lunes, 15 de julio de 2019

Pincha la industria y vienen despidos


Las ventas de coches se han desplomado de enero a junio, un 12%, tras caer un tercio las ventas de diesel. Y se anuncian recortes temporales de plantillas en el automóvil. Es la puntilla para la industria, que ha perdido peso en 2018, siendo el consumo y la construcción los que mantienen la recuperación. La industria se ve muy afectada por la crisis del comercio mundial y el bajo crecimiento europeo, que frenan las exportaciones. De momento, ya se han perdido 27.672 empleos industriales en el primer trimestre de 2019 y los sindicatos temen que continúen los despidos y los ERES, que pagamos todos. Por eso, urge poner en marcha un Plan industrial, que pactaron hace casi 3 años sindicatos y patronal, sin haberse tomado medidas, salvo un parche laboral y otro para abaratar la luz industrial. Necesitamos apostar por la industria para consolidar la recuperación y el empleo. No podemos ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas. El futuro está en la industria.


La industria española está “de capa caída”, tras varias décadas donde ha perdido peso, en favor de los servicios (turismo, hostelería, comercio) y la construcción. Conviene recordar que la industria suponía un tercio de la economía en 1970 (aportó el 38% del PIB) y todavía en 1980 España era la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). Y en los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera, Iberia), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Y el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1997 al 16,36% en 2007 y un mínimo del 15,98% en 2013, el peor año de la crisis. Luego se recuperó ligeramente, estabilizándose en el 16% del PIB en 2014 y 2015, para subir al 16,2% en 2016 y al 16,3% del PIB en 2017. Y en 2018, ha caído de nuevo al 16,06% del PIB, el mayor retroceso en la aportación de la industria al crecimiento desde 2009.

Con ello, España se aleja del objetivo propuesto por la Comisión Europea a todos los paises UE para 2020: que la industria aporte el 20% del PIB. En 2018, el peso de la industria europea (UE-28) era el 17,5%, según Eurostat, y había ya 9 paises cuya industria superaba el 20% del PIB: Irlanda (32,9%), República Checa (27,4%), Rumanía (23,7%), Eslovaquia y Eslovenía (23,5%), Alemania (23,2%), Polonia (22,9%), Hungría (21,8%) y Bulgaria (20,1% del PIB). España (16,06% del PIB) ocupa el puesto 16º en el ranking industrial de la UE, por detrás de los 9 paises anteriores más Lituania (19,7%), Finlandia (18,4%), Estonia (18,1%), Italia (17,1%), Suecia (16,9%) y Croacia (16,7%). Y sólo tiene menos peso la industria en Portugal (15,9%), Reino Unido (12,6%) y Francia (12,2%).

La industria española no sólo redujo su aportación al crecimiento en 2018 sino que entró en recesión, al caer un -0,3% en el tercer trimestre de 2018 y un -1% en el cuarto, algo que no se veía desde finales de 2012, según los datos de Contabilidad Nacional del INE. Y en consecuencia, el empleo en la industria se redujo en 3.000 trabajadores en 2018, siendo el único sector con pérdida de empleo en un año en que se crearon +566.200 puestos de trabajo (+428.100 en los servicios, +136.300 en la construcción y +4.900 en la agricultura). Y el paro en la industria alcanzó los 179.900 desempleados en marzo de 2019, según la última EPA, 9.900 parados más que antes de la crisis (había 169.000 parados industriales en marzo de 2008).

Menos mal que en el primer trimestre de 2019, la industria española volvió a crecer, un 1,1%, según el INE, aunque el empleo industrial se estancó (mientras caía en los servicios) y creció sólo en 200 trabajadores. Otros indicadores, como la cifra de negocios o el índice de producción industrial mejoran muy ligeramente, pero las perspectivas no son esperanzadoras: el índice PMI, que anticipa la actividad industrial futura bajó en febrero y más en junio, tras cinco años de recuperación (desde 2013). Y sobre todo, está cayendo el empleo industrial: la gran empresa ha destruido 27.672 empleos en el primer trimestre de 2019, según un reciente informe de Randstad y Cepyme. Y sigue habiendo empresas que presentan EREs para reducir su plantilla de forma definitiva o temporal (ERTE).

El “pinchazo” de la industria española se debe a dos causas externas más que internas. Por un lado, la “guerra comercial” (proteccionismo y subida de aranceles) de Trump con China y la Unión Europea, ha frenado el comercio mundial y las exportaciones, afectando muy negativamente a la industria española, muy volcada en vender fuera (automóviles, alimentación, textil y calzado). Y la otra razón, más importante aún, es que la economía mundial crece menos y, sobre todo, que Europa“ se ha desinflado”, con un bajo crecimiento en la zona euro (del 2,4% de 2017 se pasó al 1,9% en 2018 y al 1,2% en 2019), según las previsiones de mayo de la Comisión Europea. Y un pinchazo” de Alemania (del 2,2% que creció en 2017 pasa al 1,4% en 2018 y al 0,5% en 2019) e Italia (del 1,7% que creció en 2017 y el 0,9% de 2018 pasará a crecer un 0,1% este 2019), mientras baja también el crecimiento de Francia (del 2,2 y 1,6 al 1,3% en 2019) y Reino Unido (del 1,8% y 1,4% al 1,3% en 2019). Y no olvidemos que dos tercios de las exportaciones españolas van a Europa y que el 80% de esas ventas exteriores las hace la industria.

Estos dos problemas exteriores se han traducido en un frenazo de las exportaciones españolas que ha lastrado a la industria. Así, nuestras exportaciones han crecido sólo un 0,9% entre enero y abril de 2019, según los datos de Comercio, tras haber aumentado un 2,9% en 2018, muy lejos del 7,7% que crecieron las exportaciones en 2017. Y lo que han “pinchado” han sido las exportaciones de automóviles (-6,9% en 2019), ropa (-3,2%) y calzado (-2,5%), más algunos alimentos, como bebidas (-2,4%), azúcar (-0,2%) y aceites (-0,1%), y las ventas de electrónica de consumo (-18,9%) y hierro y acero (-6,4%).

El mayor problema de la industria está en el sector del automóvil, la tercera mayor industria española, tras el turismo y la alimentación, que aporta el 5% del PIB y da trabajo a 2.708.500 españoles (el 14,01% del empleo total). Y la industria del automóvil lleva meses cayendo en picado, por una fuerte caída de ventas en España y en Europa, fruto del menor crecimiento pero sobre todo de las dudas sobre el futuro de los coches diesel y gasolina, ante el temor de que se restringa y prohíba su uso en Europa por sus altas  emisiones contaminantes.

En España, las ventas de coches volvieron a caer en junio de 2019 (-8,3%), acumulando un descenso de ventas del -5,7% en el primer semestre. Pero esas son las ventas totales. Si sólo vemos las ventas de coches a particulares (sin contar flotas de alquiler y empresas), la caída de ventas es del -12,3% entre enero y junio. Y son ya 10 meses seguidos de caída de ventas a particulares, con un descenso del 5,7% en la caída de ventas de turismos en el primer semestre (se han vendido 692.472), caída que se ha dado en toda España salvo en Murcia (+6,2% venta turismos en 2019), Ceuta y Melilla (+5%) y Madrid (+0,2%). Y la cifra real de caída de ventas es mayor, porque los concesionarios están auto matriculando vehículos (30.000 sólo a finales de junio), para intentar “mantener” el mercado.

La causa principal de esta caída de ventas es la desconfianza de los españoles ante el futuro del diesel, cuyas ventas han caído un 33% este año y sólo representan el 27% de todas las ventas, frente al 33% en 2018, el 56,8% en 2016, el 66% en 2014 y el 71% de las ventas en 2007. Un desplome del diesel que beneficia a los coches de gasolina (61,7% de las ventas este año, frente al 32,3% en 2014 y el 25% en 2007), que emiten entre un 20 y un  25% más CO2 que los nuevos coches diesel, aunque producen menos partículas de NOx. Y están subiendo las ventas de “coches alternativos”, aunque todavía son muy bajas: suponen el 10,5% de las ventas en 2019 (vendidos 73.021 turismos alternativos), la mayoría híbridos no enchufables (50.324 turismos), seguidos de turismos a gas (13.739), eléctricos (5.459 vendidos de enero a junio, el 0,79% del total) e híbridos enchufables (3.499 turismos).

A la caída de ventas en España se suma la caída de exportaciones de coches fabricados aquí. Entre enero y mayo se han exportado 1.024.704 coches fabricados en España, un 5,7% menos que el año pasado, según Anfac, que destaca la caída de ventas de coches a Reino Unido (-3,1%, por el Brexit), Italia, Holanda y Portugal.

Con este doble problema, menos ventas en España y en el extranjero, la industria española del automóvil ha fabricado 1.275.891 vehículos entre enero y mayo de 2019, un 5,6% menos que el año pasado. Y son ya 7 meses consecutivos de caída de la producción de coches en las 17 fábricas españolas, que dependen de 7 multinacionales. Con ello, España ha perdido el 8º puesto en la fabricación mundial de automóviles, superada por Brasil, tras China (29 millones de coches fabricados en 2018), EEUU (11 millones), Japón (9,6 millones), Alemania (5,6), India, Corea del Sur y México.

De momento, esta caída continuada de ventas, exportación y fabricación de coches, ha traído consigo el anuncio de expedientes de regulación de empleo, de momento temporalmente. Uno, en la fábrica Ford de Almusafes (supresión turno de noche y un ERE temporal de 2 semanas) y otro en la factoría Nissan de Ávila (un ERTE para 100 trabajadores a partir de septiembre). Pero los sindicatos se temen un tsunami de expedientes y despidos en la mayoría de las fábricas de coches si persiste la caída de ventas. Y una parte de ese ajuste lo pagaremos todos, vía presupuestos para el desempleo, porque los trabajadores que entren en un expediente de regulación cobran el paro (el 70% de su salario) y sus empresas se ahorran su sueldo durante los días o meses que no trabajen.

España juega con dos desventajas ante la crisis mundial del automóvil. Una, el gran peso que tiene el coche diesel en las 17 fábricas españolas: producen 1,4 millones de vehículos diesel y 1 millón de motores, que dan empleo a 40.000 trabajadores. Y la otra, España fabrica pocos coches eléctricos, que es donde está el futuro: sólo se fabrican 4 modelos de furgonetas eléctricas en Vigo (Citroën Berlingo y Peugeot Partner), Vitoria (Mercedes Vito) y Barcelona (Nissan e-NV200) y un mini vehículo en Valladolid (el Renault Wizy), además de un híbrido en Valencia (el Ford Mondeo Hybrid). Y además hay una tercera: las fábricas españolas de coches dependen de 7 multinacionales, radicadas en Alemania, Francia, Japón, EEUU o Corea del sur, que van a decidir dónde y qué fabrican pensando en una estrategia industrial multinacional, de costes y ventas, no en el empleo en España.

Para hacer frente a esta crisis del automóvil, el Gobierno Sánchez, las empresas y los sindicatos constituyeron en marzo una Mesa de trabajo, donde van a hacer un seguimiento y proponer medidas para frenar la crisis del automóvil, sobre la base de un Plan estratégico 2019-2025 de apoyo integral al sector, aprobado por el Gobierno el 4 de marzo. Un Plan que tiene 5 ejes: creación de una mesa por la movilidad sostenible, revisión de la fiscalidad del automóvil y los carburantes, impulso de las inversiones tecnológicas en vehículos sostenibles, ayudas a la compra de vehículos de bajas emisiones y refuerzo de la formación de los jóvenes (FP y Universidad) para afrontar los retos futuros del automóvil. En paralelo, la patronal ANFAC ha propuesto un Plan con 50 medidas, entre las que destaca destinar 600 millones en tres años a ayudas para incentivar la compra de coches nuevos. Y además, en diciembre pasado, el Gobierno Sánchez aprobó “otra medida de alivio” para el sector del automóvil: permitirles jubilar anticipadamente a trabajadores mayores o que trabajen menos horas a cambio de cubrir su puesto con trabajadores jóvenes, en vacaciones o picos de producción, un privilegio que no tienen el resto de las empresas en España.

Algo es algo, pero lo que necesita el automóvil es un Plan a 20 años, donde se combine el medio ambiente, la innovación y el empleo, pactándolo con multinacionales y sindicatos. Y todo ello, dentro de un Plan industrial a medio plazo, que identifique los sectores con futuro en los que debería volcarse España. Ya hace casi 3 años, el 26 de noviembre de 2016, la patronal y los sindicatos españoles firmaron un Pacto de Estado por la Industria, algo poco usual. Trabajadores y empresas, acordaron un decálogo de medidas que pidieron al Gobierno: rebaja costes energéticos, digitalización de la industria, aumento del tamaño de las empresas (fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora de la formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las empresas (captando más inversiones extranjeras).

Hoy, casi 3 años después, poco se ha hecho para poner en marcha este Pacto industrial, salvo las medidas de apoyo al automóvil y las ayudas a las grandes industrias consumidoras de electricidad (91millones aprobados en marzo 2019), que de momento han permitido la venta de Alcoa a un fondo de inversión suizo (suena a compra especulativa). Y mientras, la industria pierde peso y empleo. Algo preocupante porque la industria es el sector con el empleo más estable, más formado y mejor pagado, lo que afianza la recuperación. Por eso, una de las prioridades del futuro Gobierno debería ser pactar un Plan de apoyo a la industria, con financiación, ayudas tecnológicas, fiscales y laborales, junto a una apuesta por la formación profesional para hacer frente a la digitalización y la robotización. Y apostando por la reconversión energética de la industria, que además de ayudar a salvar el Planeta puede crear entre 250.000 y 364.000 empleos anuales en energías renovables, ahorro y eficiencia energética, según el Plan nacional de Energía y Clima enviado a Bruselas en febrero. 

Hay que relanzar la industria, porque es la garantía de un crecimiento y empleo estables, de una mejora de la productividad que aumente nuestro nivel de vida. No podemos seguir apostando por ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas, por ser la California de Europa. El futuro está en la industria.

jueves, 11 de julio de 2019

La 3ª mayor sequía del siglo


Tras la última ola de calor, las temperaturas serán más altas más altas de lo habitual este verano. Y como ha llovido un 25% menos este año, sufrimos  ya la tercera peor sequía de este siglo. Con ella, agricultores y ganaderos tienen pérdidas millonarias y los consumidores sufriremos subidas de precios en muchos alimentos este verano. Y como los pantanos están medio vacíos, habrá zonas turísticas con problemas de agua y la luz será más cara, al haber caído un 41% la producción hidroeléctrica. Y han aumentado los incendios: ya hay más superficie quemada que en todo 2018, con “mega incendios” cada vez más virulentos. Todos estos problemas vienen de lo mismo: del Cambio Climático, que afecta cada vez más a España y que agravará sus consecuencias en los próximos años. Urge aprobar un Plan contra el Cambio Climático, como toda la UE, junto a medidas de choque para limpiar los montes, asegurar más las cosechas y aprovechar mejor el agua. Hay que salvar nuestro entorno.


La última ola de calor, en Europa y más en España, ha sido un serio aviso de la naturaleza sobre los efectos del Cambio Climático. Las temperaturas, entre el 26 y el 30 de junio, han sido las más elevadas en un mes de junio de los últimos 40 años, según la Agencia española de Meteorología (AEMET). Y en 14 capitales españolas se registraron las temperaturas más altas de su historia. Al final, la temperatura media es 1,30 grados más elevada (16,78ºC) que en los años 80 (15,48ºC). Pero no es sólo un problema de España: el pasado mes de junio fue el más cálido registrado en el Planeta y el 2º más cálido en Europa, tras el anterior récord de junio 1999, según el programa Copernicus de la UE.

Y la previsión para este verano, entre julio y septiembre es que las temperaturas sigan altas, +0,5ºC por encima de lo habitual en las tres últimas décadas, según la AEMET, que advierte que en el noroeste de España, la temperatura podría subir +1ºC sobre lo habitual en otros veranos, sin contar con que no se repita una nueva ola de calor. Porque advierten que estas olas de calor son ahora 10 veces más frecuentes que en el siglo pasado y lo serán más en el futuro. Olas de calor que van a ser más frecuentes y cada vez con temperaturas más altas, según advierte el Informe Word Weather Atribution, que señala que la ola de calor de junio registró 4ºC más de temperatura que las olas de calor de hace un siglo.

Junto a las mayores temperaturas, el otro problema es que no llueve. La primavera ha registrado un 15% menos de lluvia de lo habitual y ha sido la 6ª primavera más seca de este siglo, según la AEMET. Y como el invierno también fue seco, el problema es que en 2019 ha llovido un 25% menos de lo habitual en las tres últimas décadas, con lo que estamos oficialmente en situación de sequía, en el 3º año más seco del siglo XXI, tras las anteriores sequías de 2017 y 2005. Un ejemplo: en Madrid, en mayo, se registraron 0 litros de precipitaciones por m2, algo que sólo había sucedido una vez antes en la historia (en 2015). La sequía afecta especialmente a Coruña, Burgos, Vizcaya, Huesca, sur de Castilla y León, Madrid, Extremadura, oeste de Castilla la Mancha, tercio occidental de Andalucía, norte de Tenerife y la Palma, según la AEMET. Y es grave en el extremo sur de Castilla y León, oeste de la comunidad de Madrid y oeste de la provincia de Toledo.

La AEMET no se atreve a hacer previsiones de lluvias para este verano, pero teme que la sequía se agrave porque no haya lluvias que compensen las elevadas temperaturas esperadas. Y eso, cuando los embalses están al 54,83% de capacidad (8 de julio), bastante por debajo del año pasado en estas fechas (estaban al 69,49% de capacidad). La situación más grave se da en las cuencas del Segura (embalses el 27,89% de capacidad) y Júcar (al 37,46%), pero también están muy bajos los embalses de las cuencas del Guadiana (al 46,36%), Guadalquivir (46,10%) y Tajo (al 47,48%).

Las altas temperaturas y la sequía propician los incendios forestales, que ya han batido récords en el primer semestre: hasta el 30 de junio se quemaron 43.929 hectáreas en 6.627 incendios forestales, más superficie quemada que en todo el año 2018 (25.162 hectáreas quemadas en 7.143 fuegos), según datos del Ministerio de Agricultura. Y lo peor es que ahora, los incendios son más graves y extensos (“mega incendios”), más virulentos y difíciles de atajar y con más daños humanos y materiales. De hecho, en lo que llevamos de siglo XXI se han producido ya 457 grandes incendios, de más de 500 hectáreas, algo casi sin precedentes en el siglo pasado. Y la ONU, a través del panel de expertos para el Cambio Climático (IPCC) ya ha advertido que el calentamiento global va a aumentar un 38% el riesgo de incendios forestales de aquí a 2040, aumentando los “mega incendios” o “teraincendios” como los sufridos por California, Portugal o el norte de España el año pasado.

La AEMET advierte del elevado riesgo de incendios este verano en la mayor parte de la España peninsular, debido a las altas temperaturas y a la desertificación del territorio, que afecta ya al 37% de la superficie española. Además, los expertos en incendios advierten que la rapidez en apagar los grandes incendios sufridos en las últimas semanas en Cataluña, Toledo y Ávila pueden servir de “combustible” para próximos incendios, si no se aplican con urgencia medidas de limpiezas de los montes. Para la AEMET, las zonas con mayor riesgo de incendio este verano son el Pirineo y el Cantábrico, porque tienen bosques muy viejos que han perdido la humedad tras varios años de fuerte sequía.

Las altas temperaturas y la sequía han dañado muchas cosechas y provocado graves pérdidas a agricultores y ganaderos. A principios de julio, la sequía afectaba ya a 1 millón de hectáreas de cereales (el 16,6% de la superficie cultivada), donde se perderá el 40% de la cosecha (la 2ª peor del siglo, tras la de 2017), con pérdidas que rondan los 1.000 millones de euros (la mitad en Castilla y León y el resto entre Castilla la Mancha, Aragón y Andalucía). Y la sequía también está perjudicando otros cultivos, como el olivar, el viñedo y el almendro. Y además, la falta de pastos encarece la alimentación de muchos animales, obligando también a mayores importaciones de cereales y piensos.

Un problema añadido a la sequía es que la mayoría de agricultores no tienen aseguradas sus cosechas: en cereales, sólo están aseguradas 2,2 millones de las 6 millones de hectáreas de cereales cultivadas. Eso hace que las indemnizaciones que va a pagar la empresa pública Agroseguros, desde el 15 de julio (100 millones de euros, para 980.000 hectáreas), sólo llegarán a una parte de los agricultores afectados, mientras otros no serán indemnizados porque no tenían seguro. Y no lo tenían, según los sindicatos agrarios, porque han subido mucho en los últimos años (entre un 20 y un 80% desde 2015) y son muy caros, a pesar de que las ayudas públicas subvencionan un 41% del coste. Además, para los que sí aseguran sus cosechas, si hay un siniestro (sequía), se reducen las coberturas y suben las primas para la próxima campaña, lo que retrae a los agricultores a contratarlos.

La sequía y la pérdida de cosechas, desde cereales a aceite, vino, frutas y hortalizas, se está traduciendo ya en subidas de precios de muchos alimentos. Y habrá más subidas de los alimentos este verano, coincidiendo con la mayor demanda del turismo. Hasta mayo, la sequía ha provocado subidas en el pan (+1,7% anual, frente a +0,8% de subida global del IPC), carne de cordero (+2,1%), cerdo (+3%), pollo (+1,1%), lácteos (+1,2%), legumbres y hortalizas frescas (+4,8%) y patatas (+14,5%), según el último IPC de mayo (INE). Y no sólo es que los agricultores y ganaderos suban sus precios, porque cosechan y producen menos y con más costes, sino que los distribuidores y grandes supermercados “aprovechan la ocasión” para subir los alimentos por el camino, del campo a la ciudad: los productos agrícolas suben 4,88 veces lo que se paga al agricultores y las carnes 3,18 veces lo que se paga al ganadero, según este listado de precios (IPOD) que publica cada mes la organización agraria COAG.

Las altas temperaturas y la sequía no sólo provocan muertes, incendios, pérdidas de cosechas y subidas de los alimentos, sino que también afectan al recibo de la luz, porque la climatología adversa reduce la electricidad de origen eólico (aire) e hidráulico (embalses). De hecho, hasta finales de junio, la producción de electricidad de origen hidráulico había caído un -41,7% y la eólica un -3,8%, según el balance de Red Eléctrica (REE). Eso se traducirá en aumentos de la factura de la luz este verano. De momento, en julio, el kilowatio se ha encarecido en el mercado eléctrico: de 48,32 euros/MWh el 1 de julio a 56,02 euros/MWh el 5 de julio, según la estadística diaria de precios de OMIE.

Y al final, esta sequía récord puede traducirse también en problemas de suministro de agua en algunas zonas de España, sobre todo en Levante y Andalucía, donde a la falta de agua en los embalses se sumará un número récord de turistas españoles y extranjeros (el Gobierno espera 29,6 millones de turistas extranjeros entre julio y septiembre, medio millón más que el verano pasado), que dispararán el consumo de un agua escasa.

En resumen, que el Cambio Climático está aquí y se traduce en altas temperaturas, sequía y altos costes para todos. Y lo más preocupante es que todos estos problemas que ya sufrimos se agravarán en los próximos años, como ya advirtió la ONU en 2011: aumentará la temperatura media y habrá olas de calor más frecuentes y más cálidas, con menos lluvias y más sequía. Y estos problemas serán más graves en el sur de Europa y especialmente en España, según los expertos. Por su situación geográfica y porque tenemos 2 problemas adicionales: un mayor grado de desertificación que el resto de Europa (7 de las 10 cuencas europeas con sequía están en España)  y un mayor problema de falta de agua (somos el 3º país europeo con más “estrés hídrico: consumimos un 34% de los recursos disponibles, frente al 10% de media en la OCDE)). Eso hace que gran parte de España se vea “muy afectada” por el Cambio Climático”: 32 millones de españoles según el Gobierno, básicamente los que viven en el sureste de España, Castilla la Mancha y el valle del Ebro.

¿Qué se puede hacer? A corto plazo, hay que actuar sobre los incendios, el consumo de agua y la sequía en las cosechas. En el terreno de los incendios, el Gobierno en funciones debería pactar un Plan de choque para limpiar los montes, con una dotación extra de recursos a Ayuntamientos, Diputaciones y autonomías, para que pongan en marcha este verano actuaciones urgentes en las zonas más deterioradas. Y, a medio plazo, hay que aprobar un Plan de montes para gestionar la política forestal, favorecer el pastoreo y el aprovechamiento industrial de la madera, gastando en limpieza de los montes y en prevención (ahora sólo se gasta en combatir los incendios). Y hay que aprovechar mejor los Fondos europeos (Fondos FEADER), que se pierden porque las autonomías no cofinancian su parte.

En cuanto al agua, cada vez más escasa, hay que racionalizar su uso, limitando el agua para el riego agrícola, que consume el 70% del agua dulce disponible, según Agricultura (y el 82% según Ecologistas en Acción). Habría que reducir las 4 millones de hectáreas de riego actuales a 3/3,2 millones y mejorar su eficiencia, subiendo las tarifas de riesgo. Y en paralelo, subir las tarifas de agua a los consumidores particulares, porque son las 8ª más baratas de Europa y encarecerlas reduciría el consumo, lo mismo que reducir las fugas y pérdidas (suponen hasta el 19% del consumo). Además, habría que conseguir más agua por tres vías: recuperación de aguas subterráneas (acuíferos), desaladoras y recuperación de aguas residuales. Además, es hora de retomar las inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas, que han caído un 65% en la última década (de 1.983 millones en 2008 a 703 millones en 2017).

En tercer lugar, hay que ayudar más a los agricultores y ganaderos en su lucha contra la sequía, con inversiones y ayudas para que consigan explotaciones que consuman menos agua y con seguros agrarios más asequibles, porque la sequía seguirá ahí por muchos años y no les puede abocar a la quiebra cada mala cosecha. Y el Gobierno debe vigilar especialmente los canales de comercialización en épocas de sequía, para que no haya especuladores que se aprovechen y nos encarezcan de más el carrito de la compra.

Pero la clave es luchar contra el Cambio Climático, que es el origen de casi todos los problemas que estamos sufriendo. Ya no hay dudas: o actuamos con urgencia o luego será demasiado tarde, como viene avisando la ONU desde hace una década. Y España tiene que hacer más, porque es el 3º país europeo que más ha aumentado sus emisiones de efecto invernadero entre 1990 y 2017: un +17,9%, sólo superado por Chipre (+57,8%) y Portugal (+19,5%), mientras el conjunto de la UE las reducía un -23,5%. Y además, porque si hay un país que sufre y sufrirá más el Cambio Climático es España, junto a la Europa del sur.

La Comisión Europea pidió a los 28 paises UE un Plan eficaz contra el Cambio Climático, que el Gobierno Sánchez envió a Bruselas a finales de febrero. En esencia, el Plan español, considerado por los expertos como uno de los más ambiciosos, propone suprimir el uso del carbón en 2030, reducir las nucleares y contar con un 42% de energías renovables para 2030, además de reducir el uso del diesel y la gasolina en los transportes (plantea suprimir los coches de combustión a partir de 2040). Ahora, la futura Comisión Europea tendrá que analizar a fondo el programa español y el resto, con la idea de que se apruebe antes de finales de 2019 en el Parlamento (si es que hay Gobierno y no se repiten las elecciones). En cualquier caso, es prioritario aprobar un Plan eficaz, al margen de las peleas políticas, porque hay que reducir ya las emisiones de gases de efecto invernadero si no queremos más olas de calor, más sequías, más problemas de cosechas y alimentos, más escasez de agua.

La lucha contra el Cambio Climático debería ser una de las prioridades de la próxima Legislatura, junto a las medidas apuntadas contra los incendios, la sequía y la falta de agua. La naturaleza es un elemento clave de la vida y de la economía y si nos la cargamos, no habrá recuperación sino una crisis más profunda y letal. Lo sabemos pero no acabamos de tomar medidas. El Gobierno, las empresas y los consumidores. Es una tarea de todos. Y urgente.

lunes, 8 de julio de 2019

Tenemos el triple de mascotas que niños


En España hay más de 22 millones de mascotas y sólo 7 millones de niños menores de 15 años, frente a 12 millones de perros registrados. El negocio de los animales de compañía crece como la espuma, en España y en toda Europa, facturando ya 40.000 millones de euros en comida, tratamientos veterinarios, accesorios y múltiples servicios, desde ropa a peluquería canina, residencias o tanatorios, lo que atrae al sector a fondos de inversión y aseguradoras. El gasto en mascotas ha crecido en España un 39% en los dos últimos años y ronda los 100 euros mensuales por familia. Y ya hay un perro, gato, pájaro, pez o mascota en 1 de cada 4 hogares españoles, mientras somos el país europeo donde nacen menos niños (1.000 al día, la mitad que en los años 60). Todo apunta a que el negocio de las mascotas seguirá creciendo, de la mano de los millenials, mientras los Ayuntamientos se plantean tasas y controles de heces para afrontar su aumento. Y entre tanto, siguen cayendo los nacimientos.


Las mascotas se multiplican en Europa. Ya hay 80 millones de hogares europeos, uno de cada cuatro, con mascotas: 209,7 millones en la UE (28 paises, con 512 millones de habitantes) y 290,57 millones en toda Europa (741 millones de habitantes), según los últimos datos (2017) de FEDIAF (las empresas fabricantes de alimentos para mascotas). Si nos centramos sólo en la Unión Europea, las mascotas más populares son los gatos (hay 71,4 millones, un gato en el 24% de los hogares europeos), seguidos de los perros (66,37 millones, un perro en el 21% de los hogares europeos), las aves (34,42 millones de estas mascotas), los pequeños mamíferos (21,71 millones), peces (9,31 millones) y reptiles (6,42 millones).

España es el 5º país europeo con más mascotas, tras Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. En total hay más de 22 millones de mascotas en España, en el 40% de los hogares, según la última estadística (2017) de ANFAAC (asociación fabricantes alimentos para mascotas): 6,27 millones de perros, 3,145 millones de gatos, 5,58 millones de peces, 5,3 millones de pájaros, 1,07 millones de reptiles y 1,15 millones de pequeños mamíferos. Los veterinarios de AMVAC (Asociación madrileña) rebajan la cifra a 20 millones de mascotas y estiman que 1 de cada 4 hogares tiene una mascota. Al final, la estadística más fiable es la de las mascotas oficialmente registradas, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), que tenía controladas13 millones de mascotas en 2018, un 40% más que en 2013: 12,09 millones son perros, 780.000 gatos y el resto conejos, hámsteres y demás animales de compañía. Pero reconocen que, salvo los perros, la mayoría de las mascotas no están oficialmente registradas, lo que elevaría el número real de mascotas en España por encima de los 20 millones, frente a 6,92 millones de niños menores de 15 años, según el último censo del INE (enero 2019).

Alrededor de este millonario número de mascotas ha ido creciendo un negocio también millonario. En el mundo, las mascotas mueven unos 120.000 millones de euros al año, según un informe de Gran View Research (2016), de los que la mitad (63.000 millones) se gastan en Estados Unidos, el paraíso de las mascotas, junto a Asia. En Europa, los animales de compañía movilizaron un negocio de 39.500 millones en 2018, según la Asociación ANFAAC (alimentos de mascotas). La mayor parte de este mercado son los alimentos para mascotas, que facturaron en Europa 21.000 millones de euros, vendidos por 132 empresas. Otros 9.000 millones anuales son servicios derivados (medicamentos y tratamientos) y 7.000 millones más se obtienen por la venta anual de productos y accesorios para mascotas.

En España, el gasto en mascotas alcanzó en 2017 los 3.367 millones de euros, un 39% más que en 2015, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. La parte principal del negocio son los alimentos para mascotas, que facturaron 1.058 millones en 2018, casi un 50% más que hace una década,  según los datos de ANFAAC: 700,7 millones los alimentos para perros y 357,8 millones la comida para gatos, con la curiosidad de que un 30% de la producción (hay 12 fábricas) se exporta. Este mercado de alimentos para mascotas está dominado por Affinity (grupo Gallina Blanca), que factura 417 millones, seguida muy de lejos por Nestlé Purina (125 millones de ventas), Royal Canin del grupo Mars (121 millones) y la marca blanca de Mercadona, Compy (fabricada por Bynsa, de Burgo de Ebro), que acaba de firmar un acuerdo con Amazon para fabricar  su  marca blanca de comida para mascotas para Europa. En general, las “marcas de fabricante” van por delante, pero se aprecia una subida de las “marcas blancas”, sobre todo en supermercados y grandes superficies.

Después de la alimentación, la otra parte del negocio de las mascotas se reparte entre las clínicas veterinarias y las tiendas de productos y servicios. En España hay más de 6.000 clínicas veterinarias, que crecen año tras año desde 2013 (cuando cayeron sus ingresos por la crisis y la subida del IVA). La mayoría son clínicas pequeñas, con uno o dos veterinarios, que facturan unos 240.000 euros de media, según un estudio de AMVAC (veterinarios madrileños), aunque hay un 12% de clínicas que facturan 500.000 euros y unas pocas que facturan más de 800.000, con un aumento de las grandes cadenas y los grandes hospitales veterinarios para mascotas.

Al hilo de este “boom” de las mascotas y las clínicas veterinarias, en España se ha creado una cierta “burbuja” de veterinarios, según denuncia la propia profesión, que señala que tenemos “el doble de veterinarios por habitante que en Europa”: hay un exceso de Facultades de Veterinaria (13, frente a 3 en Francia, 4 en Reino Unido y 5 en Alemania), de las que salen cada año 1.300 licenciados, sin trabajo o con empleos muy precarios. De hecho, los veterinarios son los licenciados con el sueldo más bajo: 1.063 euros netos al mes, según el INE, mientras negocian un convenio colectivo estatal.

Otra parte del negocio de las mascotas se lo llevan las 5.000 tiendas especializadas, que venden todo tipo de accesorios, incluida ropa para mascotas y peluquerías caninas (con un coste de 35 a 100 euros por animal). En paralelo están proliferando las residencias caninas (que cobran de 14 a 50 euros día), los clubes de razas, las tiendas especializadas en centros comerciales y zonas propias de grandes almacenes (Ikea tiene un catálogo de mobiliario y accesorios para mascotas) y hasta los cementerios para mascotas. La incineración de mascotas supone un coste de 250 a 300 euros (sólo en la Comunidad de Madrid se incineran 35.ooo animales al año) y ya hay 4 cementerios autorizados para perros (2 en Barcelona, uno en Madrid y otro en Valencia), que ofrecen nichos (119 euros más una cuota anual de 65 euros) o fosas para mascotas (149 euros).

Al final, tener una mascota suma gasto tras gasto, una media de 100 euros mensuales por animal, según datos del Ministerio de Agricultura. Los veterinarios de AMVAC dicen que es menos, un coste medio de 2,23 euros diarios un perro (67 euros al mes, 813,95 euros anuales) y 1,47 euros diarios (44.10 al mes y 530 euros al año), el 60% en comida y el resto en veterinarios, medicamentos, higiene, ropa y servicios múltiples para las mascotas.

El “boom” de las mascotas ha atraído no sólo a las empresas de alimentos, clínicas veterinarias y tiendas de servicios para mascotas. Cada vez hay más hoteles que utilizan el reclamo de que “aceptan mascotas(hay más de 1.000 hoteles “Pet Friendly” donde se puede ir con un animal de compañía, pagando el correspondiente suplemento) y más de 300 playas que aceptan perros. Pero, sobre todo, lo que más han crecido son los seguros para mascotas. Por un lado, cubren la responsabilidad civil del propietario en caso de que la mascota provoque daños a un tercero. Y por otro, cubren parte de los gastos (del 50 al 90%) en caso de que la mascota necesite una operación o tratamiento veterinario, un alto gasto (entre 1.000 y 3.000 euros) que complica mucho las cuentas familiares. Actualmente, hay 20 aseguradoras que ofrecen seguros para mascotas, con un coste mensual de 18 a 42 euros, según la cobertura y los gastos veterinarios que reembolsen.

El negocio de las mascotas ha atraído también en los dos últimos años a Fondos de inversión, españoles y extranjeros, lo que preocupa a los veterinarios españoles. Por un lado, el fondo español Collins ha comprado un porcentaje minoritario de conocidos hospitales veterinarios en Barcelona, Bilbao, Asturias y Madrid. Otro fondo español, Mihura Private Equity, compró la cadena Tienda Animal. Y el fondo de inversión catalán  Meridia Capital ha entrado en la cadena de tiendas Kiwoko (líder en España y Portugal), donde antes había entrado el fondo de inversión norteamericano TA Associated. Y ahora, varios Fondos de inversión estudian entraren el capital de Elmubas Petfood, grupo español que fabrica alimentos para mascotas con marca blanca para Carrefour, Eroski y Alcampo.

Mientras el dinero planea sobre las mascotas, los Ayuntamientos y los españoles sin mascotas sufren también las consecuencias de este “boom” de los animales de compañía, al tener que multiplicar las instalaciones para depositar heces de perro, zonas de juego y dedicar recursos a “limpiar” las heces de los millones de perros que pululan por las ciudades. Ya hay autonomías como la valenciana y Ayuntamientos que se plantean poner una tasa a los propietarios de perros, para paliar con ella los gastos que se generan. Y en paralelo, hay municipios de Cataluña, Comunidad Valenciana, Málaga y Comunidad de Madrid que obligan a realizar un censo genético a los propietarios de perros, para controlar las heces abandonadas (hay ya más de 40.000 canes con su ADN censado). Mascotas sí, pero el coste que generan lo tienen que asumir sus dueños, no el resto de contribuyentes.

Todos los que operan en el sector creen que el negocio de las mascotas va a seguir creciendo, porque España tiene todavía menos animales de compañía que otros paises y porque los “millenials” (los nacidos entre 1981 y 1993) son muy favorables a las mascotas, como una especie de “anticipo de la paternidad”: en EEUU, 3 de cada 4 personas en la treintena tienen mascotas. Otro argumento es que está aumentando la longevidad de las mascotas (como la de sus dueños), gracias a un mejor trato y mayores cuidados veterinarios. Tal es así que los perros viven ahora 11 años de media, 6 meses más que en 2002. Y los gatos, 12,1 años, 1 año más que hace 16 años. A más años de vida, más gastos en comida y cuidados (los más viejos necesitan más atención). Más negocio.

Cara a este futuro, con más mascotas que vivirán más años, los expertos apuestan por Internet, tanto para la venta de alimentos como para la prestación de servicios por Internet, que hoy suponen sólo el 5% del mercado pero que alcanzarán el 25% para 2022. Por eso, acaba de salir a Bolsa en junio la empresa Chewy, el Amazon de las mascotas, que ofrece más de 45.000 productos para mascotas a 11 millones de clientes. El valor de la acción de Chewy se ha duplicado en pocas semanas, porque los inversores creen en este negocio de las mascotas, que moverá 75.000 millones de dólares en EEUU este año. Otro dato: ya han surgido 3 Fondos (Allianz Pet, Pet Care y FactSet PetCare) que invierten exclusivamente en empresas ligadas al  sector de las mascotas (alimentación, compañías farmacéuticas, aseguradoras, tiendas y venta online…), con elevadas rentabilidades anuales (+10%).

Todo indica que las mascotas son “los nuevos hijos, lo que resulta especialmente chocante en España, el país con la tasa de natalidad más baja de Europa (1,23 hijos por mujer, muy por detrás de los 1,90 de Francia, los 1,78 de Suecia o los 1,74 de Reino Unido) y que tiene un serio problema: va a caer la población nacida en España, de 40,45 millones de habitantes en  2018 a los 35,53 millones previstos por el INE para 2068. Cinco millones menos de “españoles” para pagar impuestos y cotizar (menos mal que nos “salvarán los inmigrantes), por culpa de que los nacimientos caen a la mitad (369.302 en 2018 frente al récord de 697.697 en 1964) mientras aumentan las defunciones, por el envejecimiento de la población. Un verdadero  suicidio demográfico” mientras los Gobiernos no hacen nada por fomentar la natalidad y las familias tienen menos hijos y acogen más mascotas. Mal negocio como país.

jueves, 4 de julio de 2019

Móviles: nuevas subidas y más con el 5G


Mañana 5 de julio, Movistar sube algunas tarifas de móviles e Internet, por 3ª vez este año. Y el 28 de julio las sube Orange. MásMóvil ya lanzó tarifas más caras en febrero y Vodafone las subió en abril, al imponer a sus nuevos clientes tarifas “ilimitadas” que no lo son tanto. Pero estas nuevas subidas, por 5º año consecutivo, son solo la antesala de las subidas que vienen, con el 5G, que Vodafone ha lanzado en junio en España, antes que en el resto de Europa. Los nuevos móviles 5G, que estarán plenamente operativos para 2022, permitirán navegar 10 veces más rápido, pero, a cambio, exigirán contratar planes más caros para permitir mayores descargas. Es un círculo vicioso: más velocidad, más datos, más gasto, mayores inversiones en las redes y mayores tarifas a los usuarios. Eso sin sumar la TV de pago, que también sube y a la que estamos “enganchados”, como al móvil e Internet. Piénselo antes de “darle al dedo”, porque “la droga digital” será cada vez más cara.


Las telecos llevan 5 años subiendo las tarifas de móviles e Internet, desde 2015, tras las bajadas y “guerras de precios” hechas entre 2009 y 2014. Este año 2019, muchas subidas se iniciaron en enero (Movistar) y se volvieron a repetir en febrero (Movistar y Más Móvil), para volver otra vez en julio (Movistar y Orange), mientras  algunas compañías lanzan ofertas “personalizadas” (Orange) o “ilimitadas” (Vodafone) como forma de encubrir nuevas subidas, ya que estos paquetes son más caros. Y entre tanto, sigue la “guerra de tarifas” en las ofertas low cost, los servicios más baratos, que son los más demandados.

Este 5 de julio, Movistar subirá las tarifas a un tercio de sus clientes. Primero, sube 3 euros los servicios fijos de fibra óptica (100 Mbps y 600 Mbps), que ya subieron otros 3 euros en enero. Luego sube entre 2 y 5 euros al mes las tarifas móviles, “a cambio” de ofrecer entre 1 y 5 GB más de datos. Y además, sube las tarifas Fusión, los paquetes convergentes de móviles e Internet, entre 2 euros (Fusión 0) y 10 euros al mes (Fusión Total Plus 2 y 4). Por último, Movistar sube también el establecimiento de llamada de las líneas móviles vinculadas a los productos Fusión 0, que será un 33% más caro que hace un año.

El 28 de julio, Orange subirá 2 euros al mes las antiguas tarifas de Love Esencial y Love sin límites, “a cambio” de ofrecer entre 2 y 5GB adicionales de datos. Y también sube las tarifas familiares Love, entre 1 euro (la Love familiar sin límites) y 5 euros al mes (la Love Familiar Esencial), “a cambio” también de ofrecer entre 4 y 10 GB adicionales de datos. Y si estos clientes no quieren las nuevas tarifas, pueden pasarse a las “Love personalizables”, las nuevas ofertas lanzadas por Orange en enero de 2019.

MásMóvil, la cuarta teleco, no sube nunca sus tarifas antiguas, no utiliza la estrategia del “más por más” (subidas a cambio de mejoras) de Movistar, Orange y Vodafone, pero ha sacado en febrero unas nuevas tarifas de paquetes convergentes (3 planes de móvil e Internet) con subidas de 1 a 2 euros al mes. Y va a dedicarse este año a abrir tiendas a mansalva (100 nuevas), con el objetivo de ser la tercera teleco en tiendas en 2019 (con 900, tras las más de 1.000 de Movistar y las 975 de Orange) y la segunda en 2020.

Vodafone, la tercera teleco, no hace subidas porque su estrategia comercial  ha sido lanzar el 15 de abril un nuevo producto, las tarifas planas “sin límites, tanto de móvil como de fibra y móvil. Desde abril, ya no comercializa las tarifas antiguas (cuyo precio mantiene, de momento) y todos los nuevos clientes han de contratar estas tarifas planas “sin límites” (3 de móvil y 4 convergentes, de móvil e Internet), cuyo precio oscila entre los 40,99 euros al mes y los 109,99 euros, precios más elevados que las viejas tarifas “porque ahora pueden consumir más datos”,  aunque su precio final depende de la velocidad de descarga (de 600 Mbps a 1Gbps para la fibra en casa y de 2 Mbps a los 10 Mbps en el móvil).

Estas subidas afectan a las tarifas “normales”, pero en paralelo, las telecos libran una feroz batalla de ofertas "low cost", porque cada vez hay más usuarios que no quieren más datos, más velocidad y más servicios, sólo lo básico para llamar y acceder a Internet pagando poco: entre 15 y 20 euros al mes sólo por el móvil y no más de 50 euros al mes para un móvil con acceso a Internet. Este auge de clientes que buscan “una oferta simple y barata” ha movilizado a las grandes telecos, que han puesto a sus segundas marcas a competir con MásMóvil y las operadoras móviles virtuales (OMV), que se lanzaron a por este mercado “low cost” en el verano de 2018. Ahora, todas las telecos están volcadas en las ofertas "low cost", dirigidas a jóvenes, familias con bajos ingresos e inmigrantes: Orange a través de Amena, Simyo y República Móvil, Vodafone a través de Lowi y Bit y  Movistar a través de O2 y Tuenti, mientras MásMóvil refuerza su competencia con Yoigo, Pepephone, Lebara y Llamaya y aparecen otros competidores como la rumana Digi, que está tirando los precios (3GB y llamadas ilimitadas por 10 euros al mes).

Estos clientes “low cost” son los que más se están moviendo de una teleco a otra: Más Móvil ha ganado +560.000 clientes en el último año y las OMV +414.000, mientras Vodafone pierde 500.172 clientes, Orange -422.183 y Movistar -52.405 clientes, según la CNMC. Y estos clientes “low cost” son la mayoría de los nuevos clientes, aunque suponen menos de la mitad de los ingresos, que siguen concentrados en la otra franja de clientes, los de mayor consumo, básicamente profesionales, clases medias y clientes urbanos, que están dispuestos a pagar más (en torno a 100 euros) por tener más Gigas, más velocidad y acceso a la TV de pago. Las telecos no abandonan esta mitad del mercado, porque supone más ingresos y es más “fiel”, buscando cada pocos meses ofrecerles más a cambio de subirles las tarifas.

Además, las telecos han estrenado 2 nuevas estrategias comerciales para dificultar que los clientes comparen ofertas y para “engancharles” a tarifas más caras. El primero en hacerlo fue Orange, al lanzar en enero de 2019 las “tarifas personalizadas”, una para cada cliente: “dime lo que quieres y te hago un paquete a medida, al que pongo tu apellido” (Love González, Love Sánchez). Una estrategia de marketing que parece “cuidar de cada cliente” pero que sirve para camuflar las subidas reales y “dificulta comparar con la competencia”, porque “tu paquete” no es como el de los demás. No es el “más por más para todos” sino “lo que tú quieras”.

La otra estrategia, estrenada por Vodafone el 15 de abril de 2019, son las “tarifas planas ilimitadas”. El “gancho” es que ya no hay que preocuparse por los Gigas: con esta tarifa, el cliente puede “consumir datos sin límites”, con lo que ya no tendrá problema para descargar vídeos, juegos, música, películas en el móvil. Con ello, las ofertas sólo tienen que ver con la velocidad de descarga (se pueden contratar 2GB, 10GB o el máximo que permite el 4G). Es una estrategia que se ha implantado en los últimos dos años en Asia y EEUU y que Vodafone ha traído a España con gran éxito inicial: en los 2 primeros meses, hasta mediados de junio había captado más de 350.000 clientes para estos planes “sin límite” (la mayoría, clientes suyos que se han cambiado de otros planes, pagando ahora más).

Habrá que ver si estas “tarifas planas ilimitadas” se extienden a otras telecos, pero antes hay que aclarar que no es verdad que los datos sean ilimitados, según explica un experto en este artículo. Por un lado, Vodafone limita en la letra pequeña de los contratos el uso de estas tarifas “ilimitadas”, que no se pueden utilizar para aplicaciones de vigilancia, conexiones a través de “routers” o “realizar un uso intensivo y continuado que pueda colapsar la Red de Vodafone”. Pero además, a partir de descargas elevadas (400GB), la velocidad de conexión se reduce, porque el espectro radioeléctrico es limitado y cada operador tiene licencia para usar sus pequeñas porciones, según el reparto de recursos que hacen las antenas. Así que aunque se diga que hay “barra libre”, uso de datos “ilimitado”, la infraestructura de redes móviles actual no lo permite, porque si hay un exceso de usuarios con potentes descargas en una zona o en un momento, baja la velocidad de conexión. Así que si las tarifas ilimitadas progresan, con las redes actuales 4G, todos perderemos calidad de acceso a la Red.

Y aquí entramos en el lanzamiento del 5G, una tecnología que permitirá un uso de datos mayor, a una alta velocidad  (2Gbps a finales de 2019) que multiplica por 10 las velocidades que permite el actual 4G. Pero eso exige una enorme inversión en infraestructuras (torres y postes),  que tendrán que asumir las telecos y que acabaremos pagando los usuarios con las tarifas. De momento, la estrategia de Vodafone es ir “enganchando” a sus clientes con las tarifas “limitadas” (que no lo son) y cuando vean que se les quedan “cortas”, porque la velocidad de descarga de la “barra libre” se ralentiza, les ofrecerán pasarse al 5G.

El futuro de los móviles y las telecos es el 5G, una tecnología que permitirá soportar millones de conexiones a Internet en una misma área, aumentando la velocidad de descarga de los 150Mbps que permite el 4G a los 10 Gbps que permite el 5G (bastará un segundo para bajarse una película en el móvil). Eso posibilitará que haya 50.000 millones de aparatos conectados a Internet en 2025, lo que permitirá los coches conectados, las casas domotizadas, la telemedicina, las ciudades inteligentes, las infraestructuras en Red, la realidad virtual, el vídeo BK o los juegos en la nube. Los expertos creen que el 5G puede pasar de 4 millones de usuarios en el mundo en 2019 a más de 500 en 2022 (el año de su despegue) y a más de 1.000 millones de usuarios en 2023.

Finlandia fue el primer país del mundo en comercializar el móvil 5G, en junio de 2018. Y este año 2019, en abril, le han seguido Corea del Sur, EEUU, Uruguay, Sudáfrica y Suiza. Y el 15 de junio, España, el primer país europeo elegido por Vodafone para lanzar su servicio 5G (con tecnología Huawei y Ericsson), al que seguirán Italia (17 junio), Reino Unido (3 de julio), Alemania (agosto) y Francia (finales 2019). Con ello, España está a la cabeza mundial en la implantación de esta tecnología 5G, cuando el 4G se lanzó aquí con 2 años de retraso. Ahora falta poner en marcha toda la infraestructura técnica y realizar las inversiones necesarias para que su despegue sea efectivo, en Europa y en España, probablemente para 2022.

El lanzamiento experimental del 5G, de momento sólo por Vodafone, está disponible sólo en 15 grandes ciudades españolas, con un 50% de cobertura y sólo para tres modelos de móviles (Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G y Xiaomi Mi Mix3 5G). Y lo más importante: sólo se puede utilizar el servicio (limitado) de 5G  contratando los nuevos planes de tarifas ilimitadas de Vodafone, con lo que el resto de clientes de la compañía o de otras compañías tendrán que mudarse a esta tarifa más cara. Y ya se advierte que para disfrutar de la máxima velocidad en el 5G, tendrán que contratar los planes más caros (el Vodafone One ilimitada total de fibra y móvil costará 109,99 euros al mes).

El futuro del 5G exige realizar ingentes inversiones en infraestructuras y redes, que las telecos sólo harán si consiguen clientes que lo hagan rentable con las tarifas que paguen, particulares pero sobre todo empresas e instituciones. Si queremos 5G, habrá que pagarlo. Y los Gobiernos van a forzar la pronta implantación del 5G, porque eso les permite realizar una subasta de frecuencias con las que van a hacer “caja”, aunque a cambio aumenten los problemas, como las interferencias con la señal de TV (lo que obligará a resintonizar nuestras antenas de TV, antes del 1 de julio de 2020, porque el 5G comparte espectro radioeléctrico con la TDT) o el mayor consumo de electricidad y las mayores emisiones de CO2, al aumentar el uso de Internet y las descargas con el 5G. Pero sobre todo, las telecos nos subirán la factura.

Mientras el 5G se consolida, no antes de 2022, los usuarios seguiremos expuestos a la guerra de tarifas de las telecos, más los “descuentazos de este verano”, que parece que nos benefician pero que al final consiguen que gastemos más cada mes con el móvil e Internet. De hecho, las tarifas en España son más altas que en el resto de Europa, básicamente porque somos el único país donde las telecos venden sus servicios en “paquetes”, donde nos ofertan juntos servicios de voz fija y móvil, acceso a Internet fijo y móvil (paquetes cuádruples) y TV de pago (paquetes quíntuples), cobrándonos más 2 veces al año por mejorar la oferta sin pedirlo (“más por más”). Y al “paquetizar estos servicios” desde 2013, el cliente paga más de lo que pagaría sólo por los servicios que usa. Un ejemplo: pagamos una tarifa estándar de 20GB de datos, cuando el consumo medio en España es de 2,4GB, según la CNMC.

La estrategia de las telecos es “robarse clientes” a costa de tirar precios a los nuevos (para subirlos después, como en los seguros de coches)  y conseguir que usen más el móvil y paguen más cada mes. Y nosotros les ayudamos, porque estamos muy “enganchados” al móvil (53,35 millones de contratos, 44,1 millones con acceso a Internet) y cada vez lo usamos más tiempo (5 horas y 18 minutos diarios, según Hootsuite) y gastamos más datos. Y con el 5G, la factura se disparará. Así que deberíamos moderar el gasto, buscando pagar sólo por lo que necesitamos. Porque “la droga digital” será cada vez más cara.