jueves, 17 de enero de 2019

Las 3 Españas siguen ahí


Este año 2019 hay elecciones autonómicas, pero a nadie parece preocuparle (salvo a la extrema derecha) la creciente desigualdad entre las regiones españolas: diferente crecimiento, paro, riqueza y servicios públicos. Por eso, nadie ha comentado los últimos datos del INE, que demuestran que hay dos Españas o mejor tres: la España rica (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y Baleares), la España pobre (Extremadura, Murcia, Canarias, Castilla la Mancha y  Andalucía) y “la España intermedia” (las 7 regiones restantes, Ceuta y Melilla). Y lo peor es que son las mismas que el año 2.000 y que en 1977. Así que 41 años largos de democracia no han resuelto esta desigualdad entre españoles y ni las inversiones públicas ni los impuestos y el gasto social lo corrigen, como denuncia la OCDE. Urge aprovechar estas elecciones para perfilar una España más igualitaria, reformando la financiación autonómica, igualando los servicios públicos, el empleo y los impuestos. Acabar con las 2 ó 3 Españas, otra asignatura pendiente de nuestra democracia.


En vísperas de Nochebuena, el INE hizo públicos sus datos anuales de renta por habitante, lo que ingresa cada español (referido a 2016). Y quedó claro, otro año más, que hay dos Españas, o quizás mejor tres. Una, la España rica, con una renta por persona que supera los 12.000 euros anuales en 8 autonomías: País Vasco (14.397 euros), Navarra (13.583), Madrid (13.099), Cataluña (12.712), Baleares (12.665), Asturias (12.244), La Rioja (12.131) y Aragón (12.110 euros). En total, ahí viven 20.806.290 españoles, el 44,5% de la población total. Curiosamente, estas 8 autonomías son las mismas que tenían más renta en el año 2.000 y en 2014, tras lo peor de la crisis. Pero lo más llamativo es que son casi las mismas autonomías que eran las más ricas en 1977, al inicio de la democracia, aunque entonces cambiaba el orden: Baleares, Madrid, Cataluña, La Rioja, País Vasco y Navarra, según puede comprobarse en las estadísticas históricas 1850-2000 que recopiló en su día el Banco de Bilbao (una joya). A comienzos de siglo se incorporó al grupo Aragón y en 2008, tras la Ley del Cupo (2002), el País Vasco y Navarra encabezan el grupo de las más ricas.

La España pobre son 6 autonomías más Ceuta, que tienen una renta por habitante inferior a los 10.000 euros, según las últimas estadísticas del INE (referidas a 2016): Extremadura (8.250 euros), Murcia (8.702), Canarias (8.863), Castilla la Mancha (9.045), Andalucía (9.116), Ceuta (9.676) y la Comunidad Valenciana (9.801 euros). En total, ahí viven 20.144.190 españoles, el 43,1% de la población.  Son las mismas autonomías pobres que en el año 2000, 2008 y 2014, salvo Galicia, que ha salido de este grupo y la Comunidad Valenciana, que no estaba al inicio del siglo y ha entrado entre las pobres. Pero, otra vez, lo preocupante es que estas autonomías pobres son casi las mismas que en 1977, al inicio de la democracia: entonces eran las más pobres Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia y Canarias, por este orden, según las series históricas del BB.

En medio quedan las 4 autonomías y Melilla que conforman “la España intermedia”, que rondan la renta media española (11.074 euros en 2016), según los últimos datos del INE: Cantabria (11.293 euros), Castilla y León (11.239), Galicia (10.753 euros) y Melilla (10.161 euros). En conjunto, 5.772.500 habitantes, el 12,4% de la población española. Un grupo intermedio que ha cambiado algo más en los últimos 40 años, ya que antes incluía a Galicia, Asturias y Aragón, que han mejorado su estatus, y a la Comunidad Valenciana, que lo ha empeorado y pasa al grupo de las “pobres”.

Estas 3 Españas por la renta son el resultado de que también hay 3 Españas económicas, debido a la desigualdad en la producción (PIB) por el diferente modelo económico de cada región (más o menos industria, más o menos exportación, más o menos capital humano y tecnología) y por la diferencia inversión y estructura empresarial. Ahí empieza la desigualdad, en lo que produce cada región, que se mide por el PIB por habitante.

La España más productiva la integran 6 autonomías, según los recientes datos del INE, esta vez referidos a la producción de 2017: Madrid (33.824 euros por habitante), País Vasco (32.969), Navarra (30.853 euros), las tres producen más que la media europea (30.000 euros por habitante), Aragón (27.648), Baleares (26.287) y La Rioja (26.194 euros por habitante). Son las mismas que en el año 2.000, según el INE, aunque entonces Navarra ocupaba el 2º lugar y Baleares el 4º. Y la España menos productiva, en 2017, estaba formada por 5 autonomías más Ceuta y Melilla: Extremadura, el farolillo rojo (17.554 euros producidos por habitante, casi la mitad que Madrid), Melilla (18.007), Andalucía (18.557), Ceuta (19.561), Castilla la Mancha (19.819), Canarias (20.573) y Murcia (20.636 euros por habitante). Un bloque sin cambios desde el año 2000, salvo Canarias, que no estaba entonces en el grupo de las autonomías menos productivas. Y queda “la España intermedia”, 5 autonomías con una productividad también inferior a la media de España (25.064 euros/habitante en 2017): Comunidad Valenciana (22.034), Asturias (22.243), Galicia (22.404), Cantabria (22.700) y Castilla y León (23.446 euros producidos por habitante).

Esta mayor o menor productividad de las regiones explica, junto a la población que tienen,  las grandes diferencias en el paro, según las autonomías. Así, hay 6 autonomías, de la España más productiva, con una tasa de paro “europea”, por debajo del 10%: Baleares (7,16%), Cantabria (8,99%), País Vasco (9,42%), La Rioja (9,60%), Navarra (9,65%) y Aragón (9,87%), según la última EPA. Y 3 autonomías, de la España menos productiva, que tienen una tasa de paro rozando o superando el 20%: Andalucía (22,85%), Extremadura (21,68%) y Canarias (19,64%), más Ceuta (30,79% de paro) y Melilla (24,01%). Y las 8 autonomías restantes tienen un “paro intermedio”: Cataluña (10,63%), Castilla y León (11,30%), Madrid (11,86%), Galicia (12,24%), Asturias (13,45%), Comunidad Valenciana (15,29%), Murcia (16,33%) y Castilla la Mancha (16,71%), mientras el paro de toda España está en el 14,55%, según la EPA del tercer trimestre de 2018.

El crecimiento es un factor clave para corregir las desigualdades de renta y el paro, pero el problema es que no todas las regiones crecen por igual. Entre 1987 y 2016, la economía española creció un 93,5% (casi duplicó su PIB: de producir 569.833 millones de euros pasó a producir 1.102.850 millones), según un interesante libro de AFI, pero hubo dos regiones que crecieron muy poco, Asturias (+39,5%) y Cantabria (+56,4%), lo que explica que haya caído su PIB por habitante y su renta estos años. Pero hubo otras 7 regiones que crecieron más que el conjunto de España, sobre todo Madrid (+119%), Murcia (+111,07%) y  la Rioja (+110,13%), seguidas de Andalucía (99,8%), Canarias (+97,4%), Navarra (96,7%) y Cataluña (96,05%). En los tres años más fuertes de la recuperación (2015, 2016 y 2017), las tres autonomías que han crecido más que la media de España (+3%, +3,2% y +3,6%) han sido Madrid (+3,3, +3,2 y +3,9%), Cataluña (+3,2, +3,5 y +4,2%) y Murcia (+3,1,+4,3 y +6,6%). Y las que “pincharon” estos años han sido Castilla y León (+1,7, +3,1 y +2,5%) y la Rioja (+1,5, +2,6 y +3,2%), según la Contabilidad regional del INE.

Como se ve, la mayor o menor productividad y crecimiento no explican por sí solos las diferencias de renta entre regiones ricas y pobres, aunque sean dos factores claves. Hay otros factores que agravan o mejoran las diferencias, como el distinto modelo económico (más industria y más exportación mejoran el empleo y los ingresos), la estructura empresarial (más empresas grandes suponen más riqueza), el “capital humano” (la formación de los trabajadores y parados), el envejecimiento de la población, la innovación y la tecnología, las infraestructuras disponibles (desde autopistas a centros de transporte y distribución o red de Internet) y el papel del Estado en la región, con la financiación presupuestaria, las  inversiones públicas y los impuestos, que en las últimas décadas son menos redistributivos (han crecido los indirectos y baja el peso de los directos, en perjuicio de las familias y regiones más desfavorecidas). Y han sido decisivas las ayudas europeas: 81.000 millones de fondos europeos recibidos entre 1986 y 2017, de los que se beneficiaron  sobre todo Extremadura (5.300 euros/habitante), Castilla y León (4.000), Galicia (3.800), Asturias (3.500), Castilla la Mancha (2.500) y Andalucía (2.400 euros/habitante), según el citado libro de AFI.

Un elemento clave para reducir las diferencias entre regiones ricas y pobres debería ser el sistema de financiación autonómica, que cuenta con un Fondo de compensación interterritorial. Pero el sistema aprobado en 2009 (aún vigente) no es justo, porque beneficia más a unas regiones que a otras. Según los datos de Hacienda, estas son las 10 autonomías que salen ganando, porque reciben más de lo que aportan: País Vasco (recibe +2.483/euros por habitante al año), Navarra (+1.563 euros), Cantabria (+347), La Rioja (+248), Extremadura (+233), Castilla y León (+169), Galicia (+111), Aragón (+107), Asturias (+78) y Canarias (+78 euros/habitante). Sólo se benefician 2 regiones pobres (Extremadura y Canarias) pero entre las 7 autonomías perjudicadas por el sistema de financiación hay otras 4 regiones pobres: Comunidad Valenciana (recibe -373 euros/habitante y año), Murcia (-331), Andalucía (-256), Cataluña (-249), Baleares (-96) y Castilla la Mancha (-42 euros/habitante). Y si tenemos en cuenta las ayudas de Estado recibidas desde 2012 (créditos para pagar proveedores e intereses deuda), Cataluña y Baleares pasarían al lado de las 10 autonomías que salen ganando con el actual sistema de financiación (12 de 17).

Así que ya tenemos el mapa de los factores que configuran la España rica y la España pobre: modelo económico, tejido empresarial, capital humano, inversiones e infraestructuras, papel del Estado, impuestos, ayudas y sistema de financiación. Factores que no han ayudado en 41 años largos de democracia a perfilar otro mapa de España, ya que las regiones pobres y ricas son casi las mismas. Y lo peor, han aumentado las diferencias de renta. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró algo en el año 2000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si un vasco tenía una renta en 2008 que era 1,65 veces la de un extremeño, en 2017 es ya 1,74 veces mayor que antes de la crisis. Se agrava la desigualdad.

Un fracaso de España y los distintos gobiernos democráticos. Y más cuando, tras 33 años en Europa,  6 regiones españolas siguen todavía con una renta por debajo del 75% de la renta media europea: Extremadura (63% renta media UE-28), Melilla (67%), Andalucía (68%), Castilla la Mancha (72), Ceuta (73%) y Canarias (75%), según los últimos datos de Eurostat (para 2016). Y sólo 3 regiones españolas superan la renta media europea: Madrid (125% de la renta media UE-28), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, abrir el debate sobre la desigualdad interregional, sobre estas graves diferencias entre españoles según donde vivan, no sólo en renta, paro, sueldos sino en servicios públicos, desde sanidad a educación, dependencia o ayudas a la pobreza, la familia o la vivienda. No podemos dejar que la extrema derecha encabece este debate sobre la España de las autonomías. Denunciar las desigualdades no es poner en cuestión el modelo autonómico sino afrontar una grave situación, reforzada por cientos de datos. Y una desigualdad que se puede mejorar, en unas décadas, si se toman medidas.

La primera y fundamental es reforzar el papel reequilibrador del Estado, a través de múltiples instrumentos que deben ir a corregir las desigualdades entre regiones: políticas económicas, Planes de empleo, inversiones públicas, planes de reindustrialización, infraestructuras, ayudas públicas e impuestos. Porque los Gobiernos gastan mucho dinero en inversiones y ayudas públicas, pero gastan mal, no ayudan a reducir las desigualdades, según le acaba de decir a España un informe de la OCDE. Es clave reformar la política fiscal y que los impuestos ayuden al reequilibrio territorial.

Otro objetivo clave del Gobierno central debería ser asegurar la homogeneidad de los servicios públicos, porque no es de recibo que la atención sanitaria, la educación, la dependencia, las ayudas al desempleo o a la pobreza sean distintas según donde uno viva, porque hay autonomías que gastan más y otras menos, además de gestionar mejor o peor. Así, por ejemplo, si uno enferma, no es lo mismo hacerlo en el País Vasco (cuya sanidad recibe 90 puntos sobre 114 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública), Navarra (90 puntos) o Aragón (82 puntos) que en Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59), Cataluña o Andalucía (59 puntos). Y lo mismo si uno es un anciano dependiente, un parado o un pobre. Urge garantizar unos servicios mínimos equivalentes y crear un Fondo de compensación para mejorar el Estado del Bienestar en las autonomías más pobres y con menos recursos.

Otra medida urgente es reformar el sistema de financiación autonómica, que se debería haber modificado en 2014. Hay que reequilibrar ingresos y aportaciones, para que no haya autonomías ganadoras y perdedoras, y reforzar el Fondo de Compensación interterritorial, dando más peso a criterios como paro, renta, envejecimiento y dispersión de la población. Y además, hay que asegurar más recursos públicos a las autonomías, porque tienen muchas competencias y les faltan ingresos. Y eso hay que hacerlo a costa de reducir la parte del Estado, porque ya somos un país muy descentralizado: si hoy el Gobierno central gasta el 50% de los ingresos totales (y el 35% las autonomías y 15% los Ayuntamientos), habría que pasar a un reparto 40/40/20 al menos. Esa debería ser la base fiscal del Estado federal que se defiende.

Al final, las elecciones autonómicas de mayo deberían ser una oportunidad de hacer balance de la España autonómica y reconocer que las desigualdades regionales siguen ahí, tras 41 años de democracia, e incluso se han agravado. Y habría que corregirlas, con un Pacto político dirigido a reequilibrar el país, sobre todo desde el Estado. Para que dentro de 40 años, no haya 3 Españas, sino una más equilibrada. Pero no parece que ningún partido, salvo la extrema derecha, quiera afrontarlo. Así que la campaña electoral volverá a girar sobre las polémicas habituales y no sobre cómo conseguir una mayor igualdad entre españoles, vivan donde vivan. Otra asignatura pendiente de la democracia.

lunes, 14 de enero de 2019

Presupuestos "Frankenstein" para 2019


Hoy se presentan en el Congreso los Presupuestos 2019, los más "extraños" de la democracia. Un verdadero “monstruo de Frankenstein”: mezclan los ajustes de Rajoy con un “parche” de más gasto social de Sánchez. Y encima, corren el riesgo de no ser aprobados y acabar en un listado de promesas electorales del PSOE. El Gobierno Sánchez quiere evitar elecciones con un Presupuesto que hereda el tope de gasto del PP y trata de superarlo inflando los ingresos y subiendo algunos impuestos, para justificar algunos gastos sociales más, con lo que no cumplirá con el déficit prometido a Europa. Es un parche, “un quiero y no puedo” que trata de ganar tiempo y votantes. Pero aún así, es mejor tenerlo y que estimule el gasto y mejore los ingresos de muchos españoles, lo que fomentaría el crecimiento y el empleo, contrarrestando la debilidad de la recuperación. Si no se aprueba y hay elecciones, se perderán muchos meses claves hasta tener otro. Y si gana la derecha, el ajuste será peor. 

enrique ortega

Los Presupuestos suelen reflejar la política del Gobierno que los presenta. En este caso, la anomalía es que “el primer padre” de los Presupuestos 2019 es Rajoy, porque dejó al Gobierno Sánchez una “herencia” que es una pesada losa: el techo de gasto. Y en cumplimiento de esta herencia, el actual Gobierno no puede gastarse lo que quiera, sino que tiene un límite: que la diferencia de ingresos y gastos no supere un déficit del 1,3% del PIB en 2019 (16.301 millones máximo de déficit). La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, había conseguido en julio que la Comisión Europea “abriera la mano” y permitiera que España tuviera este año un déficit mayor, hasta el 1,8% del PIB (22.571 millones). Eso le daba al Gobierno español un desahogo: podía gastar 6.270 millones más en 2019 con permiso de Bruselas, que también ha abierto la mano con los déficits de Francia e Italia.

Y con este “oxígeno” europeo, el Gobierno Sánchez planteó subir el techo de gasto para 2019 que había heredado de Rajoy. Pero al presentarlo en el Congreso, chocó con una cláusula de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 por Rajoy: el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta (por eso lo hizo), podía vetar un techo de gasto más expansivo. Y lo hizo, el 27 de diciembre 2018, con los votos del PP y Ciudadanos, que lo veían como una forma de forzar al Gobierno Sánchez a convocar elecciones. Y aunque el Gobierno recurrió al día siguiente al Constitucional, tiene que cumplir la Ley. Y se ha visto obligado a presentar un Presupuesto con un corsé: el déficit de Rajoy y no el que nos permite Bruselas. Eso supone que tendrán que recortar el déficit del 2,7% previsto para 2018 (32.309 millones) al 1,3% que les obliga el Senado (16.301 millones). Eso significa que este año 2.019, el Gobierno Sánchez, “de izquierdas”, tendrá que hacer un “ajuste” de 16.008 millones de euros, un “ajuste” (menos gastos y más ingresos) mayor a los que hizo Rajoy entre 2014 y 2018. Y con ello, El Gobierno Sánchez podrá gastar 6.270 millones menos en 2019 de lo que gastaría con el déficit autorizado por Europa.

¡Vaya herencia de Rajoy¡ El Gobierno Sánchez, con este hándicap, ha hecho un Presupuesto 2019 “con truco” (como todos los Presupuestos): como me obligan a gastar 6.200 millones menos y quiero gastar más (en “gastos sociales”), pues “inflo” los ingresos (como también hacía el ministro Montoro, año tras año) y así, aunque gaste más, como digo que voy a recaudar más, pues no me paso del tope de déficit “heredado” de Rajoy. La estrategia es muy descarada, a la vista de las cifras presentadas: esperan recaudar por impuestos 227.356 millones de euros, un récord histórico, 19.746 millones más que el Gobierno Rajoy en 2018. De ellos, 5.654 millones los esperan recaudar subiendo algunos impuestos, pero los 14.092 millones extras restantes piensan conseguirlos  “por la buena marcha de la economía”. Un “milagro fiscal” (el milagro de la ministra Montero) porque el año 2018, creciendo la economía más que este año (2,6% frente al 2,2% previsto para 2019), Hacienda sólo consiguió recaudar 9.595 millones más el año pasado.

Así que el primer truco es exagerar los ingresos, algo que ya le achacaron al Gobierno Sánchez en Bruselas, al enviarles en octubre una primera versión del Presupuesto. Tampoco es muy creíble la recaudación extra que dicen van a conseguir  con las subidas de impuestos anunciadas en los Presupuestos 2019, 5.654 millones en total : 1.776 millones subiendo el impuesto de sociedades a las grandes empresas, 1.200 millones extras con la nueva tasa Google a las multinacionales tecnológicas y 850 millones por el futuro impuesto de transacciones financieras (ambas medidas no entrarían en vigor hasta junio y los expertos creen que, de aprobarse, recaudarán la mitad de lo previsto), 339 millones más por subir el impuesto de patrimonio, 328 millones por la subida del IRPF a los que ganan más de 130.000 euros anuales (el 0,5% de los contribuyentes), 670 millones por la subida de impuestos al gasóleo (3,8 céntimos por litro) y 828 millones extras que esperan conseguir con la lucha contra el fraude fiscal, la morosidad y el control de los pagos en metálico. Y se reducirán impuestos a las pymes (-260 millones de recaudación) y el IVA a los servicios veterinarios (del 21% al 10%), compresas (del 10% al 4%), y  periódicos, libros y revistas digitales (del 21 al 4%), tres rebajas que reducirán en 77 millones la recaudación fiscal en 2019.

Una vez que se exagera en los ingresos, el otro”truco” de los Presupuestos 2019 está en los gastos: forzarlos al máximo y repartirlos lo más posible, para contentar a mucha gente. Si el Gobierno Sánchez pretende aumentar los ingresos en 19.746 millones en 2019, el Presupuesto contempla gastar 10.981 millones más (el resto va a reducir el déficit). Pero lo que hace es recortar algunos gastos  (-5.201 millones en “actividades de carácter general” y -149 millones en el pago de intereses de la deuda) para poder gastar más en otras cosas, en lo que llama “política social”: los gastos sociales suben 12.600 millones para 2019. Y en infraestructuras (+2.161 millones, un 39,9% más, sobre todo en el tren) y Ciencia (+362 millones para I+D+i, un 5,1% más). Y además, como es año electoral, el Presupuesto 2019 aporta 7.860 millones más a las autonomías (+6.487 millones) y a los Ayuntamientos (+1.373 millones).

Esos 12.600 millones más de gastos sociales se reparten mucho, con subidas a veces pequeñas pero que políticamente “suenan muy bien”: pensiones (+9,030 millones, un 6,2% más que en 2018, para subidas y supresión del copago farmacéutico a jubilados y rentas bajas), otras políticas económicas (+ 1.274 millones, un 8,6% de aumento, para ampliar el permiso paternidad de 5 a 8 semanas y dedicar 321 millones más a combatir la pobreza), Dependencia (831 millones más, un 59,3% de aumento), desempleo (700 millones más, incluyendo recuperar el seguro de paro para los mayores de 52 a 55 años), servicios públicos básicos (+781 millones, un 3,9% más), ), subvenciones al transporte (+281 millones), acceso a la vivienda (+198 millones, un 41% más), educación (+153 millones, un 5,9% más, para becas y libros de texto)…

Un mayor gasto social muy repartido, que va a beneficiar a mucha gente, tras tantos años de recortes, aunque sea insuficiente (en educación, por ejemplo, igualarnos a lo que gasta Europa, supondría gastar 6.700 millones más cada año, no los 153 millones extras de este Presupuesto). Pero teniendo en cuenta el corsé del déficit y del gasto, es un esfuerzo en el gasto social  que beneficia a muchos, como recuerda el Gobierno al presentar los Presupuestos: 8,7 millones de pensionistas, 321.000 familias pobres, 855.000 estudiantes con becas y ayudas de libros, 166.000 mujeres que han denunciado violencia de género (una partida que tendrá 20 millones más, hasta 220) y 114.000 parados de 52 a 55 años, sin olvidar los 2,5 millones de personas a las que se ha subido el salario mínimo (a 900 euros) y los 2,55 millones de empleados públicos a los que se sube el sueldo un 2,25% (+otro posible 0,25%). Son muchos españoles que saldrán ganando si se aprueba este Presupuesto. Y si no, será el mejor cartel electoral del PSOE, el otro gran objetivo de los Presupuestos 2019.

Al final, la apuesta del Gobierno Sánchez es clara: si consigo aprobar estos Presupuestos, aumentaré el gasto en 10.981 millones ( o más: siempre se desvía) y si no consigo ingresar lo que digo (19.746 millones más), sino menos (12.000 millones, por ejemplo: ya sería mucho), pues tendré más déficit (el 1,9% o hasta el 2,2% del PIB, según algunos expertos), lo que quería en principio (1,8% de déficit) pero no le permitía la Ley de estabilidad presupuestaria impuesta por el PP y Ciudadanos. Y además, he utilizado el Presupuesto para que la gente vea que “con un Gobierno de izquierdas no hay recortes sino subida de gastos sociales”, con lo que gano votantes. Y si no consigo aprobar los Presupuestos, que será lo más probable (el 12 y 13 de febrero se votan las enmiendas a la totalidad y la clave es lo que harán los independentistas catalanes), pues he quedado como un Gobierno serio, que presenta unos Presupuestos rigurosos  y a la vez con muchos gastos sociales (que benefician a mucha gente), pero “la derecha los ha rechazado”. Así que españoles, ya sabéis: si queréis que vayamos por esta línea y hagamos un Presupuesto mejor, tenéis que votarnos cuando haya elecciones.

El drama, como país, es que si no se aprueba este Presupuesto y hay elecciones (o si Sánchez se enroca en la Moncloa, con los Presupuestos 2018 de Rajoy prorrogados), se perderán muchos meses para tomar medidas y la falta de Presupuestos agravará el enfriamiento de la recuperación. Porque este Presupuesto de Sánchez es “un parche”, pero al aumentar el gasto (aunque menos de lo que querría y debería) puede facilitar el consumo de las familias y la inversión y que la economía y el empleo crezcan algo más de lo poco que crecerá sin los estímulos de este Presupuesto. Así que estamos ante un Presupuesto 2019 que es un “quiero y no puedo”, pero peor será que no se apruebe y se tarden meses en tener otro. Con el riesgo de que si gana la derecha, como en Andalucía, el próximo Presupuesto tendrá más recortes y menos gasto social, como los de 2012 a 2018. Seguro.

jueves, 10 de enero de 2019

Las subidas de precios de 2019


Año nuevo, subidas nuevas. Cada enero es igual: sube el precio de casi todo, más que nuestros sueldos o pensiones. Este 2019 ha empezado con la subida de los carburantes, un regalo de Reyes retardado que nos dejó Rajoy: supone pagar (sólo en 9 autonomías) entre 2,64 euros y 50 céntimos más por llenar el depósito. También suben las autopistas, el tren y los taxis, no los transportes públicos. Y volverán a subir la luz y el butano, mientras baja el gas. También será más caro mandar cartas o paquetes y las tarifas de móviles e Internet. Bajan las medicinas, unos céntimos, pero así corremos más riesgo de que falten. Y seguirán subiendo la vivienda, los alquileres y las hipotecas, tanto las nuevas como las revisiones anuales, porque sube el Euribor. Tras este rosario de subidas, el IPC puede ser más bajo este año, el 1,2%, gracias a un petróleo más barato. Ahí estará la clave de lo que finalmente suban los precios en 2019.



La primera subida de 2019 la hemos notado al ir a la gasolinera, donde el 1 de enero subieron unos céntimos las gasolinas y el gasóleo. Es el regalo de Reyes retardado que nos ha dejado Rajoy, al incluir esta subida en el Presupuesto 2018, con efecto en 2019. Todo viene del famoso “céntimo sanitario” que muchas autonomías aprobaron cobrar con los carburantes para financiar la sanidad y que el Tribunal de Justicia de la UE rechazó en 2014. El Gobierno Rajoy lo sustituyó por un impuesto especial autonómico, que tampoco gustó a Bruselas y que creaba un “efecto frontera”, distorsionando el mercado: camiones y coches echaban gasolina en la autonomía de al lado, si era más barata. En el Presupuesto 2018, el ministro Montoro optó por seguir cobrándolo pero una cifra igual para todas las autonomías: 7,2 céntimos por litro (antes eran 2,4 céntimos estatales y entre 0 y 4,8 céntimos según las autonomías). Y se decidió que la norma entrara en vigor este 1 de enero.

Con ello, hay 7 autonomías donde los carburantes no han subido nada (Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana), porque ya cobraban el máximo de impuesto especial (4,8 céntimos). Y otras 9 autonomías donde han subido los carburantes, porque cobraban menos de impuesto especial (entre 0 y 3,84 céntimos por litro): han subido 4,8 céntimos/litro en País Vasco, Cantabria, Castilla y León, la Rioja y Navarra, 3,1 céntimos/litro en Madrid, 2,4 céntimos/litro en Aragón, 0,96 céntimos por litro en Extremadura y 0,8 céntimos/litro en Asturias. Y en Canarias no cambia el precio, porque los carburantes tienen una fiscalidad propia.

En los próximos meses, quizás en abril, podrían volver a subir los impuestos de los carburantes, si el Gobierno Sánchez consigue aprobar unos nuevos Presupuestos para 2019, algo bastante difícil. Su intención es que el gasóleo pague el mismo impuesto que las gasolinas, como vienen pidiendo desde hace años la Comisión Europea y la OCDE. Eso supondría un alza adicional del gasóleo de 9,369 céntimos/litro en toda España, lo que supondría pagar 5,15 euros más al llenar un depósito de 55 litros. El coste de esta medida, si se aprueba, sería de 2.140 millones de euros y el objetivo del Gobierno Sánchez es repartirlo en 2 años, con una subida en 2019 y otra en 2020. Los transportistas y la oposición están en contra de la subida, que ha provocado las protestas de los chalecos amarillos en Francia, pero la ministra de Hacienda dice que sólo supondrá un coste de 3,3 euros mensuales al automovilista medio, el que hace menos de 15.000 kilómetros al año.

Mientras llega o no esta nueva subida, ya está en vigor la subida de las autopistas, un +1,67% de media, que ha sido mayor en 5 autopistas: la AP-66 Campomanes-León (subió el 1,71%), la AP-7 Alicante-Cartagena (+2,69%), la AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas (+2,69%) y la AP-9 (+3,5%). Y subió algo menos (+1,65%) la AP-7 en el tramo Estepona-Guadiaro. Los que bajarán un 30% de media, desde el 15 de enero, son los peajes de las 9 autopistas privadas rescatadas por el Estado, que además serán gratuitas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana: las cuatro radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-41 Madrid-Toledo, la M-12 Eje Aeropuerto, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante.

Siguiendo con los transportes, este año 2019 hay elecciones municipales y autonómicas y quizás por eso no suben los transportes públicos (autobús y metro) en las ciudades, aunque sí suben los taxis en Madrid y Barcelona, lo que podría arrastrar subidas en Uber y Cabify. Tampoco suben las Cercanías de RENFE, aunque sí suben los billetes de tren en los trayectos regionales (+3,5%) y en los trenes Avant (trenes regionales más rápidos, que circulan por vías AVE), que suben un 7%, mientras Renfe espera a más adelante para subir el AVE (a la vista de lo que hagan las tarifas aéreas). De momento, no suben los billetes de avión, tras haberse congelado las tasas aeroportuarias (AENA) y haber bajado un 1,2% las tasas de navegación aérea (ENAIRE), aunque la clave estará en lo que haga el petróleo (si sube o no el queroseno), con precios muy volátiles.

Lo que sí subirá en 2019 será la luz, que cerró el año 2018 con otra subida del recibo del 2,5%, la tercera mayor de la última década (tras 2012 y 2015): el recibo medio de una familia (4,4 kW de potencia y un consumo de 3.500 kW anuales) fue de 784 euros en 2018, 19 euros anuales más que en 2017 (765 euros). Una parte importante de esta subida fue por el encarecimiento de la luz en el mercado eléctrico (supone en 35% de la factura), debido a la falta de agua y viento y a la subida del impuesto por el CO2 que emiten las centrales de carbón, lo que provocó un precio medio en el mercado eléctrico de 57,31 euros, el 2º más elevado de la última década. Y además, seguimos pagando costes de más en la parte regulada del recibo (44% de la factura) y más impuestos (21% factura).

Cara a 2019, los expertos creen que la luz volverá a subir, aunque el Gobierno haya vuelto a congelar la parte regulada de la factura (ese 44%), por 5º año consecutivo. Pero los precios de los futuros en el mercado eléctrico anticipan nuevas subidas de la luz, hasta un 8%, por la climatología, la fuerte demanda y la subida de los pagos por emitir CO2. Eso sí, el gas natural ha bajado en enero (-4,6% de media) y podría seguir bajando en 2019, al haberse congelado también los “peajes” (pagos regulados). Lo que subirá será la bombona de butano, que todavía consumen 8 millones de familias: en noviembre subió un 4,93% y podría subir  lo mismo este 15 de enero, con lo que costará ya más de 16 euros la bombona, cuando costaba 13,50 euros en 2010. Y podría subir hasta 3 euros más para finales de 2019, debido a las subidas de la materia prima y los transportes en el mercado internacional.

Otra subida nos espera en 2019: las tarifas de los móviles e Internet, que suelen subir dos veces al año. De momento, Movistar sube este mes de enero en 5 euros los servicios de sólo fibra óptica y las tarifas de móvil #15 y #25, mientras sube 2 euros las tarifas de móviles #1,5, #4 y #8. Y ha anunciado que el 5 de febrero sube 5 euros mensuales sus paquetes de Fusión. Unas subidas que seguirán Vodafone y Orange, como ha pasado otros años.

Y aunque cada vez nos comunicamos menos por carta, han subido también los sellos y las tarifas de Correos, el 1 de enero: el franqueo de cartas y tarjetas sube un 9%, de 0,55 a 0,60 euros, el doble de lo que valía en 2007 (0,30 euros). Sin embargo, España es todavía uno de los paises con las tarifas postales más baratas de Europa, donde el coste medio del franqueo es de 1,02 euros, 0,95 euros en Francia, 0,76 en Reino Unido y de 0,70 euros en Alemania. El envío de paquetes (principal negocio de Correos) también sube un 0,88%, un aumento mucho más reducido, por el auge de la competencia, que en años anteriores (+11,1% en 2017, +7,1% en 2016 y +10,5% en 2015).

Las medicinas serán algo más baratas este año, tras una nueva rebaja de los precios de referencia, que entró en vigor el 1 de enero y que reduce el precio de 15.500 presentaciones farmacéuticas (de las 17.500 que se venden). Todas bajan unos céntimos y las mayores rebajas (ver listado con los nuevos precios) se notarán en algunos ibuprofenos (que bajan del 65 al 81%), medicamentos contra el colesterol (bajan del 5,25% al 48%), anticonceptivos y medicamentos contra el asma. La rebaja para los particulares será de 8,44 millones, pero los laboratorios recortarán sus ingresos en 248,25 millones en 2019, según Sanidad. Esta rebaja de los medicamentos parece “una buena noticia”, pero tiene dos riesgos. Uno, que a los laboratorios, con precios tan bajos (bajan desde 2010 y el  55% valen ya menos de 3,50 euros), no les compense seguir vendiéndoles aquí y los exporten a otros paises, donde se cobran hasta un 30% más caros, lo que provocaría más desabastecimiento de medicamentos (ya sucede: hay más de 400 medicamentos en falta, según se ve en esta web de la Agencia Española del Medicamento). Y el otro riesgo, hundir las cuentas de las 22.046 farmacias españolas, que dispensan más recetas y facturan menos.

La vivienda sube y seguirá subiendo en 2019. Ya en 2018, el precio de la vivienda de segunda mano subió entre un 7,2% (según el INE, con datos a septiembre), un 7,8% (según Fotocasa) y un  8,4% (según el Idealista), con un precio medio de 1.720 euros/m2. Y todos los expertos creen que seguirá subiendo en 2019, entre el 5% y el 6%. Lo más preocupante es la subida de los alquileres, que habrá sido del 9,3% de media en 2018, según el Idealista, con precios medios elevadísimos del alquiler en Madrid capital (16,4 euros/m2), Barcelona (16 euros/m2), San Sebastián (15,6 euros/m2) o Baleares (13,5 euros/m2). Y todo apunta a que los alquileres seguirán subiendo en 2019, aunque quizás algo menos que en 2018.

El Gobierno Sánchez aprobó el 14 de diciembre un decreto-ley para tratar de bajar el precio de los alquileres, con dos medidas: impedir que se cobre más de 2 mensualidades con las fianzas y que los nuevos contratos de alquiler pasen de 3 a 5 años (y las prórrogas pasen de 1 a 3 años). Estas medidas podrían provocar el efecto contrario al buscado, según muchos expertos: si el particular o la empresa tiene que alquilar por más tiempo, puede querer “cubrirse” subiendo más el alquiler inicial. Algunos, como Podemos, defienden que hay que controlar los precios, poner topes máximos al alquiler y la ministra de Hacienda dice que el Gobierno está “dispuesto a hacerlo”, por una Ley o en los Presupuestos 2019.

Pero poner topes a los alquileres no es una buena solución, porque retraería a muchos propietarios e inmobiliarias a poner sus pisos en alquiler y fomentaría un “mercado negro”, con alquileres pagados “bajo mano” y sin garantías. La verdad es que “no hay atajospara frenar los alquileres: vivimos en un sistema capitalista y lo que funcionaría sería aumentar la oferta de pisos en alquiler. Y para eso hay dos caminos. Uno, incentivar a los propietarios de los 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) para que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. El otro sería destinar suelo público y recursos a promover viviendas públicas (VPO) para alquiler, para destinarlas a alquileres sociales (de 150 a 300 euros al mes), como se hace en casi toda Europa (en Holanda hay 2,3 millones de viviendas públicas en alquiler). Estas VPO eran muy importantes antes (se hicieron  más de 100.000 al año entre 1957 y 1989 y 68.857 en 2008), pero se han desplomado con la crisis: sólo se entregaron 4.938 VPO en 2017. Habría que promover unas 100.000 VPO al año, no las 5.000 que propone ahora Fomento. Y conseguir que se alquilen otras 100.000 viviendas privadas vacías. Así, con 200.000 viviendas más en alquiler al año (1 millón en 5 años) sí bajarían los precios, no con controles de precios a la venezolana…

Al margen de los precios de venta y alquiler, muchos propietarios tendrán que pagar más impuestos por su vivienda en 2019, al revisarse el catastro en 1.179municipios (1 de cada 8 localidades) y actualizarse el valor sobre el que se paga el IBI, el impuesto municipal. El valor catastral subirá en 728 localidades (ver listado), un 5% (los que revisaron entre 1984 y 1.989), un 3% (los que revisaron entre 1990 y 2000) o un 2%) los que revisaron de 2001 a 2003. Y bajará en otras 449 localidades (ver listado), entre un 3% y un 7%, que son las que hicieron la anterior actualización en plena “burbuja inmobiliaria” (entre 2005 y 2013). Lo normal es que los Ayuntamientos esperen a actualizar el catastro después de las elecciones de mayo, pero lo importante es que tienen la autorización de Hacienda para hacerlo (BOE 29 diciembre). Y luego, pueden subir o bajar el tipo del IBI a aplicar sobre el valor actualizado. 

La compra de viviendas no sólo se va a encarecer porque suban los precios en 2019 sino porque suban las hipotecas. De hecho, ya han subido los tipos para compensar que, desde el 10 de noviembre, son los bancos los que tienen que pagar el impuesto (de actos jurídicos documentados). Así, el tipo medio de las hipotecas (TAE) ha subido del 2,13% en julio al 2,25% en octubre, según el portal del cliente bancario del Banco de España. Y hay bancos que también han subido comisiones. Además, la subida de tipos en EEUU está haciendo subir el precio del dinero en toda Europa, con lo que el Euribor, el tipo que se aplica para revisar anualmente dos de cada tres hipotecas (a  tipo variable) está subiendo desde abril y ha cerrado el año 2018 con un Euribor del -0,129%. Eso supone que quien tenga que revisar su hipoteca (120.000 euros a 20 años) en enero, pagará 2 euros más al mes. Y se prevé que el Euribor, que lleva 3 años en negativo, acabe 2019 en positivo (entre 0,10 y 0,20%), lo que tendrá dos efectos este año: las nuevas hipotecas serán más caras (Euribor+2%) y será más caro revisar las hipotecas actuales (5 euros más al mes, a finales de 2019). Y además, los bancos seguirán subiendo sus comisiones por casi todo en 2019.

A pesar de este rosario de subidas, los expertos apuestan porque los precios suban menos en 2019 que en 2018: la inflación anual en diciembre podría quedar en el 1,6% (más que el 1,2% en que acabó 2018, según el INE), pero la inflación media, que es la importante (para saber si salarios y pensiones pierden poder adquisitivo), podría bajar, del 1,7% en 2018 al 1,3% en 2019, según Funcas . Todo va a depender de lo que haga el petróleo: si sube más de lo previsto (hasta 80 dólares, cuando se espera que cueste 70 dólares de media en 2019), la inflación media subiría este año hasta el 1,8%, según Funcas, con lo que pensiones y salarios perderían poder adquisitivo. Y si sube menos (y cuesta 60 dólares), la inflación media anual subiría el 0,90% y todos ganaríamos poder adquisitivo. Así que para saber qué va a pasar finalmente con sus ingresos en 2019, miren lo que hace el petróleo. No se olviden. 

lunes, 7 de enero de 2019

Jubilaciones duras y blandas


En diciembre, la industria del automóvil recibió un regalo de Reyes anticipado: el Gobierno Sánchez les permitió seguir rejuveneciendo sus plantillas, facilitando la jubilación parcial de sus trabajadores mayores a cambio de contratar a un joven. Suena bien. El problema es que sólo la industria puede hacerlo. El resto de españoles tienen que esperar a jubilarse a los 65 años y 8 meses en 2019, dos meses más tarde que en 2018. Y también suben 3 meses los años de cotización exigidos para cobrar el 100%. Pero como hay muchos mayores en paro y otros no se fían de lo que pase, siguen creciendo  los que se jubilan anticipadamente, aún perdiendo parte de pensión, sin los privilegios del automóvil: serán 146.000 los que se jubilen en 2018 con menos de 65 años, el 42,7% del total. Urge facilitar la jubilación a los parados mayores de 60 años (154.300) y fomentar el rejuvenecimiento de todas las plantillas. Pero antes, hay que asegurar más ingresos para las pensiones, porque su factura alcanzó un récord histórico en diciembre y ya cuestan un 35% más que en 2010.


La mayoría de españoles con más de 50 años siguen muy preocupados por lo que va a pasar con su pensión. Y por eso, en cuanto pueden se jubilan, sin esperar a los 65 años, aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que viene pasando desde 2012, cuando el total de jubilaciones saltó a 308.400, tras la “reforma” (recortes) de Zapatero en 2011 (año con sólo 286.143 jubilaciones). Y luego dieron otro salto en 2013 (314.204, el récord), a raíz de la “nueva reforma” (más recortes) aprobada por Rajoy. Y así ha seguido, rondando las 300.000 jubilaciones anuales hasta 2017, año en que alcanzaron la segunda mayor cifra de la década: 309.709 jubilaciones. Y todo apunta a que este año 2018 se batirá el récord de jubilaciones, unas 330.000, a la vista de que van 309.472 jubilaciones hasta noviembre, según los últimos datos de la Seguridad Social. 

Crecen las jubilaciones pero sobre todo porque casi la mitad son jubilaciones anticipadas, hechas antes de los 65 años: concretamente 132.275 jubilaciones hasta noviembre, el 42,74% de las jubilaciones hechas en 2018, un porcentaje que ha crecido en los últimos años (eran el 41% de las jubilaciones en 2014, llegaron al 44,3% en 2016 y se mantuvieron en el 43,13% en 2017). El grueso de prejubilaciones se da a los 61 años (55.084 hasta octubre), 63 años (41.675) y 64 años (20.621), pero también las hay antes (3.225 personas se han jubilado en 2018 con menos de 60 años), por trabajadores despedidos por EREs. Con ello, la edad media de jubilación en España está en 64,2 años (igual que en 2014), por debajo de la media de los 35 paises industrializados de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de occidentales (salvo Japón), nos crece más el gasto en pensiones año tras año.

Las causas de este aumento de las jubilaciones son básicamente tres. Una, el envejecimiento de la población: los mayores de 65 años han aumentado del 16,6% de los españoles en 2007 al 19,2% de la población en 2018. La segunda, que muchos mayores están sin trabajo y sin perspectiva de que les contraten por su edad, con lo que se jubilan en cuanto pueden. En septiembre de 2018 había en España 838.900 mayores de 50 años en paro, según la EPA, el triple que antes de la crisis (281.600 parados mayores de 50 años en 2007). Y de ellos, hay 154.300 parados con 60 a 64 años, muchos de ellos sin cobrar el paro (algunos parados con más de 55 años pueden cobrar 430 euros al mes hasta jubilarse), que son los primeros que buscan jubilarse anticipadamente como sea.

Pero hay una tercera razón que dispara las jubilaciones: el miedo a lo que pueda pasar con las pensiones, a la vista de lo que se comenta y de la entrada en vigor de las reformas de 2011 y 2013. En 2018 han crecido más las jubilaciones porque se sabía que el 1 de enero de 2019 entraba en vigor un nuevo sistema de cálculo, el llamado “factor de sostenibilidad”, aprobado por Rajoy en 2013: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece cada año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (“menos pensión durante más años”). Este “factor de sostenibilidad” iba a recortar ya las nuevas pensiones en 2019 un 0,5%, según los expertos del BBVA. Y otro tanto en 2020 y 2021, para recortarlas entre un 4 y un 6% hasta 2029. Al final, en abril de 2018, Rajoy firmó un pacto de pensiones con el PNV y se acordó retrasar este recorte hasta 2023. Pero no impidió que las jubilaciones crecieran un 22,7% en abril (el miedo previo al acuerdo) y luego un 10,3% en octubre y un 14,43% en noviembre.

Lo que no se ha cambiado es el endurecimiento de las jubilaciones en 2019, otro acicate más a que haya habido récord de jubilaciones en 2018, para evitarlo. A partir de enero, se amplía en 2 meses la edad de jubilación, hasta los 65 años y 8 meses, que irá aumentando paulatinamente hasta los 67 años en 2027. Y se endurece también en 3 meses el periodo de cotización exigible para cobrar el 100% de la pensión: 36 años y 9 meses. Esto repercute en los que se quieran jubilar anticipadamente, porque este año tendrán que tener 63 años y 8 meses (2 meses más que en 2018), además del requisito de haber cotizado un mínimo de 35 años y de ellos 2 al menos en los últimos 15 años. Y por supuesto, los que se jubilen anticipadamente deben saber que pierden entre un 6,50% y un 8% de pensión (según los años cotizados) por cada año que anticipen su jubilación (ver requisitos exigidos).

Estas son las condiciones de las jubilaciones y prejubilaciones de la gran mayoría de españoles, que se van a endurecer año tras año con las reformas de 2011 y 2013 (jubilarse más tarde y con menos pensión). Pero hay dos excepciones. Una, los afectados por los ERES de la pasada década (empleados de Telefónica, banca y grandes empresas), que han  estado cobrando el paro estos años y que se pueden jubilar este año 2019 sin los recortes aprobados por Rajoy en 2013, gracias a un decreto-ley que ha aprobado el Gobierno Sánchez a finales de diciembre para darles un año de prórroga. Algo que no convence a los afectados, porque fueron despedidos con unas condiciones de paro y jubilación (muy beneficiosas) que se les cambiaron después, con la reforma de Rajoy de 2013: se fueron pensando en poder jubilarse a los 63 años, por ejemplo, y de no haberlo cambiado ahora el Gobierno, tendrían que esperar a tener 66 años en 2021… Pero sufrirán el problema en 2020.

La otra excepción, menos justificable, es el regalo que hizo en diciembre el Gobierno Sánchez a la industria del automóvil: otro decreto ley  les permite seguir 4 años más con los contratos de relevo, una modalidad que se terminaba el 1 de enero de 2019 y por la que pueden seguir rejuveneciendo plantillas a costa de la Seguridad Social. Estos contratos de relevo eran muy habituales en España y suponen que un trabajador mayor reduzca su jornada y a cambio entre a trabajar uno joven al que forma antes de jubilarse. Lo normal es que el trabajador mayor coja una jubilación parcial, por la que cobra un 25% de sueldo y el 75% restante como pensión. El “truco” es que, a raíz de una sentencia del Supremo, podrían concentrar las horas en unos meses o años, con lo que el trabajador mayor se acababa jubilando antes, como si fuera una jubilación anticipada, sin ninguna penalización (con el 100% de pensión) y sin tener que formar al joven que le “releva”. Y con ello, muchas industrias utilizaban este sistema para cubrir con esos jóvenes vacaciones y picos de producción.

Al plantearse la reforma de las pensiones de 2011 y 2013, se acordó acabar con esta jubilación parcial encubierta porque era muy costosa. Baste decir que se han acogido a ella unos 340.000 trabajadores entre 2003 y 2018 (el 70% en los servicios, no sólo en la industria), con un coste para la Seguridad Social de 30.000 millones de euros, según un estudio de FEDEA. Por ello, se dio a las empresas una prórroga para acabar con estas jubilaciones parciales el 1 de enero de 2019. Y así ha sido, con una excepción: la industria y principalmente la industria del automóvil, a la que un decreto ley aprobado el 7 de diciembre permite seguir con estas jubilaciones parciales 4 años más, hasta enero de 2023. El resto de empresas españolas ya no pueden hacer estas jubilaciones anticipadas sin penalización.

La industria del automóvil llevaba meses pidiendo esta excepción, siempre con el mismo argumento: la necesidad de rejuvenecer las plantillas para que “no se ponga en riesgo la competitividad futura de las plantas de fabricación y montaje”, como hace suyo el propio texto del decreto-ley. En realidad es “un chantaje” en toda regla: o nos dejáis cambiar mayores por jóvenes a costa de que la SS pague un 75% de sus horas o nos podemos llevar la fabricación de los nuevos modelos a Europa del Este, Asia o México. Y lo pueden hacer. Además, es un “detalle” del Gobierno Sánchez ante una industria que se siente amenazada por el fin del diesel y la gasolina en 2040. La medida, que salió adelante en la convalidación del Congreso gracias a la abstención del PP, Ciudadanos y Podemos, podría beneficiar a 24.015 trabajadores jóvenes hasta 2026 y costará 1.778 millones a la Seguridad Social, aunque otros cálculos estiman que será más (sólo en 2017, el contrato de relevo en el automóvil costó a la SS unos 2.200 millones de euros).

Los sindicatos apoyan este contrato de relevo, pero critican que rompe la equidad de trato con el resto de empresas y han pedido por carta al presidente Sánchez que se extienda a todas las empresas del país, como herramienta para luchar contra el elevado paro juvenil (hay 934.500 parados con menos de 30 años, el 28% del total). Está claro que rejuvenecer plantillas y cambiar empleados mayores por jóvenes en paro bien formados sería una buena medida para mejorar la competitividad de la economía y reducir el paro juvenil de España, el 2º mayor de Europa. Y no sólo en la industria, sino en sectores muy envejecidos, como la sanidad, la educación y las plantillas públicas (los Ayuntamientos tienen un personal con 60 años de media), así como en el transporte, el comercio, la hostelería, las oficinas y los trabajadores de la limpieza, sectores donde la mayoría de trabajadores tienen más de 50 años.

Pero hay un gran problema para generalizar este contrato de relevo: su elevadísimo coste. Se estima en 120.000 euros de media por jubilado, lo que significa que relevar a 100.000 trabajadores mayores costaría a la Seguridad Social 12.000 millones de euros. Y probablemente, si se abriera la mano, se querrían ir más de un millón, lo que haría quebrar a la Seguridad Social. Así que la medida es buena, pero no se puede pagar y menos con una SS que tiene un déficit crónico (será de -17.000 millones de euros en 2018). Así que lo lógico sería no hacer excepciones (automóvil) y si se hacen sea con un Plan para todos los sectores, estableciendo prioridades y haciendo que las empresas beneficiadas paguen una parte. Y en paralelo, dar una salida a los españoles que necesitan jubilarse anticipadamente, en especial a los parados de 60 a 65 años (154.300 en septiembre, según la EPA).

Y no olvidarse de los parados de 52 a 55 años, que siguen sin poder cobrar un subsidio de paro desde que se lo quitó Rajoy en 2013. Ya hay un acuerdo, incluido en el pacto del Gobierno y Podemos, para que esos 114.000 parados puedan cobrar un subsidio asistencial (430 euros al mes) hasta que se jubilen, como hacen los parados mayores de 55 años, y para que se cotice por ellos el 120% de la base mínima hasta que se jubilen (Rajoy lo bajó al 100%), dos medidas que cuestan 323 millones al año. Pero el problema es que para aplicarlo, al Gobierno Sánchez no le vale un decreto Ley sino que necesita incluirlo en el Presupuesto para 2019, cuya aprobación es casi imposible.

Recopilando, vemos que las jubilaciones siguen creciendo y que casi la mitad se anticipan, antes de los 65 años y 8 meses legales, porque la gente tiene miedo de esperar y mañana jubilarse peor. Y mientras, la industria del automóvil se beneficia en solitario de unas ayudas para jubilar parcialmente a sus trabajadores mayores que vendrían bien a todas las empresas e instituciones del país, pero no se puede pagar. Por eso, rejuvenecer plantillas y dar empleo a los jóvenes exige aumentar los ingresos de la Seguridad Social, no sólo para pagar unas pensiones dignas y asegurar las futuras sino para que más trabajadores mayores, empleados o en paro, puedan jubilarse. Está todo unido y pasa por aumentar cotizaciones (empresas y trabajadores pagan menos que la media europea) y por transferir más ingresos públicos a la SS, lo que exige una reforma fiscal, no para que paguemos más la mayoría, sino para que paguen más los que pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y ricos.

Pero iniciamos nuevo año, con la factura de las pensiones en máximos históricos (9.317 millones en diciembre 2018, un 35,6% más que en diciembre de 2010) y sin que nadie aporte soluciones ni se aborde una reforma de las pensiones, sólo “parches” como la subida del 1,6% o la “paguilla” para compensar la deviación del IPC en 2018 (3.000 millones más de gasto extra en pensiones para 2019). Es irresponsable dejar pasar los meses sin abordar la reforma de las pensiones, mientras los españoles “se buscan la vida”, jubilándose en cuanto pueden por lo que pueda pasar. Si hay elecciones, 2019 será otro año perdido para las pensiones. Y si no las hay, el ambiente de enfrentamiento político constante impide cualquier pacto, la única salida posible. Hagan algo, por favor.