jueves, 21 de septiembre de 2017

Rescate bancario: más coste que los recortes


Rajoy y su Gobierno prometieron que el rescate bancariono iba a costar un euro a los españoles”. Ahora, el Banco de España dice que 41.150 millones de dinero público aportados a 14 Cajas y bancos son irrecuperables (7 de cada 10 euros). Y somos el país europeo de los grandes que más pierde con el rescate bancario: 2.286 euros por familia. Superan los 37.000 millones recortados por Rajoy para rebajar el déficit. Significa que sin el rescate bancario, no tendría que haber hecho los dolorosos recortes en sanidad, educación, paro, dependencia, tecnología, ayudas sociales y otros. Además, este enorme esfuerzo de todos ha servido para que los grandes bancos beneficiados, que se quedaron con las entidades saneados, sean ahora más fuertes: entre 5 controlan el 64% del mercado, más que en Europa, imponiendo tipos y comisiones. Y además, destruyen empleo, dan pocos créditos y no son transparentes. Es hora de pedir, a cambio de un ajuste tan costoso (por el que sólo hay 4 en prisión), una banca más ética, transparente, cercana y útil. Necesitamos una banca “nueva”.



                                                                                         enrique ortega

Entre 2010 y 2011, la Comisión Europea rescató a Grecia (mayo 2010), Irlanda (noviembre 2010) y Portugal (mayo 2011). España, demasiado grande para ser intervenida, se salvó del rescate como país por la puerta de atrás : el 9 de junio de 2012, el Gobierno Rajoy pidió finalmente 41.300 millones de ayudas europeas para rescatar a la banca. Y en estos años, hasta finales de 2016, se han destinado 77.702 millones de euros a sanear 14 Cajas y bancos, según el balance oficial del Banco de España publicado en septiembre. Han sido para Bankia (22.424 millones), Catalunya Bank (13.887 millones), Caja de Ahorros del Mediterráneo (11.093 millones), Novacaixagalicia (10.384 millones), Banco de Valencia (6.154 millones), Caja Castilla la Mancha (4.215 millones), Unnim (2642), BMN (1.645 millones), CEIIS (1.559 millones), Cajasur (1.192 millones), Banca Cívica (977 millones), Caja 3 (407 millones), Banco Gallego (245) y Liberbank (124 millones).

De estos 77.702 millones inyectados a esas 14 entidades, dos tercios (55.425 millones) son ayudas públicas (a través del FROB) y el tercio restante (22.277 millones) lo han aportado bancos y Cajas, a través del Fondo de Garantías. Pues bien, según el balance del Banco de España, de los 55.425 millones de ayudas públicas, ya se han recuperado 3.873 millones y se esperan recuperar otros 10.402 millones con la futura venta de Bankia-BMN (9.800 millones) y los 604 millones (ya recibidos) de Unicaja por Caja Duero. O sea, que de una aportación pública (FROB) al rescate bancario de 55.425 millones, son irrecuperables 41.150 millones, el 74%. A lo claro: se perderán 7,4 de cada 10 euros gastados, una media de 889 euros por español y 2.286 euros de coste final por cada familia. Y los ciudadanos también pagaremos buena parte de la otra parte de la factura, la que ha pagado la banca, los 22.277 euros aportados por el Fondo de Garantías y de los que sólo se han recuperado 673 millones: los pagaremos vía más comisiones (los clientes) y menos dividendos (los accionistas).

Pero al final, el coste del rescate bancario puede ser mayor de los 41.150 millones de que habla el Banco de España. Sobre todo, porque otros cálculos indican que el coste ha sido superior a los 77.702 millones que dice el banco emisor. Por un lado, el Tribunal de Cuentas ya elevó la cifra de ayudas a la banca a 107.914 millones de euros, en un informe de 2014, donde incluía créditos y avales no contemplados por el cálculo del Banco de España. Y la Comisión Europea, en su informe Scoreboard 2015, elevaba las ayudas públicas a la banca en España a 93.300 millones de euros, el 8,49% del PIB. Y señalaba que en toda la Unión Europea se han destinado 642.000 millones de euros (el 4,94% del PIB) a sanear la banca, siendo España el 7º país que más ha gastado, tras Irlanda (34,86% del PIB), Chipre (17,53%), Grecia (16,88%), Bélgica (12,04%), Eslovenia (10,11%) y Portugal (8,86% PIB).

Y encima, España es el país europeo de los grandes que más lleva perdido en el rescate bancario, según los últimos datos de la Comisión Europeaun coste no recuperado de 48.000 millones (6.850 millones más de lo que dice el Banco de España), el 4,3% del PIB, que triplica el coste perdido por los 28 paises europeos (1,5%) y duplica con creces los costes no recuperados en el rescate bancario por los paises euro (1,9%). También supera lo perdido por Alemania (1,3% del PIB), Italia (0,2%) o Reino Unido (0,6%), mientras Holanda o Francia han recuperado con intereses las ayudas prestadas, igual que EEUU. Con ello, España es el 5º país europeo con más ayudas irrecuperables a la banca (4,2% PIB), tras Irlanda (17%), Grecia (15,6%), Eslovenia (13,3%), Chipre(10,7%) y Portugal (7%). Esta mayor factura del rescate bancario se debe, según los expertos, a que en España se actuó tarde (en 2012 en lugar de en 2009 y 2010, como otros paises), la crisis inmobiliaria era más profunda, la supervisión fue errónea (Banco de España y Gobiernos) y chocó con la resistencia y la politización de Gobiernos y autonomías (Cajas).   

Además, hay otras ayudas que no se incluyen en estas cifras, como las ayudas fiscales que van a tener durante muchos años los bancos que han comprado Cajas y bancos rescatados. Se llaman “créditos fiscales” y son millones que deja de recaudar Hacienda. CaixaBank, por ejemplo se apuntó 1.208 millones de créditos fiscales (menos impuestos, más beneficios) en 2013, por la compra del Banco de Valencia. Y lo mismo han hecho BBVA o Sabadell, los otros grandes que han comprado bancos en crisis. Hay también otros costes, como los 82.000 empleos perdidos en la banca desde 2008 (3 de cada 10 empleados) y el cierre de 16.000 sucursales bancarias (1 de cada 3), que provoca un deterioro del servicio a los clientes en media España. Y además, en estos 5 años de reconversión bancaria, los bancos supervivientes no han estado para prestar a empresas y familias, con lo que ha habido un coste adicional de menos créditos (-500.000 millones) y un mayor cobro de comisiones y tipos, para compensar sus propios costes (298.541 millones en saneamientos).

Pero eso sí, también hay quien ha salido ganando con este rescate bancario que tanto ha costado a los contribuyentes, empleados y clientes. Son los grandes bancos, que ahora son más grandes, sin haber gastado demasiado en unas compras que nos han costado a todos 41.150 millones. Los más beneficiados han sido CaixaBank, que se quedó con Banco de Valencia (6.154 millones de ayudas públicas irrecuperables) y Banca Cívica (toda la ayuda pública se ha recuperado) y Banco Sabadell, que adquirió la Caja de Ahorros del Mediterráneo (11.093 millones aportados por el Fondo de Garantías sin recuperar) y el Banco Gallego (340 millones de ayudas públicas irrecuperables). Y BBVA, que se adjudicó Cataluña Bank (11.803 millones de ayudas públicas irrecuperables) y Unnim (2.642 millones del Fondo de garantías irrecuperables). Luego están Banesco, el mayor banco de Venezuela, que compró Novacaixagalicia-Abanca (9.052 millones de aportaciones públicas irrecuperables) y Unicaja, que se adjudicó CEIIS, una entidad (Caja España + Caja Duero) a la que se aportaron 955 millones públicos irrecuperables. Y Cajastur, que se quedó con Caja Castilla la Mancha (4.215 millones del Fondo de garantías irrecuperables), BBK que compró Cajasur (392 millones públicos irrecuperables) e Ibercaja que adquirió Caja3 (Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz), una de las tres entidades rescatadas donde se ha recuperado toda la ayuda pública, como en Liberbank (Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria), que podría fusionarse con Ibercaja. Ahí están nuestras ayudas perdidas.

Ya no es sólo que los grandes bancos se hayan quedado con Cajas y bancos rescatados por todos a precio de saldo, sin pagar todo el dinero inyectado (público y privado). Es que además, gracias a estas compras, la gran banca se ha hecho más fuerte, sobre todo tras la reciente compra del Popular por el Santander (también a precio de saldo, 1 euro, y ayudas y créditos fiscales). Así, ahora, los 3 grandes grupos bancarios (Santander, CaixaBank y BBVA) controlan ya la mitad del mercado bancario (48,3% del crédito y 49,6% de los depósitos). Y si incluimos a Bankia  y Sabadell, los cinco grandes controlan el 64% del mercado bancario (el presidente de Bankia habla incluso del 72%), un porcentaje que llega al 75% (y lo supera incluso) en 21 provincias (Galicia, Aragón, las 2 Castillas, Gerona, Cáceres, Huelva y Tenerife), según ha alertado el Banco Central Europeo (BCE). Un oligopolio bancario que no se da en ningún otro país europeo, donde los 5 grandes bancos controlan el 48% del mercado en la zona euro, el 32% en Alemania, el 48% en Francia, el 41% en Italia y el 39% en Reino Unido. Y esta concentración aumentará en 2018, cuando se vendan Bankia-BMN (y aunque se prevé ingresar por la venta 9.800 millones, aun quedarán otros 14.271 millones públicos aportados irrecuperables).

Así que el rescate bancario se ha saldado con 41.150 millones de euros públicos perdidos, más ayudas fiscales indeterminadas, 82.000 despidos y 16.000 sucursales cerradas, menos crédito y más tipos y comisiones bancarias para los clientes. Un elevado coste que ha salvado los depósitos de millones de clientes, como dice Rajoy, pero ha hecho más fuertes a los grandes bancos, que este año han digerido ya la crisis y ganan 7.967 millones de euros en el primer semestre, un 21% más que el año pasado. Y que son más fuertes para imponer tipos y comisiones a los clientes, mientras no se “mojan” en dar créditos a las empresas (sobre todo a las pymes) y centran su actividad en dar créditos al consumo (a tipos más altos que en Europa) y más hipotecas. Y que siguen en los Juzgados, porque hay ya 57.000 demandas presentadas desde junio por clientes, por presuntos abusos en préstamos y cláusulas suelo.

O sea, que tenemos una banca poco transparente, que presta menos de lo que se pide, cobra altos tipos y muchas comisiones, paga poco por el ahorro y  además,  tiene una mala imagen entre los clientes: “la reputación de la banca está bajo mínimos. Es un problema muy serio”, ha dicho sin ambages el consejero delegado de CaixaBank. Un pobre balance para un sector que se ha beneficiado de 41.500 millones de ayudas públicas irrecuperables. Unas ayudas que han obligado al Gobierno Rajoy a hacer unos recortes drásticos estos años, para reducir el déficit: se han recortado desde 2012 unos 37.000 millones de euros en ayudas a los parados (-11.364 millones), en sanidad (-9.787 millones), educación (-7426 millones), Dependencia (-2.865 millones), ayudas a las familias (-1.200 millones), gastos sociales (-1.000 millones) y Ciencia (-3.741 millones en I+D+i), entre otros. Recortes que han sufrido millones de españoles y que se podrían haber evitado si las Cajas y bancos rescatados se hubieran gestionado mejor y si su supervisor (el Banco de España no ha hecho autocrítica) y los gobiernos de Aznar y Zapatero los hubieran auditado mejor y obligado a sanearse con sus propios medios, sin coste público, como han hecho con el Popular.

Y hay otro tema que “clama al cielo”: tras un rescate bancario tan costoso para los españoles, sólo hay 4 directivos bancarios en la cárcel: 4 directivos de Novacaixagalicia, en prisión desde el 16 de enero, tras ser condenados a 2 años de cárcel. El presidente de esa Caja, Julio Fernández Gayoso, salió en libertad  el pasado 4 de agosto. Y otro ejecutivo bancario que pasó por prisión, Miguel Blesa, estaba en libertad y se suicidó en julio. Y aunque hay 274 directivos bancarios investigados en los juzgados, en 47 causas remitidas a la Fiscalía por el FROB, todos están en libertad. Y casi ninguno de ellos, que se beneficiaron de sueldos e indemnizaciones de escándalo, ha devuelto nada de los 41.500 millones públicos perdidos por su corrupción y mala gestión.

Así que lo peor no es sólo lo mucho que se ha perdido con el rescate bancario sino que no se ha castigado a los culpables y que los bancos beneficiados son más fuertes que antes y no cambian su comportamiento ante los clientes. Todavía se está a tiempo de aprovechar la nacionalización de Bankia y BMN (fruto de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra) para crear con estas dos entidades (fusionadas desde el 14 de septiembre) un banco público, que sea el contrapunto a una potente banca privada. En vez de malvenderlo a uno de los grandes (y hacerlos así más poderosos), el Gobierno y la posición deberían pactar utilizarlo como ariete para promover una banca más cercana, que preste más y sea más transparente. Y eso es lo que habría que exigir al resto de la banca: que si se ha beneficiado de 41.500 millones que hemos aportado todos, los reviertan a la sociedad, con una banca ética, justa, cercana útil y comprometida con la recuperación. No es mucho pedir dado lo que nos han costado a los españoles. Necesitamos una banca ”nueva” para encarar mejor el futuro.

lunes, 18 de septiembre de 2017

La sanidad privada quiere las listas de espera


Los hospitales privados se han descolgado con una propuesta a las autonomías para hacerse cargo de las listas de espera de la sanidad pública y atender en 4 meses a los 614.000 españoles que esperan para operarse. Eso sí, cobrando 1.500 millones. Una vuelta de tuerca de la sanidad privada, que crece imparable a costa de los pacientes que ya les deriva la sanidad privada y del tirón de los seguros médicos, que pagan ya 10 millones de españoles. Y todo porque la sanidad pública española, un referente en Europa, se ha deteriorado en los últimos años, por los recortes de presupuestos, médicos y enfermeras y una gestión deficiente y politizada. La sanidad es ya la tercera preocupación de los españoles y  urge recomponerla, por lo que todos los partidos, salvo PP y Ciudadanos, acaban de pedir un Pacto sanitario en el Congreso. Hacen falta más recursos, más personal, más hospitales y centros y, sobre todo, reformas y una gestión más eficiente. No privatizarla más.


                                                                                            enrique ortega

El aumento de las listas de espera es un claro síntoma de los males de la sanidad pública española, causados básicamente por los recortes del Presupuesto sanitario (-9.787 millones de euros entre 2009 y 2013, 1 de cada 7 euros perdidos, según datos de Hacienda) y el ajuste de plantillas (11.000 médicos y 30.000 enfermeras), que no han sido todavía compensados con los aumentos de recursos y personal hechos entre 2015 y 2017. Este recorte de gastos y personal han deteriorado la oferta sanitaria mientras seguía aumentando la demanda, por el aumento de la población y su envejecimiento. La consecuencia es que la sanidad pública no puede atender como antes, aumentan las listas de espera y los hospitales, centros de salud y las urgencias se colapsan, en medio de protestas de profesionales y pacientes.  

El mayor síntoma del deterioro de la sanidad pública son las listas de espera para operarse, que han pasado de 372.468 pacientes en 2009 a 614.101 en diciembre de 2016, según los datos del Ministerio de Sanidad. La mayoría esperan operarse de traumatología (175.257 personas), de oftalmología (125.638 pacientes, 95.100 de cataratas) y cirugía general y del aparato digestivo (115.610 personas). El tiempo medio de espera ha pasado de 67 días (2009) a 115 días a finales de 2016. Y lo peor es que un 18,9% esperan más de 6 meses para operarse, sobre todo en neurocirugía, plástica, pediatría y trauma. Y la espera es mayor en Canarias (182 días), Cataluña (173) y Castilla la Mancha (162 días), mientras es baja en la Rioja (49 días), País Vasco (50) y Madrid (55 días).

También es preocupante la lista de espera para una consulta al especialista, que ha pasado de 59 días de media en 2009 a 72 días en 2016.Las mayores esperas se dan en las consultas de traumatología (8,23 por 1000 habitantes), oftalmología (8,08), dermatología (6,13), otorrino (2,91), ginecología (2,88), digestivo (2,43) y neurología (2,24 por 1.000 habitantes), según los datos de Sanidad. Y lo peor es que casi la mitad de los pacientes (el 46,4%) esperan más de 60 días para ir a la consulta del especialista, siendo las regiones con mayor espera Cataluña (138 días), Canarias (117 días) y Cantabria (75) y las mejores País Vasco (27 días), la Rioja (32), Madrid  y Castilla la Mancha (42 días de espera media).

Este aumento de las listas de espera, tanto para operarse como para ir al especialista, ha alimentado estos años la sanidad privada, multiplicando los seguros de salud, el único que creció durante la crisis. Y la consecuencia es que en 2017 se habrán superado los 10 millones de españoles que tienen un seguro médico privado, porque 2016 se cerró con 9.690.000 asegurados (7.077.000 privados y el resto funcionarios a los que les paga el seguro su Mutualidad), que pagaron unas primas de 7.737 millones, según datos de la  Fundación IDIS. Un negocio boyante que se concentra en 5 compañías que copan el 72% del mercado: Segur Caixa Adeslas (28,5%), Sanitas (15,7%), Asisa (13,7%), DKV (7,1%) y Mapfre (6,4%).

Los seguros de salud son la principal fuente de financiación de la sanidad privada, que obtiene de ellos el 62% de sus ingresos. Pero otro 23% de ingresos los obtienen de la sanidad pública, de los conciertos, de derivar pacientes para pruebas y operaciones de hospitales públicos a hospitales privados (el 42% de ellos tiene algún concierto con la sanidad pública, según la Fundación de la sanidad privada IDIS). En 2015, la sanidad pública destinó 7.540 millones a pagar conciertos con la privada, el 11,8% de todo el gasto sanitario público. Y hay varias autonomías donde los conciertos pesan mucho más, sobre todo Cataluña (el 24,8% del gasto sanitario público va a hospitales privados), Madrid y Baleares (11,7%) y Canarias (10,4%), mientras apenas pesan en las cuentas de Cantabria (3,7%), Castilla y León (4,1%), Extremadura (4,6%) y Andalucía (4,9%). La tercera fuente de financiación de la sanidad privada (15% del total) son los pacientes que pagan directamente sus servicios.

Ahora, la sanidad privada busca dar un salto hacia adelante y ha presentado a primeros de septiembre una propuesta para que las autonomías les deriven las listas de espera quirúrgica (614.101 pacientes), con la promesa de acabar con ellas en 4 meses. Eso sí, a cambio de cobrarles 1.500 millones de euros. Las que más tendrían que pagar serían Cataluña (385 millones para operar a 157.000 pacientes en espera quirúrgica), Andalucía (155 millones y 64.000 pacientes), Madrid (146 millones y 60.000 en espera) y la Comunidad Valenciana (134 millones y 55.000 pacientes en espera), siendo menor el coste para el resto, aunque, en comparación con su Presupuesto, tendrían que hacer un gran esfuerzo Murcia (66 millones, el 3,7% de su gasto sanitario), Castilla la Mancha (90 millones, el 3,2%), Canarias (83 millones, el 2,6% de su gasto sanitario) y Galicia (88 millones, el 2,5%).

De momento, ninguna autonomía les ha dicho que sí y todas siguen con sus “Planes de choque” contra las listas de espera (poco eficaces) y derivando pruebas y operaciones a la privada. Una sanidad privada que ha dado un gran salto con el deterioro de la sanidad pública, pasando de facturar 23.789 millones de euros en 2007 a unos 30.000 millones en 2016, casi un tercio del mercado sanitario español, según datos de la Fundación IDIS. Y un tercio de este pastel sanitario privado se lo disputan los 452 hospitales privados, que facturaron más de 10.000 millones de euros en 2015, según la Fundación IDIS. Un pastel muy apetitoso, que ha provocado la llegada a España de fondos de inversión y multinacionales, como la alemana Helios, que compró en 2016 el primer grupo hospitalario español, Quirón Salud (43 hospitales y 2.300 millones facturados).

Y todo apunta a que los inversores extranjeros seguirán entrando en la sanidad privada española, porque es un mercado con gran potencial: gastamos menos en sanidad que el resto de Europa (un 8,8% del PIB, frente al 8,9% en la OCDE, el 10,9% en Francia o el 11% en Alemania), hay menos camas de hospital por habitante (3,2/1.000 habitantes frente a 8,3 en Alemania) y hay más seguros médicos privados, que además son más baratos (70 euros media frente a 240 en Alemania). Y además, somos el segundo destino del mundo en “turismo sanitario”, con una oferta de calidad y bajos precios (operaciones que valen en Madrid o la Costa del Sol la mitad que en Londres y un tercio que en Nueva York).  

Pero sobre todo, la sanidad privada crece a costa del deterioro de la sanidad pública, que ha empeorado su atención, por los recortes y la precariedad de sus plantillas: un tercio de sus empleados (480.626 en 2016) son eventuales (con contratos temporales), de ellos la tercera parte interinos (169.828).Y sólo la mitad de los médicos (50,7%) que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen una plaza en propiedad, según una encuesta de la CESM. De la otra mitad, un 19,2% son contratados fijos y el 30,8% restante son médicos contratados, muchos desde hace una década y la tercera parte con contratos de menos de 6 meses, que se renuevan una y otra vez. Y aún hay más precariedad entre enfermeros y enfermeras (y tenemos 5,1/1.000 habitantes frente a 8,4 en Europa).

Esta precariedad laboral más el recorte de medios y la falta de inversiones (en tecnología hospitalaria, obsoleta, y en nuevos hospitales, con los viejos muy estropeados) han deteriorado mucho la sanidad pública, sobre todo las urgencias y en épocas de gripe y epidemias, disparando las listas de espera. Y la situación puede empeorar, debido al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas (hoy ya las tienen 4 de cada 10 españoles), que van a disparar la demanda sanitaria y el gasto en los próximos años (por la tecnología y los nuevos fármacos, mucho más caros).

Las listas de espera no son algo coyuntural sino que revelan los males de fondo de la sanidad pública. De ahí que no hayan podido frenarse con Planes de choque ni derivándolas a los hospitales privados. Son parches” que no atajan los problemas de fondo: la falta de médicos y personal sanitario, de hospitales y centros en algunas zonas y, sobre todo, los problemas de organización de la sanidad pública. No es de recibo que haya quirófanos cerrados por falta de profesionales y que además no funcionen por las tardes, entre otras razones porque los médicos adscritos están operando en la privada. Habría que establecer prioridades, optimizar recursos, desarrollar la cirugía ambulatoria e implicar mejor a los profesionales (con incentivos) en la lucha contra las listas de espera.

Y, sobre todo, hay que coordinar mejor la atención sanitaria pública, porque cada autonomía va a su aire, en el gasto y en la atención que ofrecen. Las que más gastaron en sanidad en 2016 fueron Navarra (1.633 euros/habitante), País Vasco (1.632 euros), Asturias (1.578), Extremadura (1.422) y Cantabria (1.418 euros). Y las que menos, Andalucía (1.106 euros/habitante), Cataluña (1.180) y Madrid (1.184), un 50% menos que navarros, vascos y asturianos, junto a Castilla la Mancha (1.271), Comunidad Valenciana (1.233 euros) y Murcia (1.209 euros/habitante), según datos de la FDSP. Y claro, con menos gasto, menos camas (Andalucía y Valencia) y menos médicos y enfermeras por habitante (Andalucía y Cataluña). Y en consecuencia, peor sanidad. La mejor nota en el ranking de la FDSP se la llevan Navarra y el País Vasco (90 puntos sobre 114), Aragón (82) y Asturias (79), mientras suspenden Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59 puntos), Cataluña y Andalucía (60 puntos).

Los españoles todavía aprueban a la sanidad pública (nota de 6,57 puntos en el Barómetro sanitario 2016), pero ahora la sanidad ha pasado a ser el tercer motivo de preocupación de los españoles, por detrás del paro y la economía, según el Barómetro del CIS de enero 2017. Y un tercio de los españoles cree que necesita cambios de fondo. Y también la mayoría de los partidos: 11 grupos políticos, todos menos el PP y Ciudadanos, firmaron el 12 de septiembre un Pacto en el Congreso para mejorar la sanidad y revertir los recortes.

La primera medida de cualquier Pacto sanitario debe ser asegurar un mayor gasto en sanidad, para revertir los recortes ¿Cuánto? Una pista puede ser conseguir que España gaste en sanidad como el resto de Europa, lo que ahora no sucede: el gasto sanitario público supone el 6,2% del PIB (2015), frente al 7,2% en la UE-28, Alemania o Italia, el 8,2% de Francia, el 7,6% de Reino Unido y el 8,6% de Dinamarca, según Eurostat (2015). Gastar en sanidad como los europeos supondría gastar 11.000 millones más al año, lo que exige recaudar más. En paralelo, hay que aumentar las plantillas (los 10.000 médicos y 41.000 enfermeras perdidos y más), estabilizando sus contratos. Gastar más en tecnología sanitaria (la cuarta parte de equipos tienen más de 10 años), en nuevos hospitales y centros de salud. Pero no es sólo cuestión de más dinero: hay que reformar la organización sanitaria y mejorar la gestión, aumentando la productividad, implicando más a médicos y enfermeras. Y gastar más en prevención y atención primaria, para gastar menos en hospitalizaciones.

Las listas de espera son “una excusa” para que los seguros y la sanidad privada aumenten su negocio. Pero el problema está ahí, es serio y no se resuelve con “parches” que no vayan al fondo del problema: el deterioro de la sanidad pública. Es de las mejores del mundo, pero pasa por un mal momento, con una atención que se ha deteriorado, con un gasto creciente y pacientes más viejos. Hay que apuntalar la sanidad pública, con más recursos, más personal, más medios, menos diferencias regionales y una mejor gestión. Urge un Pacto sanitario que cuente con las autonomías, los profesionales y los pacientes. Nuestra salud es demasiado importante como para dejar que la sanidad pública se deteriores más. Actúen ya.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Urge aprobar un Plan de empleo


Rajoy y su Gobierno se fueron de vacaciones eufóricos con el empleo, por la EPA y los contratos de julio. Pero al volver, el jarro de agua fría: agosto sufrió el mayor aumento del paro desde 2008. El empleo es un tobogán, con millones de contratos que se firman y luego se rescinden a la semana o al mes. Crece el empleo, pero es inestable y precario. Mientras, más de la mitad  de los parados no cobran nada y el 15 de agosto se suspendió el Plan Prepara, las ayudas a los parados “viejos” con familia. Urge aprobar un Plan de empleo con 4 patas: más ayudas a los parados, formación e incentivos a la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, reforma de las oficinas de empleo y medidas contra el empleo precario y el fraude en los contratos. Con más dinero para políticas de empleo, tras los recortes impuestos desde 2012. No podemos seguir con el doble de paro y el empleo más precario de Europa.



                                                                                                                                  enrique ortega

A finales de julio, el Gobierno Rajoy reiteró su habitual triunfalismo sobre el mucho empleo que estaban creando: 375.000 empleos en el segundo trimestre (EPA), más que el año anterior (+271.400), aunque eran menos que los empleos creados en la primavera de 2015 (+411.800) y 2014 (+402.400). Y luego mostraron su euforia con los contratos firmados en julio, al calor del récord turístico: 222.862 altas netas a la Seguridad Social. El jarro de agua fría vino con el final de agosto: el 31 de agosto se perdieron 313.141 contratos, el día con más pérdida de empleo de nuestra historia. Y con ello, el número de parados registrados creció en 46.000 personas, la mayor subida en agosto desde 2008.

¿Qué pasa? Pues que se crea empleo pero es muy inestable y vulnerable, porque el 92,5% del empleo que se crea es temporal, muy ligado a la temporada turística, a las rebajas, las tareas agrícolas o al calendario escolar. Y así, un mes se firman muchos contratos que se rescinden a la semana, al mes o al final de temporada. Y se hacen hasta 36 contratos por cada empleo. De hecho, la cuarta parte de los empleos temporales son por una semana o menos, según las oficinas de empleo (SEPE). Así que los datos de empleo son un tobogán: suben mucho unos meses y bajan mucho otros, generando enorme precariedad en las personas contratadas.

El Gobierno Rajoy presume de que lleva cuatro años creando empleo, más que en el resto de Europa. Y es verdad. Pero hay dos cosas que no dice. Una, que es uno de los pocos paises europeos que aún está lejos de recuperar el empleo perdido (también más que en el resto de Europa). Así, España perdió 3.802.800 empleos entre septiembre de 2007 y marzo de 2014. Y sólo se han creado1.678.100 nuevos empleos entre la primavera de 2014 y junio de 2017, así que quedan pendientes de recuperar 2.124.700 empleos, el 55,8% del empleo perdido. Y la otra cuestión que no dice es que la mayoría del empleo creado es precario: sólo el 5,6% de los contratos firmados en 2017, hasta agosto, son fijos y a jornada completa. Y lo mismo entre 2014 y 2016: el 95% de los contratos fueron temporales o a tiempo parcial.

De hecho, España es el segundo país europeo donde hay más asalariados con contratos temporales: un 26,8% en 2017 (4.206.100 trabajadores), tras Polonia (27,5% de trabajadores temporales), muy por encima de la media europea (14,2%) y de paises como Alemania (13,2% temporalidad), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%), según Eurostat. Pero además, la mayoría de estos trabajadores tienen un empleo temporal de forma forzosa, porque no encuentran un trabajo fijo. España es el 2º país europeo con más empleo temporal no deseado: un 91,4% de los trabajadores temporales, tras el 92,2% de Chipre y muy por encima del 62% de media en Europa. Y si hablamos de trabajos a tiempo parcial, por horas, los tienen el 15,25% de los trabajadores, menos que la media en Europa (19,5%), pero hay dos datos preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial durante la crisis. Y el otro, que el 60% de los españoles que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

Esta enorme precariedad se traduce además en salarios muy bajos: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los empleados a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que han aumentado los “trabajadores pobres: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT.

La enorme precariedad laboral acarrea también otros graves problemas. Aumenta la incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% sigue viviendo con sus padres, frente al 70% en Europa) y su capacidad para consumir y alquilar o comprar una vivienda. Pero, sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta las cotizaciones de la Seguridad Social, provocando un enorme déficit de las pensiones (-18.898 millones en 2016) y ensombreciendo su futuro. Y para los trabajadores precarios, se reduce su seguro de desempleo y su futura pensión.

Pero no sólo el empleo es mucho más precario en España. El paro español es el segundo más elevado en Europa: 17,22% de la población activa, tras el 21,7% de Grecia y muy por encima del 7,7% de la UE-28 y del 9,1% de la zona euro, por no hablar del 3,7% de Alemania, el 4,4% de Reino Unido, el 9,8% de Francia, el 11,3% de Italia o el 9,1% de Portugal, según Eurostat (julio 2017).Y tenemos otro problema: más parados “de larga duración, que llevan mucho tiempo sin trabajar, lo que les aleja más de la posibilidad de ser contratados. De hecho, 2.135.600 parados, el 54,5% de los parados EPA, llevan más de un año sin trabajo (en la UE-28, son el 44%). Y de ellos, 1.593.000 llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones llevan más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Y más si tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Esta enorme bolsa de parados que llevan más de un año sin trabajo lleva a otro problema: a muchos se les ha acabado el paro y no cobran ningún subsidio. De hecho, en julio de 2017, había 2.063.125 parados que no cobraban nada, el 52,7% de los parados EPA (junio). Y de los 1.851.175 parados que sí cobraban algo, sólo un 41% tenían un subsidio contributivo, de 776 euros al mes (42 euros menos que en enero) y la mayoría tenían un subsidio asistencial de 426 euros. Este porcentaje de parados que no cobran (recordemos, el 52,7%) ha ido aumentando mes a mes desde 2012, ya que al llegar Rajoy a la Moncloa cobraban subsidio el 55,4% de los parados EPA y hoy lo cobran sólo el 47,3% de los parados estimados.

Y la situación ha empeorado en agosto, al paralizarse las ayudas del Plan Prepara, un programa creado en febrero de 2011 por el Gobierno Zapatero para los parados de larga duración con cargas familiares y del que se han beneficiado (400/450 euros al mes) 952.000 parados en estos años. Pero el 27 de julio, una sentencia del Tribunal Constitucional daba la razón a un recurso del Gobierno vasco, estimando que son las autonomías quienes han de gestionar el Plan, lo que ha llevado al Gobierno Rajoy a paralizarlo el 15 de agosto, con lo que ningún parado puede ahora solicitar esta ayuda (sí cobrarla los que la tenían, los 6 meses que les corresponde). Los sindicatos han  pedido al Gobierno que resuelva el problema y Empleo propone que las autonomías firmen una autorización para que las oficinas de Empleo (SEPE) lo gestionen hasta el 30 de abril y estos meses se aprueben nuevos Planes de ayudas, legalmente aceptables. Pero de momento, las ayudas del Plan Prepara están paralizadas.

La cuestión de fondo es que el Gobierno Rajoy ha recortado drásticamente las ayudas a los parados y a las políticas de empleo. Si en 2010 España gastaba 38.717 millones de euros, en 2017 gasta sólo 23.806 millones de euros, un 38,5% menos, a pesar de que sólo hay un 14,7% menos de parados (600.000 menos), según UGT. La mayor parte de esta factura se destina a prestaciones a parados, que han caído de 30.974 millones que se pagaban en 2010 a 18.318 millones que pagarán en 2017 (un 40,8% menos). Y también ha caído  mucho el dinero para  políticas activas de empleo (orientación a parados, formación, bonificación cotizaciones y SEPE), que ha pasado de 7.742 millones en 2010 a 5.487 millones este año, un 29,12% de caída (el doble de lo que cayó el paro). Comparado con otros paises, España gasta en desempleo un 2% del PIB, lo mismo que Francia (con el 9,8% de paro) y casi lo mismo que la zona euro y Alemania (gastan el 1,7% del PIB), cuando tienen la mitad y la quinta parte de paro. Y en políticas activas de empleo, en fomentarlo, España gasta el 0,5% del PIB, menos que Francia (0,9%), Alemania (0,64%) o Dinamarca (1,81), según datos de la OCDE.

Así que tenemos un doble problema: se crea un empleo mucho más precario que en Europa y tenemos el doble de paro, con unos parados que en su mayoría no cobra y a los que destinamos menos recursos, tanto en ayudas como en políticas de empleo para colocarlos. Habría que dejarse de triunfalismos y aprobar con urgencia un Plan de empleo con cuatro patas: aumentar el número de parados que cobran ayudas, mejorar las políticas de empleo para colocar a los parados que lo tienen más difícil (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), reformar a fondo las oficinas de empleo y luchar contra la precariedad laboral.

El primer objetivo del Plan, que cobren más parados, exige unificar los distintos programas de ayuda que hoy existen (Prepara, Programa de activación en el empleo, Renta activa de inserción) y ampliar las ayudas a muchos parados que hoy no las cobran, al menos a 1 millón de parados de los 2.063.125 parados EPA  que hoy no cobran nada.  Eso supone un gasto adicional de 5.000 millones anuales, para que haya menos “parados pobres”. Eso debería complementarse con la segunda pata del Plan, más políticas activas de empleo para ayudar a que los parados consigan un empleo: más formación y orientación profesional, incentivos a la contratación y coordinación con las empresas y entre autonomías. Eso exigiría gastar unos 2.500 millones más en promover mejor el empleo, sobre todo de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, especialmente en las 5 autonomías con más del 22% de paro (Melilla, Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha).

La tercera pata del Plan sería la reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE). No funcionan (sólo encuentran trabajo al 1,8% de parados, frente al 10% en Europa), no asesoran ni orientan (sólo al 8,7% de parados), no dan formación (sólo el 5% de parados dan cursos) y además no tienen medios: cada empleado atiende a 473 parados cuando en Alemania atienden a 47 y a 22 parados en Reino Unido. Haría falta ampliar plantilla y modernizar su gestión, con al menos 1.000 millones más al año. Y la cuarta pata del Plan debería ser luchar contra la precariedad laboral, con el palo y la zanahoria. El palo de la inspección de Trabajo, para frenar los abusos en la contratación, acabar con esos contratos temporales que son para puestos fijos o contratos por 4 horas donde se acaba trabajando 10 y cobrando 8. Eso exige también reforzar la Inspección de trabajo, donde hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados, la mitad que en Europa (1 inspector por cada 7.300 trabajadores). Y la zanahoria serían incentivos (fiscales y de cotización) para fomentar la contratación estable.

En total, habría que gastar unos 10.000 millones más en este Plan de empleo. Y en paralelo, reanimar la economía para crecer más y crear más empleo, porque al ritmo actual harían falta todavía 50 meses para recuperar el empleo perdido con la crisis, hasta el otoño de 2021. Demasiado tiempo. Por eso, además de aprobar un urgente Plan de empleo, Gobierno y oposición deberían pactar un Plan para reanimar la economía, no seguir con el ajuste previsto por Rajoy para 2018 (recortando el déficit al 2,2%, por debajo incluso del 3% que es el tope de Bruselas). Eso obliga a gastar más en lo que hace falta (infraestructuras, tecnología, educación y formación, industrialización y medio ambiente), para reanimar la inversión pública y privada y que tiren más del empleo. Y subir más los salarios, por encima del 2%, para reanimar el consumo y el empleo.

Este Plan de empleo y esta política para reanimar la economía tienen un coste, unos 30.000 millones de euros extras, pero se pueden financiar si España recauda mejor, como el resto de Europa: hoy recaudamos el 37,5% del PIB, frente a 46,1% Europa, según Eurostat. O sea, que Hacienda ingresa 94.000 millones de euros menos cada año que el resto de europeos. Se podrían recaudar 40.000 millones más cada año, para gastar en crecer más y recuperar el empleo, sólo con reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), sin subir los impuestos a la mayoría.

El empleo y el paro son la primera preocupación de los españoles, no Cataluña ni el terrorismo yihadista. En ello deberían volcarse el Gobierno y la oposición. No se puede seguir con el triunfalismo de unos y la parálisis de los otros, mientras España es el segundo país europeo con empleo más precario y con más paro, a pesar de la cacareada recuperación. La precariedad de los que trabajan y  la angustia de los parados (que en su mayoría no cobran) piden a gritos soluciones, aprobar un urgente Plan de empleo con dinero y medidas eficaces. Es la gran tarea pendiente de este otoño.