lunes, 18 de diciembre de 2017

Cataluña 21-D: no se vota lo que importa


En las elecciones del 21-D, los catalanes parece que votan sólo una cosa: independencia sí o no, con la óptica de la derecha, el centro, la izquierda y la extrema izquierda. Deberían votar qué Gobierno les resuelve mejor su día a día,  desde el empleo a la educación, sanidad o los transportes. Los nacionalistas llevan 7 años de mal Gobierno, con más de 7.000 millones de recortes y una desastrosa gestión de la sanidad, educación, dependencia, empleo, ayudas sociales e infraestructuras. Y se agarran a la bandera de la independencia para tapar su mala gestión y echan la culpa al España nos roba. Deberían decir “España nos salva: han recibido 53.707 millones de créditos públicos  y con lo ahorrado en intereses reciben ya más financiación que la media de autonomías. El 21-D habría que votar programas y saber que “el procés” ha costado ya muy caro a Cataluña y al resto de España. Y que se frenará la recuperación y el empleo si sale una mayoría independentista. Nos jugamos mucho todos.

enrique ortega

Los nacionalistas han gobernado Cataluña durante 30 años, pero mientras Jordi Pujol (1980-2003) administró los años de “vacas gordas”, a Artur Mas (2010-2016) le tocó lidiar con la crisis y la afrontó con una dura política de ajustes, con más de 7.000 millones de recortes y una fuerte subida de impuestos. Y así, Cataluña ha sido la autonomía que más recortó el gasto social entre 2009 y 2015, junto a Castilla la Mancha (gobernada por la dirigente del PP Mº Dolores de Cospedal): la Generalitat aplicó una tijera de 5.438 millones de euros en educación, sanidad y servicios sociales, nada menos que el 26,6% del presupuesto autonómico. Y el resto fueron recortes en personal, ayudas económicas e inversiones, sobre todo en infraestructuras y vivienda.

En paralelo, Cataluña se ha convertido en la autonomía donde se pagan más impuestos, tanto en la Renta (tiene el 48% de tipo máximo, frente al 43,5%  de Madrid, y el 21,5% de tipo mínimo, frente al 19%), como en Patrimonio o transmisiones e incluso  en el impuesto especial de los carburantes. Así, un catalán que gana 20.000 euros paga de IRPF 144 euros más que la media de españoles y 207 euros más que un madrileño. Y si tiene un patrimonio de 800.000 euros, paga 770 euros, la tercera mayor factura en España de este impuesto (que no se cobra en Madrid). Y si compra una vivienda de 150.000 euros, el catalán paga 15.000 euros de transmisiones patrimoniales frente a 12.054 euros que se pagan de media en España y los 9.000 euros que se pagarían en Madrid. Además, Cataluña es la autonomía que ha creado más impuestos propios, según los asesores fiscales (AEDAF): 13 impuestos, entre ellos a las viviendas vacías, las estancias en hoteles, las bebidas azucaradas, las nucleares, los artículos de lujo o los residuos municipales. 

Más recortes y más impuestos, pero ni con esas han conseguido los Gobiernos nacionalistas ajustar sus cuentas, duplicando su deuda desde 2010: de 35.616 millones a 76.831 millones en septiembre 2017, más deuda que la de Andalucía (33.631 millones) y Madrid (32.517 millones) juntas. Ante esta asfixia financiera,  el Gobierno nacionalista de Mas no dudó en pedir ayuda “al Estado español”, que le aportó liquidez, créditos sin interés, para pagar a proveedores y subsistir. En total, 53.707 millones recibidos de Hacienda entre 2012 y 2016,  un tercio de toda la ayuda inyectada a las autonomías (162.253 millones). Ha sido  la autonomía que más ha recibido, casi tanto como las dos siguientes juntas, Valencia (36.321 millones) y Andalucía (24.339 millones). Deberían haber dicho España nos salva.

Pero en lugar de contar esto, llevan cuatro años con el España nos roba, tapando sus recortes y sus altos impuestos con el victimismo de que aportan 16.000 millones más de lo que reciben. Un dato falso, ya que el déficit financiero era (2014) de -9.892 millones (el 5% de su PIB), inferior al déficit que tienen  3 autonomías: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% de su PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% de su PIB), según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.  Pero es que además, si tenemos en cuenta los intereses que se ha ahorrado Cataluña con estas ayudas “de España” (se ha ahorrado 5.226 millones en 7 años), resulta que a Cataluña le sale un balance positivo: ha recibido de financiación 2.562 euros por habitante (media anual 2012-2015), 317 euros más que la media recibida por todas las autonomías (2.245 euros), según un reciente informe de Fedea. Así que España nos salva y encima, los catalanes reciben más financiación que el resto de españoles. Mientras, Madrid (2.138 euros/habitante), Valencia (2.165 euros), Andalucía (2.168 euros) y Canarias (2.204) reciben menos financiación que la media. Y que los catalanes.

Si quitamos al independentismo la bandera del “España nos roba”, queda al desnudo su labor de Gobierno en estos años, de 2010 a 2017. Y el balance es bastante malo. No sólo por su mala gestión financiera, su creciente deuda, sus recortes e impuestos. Sobre todo, por el deterioro de los servicios públicos, del Estado del Bienestar, en especial la sanidad, la educación, la Dependencia, el empleo, las ayudas sociales y la inversión en infraestructuras. Lo que debía importar a los votantes el 21-D.

Empecemos por la sanidad. Cataluña tiene la sanidad pública más privatizada de España, incluso con 32 hospitales privados integrados en la red pública. Y los hospitales “privados privados” se llevan (vía conciertos) el 24,8% del presupuesto sanitario de la Generalitat, más del doble que en el resto de España (11,8%). Tras los recortes, Cataluña es la segunda autonomía que menos gasta en sanidad, tras Andalucía: 1.180 euros por habitante, un 28% menos que lo que gastan el País Vasco y Navarra. El resultado de este menor gasto y de los recortes en la sanidad pública (-1.500 millones, -2.400  profesionales y -1.000 camas) es un récord en las listas de espera: para operarse, hay 156.862 catalanes esperando (21,97 por 1.000 habitantes, la tasa más alta de España), una media de 148 días (104 media en España) y para ir al especialista, otros 286.442 (40,12 por 1.000 habitantes, la tasa mayor en España), que esperan 87 días de media (68 en toda España). Al final, la situación de la sanidad catalana se resume en esta nota: 60 puntos sobre 114, la tercera peor sanidad de España (tras Canarias y Valencia), según el ranking de la Federación  en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Y lo peor es que ha pasado de ser la 5ª mejor sanidad de España en 2009 a la 15ª en 2016.

Vamos a la educación. Los recortes han sido generalizados, pero el más llamativo se hizo a las guarderías : los Ayuntamientos recibían de la Generalitat 1.800 euros por alumno, pero se redujeron a 875 euros en 2012 y desaparecieron después, razón por la que 36 grandes Ayuntamientos catalanes llevaron este recorte a los Tribunales y ya hay varios que han ganado el recurso (y a los que tendrán que abonar el dinero no aportado estos años). Ahora, tras todos los recortes, Cataluña es la 4ª comunidad que menos gasta en educación no universitaria: 4.747 euros por alumno (un 12% menos que en 2009), sólo por detrás de Madrid (4.443 euros), Andalucía (4.510) y Castilla la Mancha (4.591) y casi la mitad que el País Vasco (8.976 euros). Eso sí, tiene un mayor peso en Cataluña la enseñanza concertada (28% frente a 25,8% en España) y los Gobiernos nacionalistas la apoyan con dinero público: es la autonomía que más dinero destina a financiar los colegios privados, 1.028 millones en 2016, el 18,5% del Presupuesto de la Generalitat (en España reciben el 14,7%), según datos de Educación. Y si nos centramos en la Universidad, las facultades catalanas son las más caras de España, tras haber subido las tasas un 60% desde 2012. Y así, estudiar una carrera en Barcelona cuesta el triple que en Sevilla (2.014 euros frente a 780). Y además, las becas universitarias son en Cataluña más bajas: 1.743 euros frente a 2.166 de media en España.

Tercer bloque de servicios público, las ayudas a la dependencia. Cataluña es la segunda región con más dependientes  en lista de espera, tras Canarias: 84.181 en octubre, un 37,69% de los ancianos y discapacitados con derecho reconocido, que no cobran nada (en toda España hay 319.553, el 25,5%). Y esto es especialmente preocupante porque la lista de espera se ha cuadruplicado desde 2014 (19.869 dependientes en espera), por los recortes. En consecuencia, el Observatorio de la Dependencia suspende a Cataluña y le da (febrero 2017) una nota de 3,93 sobre 10, colocándola en el puesto 11º del ranking de la dependencia (y viene suspendiéndola desde 2014).

Vayamos al paro y las políticas de empleo, donde Cataluña tiene competencias. Aquí también ha habido recortes en incentivos, subvenciones y formación, así como en ayudas a los parados. De hecho, Cataluña es una de las 11 autonomías donde hay más parados que no cobran que parados que sí cobran: sólo un 49% de los parados EPA en Cataluña (475.600 en septiembre) reciben un subsidio, lejos del 65% que lo cobran en Extremadura, el 58% en Baleares o el 54% en Andalucía o Asturias. Y mientras crecen los catalanes en riesgo de pobreza (19,2% de la población), Cataluña es la segunda autonomía con menos pobres cobrando una renta mínima en relación a la población (tras Madrid): sólo la cobran (423 euros al mes) 29.537 personas, según el Ministerio de Asuntos Sociales, frente a 80.378 en el País Vasco o 51.656 en Andalucía. Y se aprobó recientemente una renta garantizada de ciudadanía, que aún no está vigente, a raíz de una iniciativa legislativa popular, no de los nacionalistas.

Junto a unos precarios servicios sociales (se ha recortado la ayuda autonómica a los Ayuntamientos), la política de vivienda de la Generalitat se salda con un recorte del 40% en los presupuestos de vivienda y la construcción de pisos sociales ha caído un 46% estos años, precisamente en una región que está a la cabeza de España en altos precios de vivienda y alquileres. Y lo mismo ha pasado en las infraestructuras, desde carreteras (no se ha hecho el 4º Cinturón) a obras hidráulicas o ferroviarias y de transportes. Por un lado, la Generalitat ha reducido casi a cero su inversión (por eso hay 20.000 jóvenes dando clase en barracones) y por otra, su mala relación con el Gobierno central ha favorecido la caída en picado de la inversión pública en Cataluña: de recibir el 18,4% del total pasaron al 9,9% en 2015. Eso sí, se han hecho obras suficientes para alimentar la corrupción, vía comisiones ilegales (el famoso "3%") y casos tan escandalosos como el Palau (6,6 millones cobrados en obra pública) o las ITV (Oriol Pujol, ex número 2 de CiU). Es el  Robamos nosotros del que no hablan.

Bueno, todo esto debería ser lo que analizaran los catalanes a la hora de votar este 21-D. Pero no será así y las elecciones se centrarán otra vez en independencia sí o independencia no, algo que interesa mucho a los partidos nacionalistas pero que tiene poco que ver con las prioridades de los catalanes de a pié. De hecho, los más partidarios de la independencia son las clases medias y altas, mientras que los catalanes más modestos (los que ganan menos de 1.800 euros)  están mayoritariamente contra la independencia (del 51 al 66%), según una encuesta del Centre d´Estudis d´Opinió.

Unos y otros deberían analizar estos días qué consecuencias tendría para sus vidas que ganaran las elecciones los que defienden la independencia. De momento, la declaración unilateral del 1 de octubre ya ha tenido efectos claros: fuga de más de 3.000 empresas, recorte de turistas, menor caída del paro, menos ventas y boicot a los productos catalanes, sin olvidar la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento (40.000 profesionales que ya no vendrán a Barcelona cada año). Un balance muy negativo para Cataluña y también para España, que ha perdido atractivo económico y crecerá menos este año (-0,3%) por la crisis catalana. Pero el problema lo tenemos ahora: si no se da un resultado claro y el independentismo sigue fuerte, las consecuencias económicas para 2018 serán graves.

Para Cataluña y para España. Por un lado, las empresas que sólo han cambiado sus sedes fuera de Cataluña empezarán a sacar personal, servicios y hasta factorías. Y habrá un desplome de turistas, hasta un 15,3% menos, según Reputation Institute, con lo que España dejará de ingresar 12.000 millones por turismo en 2018. Y también caerán exportaciones, inversiones y ventas, en Cataluña y en el resto de España, encareciéndose los intereses de la deuda pública y la financiación privada. Con todo ello, la OCDE piensa que España crecerá un 0,3% menos en 2018, pero la Autoridad Fiscal y el Banco de España estiman que la crisis catalana podría costarnos entre 3.000 y 27.000 millones en 2018 (-0,3% al -2,2% del PIB). Y eso se traduce entre 25.000 y 100.000 empleos menos, en Cataluña y en España.

Algo demasiado serio como para no tenerlo en cuenta a la hora de votar, sobre todo cuando la independencia es algo imposible, porque Europa nunca va a reconocer una Cataluña fuera de España y porque independiente, Cataluña sería más pobre que unida: no recaudaría más, vendería menos (por los aranceles), tendría problemas para sostener su moneda y para pagar los servicios públicos (las pensiones y el desempleo tienen en Cataluña un déficit de 6.704 millones, que financia el resto del sistema). Cataluña debería plantearse, tras estas elecciones, recuperar su papel de motor de la economía española, que está perdiendo: en 2017 crecerá menos que el conjunto de España (3% frente a 3,1%), por primera vez en las últimas décadas, y lo mismo en 2018 (2,1% frente a 2,5%). Y en 2018, Cataluña será superada económicamente por Madrid (223.865 millones de PIB frente a 222.855), que ha ganado peso en la economía española mientras Cataluña se ha estancado. Y sólo así, creciendo más, pueden conseguir mejorar sus deteriorados servicios públicos.

El “problema catalán” tiene mal arreglo y no parece que estas elecciones lo vayan a resolver.  Pero en paralelo, el resto de España, el Gobierno y los partidos tienen que afrontar la reforma a fondo del sistema autonómico, que tiene dos graves problemas. Uno, el sistema de financiación de las autonomías, pendiente de reforma desde 2014 y donde hay serios desequilibrios a resolver: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, Canarias y Cataluña (no si incluimos las ayudas recibidas) reciben menos financiación que la media y Cantabria, la Rioja, Extremadura, Baleares y Castilla y León reciben más, según el balance de Fedea. Montoro dice que a principios de 2018 presentará propuestas de cambio, que deben equilibrar lo que recibe cada una, sin olvidar la solidaridad entre ellas. Porque el otro gran problema del Estado autonómico son las grandes desigualdades entre regiones, las mismas que había hace 30 años: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña siguen siendo las más ricas (entre 31.000 y 27.000 euros per cápita) y Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Canarias las más pobres (entre 15.700 y 19.900 euros per cápita). Y con ello, hay dos (o tres) Españas y cada español tienen una  sanidad, una educación, un subsidio de paro, una vivienda, una justicia y unas ayudas sociales diferentes según donde viva. Eso no debía ser el fruto de “la España de las autonomías”.

En resumen, que en estas elecciones catalanas nos jugamos mucho todos, aunque la mayoría de españoles no podamos votar. Y que los grandes temas del día a día están fuera de una campaña electoral monopolizada por la independencia. El conflicto tiene una difícil salida, pero no podemos convertirlo en “el monotema”: hay que pensar en los otros grandes problemas del Estado autonómico y del país, en especial aprobar un urgente Plan de empleo y reanimar la economía, para compensar las subidas del petróleo, el euro y los tipos, además de la crisis de Cataluña. Salgamos del bucle.

jueves, 14 de diciembre de 2017

Ayuntamientos con superavit, castigados (Madrid)



Imaginemos una familia en números rojos, donde el padre impone un duro ajuste. En unos años, el déficit mejora, aunque sigue ahí. Pero el hijo menor ha gestionado mejor y tiene superávit. Y quiere comprar cosas, pero el padre se lo prohíbe, porque el resto de la familia sigue con déficit. Y cuando empieza a gastar, le interviene las cuentas. Es la historia entre Montoro y el Ayuntamiento de Madrid, cuyas cuentas han sido intervenidas porque intentaba gastar más, tras 6 años con superávit y la deuda a la mitad. Y así están muchos Ayuntamientos: tuvieron 7.083 millones de superávit en 2016, pero no pueden gastar más porque Montoro necesita su superávit para tapar el agujero del Estado y las autonomías. Los Ayuntamientos, saneados, dicen que es injusto y piden cambiar la regla de gasto impuesta en 2012. El Gobierno se niega, hasta finales de 2018, cuando España ya no tenga déficit. Mientras, los Ayuntamientos con superávit no pueden invertir en cosas que necesitan sus vecinos.


enrique ortega

En diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, se encontró con que la mayoría de Ayuntamientos (y muchas autonomías) estaban quebrados, sin liquidez, sin poder pagar a los proveedores y llenos de deudas. El Gobierno puso en marcha Planes de rescate y los Ayuntamientos han recibido 18.298 millones de euros (2012-2017), según los datos de Hacienda. A cambio, el ministro Montoro les exigió duros planes de ajuste, con los que recortaron drásticamente gastos y plantillas: redujeron 48.268 empleos (1 de cada 12), entre 2012 y 2015, según la Administración. Al cabo de estos años, el ajuste municipal ha dado sus frutos: de los 8.115 Ayuntamientos, sólo 240 (Jerez o Parla entre los grandes) siguen en un Fondo de saneamiento especial. Eso sí, todavía hay 688 municipios que tardan más de 60 días en pagar sus facturas (el plazo máximo legal ahora son 30 días) y el ministro Montoro acaba de mandar una carta a los 22 Ayuntamientos morosos más grandes en la que les advierte que o pagan en menos plazo o interviene sus cuentas. Entre ellos están Jaen (paga a 430 días), Parla (430 días), Algeciras (400), Jerez (284), Alcorcón (190),Granada (148), Leganés (125), Lugo (80), Huelva (72), Cádiz (67) y Sevilla (paga a 62 días).

Aunque algunas son capitales importantes, la gran mayoría de los Ayuntamientos españoles están saneados. Y el vuelco en las cuentas municipales ha sido espectacular. De tener un déficit global de -5.050 millones en 2010 (y -4.069 en 2011) pasaron a reducirlo a la mitad en 2012 (-2.148 millones) y tener superávit después: +5.474 millones en 2013, +5662 millones en 2014, +5.094 en 2015 y +7.083 millones en 2016, según los datos de Hacienda. Y así, los Ayuntamientos son la única parte de la Administración pública con superávit, mientras el resto sigue con déficits, aunque menores que en 2012: -28.019 millones el Estado (2016), -18.096 euros de déficit la Seguridad Social y -9.155 millones las autonomías. O sea, que, gracias al superávit de los Ayuntamientos, España tiene un déficit público de “solo” -50.576 millones de euros, el -4,5% del PIB en 2016, que sería del -5,1% del PIB sin la ayuda de los municipios

Y esta tendencia a la mejoría de las cuentas municipales sigue este año 2017: en el primer semestre, los Ayuntamientos han tenido un superávit de +1.874 millones, un 60% más que el año pasado, según los datos de Hacienda. Y mientras, el Estado, la Seguridad Social y las autonomías siguen con déficit (aunque bajándolo).Los Ayuntamientos no sólo han pasado de déficit a superávit, algo que no han conseguido ni el Estado, ni la SS ni las autonomías. Además, han reducido también su deuda: de 44.003 millones de euros que debían en 2012 a 30.635 millones a septiembre de 2017, un 30% menos, según el Banco deEspaña. Y mientras, las demás administraciones públicas deben más ahora que en 2012, con lo que la deuda pública total de España ha pasado de 891.502 millones (2012) a 1.135.869 millones (septiembre 2017) y ya debemos más de lo que produce el país (el 102% del PIB).

En mayo de 2015 hubo elecciones municipales y en muchos Ayuntamientos llegaron a las alcaldías gobiernos del PSOE y Podemos, que se plantearon gastar más, una vez que los municipios estaban con superávit y con menos deuda. Pero no podían hacerlo. Porque en abril de 2012, el Gobierno Rajoy había impuesto con su mayoría absoluta la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 2/2012), aprobada con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN. Una Ley para amparar el ajuste de gastos en toda la Administración y que a los Ayuntamientos les imponía dos corsés. Uno, que la deuda municipal tenía un tope (el 2,9% del PIB). Y el otro, el que más importa ahora, la famosa “regla de gasto”: los Ayuntamientos tenían un tope de gasto anual (el del crecimiento de la economía) y si tenían superávit, lo tenían que dedicar a devolver deuda (amortizar), no a gastar más de ese tope anual.

Los nuevos Ayuntamientos, sobre todo los gobernados por la izquierda, se dedicaron en 2016 y 2017 a gastar más sin que Montoro les llamara la atención. Sobre todo, las grandes ciudades, con muchas necesidades no cubiertas e importantes superávits en 2016: Madrid (+1.115 millones), Valencia (+126 millones), Barcelona (+113), Zaragoza (+110), Málaga (+69) o Sevilla (+59 millones), según datos de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima en +1.784 millones el superávit de los 16 mayores Ayuntamientos españoles en 2016. Hacienda ha apercibido a algunos, pero la mayoría ha aprobado nuevos gastos en 2017. Y en agosto de este año, la AIReF alertaba al Gobierno: 9 de los 16 mayores Ayuntamientos de España se saltarán este año la “regla de gasto” impuesta por el Gobierno en 2012. Serán los Ayuntamientos de Madrid, Valencia, Bilbao, Córdoba, Gijón, Palma, Murcia, Barcelona y Zaragoza. Todos con superávit y menos deuda.

El ministro Montoro se decide a dar un escarmiento y el 8 de noviembre interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, al que lleva “advirtiendo” dos años. Al igual que ha hecho con Cataluña, Hacienda pasa a controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, autorizando cada semana los gastos que puede hacer. Y les paraliza 364 millones de gasto que habían aprobado. La Corporación de Carmena decide frenar 18 expedientes de gasto y paraliza distintas inversiones en la capital, entre ellas 2 escuelas infantiles, 2 centros de mayores y diversas obras en centros deportivos, piscinas, naves industriales, parque de bomberos y escuela de hostelería. En paralelo, presenta un recurso solicitando que se permita realizar 127 millones de gasto porque son inversiones muy avanzadas. 

Montoro dice que todo el mundo tiene que cumplir con la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad y que los Ayuntamientos tienen que seguir colaborando en recortar el déficit. Y el Ayuntamiento de Madrid considera injusto que se tengan que apretar el cinturón cuando tienen superávit desde hace 6 años (desde 2011) y su deuda ha caído de 5.637 millones (al llegar Carmela) a 3.567 millones, por lo que mejor gastar en lo que hace falta que devolver dinero a los bancos (con el alto coste de las amortizaciones anticipadas).

El problema más serio lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque tiene sus cuentas intervenidas, pero en realidad es un problema que comparten la mayoría de los grandes Ayuntamientos de España, que volverán a cerrar 2017 con superávit (+1.075 millones los 16 más grandes, según la AIReF) y no pueden gastar lo que quieren. La propia Federación de Municipios (FEMP) considera injusto que no se permita a los Ayuntamientos hacer inversiones necesarias para sus vecinos para contribuir a enjugar parte del déficit del Estado, la Seguridad Social y las autonomías. Y denuncian que les imponga la regla de gasto un Gobierno y un ministro, Montoro, que no ha sido capaz ni uno solo de estos cinco años de cumplir con los recortes de déficit prometidos a Bruselas, mientras los Ayuntamientos se saneaban.

Los Ayuntamientos, a través de la FEMP, intentaron “suavizar” la regla de gasto este año, en el debate parlamentario del Presupuesto 2017, sin conseguirlo. Ahora, PSOE, Podemos y el resto de los grupos (salvo PP y Ciudadanos) acaban de aprobar (165 votos a favor, 157 en contra y 6 abstenciones) una proposición no de ley que “insta al Gobierno a modificar la regla de gasto para que los Ayuntamientos con cuentas saneadas puedan destinar esos fondos a mejorar los servicios a sus vecinos”. Pero es una moción simbólica, que no irá más allá, porque el Gobierno se escuda en la Ley de estabilidad presupuestaria y en las exigencias de Bruselas. Eso sí, Montoro está dispuesto a revisar la regla de gasto en el futuro, “cuando España salga de la situación de déficit excesivo”, o sea, a finales de 2018. 

Eso quiere decir que los Ayuntamientos saneados no podrán gastar mucho más hasta 2019. Y eso pasa cuando, tras los ajustes del pasado, los municipios españoles necesitan gastar más en casi todo, desde contratar personal (lo tienen limitado) a invertir en obras y servicios. Un ejemplo. De los 384 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, más de la tercera parte tiene unos servicios sociales con presupuestos “pobres” (41 Ayuntamientos, con 2.100.000 habitantes) o “precarios” (106 Ayuntamientos, con 6.700.000 habitantes), según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. O sea. 8.800.000 españoles con servicios sociales municipales que no tienen los recursos necesarios. Y así muchos otros servicios, desde guarderías a centros educativos o polideportivos, sin olvidar obras y servicios que están en primera línea de la atención a los ciudadanos. Y todo ello, no se puede atender, aunque hay dinero, porque Montoro prefiere que lo destinen a devolver deuda a los bancos.

La pelea de Montoro con el Ayuntamiento de Madrid es una pelea que no se justifica desde una perspectiva económica (están saneados y pueden gastar más sin problemas) y tiene mucho “trasfondo político”: la defensa a ultranza del fundamentalismo de la austeridad, el “santo temor al déficit, tan querido por el PP y sus colegas de Bruselas, que siguen defendido ajustes en España para 2018 cuando afirman que este año acabará con el 3,1% de déficit ( ¿para qué bajarlo más el año que viene, hasta el 2,2 % para 2018, cuando se fijó el suelo en el 3% ?). Una postura intransigente que ya ha costado muchos sacrificios a la mayoría de españoles desde 2010 y que ahora quieren que la sigan pagando los vecinos de los Ayuntamientos.

Pero hay más. El debate no es sólo si los Ayuntamientos pueden gastar más. Habría que ampliar el foco y abrir el debate de la futura financiación de losAyuntamientos, en paralelo al debate más conocido sobre la futura financiación de las autonomías. Porque en España, los Ayuntamientos son “los parientes pobres” de la Administración pública. Comparados con Europa, los municipios españoles ingresan menos (9% del total frente al 13% en la UE-28) y gastan también menos (8% frente al 24% en la UE-28), en beneficio del Estado y sobre todo de las autonomías. Como señala la Comisión Europea en su informe de febrero, España es uno de los países más descentralizados de Europa (el 42% del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos, frente al 32% en la UE-28), pero el problema es que las autonomías tienen más porcentaje de gasto que en Europa y los Ayuntamientos menos.

Así que ahora, si se trata de reformar el sistema de financiación de las autonomías, también habría que reformar la financiación de los Ayuntamientos, para repartir así de una vez los ingresos y los gastos del Estado central (52%), autonomías (34%) y Ayuntamientos (8%), para hacerlo más justo, a costa de recortar quizás la parte del Estado central (al 40%) y subir la de los municipios (al 20%) y autonomías (40%). Un debate complicado porque se trata de una pelea por el reparto del poder y eso son palabras mayores. Pero parece claro que los Ayuntamientos deberían tener más recursos, porque son los que están más cerca del ciudadano. Y si estamos en un país descentralizado, los Ministerios tendrán que perder recursos y poder en beneficio de las autonomías y los municipios. Ese es el gran debate de fondo que los políticos no abordan. Y los ciudadanos sufrimos las consecuencias, cada día.