jueves, 17 de octubre de 2019

Centros Comerciales: inauguraciones y temor


El miedo a otra crisis ya ha provocado que los españoles gasten menos y ahorren más. Pero este “enfriamiento” del consumo no parece preocupar a los que invierten en Centros Comerciales: España es el tercer país europeo que abrirá más nuevas superficies en 2019 y 2020 y está previsto inaugurar 23 Centros Comerciales hasta 2024 (sobre todo en Andalucía y Madrid), que se sumarán a los 563 existentes. Hay quien teme que se esté creando una “burbuja” de grandes espacios comerciales y que estalle por la caída de ventas ya iniciada y por la competencia del comercio online. De hecho, un 17% de las 35.000 tiendas que hay en los Centros Comerciales están vacías. Pero los inversores, sobre todo fondos extranjeros, apuestan por el futuro de estos Centros, aunque más orientados al ocio y al pasatiempo de las familias que al comercio. Y por el camino, dan “pelotazos” con la compraventa de Centros. Habría que vigilar la autorización de nuevas aperturas, para evitar “sustos”.


enrique ortega

Los Centros Comerciales cumplirán en 2020 los primeros 40 años de vida en España, donde en 1980 se inauguró el primero grande, Baricentro, cerca de Barcelona. En los años 80 ya llegaron los Centros muy grandes, Nuevo Centro en Valencia (1982), la Vaguada (1983) y Parque Sur (1989) en Madrid, con 76 Centros creados entre 1981 y 1990 (1,6 millones de m2), a los que se sumaron 197 Centros más entre 1991 y 2000 (5,18 millones de m2). La fiebre de los Centros se aceleró en la primera década de este siglo, con 225 Centros Comerciales abiertos entre 2001 y 2015 (7 millones de m2). Luego bajaron con la crisis, con la apertura de 28 Centros entre 2011 y 2015 (1 millón de m2). En 2017 se abrieron sólo 5 Centros (206.036 m2) y en 2018 otros 8 Centros (233.700 m2), con lo que había 563 Centros, con 35.000 tiendas y 16 millones de metros cuadrados, según la Asociación de Centros AECC.

Con estos 563 grandes espacios comerciales, España es el 4º país de Europa con más Centros Comerciales, sólo por detrás de Reino Unido (1.200 Centros), Alemania y Francia (unos 700 Centros cada uno). Y el crecimiento, aunque se ha atenuando en la última década, no se ha parado: España será el tercer país que inaugure más Centros comerciales entre 2019 y 2020 (300.000 m2 más), tras Francia y Polonia, según el estudio de la consultora Cushman&Wakefield. Y el sector anuncia que, entre 2019 y 2024, España contará con 23 Centros Comerciales más, sumando 1 millón de metros cuadrados (+6%). 


De momento, este año 2019 sólo se ha inaugurado en España un Centro Comercial, a finales de septiembre, el Lagoh de Palmas Altas, en Sevilla (123.000 m2), el 5º mayor de Europa. Pero antes de finales de año se van a inaugurar tres grandes Centros Comerciales más: el X Madrid, el Mogan Mall en las Palmas y el Rosa Center en Adeje (Tenerife). Y para 2020 se anuncian 12 inauguraciones más, sobre todo en Andalucía y Madrid : Torre Village (Zaragoza), Bahía Real (Santander, nuevo Centro de Benidorm, Calchetar en Tudela (Navarra), Wit Retail en Dos Hermanas (Sevilla), Jaén Plaza (Jaén), Los Patios de Azahara (Córdoba), Way Orense en San Cribao das Viñas (Orense), Solia (Madrid), Viala Vigo (Vigo), Alcorcón Plaza (Madrid) y el Canario en El Huércal (Almería). Y habría 7 Centros nuevos más hasta 2024, año en que se espera inaugurar el macroCentro Intu Costa del Sol, en Torremolinos, que será el mayor de España (235.000 m2 y 800 millones de inversión).  Además, de aquí a 2022 se van a reformar y ampliar 13 Centros comerciales en funcionamiento, según las previsiones anunciadas por la Asociación AECC.


¿No son demasiados Centros Comerciales? El sector está animado y cree que “hay sitio” para estos nuevos Centros, porque España todavía no está saturado y tiene un volumen de grandes superficies comerciales similar al europeo, unos 347 m2 por 1.000 habitantes. Eso sí, hay algunas autonomías más saturadas que otras, según los datos de la AECC. La mayor concentración de Centros por habitante se da, curiosamente, en Aragón (donde está Puerto Venecia, en Zaragoza, el mayor Centro Comercial de España, con 207.000 m2 comerciales), con 490,16 m2 por 1.000 habitantes, seguida de Murcia (487m2/1.000 hab.), Madrid (479m2), Canarias (454), Asturias (431) y Comunidad Valenciana (409m2), ocupando Cataluña la última posición (con sólo 195 m2/1.000 habitantes), debido a las restricciones impuestas por la Generalitat en la apertura de nuevos Centros. 


Ahora, las nuevas aperturas se van a concentrar en Andalucía, una región con bajo volumen de Centros (tiene 341 m2/1.000 habitantes, por debajo de la media) y que, a pesar de las aperturas anunciadas, seguirá teniendo un volumen bajo en 2021 (363 m2). Más problemáticas son las 3 nuevas aperturas en Madrid (subirá a 530 m2/1.000 habitantes), la de Aragón (seguirá líder en oferta, con 543 m2/habitante en 2021) y, sobre todo Canarias, donde los dos nuevos Centros subirán la oferta a 480 m2/1.000 habitantes, la tercera de España, en un momento que se notará la crisis del turismo extranjero. Y las dos aperturas en la Comunidad Valenciana la convertirán en la 5ª región con más oferta (424 m2/1.000 habitantes), detrás de Murcia, que será la 4ª autonomía con más oferta.


Algunos expertos temen que esta “burbuja” de Centros comerciales estalle, como ha pasado en EEUU, el paraíso de las grandes áreas comerciales, que llevan años cerrándolas y arrastrando con ellas a miles de tiendas. Y este “apocalipsis retail” no ha acabado: entre 2018 y 2023 se espera que cierren 300 de los 1.200 “malls” que hay en USA, según un informe de la consultora CRBE. La causa, según los expertos, es triple: hay un exceso de Centros comerciales (5.000 m2 por 1.000 habitante, 14 veces la oferta en España), se han quedado obsoletos (un tercio se construyeron antes de 1978) y no pueden competir con Internet, que ya canaliza el 15% de todas las ventas en EEUU. Pero el sector dice que en España no hay tanta oferta, los Centros son más modernos y, sobre todo, las ventas online sólo suponen aquí un 4% de todas las ventas, con lo que las tiendas lo tienen más fácil que en USA y que en Reino Unido (17% ventas son online), Alemania (14%) o Francia (9%).


Eso sí, el alto número de Centros y la competencia de Internet está cambiando la configuración de los Centros Comerciales que se abren: ya no tienen solo tiendas y restaurantes, como los primeros, sino que han ido ampliando su oferta con deporte, ocio y entretenimiento, además de múltiples servicios (incorporan clínicas, hoteles, recintos musicales y hasta bibliotecas). El Centro X de Alcorcón (Madrid), que abrirá en noviembre, incorpora un centro de buceo, rocódromo, una ola artificial para surfear o una pista de skate. Y el Centro Open Sky, que abrirá en Torrejón (Madrid) en 2020, incorporará un lago central con tirolina, amplias zonas verdes, espectáculos de luces y un escenario para conciertos y teatro. La filosofía es crear  “espacios de entretenimiento para la familia”, no sólo una zona de compras, “una experiencia” más allá de las compras, algo que no ofrezca Internet.


Los grandes inversores, sobre todo los fondos internacionales, apuestan por los Centros Comerciales en España, donde han invertido más de 28.000 millones de euros en los últimos 40 años, 2.200 millones sólo en 2018. Los mayores propietarios de estos Centros son las grandes inmobiliarias y SOCIMIs (sociedades de inversión inmobiliaria), encabezando el ranking de propietarias de Centros Lar España (familia Pereda y fondos internacionales), con 15 Centros y 480.000 metros cuadrados) y Merlin Properties (Santander y fondos internacionales), con 16 Centros y 450.000 metros cuadrados, seguidas de Carmila (Grupo Carrefour: 78 Centros y 400.000 m2), la francesa Unibail Rodamco (el gigante europeo de los Centros, con 8 Centros y 400.000 m2 en España), la española GCE (390.000 m2), la francesa Klépierre (12 Centros y 380.000 m2 en España), Castellana Properties (fondos internacionales con 15 Centros y 350.000 m2) y la británica Intu Properties, con 3 Centros y 250.000m2.


El negocio de los Centros Comerciales son los alquileres a las 35.000 tiendas que se instalan en ellos, que suben más o menos según las visitas que tengan los Centros (1.963 millones de visitantes en 2018), lo que genera una rentabilidad de la inversión del 5 al 7%. Pero, en realidad, el mayor negocio son las plusvalías que se obtienen comprando y vendiendo los Centros, los “pelotazos”. Así, en 2016, el fondo británico Northwood vendió el Centro Comercial Diagonal Mar a Deutsche Bank por 495 millones, cuando lo había comprado 3 años antes por 160 millones. Claro que también se pierde: el fondo Ivanhoe Cambridge vendió en 2017 el Centro Madrid Xanadú a Intu por 530 millones cuando lo habían comprado en 2006 por 770. Un ejemplo de la especulación con los Centros comerciales es Puerto Venecia, en Zaragoza, el mayor de España: ha cambiado de dueño 4 veces desde su inauguración en 2012, además de una quinta compra fallida. Y ahora se está gestando otra posible compraventa más.


El negocio de los Centros comerciales es que tengan visitantes y sus tiendas vendan (45.225 millones vendidos en 2018), algo que puede peligrar si cae el consumo y las ventas, lo que ya está pasando. Los inversores internacionales tratarían de colocar el Centro a otro  inversor antes de que pierda fuelle y rentabilidad. Pero quien lo sufre son las tiendas, que tienen que cerrar porque les caen las ventas y no pueden hacer frente a los altos alquileres (entre 70 y 200 euros por metro cuadrado, según los Centros). De hecho, ya hay un 18% de tiendas vacías en los Centros comerciales y más del 20% en un tercio de ellos, según un estudio de la consultora Locatus. Y hay regiones con más tiendas vacías en los Centros, como Murcia (34% vacías), Castilla la Mancha (26%), Galicia (25%) o Castilla y León (23%), mientras Madrid está en la Media (17% tiendas vacías) y Cataluña tiene menos (11%).


De momento, los Centros Comerciales aguantan, aunque sus ventas crecen menos (+1,8% en el primer semestre 2019, tras aumentar un 2,7% en 2018) y también sus visitantes (+1,5% este año frente a +3,2% en 2018). Lo normal es que antes o después se estanquen y caigan, como el resto del consumo, a la vista de la desaceleración de la economía. Y sobre todo porque la moda es el motor de los Centros comerciales (supone el 54% de los ingresos de los Centros, muy por delante del 12% de los restaurantes, el 10% de los servicios y el 9% del entretenimiento) y está cayendo, con una reducción de ventas de ropa ya en 2018 (-2,38%), que continúa este año, más con el buen tiempo (que frena ventas otoño-invierno). Con ello, podrían cerrar más tiendas y peligrar el futuro de los Centros Comerciales, que dan empleo a 700.000 personas en España.


En definitiva, los Centros Comerciales siguen “en la nube” de las inauguraciones, con 23 más a la vista  mientras la realidad “avisa” con una caída de ventas y cierre de tiendas, derivadas de la desaceleración económica y de una cierta saturación de Centros, sobre todo en Aragón, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. A los inversores (75% extranjeros) no parece preocuparles la situación, salvo especular y “salirse a tiempo” sin pérdidas si vienen “mal dadas”. Pero el Gobierno y, sobre todo, las autonomías, deberían “mirar con lupa” las futuras  autorizaciones para no seguir inflando una burbuja que nos puede estallar encima, dejando “cementerios comerciales” y desempleo. Ojo a la fiebre de los Centros Comerciales.


lunes, 14 de octubre de 2019

1 de cada 3 universitarios están subempleados


Otro curso más, 1,6 millones de jóvenes estudian en la Universidad española, muchos temiendo que tener una carrera no les sirva para trabajar. Porque más de un tercio de los universitarios (37,6%) están "subempleados" , trabajan en empleos de menor cualificación, mientras las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados. El hecho es que la Universidad se ha convertido en una “fábrica de parados”, 114.000 licenciados que salen cada año sin muchas expectativas: menos trabajo que en Europa y el doble de paro universitario. La Comisión Europea acaba de pedir a España dos cosas: más gasto educativo (gastamos una quinta parte menos por universitario) y una mayor colaboración entre la Universidad y las empresas, para que formen en los empleos que hacen falta. Y los Rectores urgen a los políticos a aprobar una nueva Ley Universitaria (de 2001 y reformada en 2007), que les aporte más autonomía y medios. Hay que reformar a fondo la Universidad.

enrique ortega

Este Curso universitario 2019-2020 será el 2º consecutivo en que aumentan (poco: menos del 1%) los alumnos, tras 6 años antes de reducción en los alumnos de Grado (-169.000 alumnos entre 2011-12 y 2017-18), por la caída de la natalidad y el aumento de las tasas universitarias, aunque aumentaron los alumnos de Máster y Doctorado. Este año estudian en la Universidad española 1,6 millones de jóvenes, cursando un Grado universitario (casi 1,3 millones), un Máster (220.000 alumnos) o un Doctorado (otros 90.000 universitarios), en su mayoría mujeres (55%) y españoles (sólo el 0,9 % de los estudiantes de Grado son extranjeros, frente a un 6,5% en las Universidades europeas). Y cada vez estudian más alumnos en las Universidades privadas: ya son un 15,3% del total de estudiantes de Grado (y un 36,2% de Máster). De hecho, hay un “boom” de Universidades privadas: desde la creación de la última Universidad pública (Politécnica de Cartagena en 1998) se han autorizado 23 Universidades privadas, según la Fundación CYD.


¿Qué estudian los universitarios españoles? De los 340.000 nuevos universitarios matriculados este Curso 2019-2020, la mayoría Ciencias Sociales y Jurídicas (40%), seguida de Ingeniería y Arquitectura (20%) y Humanidades (18%), optando por Ciencias sólo el 6,4% de los nuevos universitarios, según los datos de Educación. Precisamente, esta elección de estudios (muy ligada a la nota que se ha sacado en Selectividad) determina que sean pocos jóvenes los que elijan carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), que son las que tienen más salidas profesionales y más futuro. De hecho, las matriculaciones en Ingeniería y Arquitectura han caído un 28% entre los cursos 2010-2011 y 2016-2017, según un  informe de la Fundación CYD. Y seguirán cayendo estas matriculaciones en el próximo lustro, según la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Algo que contrasta con este dato, aportado por Digital.es: las empresas españolas tienen 10.000 puestos tecnológicos vacantes, sin cubrir, porque no encuentran los profesionales competentes.


¿Por qué los universitarios españoles estudian menos carreras tecnológicas? La mayoría (el 40%) las rehúye por su dificultad académica y otro 35% por desconocimiento de los caminos que abren, según una encuesta de Ernest&Young hecha a jóvenes de 12 a 18 años. Este rechazo a elegir carreras técnicas se gesta en la ESO y Bachillerato, según la Fundación CYD, donde los alumnos “cogen miedo” a las matemáticas y a la tecnología, impartidas además por profesores poco formados en estas ramas (sólo el 12% de los créditos de Magisterio corresponden a Matemáticas y Tecnología). Y además, la asignatura de Tecnología es opcional en la ESO y Bachillerato en muchas autonomías. El resultado es que se opta poco por carreras STEM, sobre todo las chicas (sólo 25% en Ingenierías).


Además de estudiar poco las carreras con más futuro profesional (carreras STEAM), los universitarios españoles tienen un alto grado de fracaso escolar: el 21,5% abandonan la Universidad tras el primer curso (y un 12,1% en los Máster), según datos de la Comisión Europea. Y 2 de cada  3 universitarios (el 65,1%) necesitan más de 4 años para graduarse, subiendo hasta el 89,9% en Informática. Y tampoco acaban a tiempo el 29,6%% de los que hacen un Máster de un año y el 27% de los que estudian uno de 2 años), según revela la Fundación CYD. Además, los universitarios españoles tienen poca movilidad, salen poco a formarse en otros paises: sólo el 1,9% se gradúan fuera de España, muchos menos que los universitarios europeos (3,6%), según la Comisión Europea.


Así que los universitarios españoles estudian carreras con pocas salidas, con poco aprovechamiento académico y sin beneficiarse de la formación en otros paises. Mala base formativa para trabajar después, sobre todo en un país con un modelo económico que ofrece menos empleo que Europa (recuerden: tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28).


La Comisión Europea (también en funciones) acaba de alertar a España sobre el problema de la Universidad: tenemos más universitarios que Europa (44,3% de los jóvenes de 25 a 34 años, frente al 42,9% en la UE-23) pero nuestros graduados tienen menos oportunidades de empleo que los europeos: sólo trabajan el 77,9% de los graduados (20-34 años) que terminaron entre 1 y 3 años antes, frente al 85,5% que trabajan en Europa (UE-28). Y por eso, porque tenemos menos universitarios trabajando (20,5% de los jóvenes de 18 a 24 años frente al 30,2% en la UE-23),  tenemos más jóvenes que siguen estudiando (59,3% de 18 a 24 años frente a 56,7%) y más jóvenes (18 a 24 años) que “ni estudian ni trabajan” (20,2% de “ni-nis” frente al 13,1%), la mayoría porque están parados.


Ser universitario supone, eso sí, tener más empleo y menos paro que el resto de españoles con menos estudios. Pero comparados con los universitarios europeos, salen perdiendo en empleo y paro, aunque menos en sueldos, según el reciente informe “Education and Glance 2019” de la OCDE. Veámoslo.


En empleo, los universitarios españoles de 25 a 34 años tienen una tasa de ocupación del 78%, inferior al 84% de universitarios ocupados en la OCDE (36 paises desarrollados) y en la UE-23. Y con la crisis (2008-2018), su tasa de empleo ha caído un 6% en España y sólo el 2% en la UE-23 y el 1% en la OCDE. Y si miramos a todos los adultos universitarios (25 a 64 años), en España trabajan el 82% y en Europa el 86% (y hasta el 89% en Alemania, el 88% en Portugal, el 86% en Reino Unido y el 85% en Francia), según la OCDE. Y la estadística demuestra que tienen más empleo, en España y en Europa, los licenciados en TIC (86% ocupados en España y 91% en la UE-23) e ingenierías (85 y 89%) que los graduados en Educación (76 y 85% ocupados) y Humanidades y Ciencias Sociales (79% ocupados en España y 84% en la UE-23), aunque lidera el empleo la Salud (85 y 88% de ocupación).


En paro, los universitarios españoles de 25 a 34 años tienen una tasa de desempleo (12%) que duplica la de la OCDE, la UE-23 y Francia (el 6% de paro entre universitarios) y cuadruplica la de Alemania (3% de paro entre universitarios) y Reino Unido (2% de paro entre licenciados). Y si tomamos a todos los adultos universitarios, la tasa de paro en España es del 8,2%, la segunda más alta de Europa (tras el 11,5% de Grecia), casi el triple que la media europea (3,7% de paro en UE-28) y muy por encima del paro entre adultos universitarios en Alemania (1,7%), Reino Unido (2,6%), Francia (4,6%) o Italia (5,5%), según Eurostat. Y también es mayor en España la proporción de universitarios que llevan más de un año sin trabajar (28,2% del total frente al 24.8% en la UE-23).


Donde apenas hay diferencia con Europa es en los sueldos de los adultos universitarios (25 a 64 años): en España ganan un 57% más que los que sólo estudiaron Secundaria (y éstos, un 24% más de los que sólo tienen la ESO o menos), igual que en la OCDE y algo más que en Europa : en la UE-23, los universitarios ganan un 52% más que los bachilleres, aunque ganan un 69% más en Alemania o Portugal y sólo un 39% más en Portugal, según la OCDE. Eso sí, en España hay menos brecha de género entre universitarios: las mujeres licenciadas ganan el 82% del sueldo de los hombres licenciados, una diferencia menor a la de toda Europa, donde la brecha varía de ganar el 70% en Italia, el 71% en Francia o el 74% en Alemania al 76% de media en la UE-23, según el informe de la OCDE.


Un preocupante panorama, de menos empleo y más paro, que espera cada año a los 114.000 nuevos licenciados que salen de la Universidad. Su primer gran problema es conseguir un empleo. Y los datos son preocupantes: los licenciados en 2013-2014, a los cuatro años de salir de la Universidad (2018) sólo estaban afiliados a la Seguridad social un 27,7%, según la Fundación CYD .O sea, a los 4 años de licenciarse, solo 1 de cada 4 universitarios trabajaban legalmente. El resto estaban parados o empleados ilegalmente, muchos como “falsos becarios”. Y mientras, muchas empresas se quejan reiteradamente de que no encuentran personal de algunas cualificaciones, sobre todo con perfiles tecnológicos y digitales.


Pero además, un tercio de los universitarios que sí trabajan están “subempleados”: trabajan en empleos que exigen una formación inferior a la que tienen (vendedores, cajeras de supermercado, tele operadores, hostelería…). En 2018, trabajaban sobrecualificados el 37,6% de los universitarios españoles, frente al 23,4% en la UE, según refleja el último informe de la Fundación CYD, que sitúa a España como el país con más jóvenes que trabajan sobrecualificados en Europa, por delante incluso de Chipre (35,6%) o Grecia (33,9%) y de Reino Unido (27%), Francia (23%), Italia (22%), Alemania (19%), Portugal (14%) o Luxemburgo (8%). Y donde más se da esta “sobre cualificación” es en la hostelería y el comercio, los empleados, contables y profesionales.


Y mientras, las empresas se quejan de que les faltan profesionales cualificados en muchas áreas, sobre todo TIC, ciencia de datos, inteligencia artificial y carreras ligadas a ingenierías y matemáticas, donde no hay paro ni lo habrá en el futuro, según los expertos. Por eso, la Comisión Europea acaba de recordar a España la recomendación que nos hizo el último Consejo Europeo de 2019: “incrementar la colaboración entre los sectores educativo y empresarial, con vistas a mejorar la capacitación y cualificación demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las TIC”. Coordinar la Universidad y las empresas. Algo que reitera la Fundación CYD: “no hay flexibilidad en la Universidad española para adaptar las titulaciones a lo que demandan las empresas”.


El último informe de la Comisión Europea sobre la educación en España, presentado el 26 de septiembre, alerta sobre dos problemas: el bajo empleo de los universitarios españoles (por lo que urge colaborar más con las empresas) y el bajo gasto en educación, sobre todo tras los 10.000 millones recortados a la Universidad durante la crisis. Recuerda que España gasta en toda la educación un 4% del PIB frente al 4,6% la UE y el 5% la OCDE. Y en concreto, en la Universidad, el gasto por alumno en España es de 12.614 dólares frente a 15.556 en la OCDE y 15.803 dólares en la UE-23, que sube a  16.173 dólares por alumno universitario en Francia, 17.429 en Alemania o 23.771 dólares en Reino Unido, según la OCDE. Y como el Estado aporta menos (un 66% de la financiación universitaria en España frente al 73% en la UE-23) y también las empresas (4% frente al 7%), las familias tienen que aportar más para financiar la Universidad  (29% frente al 17% en la UE), pagando mucho más tras las subidas de tasas universitarias implantadas en 2012 y 2013.


Los Rectores han dado la alerta: urge una reforma de la Universidad, para conseguir más recursos y un nuevo modelo educativo que consiga mejorar el empleo de los universitarios. Para ello, los expertos piden promover la tecnología y las matemáticas en la ESO y Bachillerato, para conseguir que más jóvenes (sobre todo mujeres) elijan estudiar carreras técnicas (STEM), que aseguran más empleo. Y una mayor vinculación entre formación y prácticas, ligando FP superior y Grados. También reducir la oferta de titulaciones, hoy excesiva (8.526 títulos y 3.527 Másteres). La Fundación CYD también promueve una reforma del profesorado universitario, para rejuvenecerlo (el 16% tiene 60 años o más y se tiene que jubilar pronto) y abrirlo al mundo profesional y de la empresa, porque ahora hay un exceso de endogamia: el 68,8% de los profesores enseñan en la misma Universidad donde se doctoraron. Y también urge internacionalizar más la Universidad española, atrayendo más profesores y alumnos extranjeros, con más trabajos e investigaciones internacionales.


La Universidad española no funciona bien y es un despilfarro de dinero y de ilusiones para acabar en el paro o el subempleo. Hay que pactar una reforma universitaria y aprobar una nueva Ley de Universidades, que sustituya a la aprobada por Aznar en 2001 (reformada parcialmente por ZP en 2007, con los votos en contra del PP), con más recursos (harían falta unos 4.000 millones de euros más al año), más autonomía y un cambio drástico en los planes de estudio, en colaboración con  las empresas. Y una política de becas que prime a los jóvenes que se esfuerzan, para que nadie deje la Universidad por su coste. Al final, se trata de tener una Universidad más eficiente, que forme mejor y ayude al empleo. A ello.

jueves, 10 de octubre de 2019

Luz más barata pero más sucia


El recibo de la luz ha bajado en septiembre y son ya 11 meses bajando, con una rebaja anual del 18%. Eso es porque un 20% de la luz se ha generado con gas natural, cuyo precio ha bajado a la mitad. Pero hay menos luz producida con agua y viento, por el clima, y la luz es más sucia: el 35% es renovable este año (sólo el 28,7% en agosto), frente al 38,5% en 2018. Además, los consumidores de 11 autonomías recibirán una carta este mes donde les suben el recibo de septiembre, entre 17 céntimos y 2 euros, por impuestos autonómicos de 2013 no cobrados. Al final, la luz es la 4ª más cara de Europa para las familias y la 9ª más cara para empresas. Y eso, porque pagamos costes de más, por la generación, recargos e impuestos. Es prioritario  que el futuro Gobierno haga una auditoría de costes y paguemos por la luz lo que cuesta, no extracostes que alimentan el dividendo de las eléctricas. Nadie se ha atrevido a hacerlo.

enrique ortega

El recibo de la luz sufre muchas subidas y bajadas porque el mercado eléctrico (que supone un 35% del recibo: el resto son “peajes” e impuestos) es un tobogán de precios, con mucha volatilidad por el clima (que afecta a los embalses hidroeléctricos y al aire de los molinos) y los costes del fuel, el carbón y el gas que usan las centrales eléctricas. Así, en septiembre de 2018, el precio de producir electricidad batió récords históricos (alcanzó los 71,27 euros por kwh) y en septiembre de 2019 ha cerrado a 42,11 euros por kwh, un 41% menos que hace un año. Y como el precio del mercado eléctrico ha sido bajo, hemos asistido a 11 meses de bajadas del recibo (todos salvo julio) en el último año. Y así, en septiembre de 2019, el recibo medio de una familia (4,4 kWh de potencia y 3.000 kWh de consumo) ha sido de 52,43 euros, un 17,9% menos que en septiembre de 2018 (63,86 euros), según datos de la Comisión de Competencia (CNMC).


El precio de producir la electricidad ha caído mucho este año porque se ha disparado la utilización de gas natural en las centrales de ciclo combinado: su producción ha crecido un +105,3% de enero a septiembre, según Red Eléctrica (REE). Y ha aportado un 21,36% de la luz producida, sólo por detrás de la nuclear (22,11% de la generación), siendo la energía más utilizada en septiembre (27,3% de la electricidad). Y eso porque el precio del gas natural se ha desplomado en los mercados internacionales (hace un año costaba de 22 a 25 euros por MWh y en septiembre ha costado 9,86 euros, un precio que no se veía hace una década), por la mayor producción de gas en EEUU (por el fracking, “gracias” a Trump). Con ello, las eléctricas han reducido la producción con carbón (muy caro, por la subida del impuesto al Co2 que generan) y han puesto a trabajar a tope sus centrales de gas, hasta ahora sólo utilizadas para cubrir repuntes de demanda. Con ello, producir electricidad ha sido más barato. Además, el clima (sequía y falta de viento) ha provocado una caída de la producción hidroeléctrica (-42,2% de enero a agosto) y eólica (-1,7%), más baratas.


Pero si el desplome del precio del gas ha abaratado la electricidad, ahora es más “sucia”, porque han reducido su peso las energías renovables, al reducirse el peso de la energía hidráulica (los embalses están en mínimos) y eólica, mientras baja el peso del carbón (que produce la luz más “sucia”) y se dispara el gas (que emite menos pero también emite CO2). El resultado es que la generación renovable (hidráulica, eólica, solar y otras renovables) ha reducido su peso, del 38,5% de la producción eléctrica en 2018 al 35,18% que aportan en 2019 (enero a septiembre), según REE. Y sólo un 28,7% de la electricidad producida en agosto de 2019 fue renovable y un 34,1% en septiembre. Y si analizamos el peso de la generación eléctrica sin emisiones, ha caído del 71% del total que alcanzó en marzo de 2019 a sólo el 53% de la electricidad producida en agosto de 2019, según el último balance mensual de REE.


Así que pagamos la luz un 18% más barata que hace un año pero una luz más “sucia” y menos renovable, generada con menos carbón (muy contaminante) pero también con menos agua y viento y muchísimo más gas natural (que emite CO2, aunque menos que el carbón). Además, este mes de octubre, los consumidores de 11 autonomías vamos a recibir una carta de nuestra compañía eléctrica donde nos anuncian un pequeño recargo en el recibo de la luz de septiembre, para compensar la subida de impuestos autonómicos que no se cobró en 2013. Ese año, 14 autonomías (todas salvo Baleares, Canarias y País Vasco) pusieron un impuesto a la producción, transporte y distribución de electricidad, pero ese recargo no se incluyó en las tarifas en 2013. Las eléctricas recurrieron y el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a incluirlo. Pero se retrasó y en 2016 hubo otra denuncia de Iberdrola, que llevó al Supremo a dar un ultimátum al Gobierno. En 2017, se aplicó sólo a 4 autonomías (Cataluña, la Rioja, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) y ahora, en septiembre de 2019 se aplica a las 10 restantes y a Cataluña (porque el recargo de 2017 fue insuficiente).


La subida es pequeña y se estima que será de 10,36 euros en Galicia, 8,22 euros en Castilla y León, 5,16 en Cantabria, 2,25 en Aragón, 1,79 euros en Navarra, 1,19 en Asturias, 1,17 en Extremadura, 1,05 en Murcia, 0,30 euros en Andalucía, 0,36 en Madrid y 0,17 euros en Cataluña, segúnla estimación de Gesternova, aunque la de la OCU es mayor en todas (19,79 euros en Galicia, 15,69 euros en Castilla la Mancha o 0,57 en Madrid o Andalucía). En este recibo de septiembre, lo máximo que se puede cargar es una subida de 2 euros y donde la subida sea mayor, se prorrateará el resto en los próximos 12 meses.


Es el “chocolate del loro” en un recibo, pero muchos millones para el conjunto de consumidores, que irán a las angustiadas arcas de las autonomías. Al final, a pesar de la bajada de la luz en el último año, el coste de la electricidad en España es muy alto: los consumidores domésticos pagamos la 4ª luz más cara de Europa (tras Dinamarca, Alemania y Bélgica) y las industrias pagan la 9ª luz más cara, según Eurostat (primer semestre 2019). Así, la electricidad de uso doméstico cuesta 0,2369 euros por kWh, un 12% más cara que la media europea (cuesta 0,2113 €/kWh en la UE-28) y bastante menos que en Francia (0,1765), Reino Unido (0,2122) o Italia (0,2161). Y la electricidad de uso industrial cuesta en España 0,1389 euros/kWh, un 2,3% menos que en Europa (0,1422) pero más que en Francia (0,1230) y otros 18 paises europeos. Y si descontamos los impuestos (pagamos menos que la media europea: 21% de IVA frente al 37% en la UE-28), la luz de uso doméstico es en España la 2ª más cara de Europa (tras Bélgica) y la 4ª más cara para la industria, tras Chipre, Malta e Irlanda (3 islas), según Eurostat.


Y además de tener la luz más cara que en la mayoría de Europa, el servicio de las eléctricas es el peor valorado por los españoles, peor aún que el servicio de telefonía e Internet: el 19,1% de los usuarios de la electricidad están “poco o nada satisfechos, según el Panel de hogares elaborado por la CNMC. Además, casi la mitad se queja de la falta de claridad de las facturas y el 90,5% de los encuestados consideran que la luz “es cara”.


Así que la luz es cara, objetiva y subjetivamente, al margen de que suba o baje coyunturalmente con los precios del gas (que podría volver a duplicar su precio en unos meses, según los mercados de futuros) o del carbón y los efectos del clima. ¿Por qué es cara la luz? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo: en el coste de generación de la electricidad (el 35% del recibo), en los peajes que aprueba el Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25%). Veámoslo.


El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley Eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (y más cuando no llueve o falta viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, las más caras, que producen a 60 euros por kilowatio. Y ese es el precio que se paga también a las centrales hidroeléctricas (a las que producir un kilowatio les cuesta 10 euros) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kWh), centrales que además ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobraran toda a precio de chuletón. Y así, pagamos unos 4.500 millones de más al año, según un cálculo de Natalia Fabra.


Además de fijar unos precios de la luz muy por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de Competencia (CNMC). Así, en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil para provocar una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar sus centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). En junio de 2008, la CNMC también multó a Viesgo con 6 millones por “manipular su oferta” en la central de los Barros (Cádiz) para subir artificialmente los precios. Y en mayo de 2019, la CNMC impuso una multa de 13 millones a Naturgy (Gas Natural Fenosa) y  5,8 millones a Endesa por utilizar 10 centrales de gas para manipular el mercado eléctrico y subir el precio de la electricidad “de forma consciente y deliberada”. Un largo historial de malas prácticas que pagamos en el recibo.


El segundo componente del recibo de la luz (un 40%) son los llamados “peajes”, una especie de “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes que nos cargan cada mes. Unos son costes “justificados pero demasiado elevados, como los del transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y la distribución (el 10,04%). Otros son costes “más discutibles”: ayudas a las renovables, cogeneración y residuos (20,6%), ayudas por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2%) y otras ayudas varias para mantener las centrales de gas (por los saltos de demanda) o para compensar a las grandes industrias consumidoras de electricidad. Costes y ayudas que son discutibles, pero que deberían pagarse con el Presupuesto y no con nuestro recibo.


La tercera parte del recibo de la luz (el 25%) son los impuestos: pagamos un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí, también pagamos impuestos de más, porque España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25% IVA), Finlandia (24) y Portugal (23%), pero muy por encima del IVA que paga la luz en Reino Unido (5%), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%).

Como acabamos de ver, los consumidores pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz, en la producción de electricidad (35% del recibo), en los peajes que incluye el Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25% del recibo). Por eso es más cara que en la mayoría de Europa, al margen que unos meses suba o baje por el clima o los precios del fuel, el carbón o el gas. Y estos “extracostes” que pagamos cada mes en el recibo benefician sobre todo a las eléctricas españolas (un oligopolio: las 3 grandes controlan el 80% del mercado), que ganan el doble que las eléctricas europeas (en relación a su negocio), según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad.


Ahora se ha producido un importante cambio institucional: este año, gracias a un Decreto aprobado en enero (por presión de la Comisión Europea), es la Comisión de la Competencia (CNMC, un organismo independiente) y no el Gobierno el organismo responsable de fijar los “peajes” por transporte y distribución de la electricidad (un 13% del recibo). Y ya han propuesto una rebaja de estos peajes de 735 millones para 2020, que rebajaría un 3% la luz a los consumidores domésticos y un 6% a las industrias, propuesta que ha puesto en pié de guerra a las eléctricas. Ahora, el Ministerio de Industria y la CNMC estudian fijar antes del 31 de diciembre el resto de los peajes (27% del recibo), una propuesta que tendrá mucho que ver con el resultado electoral y la renovación de la CNMC: su presidente, Marín Quemada, a quien “odian” las eléctricas, está en funciones desde el 9 de septiembre y su sucesor no puede nombrarse hasta que tome posesión un nuevo Gobierno, quizás no antes de fin de año.


Mientras se aclaran los peajes de 2020, lo que urge es que el futuro Gobierno imponga una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que cuesta producirla, sin tantos extracostes no justificados o que deberían pagarse con los Presupuestos y no con el recibo. Eso permitiría bajar hasta un 40% el precio de la luz en unos años, según algunos expertos. Es hora de atreverse a hacerlo (no lo ha hecho ningún Gobierno), aunque suponga enfrentarse a las todopoderosas eléctricas. Va depender mucho del resultado electoral.

lunes, 7 de octubre de 2019

¿Se inflan los precios de los alquileres?


Todo el mundo se queja de los alquileres, tras las fuertes subidas de los últimos años. Pero, ¿Cuánto han subido? Un 50% desde 2014, según el portal Idealista. Pero el Ministerio de Fomento acaba de desinflar esta subida y dejarla en la mitad, un 24,6%. Hay quien piensa que los portales de alquilerhan inflado” las subidas, para atraer más anuncios y negocio. También podría ser que el Gobierno Sánchez quiera “suavizar” la subida con sus estadísticas, hechas a partir de las fianzas. Da igual. El hecho es que son muy caros, sobre todo en las grandes capitales (entre 900 y 1.400 euros) y se llevan un tercio de los ingresos y más, lo que impide emanciparse al 81% de los jóvenes. Podemos y algunos Ayuntamientos defienden poner topes a los alquileres, pero eso reduciría la oferta y los subiría más. La solución es aumentar los pisos en alquiler, con las viviendas vacías y viviendas públicas (VPO), que no se hacen. Lo demás son “atajos demagógicos” inútiles.


enrique ortega

Con la crisis, los españoles se han pasado al alquiler, año tras año: son ya el 23,9% los hogares que viven en alquiler, frente al 19,9% en 2007 y el 21,1% en 2001, según el Observatorio de Vivienda 2019 de Fomento. Y hay regiones donde el alquiler supera el 30% de los hogares, como Canarias (34,5%), Baleares (34,1%) o Cataluña (30,4%), mientras son el 26,6% en Madrid, el 20,4% en Andalucía, el 19,9% en Murcia y rondando el 17% en Castilla y León (17,9%), La Rioja (17,4%), Extremadura (17,2%) y País Vasco (16,9%). A pesar de este mayor peso de los alquileres, España sigue lejos de la media europea (30,7% de hogares en alquiler), de Alemania (48,6%), Francia (35,6%), Reino Unido (35%) e Italia (28,6%).

En España hay 2.578.057 inmuebles residenciales en alquiler (3,3 millones de inmuebles si contamos naves, industrias y oficinas en alquiler). Y están en alquiler, sobre todo, los pisos más antiguos (el 25%, construidos antes de 1960), de calidad media y las viviendas de menor tamaño (están alquiladas el 25% de las que tienen menos de 75 metros cuadrados), según los datos del Ministerio de Fomento. Pero, en general, los pisos en alquiler en España son más grandes que en Europa: 81 metros cuadrados de media frente a 74,6 m2 en la UE-28, los 74 m2 de Italia, los 69,2 m2 de Alemania y los 66,7 m2 de Francia. Y de ahí, que los inquilinos en España tienen más habitaciones de media que en Europa: 1,7 habitaciones por persona frente a 1,5 en la UE-28 y 1,6 en Francia o Alemania.

Y sobre los inquilinos, hay más mujeres (25,7% hogares en alquiler) que hombres (22,8%), son la mayoría jóvenes (el 70,4% de los jóvenes de 16 a 29 años viven en alquiler frente a sólo 1l 19,6% de los que tienen entre 45 y 64 años), mujeres solas con niños (29,7% en alquiler), familias numerosas (33,2% en alquiler) e inmigrantes (el 82,4% no UE viven en alquiler). Y también viven más en alquiler las rentas más bajas, los que ingresan menos del 60% del sueldo medio: un 43,3%, un porcentaje inferior al del alquiler de los más pobres en Europa (50,4%) o en Alemania (viven en alquiler el 75% con bajos ingresos). Y otra diferencia es que, debido a las subidas de los últimos años, en España hay más inquilinos “financieramente sobreexpuestos” por el pago del alquiler: un 38,1% frente al 26,3% en la UE-28, el 38,6% en Reino Unido, el 28,2% en Italia, el 20,5% en Alemania o el 14,4% de inquilinos en Francia, según los datos del Observatorio de la Vivienda 2019.

O sea, que un tercio de los inquilinos están agobiados por pagar el alquiler. Y eso es fruto de las fuertes subidas de alquileres estos últimos años. ¿Cuánto? No hay datos oficiales, porque no se hace una estadística de subida de alquileres mientras Estadística (INE) sí publica trimestralmente la subida de las viviendas vendidas. En su ausencia, son los portales inmobiliarios (Idealista y  Fotocasa) quienes publican mensualmente lo que suben los alquileres, en base a una muestra de los anuncios que publican. Según estos datos, los alquileres han subido en España un 50% entre 2014 y 2019, según el portal Idealista (a partir de 70.000 anuncios), un dato utilizado recientemente por el Banco de España. Pero ahora, el 26 de septiembre, el Ministerio de Fomento ha publicado otra estadística de alquileres, basada en las 487.470 fianzas depositadas por los inquilinos en 31 provincias (todas salvo las de Asturias, Navarra, la Rioja y Cantabria, donde no se obliga al inquilino a depositar la fianza, ni las de Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia, cuyos datos no son suficientes para Fomento). Y esta estadística revela que los alquileres en España han subido la mitad de lo que se decía: un 24,6% entre 2014 y 2018.

La divergencia no se da sólo en las subidas sino en el precio de los alquileres. Así, el precio medio del alquiler en España era en 2018 de 8,1 euros por metro cuadrado, según Fomento, menor que el que daba el portal Fotocasa (8,3 euros) y sobre todo Idealista (10,4 euros, un 28,4% más caro). Con ello, la diferencia en los alquileres medios provinciales llegan incluso a  un 57% menos (Fomento respecto a Idealista) en Baleares (687 euros de alquiler medio frente a 1.245 euros) y un 52% menos en Barcelona (769 frente a 1.413), pasando por un 50% de diferencia en la provincia de Madrid (819 frente a 1.228 euros). Y si tomamos los alquileres en las capitales más caras, las diferencias entre Fomento e Idealista son muy importantes: Ibiza (957 frente a 1.399 euros), Barcelona (930 frente a 1.467), San Sebastián (926 frente a 1.011), Madrid (865 frente a 1.226 euros), Bilbao (721 frente a 877), Málaga (633 frente a 967), Valencia (631 frente a 863), Ceuta (629 frente a 803) y Sevilla (590 frente a 858 euros).

¿Quién tiene razón? Ambas partes justifican las diferencias en que utilizan distintos criterios estadísticos. Por un lado, los portales inmobiliarios miran los precios que piden los propietarios en sus anuncios, no el precio final que consiguen (aunque los expertos dicen que, tal como está el mercado, los inquilinos “no pueden regatear” y si no los aceptan los pierden, porque se alquilan en horas). Y Fomento refleja el alquiler de las fianzas, que parecería más real si no fuera porque hay muchos alquileres que no se declaran por el valor real o que declaran fianzas más bajas porque tienen ayudas. Otra diferencia importante es que Fomento toma la superficie del catastro, que incluye zonas comunes y garaje, con lo que el alquiler se corresponde a una superficie mayor que la que ve el inquilino (la casa), lo que reduce el coste por metro cuadrado en esa estadística oficial. Además, Fomento da el dato del alquiler medio (el promedio de todas las fianzas), mientras los portales utilizan la mediana, el valor central de todos los alquileres, considerado internacionalmente como más fiable.

Al final, es posible que los portales inmobiliarios hayan “inflado” los alquileres estos años, animando a los propietarios a subir sus precios, porque con burbuja se atraen más anuncios (y de eso viven). Y también es posible que la estadística de Fomento tire a la baja y el Gobierno busque “enfriar” la burbuja y rebajar el problema. Probablemente, el precio real no sea ni uno ni otro, aunque en las grandes capitales quizás se acerque más al de los portales que a Fomento. Vean Barcelona (1.467 euros frente a 930) o Madrid (1.226 euros frente a 865).

En cualquier caso, hay un hecho incuestionable: los alquileres son muy caros (en 25 capitales alcanzan su máximo histórico) y se llevan cada vez más parte de los ingresos de las familias. El gasto en vivienda (alquiler o hipoteca más agua, luz y gas es el mayor gasto familiar y se lleva el 30,7% de los ingresos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2018 (INE). Y un estudio de Alquiler seguro revela que el alquiler se come, de media, el 37% de los ingresos del inquilino. Otro estudio reciente, de CaixaBank Research señala que la clase media destina el 23,5% de sus ingresos al alquiler, un porcentaje que es mayor en la clase media baja (el 26,8%). Este desembolso penaliza sobre todo a los que más asfixia el alquiler, a las familias jóvenes con hijos y a los jóvenes, con bajos ingresos y mucha precariedad. Por eso, el 81% de los jóvenes españoles menores de 30 años no se han emancipado y tienen que vivir con sus padres, según el Consejo de la Juventud, frente a una media del 68% en Europa, según Eurostat. Y los que alquilan, en muchos casos tienen que compartir piso de alquiler para poder pagarlo.

La mitad de los españoles creen que los alquileres son caros (32,7%) o muy caros (16,5%), según el Barómetro del CIS de alquileres publicado por Fomento. Y el 80,8% de los encuestados piden medidas para bajarlos y ayudar a las familias, básicamente ayudas fiscales al propietario y al inquilino y construir más viviendas para alquiler. Entre tanto, en marzo entró en vigor el segundo Decretode alquileres pactado por el PSOE y Podemos, que aumentó el periodo de alquiler de 3 a 5 años (7 si alquilan empresas), fija un límite de 3 meses a las fianzas (1 obligatorio más dos complementarios), limita los desahucios (el Juzgado debe informarse antes si el inquilino es vulnerable y aplazarlo de 1 a 3 meses) y se compromete a crear un índice estatal de alquileres en 8 meses (para noviembre), para que los Ayuntamientos tengan un referente oficial con el que promover ayudas fiscales (rebaja del IBI) a los propietarios que alquilen más barato. Ahora, sin Gobierno, ese índice se retrasará.

Podemos y algunos Ayuntamientos querían ir más allá y defienden que los Ayuntamientos fijen topes a los alquileres, lo que exigiría una Ley (no un decreto). Controlar así los alquileres es un “atajo populista” que no frenaría los precios sino que los subiría más. El razonamiento es simple: si se limitan los alquileres, muchos particulares y empresas dejarán de alquilar y habrá menos pisos en alquiler, lo que subirá los precios. Es de cajón. Y más en España, donde el problema es de falta de oferta y que la demanda ha crecido mucho estos años, por las familias y jóvenes que no pueden comprar y sólo les queda alquilar.

Ampliar la oferta de viviendas en alquiler se puede hacer por dos vías. Una, animando a que alquilen a los propietarios de los 3,44 millones de viviendas vacías (según el último censo del INE, de 2011). Y eso puede lograrse si se les incentiva el alquiler, a precios razonables (la media que marque la estadística oficial, cuando se consiga), con una deducción en el IRPF a los propietarios, con rebajas en el IBI municipal (sólo la mitad de las autonomías lo han regulado, como les permite el decreto y entre ellas no está Madrid),  y hasta con deducciones en sociedades (para inmobiliarias que alquilen más), tres medidas que va a poner en marcha el Gobiernovasco para fin de año. Y también con ayudas a la rehabilitación de viviendas (hay 500.000 vacías en mal estado) si se alquilan.

La otra vía es aumentando el parque de viviendas, sobre todo de viviendas públicas (VPO) para alquiler. En España, tras la mala experiencia de la crisis inmobiliaria, se construyen hoy pocas viviendas: sólo se entregaron 55.000 viviendas nuevas en 2018, 7 veces menos que en Francia (400.000, para un tercio más de habitantes) y 4 veces menos que en Reino Unido (250.000 nuevas viviendas en 2018). Y la mayoría son para venta, no para alquiler. Harían falta 140.000 nuevas cada año. Pero el mayor déficit se da en las viviendas públicas: en 2018 se terminaron 5.191 VPO (sólo 344 de ellas para alquiler), de las que 2.418 se hicieron en Madrid, 633 en Barcelona, 55 en Valencia, 86 en Sevilla y cero (sí, ninguna) en Baleares o Canarias, según las estadísticas de Fomento. Algo que contrasta  con las más de 100.000 VPO que se terminaban cada año en España entre 1957 y 1989. E incluso con las 68.857 de 2008.

La vivienda pública, la VPO promovida por el Estado, autonomías o Ayuntamientos ha casi desaparecido en España con la crisis. Eso se debe a que las instituciones públicas no promueven vivienda y ponen pegas a los promotores privados, que se quejan de que no les compensa promover VPO: los Ayuntamientos no les ceden suelo (aunque tienen de sobra) y las autonomías les fijan unos precios de venta demasiado bajos, imposibles: los módulos están un 31,2% por debajo de los de la vivienda libre. Y en 10 provincias (donde hay menos demanda) se da incluso el contrasentido de que la VPO es más cara que la vivienda libre. Lo que habría que hacer es facilitar la promoción de VPO, aportando suelo, financiación y unos precios más realistas, para multiplicar por 10 la VPO (50.000), sobre todo para alquiler. 

Al final, se debería crear un gran parque de vivienda en alquiler, entre viviendas vacías de particulares (incluso con compras: Berlín ha comprado 6.000 viviendas), las 15.000 VPO que hay vacías, las 76.000 viviendas de la SAREB (el banco malo) y 20.000 nuevas VPO que se podrían promover al año. Podría plantearse un objetivo realista de 200.000 nuevas viviendas en alquiler cada año. Eso sí bajaría los precios (no los controles “populistas”) y facilitaría el alquiler a 1.500.000 españoles que hoy tienen serios problemas de vivienda, sobre todo jóvenes, ancianos (800.000 viven de alquiler) y mujeres solas con niños (hay 1,5 millones). Y además, habría que seguir apostando durante décadas por la VPO y los incentivos fiscales al alquiler, porque para 2030 habrá 2.650.000 españoles que no podrán comprar ni alquilar en el mercado libre, según un estudio de la Fundación Alternativas.

Los alquileres deben ser una de las prioridades del futuro Gobierno. Urge tener una estadística oficial, para saber lo precios reales y poder incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilen más barato. Pero sobre todo, urge configurar un parque público de alquiler, para que haya más oferta y bajen los precios. Y eso exige un Pacto entre instituciones y más recursos. Pero es la vía eficaz, no los topes a los alquileres, un atajo populista inútil.