lunes, 18 de junio de 2018

10 millones de españoles "vulnerables"


La crisis ha quedado atrás pero su tremenda herencia sigue ahí: casi 10 millones de españoles están en situación “vulnerable”, en paro, inactivos, con empleos precarios o sueldos mínimos. Además, un 22% de españoles son “económicamente vulnerables”: no podrían aguantar un mes si se quedan sin ingresos. Y España está por debajo de Europa en 7 de los 8 indicadores de la ONU sobre “el trabajo decente”. ¿Hacen falta más datos? Sí, uno que resume todo: el 70% de los españoles no nota la recuperación. Tenemos un país muy afectado por el paro, la precariedad y los bajos salarios, donde la pobreza y la desigualdad se han agravado con la crisis. Es “la otra España”, de la que no hablaba Rajoy. Y en la que debería pensar el nuevo Gobierno, para restañar las heridas más flagrantes de la crisis, ayudando a los parados, mejorando la calidad del empleo y los sueldos, utilizando los impuestos para redistribuir. Es hora de atender a los que más han sufrido la crisis.


enrique ortega

La recuperación sigue ahí, amenazada por tormentas exteriores (subida del petróleo, tipos, pinchazo del turismo, crisis europea, proteccionismo comercial…) pero no podemos cerrar los ojos a la tremenda herencia que nos ha dejado la crisis. Un reciente estudio de Fedea y Accenture le ha puesto cifras: hay 9.930.000 españoles en situación vulnerable, casi 1 de cada 4 habitantes: 3.767.000 porque están parados (EPA diciembre 2017), 645.000 porque son inactivos a su pesar (les gustaría trabajar, pero no se “animan” a buscar empleo a la vista de la situación) y los 5.517.000 españoles restantes porque son trabajadores con empleos muy precarios (temporales y por horas, que pueden perder fácilmente) o con sueldos muy bajos (ganan menos del 60% del salario medio), o sea, son “trabajadores pobres”. Y para más de la mitad de estos españoles vulnerables, para 4.780.000 la situación es más grave, porque viven en familias con bajos ingresos (menos del 60% de la media).

El primer bloque de españoles vulnerables, los parados, ha aumentado incluso este año, hasta los 3.796.100 parados estimados por la EPA del primer trimestre de 2018. Su situación es preocupante por tres razones. Una, porque más de la mitad de estos parados no cobran nada: en abril, 2.026.513 de los parados no cobraban ningún subsidio, el 53,39% de todos los parados estimados por la EPA (3.796.100), según Empleo. Y de los que sí reciben algún subsidio (1.769.587 parados, el 46,61% del total), la mayoría (1.086.088) cobran una prestación asistencial, de sólo 430 euros, normalmente por 6 meses. La segunda, que el paro se ha enquistado: la mitad de los parados llevan más de 1 año sin empleo y un millón largo llevan ya más de 4 años parados. Y la tercera, que están abandonados a su suerte, porque las oficinas de empleo no les ayudan: no sirven ni para recolocar a los parados (sólo al 2%) ni para formarles (sólo hacen cursos el 4,12%) ni para reorientarles profesionalmente  (el 91,3% no reciben orientación personalizada del SEPE).

El segundo bloque de españoles vulnerables son los inactivos que desearían trabajar, 645.000 españoles (de los 16 millones de “inactivos” totales) según Fedea. El 70% son mujeres, dedicadas a cuidar su casa o a un familiar, la mitad residen en Andalucía, Valencia o Madrid y en su mayoría (61,7%) no tienen formación (la ESO o menos) ni “ánimo” para apuntarse al paro y buscar trabajo, aunque les gustaría hacerlo.

El tercer bloque de españoles vulnerables son los trabajadores precarios y pobres, estimados en 5.517.000 trabajadores, 1 de cada 3 asalariados (hay 15.792.200 asalariados, según la EPA). La mayoría son trabajadores con un contrato precario, temporal o a tiempo parcial, que les hace muy vulnerables a la coyuntura (verano, rebajas) y a futuras crisis (serían los primeros en ser despedidos). Actualmente, 4.123.300 trabajadores tienen un contrato temporal, el 26,11% de los asalariados, lo que coloca a España como país líder en Europa por temporalidad, muy por encima de la UE-28 (16% de contratos temporales), Francia (16,8%), Italia (15,5%), Alemania (12,9%) y Reino Unido (5,6%). Y esta temporalidad es aún mayor entre las mujeres (27,2% asalariadas tienen contrato temporal) y sobre todo entre los jóvenes: el 73,3% de los españoles menores de 24 años tienen un contrato temporal, frente al 43,9% en la UE-28. Y además, hay 2.814.300 trabajadores con contrato a tiempo parcial, por horas, aunque el 60% no quieren este tipo de contrato pero no encuentran otra cosa.

A contratos precarios, sueldos bajos. La media de sueldos en España ya es baja: el sueldo más frecuente es de 16.497 euros brutos anuales, según el INE, lo que viene a ser 978 euros netos en 14 pagas, un sueldo escasamente mileurista. Pero hay muchos trabajadores que ganan menos, por su tipo de contrato (los temporales ganan un 32% menos sueldo que los fijos y los que trabajan a tiempo parcial ganan el 60% del sueldo del trabajador a tiempo completo) y el sector en el que trabajan (hostelería, administrativos, comercio y construcción son los peor pagados). Con ello, se puede “trabajar y ser pobre. De hecho, hay más de 2,36 millones de trabajadores (2.368.830 asalariados), los 15% del total, que son pobres, porque ganan menos del 60% de la media del país. Con ello, España es el séptimo país del mundo en porcentaje de trabajadores pobres y el primero en Europa, según la OCDE, cuya tasa media (35 países) de trabajadores pobres (8,2%) casi duplicamos.

Este tercer bloque de trabajadores vulnerables, por su precariedad y su salario, se concentra en España en las mujeres (el 58% del total), entre los de edad media (el 60% tienen entre 25 y 45 años), entre los que tienen poca formación (el 41% de estos vulnerables tienen la ESO y menos, pero ojo: el 35% de los españoles vulnerables tienen estudios superiores) y en Andalucía (tiene el 20% de todos los “vulnerables”), Cataluña (14,5%) y la Comunidad Valenciana (12,3%), según el estudio de Fedea y Accenture. Y lo más llamativo: el 90% de estos “trabajadores vulnerables” no reciben ninguna prestación o ayuda pública.

Antes de esta crisis, el paro era culpable del 80% de los problemas y la vulnerabilidad de las familias. Pero ahora, con la reforma laboral impuesta en 2012 por Rajoy y la dura competencia de la globalización, la precariedad laboral es el gran problema. Y más en España, que sale peor parada que la media de Europa en 7 de los 8 parámetros de “trabajo decente” que establece la ONU: menos PIB per cápita (24.500 euros frente a 27.600), más inactivos (29,7% adultos frente a 21,4%), más jóvenes que ni estudian ni trabajan (16,4% frente a 13,4%), menos empleo (65,5% adultos frente al 72,2%), más paro larga duración (7,7% activos frente a 3,4%), más contratos temporales (26,11% frente al 16%) y más muertes por accidentes laborales (2,3 por 100.000 empleados frente a 1,83 en la UE), según el reciente retrato laboral que nos ha hecho Eurostat.

El resultado de tanta precariedad y salarios tan bajos es que muchas familias españoles son “económicamente vulnerables, no están preparadas para hacer frente a imprevistos. Ya no es sólo que 2 de cada 3 familias lleguen a fin de mes “con dificultades”, según el INE. Es que un 22% de las familias españolas están en situación de “vulnerabilidad económica”, según los últimos datos del Banco de España: el 15% de estos hogares sólo se podrían mantener un mes si les falta su fuente de ingresos y otro 7% apenas podría resistir una semana, mientras un 52% podría mantenerse 6 meses  y el resto más, porque tienen ahorros. Este es el retrato-robot de estas “familias vulnerables”, según el Banco de España: parados o inactivos, mujeres y personas con pocos estudios, que viven de alquiler en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia. Un informe de Cáritas complementa este retrato: muchos de los desfavorecidos tras la crisis están hoy peor que en 2008, porque se les ha acabado el colchón de ahorros, familia y amigos que les han ayudado estos años.

Tras este panorama, de paro, precariedad y bajos ingresos, se entiende que la pobreza haya aumentado en España con la crisis, para alcanzar un récord histórico: hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que vivían pobremente en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se sitúa como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE 2016), con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la UE-28 (23,5%) y sólo por detrás de Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat.  Y lo peor es que la pobreza se ha “enquistado” en España, en determinados colectivos y familias, sobre todo en esos 3 millones de españoles que están en la pobreza extrema, según Cáritas. Y lo más sangrante es que 1.400.000 niños españoles son pobres, según Save The Children.

Mientras crecen los pobres, crecen también los ricos: el número de millonarios (1 millón de dólares/850.000 euros) ha crecido en España un 60%, pasando de 127.100 a 202.200 en 2016, según el informe mundial de riqueza de Capgemini. Y con ello, la crisis ha traído consigo un gran aumento de la desigualdad, según reconoce hasta el Banco de España. Y es lógico, porque un 70% de la población tiene  menos ingresos que en 2007, según un estudio de Intermón Oxfam presentado en la última Cumbre de Davos. Y eso se debe a que el crecimiento “ha ido por barrios”: así, en el último año, el 1% más rico de españoles captó el 40% de la riqueza creada, mientras el 50% más pobre captó el 7% del crecimiento. Un reparto desigual de la recuperación que ha agravado la desigualdad, convirtiendo a España en el tercer país con más desigualdad de Europa, detrás de Rumanía y Bulgaria. El dato presentado en Davos por Intermón Oxfam es impresionante: el 10% más rico de españoles concentran más de la mitad de la riqueza (el 53,8%) y el 90% restante se lleva el 46,2% del pastel.

Al final, lo que ha pasado se traduce así: el 70% de los españoles aseguran que “no han notado la recuperación” de la que tanto presumía Rajoy, según una Encuesta incluida en el Informe FOESSA “Desprotección Social y Estrategias Familiares 2017”, encargado por Caritas. Y en que hay otra España, esos casi 10 millones de españoles vulnerables, que no acaba de salir de la crisis y que vive con muchas dificultades. Y que son familias con baja formación, mujeres y niños solos, jóvenes sin salida, que viven en zonas marginales pero también en barrios “normales” del centro y sur de España, Levante y Canarias. Una marginación, advierte Cáritas, que se ha “enquistado” y que ha pasado de padres a hijos en las mismas familias.

¿Qué se puede hacer? Bastante, aunque, en estos años, el Gobierno Rajoy no haya aprovechado la recuperación para corregir la precariedad, la pobreza y la desigualdad, que se han agravado. De hecho, la propia Comisión Europea ha criticado a España este año por ser uno de los países europeos que menos ayuda a las rentas bajas, a causa de su ineficiente política fiscal y sus menores ayudas sociales. Y la OCDE, en su último informe “Apuesta por el crecimiento 2018” (marzo 2018) ha dado una serie de recetas a España “para que la mayoría de la sociedad se beneficie de la recuperación”: mejorar las políticas de empleo (recuerda que España gasta en políticas activas de empleo la mitad que la OCDE), mejorar las ayudas a los parados de larga duración, reformas fiscales (bajar impuestos a los salarios más bajos y subir impuestos al gasóleo, IVA y contaminación), hacer reformas laborales (reducir la dualidad fijos/temporales y mejorar la calidad del empleo y la productividad) y, sobre todo, mejorar la educación y la formación de los jóvenes.

Ante esta “otra España”, esos 10 millones de españoles vulnerables, el Gobierno Sánchez debería aplicar un Plan de choque contra la pobreza, con ayudas inmediatas a los parados que no cobran (2 millones) y a las familias más pobres (3 millones de españoles están en pobreza extrema: ingresan menos del 30% que la media), especialmente a las que tienen niños (1,4 millones son pobres). Y en paralelo, otro Plan de choque contra la precariedad, incentivando que una parte de los contratos temporales se hagan fijos (hoy sólo el 8%, frente al 24% en Europa) y que no se abuse de la contratación temporal y a tiempo parcial, sobre todo en la hostelería, el comercio y la Administración pública (sanidad y educación). Y promoviendo, como ha hecho el presidente Sánchez, un acuerdo salarial, para que suban más los salarios más bajos y pronto no los haya por debajo de 1.000 euros. Y a medio plazo, para 2019, en la medida que se consiga recaudar más (con impuestos más justos y más redistributivos), habrá que dedicar más recursos a políticas sociales (vivienda, becas, ayudas a la familia y renta básica), para recortar la escandalosa pobreza y desigualdad que tenemos en España. Está ahí y exige medidas. Que nadie mire para otro lado.

jueves, 14 de junio de 2018

La TV de pago gana a la tradicional


Por primera vez en España, la TV de pago (con menos de una década de vida) facturó en 2017 más dinero que la TV tradicional (TVE lleva 62 años y las privadas 28). Y 1 de cada 3 hogares (6,6 millones de familias) están abonados a la TV de pago, la mayoría con paquetes donde las telecos se la ofrecen junto al teléfono e Internet. Pero también hay 2,5 millones abonados a TV de pago extranjeras, como Netflix, Amazon o HBO. El  “pagar para ver lo que uno quiere” en televisión es imparable y la TV de pago llega ya al 60% de hogares europeos. Un cambio que está  revolucionando el sector audiovisual, a golpe de fútbol y series, y que afecta mucho a las TV en abierto (menos publicidad y menos calidad) y a las TV públicas, que necesitarán más recursos para competir. Telecos y plataformas extranjeras nos han creado esta necesidad, la TV a la carta, que será cada vez más cara.

enrique ortega
La televisión tradicional cumplirá 62 años en España este otoño, con TVE emitiendo desde octubre de 1956, aunque las privadas, Telecinco y Antena3, llevan emitiendo sólo desde principios del año 2000. La televisión de pago es mucho más reciente: Movistar inició una prueba piloto en Alicante en enero de 2001, que extendió en 2005 a todas las provincias, pero el lanzamiento de Movistar TV se hizo en 2013, año en que las empresas de telefonía se lanzaron a vender “paquetes múltiples”, donde ofrecían a sus clientes de teléfono un paquete con telefonía fija, móvil, Internet fijo y móvil más TV de pago. Y así hemos llegado a 2017, con 6.590.000 hogares clientes de la TV de pago, un 35% del total de familias españolas y  2,3 millones de abonados más que en 2013, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Del total de abonados a la TV de pago, la gran mayoría (5,8 millones) lo son a través de su empresa de telefonía, de las telecos, que les han vendido un paquete quíntuple (5,5 millones de contratos).

Pero también hay españoles que han contratado la TV de pago con plataformas extranjeras, multinacionales norteamericanas que ofrecen sus canales por Internet a cambio de un pago mensual. La líder es Netflix, que llegó a España en octubre de 2016 y que ya tenía 1,46 millones de abonados a finales de 2017 (el 9,1% de los hogares), según datos de la CNMC. Le sigue Amazon, con su servicio Prime Video, que funciona desde diciembre de 2016 y tiene ya 566.000 españoles abonados (el 3,5% de hogares). Y HBO, disponible desde noviembre de 2016, que cuenta con 450.000 abonados en España (2,3% de hogares).

Al final, la TV de pago ha ganado ya un 22,3% del consumo total de TV en España, frente al 77,1% de consumo de la TV en abierto, según los datos de la CNMC para 2017, aunque en abril de 2018 batía otro récord, con el 24,1% del consumo de TV (y 75,9% la TV en abierto), según la consultora Barlovento TV.  De este pastel de la TV de pago (ese 22,3% del consumo total de TV, 241 minutos diarios en abril 2018), la mayor tajada se la lleva la TV por cable (10,2% del consumo total de TV), seguida de la TV por Internet (9,2%)  y la TV por satélite (2,9%). En las tres modalidades, la empresa líder es Movistar TV (que ronda el 60% de todos los abonados a la TV de pago), Vodafone (21%), Orange (6%), Euskaltel (4,4%) y Telecable (2,1%), más las plataformas de TV por Internet, donde Netflix ocupa el 2º lugar, tras Movistar, Amazon el 4º (tras Vodafone) y HBO el 6º (tras Orange).

El principal motivo por el que los españoles contratan una TV de pago es porque su operador de telefonía se lo ofrece (un 47%), normalmente como una oferta de fútbol o series (con un precio inicial más bajo que luego sube). El segundo motivo, según el Panel de Hogares 2016 de la CNMC, es por la series (el 35%) y los deportes (el 31%), también por los documentales (25%) y “por ver menos publicidad” (24% encuestados). Y a la hora de darse de baja de una plataforma de TV de pago, los motivos más importantes son perder las series de referencia (el 23%), el fútbol (20%) o las películas (19%), así como perder servicios o aplicaciones. Y un dato resaltable es que los jóvenes “millenials(nacidos entre 1980 y 1995) son más asiduos que los mayores a los canales de pago, según un estudio de Deloitte. Lo que más se consume en la TV de pago es deportes, series, películas y documentales, mientras en la TV en abierto ganan los concursos, los programas del corazón, noticias y magazines.

Pero si el salto de la TV de pago ha sido grande en abonados (de la nada a casi 6,6 millones), el gran salto lo han dado en facturación, en volumen de negocio: la TV de pago ingresó 2.133 millones de euros en 2017, un 14,6% más que en 2016 y el 43% más que hace 5 años. Y con ello, superó por primera vez el negocio de la TV en abierto, que facturó 1.913 millones de euros en 2017, un 1,08% más que en 2016, según los últimos datos de la CNMC. Este “adelantamiento” de la TV de pago, en menos de una década de existencia, se debe a tres factores. Uno, el gran aumento de abonados (de 3,9 millones en 2013 a 6,59 millones en 2017). Dos, el aumento de ingresos por cuotas (de 1.380 millones en 2014 a 1.968 millones en 2017). Y tres, a la mejora de la publicidad, en general y también para la TV de pago (que ingresó 65 millones en 2017, el 5% de todos sus ingresos, mientras para la TV en abierto, la publicidad ingresada en 2017, 1.780 millones, supone el 93% de sus ingresos).

Cara al futuro, la TV de pago tiene todavía mucho recorrido en España, si tenemos en cuenta que está menos avanzada que en otros países. Así, la TV de pago ha penetrado en el 35% de los hogares españoles, frente al 60% de media en Europa, según un informe de Deloitte, que estima que podría crecer hasta el 80%.Y esa penetración es aún mayor en países como Portugal (90% de hogares abonados a la TV de pago), Francia (75%) o Reino Unido (63% abonados), aunque es menor en Italia (25%).

Lo que está claro es que las telecos han apostado fuerte por la TV de pago, sobre todo porque se les agota el crecimiento con la telefonía (fija y móvil) y tienen que jugarse los ingresos futuros con los datos y la TV de pago. Por eso están apostando fuerte con los contenidos, con la compra y producción propia de series y el pago de los derechos de fútbol: protestan porque la Liga les cobra cada vez más, pero saben que el fútbol es la clave para crecer en abonados e ingresos. Y también las series. Por eso, Vodafone se alió en mayo de 2016 con la plataforma HBO, para ofrecer sus contenidos. Y en mayo de 2018, Movistar ha firmado un acuerdo con su competidor Netflix para incorporar sus contenidos, a finales de 2018, a sus clientes de la TV de pago de España y Latinoamérica.

Este crecimiento de la TV de pago y su apuesta de futuro preocupan y mucho a las TV privadas en abierto, sobre todo a Mediaset (Telecinco, Cuatro) y Atresmedia (Antena 3 y la Sexta), que hasta ahora estaban muy cómodos, tras el “regalo” de Zapatero de quitar la publicidad a TVE en 2009. De hecho, ambos grupos de TV en abierto son hoy un auténtico “duopolio televisivo”, que controlan el 84,7% de la publicidad total en televisión (927 millones Telecinco y 887 millones Atresmedia) cuando sólo tienen el 55,4% de la audiencia, según Infoadex. Un control sobre el mercado publicitario, a través de acuerdos y tejemanejes de sus empresas vendedoras de publicidad, que no se conoce en ningún otro país de Europa, donde los dos mayores grupos audiovisuales sólo controlan del 60 al 77% del mercado publicitario. Un “duopolio” que es duramente criticado por las demás TV privadas y autonómicas.

Las TV privadas en abierto, en especial los grupos Mediaset y Atresmedia, tratan de defenderse del boom de la TV de pago por dos vías. Una, mejorando su plataforma de contenidos en Internet, para lo que se han unido a RTVE, con objeto de unificar la oferta online de los tres operadores. Además, exigen al Gobierno desde hace meses que haga cumplir a las TV de pago las obligaciones de la normativa audiovisual que ellos cumplen: que los contenidos emitidos por las televisiones sean un 51% europeos (de ellos, la mitad españoles), que contribuyan a financiar obras audiovisuales europeas (con el 5/6% de sus ingresos) y que tengan limitada su publicidad (12 minutos por hora de emisión).

Las TV de pago, sobre todo las telecos que hay detrás, argumentan que su negocio “es diferente”, está más ligado a Internet que al mundo audiovisual, y piden que no se les apliquen esas normas de las TV en abierto, mientras se quejan del “duopolio” publicitario de Mediaset y Atresmedia. Y además, piden al Gobierno que cree una Fiscalía especial contra la piratería, porque en España se accede más a contenidos online ilegales (lo hace el 16% de la población, frente al 10% en Europa) y eso les supone unas tremendas pérdidas a las TV de pago: 533 millones al año en películas y otros 171 millones en series.

En medio de esta pelea entre TV de pago y TV en abierto se encuentran las TV públicas, afectadas por esta mayor competencia (por la audiencia y la publicidad) y los recortes del Gobierno y autonomías en los últimos años. El gran problema es TVE, que tras perder 475 millones de euros entre 2010 y2015 (al quitarle la publicidad), parece que ha reajustado sus cuentas y cerró con beneficios 2016 (+0,8 millones) y 2017 (+25 millones), si bien es un intolerable ejemplo de manipulación política que no puede mantenerse más. En cuanto a las televisiones autonómicas, también han mejorado algo sus cuentas (aún reciben 942,7 millones de subvención), no su “independencia” política, pero pierden publicidad (-10% en 2017) y audiencia. El reto de las TV públicas es doble. Por un lado, conseguir un sistema de financiación estable y suficiente, máxime cuando las TV públicas nos cuestan menos que las de otros países: 38,9 euros por habitante frente a 67 euros de media en la UE, 120 en Alemania, 113 en Reino Unido, 66,4 en Francia o 42,7 euros/habitante en Italia, según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela. Y por otro, adaptarse a la competencia creciente de la TV por Internet, deportes y series.

Cara al futuro, lo que está claro es que ha cambiado el modo de ver televisión: estamos pasando del “qué ponen esta noche en la tele” al “qué quieres ver en la tele”. Y de ver lo que nos echan a buscar los programas que nos interesan y verlos cuando queramos, en la tele, el móvil, el ordenador o la tablet. Y ver la tele con el móvil al lado, para comentar al momento algo en redes y WhatsApp o para consultar algo en Google. Y sobre todo los jóvenes, los que han nacido con muchas cadenas disponibles y mucha oferta donde elegir. Una oferta que se va a hacer cada día más compleja, al modo de una TV a la carta, donde las telecos y los operadores internacionales tratan de competir en calidad de contenidos e imagen.

De hecho, la penúltima batalla de las telecos en la TV de pago es emitir contenidos en 4K, una mayor calidad de imagen para la que sólo están preparados los televisores del 9,8% de hogares españoles, según datos de Astra (y los que tengan el TV, necesitan además un descodificador). Pero la carrera está lanzada: Orange emitirá Roland Garros en 4K y pondrá en marcha un canal de series en calidad UHD, Movistar ha lanzado también un descodificador 4K y estudia emitir en ese formato carreras de F-1 y Moto GP, mientras Vodafone ya ofrece 7 canales en 4K y ofrece el descodificador desde marzo de 2016. El “gancho” para que las familias se cambien a televisores 4K y busquen canales de pago que emitan con esta alta calidad será este Mundial de Fútbol de Rusia, que se inicia hoy y donde todas las imágenes que se sirvan serán en 4K (aunque en España los emita Mediaset en TDT “normal). Ya en la pasada temporada, la Liga emitía 2 partidos en 4K y su objetivo es emitir todos los partidos en este formato a medio plazo, otro “gancho” más para la TV de pago.

La TV de pago ha irrumpido con fuerza en nuestras vidas y crecerá más en pocos años. El “truco comercial” de las telecos y las plataformas de Internet es que probemos, que “nos enganchemos” a la TV de pago, a elegir lo que queremos ver, sin casi anuncios, en lugar de soportar los anuncios y programas de baja calidad de las TV en abierto. Y luego, una vez que estemos “pillados” por el deporte, las series, películas, documentales o programas de cocina, subirnos poco a poco las tarifas, como ha pasado con los datos e Internet. Ya lo saben: “la otra TV” está muy bien pero hay que pagarla. Y cada año más.

lunes, 11 de junio de 2018

Los retos económicos del nuevo Gobierno


España estrena esta semana un Gobierno bastante solvente que se presenta sólo para unos meses (¿cuántos?). Pero los problemas del país no se resuelven a corto plazo, son de fondo y se han enquistado estos 2 años sin reformas: paro, empleo precario, salarios, pobreza y desigualdad, pensiones, suicidio demográfico, vivienda, sanidad, educación y formación, Dependencia, Ciencia, innovación, reindustrialización, reconversión del turismo, exportación, financiación autonomías, nuevo modelo económicoUrge tomar medidas, las más necesarias, sin politiqueos, apoyadas por una mayoría sensata. Aquí propongo un paquete que costaría 10.000 millones. Y por supuesto, la forma de recaudarlos. Luego, para 2019, pactar un Presupuesto con más reformas y más recaudación. Y así, en mayo o en octubre de 2019 podríamos ir a unas elecciones sin haber perdido un año, con lo más urgente encauzado. Dejen de hacer cálculos políticos a corto y arrimen el hombro, todos, para mejorar ya la vida de ese 70% de españoles que no notan la recuperación. Suerte.


enrique ortega

Rajoy nos ha dejado una economía que crece y crea empleo (precario y mal pagado), gracias sobre todo a la ayuda exterior en estos años (que ahora Sánchez la tiene en contra): bajos precios del petróleo, euro débil, dinero al 0% de interés y una recuperación internacional y europea que han empujado las exportaciones y el turismo. Pero los problemas económicos de fondo siguen ahí, enquistados por no haberlos afrontado desde hace ya dos años, tras las elecciones de 2016. Y ahora, el reto, no de Sánchez sino de España, es afrontarlos desde ya o poner unos parches más hasta las próximas elecciones, justificándose en que el Gobierno es débil (84 diputados) y la oposición ansía poner ya las urnas para llegar a la Moncloa. Otra vez más, confunden lo que es bueno para la economía y la mayoría de españoles (el 70% no notan la recuperación) y lo que es bueno para los políticos.

El primer gran reto de España es el paro. No sólo porque sea el mayor problema de los españoles, según todas las encuestas del CIS, sino porque la cifra es muy preocupante, a pesar del triunfalismo de Rajoy: tenemos 3.796.100 parados estimados por la EPA (y muchos más que ni se animan a buscar trabajo, hoy “inactivos”), el 16,74% de la población en edad de trabajar, más del doble que Europa (7,1% en la UE-28) y cinco veces el paro de Alemania (3,4%), según los últimos datos de Eurostat (abril 2018). Encima, el paro alcanza ya a 1 de cada 3 jóvenes españoles (34,4% de paro entre los menores de 25 años), el doble que en Europa (17,2%) y casi seis veces el paro juvenil alemán (6%). Y por si fuera poco, el paro en España se ha enquistado: la mitad de los parados llevan más de 1 año sin empleo y 700.000 llevan ya más de 4 años parados.

Ante esta situación, urge actuar en dos frentes. Uno, paliar cuanto antes la grave situación de los parados, porque más de la mitad no cobran nada: en abril, 2.026.513 de los parados no cobraban ningún subsidio, el 53,39% de todos los parados estimados por la EPA (3.796.100), según Empleo. Y de los que sí reciben algún subsidio (1.769.587 parados, el 46,61% del total), la mayoría (1.086.088) cobran una prestación asistencial, de sólo 430 euros, normalmente por 6 meses. Además, el problema es más grave en algunas autonomías, especialmente en 5 regiones donde dos tercios (y más) de los parados no cobran nada: Melilla (el 72,33% de los parados EPA no cobran ningún subsidio), Baleares (67,59%), Ceuta (67,35%), Madrid (61,96%) y Murcia (61,39% parados no cobran).

El otro reto, tras ayudarles a sobrevivir, es ayudara los parados a encontrar trabajo. Y eso requiere tomarse en serio la reforma de las oficinas de empleo, que hoy no sirven ni para recolocar a los parados (sólo al 2%) ni para formarles (sólo hacen cursos el 4,12% de los parados) ni para reorientarles profesionalmente  (el 91,3% no reciben orientación personalizada). Y sobre todo, poner en marcha políticas activas de empleo, para ayudar a formarse y recolocar a los parados que lo tienen más difícil: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Eso exige incentivos eficaces a la contratación y medidas para fomentar los contratos estables (el 26,10% de los trabajadores tienen contrato temporal, la tasa más alta en Europa, y sólo el 8% de los contratos temporales se hacen fijos), con ayudas fiscales y cotizaciones, mejorando los medios de la inspección de Trabajo (hay 1.800 funcionarios, la mitad de inspectores que en Europa, según la OIT) para evitar el fraude en la contratación y el empleo precario injustificado. Y promover mayores subidas de salarios, ahora que hay beneficios empresariales, para compensar el sacrificio hecho y reanimar el consumo.

El segundo gran reto es la pobreza y la desigualdad, que han crecido con la crisis, a pesar de la recuperación. De entrada, el 70% de los españoles aseguran que “no han notado la recuperación”, según una Encuesta incluida en el Informe FOESSA “Desprotección Social y Estrategias Familiares 2017”, encargado por Caritas. Y es lógico, porque un 70% de la población tiene  menos ingresos que en 2007, según un estudio de Intermón Oxfam presentado en la última Cumbre de Davos. Y eso se debe a que el crecimiento “ha ido por barrios”: así, en el último año, el 1% más rico de españoles captó el 40% de la riqueza creada, mientras el 50% más pobre captó el 7% del crecimiento. Un reparto desigual de la recuperación que ha agravado la desigualdad, convirtiendo a España en el tercer país con más desigualdad de Europa, detrás de Rumanía y Bulgaria. El dato presentado en Davos por Intermón Oxfam es impresionante: el 10% más rico de españoles concentran más de la mitad de la riqueza (el 53,8%) y el 90% restante se lleva el 46,2% del pastel.

La recuperación tampoco ha servido para reducir la pobreza, que ha aumentado en España desde 2007, para alcanzar un récord histórico: hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que tenían una situación precaria en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se coloca como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE) en 2016, con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la UE-28 (23,5%) y sólo por detrás de Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat.  Y lo peor es que la pobreza se ha “enquistado” en España, en determinados colectivos y familias, sobre todo en esos 4 millones de españoles que están en la pobreza extrema, según Cáritas. Y lo más sangrante es que 1.400.000 niños españoles son pobres, según Save The Children.

El tercer gran reto es la igualdad entre hombres y mujeres y la demografía. No se trata sólo de la brecha salarial (los hombres ganan un 22,3% más que las mujeres, según los últimos datos del INE) sino de otras “brechas” enormes de las que se habla menos: hay más mujeres inactivas (2.6709.500 más que hombres), menos mujeres trabajando (1.554.600 menos, una tasa de actividad del 57,12% frente al 68,02% los hombres), en peores puestos, más mujeres paradas(18,54% de paro frente a 15,18% los hombres), cobran  menos paro (el 14,06% menos que los hombres) y menos pensión (725,02 euros de media frente a 1.147,98 euros los hombres, otra “brecha” del  -36,85%). Y encima, luego en casa, las mujeres trabajan una media de 26,5 horas a la semana en casa, frente a 14 horas los hombres, según el INE. Una de las consecuencias de esta discriminación de la mujer es que tiene menos hijos y los tiene más tarde: 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 y la tasa de natalidad más baja de Europa. Con ello, España camina imparable al suicidio demográfico”: perdemos población y cada vez habrá más viejos y menos jóvenes para trabajar y sostener el sistema.

El cuarto gran reto son las pensiones, en un doble sentido: pagar y revalorizar las pensiones actuales y asegurar unas decentes pensiones futuras. Con el empleo tan precario y el envejecimiento de la población, los ingresos por cotizaciones no dan para pagar las pensiones actuales y revalorizarlas, con lo que hay un déficit (-18.000 millones en 2017) que se agravará en 2050, cuando haya 15 millones de pensionistas y menos activos para cotizar. Aquí, urge tomar medidas a corto plazo para enjugar el déficit actual (eliminar tarifas planas, ahorrar costes, aumentar cotizaciones salarios altos, mejorar la calidad del empleo para recaudar más…), pero hay que afrontar una reforma a fondo del sistema, asegurando más ingresos de forma estable (entre 30.000 y 50.000 millones de euros, vía cotizaciones e impuestos) y clarificando las pensiones que se pueden pagar.

En quinto gran reto es “apuntalar” el Estado del Bienestar, tras los drásticos recortes impuestos por el Gobierno Rajoy. Mejorar la situación de la Sanidad, con más recursos, una recomposición de plantillas (precarias, temporales e insuficientes) y una mejor gestión, tratando de homogeneizar las prestaciones sanitarias, hoy muy distintas según las autonomías, y universalizarlas (a todos los inmigrantes). En la Educación, hay que aumentar el gasto y recomponer las plantillas, luchando contra el fracaso escolar, volcándose en el refuerzo de los alumnos más retrasados y dando más peso a la formación profesional, clave del empleo. Y sobre todo, cambiar a fondo la enseñanza: formar a los jóvenes, en los empleos que va a demandar el futuro, que la Universidad deje de ser una costosa “fábrica de parados”. Y en la Dependencia, hay que aprobar un Plan de choque para acabar con esos 300.000 dependientes con derechos que están en lista de espera para recibir ayudas y reforzar las prestaciones, hoy con exceso de servicios “low cost”.

El sexto gran reto es la vivienda, donde un tercio de la población no puede ni comprar ni alquilar, por los elevados precios, lo que lleva al 80% de los jóvenes a seguir viviendo con sus padres. Urge promover un parque de vivienda pública en alquiler, a través de Ayuntamientos y autonomías, porque sólo un aumento de la oferta forzará una bajada de alquileres, no las ayudas a los inquilinos (que suben el precio). Y vigilar las condiciones de las hipotecas que dan los bancos, para que no haya tantas clausulas abusivas.

Un séptimo reto es la energía y el medio ambiente. No puede ser que las familias españolas paguen la 3ª electricidad más cara de Europa, tras Irlanda y Bélgica: 0,176 euros/kWh sin impuestos, un 40% más que la media europea (0,125 euros/kWh en la UE-28) y muy por encima de Francia (0,110 euros), Portugal (0,123), Italia (0,1326), Reino Unido (0,134) o Alemania (0,139 euros/kWh), según Eurostat. Y lo mismo les pasa a las industrias: pagan la electricidad, sin impuestos, a 0,083 euros/kWh, un 20,3% más cara que el coste medio en Europa (0,069 euros/kWh) y por encima de lo que pagan por la luz las empresas en Alemania (0,064 euros) y Francia (0,059 euros), aunque no Reino Unido, una isla (0,093 euros), según los datos del Ministerio de Energía. Y no sólo pagamos la luz más cara sino que tenemos mucho más dependencia energética del exterior y consumimos más energía que el resto de europeos, somos energéticamente menos eficientes. Y por todo ello, emitimos demasiado CO2. De hecho, somos el 5º país europeo que más aumentó las emisiones de CO2 en 2017 (+7,4%), según Eurostat. Y España es uno de los cinco únicos países de Europa (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Un tema preocupante que obliga a pactar ya una Ley de Cambio Climático.

El octavo gran reto es la tecnología, apoyar a la Ciencia, que ha perdido 40.000 millones de euros desde 2009 entre los recortes y el que no se haya gastado la mitad del Presupuesto cada año (en 2016 no se gastó el 62%). El gasto público en Ciencia es del 1,23% del PIB, frente al 2,03% la UE y las empresas españolas gastan en tecnología la mitad de las europeas. Esto explica en buena medida la baja productividad de España ( en el puesto 34 del mundo, según el Foro Económico Mundial) y el menor valor añadido de lo que exportamos, junto a otros problemas como la baja formación de los trabajadores, el menor tamaño de las empresas (hay un exceso de pymes) y las dificultades de financiación. Y por supuesto, la digitalización de la economía y las empresas, otro reto pendiente.

El noveno gran reto de España es el cambio de modelo económico, para que el crecimiento se asiente más en la industria (que ha perdido peso, hasta  aportar el 13,06% del PIB, frente al  17% en Europa y el 24% del PIB en Alemania) y menos en los servicios, donde trabajan ya 3 de cada 4 españoles y que aporta un empleo más precario, peor pagado y vulnerable. Eso pasa por apoyar la reindustrialización, buscando promover empresas que encuentren su nicho en el mundo, con productos innovadores, competitividad y de calidad. Y a la vez, apostar por una reconversión del turismo, la primera industria española, que tiene que pasar de un turismo low cost masivo a un turismo de calidad no sólo centrado en sol y playa.

Y el 10ª gran reto, que es más bien el primero, una profunda reforma fiscal, para conseguir recaudar más, la condición imprescindible para poder gastar más en los retos anteriores. Hace poco comentaba en este blog que el problema nº1 de España es recaudar poco, menos que el resto de Europa: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso significa que si España recaudara como los demás países UE, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit público (el mayor de Europa) y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro y la industrialización. Y sólo recaudando más se puede mejorar la financiación de las autonomías, otro gran reto

Bueno, son muchos retos como para resolverlos en unos meses y más un Gobierno con sólo 84 diputados. Por ello, lo más sensato sería plantear un Plan de medidas urgentes, que diera prioridad a algunas necesidades y tratara de sacarlo adelante porque hacen falta y nadie debería oponerse. Yo propongo 10 medidas para lo que queda de año. Una, un Plan de choque contra el paro, para que 1 millón de los parados que no cobran (la mitad) cobren 430 euros al mes. En medio año, costaría 2.500 millones. Dos, un Plan de empleo centrado en los parados de larga duración jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con políticas de formación e incentivos a la recolocación, con otros 1.000 millones. Tres, un Plan de choque contra la pobreza, sobre todo la infantil, que costaría 1.500 millones en medio año. Cuatro, 500 millones en guarderías y ayudas a la familia (ampliar los permisos de paternidad). Cinco, 1.000 millones extras para la sanidad. Seis, otros 1.000 millones para educación (becas y recuperación alumnos problemáticos). Siete, reducir la mitad de la lista de espera de la Dependencia, gastando 348 millones este año. Ocho, 120 millones para completar la aplicación del Pacto contra la violencia de género. Nueve, 500 millones para promover con los Ayuntamientos un parque de viviendas públicas en alquiler. Y diez, 1.000 millones extras para Ciencia, para agilizar los planes tecnológicos paralizados.

La clave para hacerlas realidad es recaudar los 10.000 millones que cuestan. Unos ingresos extras que se pueden conseguir con varias medidas. Una, subir los impuestos a los carburantes (mucho más bajos que en Europa), como defiende la Comisión Europea: se podrían sacer 1.500 millones extras hasta diciembre. Dos, subir el IVA reducido y superreducido a muchos productos, como también defiende Bruselas: otros 1.500 millones extras en medio año. Tercera, ingresar 2.000 millones más subiendo el tipo de sociedades (a las grandes empresas), subiendo el tipo al ahorro, subir el tipo del IRPF a los que ganan más de 100.000 euros y limitar desgravaciones. Cuarta, conseguir otros 1.000 millones con impuestos verdes, a los que más contaminan, como defiende la Comisión Europea. Quinta, el impuesto a las tecnológicas, que podría reportar 500 millones en medio año. Y quinta, un Plan especial de lucha contra el fraude, para recaudar los 1.500 millones restantes.

Son unos objetivos necesarios y posibles, que nadie debería rechazar por motivos políticos y que beneficiarían a mucha gente, sobre todo a los que peor parados han salido de la crisis. Y además, ayudarían a reanimar el crecimiento y el empleo, ahora que “soplan vientos en contra” desde fuera que pueden hacer peligrar la recuperación: subida del petróleo, incertidumbre del euro, posible subida de tipos, crisis y bajo crecimiento en Europa, incertidumbre política internacional y proteccionismo comercial. Gastar más en lo que hace falta ayudaría a reanimar la economía y compensar las turbulencias de fuera. Y hay muchas otras medidas que no cuestan dinero al Estado, como una Ley de Igualdad Salarial, cambiar la política eléctrica, gastar lo presupuestado, eliminar las restricciones burocráticas a la investigación o escuchar a la gente.

Son tareas para estos primeros meses del Gobierno Sánchez, que podrían continuarse en la negociación de los Presupuestos de 2019. Una antesala para afrontar  de verdad los grandes retos, algo que sólo se podrá hacer tras unas elecciones, ya sean en mayo (con las autonómicas y municipales) o en octubre de 2019, con pactos de Estado a medio plazo que ahora parecen políticamente imposibles Pero antes de esas elecciones, habrá que hacer algo, avanzar en lo urgente, con realismo y sin politiqueos. El nuevo Gobierno debe de intentarlo, buscando amplios apoyos. Y si hay grupos que boicotean medidas imprescindibles que benefician a la mayoría, se “retratarán” ante los ciudadanos. No queda otra que intentar avanzar con sensatez. Ya hemos estado demasiado tiempo parados.