lunes, 17 de septiembre de 2018

Por qué necesitamos más gasto público


Es probable que el Gobierno Sánchez no consiga aprobar un Presupuesto para 2019. Su pretensión es gastar más, tras años de recortes. Lo permite la Comisión Europea, que nos da 6.000 millones de margen. Y hace falta: ZP y Rajoy recortaron 30.000 millones y todavía gastamos menos en sanidad, educación, gasto social y desempleo que en 2009. Falta de todo, desde un Plan de empleo a obras para evitar riadas. Y España tiene menos gasto público que Europa, 60.000 millones menos cada año. Urge un Plan de choque para lo más urgente, desde empleo o pensiones a sanidad, educación, tecnología o depuración de aguas. Y para pagarlo, hay que recaudar más: se puede, porque recaudamos 88.000 millones menos que Europa cada año. Gobierne quien gobierne, tendrá que gastar más y subir impuestos a los que pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales, ricos e inversores). Si no los suben o los bajan, como pretenden PP y Ciudadanos, seguiremos con unos servicios públicos de 2ª división. Que lo sepan los votantes.


enrique ortega

España siempre ha tenido menos gasto público que la mayoría de Europa: primero en el franquismo, luego con la democracia (aunque aumentó, por la presión social), después con la crisis (por los recortes) y ahora, a pesar de la recuperación. No gastamos menos que Europa porque seamos más pobres (somos el país nº 14 en renta por habitante), sino que también gastamos “comparativamente” menos, en relación a nuestra riqueza (PIB), que es como se mide: España gasta el 41% del PIB, frente al 45,8% de media que gasta la UE-28 y el 47,1% los países euro, según los datos de Eurostat. Y lo malo, insisto, es que este menor gasto público no es de ahora, tras la crisis, sino que viene de siempre: gastábamos menos en 1997-2001 (40% del PIB frente a 47% en Europa), en los años de “vacas gordas”, 2002-2006 (38,4% frente a 45,7%), al principio de la crisis, entre 2007 y 2011 (43,5% frente a 47,9%, más que nunca, por el gasto inútil de ZP contra la crisis), mucho menos con los recortes de Rajoy (37% frente a 49% en 2012) y ahora con la recuperación.

La razón de que España tenga, históricamente, menos gasto público que Europa habría que buscarla en que España también recauda menos que la mayoría de Europa, según Eurostat, con lo que las arcas públicas no dan para gastar más y cuando lo hacen es a costa de tener más déficit público, algo también connatural a España (salvo entre 2005 y 2007, que hubo superávit), que todavía hoy tiene el mayor déficit público de toda Europa (3,1% del PIB este 2018). Así que tenemos menos gasto público porque en España se pagan menos impuestos en global (la mayoría pagamos bastante pero muchos no y hay mucho fraude fiscal).

La consecuencia de que el gasto público en España sea más bajo es que hay menos dinero para gastar cada año. Traducido en euros, la diferencia entre el gasto público en la UE-28 (45,8% del PIB) y en España (41%) fue de 56.000 millones en 2017. Y con los otros 18 paises euro (gastan el 47,1% del PIB), gastamos 71.145 millones menos sólo en 2017, según Eurostat. Y luego, esa diferencia es mayor o menor con los países europeos con los que nos debíamos comparar: Francia (gasta el 56,5% del PIB: 258.279 millones más al año), Alemania (gasta el 43,9% del PIB: 33.823 millones más que España), Reino Unido (gasta el 41,1%, 11.663 millones más que España) e Italia (gasta el 48,9% del PIB, 92.139 millones más). Incluso Portugal (45,9% del PIB) gasta 57.149 millones más al año que España.

Gastamos menos que Europa, está claro. ¿En qué? En casi todo, sobre todo en gasto social: España gastó un 16,8% del PIB en 2016 (último dato publicado este año por Eurostat), frente al 19% del PIB en la UE-28 y el 20% en la zona euro. Son 26.800 millones menos de gasto al año, sobre todo en pensiones (gastamos el 9,2% del PIB frente al 10,2% en la UE o el 13,5% en Francia o Italia), en las familias y la infancia (un 0,7% del PIB frente al 1,7% europeo, el 2,4% de Francia  o el 1,7% de Alemania, a pesar de que somos el país más envejecido y el que tiene la menor tasa de natalidad) y en el paro: gastamos el 1,8% del PIB frente al 1,3% en la UE-28 y el 1,6% en la zona euro, pero tenemos más del doble de paro que Europa. Y gastamos menos que Alemania en el paro (gastan el 1,9 de su PIB), a pesar de que tienen el 3,4% de desempleo y nosotros el 15,1%, según Eurostat.

También gastamos menos en el Estado del Bienestar. Sobre todo en educación: España gasta en enseñanza el 4% del PIB (2016), frente al 4,7% en la UE-28, el 5,4% en Francia, el 4,7% en Reino Unido o el 4,2% en Alemania: somos el 6º país europeo con menos gasto público en educación, a pesar de que nuestro paro juvenil duplica el europeo(34,4% frente al 17,2%). También en sanidad: España gasta el 6% del PIB, frente al 7,1% de Europa y la zona euro, el 8,1% de Francia, el 7,6% de Reino Unido o el 7,2% de Alemania. Y también tenemos menos gasto público que Europa en alojamientos y equipamientos colectivos (0,5% frente al 0,6% en la UE-28), asuntos económicos (3,9% frente al 4%) y defensa (1% frente a 1,2%). Solo gastamos más que la media europea en orden y seguridad (1,9% del PIB frente a 1,7%), entretenimiento y cultura (1,1% frente al 1%), protección del entorno (0,8% frente a 0,7%) y servicios generales (“burocracia: 6,1% frente al 6%), según Eurostat.

El problema de España no es sólo que gastemos menos en bienes y servicios públicos sino que 5 años de recuperación no han servido todavía para recuperarse de los recortes sufridos en el gasto público: se redujo en 30.284 millones entre 2009 y 2014, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), 8.000 millones responsabilidad de  Zapatero (2010 y 2011) y 22.000 millones recortados por Rajoy. Pues bien, en 2018, todavía no se han recuperado 12.000 millones de esos recortes, de ellos 8.255 millones en las autonomías, según un reciente trabajo de los Directores de Servicios Sociales. Sobre todo, el gasto social no recuperado todavía sobre 2009 es en sanidad (6.500 millones), en educación (4.000 millones) y en Dependencia (1.500 millones). Y eso sin contar el gasto en desempleo, que ha sufrido otro recorte drástico: de 32.366 millones gastados en desempleo en 2009 a 17.397 en 2017, aunque el paro sólo cayó en 559.800 personas.

Otro problema del gasto público en España, además de que sea bajo y no se haya recuperado de los recortes, es que está mal repartido. Y en consecuencia, la sanidad, la educación, la Dependencia, las ayudas sociales y hasta el desempleo dependen de donde uno viva, con grandes diferencias entre autonomías. Porque unas gastan más que otras. Y así, hay 6 autonomías que han recuperado en 2017 su gasto social (sanidad, educación y gastos sociales) de 2009 (Baleares, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana) mientras las 11 autonomías restantes (donde viven la mayoría de españoles) gastan hoy en sanidad, educación y gastos sociales menos que en 2009. Y lo peor, que en unas autonomías tiene más peso el gasto social (en Asturias, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Madrid se lleva más del 65% del Presupuesto) y en otras tiene menos (en Navarra, Baleares, Cataluña y la Rioja, estos gastos apenas superan la mitad del Presupuesto). Así que hay “varias Españas” en gasto social.

A la vista  de estos datos, parece claro que España debería aprovechar la recuperación (“mientras dure”) para aumentar el gasto social, para gastar más en lo que hace falta, sobre todo en empleo, pensiones, educación, sanidad, Dependencia, gastos sociales y ayuda a la familia y a la infancia, sin olvidar otras necesidades perentorias como atender a la pobreza (un 27,9% de la población: somos el 7º país europeo con más pobreza), mejorar el medio ambiente, apoyar a la Ciencia, la digitalización y la reindustrialización o recuperar las inversiones públicas (en mínimos), desde cauces y obras hidráulicas (para evitar inundaciones recurrentes) a infraestructuras básicas (es una vergüenza que Bruselas nos multe por no depurar las aguas residuales en muchos municipios o por no invertir en la calidad del aire).

Aumentar el gasto público es una necesidad evidente no una “postura política” o ideológica de la izquierda, como acusa la derecha: España gasta mucho menos que Europa y hay que recuperar el gasto social y el Estado del Bienestar, en beneficio de la mayoría de españoles, que exigen unos servicios públicos decentes, hoy sin recursos ni medios. Por eso, los políticos deberían ser capaces de pactar un Plan de choque para recomponer el gasto público tras los recortes. Un Plan que apunté en otro blog y que debería centrarse en el empleo (2.000 millones para financiar un Plan de empleo, mejorar las ayudas a los parados y reducir la precariedad laboral), las pensiones (conseguir 3.000 millones de recursos extras), la pobreza (1.000 millones), la sanidad, educación y Dependencia (2.500 millones), la familia y la infancia (500 millones), la promoción del alquiler (1.000 millones) y financiación extra de la Ciencia (1.000 millones). Todo por lo bajo. Y salen 11.000 millones.

A ver quién se atreve a decir que estos gastos urgentes (y otros más en energía, medio ambiente, infraestructuras, digitalización o modernización de la economía) “no están justificados” o son “una ocurrencia de la izquierda” que “sólo sabe gastar más”. Son gastos no sólo necesarios sino justos, para compensar a una mayoría de la población que “no notan la recuperación. Y además, servirían para reanimar el consumo y la inversión, el crecimiento y el empleo, que ahora peligran por el enfriamiento europeo y los nubarrones económicos en el horizonte, desde la subida del petróleo a los tipos pasando por el proteccionismo comercial. Y además, si se reanima la economía y aumenta el consumo y el crecimiento, una parte de este gasto extra se podría recuperar con más recaudación.

Pero claro, este mayor gasto exige mayores ingresos. Y aquí volvemos a chocar con la ideología, con la crítica a la izquierda porque “sólo sabe subir impuestos”. Pero no es una cuestión de ideología sino de números: España recauda menos que el resto de Europa, ahora y antes, ya desde el franquismo y con la democracia: en 1997-2001 (España ingresaba el 38,1% del PIB frente al 45,5% en Europa), antes de la crisis (en 2007 recaudamos el 38,8% frente al 45,8% en la UE-28), durante el ajuste, en 2012-2013 (37,5% frente al 45,4% europeo) y con la recuperación, en 2017 : España recauda el 37,9% del PIB (menos que antes), frente al 44,9% de la UE-28 y el 46,2% de los paises euro, según Eurostat. A lo claro: recaudamos 81.642 millones menos que Europa y 96.804 millones menos que los paises euro, sólo en 2017. Y 186.611 millones menos que Francia (recauda el 53,9% del PIB), 85.141 millones menos que Alemania (45,2% del PIB), 13.995 menos que Reino Unido (39,1% PIB) y 101.469 millones menos que Italia (46,6% PIB). Incluso 58.315 millones menos que Portugal (42,9%).

España recauda e ingresa menos que Europa porque tenemos más fraude fiscal y porque hay colectivos que pagan menos impuestos de lo que deben, no la mayoría de españoles (las familias aportan el 83% de los ingresos, según Hacienda). Son las grandes empresas y la banca, que pagan realmente un 6,14% en el impuesto de sociedades, porque tienen muchas exenciones y desgravaciones “legales”. Las multinacionales, que hacen “trampas legales” en paraísos fiscales. Los impuestos al alcohol, tabaco y carburantes, más bajos que en Europa. El IVA, que con tantas excepciones, tiene también un tipo real más bajo. Y un IRPF donde se paga menos que en Europa, sobre todo los que ganan más y los que tienen ingresos por intereses y dividendos. Y los más ricos, que evaden con las SICAV o con sociedades interpuestas.

Habría que pactar de una vez una reforma fiscal que ajustara estos impuestos, para recaudar “como europeos”, unos 40.000 millones al año, que nos permitirían gastar más y recortar el déficit público. Y a corto plazo, para 2019, hacer un Plan de choque fiscal que suba al 15% el tipo efectivo de sociedades (+2.000 millones), quite el IVA reducido y superreducido a algunos productos (+1.500 millones) aumente el IRPF a los que más ganan (+600 millones), suba los impuestos al gasoil y la gasolina (+1.500 millones), implante la tasa Tobin sobre transacciones financieras (+1.000 millones) y cree un impuesto a las tecnológicas (+500 millones), junto a un Plan de lucha contra el fraude (+1.500 millones). En total, 8.600 millones extras que, junto al mayor déficit que nos permite Bruselas (+6.000 millones) permitiría atender en 2019 hasta 14.600 millones de gastos extras necesarios. Sin tocar los impuestos al 95% de españoles.

Todo este esquema, más gastos y para ello más ingresos, no es ideológico, aunque a la derecha tradicional le levante “sarpullidos”. Es simplemente una estrategia para ingresar y gastar “como europeos”, para mejorar los servicios públicos y atender a las necesidades de la mayoría. Pero PP y Ciudadanos se enrocan en no gastar más, aunque ahora nos deje Bruselas, porque no quieren subir impuestos sino bajarlos. Lo que no dicen es que bajar impuestos (que beneficia siempre más a los que más tienen) supone no mejorar el empleo, la sanidad, la educación, la Dependencia, la pobreza, la tecnología, las infraestructuras básicas y la modernización de la economía. Alejarnos aún más del Estado del Bienestar europeo.

Lo más probable es que este esquema, más gasto y más recaudación, no consiga la mayoría en el Parlamento y el Gobierno Sánchez no logre aprobar los Presupuestos 2019 y tenga que anticipar elecciones. Pero después, el próximo Gobierno tendrá que volver a plantearse qué hace: o gastar más y subir algunos impuestos o no subirlos e incluso bajarlos, con lo que los españoles de a pie no veremos mejorar el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la Dependencia, la pobreza, la tecnología o la modernización de la economía. Porque no se puede tener servicios alemanes con impuestos marroquíes o fraude fiscal italiano. Este es el gran debate ahora y lo será después de las elecciones. Piénselo al votar.  

jueves, 13 de septiembre de 2018

Cruzada (injustificable) contra el diesel


Muchos que piensan en comprar coche, descartan un diesel, porque hay una “cruzada” contra el gasoil: el escándalo de las emisiones de Volkswagen, las restricciones en Madrid y Barcelona, la nueva normativa europea de emisiones y el anuncio de que subirán los impuestos. “El diesel tiene los días contados”, dijo la ministra Ribera en julio. Una “demonización” del diesel que no se justifica: los nuevos coches diesel emiten un 15% menos de CO2 que los de gasolina y sólo algo más de NOx. El problema son los diesel viejos, 13 millones de coches, que tienen más de 12 años de antigüedad media y contaminan mucho. Ahora, con la campaña contra el diesel, han caído drásticamente las ventas (del 71% al 37%), aumentando las emisiones de CO2 en 2017 y 2018 y haciendo peligrar 40.000 empleos en España. Urge aclarar las cosas, renovar el parque, promover coches menos contaminantes y apoyar el coche eléctrico, que sólo supone el 0,5% de las ventas. Un Plan realista a 20 años.

enrique ortega

Hace sólo unos años, la mayoría de españoles compraban coches diesel, aunque fueran más caros, porque duraban más y gastaban menos carburante (más barato que la gasolina). Así, en 2007, el 71% de las matriculaciones eran coches diesel, frente al 29% gasolina. Pero en los últimos tres años, las ventas están cambiando y en 2017, las ventas de diesel ya bajaron al 48,34% (46,55% los de gasolina). Y este año 2018, se han desplomado, sobre todo este verano: de enero a agosto se han matriculado un 36,9% de coches diesel frente a un 57,10% de coches de gasolina. Un cambio histórico.

¿Qué ha pasado? Varias cosas. El mercado empezó a cambiar en septiembre de 2015, al estallar el escándalo “Dieselgate”: EEUU destapa que el grupo Volkswagen había manipulado el software de 11 millones de coches vendidos en el mundo entre 2009 y 2011 para esconder las emisiones reales de NOx (unos gases muy nocivos para la salud humana y el medio ambiente), que superaban hasta 40 veces el límite legal. Este escándalo, que afectó a 8,5 millones de coches europeos (683.000 en España), sembró las dudas sobre las emisiones de los coches diesel, contagiando a otras marcas. Y en paralelo, varias ciudades europeas anunciaron medidas para restringir los coches en el centro de las capitales. De hecho, Madrid prohibirá en noviembre el acceso al centro de los coches sin etiqueta de la DGT (diesel anteriores a 2006 y gasolina anteriores a 2.000). Y el 1 de septiembre entró en vigor la nueva normativa europea de emisiones (WLTP), más rigurosa, que obligaba a una parte de los diesel a pagar más impuesto de matriculación (entre el 10 y el 20%), lo que disparó las ventas de diesel en julio y agosto. Y el 11 de julio, la ministra de Transición ecológica dio la puntilla con esta frase: “El diesel tiene los días contados”. Y para más inri, en septiembre, el presidente Sánchez confirmaba que quiere subir el impuesto al diesel en 2019.

En conjunto, toda una “cruzada” contra el diesel, bastante injustificada. Primero, porque la industria automovilística, forzada por las autoridades europeas, lleva años invirtiendo en fabricar unos coches diesel menos contaminantes, al incorporarles catalizadores y filtros que han reducido las emisiones. Y hoy, un coche diesel nuevo emite entre un 15 y un 20% menos de CO2 que un coche de gasolina. Y emiten sólo algo más de NOx (óxidos nitrosos): 80 microgr/km frente a 60 microgr/km los de gasolina, con una emisión mínima de partículas similar en ambos carburantes. En definitiva, que hoy, con la normativa europea Euro 6, un coche diesel es igual de limpio (o sucio) que uno de gasolina (y emite menos CO2).

El problema no está en los diesel nuevos sino en los diesel viejos: un diesel con más de 15 años emite un 84% más de NOx que un diesel nuevo y un 90% más de partículas nocivas, según los expertos.Y, sobre todo, emiten mucho más CO2: entre un 15% y un 40% más que un diesel nuevo, según la antigüedad y el modelo. Todo esto es especialmente preocupante en España, que tiene uno de los parques de vehículos más viejos de Europa: la edad media son 12,4 años. Y de los 23,6 millones de coches que circulan por España (finales de 2017), según la DGT, sólo 2,2 millones (el 9,6%) cumplen la última normativa europea de emisiones, Euro 6, vigente desde diciembre de 2015. Y más de la mitad, 13 millones, son coches diesel, la mayoría con más de 10 años, responsables de la mayoría de emisiones de NOx y parte del CO2 (y no olvidemos los 4,4 millones de camiones y 60.000 autobuses, también diesel).

Aquí está el mayor problema, en los coches viejos, tanto de gasoil (emiten más NOx) como de gasolina (emiten más Co2 que los de gasoil). Pero en lugar de poner en marcha un Plan serio para rejuvenecer el parque, el Gobierno y algunos “expertos” perseveran en “demonizar” el diesel, sin pensar en las consecuencias, que son muy serias. La primera, que la caída de ventas del diesel ya ha provocado un aumento de las emisiones de CO2 en 2017 y 2018: las emisiones medias por vehículo, que llevaban cayendo desde 2007 (158 grs/km) hasta 2016 (115 grs.), aumentaron en 2017 (a 116 grs) y han aumentado en el primer semestre de 2018 (2 grs. sobre el primer semestre de 2016), según Faconauto. Y es lógico, se venden menos diesel, que emiten menos CO2, y más coches de gasolina (que emiten un 15/20% más). La otra consecuencia negativa del desplome del diesel es económica: España fabrica 1,4 millones de coches diesel y un millón de motores diesel, lo que da trabajo a 40.000 trabajadores en toda España, ahora preocupados por su futuro.

Está claro que el cambio climático es uno de los graves problemas del mundo y que España es uno de los pocos países europeos que aumenta sus emisiones de CO2, también en 2017. Y que el 25% de las emisiones de CO2 proceden del transporte (el 11% de los coches particulares). Y que la contaminación de las ciudades supera los límites legales y que hay que tomar medidas drásticas para reducir el tráfico. Todo ello justifica una “cruzada” contra los coches, sí, pero contra todos los coches (diesel y gasolina, que emiten más CO2) y sobre todo, contra los coches viejos, que hay que “sacar” de calles y carreteras. Y todo ello, sin olvidar que el automóvil es la tercera industria “española” (controlada por 7 multinacionales), tras el turismo y la alimentación, que somos el 2º país de Europa y el 8º del mundo que fabrica más coches (2,9 millones en 2017), manteniendo más de 2 millones de empleos. Como para no “demonizar” al automóvil ni hacer demagogia.

Lo que está claro es que el Gobierno y la industria han de pactar un Plan a 20 años para el automóvil que sea compatible con el medio ambiente, actuando en cuatro frentes. El primero, la renovación del parque de vehículos, con ayudas a los conductores para retirar del mercado los coches más viejos (empezando por los de 15 a 20 años y más, que los hay). De momento no hay Plan Renove o PIVE, pero cualquier nuevo Plan ha de evitar el fraude y ayudar sobre todo a las rentas más bajas, no indiscriminadamente.

Un segundo frente es la fiscalidad del automóvil. Por un lado, hay que reformar el impuesto de matriculación (que no existe en la mayoría de países europeos), que hoy sólo pagan el 25% de los coches nuevos (la mayoría emite poco y no paga). De momento, el Gobierno Sánchez ha dado 2 años más de tregua, hasta finales de 2020, para medir las emisiones reales de los nuevos coches diesel, lo que retrasará la subida de este impuesto a algunos nuevos diesel (será este año del 5%, en vez del 10 al 20% que subirá después). La industria pide suprimir este impuesto y dejar sólo el impuesto de circulación, pero cambiándolo: en lugar de pagarlo según la potencia del coche (los “caballos) y las tarifas de cada Ayuntamiento, pagarlo según las emisiones y la antigüedad del vehículo, para que paguen más los más contaminantes. Y habría que penalizara los SUV, esos populares ”todo terreno” urbanos que suponen casi un tercio de todas las ventas y que gastan y contaminan más.

El tercer frente es la fiscalidad de los carburantes, que hay que equiparar y homologar con el resto de Europa. No tiene sentido que el gasoil esté fiscalmente primado para todos los conductores (debía subvencionarse solo para profesionales), ya que paga 30,70 céntimos/litro de impuesto especial frente a 40,25 céntimos la gasolina. Y encima, España, un país donde crecen las emisiones de CO2 y la contaminación en las ciudades, tiene los impuestos a los carburantes más bajos que la mayoría de Europa. En el gasoil, somos el 5º país que paga menos impuestos: 0,582 céntimos por litro en septiembre, frente a 0,680 céntimos en Alemania, 0,853 en Francia y 0,890 céntimos en Reino Unido e Italia. Y aunque la gasolina paga más impuestos que el gasoil (0,693 céntimos por litro), también somos el 7º país europeo con menos impuestos a la gasolina. Por eso, la Comisión Europea lleva años pidiendo a España que suba el impuesto a los carburantes, sobre todo al gasoil. Ahora, el Gobierno Sánchez dice que lo subirá en 2019, unos 3 céntimos por litro, para equipararlo a la gasolina en 4 años, aunque todo va a depender de que consiga apoyos parlamentarios y no anticipe elecciones.

El cuarto y principal frente de actuación es promover los coches híbridos y eléctricos, una tarea donde se ha avanzado muy poco: en 2017 sólo se vendieron en España 4.106 coches eléctricos (el 0,32% del total) y 58.894 híbridos (un 4,70%), uno de los porcentajes más bajos de Europa, donde se venden un 1,5% de eléctricos y un 5,2% de híbridos. Este año, con el desplome del diesel, ha aumentado la venta de híbridos y eléctricos (hasta el 5,9% a finales de agosto), pero sigue siendo una cifra marginal. Por un lado, los coches eléctricos/híbridos siguen siendo caros y con pocos modelos (no llega a 20) y baja autonomía (de 150 a 600 kilómetros). Y un “cuello de botella”: apenas hay puntos de recarga: se contabilizan 2.200  pero sólo 200 son de carga rápida (frente a 11.000 gasolineras).

El empuje a los coches híbridos y eléctricos exige un Plan específico, con incentivos fiscales (el sector pide que no paguen IVA ni impuesto de circulación) y ayudas directas, orientadas no sólo a particulares sino a  grandes flotas y profesionales (grandes empresas, distribuidores, comerciales, taxis, coches de alquiler, administraciones públicas…). Pero de momento, las ayudas del nuevo Plan VEA son ridículas: 66,6 millones en el Presupuesto 2018, que además, no se han puesto todavía en marcha y no se podrán pedir hasta noviembre o diciembre (y se agotarán en 2 días, como pasó con las anteriores).

El automóvil tradicional, tanto diesel como gasolina, debería tener “los años contados”, por el bien de nuestras ciudades y del Planeta. Pero el cambio exige tiempo e inversiones y va a implicar que los coches del futuro, menos contaminantes, serán más caros. Y hará falta contar con los nuevos diesel y gasolina bastantes años (y con los de gas natural y GLP), hasta que los eléctricos sean una alternativa real. No hay que demonizarlos sino presionar a la industria a fabricar coches y carburantes cada vez menos contaminantes, ayudándoles en la reconversión para que no se pierdan fábricas y empleos. Como siempre, ante problemas complejos como el futuro del automóvil, no hay soluciones simples. Así que menos demagogia y más medidas serias, que tengan en cuenta al medio ambiente, la industria y los conductores.

lunes, 10 de septiembre de 2018

Curso escolar 2018-19: cambios retardados


Esta semana, casi 8,2 millones de niños y jóvenes empiezan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán 21.700 profesores más, aunque un 30% serán interinos, el doble que en 2011. Y no se han superado los recortes: hay menos gasto en educación que en 2009, con grandes diferencias entre autonomías. Y siguen faltando plazas en guarderías públicas, lo que dificulta que las mujeres trabajen. Lo nuevo será que el Gobierno Sánchez aprobará este viernes14 de septiembre un proyecto de Ley educativa que derogue los recortes ligados a la LOMCE (aprobada en solitario por el PP en 2013), como los alumnos por clase, el horario docentes o la religión. Pero los cambios de esta nueva Ley educativa (la 8ª de la democracia), no entrarán en vigor hasta el próximo curso 2019-2020. Y eso si se aprueba, porque si no consigue mayoría o convocan elecciones, no habrá cambios educativos hasta 2020. Un drama para un país líder en abandono escolar, baja formación de adultos y desempleo. Urge un pacto educativo, sin perder dos años más.


enrique ortega

Otro curso más, aumentarán poco los alumnos de enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta rondar los 8.178.000 niños y jóvenes en colegios e institutos este curso 2018-2019, unos 723.000 más que hace 10 años. Volverán a bajar los niños en educación infantil  (unos 1.768.000), sobre todo por la caída de la natalidad en 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Se mantendrá la cifra de los que estudian en primaria, los más numerosos (2.945.000), aumentarán sobre todo los alumnos de la ESO (1.945.000) y seguirán bajando los alumnos de Bachillerato (675.000), que, otro año más, serán superados por los alumnos que estudian Formación Profesional (FP), unos 845.000 alumnos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso en colegios e institutos públicos (el 67,26% de los centros educativos), aunque año tras año sigue ganando peso la enseñanza concertada y la privada (sobre todo en enseñanza infantil y en la ESO), especialmente en algunas comunidades: País Vasco (el 49,2% de los centros de enseñanza son concertados o privados), Madrid (45,9%), Navarra (35,6%), Cataluña (34,7%) y Baleares (33,1%), mientras hay autonomías con bajo peso de la enseñanza privada o concertada, como Canarias (24,4%), Andalucía (26,2%), Galicia (27,7%), Asturias(28,5%) y Cantabria (29,3%), según los datos 2017-18 del Ministerio de Educación. En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada/privada han ganado unos 50.000, según un informe de CCOO, gracias a las ayudas y subvenciones de algunas autonomías.

La mayor novedad de este curso 2018-19 es que los alumnos van a encontrar 21.700 nuevos profesores, que aprobaron oposiciones en junio y julio, aunque casi 2.000 quedaron fuera, un 8,94% de los presentados, mientras en algunas autonomías el porcentaje de no admitidos fue tremendo: 29,6% en Ceuta, 26,8% en Euskadi, 24,7% en Melilla o 20,4% en Madrid (449 de 2.200 plazas). Con estos nuevos docentes, habrá en España unos 720.000 profesores en colegios e institutos, de ellos 535.000 en centros públicos, unos 40.000 más que en 2009. Pero este dato es engañoso, porque las plantillas de profesores han crecido estos años con contratados (de 77.718 en 2011 a 150.210 en 2017), mientras se recortaban drásticamente los profesores con plaza fija: de 425.668 a 365.683, casi 60.000 menos. En definitiva, que los chavales tienen más profesores pero un 29,12% son interinos, según el último informe de CCOO. Y un 40% dan clase media jornada, mientras 32.000 son despedidos cada mes de junio para contratarles en septiembre. Mucha precariedad.

Pocos más alumnos, pocos nuevos centros y más profesores para un curso escolar 2018-19 con pocas novedades para alumnos y familias. El Gobierno Sánchez ha prometido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 14 de septiembre, un proyecto de Ley  que revierta los principales recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en abril de 2012 (Real decreto 14/2012) y los cambios educativos aprobados luego en la LOMCE (la Ley de educación aprobada en solitario por el PP en 2013). Pero los cambios no entrarán en vigor (si logra mayoría simple para aprobarlos) hasta el próximo curso 2019-2020, según ha reconocido la ministra de Educación.

Los dos principales cambios son para revertir los recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en 2012, con el real decreto14/2012. Por un lado, se reducirán otra vez los alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% en 2012 (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO), siendo las autonomías las que fijarán los alumnos por aula, recorte que ya han puesto en marcha este curso Andalucía y Extremadura y que podrían hacer otras más este curso. Por otro, se reducirán las horas de clase de los docentes, tras haberse aumentado en 2012 (25 horas semanales en infantil y primaria  y 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). El tercer cambio, que habrá que sustituir a los profesores que se cojan la baja al día siguiente y no a los 10 días como ahora, será el único cambio que podría implantarse en el momento de aprobarse la nueva Ley (a principios de 2019), sin tener que esperar al próximo curso.

Otro cambio en la LOMCE que estudia aprobar el Gobierno Sánchez es que la religión no sea una asignatura evaluable y no cuente para la nota media, mientras se aprueba una nueva asignatura obligatoria: “Valores cívicos y éticos”. Además, se confirma que no habrá reválidas (en 4º ESO y final de Bachillerato), aunque se mantiene la prueba de acceso a la Universidad. Además, la ministra de Educación ha prometido derogar los itinerarios segregadores a los 13 años (elegir Bachillerato o FP), recuperar las ayudas a alumnos con problemas y mejorar la formación de profesores, recuperando la participación de la comunidad educativa en los Consejos escolares y modificando los criterios de selección de directores de centros públicos, dos temas claves de organización docente que cambió la LOMCE del ministro Wert.

Otro cambio que se anuncia para el siguiente curso (2019-2020) es el sistema de becas, dado que la reforma impuesta por el ministro Wert en 2013 (más becas con menos importe y nuevos requisitos) ha provocado protestas de alumnos y familias. Mientras, este curso 2018-2019, el Gobierno Sánchez aprobó en julio 10 millones de euros más para becas (unos 1.400 millones en total), lo que supone un aumento de 100 euros anuales por becario. A esas ayudas hay que sumar las becas de las autonomías, una oferta muy dispar, donde algunas subvencionan la compra de uniformes mientras en otras faltan recursos para comedores, libros y transporte.

Mientras docentes, alumnos y familias esperan que se apruebe o no otra Ley educativa (sería la 8ª de la democracia), el gran problema de fondo de la educación en España sigue siendo la falta de recursos públicos, sobre todo de las autonomías, que financian el 85% de la educación pública en España. Este año 2018, el gasto público en educación rondará los 48.000 millones de euros, todavía menos dinero que en 2009, antes del ajuste (53.374 millones en educación), a pesar del esfuerzo de algunas autonomías por subir su presupuesto educativo estos tres últimos años. Con ello, España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%).

Los recortes han supuesto menos dinero para la educación pública (menos profesores con plaza y más precariedad laboral, pocos centros nuevos y recorte del gasto en educación compensatoria y para alumnos con problemas educativos), pero han aumentado las dotaciones públicas a la escuela concertada, vía subvenciones y cheque escolar para educación infantil y FP, según un informe de CCOO. Y todas las autonomías, mientras recortaban sus presupuestos, han aumentado el porcentaje del gasto que dan a la enseñanza concertada: 5.915 millones anuales, un 14,1% del gasto público en educación, un porcentaje que aumenta en el País Vasco (un 24,4% del gasto público en educación va a los centros privados y concertados), Navarra (21,1%, Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%), mientras es un porcentaje bajo en Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Castilla la Mancha (9,1%) y Andalucía(10%), según Educación.

Pero quizás el mayor problema es que los recortes en educación han mantenido las diferencias de gasto entre autonomías, configurando una España con 17 sistemas educativos, desigualmente financiados. Así, el País Vasco gasta en educación no universitaria 8.973 euros por alumno, casi el doble que Madrid (4.593 euros), una diferencia que ya se daba en 2009 (9.530 euros frente a 4.842). Las otras 9 autonomías que, junto a Euskadi, gastan más que la media española (5.436 euros/alumno) son  Navarra (6.951 euros), Asturias (6.679), Cantabria (6.595), Galicia (6.460), Castilla y León (6.399), Extremadura (6.255), Baleares (5.917), La Rioja (5.863) y Aragón (5.631), según las estadísticas de Educación (con datos 2015). Y gastan menos que la media, además de Madrid, Andalucía (4.735 euros/alumno), Castilla la Mancha (4.885), Murcia (5.074), Canarias (5.102), Cataluña (5.197) y la Comunidad Valenciana (5.246). Y un dato preocupante: sólo 3 de las 17 autonomías gastan más hoy en educación que en 2009: Madrid, Aragón y Extremadura.

El recorte del gasto público en educación se ha traducido en un aumento del gasto educativo de las familias: ha subido de 9.013 millones en 2009 a 12.290 millones en 2016, un 36% más, según los datos de Educación. Esto se debe a un aumento de los costes de matrícula, libros, comedor, transporte y diversas actividades escolares y extraescolares, junto al recorte de becas y ayudas. Y mucha de la factura se debe al elevado coste de las guarderías, de la educación de 0 a 3 años, donde faltan plazas públicas subvencionadas y han subido mucho las guarderías privadas. El resultado es que más de 200.000 familias no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, según los datos de la Asociación AMEI.

En definitiva, tenemos una educación con recursos recortados, pocos profesores y una oferta muy dispar, por autonomías y tipos de centros. No basta con cambiar la LOMCE, si se consigue. Habría que alcanzar de una vez un pacto educativo basado en recursos y reformas. Un pacto que garantizara un gasto público educativo del 5% del PIB, lo que supondría gastar en educación 10.000 millones más, en un plazo por ejemplo de 5 años (2.000 millones más al año). Eso exige subir la recaudación (no bajar impuestos como defienden PP y Ciudadanos) y modificar el sistema de financiación autonómica, creando un Fondo de compensación para que todas las autonomías gasten lo mismo y no haya “educación de primera y de segunda”.

Pero no sólo hace falta más dinero para la educación. Hacen falta más profesores, unos 150.000 más en cinco años según los sindicatos, para reducir la precariedad (bajar los interinos del 29 al 8%), cubrir los despedidos y los jubilados. Y, sobre todo, gastarse más en formar mejor a los profesores, volviendo a la idea de “un MIR para docentes”. Y conseguir que tengan empleos estables y bien pagados, porque su trabajo es básico para el futuro. Y hace falta pactar una reforma educativa estable, para varias décadas, atendiendo a las propuestas de la comunidad educativa (docentes, centros, alumnos y familias). Una reforma que ayude a los alumnos con problemas y se centre en una educación de calidad, ligada al empleo y a la revolución tecnológica que nos amenaza.

Todo el mundo dice que “la educación es la clave del futuro, pero los políticos son incapaces de alcanzar un pacto educativo, que España necesita más que el resto de Europa, al menos por tres razones de peso. Una, porque somos líderes europeos en abandono escolar, tras Malta: el 18,3% de los jóvenes abandonan sus estudios, frente al 10,6% en Europa, según Eurostat. Dos, que el nivel de competencias de nuestros jóvenes, en matemáticas o comprensión lectora, son bajos, según el informe PISA. Y tres, que los españoles tienen un bajo nivel educativo: el 41,7% de los adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera) frente al 20,3% en Europa, un 22% tiene formación media (Bachillerato y FP básica) frente al 46,4% en Europa y un 35,7% alta (universitarios o FP Superior) frente al 33,4% en Europa, según el informe Education at a Glance 2017 de la OCDE. Tres datos que explican bien por qué España tiene el doble de paro, general (15,1% frente a 6,8%) y juvenil (33,4 frente a 16,6%), que Europa.

Recapitulando. Otro curso escolar atados a la polémica LOMCE y otro curso escolar sin pacto educativo, sin los recursos y profesores suficientes para que nuestros hijos y nietos reciban una educación de calidad. Con los políticos en sus peleas, mientras las familias tratan de pagar la educación de sus hijos y que aprueben y los centros educativos tratan de hacer equilibrios para tapar agujeros y cubrir deficiencias, con profesores precarios y mal pagados. No podemos permitirnos seguir así, jugarnos el futuro con una educación deficiente. Sobre todo la pública, cada vez más devaluada. Otro curso más, urge mejorar la educación. Una demanda de todos, que no puede demorarse uno o dos años.

jueves, 6 de septiembre de 2018

Otoño gris: atasco político y economía más débil


Los españoles vuelven a la rutina diaria y se encuentran con una economía peor que hace dos meses: Europa apenas crece y en España han pinchado el turismo, las exportaciones, el consumo y el empleo, que tuvo en agosto la mayor caída desde 2008. Y en vez de buscar soluciones, los políticos están más enfrentados que nunca, presionando sin límite a un Gobierno débil. Consecuencia: los problemas se enquistan y parece difícil que el Gobierno Sánchez apruebe un Presupuesto para 2019. Lo malo es que unas elecciones no resolverán  nada, porque no habría mayorías y harán falta acuerdos para afrontar los problemas, como ahora. Y los políticos no están por pactar nada, mientras peligra la recuperación y se avecina un otoño gris para los ciudadanos. Urge poner la economía y los problemas  del país por delante de los intereses de los partidos, como hacen muchos países europeos. Y si no, luego no se quejen de que la gente rechaza a los políticos.


enrique ortega

Tenemos por delante un otoño bastante complicado. La economía, tras 5 años de recuperación, empieza a enfriarse. Primero en Europa, que crece el 0,4% (primer semestre), casi la mitad que hace un año (+0,7%) y que Estados Unidos (crecen al 1%), con Italia y Francia casi estancadas (crecen al 0,2%), la crisis turca y los efectos negativos del Brexit y del proteccionismo comercial de Trump, que han frenado las exportaciones y el crecimiento europeo. Y lo mismo en España, donde los últimos datos confirman que se ha frenado la recuperación: el consumo lleva tres meses cayendo (ventas minoristas y grandes superficies), porque la alta inflación (+2,2%) se ha comido la subida de salarios y pensiones (1,5/1,6%), las exportaciones han “pinchado” (crecen un 2,9% hasta junio, frente al 10% en 2017) y el turismo, el gran motor de la recuperación, se ha desinflado: la llegada de turistas cayó en julio (por primera vez en 8 años), debido a la recuperación de países competidores como Turquía, Túnez y Egipto, así como por los altos precios y la saturación de muchos destinos. Y el petróleo sigue caro (76-78 dólares barril), mientras España se confirma como uno de los países más endeudados del mundo, con un récord histórico de deuda pública en junio: 1.162.000 millones de euros (el 98,8% del PIB), una hipoteca que será una pesada losa en cuanto el BCE suba los tipos de interés, en 2019.

La consecuencia de todos estos datos recientes es que España crece ahora menos (el 0,6% en el segundo trimestre frente al 0,7% los tres anteriores) y, sobre todo, que se crea menos empleo, incluso llevamos dos meses perdiendo ocupados: sólo en agosto se han perdido  203.000 empleos, el peor dato ese mes desde 2008.

Así que volvemos a la rutina diaria con un panorama económico peor, debido a una coyuntura internacional adversa (bajo crecimiento en Europa, petróleo caro, tipos al alza, proteccionismo comercial, crisis en Turquía y Argentina…) y un pinchazo en los tres motores del crecimiento estos años: el consumo, las exportaciones y el turismo. Y por supuesto, siguen ahí este otoño, los problemas de fondo que llevamos años soportando sin buscarles una salida. El más preocupante para la mayoría de españoles, el elevado paro (15,1% frente al 6,8% en la UE-28) y el hecho de que la mitad de los parados lleven más de un año sin trabajar y no cobren ningún subsidio. El “agujero” de las pensiones, que se ha agravado en los últimos meses, tras el acuerdo del Gobierno Rajoy y el PNV para subir un 3% las pensiones mínimas y el 1,6% el resto, un “parche” que ha agravado las cuentas de la Seguridad Social: si en 2017 tuvo un déficit de -18.800 millones de euros, la previsión ahora es que el agujero crezca hasta los -19.500 millones este año y los -22.000 millones en 2019, sin que nadie ponga remedio. Y seguimos con un grave problema de pobreza (afecta al 27,9% de la población, casi 13 millones de españoles, según Eurostat) y desigualdad (el 10% más rico concentra el 53,8% de la riqueza frente al 46,2% que se lleva el 90% restante y somos el tercer país con más desigualdad de Europa, tras Rumanía y Bulgaria). Y tenemos un Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia y ayudas sociales) sin recursos.

Estos son los problemas más graves, pero no los únicos. No podemos olvidar la enorme desigualdad entre hombres y mujeres y el grave problema demográfico: tenemos la tasa de natalidad más baja de Europa, perdemos población y cada vez hay más viejos y menos jóvenes para sostener la economía, las pensiones y los impuestos. Para muchos, sobre todo los jóvenes, otro gran problema es la vivienda, donde escasean los alquileres y son cada vez más caros, por la especulación de fondos buitre y el abuso de los pisos turísticos. Y no olvidemos el grave problema  de la energía (la luz ha vuelto a subir un 12,4% en agosto, agravando la subida de los meses anteriores, con lo que pagamos la 3ª luz más cara de Europa), mientras aumentan nuestras emisiones de CO2. Y seguimos sin apostar por la Ciencia, tras haberse perdido 40.000 millones de euros en I+D+i desde 2009, con un gasto en tecnología muy alejado de Europa (el 1,23% del PIB frente al 2,03% en la UE-28). Y como telón de fondo, seguimos con una economía poco productiva (en el puesto 34 del mundo, según el Foro Económico Mundial), debido al escaso peso de la industria, al bajo valor añadido de nuestras exportaciones, al pequeño tamaño de nuestras empresas, a la escasa digitalización de la economía y a la baja formación de nuestros trabajadores.

Todos estos son problemas reales, de fondo, que llevan ahí sin afrontarse años y hasta décadas. Y que se agravan ahora si  la economía y el empleo crecen menos. Lo normal sería que los políticos, ante estos problemas que afectan a los ciudadanos, volvieran al trabajo pensando en solucionarlos, buscando acuerdos, como hacen partidos muy diferentes en Europa (el último ejemplo, el gobierno de coalición en Alemania). Pero no, volvemos de vacaciones con un panorama político “de bronca perpetua”, con los partidos más enfrentados que nunca: el PP y Ciudadanos forzando elecciones a cualquier precio, los nacionalistas catalanes a lo suyo y chantajeando al Estado y Podemos presionando para imponer salidas extremas, todos dejando sólo a un Gobierno débil, que aguanta tratando de tomar medidas escaparate que le hagan avanzar en las encuestas. Y mientras, los parados, los pobres, la sanidad o los jóvenes sin casa, esperando en vano. Y con dos problemas más que se enquistan y donde los políticos tampoco pactan soluciones: los refugiados (hasta finales de agosto, han llegado a España por mar 28.579 inmigrantes, casi el triple que en 2017) y la crisis política en Cataluña, que afecta muy seriamente a la economía (son el 19% del PIB español) y al futuro de nuestra democracia.

Un buen instrumento para tomar medidas sería pactar un Presupuesto para 2019, que tratara de afrontar los problemas más urgentes, con más recursos. Pero no parece que el Gobierno Sánchez consiga aprobarlo y todo apunta a que tendrá que volver a prorrogar el Presupuesto 2018. El mayor escollo es que PP ni Ciudadanos rechazan aprobar un nuevo techo de gasto para 2019, mientras los nacionalistas y Podemos presionan con no aprobarlo mientras no consigan otras contrapartidas a cambio. Y así se produce un contrasentido que nadie entiende en Europa: Bruselas nos ha autorizado a gastar 6.000 millones más en 2019 pero la mayoría de los partidos españoles lo boicotean, por puro interés político, aunque este mayor gasto permitiría mejorar el Estado del Bienestar (2.500 millones irían a las autonomías, para gastar más en sanidad, educación y Dependencia), mejorar las pensiones (2.500 millones irían a subirlas) y hacer algunas inversiones necesarias (1.000 millones restantes), en empleo, pobreza, Ciencia, carreteras, industrialización, infraestructuras y digitalización.

Pero no, no se va a permitir al Gobierno Sánchez a que gaste esos 6.000 millones más que tanta falta hacen. Sólo para forzarle a que convoque elecciones. Mientras, el Gobierno trata de ganar tiempo, buscando anular la Ley de estabilidad que aprobó el PP en 2012 para que el Senado (donde tienen mayoría) bloquee el mayor gasto. Algo que se puede retrasar a noviembre o más (hasta 6 meses o más, al vetar PP y Ciudadanos que se debata como Ley urgente), con lo que no habría Presupuesto hasta abril o mayo de 2019, si Sánchez consigue aprobarlo con el apoyo de Podemos y los nacionalistas, algo muy difícil. Y mientras, tendrá que prorrogar el actual Presupuesto 2018 (de Rajoy). O convocar elecciones.

Haya o no Presupuesto 2019, la clave es que la economía española necesita que se tomen medidas, para reanimar el crecimiento y el empleo. Y esas medidas exigen acuerdos y dinero, dos temas casi imposibles. Acuerdos que nadie quiere pactar, solo elecciones cuanto antes. Algo que no soluciona nada, porque si hay elecciones, ningún partido tendrá la mayoría y tendrán que intentar pactar. Como ahora, pero perdiendo medio o un año más, lo que agravará los problemas. Y entonces, cuando los partidos comprendan que hay que pactar acuerdos, saltará el tema de fondo: hará falta más dinero. Porque los grandes problemas económicos, desde el paro a las pensiones, la pobreza o la sanidad y la educación exigen contar con más recursos, tras 6 años de duros recortes. Y eso obliga, esté quien esté en el Gobierno, a recaudar más, a subir algunos impuestos. Sí o sí.

Y no se trata de un tema ideológico, sino práctico. España tiene muchas necesidades pendientes (la más urgente, un ambicioso Plan de empleo), que no se pueden afrontar con unos recursos públicos tan limitados. El problema de fondo, del que casi nadie habla, es que España recauda mucho menos que el resto de Europa: en 2017, España recaudó el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países euro y la alta recaudación de Francia (59,3% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (42,5%) e incluso Reino Unido (39,1%), según los datos de Eurostat. Eso significa que si España recaudara impuestos como los demás países europeos, ingresaríamos 81.456 millones más cada año. Con ello podríamos hacer frente a las necesidades más urgentes (empleo, pensiones, pobreza, sanidad, educación, dependencia, vivienda, tecnología, digitalización…) y además reduciríamos el déficit público (que sigue siendo el mayor de Europa).

En definitiva, afrontar los graves problemas económicos de fondo exige tener más recursos y se pueden conseguir, sólo con que España recaude como el resto de Europa. Eso no significa subir todos los impuestos, sino equiparar la recaudación con Europa, sobre todo en sociedades, IVA, impuestos especiales y algo en IRPF. En sociedades, el impuesto que pagan las empresas, se recaudó en 2017 menos de la mitad que en 2007 (24.511 millones frente a 51.642), a pesar de que los beneficios empresariales son mayores. Eso se explica porque las grandes empresas pagaron en 2016 el 6,14% de sus beneficios, aunque el tipo de sociedades es el 25%, gracias a un rosario de exenciones. Y las multinacionales no pagan ni eso. Hay además mucho fraude en IVA y demasiados productos con tipos reducidos. Los carburantes, el tabaco y el alcohol pagan menos impuestos que en Europa y España ingresa 5.000 millones menos que la UE en impuestos medioambientales. Y 20.000 millones menos en el IRPF, por el exceso de deducciones (2.000 millones en planes de pensiones) y porque las rentas altas pagan menos que en Europa. Sobre todo las rentas del capital, los que reciben dividendos e intereses, que sólo pagan un 23% máximo de IRPF.Y tenemos más fraude fiscal en general.

Así que hay que recaudar más porque se puede y se necesita. Es una urgencia económica, que no afectará al 90% de los españoles, que pagarán igual o menos. Hace falta una reforma fiscal completa y justa. Pero tanto PP como Ciudadanos y los nacionalistas no quieren oír hablar de subir impuestos. Es un tema ideológico, porque muchos expertos económicos defienden que España recaude como el resto de Europa. Pero ellos defienden los intereses de los poderosos, de grandes empresas, bancos, multinacionales, rentistas y grandes fortunas, que son los que tendrían que pagar más, no la mayoría de nosotros.

Este debate se va a producir en los próximos meses, de cara a la propuesta de Presupuestos 2019 del Gobierno Sánchez, que está pensando en subir los impuestos al gasoil, a las operaciones financieras (Tasa Tobin), a los gigantes de Internet (tasa Google) y a los que ganan más de 150.000 euros (ojo: son solo 91.408 españoles), para recaudar unos 8.500 millones más que tanta falta hacen para crear empleo, paliar la pobreza, mejorar las pensiones, reforzar la educación, la sanidad y la dependencia o construir viviendas para alquiler. PP y Ciudadanos rechazan cualquier subida y prometen incluso bajar impuestos (a los más ricos), con lo que si ganan las elecciones, habrá menos recursos y se podrá gastar menos en lo que hace falta. Este es el gran debate, de los Presupuestos 2019 y de las próximas elecciones.

En definitiva, que retomamos el curso político con una economía más débil, con “vientos en contra” que vienen de fuera y agravan los problemas que ya teníamos, desde el paro a las pensiones, la educación o la vivienda. Y en vez de afrontar los problemas con decisión, seguimos perdiendo el tiempo en vanas peleas políticas: llevamos casi 3 años sin tomar decisiones sobre los problemas económicos de fondo, desde octubre de 2015, cuando Rajoy convocó las elecciones de diciembre de 2015, repetidas en junio de 2016. Y ahora, todo apunta a unos meses más de “bronca política”, sin medidas económicas  importantes, hasta unas elecciones que no van a resolver nada. Y mientras, los españoles de a pié vemos que los problemas siguen ahí, agobiándonos, sin poder hacer nada más que enfadarnos o esperar a votar. No me extraña que cada vez haya más personas decepcionadas de la política.