jueves, 19 de octubre de 2017

Los "nuevos pobres" españoles


Cataluña acapara toda la atención y pasan desapercibidas noticias claves: hay 12,8 millones de españoles en la pobreza (viviendo con menos de 684 euros al mes), 2 millones más que antes de la crisis, según publicó este lunes Eurostat. De ellos, 3 millones viven en “pobreza severa” (con menos de 342 euros al mes). Y somos el 7º país con más pobreza de Europa y el 3º donde más crecieron los pobres desde 2008. Mucho hablar de recuperación, pero tenemos más pobres y hay más desigualdad que antes de la crisis. Y no piensen que los pobres son extranjeros que piden por la calle: el 82% de los pobres son españoles, un 32% incluso trabajan, otro 8,3% son jubilados y el 70% tienen una formación media o alta. Son los “nuevos pobres”, muy cerca de nosotros. Urge aprobar un Plan contra la pobreza, que afecta al 27,9% de españoles, con más ayudas públicas para niños y familias pobres, parados, trabajadores pobres y jubilados. Este sí que es un grave problema social.



                                                                                              enrique ortega

Hay ya 117,5 millones de europeos viviendo en situación de pobreza, el 23,4% de la población (UE-28) y un millón y medio de pobres más que en 2008, según las estadísticas de 2016 (indicador AROPE) publicadas este 16 de octubre por Eurostat. Los paises del Este lideran el ranking europeo de pobreza, con Bulgaria (40,4% de la población es pobre) y Rumania (38,8%), seguidas de Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (28,7%), Letonia (28,5%) y España (27,9% de población en la pobreza: 12.830.000 españoles), que es además el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza con la crisis, tras Grecia y Chipre (en 2008 había en España un 23,8% de pobres, 2 millones menos que ahora). Los paises del centro y norte de Europa son los que tienen menos pobres, una lista encabezada por la Republica Checa (13,3% población es pobre), Finlandia (16,6%), Dinamarca (16,7%), Holanda (16,8%), Austria (18%), Eslovaquia (18,1%), Francia (18,2%), Suecia (18,3%), Eslovenia (18,4%) y Alemania (19,7%).  

¿Cómo se mide la pobreza? El indicador europeo (AROPE) considera “pobre” a cualquier  persona que cumpla una de estas tres condiciones: tener bajos ingresos (menos del 60% de la renta media de cada país), tener una privación material severa (cumplir 4 de estos 9 factores: no poder pagar el alquiler o las facturas, no poder calentar casa, no poder pagar gastos imprevistos, no comer carne, pescado o proteínas cada 2 días, no poder tomar 1 semana vacaciones o no tener coche, lavadora, TV en color o teléfono) o personas que viven en hogares con muy poco empleo.  En España hay 12.830.000 personas (el 27,9% de los españoles), que cumplen alguna de estas tres condiciones .Y de ellos, hay 1.025.736 españoles que cumplen las tres condiciones a la vez, son “pobres por partida triple”.

La mayoría de los pobres (europeos y españoles) lo son por el primer criterio, por tener bajos ingresos: tienen “pobreza monetaria” el 17,2% de los europeos y el 22,3% de los españoles, 10.382.000 personas (de los 12.830.000 pobres totales), según Eurostat. Y eso porque ingresan menos del 60% de la renta media española: menos de 8.209 euros al año los solteros (684 euros al mes) y menos de 13.681 euros las familias con dos hijos menores (1.140 euros al mes). Esta “pobreza monetaria” ha aumentado en 21 de los 28 paises europeos desde 2008, pero es España el país donde esta pobreza ha aumentado más con la crisis (del 19,8 al 22,3% de los españoles). Y España es el tercer país europeo con más pobreza por bajos ingresos, sólo por detrás de Rumania (25,3% población con pobreza monetaria) y Bulgaria (22,9% de la población).

Y dentro de esta pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta del país), hay una “pobreza severa”, que sufren los que ingresan menos del 30% de la renta media, en España menos de 4.104 euros al año los solteros (342 euros al mes) y 6.840 euros al año las familias con dos hijos menores (570 euros al mes). Son los pobres de los pobres”, un 6,4% de los españoles, 2.900.000 personas, según Eurostat, que cifra en un 8,1% de la población europea la “pobreza severa” (40,6 millones de europeos). Un dato que se agrava en Canarias (13,6% de población con pobreza severa), Andalucía (9,9%) y Murcia (8,1%).

El segundo criterio de pobreza, la privación material severa (no poder hacer frente a gastos, vacaciones o faltarles cosas) afecta a un 7,5% de europeos y al 5,8% de españoles (a 2.667.000 personas en 2016), según Eurostat, estando España en el ranking de los paises con menos pobreza de este tipo, debido sobre todo al apoyo de la familia, mayor que en el resto de Europa. Y en el tercer criterio de pobreza, vivir en hogares con poco empleo, que afecta al 10,4% de europeos España vuelve a la parte alta del ranking: ocupa el tercer lugar, con un 14,9% de españoles afectados (6.851.000 personas), sólo por detrás de la pobreza por poco empleo de Irlanda (19,2% población) y Grecia (17,2%).

Voy a centrarme en la pobreza monetaria, la determinada por los bajos ingresos, que afecta al 22,3% de los españoles, 10.382.000 personas en 2016, según Eurostat. Muchos piensan que estos pobres son personas extranjeras mal vestidas que piden por la calle. Pero no es así. Los “nuevos pobres” españoles son en muchos casos vecinos nuestros, personas con formación y que van incluso a trabajar cada día, según el retrato robot  de los pobres españoles elaborado por la Red europea de Lucha contra la pobreza (EAPN España): son casi por igual hombres (49,6%) que mujeres (50,4%), el 82,1% son españoles, la mitad son adultos (30-64 años), un 24,2% menores de 18 años (España es el tercer país europeo en pobreza infantil, tras Rumanía y Grecia, según Unicef) y un 10% mayores de 65, su nivel de estudios es medio-alto (un 55,8% de los pobres tienen educación secundaria, un 28% primaria e incluso un 15,2% educación superior) y la mayoría de los pobres trabajan (32,6%), estando otro tercio en paro (31,4% de los pobres), un 8,3% jubilado y el resto inactivo.

Quizás lo más chocante es que, tras la crisis, se puede estar trabajando y ser pobre. Concretamente, un 14,1% de los trabajadores son pobres en España (y un 12,5% en Europa), lo que da unos 2,5 millones de asalariados y autónomos con bajos ingresos (menos del 60% de la media), bien porque tienen un contrato precario bien porque trabajan sólo algunos días o meses y además lo hacen por horas. Y también hay muchos jubilados pobres: casi la mitad de las pensiones (el 49,8%, un total de 4.716.000, según la EAPN) están por debajo de los 684 euros mensuales, el umbral de la pobreza. Concretamente, el 40% de las pensiones de jubilación, el 70% de las de viudedad  y de 90% de las que cobran los huérfanos. Y casi el 10% de todas las pensiones (el 9,9% del total, 936.950 pensiones) están por debajo de los 342 euros al mes, con lo que incurren en “pobreza severa”.

Así que no sólo los parados son pobres (el 52% no cobran ya el desempleo). Y además, resulta preocupante el desigual reparto de la pobreza. Por un lado, entre los mismos pobres: la cuarta parte mejor situada (algo más de 2,5 millones) ingresan 636 euros al mes, otra cuarta parte 535 euros, un tercer cuarto 398 euros de media y la cuarta parte más desfavorecida (algo más de 2,5 millones de españoles) ingresa sólo 166 euros, la cuarta parte que los pobres mejor situados, según la EAPN. Son los pobres de los pobres”. Y también hay una gran desigualdad por regiones: Canarias (44,6% población pobre, según el indicador europeo AROPE), Ceuta (41,9% pobres), Andalucía (41,7%), castilla la Mancha (37,9%), Extremadura (35,8%) y Murcia (34,8%) lideran la pobreza en España, a años luz de Navarra (13% población pobre), País Vasco (15,9%), la Rioja y Cataluña (17,9% pobres). Son las 2 Españas, el verdadero problema de fondo de la España autonómica.

Lo grave no es sólo que España tenga ahora 2 millones de pobres más que antes de la crisis y que la pobreza afecte a españoles que antes eran incluso clase media. Es que, para más INRI, los ricos viven ahora mejor que antes de la crisis y ha aumentado la desigualdad, según los recientes datos de la EAPN. Basten dos. Ahora (2016), el 20% de españoles más ricos ingresan 6,6 veces lo que el 80% más pobre, cuando en 2008 la relación era de 5,6 veces. En Europa, la proporción es menor (5,2 veces) y con ello España es el tercer país europeo con más desigualdad, sólo por detrás de Rumanía y Macedonia (7,2 veces). El otro dato, el índice de Gini (indicador internacional de desigualdad, entre 0 y 100: cuanto más alto peor). España tiene un índice de 34,5 en 2016, frente al 32,4 en 2008. Y frente al 30,9 de índice medio en Europa, somos el 7º país europeo con el índice Gini de desigualdad más alto, sólo por detrás de Serbia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Letonia y Estonia, según Eurostat. Como resumen, sepamos que el 10% de españoles más ricos acapara la misma porción del pastel de renta (una cuarta parte) que el 50% de los españoles más pobres. Muy gráfico.

Aunque Rajoy y su Gobierno no lo dicen, organismos internacionales como la Comisión Europea y la OCDE, alertan periódicamente sobre la pobreza y la desigualdad en España, porque son una rémora para la recuperación. Y ya le han dado variasrecetas al Gobierno, sin que les hagan caso. En primer lugar, Bruselas y la OCDE coinciden en pedir más ayudas públicas a las familias, sobre todo las que tienen hijos. Y eso porque España gasta en ayudar a las familias la tercera parte que los paises europeos (un 0,6% del PIB frente al 1,7% en la UE-28). Y además, están mal orientadas: el 2% de las ayudas familiares se destinan a las rentas más bajas, frente al 20% en la UE. En segundo lugar, ambos organismos proponen aumentar las ayudas directas a los más pobres, tanto las del Estado central como las de las autonomías (pagan una renta básica muy dispar, de 300 euros en Murcia a 665 euros en el País Vasco, a sólo 466.266 familias). Y en tercer lugar, la Comisión Europea y la OCDE piden que España gaste más en subsidios de paro (el 52% de los parados EPA no cobran nada) y en políticas activas de empleo (gasta un 0,5% del PIB, frente al 0,9% de Francia o el 0,64% de Alemania, que tienen la mitad o la cuarta parte de paro).

Serían tres vías urgentes para atajar la pobreza, pero hacen falta más. Por un lado, hay que actuar contra la precariedad laboral, que es la causa de crezcan los trabajadores pobres. Urge reducir la temporalidad y los contratos basura, para mejorar los salarios más bajos. Y aprobar medidas para mejorar el empleo juvenil, el origen de la creciente pobreza entre los menores de 30 años. Y en paralelo, tratar de subir las pensiones más bajas, sobre todo de viudedad y orfandad, que están detrás de muchos pobres ancianos y adolescentes.

Por otro lado, el Estado central debe utilizar más los impuestos para reducir la pobreza y la desigualdad, haciendo lo contrario de lo que ha hecho Rajoy estos años: utilizando más los impuestos directos (renta y sociedades) para que paguen más los que más tienen y con esos mayores ingresos (deben pagar más las grandes empresas, multinacionales y los ricos, que evaden impuestos “legalmente”). Y reduciendo el peso de los impuestos indirectos, desde el IVA a los impuestos de carburantes, tabaco o alcohol, que son los que más han subido, algo injusto, porque los sufren comparativamente más los que más tienen. Y además, aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica más justo y solidario, que reduzca más la pobreza en la España pobre (y que lleva 30 años siendo la más pobre).

Los datos europeos de la pobreza y la desigualdad en España son un escándalo, aunque parece que la mayoría no se inmuta con ellos, Gobierno y “oposición” incluidos. Pero están ahí y no se corrigen con la recuperación. El hecho cierto es que hay más de 10 millones de españoles muy vulnerables, según la estadística de pobreza de Eurostat y un reciente estudio de Fedea y Accenture, que incluye como tales a los parados (4 millones), inactivos a los que les gustaría trabajar (721.000) y trabajadores con contratos precarios y muy bajos salarios (5,3 millones). Son 1 de cada 3 españoles en edad de trabajar, que no dan el perfil clásico de pobres pero que lo son. Demasiados para no hacer nada.

lunes, 16 de octubre de 2017

Ciencia: menos dinero y no se gasta


Sabemos que los recortes han afectado mucho a la Ciencia, que ha perdido un 10% de recursos desde 2008. Pero muchos no saben que, además, este dinero público para la Ciencia (escaso) no se gasta: cada año se deja de gastar casi la mitad y en 2016 no se gastó el 62% de lo presupuestado. Hay un doble recorte: lo que se presupuesta menos y lo que no se gasta. En total, desde 2009, la Ciencia ha perdido 42.000 millones, el Presupuesto de 4 años largos. Y esto sucede aunque el FMI, la Comisión Europea y la OCDE reiteran al Gobierno que debe corregir nuestro retraso tecnológico, culpable de que España sea menos productiva y tenga el doble de paro. Pero como si nada: en 2017, el Presupuesto para Ciencia ha subido un 1,3%, un aumento que se come la inflación. Urge un Pacto por la Ciencia, que asegure más fondos estables  y que se gasten mejor. Porque la recuperación no llega a la Ciencia.


                                                                                             enrique ortega

La tecnología es una de las grandes asignaturas pendientes de España en este siglo, junto a la educación y formación, el recorte y envejecimiento de la población y la reindustrialización y digitalización de la economía. Y el problema es que lejos de avanzar, retrocedemos: el gasto total en Ciencia (I+D) se ha recortado un 10,4% en España desde 2008 mientras aumentaba en un 25% en Europa, según el último informeCOTEC. Así que con la crisis, España está tecnológicamente más lejos de Europa, a la distancia (0,75% del PIB) que estábamos en 2004. Más de una década perdida. Y lo mismo frente a paises en desarrollo, con los que no podemos competir en sueldos. Y la consecuencia es clara: somos un país menos productivo, menos competitivo: ocupamos el puesto 34 en el ranking mundial de productividad del Foro Económico Mundial.

Los datos son muy ilustrativos. El gasto total de España en Ciencia se situaba en 2016 en unos 13.500 millones de euros, el 1,23% del PIB (el porcentaje de 2006), muy por debajo del 2,02% de media de la UE-28 y del objetivo europeo del 3% para 2020, según los últimos datos de la OCDE. Sólo hay 7 paises europeos que gasten menos que España en Ciencia (Rumanía, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania) y estamos muy lejos de los más innovadores: Suecia (gasta el 3,30% del PIB), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%), Austria (2,97%), Alemania (2,46%), Francia (2,22%) y Reino Unidos (1,66%). Y lo más grave: somos uno de los 4 únicos paises europeos que todavía no ha recuperado el gasto en tecnología de antes de la crisis (2008), mientras los 24 restantes gastan ya mucho más. Además, estamos a la cola de Europa (puesto 27) en el ranking de solicitud de patentes.

La caída del gasto en Ciencia desde 2008 se debe sobre todo al recorte de los fondos públicos para I+D+i, que suponen algo menos de la mitad del gasto total (6.513 millones en 2017, el 48% del gasto en Ciencia). Aquí es donde el Presupuesto “ha caído a plomo” desde 2009, el mejor año para la Ciencia: se ha pasado de un gasto público presupuestado de 9.673 millones (2009) a los 6.513,78 millones del Presupuesto 2017. Es un recorte de 3.160 millones, un tercio del gasto de 2009 (-32,66%). En estos 8 años de ajustes, la Ciencia ha dejado de recibir 21.728 millones, dos años largos de Presupuesto. De ellos, 1.509 millones se deben a la tijera de Zapatero (recortes 2010 y 2011) y 20.219 millones (casi todo el recorte) a la tijera de Rajoy (entre 2012 y 2014, ya que los tres últimos años, el Presupuesto ha subido, aunque una miseria: 367 millones).

Pero además, esta pretendida “subida del gasto en Ciencia”, cacareada por el Gobierno Rajoy en los tres últimos años, no es tal. Primero, porque suben algo los fondos totales, pero a costa de aumentar los créditos (que no se piden, porque las Universidades e instituciones están muy endeudadas ya) y bajar las subvenciones a fondo perdido. Y luego, porque la subida es tan mínima que se la come la inflación. Es lo que ha pasado este año 2017. El gasto público en Ciencia es de 6.513,78 millones, un 1,3% más que en 2016. Pero las subvenciones bajan un 2,36% y lo que suben (+3,9%) son los créditos, que se piden poco. Y además, si los precios suben este año entre el 1,5 y el 2% (el IPC está en el 1,8% y al alza), eso significa que el gasto real en Ciencia bajará este año 2017. Así que no presuman de “ayudar a la Ciencia”.

Pero este es sólo un primer recorte que sufre el gasto público en la Ciencia. Hay otro recorte “escondido”, que acaban de confirmar los datos de la Intervención de Hacienda: el gasto presupuestado en Ciencia no se gasta, año tras año, según los datos aportados por la asociación de científicos COSCE. Y el problema ha ido en aumento: si en 2008 no se gastaba el 19,7% del Presupuesto del Estado en Ciencia, en 2010 ya era el 30,8%, en 2011 el 42,4% y en 2015 no se gastaba el 48,10% del Presupuesto, casi la mitad. Pero la alarma ha saltado en 2016: el año pasado no se gastó el 61,78% del Presupuesto en Ciencia (3.115 millones nada menos), un porcentaje superior al “habitual” porque el Gobierno Rajoy cortó el gasto público a 20 de julio, para reducir el déficit lo prometido a Bruselas.

La mitad del Presupuesto de Ciencia no se gasta (los dos tercios el año pasado) porque la mayoría de los créditos (que son el 60% del Presupuesto) no se conceden, o bien porque las instituciones y Universidades no los piden (tienen mucha deuda y topes de hacienda para endeudarse más, además de que hay que devolverlos) o no se los conceden, para así reducir el gasto y el déficit público. Y también porque no se conceden todas las subvenciones, por retraso en las convocatorias o excesiva complejidad burocrática para solicitarlas. El año 2016, de los 3.115 millones no gastados, 2.886 eran créditos y 229 millones de subvenciones, según los datos recientemente aportados por COSCE.

Este “recorte escondido”, el Presupuesto para Ciencia que no se gasta año tras año, ha supuesto un recorte adicional a la Ciencia de 17.691 millones perdidos entre 2009 y 2016, a los que habría que añadir otros 3.000 millones que no se gastarán este año 2017. Si los sumamos a los 21.728 millones menos presupuestados estos años por ZP y Rajoy, nos da un total de 42.000 millones perdidos por la Ciencia desde 2009, el Presupuesto para Ciencia de más de 4 años perdido. Un auténtico drama para un país que está a la cola de Europa en tecnología y productividad (y en cabeza en paro).

Pero esto son los recortes que afectan al gasto público, algo menos de la mitad del gasto total en Ciencia. La mayoría del gasto en I+D+i (el 52%) lo hacen las empresas y aquí también ha habido recortes, aunque no tan drásticos: si en 2008, las empresas gastaban 8.073 millones de euros en tecnología, en 2015 (último dato del INE) gastaron 6.920 millones, un 14,2% menos. Pero no es sólo que las empresas españolas gasten menos. Es que un tercio de las que invertían en I+D en 2008 han dejado de hacerlo (5.000 empresas de 15.000), según COTEC. Y que las empresas españolas gastan en tecnología la mitad de lo que gastan las empresas europeas con las que compiten (el 0,64% del PIB frente al 1,07% en la UE-28) y un tercio de lo que gastan las empresas occidentales (gastan el 1,5% PIB en la OCDE).

Otra debilidad tecnológica de las empresas españolas es que la inversión en tecnología se concentra en las pymes (45,5%) y no en las grandes empresas, que son en Europa y en el resto del mundo el motor de la investigación (hacen el 80% del gasto en I+D en Francia, Italia o Reino Unido y el 90% en Alemania, frente al 54,5% en España), según destaca el informe COTEC 2017. En su opinión, este menor peso tecnológico de las grandes empresas españolas se debe a su menor número (hay un 99,66% de pymes y sólo 4.312 grandes empresas), a la insuficiente cualificación y cultura innovadora de sus directivos, al menor peso de los sectores económicos con tecnología media y alta  y a que falla el esquema de incentivos fiscales para fomentar la innovación empresarial (es demasiado complejo y falto de garantías).

Al final, este recorte en el gasto público y privado en Ciencia se ha traducido en una pérdida de proyectos e investigadores (12.216 perdidos entre 2010 y 2015), que se han ido al paro o al extranjero. En España hay 6,8 investigadores por 1.000 ocupados frente a 7,9 de media en Europa, según los datos de COTEC. La gran diferencia se da en las empresas (2,4 investigadores/1.000 ocupados frente a 3,8 en la UE), porque tenemos más investigadores que Europa en el sector público (1,1/1.000 ocupados frente a 0,9 en la UE-28) y en la Universidad (3,1/1.000 ocupados frente a 2,7 en Francia, 2,4 en Alemania y 2 en Italia).

Hasta aquí los datos de una situación tecnológica preocupante, que no mejora con la recuperación, a pesar de que todos los organismos internacionales reiteran que es uno de los grandes problemas de España. En diciembre de 2016, la misión del FMI señaló que “para impulsar el crecimiento y la productividad” era necesario “apoyar a la innovación por medio de la inversión privada en I+D, que es baja en comparación con la de otros paises europeos, y de mejoras en la eficacia del gasto público en I+D”. Unos meses después, en marzo de 2017, la OCDE recomendaba a Españapromover la inversión empresarial en innovación como clave para aumentar la productividad”. Y en mayo, una de las 3 recomendaciones del Consejo Europeo a España era “garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación”. Y lo mismo piden insistentemente el Banco de España, la mayoría de expertos y por supuesto, los investigadores y la Universidad, que han planteado un Manifiesto por la Ciencia para pedir recursos y medidas. Sin conseguirlo.

Urge poner en marcha un Pacto por la Ciencia, asentado en dos frentes: conseguir más recursos para la Ciencia (estables y a medio plazo) y reformas para gastarlos mejor. El objetivo debería ser, al menos, conseguir los 9.673 millones que se gastaban en 2009 al final de esta Legislatura: eso supondría presupuestar 3.000 millones más, 1.000 millones extras al año. Y gastarlos, para lo que la OCDE ya propuso en marzo al Gobierno que se cambien partidas de gasto en Ciencia de créditos a subvenciones. Además, reformar todo el sistema de ayudas e incentivos fiscales para que las empresas también recuperen el gasto tecnológico de 2009: eso supondría que gastaran 1.100 millones más al año y recuperar a 5.000 empresas que ya no invierten en tecnología. Sobre todo, que gasten más las grandes empresas, ahora que llevan tres años con aumento de beneficios (más de 40.000 millones ganaron en 2016 las empresas del IBEX): que gasten más en tecnología e innovación, la clave para competir fuera y dentro, para asegurar un crecimiento y un empleo estables.

El otro frente de actuación deberían ser las reformas para gastar mejor. La OCDE y la Comisión Europea proponen a España reducir la excesiva burocracia en los procesos de investigación, eliminando las excesivas rigideces (sobre todo en las Universidades). Y realizar evaluaciones sistemáticas (auditorías) de las herramientas de apoyo a la I+D, mejorando la coordinación entre el Estado Central y las autonomías (muchas “van a su aire” en investigación y hay enormes diferencias de gasto entre el País Vasco, Madrid, Navarra o Cataluña, las líderes, y el resto), así como una mejor colaboración público-privada, aumentando los proyectos conjuntos y los investigadores en las empresas.

Mucho se habla de la recuperación económica pero no llega (tampoco) a la Ciencia, que ha perdido el tren europeo sin que se tomen medidas. Urge recuperar la década perdida, reducir la brecha con los paises tecnológicamente punteros, que son también los más competitivos y ricos, los que tienen más empleo y menos paro. Es una de las grandes asignaturas pendientes de España, no recortar más el déficit público a cualquier precio. La Ciencia debe ser nuestro pasaporte para el futuro. Pero recuperar el retraso tecnológico exige dinero, investigadores  y reformas. Y necesitamos tiempo, una o dos décadas. Por eso urge empezar ya.

jueves, 12 de octubre de 2017

Más inflación, menos poder adquisitivo


Los precios despegan otra vez. Llevan ya un año subiendo y la inflación alcanza el 1,8% (según el IPC conocido ayer), un 0,2% más que en la zona euro. Los culpables son los carburantes y la luz, junto a los alimentos, por la fuerte demanda turística (el sector subió precios) y las malas cosechas (por la sequía y heladas). Ahora, se espera cerrar 2017 con una inflación del 2%, frente a una bajada de precios en los tres años anteriores. Con ello, trabajadores, funcionarios y pensionistas perderán este año poder adquisitivo, porque la inflación se comerá sus pequeñas subidas. Eso va a reducir el consumo, las ventas y el empleo, mientras tener más inflación que Europa nos restará exportaciones y turistas. Es importante subir más los salarios y las pensiones, para alimentar la recuperación, a la vez que se toman medidas para frenar subidas de precios en sectores monopolistas y reducir los intermediarios en la alimentación. Atajar la inflación, que perjudica a los más débiles.



                                                                                          enrique ortega

En septiembre se ha cumplido un año de subidas continuadas de precios en España, tras tres años anteriores (2014 a 2016) en que los precios bajaron (algo que no es habitual), por la crisis (las empresas se veían forzadas a bajar precios para poder vender) y, sobre todo, por la bajada del petróleo, el euro y los tipos de interés, tres grandes “regalos” exteriores para nuestra economía (no por la política de Rajoy). Pero en septiembre de 2016 comenzó la subida de precios (+0,2%), que ha seguido mes tras mes, hasta situar la inflación anual en el 3% (enero y febrero 2017). Luego, los precios subieron menos, hasta bajar la inflación al 1,5% en junio y julio. Pero en agosto, la inflación volvió a subir (al 1,6%) y en septiembre ha subido dos décimas más, hasta el 1,8%, según el IPC publicado ayer por el INE. Una inflación superior al 1,5% que tenía a finales de septiembre la zona euro, según Eurostat.

En lo que va de año, los precios suben en España por la energía, el turismo y los alimentos. La subida del petróleo (que tocó el mínimo del año el 21 de junio, con 44,82 dólares/barril, para subir luego hasta casi los 60 euros y estar hoy en 56,70 dólares) ha encarecido los carburantes, sobre todo tras la vuelta de vacaciones: la gasolina ha subido un 1,4% desde el 28 de agosto y el gasóleo otro 3,9%. Y eso ha encarecido el transporte personal (+3,1%) y el transporte público interurbano (+4,3%, según el INE). Además, la sequía (y las heladas de abril) han provocado un deterioro de las cosechas, forzando subidas de muchos alimentos, sobre todo las carnes, el pescado, el aceite y las legumbres, según el IPC, junto a la subida del tabaco a principios de año. Y esa misma sequía ha encarecido la factura de la luz, un 4,5% en el último año, por el menor uso de la energía hidráulica (embalses), más barata. Y para rematar, el récord de turistas ha tirado al alza de los precios, sobre todo de hoteles, bares y restaurantes, que han subido un 2,3% en el IPC hasta septiembre. También han pesado la fuerte subida de los alquileres y de las telecos (teléfono e internet).

Ahora, los expertos creen que la inflación va a seguir alta hasta finales de año, con el petróleo cerca de los 60 dólares (podría subir si en noviembre, la OPEP y Rusia amplían su recorte de producción y si se complica la situación en Irak) y  la persistencia de la sequía, que provocaría una mayor subida de la luz ante la entrada del invierno. Un factor clave será ver lo que hace el euro, ya que si sigue a la baja (está en 1,17 dólares, tras rozar los 1,20 en septiembre), provocará tener que pagar más (de momento un +2,5%) por el petróleo, reforzando la inflación. Con todo, la previsión de la Comisión Europea y del informe del FMI de este martes es que 2017 acabe con una inflación del +2%, que contrasta mucho con la inflación negativa que tuvimos en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%).

Vuelve la inflación y eso afecta mucho a la vida de los españoles, que nos habíamos acostumbrado a las bajadas de precios y a las tarifas “low cost”. Pero, sobre todo, la inflación es muy negativa para las rentas más bajas, que son los que más la van a notar. No en vano se dice que la inflación es "el peor impuesto", porque las subidas no afectan por igual a todos, sino que quitan más poder adquisitivo a los que menos tienen, en especial a los trabajadores asalariados, los funcionarios y los pensionistas.

Empezando por los trabajadores asalariados (15,7 millones), 2017 será el primer año en que volverán a perder poder adquisitivo, tras ganarlo en 2014, 2015 y 2016 (tuvieron subidas de sueldos mínimas, pero les compensó la inflación negativa). Los datos hablan de que los costes salariales sólo suben un 0,1% este año y hasta septiembre, la subida en los convenios (que sólo han firmado poco más de 4,2 millones de trabajadores), es del 1,4%, según Empleo. Con una subida media que ronda el 1%, si la inflación acaba el año en el 2%, los asalariados perderán este año un 1% de poder adquisitivo, que se sumaría al 8,6% de poder adquisitivo perdido antes, con la crisis (2008-2015), según el Índice de precios del trabajo recién publicado por el INE.

Los 2,5 millones de funcionarios públicos  también perderán este año poder adquisitivo: el sueldo les ha subido este año un 1% y frente al 2% de inflación prevista supone un 1% perdido, que se suma al 14% de poder adquisitivo perdido por los funcionarios entre 2010 y 2015 y el 0,8% ganado en 2016. Ahora, el Gobierno Rajoy les promete una subida de sueldos  del 1,75% para 2018 (1,5% fija y 0,25% adicional si se crece lo previsto), algo superior al 1,4% que se espera suba la inflación el año próximo, una ganancia mínima que no sirve para recuperar ese 13.85% de poder adquisitivo perdido desde 2010.

Y luego están los 8,66 millones de pensionistas, que perderán poder adquisitivo en 2017: el Gobierno les ha subido la pensión un 0,25% y si los precios suben un 2%, perderán un 1,75% de poder adquisitivo, tras ganarlo (poco) entre 2014 y 2016 (por la inflación negativa), aunque ya lo habían perdido antes (entre 2011 y 2013). Si la mitad de los pensionistas ganan menos de 700 euros, eso significa que perderán 12 euros al mes. Y también perderán poder adquisitivo (-1,15%) en 2018: 0,25% de subida frente a 1,4% de inflación esperada. Y lo mismo hasta al menos 2022, en que la situación de la Seguridad Social sólo permitirá subirles un 0,25% anual, según la norma aprobada en 2013 por el Gobierno Rajoy. Con ello, los pensionistas españoles perderán otro 7% de poder adquisitivo hasta 2022, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Toda esta pérdida de poder adquisitivo, que afectará más a esos casi 27 millones de españoles (asalariados, funcionarios y pensionistas), se va a traducir en un menor consumo, tanto en 2017 como en 2018. Y también resta ingresos a los ahorradores, porque la inflación se comerá lo poco que les rentan los depósitos (775.000 millones de euros por los que solo obtienen un 0,1% de rentabilidad media). Por todo ello, las empresas venderán menos, se crecerá menos y se crearán menos empleos: 425.000 nuevos empleos este año 2017, 100.000 empleos menos que en 2016, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea. Y este menos crecimiento y empleo no será solo porque los españoles consumamos menos (al subir los precios más que los ingresos) sino porque la inflación ataca de lleno a los otros dos motores del crecimiento y el empleo: las exportaciones y el turismo.

España lleva todo este año teniendo más inflación que Europa (en 2016 tenía menos) y en septiembre, la inflación española (+1,8%) superaba en 2 décimas a la de la zona euro (+1,5%). Y si cerramos el año con el 2% de inflación, España será el 6º país con precios más altos de la zona euro, solo por detrás de Estonia (3,3%), Lituania (2,8%), Luxemburgo (2,4%), Bélgica y Letonia (2,2%). Eso significa que si los precios suben más en España, las empresas que exportan tendrán más difícil competir y vender fuera. Y otro efecto negativo de eso será que tratarán de compensar los mayores precios forzando a la baja a los salarios, poniendo más resistencia a que suban en España. Otro efecto negativo de la mayor inflación es que retrae a los turistas (otra base del crecimiento y el empleo español), que podrían buscar destinos más baratos ahora que los hoteles y los precios han subido mucho en España.

Como se ve, el repunte de la inflación es preocupante y puede ser un lastre para la recuperación. Y no puede echarse sólo la culpa al petróleo y a la sequía. En España hay otros“culpables”, como los sectores que funcionan como monopolios, controlando el mercado y los precios: las petroleras (las 4 grandes controlan el 62% de las gasolineras), las eléctricas (las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos (Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan ya la mitad de los créditos y depósitos). Y este enorme poder no sólo les permite “acordar” condiciones y precios (algo prohibido) sino que los suben reiteradamente, sin ningún control del Gobierno. Y aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto más de 80 expedientes por pactar precios (a petroleras, telecos, cementeras, concesionarios coches, basuras y hasta funerarias), tiene pocos medios, escasos apoyos políticos y sus multas han chocado con las sentencias pro-monopolios de los tribunales. Tras 4 años de existencia, la CNMC no funciona bien.

La consecuencia de su enorme poder es que los españoles pagamos la 4º gasolina más cara de Europa y el 5º gasóleo más caro (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas hipotecas más caras de la zona euro. Y no son sólo los monopolios. Hay muchas empresas españolas poco eficientes, por su pequeño tamaño, su menor tecnología y digitalización  o su organización y capacidad comercial, que “necesitan” vender más caro para sobrevivir y ganar dinero. Muchas empresas y sectores que trasladan su ineficacia a los clientes, en forma de mayores precios. Sobre todo las que tienen menos competencia.

Y luego hay otro problema que también pagamos los consumidores con mayores precios: las largas cadenas de comercialización, los numerosos intermediarios que encarecen los productos  en el camino del productor al consumidor, sobre todo en sectores donde no hay oferta online potente y con medios logísticos. Es el caso de los alimentos, que están subiendo no sólo por las malas cosechas sino también porque los intermediarios aprovechan para subirlos por el camino. Así, las frutas y verduras multiplican su precio por 4,38 (por más de 8 las patatas o melocotones) entre el agricultor y el súper. Y las carnes, leche y huevos triplican sus precios, según el índice IPOD (ver aquí lo que sube cada producto por el camino). Eso cuando los súper no vender la leche o el aceite por debajo del precio en el campo, como “gancho”.

El Gobierno Rajoy tomó medidas contra la inflación en febrero de 2017, aprobando un decreto para desarrollar la Ley de Indexación de 2015, pero sólo sirve para tratar de controlar tarifas públicas y no todas (no se incluye la luz, el gas o el butano). Pero no hace nada para controlar los precios de las empresas privadas (“economía libre de mercado”, salvo cuando hay que rescatar bancos o autopistas privadas). Y tampoco pone medios suficientes para que la CNMC vigile que haya competencia o para mejorar la distribución de productos y servicios, facilitando el comercio online y la digitalización de empresas. En paralelo, no se facilita una subida de sueldos y pensiones, para contrarrestar la mayor inflación. Las empresas llevan ya tres años con beneficios y es hora de subir los salarios, para mejorar el consumo y la productividad (claves para garantizar la recuperación). Y hay que subir las pensiones, dentro de una reforma del sistema (que no llega) que asegure más ingresos estables, vía impuestos (se puede y se debe ingresar más, reduciendo el fraude fiscal) y cotizaciones.

La crisis nos trajo una economía sin inflación, como síntoma de que la actividad no tiraba. Y ahora que se mantiene la recuperación, despunta la inflación, como uno de nuestros viejos males, síntoma de una economía poco eficiente y de unos sectores poderosos que disparan precios, como explican los Nobel Akerlof y Shiller en su libro “La economía de la manipulación. Es hora de que los consumidores exijamos a los políticos que actúen y vigilen los precios, para que no se beneficien unos pocos en perjuicio de la mayoría. No se puede esperar que nos salve el petróleo, el euro o la lluvia, que los precios “bajen solos”. Defiendan nuestro dinero.