El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.

El gasto público nos ha salvado

Todo el mundo ha visto que hay 2 formas de afrontar una crisis. Una, la que se aplicó en 2008: hacer recortes, provocando recesión y pérdida de empleos, sobre todo en el sur de Europa. Y la otra, gastar más, reanimar la economía y crear empleo, como han hecho Europa y España ante la COVID, la crisis energética y la hiperinflación. Los datos lo corroboran: más de la mitad del crecimiento de España entre 2019 y 2024 ha sido por el gasto público, el principal motor de nuestra economía, muy por delante del consumo, las exportaciones y la inversión. Es bueno saberlo ahora que los “populistas neoliberales” atacan al Estado en EEUU (Trump) y en media Europa, planteando recortes en Italia, Francia y Alemania (rompiendo el Gobierno). En España, ya hay expertos que hablan de gasto público “desbocado”. Ojo a estos “anti-Estado”, porque la DANA nos recuerda que, cuando vienen mal dadas, sólo el del gasto público y nuestros impuestos nos salvan. Como en la última crisis.

                            Enrique Ortega 

En los últimos 15 años, España y el mundo hemos asistido a 2 grandes crisis, que los políticos y economistas han afrontado de dos maneras diferentes. Ante la crisis financiera y de deuda (2008-2013), los principales Gobiernos y en especial Europa, se acogieron a la receta de recortar el gasto público en todo y abandonar la inversión del Estado, mientras en paralelo ayudaban a los bancos y entidades causantes de la crisis. Estos recortes “drásticos”, auspiciados en Europa por la alemana Merkel y los paises ricos del centro y norte, recayeron sobre todo en la Europa del sur, provocando una profunda recesión, que se cobró millones de empleos (en España se perdieron -3.572.700 empleos entre 2007 y 2013). Y la recuperación posterior (entre 2014 y 2019) fue lenta y débil.

En 2020 estalló la crisis desatada por el COVID y tanto Merkel como los demás dirigentes europeos optaron por otra vía de salida, en la antípodas de los viejos recortes: aprobar un Plan de recuperación para Europa, autorizando un fuerte gasto e inversión (806.900 millones) en el continente, mantenido después por la guerra de Ucrania, la crisis de la energía (gas y electricidad) y la hiperinflación. Y Europa recuperó en un año el crecimiento y el empleo (en la anterior crisis habíamos sufrido 5 años de recesión), sobre todo España, donde se han creado +1.856.100 nuevos empleos en esta crisis, entre 2019 y 2024 (septiembre).

Dos recetas económicas frente a la crisis, una dolorosa e inútil y otra positiva y eficaz (y “antigua”: ya la puso en marcha el presidente Roosevelt, con el New Deal, entre 1933 y 1938, para sacar a EEUU y al mundo de la gran Recesión de 1929-31). Y para los que duden de sus “bondades”, veamos el efecto que ha tenido esta vieja política “keynesiana”, de reanimar la economía a base de gasto público, en España, entre 2020 y 2024. El motor de nuestro fuerte crecimiento (mayor que en la UE-27) ha sido el consumo público: ha aportado más de la mitad del crecimiento real de la economía española (el 59%) entre diciembre de 2019 y septiembre de 2024, según este estudio del profesor Manuel Hidalgo, a partir de los datos del INE. Las exportaciones han sido el 2º motor del crecimiento (aportaron el 19% del total), el consumo privado el 3º (13% del crecimiento) y el resto lo ha aportado la inversión (7%).

En toda Europa, el consumo público (gasto administraciones públicas)  ha sido el principal motor del crecimiento estos años posteriores a la pandemia. Pero en España, su papel ha sido más decisivo. Este análisis de Funcas revela que, entre 2020 y 2023, la economía española creció algo más que la europea (porque en 2020 cayó más con la COVID), un +3,6% frente al +3,5%. Pero en España, casi el 70 de lo que crecimos esos 4 años fue por el consumo público (69,44%), mientras en la eurozona sólo aportó algo menos de la mitad del crecimiento (48,57%). Eso significa que, aunque España gastó en esta crisis menos en ayudas públicas que Alemania o Francia, este “tirón” del Estado en España  fue comparativamente más importante en el crecimiento final y el empleo. Mientras, en Europa ayudó más al crecimiento el empujón del consumo privado (25,7% del crecimiento en la zona euro y sólo el 8,3% en España) y las exportaciones (25,7% frente al 13,88% en España), siendo casi nula la ayuda de la inversión, que aportó poco (el 2,8%) al crecimiento, en Europa y en España.

¿Qué tipo de gasto público es el que nos ha hecho crecer estos años? Básicamente, el consumo público hecho en sanidad (medidas anti-COVID , vacunas y refuerzo de personal), gasto educativo, ayudas para compensar la subida de la energía y otras transferencias, según el análisis del profesor Hidalgo. Y detalla que casi dos tercios de este gasto público (entre 2019 y 2023) lo han hecho las autonomías, especialmente las más grandes (el gasto público de Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana ha aportado más de un tercio de todo el crecimiento generado en los últimos 4 años), seguidas de los Ayuntamientos (aportaron el 21%) y el que menos el Estado central  (su gasto directo, al transferir la mayoría, ha aportado sólo el 16,5% del PIB total).

En lo que llevamos de 2024, se mantiene la tendencia del alto crecimiento y los motores que “tiran” del PIB. Así, en el tercer trimestre, la economía española creció +0,8%, lo que indica que crecemos a un ritmo del +3,4% anual, según el INE (más que el +2,7% de todo 2023). Y de nuevo, en el tercer trimestre, el gasto público (consumo público) es lo que más crece (+2,2% sobre el trimestre anterior y +4,7% anual), lo que más “tira” de la economía, por encima del consumo privado de las familias (+1,4% trimestral y +3,3% anual) y las exportaciones (+0,9% trimestral y +5,1% anual), mientras cae la inversión (-0,9% trimestral). Y todo apunta a que en el 4º trimestre, con las ayudas públicas por la DANA en Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía, el gasto público volverá a crecer y será el principal motor del crecimiento también en 2024, un año en que podemos crecer el +3% (frente al 0,8% la zona euro).

Ante estos datos, algunos expertos y políticos (“ortodoxos” y “neoliberales”) ya han disparado las alarmas y hablan de un gasto público “desbocado”. Lo que no dicen es que gracias a esta política “contracíclica”, a afrontar con más gasto la crisis del COVID, la energía y la hiperinflación, la economía española (y europea) sólo cayó un año y lleva creciendo casi 4 años (mucho España y poco Europa, según Eurostat), creando 1,85 millones de empleos en nuestro país  y ayudando a las familias a sobrellevar esta última crisis.

Ahora, estos mismos economistas y políticos defienden que el Gobierno tiene que “gastar menos”, porque el gasto actual es “inasumible” e “insano” (para su ideología de “cuanto menos gasto público mejor”). Por un lado, hay que decir que el Gobierno Sánchez ha enviado un Plan fiscal a Bruselas en el que contempla un menor gasto público en 2025, porque se ha comprometido con la Comisión Europea a seguir rebajando el déficit público el año que viene (del -3,6% del PIB en 2023 y el -3% con que espera cerrar 2024 a un déficit del -2,5% en 2025). Y como se espera un menor crecimiento el año próximo (+2,4%), también habrá menos recaudación fiscal, lo que obligará a gastar menos, salvo catástrofes.

Este menor gasto público en 2025 hará que las administraciones públicas ya no “empujen” tanto el crecimiento, con lo que deberían “tirar más” de la economía los otros motores. El principal motor del crecimiento es el consumo de las familias, pero se ha retraído en los últimos años, tras el rejonazo de la inflación disparada, porque la gente ha empezado a pensar en “ahorrar más y gastar menos” por si vuelve a haber otra crisis. De hecho, el ahorro de las familias españolas está en una tasa anormalmente elevada (21,2% de su renta, más del triple que entre 2015 y 2019), algo que también pasa en el resto de Europa. El otro motor clave del crecimiento, las exportaciones, han ayudado mucho estos años, pero no lo harán tanto en 2025, porque Europa (nuestro primer cliente) apenas crece y por el riesgo de un mayor proteccionismo comercial en el mundo con Trump. Y el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece: aumenta la inversión pública y los Fondos europeos pero sigue “gripada” la inversión privada, todavía un 10% por debajo que antes de la pandemia.

Así que mientras los economistas ortodoxos y “neoliberales” se rasgan las vestiduras por el exceso de gasto público, en España y en Europa, no queda claro que el consumo, las exportaciones y la inversión vayan a “tomar el relevo” y mantener un alto crecimiento, necesario en Europa e imprescindible en España (para recortar el paro y la brecha de riqueza con Europa). Además, estos expertos esconden un dato clave: España tiene un gasto público muy inferior al del resto de Europa, por lo que necesitamos gastar más que ellos (en casi todo) para aproximarnos a su Estado del Bienestar. Así, en 2023, el gasto público en España fue el 46,4% del PIB, frente al 49,4% de media en la UE-27, el 57,3% en Francia o el 48,6% en Alemania, según la Comisión Europea. Y esto lleva pasando décadas, con el franquismo y luego con la democracia: entre 2015 y 2019, España gastó el 42,4% del PIB frente al 47,2% de la UE-27, el 56,8% en Francia o el 47,5% en Alemania. Esto significa, a lo claro, que, en 2023, si España hubiese gastado como la media europea, el gasto público debería haber sido 45.000 millones más. Y si gastáramos como los franceses, +163.000 millones más al año. Serían  +33.000 millones de gasto público si gastáramos como los alemanes. 

Y tenemos menos gasto público que la mayoría de Europa porque también ingresamos menos que la mayoría de paises: en 2023, España recaudó el 42,8% del PIB, frente al 45,9% del PIB la UE-27, el 46,1% de Alemania y el 51,9% de Francia. A lo claro: recaudamos 46.500 millones menos al año que la media de paises europeos, 49.500 millones menos que si fuéramos alemanes y 136.000 millones menos que si fuéramos franceses. Por eso, estamos condenados a gastar menos que la mayoría de europeos mientras no recaudemos más. La Comisión Europea ha exigido a España que apruebe una reforma fiscal este año (dentro de las reformas vinculadas a la entrega de Fondos europeos), porque no tiene sentido que pidamos dinero europeo y recaudemos menos. Los expertos fiscales elaboraron en 2022 un Informe donde proponían cambios en el impuesto de sociedades (grandes empresas y multinacionales), el IVA , el IRPF, los impuestos al capital y los impuestos verdes. Pero el Gobierno es incapaz de pactar una mínima reforma fiscal con sus socios de Gobierno y tanto PP como Vox no se salen de la cantinela de que “hay que bajar impuestos”.

En medio de este panorama, de un crecimiento asentado en el gasto público y que ahora está “en el aire” por la exigencia de rebajar el déficit y la deuda, el mundo ha entrado en una nueva etapa política, donde crecen los “populistas anti-Estado”, que defienden reducir el gasto público y recortar la Administración. Estas teorías políticas y económicas (que surgieron en los años 80 del siglo pasado, con Thatcher y Reagan) parecían desaparecidas tras la última crisis, cuando la COVID, la energía y la hiperinflación llevó a todos los Gobiernos a gastar más. Pero se anuncia un “cambio de signo político”: avanzan los que quieren recortar el Estado y el gasto público, con bajada de impuestos.

Trump ha basado su victoria en las elecciones USA en recortar al máximo el Estado y la Administración Federal, proponiendo al multimillonario Elon Musk (Twitter-X) al frente de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que podría recortar funcionarios y gasto público (2 billones de dólares), lo que reduciría el PIB y afectaría a los norteamericanos más vulnerables, mientras baja los impuestos y quita regulación a los más ricos. Y en paralelo, en Europa, el avance de la derecha y la ultraderecha en las últimas elecciones (16 de los 26 comisarios, más la presidenta Von der Leyen) está dando más voz a los que defienden un menor gasto público europeo. Precisamente ahora, cuando el informe Draghi ha señalado que para conseguir una mayor competitividad frente a USA y China, la UE tendría que aprobar un nuevo Plan Marshall y gastar 800.000 millones de euros al año…

La derecha europea no está por la labor de repetir un Plan de recuperación como hizo tras el COVID (140.000 millones en ayudas y créditos hasta 800.000 millones de gasto entre 2021 y 2026). Y la mayor prueba es que los liberales alemanes han roto el Gobierno de coalición con socialdemócratas y verdes (habrá elecciones el 23 de febrero), porque querían hacer recortes (y bajar impuestos) en el Presupuesto para 2025. En Francia, el nuevo gobierno (más conservador, bajo la presidencia de Macron) plantea unos recortes de 40.000 millones de euros para 2025. Y en Italia, el Gobierno Meloni ha recortado un 5% el gasto de todos los Ministerios (salvo Sanidad) para 2025. Así que “pintan bastos” para el gasto público.

En definitiva, que en un momento donde la DANA en Valencia ha dejado claro la enorme importancia del Estado y el gasto público (se han aprobado ayudas por 14.373 millones de euros), surge una ola de recortes por el mundo, desde EEUU a Europa, que pone en cuestión el Estado, el gasto y los servicios públicos, con un avance de los ideólogos del “populismo neoliberal”, que pretenden reducir al máximo el papel del Estado y los servicios públicos, agravando las desigualdades. Se trata, otra vez, como en los años 80 y 90 del siglo pasado, de una “ola económica conservadora”, que pone en cuestión lo público y defiende recortes generalizados. Un “neoliberalismo insano”, que no sólo es “socialmente injusto” sino también “económicamente peligroso”. Porque estos recortes frenarían el crecimiento y el empleo. Ya lo vimos con la crisis financiera. Y ahora sabemos que, en esta última crisis, el gasto público y el Estado nos han salvado. No lo olvidemos.

Empleados públicos: insuficientes y precarios

El Gobierno aprobará el 2 de julio convocar 40.000 nuevos empleos públicos en el Estado, que se suman a las 600.000 plazas convocadas desde 2018 en el Estado, autonomías y Ayuntamientos (aunque sólo un tercio se han cubierto). Pero sólo hay 277.500 empleados públicos más que en 2011, por los recortes de Rajoy, lo que provoca escasez de personal en muchos organismos, desde el DNI a Tráfico o las oficinas de empleo y de la SS. Aunque persiste el mito de que “tenemos muchos funcionarios”, los datos indican que España está en linea con Europa y tenemos menos empleo público que Francia o los nórdicos aunque más que Alemania e Italia. El otro problema es que un 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales o son interinos, casi la mitad en sanidad o educación, lo que ha motivado varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia para que los hagan fijos. Urge una reforma a fondo de la Función Pública, para conseguir más personal, bien formado y con contratos decentes.

                   Oposición para cubrir oferta de empleo público

En mayo se superaron los 3 millones de empleados públicos cotizando a la Seguridad Social, exactamente 3.023.133 afiliados, un 60% trabajando en las autonomías (1.840.990 empleados públicos), otro 24,5% empleados en los Ayuntamientos y Diputaciones (741.683) y sólo un 14,5% trabajando en la Administración General del Estado (440.760 empleados públicos afiliados a la SS). Aunque estos 3 millones de empleados públicos son un récord histórico, sólo suponen 310.000 más que los afiliados públicos en 2011, el anterior máximo (2.690.099 en julio de 2011).

El empleo público todavía trata de recuperarse de los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012, siguiendo los ajustes de Bruselas. Así, los empleados públicos cayeron del máximo de 2.690.099 ocupados en julio de 2011 a 2.583.504 empleados en julio de 2018, a poco de irse Rajoy de la Moncloa. Un recorte de -52.677 empleados públicos entre 2011 y 2018, según el Boletín Estadístico de Personal público, al no sustituirse las jubilaciones y despedirse a personal contratado. Pero este ajuste de personal recayó en exclusiva en el Estado (-67.315 ocupados), porque en estos años duros aumentaron las plantillas de las autonomías (+6.713 empleados) y los Ayuntamientos (+5.582 empleados).

En la segunda mitad de 2018, el nuevo Gobierno Sánchez empezó a reponer parte de las jubilaciones de empleados públicos, convocando nuevas plazas de empleo público hasta 2023 (160.000 en la Administración del Estado), abriendo también la mano autonomías y Ayuntamientos. Con ello, en julio de 2023 había en España 2.967.578 empleados públicos, +384.074 ocupados que en el mínimo de 2018, según el Boletín Estadístico de Hacienda. El mayor aumento de personal se ha vuelto a dar en las autonomías (trabajan 347.113 personas más que en 2018), siendo mucho menor el aumento de plantillas públicas en los Ayuntamientos (+21.348) y en el Estado central (+15.613, un tercio sólo de los empleos perdidos entre 2012 y 2018).

¿Tenemos muchos funcionarios, como señala un mito popular? La respuesta corta es no. Los datos revelan que hay 3,5 millones de ocupados en el sector público, según la última EPA (marzo 2024), los que dicen que trabajan para la administración (aunque sólo 3 millones coticen a la SS). Y estos 3,5 millones suponen un 16,71% de todos los ocupados en España (21.250.000), un porcentaje que se ha mantenido estable desde 2018 (el empleo público suponía el 16,45% del total), a pesar del aumento de las plantillas públicas. La media europea (UE-27) de empleados públicos estaba en el 17% del total en 2020 (último dato de Eurostat). Y tenían más porcentaje de empleados públicos que España los paises nórdicos (29% de los ocupados en Suecia, 28% en Dinamarca, 25% en Finlandia). Estonia y Croacia (23%), Lituania (22,5%) y Francia (22%), siendo menor su peso en Alemania (el 11% del empleo es público), Paises Bajos (12%), Italia (14%) o Portugal (15%).

Así que no tenemos “un exceso” de personal público. Y basta intentar renovar el DNI o el carnet de conducir, ir a una oficina de empleo o intentar arreglar los papeles de la jubilación para comprobar la falta de personal (y las consiguientes “colas”), por no hablar de la falta de personal en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como en muchos Ayuntamientos. Y hay un dato impactante que relativiza el aumento (pequeño) del empleo público: entre 2011 y 2023 se crearon en España 3.439.400 nuevos empleos y el empleo público creció estos años sólo en +277.479 ocupados. A lo claro: sólo 1 de cada 12 nuevos empleos creados en España desde 2011 han sido en el sector público (+277.479), los 11 restantes se han creado en el sector privado (3.161.921 nuevos empleos).

Para afrontar este “déficit” de empleos públicos, por jubilaciones que no se han cubierto y mayores necesidades en los servicios públicos (hay casi 1,5 millones de habitantes censados más), los Gobiernos de Sánchez han ido aprobando convocatorias de plazas de empleos públicos: 160.000 entre 2018 y 2023, sólo en la Administración General del Estado. Y lo mismo han hecho las autonomías y Ayuntamientos. En conjunto, se estima que las tres administraciones han convocado unas 600.000 nuevas plazas de empleo público entre 2018 y 2023. Pero sólo un tercio se han cubierto (225.000), según datos del CSIF. En unos casos, por retrasos entre la convocatoria de plazas y la adjudicación (todavía están pendientes plazas del empleo público ofertado en 2023). Y en otros, por problemas burocráticos en las convocatorias (hay puestos que no se cubren porque no hay suficientes candidatos que aprueben), que impiden cubrir las plazas. De hecho, la Función Pública reconoce que hay miles de plazas de estas convocatorias públicas que han caducado por mala gestión y no volverán a convocarse…

Ahora, el Gobierno Sánchez aprobará  una nueva convocatoria de plazas públicas en la Administración central del Estado para 2024, la mayor hasta ahora: 40.121 plazas, 10.600 de promoción libre (cualquiera puede presentarse a la oposición), 10.600 de promoción interna (para interinos) y otras 8.681 plazas para Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad (6.260 abiertas y 2.161 de promoción interna). Los sindicatos apoyan esta convocatoria pero creen que es “insuficiente”, aunque valoran que se concentre en los servicios de atención pública más faltos de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico.

El primer gran problema estructural de la Función Pública es que muchos servicios están “cortos de personal” y necesitan ampliar plantillas. Pero el problema quizás más grave es la enorme precariedad del empleo público: casi un millón de los que trabajan para la administración tienen un empleo temporal, algunos durante décadas. Dos ejemplos. En Canarias, un funcionario de Justicia lleva 27 años trabajando como “interino” (cubriendo el puesto de un funcionario). En el Hospital de la Princesa, en Madrid, un médico de urgencias lleva con un contrato temporal desde 2005 (como el 83% de médicos del centro)… 

Lo que ha pasado en los últimos 12 años, además del recorte de personal, es el aumento de la precariedad del empleo público, para contrarrestar la prohibición de contratar. En principio, el ajuste de Rajoy de 2012 prohibía sustituir a los jubilados (“tasa de reposición” cero de 2012 a 2014, el 50% en 2015 y menos del 100% después) y hacer nuevas contrataciones de personal. Pero como los servicios públicos no podían parar, el Estado y sobre todo las autonomías y Ayuntamientos se buscaron “subterfugios” para contratar, cubriendo con  personal laboral (“interinos”) los puestos que habían dejado libres los funcionarios jubilados y contratando a personal temporal para cubrir otros puestos.

Las cifras evidencian otra vez lo que ha pasado: la precariedad se ha disparado en las administraciones desde los ajustes. En 2011, el 61,45% de todos los empleados públicos (2.690.099) eran funcionarios por oposición (1.653.246), repartiéndose el resto entre personal laboral (690.278, el 25,65%) y “otros” (básicamente interinos que ocupaban puestos de funcionarios), 346.323 ocupados ( 12,87% del total). En sólo 12 años, en 2023, la proporción de los funcionarios de carrera ha caído a menos de la mitad de las plantillas (1.472.277, el 49,6% de todos los empleados públicos), mientras ha seguido aumentando el personal laboral (ahora son 853.703, el 28,7%) y, sobre todo, se ha casi duplicado el peso de los “interinos”: son ya 641.599 empleados públicos, el 21,6%.

El problema de la mayoría del personal laboral y de los interinos es que su trabajo es “temporal”, no tienen fijeza y pueden perder su empleo si se recortan costes y servicios o si el puesto lo acaba cubriendo un funcionario. De hecho, la estadística oficial señala que el sector público en España tenía una “tasa de temporalidad” del 29,58% a finales de 2023, más del doble de la tasa de temporalidad del sector privado (que ha bajado al 13,2%, gracias a la reforma laboral). Se estima que casi 1 millón de empleados públicos tienen un contrato temporal, más en las autonomías (44% de los empleados públicos son temporales) que en los Ayuntamientos  (20%) y que en la Administración central (sólo 5% son temporales). Y esta mayor temporalidad autonómica se concentra en Canarias (59% empleados públicos), País Vasco (57%), Comunidad Valenciana (51%), Murcia o Baleares (47%), Asturias o Aragón (46%) y Madrid (44%), sobre todo en Sanidad (más del 50% en 10 regiones) y Educación.

El Gobierno Sánchez sacó adelante en el Parlamento, en diciembre de 2021, la Ley 20/2021, para reducir esta disparada temporalidad del sector público, del 30% al 8% a finales de 2024. Y para ello, la Ley permitía que el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos convocaran concursos de estabilización (reducidas), para sacar plazas de interinos y que puedan optar a ellas los que trabajan ahí temporalmente. Pero además de aprobarlas, los interinos aportan puntos por los años de experiencia, con lo que se las quedan los que llevan más años y las aprueban. En otros casos, muchas plazas de reposición (abiertas) no se acaban de cubrir y por ello siguen en sus puestos los interinos. Así que apenas ha bajado la tasa de temporalidad, porque sólo se han cubierta 225.000 de las 600.000 plazas ofertadas (las que se aprueban ahora en 2024 no se cubrirán hasta 2025, como pronto). Y con ello, parece evidente que el objetivo de rebajar la temporalidad el 8% tardará años en conseguirse.

Por eso, muchos temporales e interinos recurren a los tribunales, cuando pierden su puesto o antes, para que les reconozcan la fijeza tras décadas trabajando en la administración. La tendencia de los tribunales españoles ha sido no aceptar la fijeza o dictar bajas indemnizaciones. Sólo en los últimos años, los tribunales y el Supremo han empezado a admitir la conversión de algunos temporales de la administración en “indefinidos no fijos”, un invento laboral : es una figura intermedia entre funcionario y personal temporal, que no es fijo (su contrato puede finalizar cuando un funcionario ocupe su puesto”) y no tiene tampoco la protección de los funcionarios (sólo se les puede despedir por motivos disciplinarios). La única ventaja de ser “indefinidos no fijos” es que si les despiden, tienen una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 meses (los temporales tienen 12 días).

Los empleados públicos españoles y los propios tribunales han acudido en  varias ocasiones al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) para que se pronuncie sobre contratados e interinos. Y hay dos sentencias recientes. Una del 22 de febrero de 2024, relacionada con los 360.500 trabajadores públicos temporales, en la que el TJUE) dictamina que los procesos de estabilización en marcha en España (ofertas públicas de empleo) y las mayores indemnizaciones no son suficientes y que sólo cabe hacer fijos a estos empleados públicos que llevan más de 3 años (y décadas) trabajando como temporales. El 13 de junio, el Tribunal europeo de Justicia ha emitido otra sentencia, relacionada esta vez con los 800.000 interinos estimados, en la que vuelve a dictaminar que se les haga “indefinidos”: esta vez no habla de “fijos” sino de hacerles “indefinidos”, pero no acepta esa fórmula del Supremo de “indefinidos no fijos” y defiende que tengan la protección de un trabajador indefinido (que puede ser despedido por distintos motivos y tienen menos protección que un funcionario).

Ahora, tras estas 2 sentencias del TJUE, el Gobierno dice que la pelota de los temporales e interinos de las distintas administraciones la tiene el Tribunal Supremo, que debe fijar jurisprudencia para el resto de tribunales. Y sólo después, según lo que decida, pensarán si promueven algún cambio legal sobre la contratación pública. Mientras, el nuevo ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, está estudiando abordar una reforma a fondo de la Administración Púbica y sus políticas de contratación. Por un lado, ya ha anunciado que va a suprimir en 2025 las actuales tasas de reposición (sustituir al 100% de los jubilados y el 120% en algunos organismos más necesitados), que son un corsé que limita la planificación de las plantillas públicas. Su idea es hacer una previsión de necesidades a medio plazo y estudiar cómo cubrirlas, mejorando los procesos de selección de personal y tratando de incorporar talento joven (y digital) a las distintas administraciones públicas.

El reto es enorme, porque hay que reforzar los servicios públicos, tanto por la mayor demanda de servicios de más calidad como para sustituir a los muchos empleados públicos que se van  a jubilar en dos décadas, porque tenemos unas plantillas muy envejecidas (el 59% de los empleados públicos tienen 50 años o más). Y habrá que encajar esta nueva política de personal con la urgente digitalización de muchos servicios públicos. Todo ello exige planificar a medio plazo necesidades, personal (cuántos de ellos funcionarios y cuantos con contratos “decentes”, no temporales), horarios (más amplios y diversificados), sueldos, promoción y consideración (no puede ser que los mejores cerebros acaben en el sector privado) y, sobre todo, el reparto entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, que ahora crecen “cada una a su aire” . Y en paralelo, mejorar la formación, profesionalidad y eficiencia de los empleados públicos, con una mayor conciencia de que trabajan para los ciudadanos, que somos los que pagamos su sueldo. El objetivo debe ser reformar a fondo una Administración anclada en el siglo XIX y prepararla mejor para este siglo XXI.

Más dependientes en lista de espera

Si hay un problema en España que “clama al Cielo” es que haya multitud de dependientes (mayores) que tienen reconocida legalmente una ayuda y no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Así , estaban en “lista de espera” 269.854 dependientes a finales de 2019, 19.817 más que un año antes. Y lo más grave: como muchos son ancianos, 85 de estos dependientes “en espera” se mueren cada día sin que les llegue la ayuda a la que tienen derecho. Una situación que se arrastra desde hace más de una década pero que se agravó en 2019, al no aprobarse un nuevo Presupuesto que incluía más fondos para la Dependencia. Ahora, el Gobierno estudia aumentar estos recursos en los Presupuestos 2020 y las autonomías buscan salir del paso con “trucos” para retrasar las ayudas y aumentar los servicios “low cost” (atender a más con menos). Urge acabar de una vez con estas “listas de espera” de la Dependencia, que son una vergüenza con nuestros mayores.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 13 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original, agravado después por los recortes del Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró en 2011), y de las autonomías gestionadas por el PP. Un problema continuado de falta de recursos y agravado en 2019, al no aprobarse el Presupuesto preparado por el Gobierno Sánchez, que incluía una partida extra de 830 millones para la Dependencia, perdidos al rechazarse las cuentas y caer el Gobierno. Ahora, la situación es insostenible, a la espera de que el nuevo Gobierno prepare un Presupuesto 2020 con más recursos y consiga aprobarlo.


La Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones y ayudas a los dependientes) ha sido un éxito si contamos los españoles que han solicitado una ayuda porque no pueden valerse por sí mismos: a finales de 2019 eran ya 1.894.744 solicitantes, el 4,03% de la población, según el IMSERSO. Y no paran de crecer año tras año, como corresponde a uno de los paises más envejecidos de Europa. La “presión” de los dependientes es desigual por autonomías, según su demografía. La que tiene más “tensión” es Castilla y León (6,09% de la población ha solicitado ayuda), precisamente la autonomía que mejor gestiona y atiende la Dependencia. Y la que tiene menos “tensión”, menos solicitudes, es Canarias (2,60% de la población solicita ayuda), precisamente la autonomía que peor gestiona y atiende la Dependencia, junto a Cataluña, la Rioja y Andalucía.


La gestión de estas solicitudes de ayuda a la dependencia la hacen las autonomías, que tienen un grave problema de falta de recursos, tras los múltiples recortes aprobados por Rajoy a partir de 2012. De hecho, el Estado central ha recortado su aportación al pago de la Dependencia en 5.000 millones de euros entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Así que las autonomías han tenido que hacer frente a un fuerte aumento de las solicitudes con menos recursos del Estado y teniendo que poner ellas más dinero, que no les llegaba. El resultado es que han buscado cómo atender a muchos más dependientes sin tener recursos suficientes. Y lo han intentado con cuatro “trucos”, cuatro maniobras que han sufrido los dependientes y sus familias. 


El primer “truco” para paliar la escasez de recursos ha sido retrasar la resolución de los expedientes, “embolsar” las solicitudes, tardar lo más posible en reconocer a los dependientes sus ayudas para retrasar así su pago. Si el plazo legal para resolver las solicitudes de Dependencia es de 180 días, el plazo medio que se tardaba en 2019 eran 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, la mayoría de autonomías tardan mucho más, como Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) o Cataluña (576 días). De hecho, sólo 5 autonomías cumplen el plazo legal: Ceuta (70 días), Melilla (170), País Vasco (137) Navarra (155) y Castilla y León (191 días).


Gracias a este “truco” de retrasar la resolución de los expedientes, cada año hay más expedientes pendientes de resolver, ayudas que se retrasan (y se “ahorran”). Así, los expedientes pendientes de valoración han pasado de 120.213 a finales de 2017 a 159.193 a finales de 2019, el 8,4% de los expedientes totales. Pero además, hay autonomías que lo hacen mucho peor, para “ahorrar” más. El dato más escandaloso es el de Canarias, que tenía un 28,69% de los expedientes pendientes de valoración (más del triple que la media española), seguida de la Comunidad Valenciana (15,81% expedientes pendientes), Murcia (13,58%), Asturias (13,51%), Extremadura (12,71%) y Andalucía (11,95%). Solo tienen menos del 1% de expedientes pendientes Galicia, Madrid, País Vasco y la Rioja, según las estadísticas de 2019 publicadas por el IMSERSO.


Resuelto el expediente, cada autonomía decide el grado de Dependencia del solicitante (Grado I los menos dependientes, Grado II, y Grado III los dependientes severos) o si no le otorgan grado ni por tanto derecho a una ayuda (350.514 solicitudes a finales de 2019). Y así, de los 1.894.744 solicitantes que teníamos en 2019 pasamos a 1.385.037 que legalmente eran beneficiarios de alguna ayuda, según su grado de dependencia. Pero no hay dinero para atender a todos y las autonomías aplican el segundo “truco” o filtro para ahorrar: las “listas de espera”, dejar a una parte de estos beneficiarios pendientes de recibir las ayudas sin un plazo prefijado.


Desde el principio, el sistema de la Dependencia ha tenido “listas de espera”: 213.896 en 2008 (2º año de la Ley), 305.941 esperando en 2011 (el primer “récord”), bajó a 148.002 en 2014, subió a 384.309 en 2015 (récord absoluto, al empezar a recibir ayuda ese año los dependientes de Grado I) y, a partir de ahí, los dependientes en espera bajaron año tras año, hasta 250.037 en 2018. Pero en 2019 aumentaron en 19.817 dependientes más, por primera vez desde 2015, hasta llegar a 269.854 dependientes en lista de espera, 1 de cada 5 beneficiarios con derecho a ayudas (el 19,48%), según el IMSERSO, debido al aumento de solicitudes y beneficiarios mientras el Estado central estaba sin nuevos Presupuestos (prorrogados los de Montoro de 2018) y las autonomías estaban asfixiadas financieramente por el retraso en transferencias del Estado.


Pero aquí tampoco hay uniformidad entre autonomías, porque hay algunas que gastan más y gestionan mejor, con lo que apenas tienen lista de espera mientras en otras se ha disparado. Así, Castilla y León vuelve a ser la que mejor lo hace, con sólo un 1,50% de sus dependientes (1.593) en lista de espera, junto a Ceuta (1,72%). Le siguen Navarra (5,71% en lista de espera, 5.822 dependientes), Melilla (7,11%), Castilla la Mancha (8,66%, 5.895 dependientes) y Galicia (12,06%, 8.456 dependientes). Los líderes de la lista de espera son Cataluña (31,71% dependientes reconocidos no reciben ayuda: 76.253 dependientes), Canarias (27,88%, 9.040 dependientes), La Rioja (27,34%, 3.116 dependientes), Andalucía (25,11%, 73.871 dependientes), Asturias (21,56%, 5.794 dependientes) y Extremadura (20,3%, 7.206 dependientes), segúnlos datos del IMSERSO.


Pero los “ahorros” en la Dependencia no terminan aquí. Un tercer “truco” de las autonomías para rebajar su gasto es reducir más la lista de espera de los Dependientes moderados (Grado I), cuya atención es más barata, y reducir menos la lista de espera de los Dependientes medianos (Grado II) y graves (Grado III), más caros de atender. Al final, lo importante es “vender” al público que reducen las listas de espera globales. Los datos del IMSERSO son muy explícitos: entre 2015 y 2019, las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I) han caído un -43,2% (de 277.959 a 156.579 a finales 2019), mientras las listas de espera de los dependientes medianos y graves (Grado II y III) han crecido un +6,5% (de 106.323 a 113.275 a finales de 2019). Eso sí, publicitan que las listas de espera globales han bajado un -29.78% (de 384.326 a 269.854). Y los que sufren este “truco” son los dependientes en peor estado y sus familias, que ahora son incluso más esperando.


Y para terminar, el cuarto “truco” de las autonomías para frenar el gasto imparable en la Dependencia: atender a más con lo mismo, gastando menos con prestaciones “low cost”, para que “cunda” más un dinero escaso. Lo primero que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias para que cuiden a sus dependientes en casa (una prestación entre 625 y 833 euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 suponían el 45,53% de todas las ayudas a la Dependencia que se daban en España, en 2019 eran sólo el 30,26% de las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén en residencias (la ayuda más “cara”, ya que aporta el 60% del coste de una residencia pública, unos 600/700 euros mensuales): eran el 14,87% de todas las ayudas en 2011 y suponían el 12,10% en 2019. En cambio, ha subido el peso de las ayudas más baratas, de los servicios “low cost”, como la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 17,74% en 2019), aunque se han reducido las horas mensuales (a 54 horas para los dependientes Grado III), y la teleasistencia, la ayuda más barata (40 euros al mes) que tienen ya el 17,48% de los dependientes y muchos más en Andalucía (30,6% de las ayudas), Madrid (26,56%), País Vasco (20,93%) y Baleares (20,83%), según el IMSERSO. 


Y falta hablar de la última moda en ayudas “low cost” a la dependencia, la “prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias (entre 300 y 833 euros en Madrid) para que financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que es una forma de “privatizar la dependencia”, supone ya el 10,73% de todas las prestaciones, pero hay autonomías donde es la ayuda más utilizada, como en Castilla y León (29,48% dependientes), Extremadura (al 43,98%), o la 2ª más usada, como en Canarias (20,16% dependientes), la Comunidad Valenciana (16,80%) y Aragón (16,36%) o la 3ª más usada, como en Galicia (12,66% dependientes), según los datos del IMSERSO.


Al final, la falta de recursos de las autonomías provoca una atención a la dependencia de baja calidad y con 269.854 dependientes, 1 de cada 5 dependientes reconocidos que no reciben ayuda. Y esto tiene dos consecuencias. La primera y más grave que 31.000 dependientes en lista de espera se murieron en 2019 sin recibir la ayuda, dado que el 54% de los solicitantes tienen más de 80 años. Eso significa que cada día mueren 85 dependientes con derecho reconocido sin que les llegue la ayuda, según la estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otra manera brutal de “ahorrar”. Pero además, hay otra pésima consecuencia de las listas de espera: las familias tienen que afrontar en solitario el cuidado del dependiente, lo que implica que las mujeres (en un 75% de los casos) tengan que dejar su trabajo o compatibilizarlo con cuidar a su padre, marido o hijo dependiente hasta que reciba ayudas. Y a veces también después, con un pequeño “sueldo”, mientras su Seguridad Social (que dejó de pagar Rajoy en 2012) la paga ahora el Estado, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno Sánchez en marzo de 2019.


El panorama de la Dependencia no puede ser más desolador. Y lo peor es que, a este ritmo, se tardaría 4 años y medio en suprimir las listas de espera, un plazo en el que morirán sin recibir las ayudas otros 120.000 dependientes. Por eso, el sector pide al nuevo Gobierno un Plan de choque, para reducir en un año el 75% de las listas de espera (atender a 200.000 dependientes), lo que costaría 1.300 millones de euros, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para ello, el Gobierno deberá incluir esa cifra en los Presupuestos 2020 y pactarla con los demás partidos, para que salga adelante (difícil).


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Hay que aprobar un sistema eficiente de financiación a la dependencia, tras 13 años de escaseces, con 2 cambios claves: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que se ha escaqueado desde los recortes de Rajoy en 2012. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado Central y las autonomías. Lo sucedido es que el Estado ha recortado año tras año su aportación (-5.000 millones entre 2012 y 2019) y así, en 2018, sólo aportó el 16,7% de la financiación (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% del gasto público en dependencia (su parte fueron 6.707 millones). La propuesta del sector  (Directores de Servicios Sociales) es que se vuelva al 50%/50% (que el Estado ponga al menos 4.000 millones anuales) y además, aumentar la financiación total a la dependencia: si ahora nos gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que preveía el fallido Presupuesto 2019.Y eso, para reducir las listas de espera y afrontar el aumento de dependientes, que se van a duplicar de aquí a 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida.


Cada vez hay más familias con dependientes y muchas sin medios para atenderlos con dignidad. Tenemos una Ley que les asegura ayudas pero no se han buscado recursos para pagarlas, con lo que hay 85 ancianos dependientes que mueren cada día sin recibir esas ayudas a las que tienen derecho. Es escandaloso. Es urgente arreglarlo y cumplir con estos mayores que han trabajado toda su vida por el país. Tiene que ser una prioridad de todos, al margen de la política y del déficit. Se lo debemos.