15 a 18 euros).

Otra vía de recaudar comisiones son los cajeros, donde se cobra un importe por las retiradas de dinero en bancos de otras redes, importe que oscila entre 0,98 y 2 euros por operación. Y cada vez tienen más peso las comisiones cobradas por la retirada de dinero en el extranjero, ya sea por cajero (del 3% al 5%, con un mínimo de 2 a 3 euros por retirada) o con la tarjeta de crédito (la retirada de dinero es mucho más cara).

Una importante fuente de comisiones para la banca son las tarjetas de crédito y débito. Para algunos clientes más vinculados son gratis, pero muchos pagan por la emisión y renovación anual, entre 25 y 35 euros por tarjeta y más. Y en el caso de las tarjetas “revolving”, donde se aplaza el pago (se abona una cantidad fija al mes), se paga a cambio un interés que muy elevado: ronda el 20% anual (interés mensual del 1,5%)  Son así un tercio de todas las tarjetas de crédito que tenemos (12 millones de las 35,77 millones de tarjetas de crédito que había en junio de 2018). A eso hay que añadir los elevados costes por descubierto si superamos los límites de la tarjeta: se pagan dos comisiones, una por reclamación de posiciones deudoras (35 euros) y otra por descubierto (30 euros), más los intereses de demora (20% TAE). Y en las tarjetas de crédito, no olvidemos las comisiones bancarias que pagan los comercios por cada compra y el coste de los terminales (TPV).

Las hipotecas son otro granero de comisiones para la banca. Es habitual que las entidades cobren una comisión de apertura, que oscila entre el 1 y el 1,5% para las hipotecas a tipo fijo y entre el 0,5% y el 2,14% en las hipotecas a tipo variable. Otras veces se sustituye por una comisión de estudio pero hay entidades que la cobran adicionalmente. Hay entidades que también cobran el coste del registro de la hipoteca. Y por supuesto, hay otra comisión por cancelación anticipada, parcial o total (del 0,25 al 0,50%). Además, en algunos casos se exige también para contratar una hipoteca domiciliar la nómina, contratar una tarjeta o incluso contratar un plan de pensiones

Y muchas hipotecas llevan aparejadas la obligación de contratar un seguro de vida y hasta de hogar. Los seguros son una de las mayores fuentes de comisiones de la banca, tanto que la banca ya controla el 70% de todas las primas de seguros de vida y Vida Caixa, una filial de CaixaBank ha superado ya a Mapfre como primera aseguradora en volumen de primas. Los bancos han puesto a sus sucursales a vender seguros para salvar el margen y lo pagan los clientes, que pagan de media un 48,3% más por hacerse un seguro de vida en un banco (Sabadell y Santander son los más caros) que en una aseguradora.

Otra mina para las comisiones son los Fondos de inversión, que ingresaron 2.012 millones en comisiones en 2017, un 11,7% más, no sólo porque ha aumentado el patrimonio gestionado sino porque han aumentado las comisiones de gestión: del 0,87% en 2016 al 0,94% en 2017 en los 30 mayores gestores de Fondos. Y los clientes de Fondos no sólo pagan la comisión de gestión (al comprar el fondo) sino también una comisión de depósito y gastos varios (de auditoría, registro en la CNMC, folletos y comunicaciones). Al final, el coste medio de un Fondo está en el 1,24%, por encima de lo que se paga en Europa.

También se pagan comisiones a los bancos por la compra y tenencia de Planes de pensiones. Todos cobran una comisión de gestión, rebajada el año pasado,  de hasta el 1,25% (0,85% en los Planes de renta fija, 1,30% en los de renta mixta y 1,50% en los de renta variable) y además una comisión de depósito de hasta el 0,20%. Comisiones en muchos casos que se comen la escasa rentabilidad de los Planes de pensiones privados.

Y quedan las comisiones por operar en Bolsa y tener una cartera de valores, comisiones que todos los bancos han subido mucho este año. Por un lado, los inversores pagan una comisión al operar en Bolsa, según el tipo de valor y la cuantía, un porcentaje muy variable según las entidades (entre el 0,20 y el 0,50%, con una cuantía mínima por operación). Luego se paga una comisión de custodia, trimestral o semestral (del 0,50 al 0,80% sobre el valor de la cartera) y una comisión por el cobro de dividendos (del 0,30 al 0,40%, con un mínimo), más los habituales gastos de correo.

Sumando, sumando, sale lo que pagamos cada año a la banca por nuestras cuentas, tarjetas, créditos, hipotecas, seguros e inversiones. Y cada año nos encontramos con sorpresas de nuevas comisiones, como las que pagan ahora algunos clientes por hacer ingresos por ventanilla o transferencias en las oficinas. En general, cada año, los bancos hacen sus cuentas de cuanto quieren ingresar por transferencias y reorganizan sus tarifas para lograrlo, fijando unas directrices para cobrar a sus clientes. Y en los dos últimos años, la estrategia de todas las entidades ha sido la misma: subir las comisiones a los clientes menos vinculados, a los no rentables porque tienen una cuenta pero no tienen la nómina ni tarjeta ni operan. A esos, “crujirlos” a comisiones. Si se van, no importa. Y al resto, tratar de negociar las comisiones, sabiendo el cliente que tiene poco margen porque todos las cobran.

Cara al futuro, todo apunta a que nos van a seguir subiendo las comisiones. Primero, porque los bancos todavía las necesitan para mejorar sus beneficios, dado que el crédito aún está débil y los tipos de interés (la base de su negocio) todavía estarán bajos hasta 2020, porque no se espera que el BCE suba los tipos hasta el otoño próximo (al 0,25%) y estarán por debajo del 2% hasta 2021. Además, los bancos españoles van a necesitar “ingresos extras” para compensar que ahora tienen que pagar el impuesto de las hipotecas (el de Actos Jurídicos Documentados), lo que encarecerá sus costes en 1.100 millones anuales, según la estimación de GESTHA.

Este mayor coste de las hipotecas se lo trasladarán a los clientes, como han advertido algunos bancos. Hay dos vías. Una, subir el precio de la hipoteca: con muy poco basta. Subir un 0,1% el tipo de interés de una hipoteca de 150.000 euros supone para el banco ingresar 2.043 euros más de intereses en los 25 años de vida del crédito. Con este ingreso extra pagan de sobra el impuesto de AJD, que oscila entre el 0,5 y el 1,5% del valor del inmueble (unos 1.500 euros), según el cálculo de Cinco Días. La otra vía, “más discreta”, es aumentar las comisiones que cobran en la gestión de las hipotecas (y si no da, en otras comisiones), para ingresar esos 1.100 millones más que ahora les obligan a pagar.

Así que todo apunta a que seguiremos pagando crecientes comisiones, con la “bendición” del Banco de España, cuyo gobernador animó en 2016 a la banca a “subir comisiones” porque “tienen margen para hacerlo”… Lo positivo es que en 2019 sabremos las comisiones que pagamos, porque el 31 de octubre ha entrado en vigor la trasposición de una Directiva europea de 2014 que obliga a todas las entidades financieras europeas a informar a sus clientes de las comisiones asociadas a la apertura y mantenimiento de una cuenta corriente y a entregar cada año un documento (“Estado de comisiones” ) con información detallada sobre los gastos en que han incurrido los clientes y los tipos de interés vinculados a dicha cuenta. Y además, en 2019 estará aprobada en el Congreso la reforma de la Ley Hipotecaria, que obligará a englobar todas las actuales comisiones que se pagan con la hipoteca en un único pago, lo que hará más transparente lo que paguemos. Y si se crea el Defensor del Cliente bancario (verdaderamente independiente, al margen de los Defensores de cada banco y del Banco de España), como ha prometido el presidente Sánchez, tendrá bastante trabajo con asegurar unas comisiones justas y transparentes.

Pero no será fácil rebajar y clarificar las comisiones y menos si la gran banca se hace más fuerte, con la venta de Bankia y posibles fusiones. De hecho, los 5 grandes bancos copan ya el 68% del mercado bancario, un poder que sólo supera la banca de Grecia, Holanda y Finlandia, según los datos del BCE. Y en unos años, si hay fusiones, estos 5 grandes controlarían el 85% del mercado, según un estudio del Citi. Con tanto poder, es más fácil imponer comisiones a los clientes y que no encuentren donde irse para pagar menos. 

La mayor esperanza está en “la nueva banca”, la banca online que está creciendo sobre los móviles y la banca promovida por las grandes empresas de telecomunicaciones y los gigantes de Internet. También tratarán de cobrarnos sus servicios, pero más que con burdas comisiones, consiguiendo nuestros datos para revenderlos. Ya operan en España bancos digitales sin oficinas como el banco alemán N26 o el británico Revolut. Y en 2019 llegará Orange Bank, mientras Amazon, Google, Facebook o Apple multiplican sus servicios financieros a los clientes digitales y cada vez serán más bancos, la verdadera competencia de “los 5 grandes bancos” españoles. Necesitamos otra banca, más transparente, más eficiente y más justa, cuyos beneficios no dependan de agobiarnos a comisiones. Una banca nueva.

lunes, 12 de noviembre de 2018

Más deuda: la peor herencia de Rajoy


No sabemos si 2019 tendrá nuevo Presupuesto o si el Gobierno Sánchez prorrogará el de 2018 (lo más probable). Pero sí sabemos algo: el primer gasto que incluirá serán 32.000 millones para pagar los intereses de la deuda, una prioridad por delante de las pensiones, sanidad o educación. Lo obliga la Constitución, tras la reforma pactada por ZP y Rajoy en 2011. Tendremos que afrontar la peor herencia de Rajoy, junto a los recortes, la precariedad y la pobreza: haber aumentado un tercio la deuda pública, hasta los 1,16 billones, un récord en un país que lleva 500 años con graves problemas de deuda, desde Carlos V. Debemos 25.000 euros por español, una hipoteca que se ha llevado 290.000 millones para pagar intereses a inversores y bancos en los últimos 10 años. Y ahora, con la subida de tipos, pagar la deuda nos costará más. Por eso, urge un Pacto para reducirla, aumentando la recaudación fiscal, no bajando impuestos. No podemos dejar esta pesada losa a nuestros nietos.

enrique ortega

España es “el único país del mundo que ha sufrido la adicción a la deuda durante 5 siglos” y el país que tiene “un mayor historial de bancarrotas e impagos” de la deuda desde el siglo XVI, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libroLa crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, un repaso histórico a los episodios de deuda e impagos desde Carlos V hasta Rajoy. Tras la deuda con los Austrias y los Borbones, con múltiples suspensiones de pagos y una “leyenda negra” como país mal pagador,  el primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con el general Martínez Campos y Alfonso XII), cuando la deuda española alcanzó el 165% de la producción del país (PIB). En 1898, al acabar la Guerra de Cuba, seguía en el 124% del PIB y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I Guerra Mundial (39%) y la II (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944 y un mínimo del siglo en 1.975, al morir Franco: la deuda era sólo de 39.819 millones de euros de hoy, el  7,3% del PIB español.

Con la democracia y la Transición, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Se duplica para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% en 1996. A partir de ahí, se suceden “los años de vacas gordas” y la deuda alcanza un mínimo en 2007: 384.662 millones, el 35,6% del PIB. Pero viene la crisis y Zapatero aumenta el gasto público y con él la deuda, que deja al irse, en 2011, en 744.323 millones, el 69,5% del PIB. Rajoy reduce el déficit pero aumenta la deuda año tras año, superando otra vez el 100% del PIB en marzo de 2016 (100,8%), casi como en 1909. En 2017, la deuda cerró con 144.425 millones (98,3% del PIB) y en junio de 2018, un mes después de irse Rajoy, alcanzó un récord histórico en cantidad: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, según el Banco de España. Era un tercio más (+419.562 millones, un 56% más) de la deuda que recibió Rajoy de ZP en 2011. Eso supone que debemos 25.000 euros por español.

Con esta deuda pública (97% del PIB en 2017), España es el 18º país más endeudado del mundo, por detrás de Japón (debe el 224% de su PIB), Grecia (180%), Líbano (142), Yemen (136%), Italia (131%), Portugal (128%), 9 paises en desarrollo, Bélgica (104% del PIB) y Canadá (98%), según CIA World Factbook. Y somos el 7º país de Europa con más peso de la deuda pública en junio de 2018 (98,3% del PIB), tras Grecia (179,7%), Italia (133,1%), Portugal (124,9%), Bélgica (106,3%), Chipre (104%) y Francia (99,1%), según los recientes datos de Eurostat, que fija la deuda media de la UE-28 en el 81% del PIB comunitario.

¿Quién ha contraído esta deuda en España? Más de las tres cuartas partes de la deuda pública española la tiene la Administración Central (1.032.903 millones en junio 2018), que ha triplicado su deuda con la crisis (318.869 millones en 2007) y la ha casi duplicado con Rajoy (624.238 millones deuda Administración Central en 2011). La cuarta parte de la deuda española la tienen las autonomías (293.246 millones en junio 2018), que tenían sólo 61.960 millones de deuda en 2007 y 145.879 en 2011. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (78.489 millones), Comunidad Valenciana (46.322 millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) Luego hay otros 29.413 millones que deben los Ayuntamientos, los únicos que han reducido deudas (debían 36.819 millones en 2011) y 34.888 millones de deuda de la Seguridad Social, que se ha duplicado (17.169 millones debía en 2011), según los datos del Banco de España. Al final, la suma de estas deudas da más de la cifra global, 1.163.885 millones de deuda pública, que es la que cuenta, porque hay traspasos de deuda entre administraciones que hay que depurar después.

¿Por qué la deuda pública ha aumentado en un tercio con Rajoy, si su Gobierno redujo el déficit público del 9,64% del PIB (2011) al 3,1% (2017)? Básicamente, porque la deuda no sólo aumenta por financiar con ella el déficit público. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% del aumento de deuda pública con Rajoy (+419.562 millones) se debe a la debilidad de las cuentas públicas (con la crisis, caen los ingresos públicos), otro 21% a gastos derivados de la crisis (203.874 millones del Fondo de liquidez autonómica y 41.800 millones del Plan de pago a proveedores de autonomías y Ayuntamientos, más 30.000 millones de deuda por el déficit de tarifa eléctrico), un 8% por el pago de intereses de la deuda (85.000 millones), un 7% por las ayudas a la banca, un 4% para pagar los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre y un 6% más (25.192 millones) de los préstamos hecho en 2017 y 2018 a la Seguridad Social para tapar su déficit. El Gobierno Rajoy rebajo el déficit con los recortes, pero otros gastos los pospuso vía deuda.

Cara al futuro, parece muy difícil rebajar la deuda pública heredada de Rajoy. La última previsión de la Comisión Europea (julio 2018) estima que España sólo rebajará su deuda del 98,3% del PIB en 2017 al 97,6% en 2018 y el 95,9% en 2019, año en que todavía seríamos el 5º país europeo con más deuda, tras Grecia (170,3% del PIB), Italia (129,7%), Portugal (119,5%) y Bélgica (100,2%). El Gobierno Sánchez, en los escenarios presupuestarios que ha enviado a Bruselas, apuesta por bajar más la deuda, al 95,2% del PIB en 2019, para dejarla en el 89,1% en 2021, casi el triple que antes de la crisis (35,6% en 2007) y muy por encima del tope del 60% del PIB que fija la UE para los paises del euro. La AIReF estima que España no alcanzará ese nivel de deuda del 60% hasta 2034 (dentro de 15 años) y eso si los Gobiernos cumplen con la reducción del déficit pactada con Bruselas…

El problema de la deuda es que hay que pagarla, amortizando cada año una parte y sobre todo, pagando intereses anuales a los que la tienen: el 44% son inversores extranjeros (fondos y bancos), el 22% el BCE, el 16% bancos españoles y el resto inversores institucionales y particulares españoles. Y estos intereses son “sagrados”, más desde 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron una reforma exprés de la Constitución para incluir que los pagos de intereses de la deuda “gozarán de prioridad absoluta” (artículo 135). Eso quiere decir que hay que pagar los intereses de la deuda lo primero de todo, antes incluso que las pensiones, la sanidad o la educación, que no tienen esa prioridad constitucional. Una exigencia de Alemania, Francia y sus inversores y bancos, para asegurarse que España siempre va a pagarles...

El pago de esos intereses de la deuda supone ya la segunda partida más importante de los Presupuestos del Estado, tras las pensiones (144.834 millones en 2018): se llevan 31.547 millones de euros en 2018 (el pago de intereses era la mitad, 16.609 millones en 2008), más del doble que el gasto en los parados (17.702 millones para subsidios) y tanto como el gasto en  investigación (6.041), educación (2.600), Sanidad (4.251), servicios sociales (2.512), infraestructuras(5.675), subvenciones al transporte (2.108), Industria y energía (5.768) y Justicia (1.780 millones) juntos. O sea, que si tuviéramos la mitad de deuda y pagáramos la mitad de intereses, podríamos gastar más en servicios públicos. Baste un dato espectacular: entre 2008 y 2018, España ha pagado intereses por su deuda a inversores y bancos por un importe de 290.000 millones de euros, lo que da para pagar casi 2 años de pensiones.

De cara a 2019, el problema de la deuda se va a agravar aún más para España. Primero y fundamental, porque el 1 de enero, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública de los paises, una ayuda inestimable que el BCE inició en marzo de 2015 y que ha permitido asegurarnos la colocación de una parte de nuestra deuda (250.711 millones, una media de 80.000 millones al año), además a tipos bajos. Ahora, ya no tenemos este “colchón” del BCE, muy tranquilizador, y España tendrá que colocar su deuda en el mercado, buscando inversores que confíen en el país y no pidan demasiado interés. Y somos un país muy vulnerable, porque España tendrá que emitir 220.000 millones de nueva deuda en 2019, para cubrir las amortizaciones y pagos necesarios más financiar el déficit previsto en 2018 (2,7% del PIB). Mucha deuda para financiar un año en que además de los nervios de los mercados (por la situación en Italia y el estancamiento en la zona euro) habrá una subida de los tipos de interés, después del verano. Y se estima que una subida de tipos del 1% le cuesta a España 3.600 millones más en el pago de intereses de la deuda.

Así que si la deuda es una pesada hipoteca, en los próximos meses y años nos va a costar más pagarla. Por eso, tanto la Comisión Europea como el FMI y la OCDE llevan años pidiendo a España que reduzca su deuda pública, porque nos hace muy vulnerables, al depender demasiado de inversores extranjeros (los famosos “mercados”) que se pueden poner nerviosos y no financiarnos o pedirnos más rentabilidad, a costa de tener que recortar otros gastos públicos necesarios. Ahora, la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha sumado a este coro de expertos y ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y a la pobreza. Y tan estructural, como que lo arrastramos desde Carlos V

Entonces como ahora, el problema es el mismo: España gasta más de lo que ingresa y por eso tiene que endeudarse. Así que la solución es doble: o gasta menos o ingresa más. Gastar menos es posible, pero no parece fácil, dadas las enormes demandas sociales sin resolver y sobre todo porque España gasta mucho menos que el resto de Europa: el 41% del PIB frente al 45,8% de media en la UE-28, el 56,5% en Francia, el 48,9% en Italia el 43,9% en Alemania o el 41,1% en Reino Unido, según Eurostat. A lo claro: que gastamos unos 56.000 millones menos cada año que la media de europeos. La otra opción es ingresar más, lo cual debería ser posible, porque recaudamos bastante menos que Europa: el 37,9% del PIB (2017) frente al 44,9% en la UE-28, el 53,9% en Francia, el 46,6% en Italia, el 45,2% en Alemania o el 39,1% en Reino Unido, según datos de Eurostat. A lo claro: que si recaudáramos como europeos, ingresaríamos 81.650 millones más cada año. Como para reducir el déficit y la deuda y además poder gastar más.

Así que reducir la deuda es posible, siempre que se haga un gran Pacto político y social, con el objetivo, por ejemplo, de rebajarla al 60% del PIB en 10 años, para 2028, 6 años antes de lo que estima la AIReF. Eso puede hacerse si aumenta la recaudación entre 20.000 y 40.000 millones anuales los próximos años y dedicamos la mitad de esos ingresos extras a amortizar deuda. Y se puede aumentar la recaudación si se consigue que paguen más impuestos los que hoy pagan pocos (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), si se racionaliza el IVA (quitando tantos tipos reducidos y parte del fraude) y el IRPF (quitando tantas exenciones), además de conseguir nuevos ingresos con los impuestos verdes y tecnológicos. Como no puede reducirse la deuda es bajando impuestos, como defienden PP y Ciudadanos. Salvo que apliquen más recortes drásticos del gasto, que es mucho menor al europeo.

Al final, el gran problema de la deuda es que las tres cuartas partes es deuda a largo plazo y los intereses se estarán pagando hasta 2050 y después. O sea, que la deuda que hemos generado nosotros la pagarán nuestros hijos y nietos. Esa es la gran injusticia de la deuda, la pesada losa que les dejamos en herencia: el pago obligado de intereses año tras año, a costa de que no puedan gastar en otras cosas. Por eso, por justicia con las futuras generaciones, hay que recortar la deuda pública como sea.

jueves, 8 de noviembre de 2018

La Formación Profesional duplica sus alumnos


Este curso, 824.281 jóvenes estudian Formación Profesional, casi el doble que en 2007, más de los que estudian Bachillerato. Y un 15% son universitarios que se han pasado a FP, porque consiguen mejor trabajo: el 76% se colocan. A pesar del salto, España está muy retrasada en FP: la estudian un 12% de jóvenes frente al 25% en la OCDE o el 50% en Alemania. Y por eso somos el 2º país europeo con más abandono escolar y tenemos más del doble de paro juvenil. Gobierno, sindicatos y patronal preparan un Acuerdo estratégico para apoyar la FP, con más recursos y medios, porque tenemos la mitad de centros de FP que de Bachillerato. Y más títulos adaptados a lo que demandan las empresas, reforzando la FP dual (1/3 son prácticas remuneradas en empresas), casi inexistente en España y clave en Alemania. Urge valorar socialmente a la FP, quitarle el sambenito de “estudios de 2ª para torpes”. Es una garantía de que los jóvenes estudien para trabajar.


Todos los padres españoles aspiran  a que sus hijos sean universitarios, sobre todo si ellos no lo son. Y así tenemos un país donde el 36,4% de los adultos tienen una carrera, frente al 34,3% en Europa, pero somos líderes en paro, porque muchos licenciados no trabajan o están subempleados (el 37,1%). A partir de 2007, con la crisis, se han reducido los universitarios y han aumentado los que estudian Formación Profesional (FP), pensando que así iban a conseguir mejor trabajo. El salto de alumnos en FP es espectacular: si en el curso 2007-2008 estudiaban Formación Profesional 462.492 jóvenes, este curso 2018-2019 lo estudian 804.829, casi el doble, según los datos del Ministerio de Educación. El despegue se dio en 2012-2013 (666.047 alumnos de FP) y son ya cuatro cursos en los que hay más jóvenes estudiando FP que Bachillerato (672.337 alumnos este curso 2018-19).

La Formación Profesional tiene tres grados: la FP básica (73.472 alumnos), que se estudia a partir de los 15 años (2 cursos), la FP de Grado medio (342.281 alumnos), que se estudia al terminar la ESO (a los 16 años, 2 cursos) y la FP de Grado Superior (408.607 alumnos este curso), que se estudia al final de la FP de Grado Medio o del Bachillerato (a los 18 años, otros 2 cursos) y que es la que más está creciendo, porque cada vez hay más jóvenes que escogen esta vía en vez de la Universidad y porque hay licenciados que la escogen al terminar su carrera: entre un 10 y un 15% de los alumnos matriculados en FP de Grado Superior son universitarios que han abandonado su carrera o que la han terminado y escogen la FP para conseguir prácticas en una empresa, según la Asociación FP Empresa.

En la Formación Profesional, tiene un mayor peso la enseñanza pública (72,6% de los alumnos de FP estudian en centros públicos) que en el conjunto de la enseñanza no universitaria (67,3% estudian en centros públicos), menos la concertada (18,2% en FP y 25,9% en toda la enseñanza no universitaria) y más la enseñanza privada (tiene al 9,2% de los alumnos de FP, frente al 6,9% del total de alumnos de enseñanzas no universitarias), según las estadísticas de Educación. Y donde tiene más peso la FP es en Andalucía (17,6% del total de alumnos), Cataluña (16,3%), Madrid (11,8%), Galicia (6,1%) y País Vasco (5,2%), aunque si descontamos el factor de la población, las que tienen relativamente más alumnos de FP son el País Vasco, Galicia, Canarias, Castilla León y Castilla la Mancha. Los estudios de FP con más alumnos son sanidad, administración y gestión, informática y electricidad y electrónica (en FP de Grado Medio) y servicios socioculturales a la comunidad, administración y gestión, sanidad e informática en FP de Grado Superior.

El gran salto de la Formación Profesional en España desde 2007 tiene dos puntos negros. Uno, el fracaso de la FP básica, unos estudios que se inventó el Gobierno Rajoy para reducir las cifras de fracaso escolar y “embolsarlas” en este nuevo grado de FP a los adolescentes con problemas en la ESO: los alumnos que tenían 15 años y no conseguían aprobar 4º de la ESO se desviaban a la FP básica, para intentar que estudiaran durante dos años y salieran con un “título” a los 17 años: aprendices baratos. Esta vía, abierta por la LOMCE, fue muy criticada por la comunidad educativa y ha tenido poco éxito: de 39.867 alumnos el primer curso (2014-15) a 73.742 alumnos este curso 2018-19. Y eso porque todavía son pocos los centros que lo imparten, hay pocas plazas y las familias no lo ven una salida.

El otro punto negro de la FP, a pesar del tirón global, es la FP dual, otra nueva modalidad que puso en marcha el Gobierno Rajoy en el curso 2013-14, impulsado por la prometedora experiencia europea. Combina la enseñanza de FP (2 años que pueden ser 3) con prácticas remuneradas en una empresa, al menos un tercio de las horas de estudio (en la FP tradicional también hay prácticas en empresas, pero solo  3 meses al final del ciclo). Pero la FP dual no ha funcionado en España: este curso 2018-19, hacen FP dual 24.000 alumnos de los 810.621 matriculados en FP, el 2,96%, cuando en la OCDE y en Europa cursan FP dual el 11%, de los alumnos de FP y en Alemania el 31%. ¿Qué ha fallado? Básicamente, que Institutos y colegios (sobre todo los públicos) no tienen medios (profesores, instalaciones, presupuesto) para montar esta nueva enseñanza (sólo se imparte en 650 centros de los 2.500 que imparten FP) y no han conseguido la colaboración de las empresas (sólo colaboran 10.000).Y los sindicatos se quejan de que las empresas utilizan la FP dual para “seleccionar” a los mejores alumnos de FP (pocos) y conseguir una mano de obra barata.

Con todo, el salto en la Formación Profesional en España es muy llamativo, aunque todavía queda muy lejos del peso de la FP en el resto de Occidente. Basta este dato: en España, sólo el 12% de los jóvenes de 15 a 19 años están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE (35 paises desarrollados) y el 50% en Alemania. Y si miramos lo que estudian los jóvenes de 16 a 18 años, en España el 35% estudiaban FP de Grado Medio (el otro 65%, Bachillerato), frente al 44% en la OCDE, el 48% en la UE-22 (casi la mitad de adolescentes estudian FP), el 71% en Finlandia, el 68% en Holanda, el 58% en Italia, el 53% en Reino Unido, el 41% en Portugal o Francia, el 38% en Alemania o el 37% en Suecia, según los datos de la OCDE para 2016, que hoy son aún peores (33,7% hacen FP de Grado medio este curso frente al 66,3% que hacen Bachillerato). Y además, muchos no acaban la FP, con lo que la tasa de graduación en FP de Grado medio es en España del 25% de los jóvenes con 18 años, frente al 36% en la OCDE y el 41% en Europa. Por eso tenemos más del doble de paro juvenil que Europa (34,3% frente al 14,9%).

Así que la FP, a pesar del salto, tiene una gran tarea por delante para homologarse a Europa. Y cuenta para ello con una serie de ventajas de partida. La primera y fundamental, que tiene más salidas profesionales que las demás enseñanzas: el 74% consiguen trabajo al acabar sus estudios frente al 63% en el conjunto de la enseñanza, según los datos de Educación. Y los alumnos de FP dual tienen incluso un 10% más de posibilidades de empleo que los de la FP dual, según un estudio de Fedea. Además, las empresas ya buscan tantos titulados de FP como universitarios, según el último informe de Adecco: en 2017, un 40,3% de las ofertas de empleo estuvieron dirigidas a titulados de FP (sólo eran el 32% en 2016) y el 40,5% buscaban titulados universitarios. Eso sí, los sueldos ofrecidos eran peores: las ofertas para universitarios incluían entre 5.000 y 8.000 euros más de sueldo que las dirigidas a titulados FP. Los estudios de FP con más salidas profesionales, entre los 162 títulos que se ofrecen, son administración y gestión, auxiliares de enfermería, técnicos de cocina, informática, electricidad y electrónica y mecánica (en FP de Grado medio) y Técnico superior en educación infantil, en mantenimiento electrónico, administración y finanzas, higiene buco-dental, automoción y diagnostico clínico y laboratorio (en FP de Grado Superior).

Otra ventaja clara de la FP, además de que asegura más trabajo, es que supone menos años de estudio: la FP de grado superior se estudia 2 años frente a los 4 años de un Grado universitario. Y en paralelo, el coste de la FP para alumnos y familias es también inferior al coste de una carrera universitaria, sobre todo tras la fuerte subida de las tasas en 2012. También es más barata esta enseñanza para el Estado: el coste medio de un alumno de FP es de 13.000 euros (6.500 por 2 años) y el coste de un universitario es el triple (6.500 euros por una media de 6 años). Y estudiar FP asegura una formación más práctica, con 3 meses finales de prácticas en empresas al final del ciclo, lo que hace que algunos universitarios (arquitectos o ingenieros) se apunten a estudios de FP de Grado Superior para aprender cuestiones prácticas que no les dan en la Universidad e incorporarlas a su currículo.

Para avanzar, la Formación Profesional tiene también una serie de problemas a resolver. El primero y fundamental, ampliar la oferta, porque hay un número insuficiente de centros educativos que ofertan FP : hay 2.741 centros donde se puede estudiar FP de Grado Medio y 2.310 que imparten FP de Grado Superior, la mitad de centros que imparten Bachillerato (4.567), según las estadísticas de Educación. Y por eso, al crecer los alumnos, cada curso faltan plazas de FP, sobre todo en algunas zonas y titulaciones. Otro problema  es que la falta de plazas la suplen los centros privados, que crecen imparables, lo mismo que el coste de sus matrículas (entre 3.000 y 4.000 euros algunos cursos de 2 años), al calor de la mayor demanda de algunos títulos y la falta de oferta en los centros públicos, que empezaron a cobrar la FP de Grado Superior desde 2013 (entre 400 y 600 euros por curso). Y en muchos centros públicos, faltan profesores especializados para impartir enseñanzas de FP, instalaciones y laboratorios. Un cuarto problema es que muchos títulos ya no se demandan y otros con futuro no se dan: en España hay 162 títulos de FP frente a 350 en Alemania.

Visto el panorama, queda ver cómo dar otro empujón a la Formación Profesional, algo que necesita España con urgencia para resolver un problema estructural, la baja formación de nuestra mano de obra: tenemos muchos adultos sin casi formación (el 40,9% no tiene acabada la ESO, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22) y muchos adultos universitarios (36,4% en España frente a 37,7% en la OCDE y el 34,3% en UE-22) pero muy pocos adultos con formación intermedia (Bachillerato o FP de grado medio), un 22,7% en España, un 43,8% en la OCDE y un 45,9% en Europa (UE-22), según el Panorama de la Educación 2018 de la OCDE. Y por eso, a las empresas les falta personal con formación media y como hay mucho paro, los sustituyen por universitarios, lo que es un despilfarro como país y una enorme frustración para los jóvenes. Y las empresas insisten en que muchos puestos de mediana cualificación no los pueden cubrir y piden más FP.

El presidente Sánchez se reunió en septiembre en la Moncloa con la patronal y los sindicatos para preparar un Acuerdo estratégico por la Formación Profesional, que se quiere alcanzar antes de fin de año. El objetivo es que la patronal identifique las nuevas cualificaciones laborales que van a necesitarse en los próximos años y que las empresas intervengan en el diseño de los futuros títulos de FP. Y conseguir que España se vuelque en la FP, para conseguir niveles europeos en esta enseñanza y reducir así el abandono escolar (España, con el 18,3% de jóvenes que “tiran la toalla”, es el 2º país con más fracaso escolar, tras Malta) y el paro juvenil (donde también somos el 2º país peor, tras Grecia), así como el paro de adultos, ya que muchos parados (sobre todo mayores) carecen de formación.

¿Qué se puede hacer para impulsar la FP? Lo primero, según este estudio del IESE, darle un “prestigio social” que no tiene, para que ningún padre o joven crea que “es menos” por estudiar FP. Eso pasa por campañas de imagen y por divulgar sus éxitos, sobre todo en el empleo. Lo segundo, ligado a esto, es orientar mejor a los jóvenes en la ESO, “vendiéndoles las ventajas de la FP” (hoy no se les informa) y facilitando que los títulos de FP sirvan para presentarse a oposiciones. Tercero, mejorar la oferta de titulaciones, sobre todo las que tienen más salidas profesionales. Cuarto, aumentar el número de centros y plazas públicas de FP, especializándolos (creando Centros que sólo impartan los distintos ciclos de FP). Quinto, mejorar la coordinación entre los centros de FP y las empresas, utilizando su personal como profesores. Sexto, internacionalizar la FP, con más alumnos en los cursos de FP de Erasmus+ y más presencia de los idiomas en FP. Séptimo, aumento de los cursos online, con prácticas presenciales. Octavo, un aumento de la FP dual, con más colaboración de las empresas. Noveno, fomentar cursos de FP para parados, sobre todo mayores. Y décimo y fundamental, facilitar las pasarelas académicas de traspaso de alumnos entre Bachillerato y Universidad y la FP.

Hay que poner en marcha un gran Acuerdo nacional por la FP, con más presupuesto, centros de enseñanza, medios y empresas colaboradoras, para superar el millón de estudiantes en pocos años, equiparándonos a Europa. Será la manera de reducir el paro y dar una salida digna a nuestros jóvenes: que estudien para conseguir trabajar. Es lo mínimo.

lunes, 5 de noviembre de 2018

Más alquileres públicos, no control de precios


Este año aumentan los desahucios de viviendas y 2 de cada 3 son por impago de alquileres (el 80% en Madrid). Esto pasa porque los alquileres siguen disparados, por encima de los 1.000 euros en las grandes ciudades, lo que deja fuera a jóvenes y muchas familias. El Gobierno prepara reformas del alquiler y promete más ayudas, mientras Podemos les ha forzado a estudiar controles de precios, para limitar los alquileres en algunas ciudades. Pero es una falsa solución, que reducirá los alquileres y ampliará el mercado negro. La verdadera solución es ampliar la oferta, lanzando al mercado más viviendas públicas con alquileres bajos para los millones de españoles que no pueden alquilar hoy. Se pueden promover  500.000 viviendas para alquiler en 5 años, con suelo y financiación públicos. Y en paralelo, medidas fiscales y seguridad jurídica para animar a los dueños de 3 millones de viviendas vacías a alquilarlas. Con más pisos en alquiler, no con controles inútiles, sí bajarían los precios.



Los alquileres siguen por las nubes, tras 4 años de subidas (2014-2018) en que los precios han aumentado un 30%, y hasta el 50% en algunas islas (Palma de Mallorca y las Palmas) y grandes capitales (Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valencia, Málaga y Sevilla). Tanto han subido que parece que en algunos lugares los alquileres han empezado a “tocar techo” y este verano podrían haber bajado, según las estadísticas del portal Idealista (-1,3% bajada alquileres en tercer trimestre) y Fotocasa (-4,2%), aunque ambos señalan que los alquileres han seguido subiendo este verano en Madrid ( entre +7,4% y +3,5%), Málaga (+9,9%), Sevilla (+9,3%), Valencia (+10%) y San Sebastián (+17,1%) y que bajan en Barcelona (-5,5%), por la caída del turismo y la situación política. Y para pisos.com, los alquileres han subido otro 5,92% en el tercer trimestre.

Con más o menos subidas, el hecho cierto es que los alquileres están a precios imposibles, con un coste medio de 10,6 euros/m2, según el portal Idealista  (954 euros por un piso de 90m2). Pero esa es la media española, porque en las grandes ciudades, alquilar es mucho más caro: en Barcelona cuesta entre 17,3 euros/m2 (según Idealista: 1.557 euros por 90m2, frente a 1.098 en 2014)) y 12 euros/m2 (Fotocasa), en Madrid, entre 15,3 euros/m2 (Idealista: 1.377 euros/90 m2 frente a 1.000 euros en 2014) y 12,81 euros/m2 (Fotocasa) y en San Sebastián, entre 15,6 euros (Idealista) y 14 euros/m2 (Fotocasa), seguidas de los altos precios del alquiler en Palma de Mallorca (12,6 euros/m2) y las Palmas de Gran Canaria (11,3 euros/m2),  Bilbao (11,9 euros/m2), Málaga (10,3 euros/m2), Sevilla (9,9, Valencia (9 euros) y Zaragoza (7,7 euros/m2), euros/m2), según el portal Idealista. En el otro extremo destacan los alquileres baratos de Zamora (4,3 euros/m2: 387 euros 90 m2), Ciudad Real (4,9 euros/m2), Cáceres (4,6 euros/m2) y Teruel (4,81 euros/m2).

La subida de los alquileres tiene varias causas, que se resumen en una: ha aumentado mucho la demanda de alquileres, mientras no ha aumentado tanto la oferta de pisos en alquiler. La razón fundamental de esta mayor demanda de alquileres es la crisis, que ha hecho que muchas familias y jóvenes dejarán de pensar en comprar piso y se cambiaran al alquiler, en muchos casos compartido. Así, este año 2018 se espera que el número de alquileres nuevos (566.000) supere a las ventas de pisos (557.000), mientras crece el alquiler en un país tradicionalmente de propietarios: 23% personas ya viven en alquiler frente a 77% que viven en propiedad.

Se ha disparado la demanda de alquileres no sólo porque hay más familias que los necesitan para vivir sino también porque hay más inversores que compran viviendas para alquilarlas, dado que es una buena inversión: la rentabilidad de comprar para alquilar llega este año al 7,8%, según el portal Idealista (y en algunas ciudades ronda el 9%), un beneficio muy superior a los depósitos, la deuda pública o la Bolsa. Y si se les suma la plusvalía de vender luego la vivienda, la rentabilidad llega al 11,7%, según el Banco de España. No es de extrañar que fondos de inversión extranjeros y muchos ahorradores españoles se hayan volcado en comprar pisos para alquilarlos, disparando los alquileres para asegurarse una alta rentabilidad. Y aunque todavía los grandes inversores sólo controlan el 5% del mercado del alquiler (120.000 viviendas de 2,3 millones de alquileres), tienen un gran peso en algunas zonas de las grandes capitales y cada vez condicionan más las subidas globales.

Otro factor que explica la fuerte subida de los alquileres son los pisos turísticos, que se alquilan a través de plataformas online como Airbnb, HomeAway, Windu, House Trip, Only Apartments, Room4Exchange, BeMate o Niumba. Los hoteleros estiman que son ya más de 400.000 pisos desviados al alquiler turístico, sobre todo en el centro de algunas capitales (Barcelona, Madrid, Palma, San Sebastián, Málaga…), que restan alquileres a familias o jóvenes y que encarecen los precios, además de expulsar inquilinos a la periferia. No es casual que entre las 10 ciudades con alquileres más caros, 8 sean ciudades turísticas. Y es que propietarios e inmobiliarias sacan altas rentabilidades con este alquiler turístico, sobre todo si no los declaran (1.621 euros de ingresos por 21 noches).

Y junto a la fuerte demanda, de jóvenes, familias, inversores y turistas, los alquileres también suben más porque hay ciudades y zonas donde faltan viviendas, porque se han vendido o alquilado las que había en stock y apenas de construyen viviendas nuevas, por falta de suelo disponible, bloqueo de licencias en algunos municipios o falta de financiación bancaria. De hecho, en 2017 se terminaron en España sólo 48.853 viviendas, frente a 650.000 en 2017.

La confluencia de estos factores provoca que los alquileres estén por las nubes, por encima de 1.200 euros en muchas ciudades. Y además, como faltan alquileres, propietarios e inmobiliarias “seleccionan” cada vez más a los inquilinos (españoles y familias más que jóvenes o inmigrantes, con contrato laboral estable y determinados ingresos) y les exigen más (avales, seguro y hasta 6 meses de fianza, cuando lo legal es uno). La consecuencia es que muchos jóvenes y parejas no pueden alquilar y han vuelto a vivir con los padres, porque un alquiler decente se lleva un 40% de los ingresos en un 36% de los hogares españoles. Y como los sueldos son aquí más bajos, somos el país europeo donde más pesa el gasto del alquiler, por encima de la media europea (donde sólo el 28% de hogares destinan el 40% de ingresos a pagar el alquiler), de Grecia (25% hogares destinan el 40% de ingresos), Reino Unido (23%), Portugal (20%), Italia (19%), Francia (19%) y Alemania (sólo 8% hogares destinan al alquiler el 40% de ingresos), según la OCDE. Y en Madrid o Barcelona, las familias ya dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, según Alquiler Seguro.

Pero además, otra consecuencia de los alquileres altos es que muchos jóvenes y familias no pueden pagarlos (si se quedan en paro o tienen gastos extras) y les desahucian. Este año 2018, dos de cada tres desahucios de viviendas son por alquileres impagados, según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial: 17.152 desahucios en el segundo trimestre, 10.491 por impago de alquiler (61,2%) y 5.672 por impago de hipotecas. Ya en 2017 hubo 35.666 desahucios por alquileres y 22.330 por hipotecas. Sólo en Madrid, en el primer semestre de 2018, se han producido 15 desahucios al día por impago de alquileres. Y en Cataluña son el doble. Los desahucios han crecido no sólo porque hay más familias pobres sino porque ahora, tras la reforma de la Ley de Arrendamientos (LAU) que hizo Rajoy en 2013, es más fácil solicitar el desahucio (con sólo un mes de impago), los tribunales son más ágiles y los alquileres suben más, al haberse reducido el plazo a 3 años y renovarse muchos “libremente”, sin el límite del IPC.

El aumento de los desahucios y la fuerte subida de los alquileres han llevado al Gobierno Sánchez a anunciar medidas, para defender a las familias más desprotegidas y tratar de contener las subidas. Por un lado, Fomento estudia cambiar la reforma de la LAU de Rajoy, volviendo a poner los 5 años como plazo habitual de un alquiler y 3 años la prórroga tácita (no 1), para proteger más al inquilino y retrasar las subidas por nuevo contrato. Además, estudia aumentar las ayudas al alquiler incluidas en el Plan de Vivienda 2018-2021, que Rajoy aprobó en marzo 2018, antes de irse. De momento, el Plan subvenciona el 50% del alquiler de los menores de 35 años, con un tope de alquiler de 600 euros, que puede llegar a 900 euros (en muchas ciudades, estos alquileres no existen). Y una ayuda del 40% del alquiler, con topes iguales, a los inquilinos de 35 a 65 años, pero con muy bajos ingresos: menos de 11.182 euros anuales los solteros y menos de 18.798 euros anuales las familias con un hijo. Estas ayudas sólo las reciben 171.231 inquilinos, una minoría. Y además de recibirse tarde (al año siguiente), varían mucho según donde uno viva: hay más en el País Vasco (las reciben 8 de cada 1.000 empadronados) o Cataluña (4,70 por 1.000) que en Madrid (las reciben 0,8 por cada 1.000 empadronados) o Canarias (0,5 por 1.000).

Está claro que el Plan de Vivienda 2018-2021 que dejó Rajoy es muy mejorable y necesita más recursos, porque contempla sólo un gasto de 1.443 millones, que es casi la mitad del dinero que tenía el anterior Plan 2013-2016 (2.311 millones), prorrogado en 2017. Pero no está claro que gastar más en ayudar a los inquilinos sea la solución, porque algunos estudios demuestran que estas ayudas se traducen al final en subidas de los alquileres: propietarios e inmobiliarias saben que el 40 o el 50% del alquiler está subvencionado y entonces apuestan por subirlo. Y con ello, este dinero público acaba en el bolsillo de los propietarios.

Otra medida que Podemos ha impuesto al Gobierno Sánchez, en su acuerdo Presupuestario para 2019, es limitar el precio de los alquileres (se autorizaría a Ayuntamientos y autonomías), en las zonas donde hay mayores subidas. Y se utiliza como argumento que estos topes a los alquileres ya existen en París (se permite elevar un 20% los alquileres sobre los precios medios) y Berlín (se pueden elevar un 10%). Pero ojo: son precios indicativos, no obligatorios, y sólo sirven de referencia a los jueces en caso de que un inquilino reclame. Y los expertos dicen que el sistema, implantado allí en 2015, no está siendo eficaz. El problema de fijar topes a los alquileres es que pueden frenar el alquiler y aumentar las viviendas vacías, a la vez que fomenta el mercado negro, con alquileres pagados "bajo mano" y sin garantías.

No hay atajos populistas para frenar los alquileres. Vivimos en un sistema capitalista y lo que de verdad funcionaría, para bajar los precios, sería aumentar la oferta de pisos en alquiler. Y para ello, hay dos caminos. Uno, incentivar a los propietarios de las 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) para que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. Todo lo contrario de lo que hizo Rajoy, en mayo de 2015, rebajando la deducción fiscal a los arrendadores, del 100 al 50%, quitándosela de paso a los inquilinos (se deducían el 10%). Habría que conseguir que al menos 500.000 de esos pisos vacíos se alquilen y para ello hace falta dar a los propietarios “seguridad jurídica” (no asustarles con control de alquileres) y asegurarles deducciones fiscales del 60% y más si alquilan a jóvenes o familias con bajos recursos, pudiendo complementar el alquiler final con ayudas públicas.

El otro camino para que haya más pisos en alquiler es la promoción pública de viviendas (las VPO), para destinarlas luego a alquiler social para los más pobres (de 150 a 250 euros al mes) o a alquiler subvencionado (de 250 a 450 euros al mes), para jóvenes y familias que no pueden pagar un alquiler “de mercado”. Este parque público de viviendas en alquiler no es “una propuesta de rojos”, es algo que se hace en toda Europa, donde hay importantes parques de viviendas públicas en alquiler: supone el 30% del mercado en Holanda (2,3 millones de viviendas públicas en alquiler), el 24% en Austria, el 20,9% en Dinamarca, el 17,6% en Reino Unido, el 16,8% en Francia, el 13% en Finlandia, el 3,9% en Alemania, el 3,7% en Italia y en España… sólo el 1,5%, según este estudio de la Fundación Alternativas.

El Gobierno Sánchez propone ahora construir 20.000 nuevas viviendas públicas para alquilar en 4 años. Una gota en un vaso de agua. Se puede y se debe ser más ambicioso, creando un parque público de alquiler incorporando las 15.000 VPO que hay vacías, sumando las 76.000 viviendas del banco malo (SAREB) que le hemos costeado a la banca, comprando a precio razonable parte del stock sin vender de particulares y bancos (hay 476.938 viviendas) y promoviendo unas 20.000 nuevas viviendas anuales desde autonomías y Ayuntamientos (costarían unos 1.000 millones anuales). Con todo ello, se podría conseguir un parque público de 500.000 viviendas para alquiler en 5 años. Suelo público hay, sólo falta algo de dinero (no demasiado) y voluntad política, además de la colaboración de promotores privados, que construirían viviendas públicas para alquilar si hay financiación y facilidades.

En total, es factible ampliar el parque de alquiler en 1 millón de viviendas en 5 años, entre viviendas vacías que se alquilan y otras viviendas que se incorporan al parque público de VPO, que se ha desplomado, por culpa de los recortes del Estado y las autonomías: si entre 1957 y 1989 se terminaban en España más de 100.000 VPO cada año, en 1991 habían caído a 44.514 y a 52.972 en 2000, según las series de Fomento. Y tras entregarse 68.857 VPO en 2008, se desploman con la crisis: 17.054 entregadas en 2013 (la décima parte que con Franco) y sólo 4.938 VPO entregadas en 2017, la cifra más baja desde los años 50: Baleares no entregó ninguna, Andalucía 13, Madrid 1.815 y Cataluña 1.358… Así, con esta iniciativa pública en la vivienda, no hay manera de arreglar nada. Plantearse promover otra vez 40.000 VPO  anuales, 20.000 para alquiler, es lo mínimo a que se puede aspirar en unos años.

La vivienda, conseguir un alquiler accesible, es un grave problema para millones de españoles, sobre todo jóvenes (el 80,6% de los menores de 30 años, 5.236.856 jóvenes, siguen viviendo con sus padres), ancianos (800.000 viven de alquiler y muchos con dificultades) y familias pobres (hay 3 millones en situación de pobreza extrema), pero también familias con trabajos precarios y bajos sueldos. No hay que venderles “soluciones mágicas” populistas (control de alquileres) sino medidas posibles y realistas, que pasan por aumentar el parque de alquileres, para conseguir así bajar los precios. Se puede.