Baja inflación: ayuda a crecer y perjudica

Los precios suben sólo un 0,1% el último año, la inflación más baja desde hace 3 años. Eso permite que los trabajadores, pensionistas y funcionarios ganen poder adquisitivo este año, porque sus ingresos han subido bastante más que los precios. Y así, pueden gastar más con lo que ganan, lo que permite que no caiga el consumo y España crezca el doble que Europa (que tiene el triple de inflación). En resumen: la baja inflación permite que España crezca, aunque  menos. El problema es que esa mínima inflación es también perjudicial, porque retrasa compras y reduce ingresos y beneficios a las empresas, que apenas invierten y crean empleo. Y se recorta la recaudación fiscal. Por eso, el BCE está preocupado por la baja inflación: es un síntoma del estancamiento de la economía. El próximo Gobierno, en España y en Europa, tiene que reanimar el gasto y la inversión pública, para que “despierte” la inflación. Tan malo es que no exista como que se dispare.

enrique ortega

El mundo teme que llegue otra crisis, por la guerra comercial, el Brexit, la desaceleración en Europa, la guerra de divisas, el vaivén del petróleo y la crisis de muchos paises en desarrollo (Latinoamérica, Asia y África). De momento, España sigue creciendo, aunque menos: un +0,4% aumentó el PIB (valor de la producción de bienes y servicios) en el tercer trimestre de 2019, según el INE, lo mismo que en el 2º trimestre y una décima menos que en el primero  (+0,5%), lo que indica un crecimiento anual del 2% en 2019, inferior al de 2018 (+2,5%). Y la previsión para 2020 es que España crezca aún menos: 1,8% el FMI y el Gobierno en funciones y sólo el 1,5 % la Comisión Europea.


El hecho es que España crece el doble que Europa: +0,4% frente a +0,2% que creció la zona euro en el tercer trimestre y el +0,3% que aumentó el PIB en la UE-28, según Eurostat. Los grandes paises crecen menos, desde Francia (+0,3%) a Italia (+0,1%), mientras Alemania bordea la recesión (cayó un 0,1% en el segundo trimestre), igual que Reino Unido (el PIB cayó un 0,2% en el 2º trimestre). ¿Por qué España crece más? Básicamente, porque aquí aguanta mejor el consumo público y privado, dos de los motores claves del crecimiento. El consumo de las familias despegó en el tercer trimestre (creció un 1,2%, tras un año de moderación) y también el consumo público (creció un 0,9%, el mayor crecimiento desde 2009), gracias a un mayor gasto del Gobierno Sánchez en distintas partidas sociales. Y también ha ayudado la inversión, con un aumento del 1,2%. Frente a estos motores del crecimiento, se han “gripado” dos motores que son claves para crecer: las exportaciones (cayeron un 0,8% entre julio y septiembre) y el turismo (han venido 205.000 turistas menos este verano, un 0,7% menos entre julio y septiembre).


Se mantiene el crecimiento, aunque menor, gracias a que los españoles siguen consumiendo más. Y lo hacen, por dos razones. Una, porque la mayoría han ingresado algo más este año. Por un lado, los trabajadores. Los 8,6 millones que habían firmado un convenio hasta septiembre (en 1 millón de empresas), han tenido una subida media del +2,29%, superior a las de los últimos años (+1,75% en 2018, +1,46% en 2017 y +0,99% en 2016). Y para el conjunto de trabajadores (con o sin convenio) el INE estima una subida salarial del 2,1% en junio de 2019 (coste salarial: 1.992 euros por empleado). Por otro, los 8,7 millones de pensionistas han visto subir sus pensiones un +1,6% (y un 3% las mínimas). Y los 2,5 millones de funcionarios públicos han tenido una subida del +2,25% en 2019 (más otro 0,5% en algunos casos. Además, hay otros 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y han tenido este año una subida del +22% (a 900 euros). En total, más de 22 millones de españoles que han aumentado sus ingresos en 2019, más que en 2018.


Pero además, la otra razón para que puedan consumir más no es sólo que ganan más sino que pueden comprar más con ese dinero, porque han bajado drásticamente los precios: la inflación anual estaba hace un año en el 2,3% (octubre 2018) y ahora se ha desplomado al 0,1% (octubre 2019), según el INE, la más baja de los últimos 3 años (estaba en el 0,2% en septiembre de 2016). Eso quiere decir que hace un año los precios se comían con creces las subidas de los trabajadores, pensionistas y funcionarios (menores) y ahora, apenas les afectan y pueden dedicar lo que ingresan a gastar más. Además, los tipos de interés están bajos y los bancos necesitan prestar, con lo que las familias piden más créditos (para renovar muebles o electrodomésticos o irse de vacaciones) y gastan más con tarjeta (los pagos con tarjeta crecieron un 10% en el 2º trimestre, el mayor aumento desde 2016). Y encima, hay más españoles trabajando (hay 346.300 empleados más que hace un año), que ahora pueden pensar en gastar y antes estaban en paro y sin casi ingresos.


Con todo, la clave decisiva para impulsar el consumo es la bajísima inflación en España, que es ahora mismo de las más bajas de Europa: un 0,1% el IPC y un 0,2% anual el IPC armonizado con Europa, frente al 0,7% en la zona euro y  el 0,9% de inflación anual en Alemania y Francia (octubre), según Eurostat. Una baja inflación que se debe a una causa coyuntural: la bajada de la energía (carburantes y calefacción) y la luz (-11,5% recibo octubre 2019/octubre 2018) en el último año. Pero hay otras dos causas más de fondo. Una, que hay demasiado paro y precariedad, con lo que los salarios siguen bajos y las empresas controlan sus costes laborales. Y otra causa, el auge de la economía low cost, de los productos y servicios que “tiran precios” para vender y competir. Ojo, a costa de una mayor precariedad laboral y de pagar unos bajos salarios a mucha gente. Así que bien como consumidores: todo el mundo trata de bajar precios y hacernos ofertas, lo que hunde la inflación. Pero mal como trabajadores: nosotros y sobre todo nuestros hijos trabajamos en peores condiciones (contratos, horarios, exigencias) y con peores salarios para que las empresas tiren precios.


Pero la baja inflación tiene otros problemas, además de causar una mayor precarización del trabajo. El primer problema serio de la no inflación es que desincentiva la inversión y el empleo, algo especialmente grave en un país como España con más del doble de paro que Europa (14% frente al 6,3% en la UE-28). El mecanismo es sencillo de entender: si un consumidor ve que los precios están bajos, retrasa sus compras a la espera que bajen más o por no temer que suban. Y las empresas, ven recortarse sus ventas y sus márgenes, al verse forzadas a reducir más sus precios para competir. Y con ello, ganan menos, invierten menos y no crean empleo (o lo reducen).


Otro problema serio de la baja inflación es que reduce los ingresos públicos, sobre todo el IVA, tanto porque la desaceleración (crecer menos) reduce el consumo como por la congelación o bajada de los precios (se aplica el 21% sobre un precio menor. De hecho, en los 9 primeros meses de 2019, la recaudación por IVA ha sido de 54.900 millones, sólo un 2,5% más que el año pasado y el menor crecimiento en la recaudación de este impuesto desde 2012, según la Agencia Tributaria.


Y el tercer problema que provoca la bajísima inflación es que perjudica a los que tienen deudas, porque no rebaja lo que  hay que devolver (si la inflación es alta, en realidad hay que devolver menos dinero comparado con lo que valía cuando lo pedimos). Y ese es un problema muy serio para España, porque somos uno de los países más endeudados, tanto las Administraciones públicas (debemos 1,2 billones de euros, entre el Estado, las autonomías y la Seguridad Social) como las empresas (debían 868.317 millones de euros en julio) y las familias (706.012 millones de deuda, entre hipotecas, préstamos y tarjetas). Para todos ellos, tener una inflación del 0,1% es una mala noticia.


En definitiva, que no tener casi inflación es una buena noticia como consumidores, que permite mantener un crecimiento mayor que Europa, pero es una mala noticia como trabajadores (la economía low cost y la fuerte competencia de la globalización “precarizan” el empleo y congelan los sueldos), para la inversión y el empleo, para la recaudación fiscal y para los que tienen deudas. Y al final, los expertos creen que son más los perjuicios que las ventajas de no tener inflación. De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) lleva varios años tratando de “reanimar la inflación” en la zona euro, porque saben que todo lo que sea tenerla por debajo del 2% (su objetivo: ahora está en el 0,7%) es un claro síntoma de desaceleración, de que la economía no tira, de que la recuperación es débil.


Ahora, la previsión del BCE es que la inflación se mantenga baja en Europa este año y el que viene (+1,4% en la zona euro) y más todavía en España (1,1% este año y 1,4% en 2020), según la última previsión de la Comisión Europea. Y el Gobierno Sánchez espera todavía una inflación menor, un 0,9% para 2020, lo que promete subir las pensiones. Eso permitiría ganar poder adquisitivo a trabajadores, pensionistas y funcionarios en 2020, pero habrá que ver si se mantiene la subida del consumo (parece dudoso) o más bien las familias reducen su gasto y ahorran más, por temor a otra crisis. Y en cuanto al gasto público, poco podrá hacer el próximo Gobierno, dado que Bruselas ya le ha dicho que tiene que gastar 6.600 millones menos en 2020 para seguir recortando el déficit. O se consigue recaudar más (subiendo algunos impuestos a multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos) o el gasto público no ayudará a crecer en 2020 como está haciendo en 2019.


En resumen, la bajísima inflación actual es un mal síntoma y peor para España, porque tenemos menos inflación que el resto de Europa y necesitamos seguir creciendo más para reducir la brecha de paro (tenemos más del doble)  y de riqueza (tenemos el 90% de la renta europea). Hace falta que suba la inflación, hasta el objetivo del 2%, para que ayude a las empresas a recomponer sus cuentas, invertir y crear más empleo. Es la “gasolina” que necesitamos para mantener la recuperación. Y para ello, el futuro Gobierno español y europeo (la nueva Comisión Europea tomará posesión en diciembre) tienen que tomar medidas para “reanimar” la economía y con ella la inflación. Aumentar el gasto y la inversión pública (lo que exige recaudar más de una minoría, para no disparar el déficit) y a la vez mejorar el empleo y los salarios (aumentando la productividad), para relanzar el consumo privado. Si no se hace, la inflación seguirá por los suelos y se frenará la recuperación.

Bloqueo político: 4 años perdidos

Hoy y mañana se debate en el Congreso la investidura de Sánchez, que puede no salir y abocarnos a otra votación en septiembre o a nuevas elecciones en noviembre. Pero, según las encuestas, esas elecciones valdrían para poco, porque se repetirían 2 bloques sin mayoría para gobernar. Y perderíamos otros  6 meses, cuando  España lleva 4 años de bloqueo político, desde que en octubre de 2015 se convocaron elecciones. La economía sigue creciendo, por  inercia, pero amenazan vientos en contra desde fuera (crisis comercio mundial, estancamiento UE, tipos y  petróleo al alza) sin que España haya hecho las reformas más urgentes: empleo y normas laborales, pensiones, vivienda, sanidad, educación, dependencia, desigualdad y pobreza, demografía, financiación autonomías, Ciencia y formación, digitalización, reindustrialización, inversiones públicas y lucha contra el Cambio climático. Y una reforma fiscal que permita recaudar más de los que pagan poco y gastar en lo mucho que hace falta. Problemas serios que hay que afrontar cuanto antes, con medidas pactadas. Para eso queremos a los políticos.

enrique ortega

En 2015 se acabó un periodo político de la reciente democracia española: el bipartidismo. Hasta entonces, el centro, la izquierda o la derecha habían conseguido gobernar y hacer reformas (algunas duras y nefastas), a golpe de mayorías absolutas o con acuerdos con los nacionalistas. Pero en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 (20-D), se configuró una España de cuatro partidos y dos bloques, sin mayorías claras, que han impedido gobernar y tomar medidas de fondo en estos casi 4 años de “bloqueo político”, desde que el 26 de octubre de 2015 se convocaran las elecciones  del 20-D.

El problema de fondo es que retrasar la investidura y convocar nuevas elecciones para noviembre de 2019 (las cuartas en 4 años) no va a resolver nada. Porque las últimas encuestas indican que aumentaría mucho la abstención (hasta el 32,4%) y que seguiría habiendo dos bloques sin mayoría para gobernar (176 diputados): uno de izquierdas (PSOE con algunos diputados más y Podemos con menos, 168 diputados frente a los 165 de ahora) y otro con “las tres derechas” (PP con algo más diputados, Cs con menos y Vox con la mitad que ahora, unos 149 diputados frente a los 147 de ahora). Y así, tendríamos nuevo bloqueo político en diciembre, tras haber perdido otros 6 meses más.

Y lo grave es que España lleva 4 años en este bloqueo político, desde octubre de 2015, sin afrontar los problemas de fondo, que se agravan mes a mes. La economía sigue creciendo, con la inercia de la recuperación, y la Comisión Europea nos augura un crecimiento del 2,3% para 2019, el doble que la zona euro (+1,2%) y más que Alemania o Francia (+12,2%). Pero no hay que confiarse. Primero, porque una parte de ese crecimiento ha venido de la ayuda exterior desde 2014, en forma de bajos tipos de interés y bajos precios del petróleo, más las compras de deuda del BCE. Pero ahora, el temor es que los vientos exteriores soplen de frente, por la crisis del comercio mundial (proteccionismo), el estancamiento de Europa y las subidas del petróleo y tipos. Y, sobre todo, porque España tiene una serie de problemas de fondo que exigen reformas, abandonadas desde 2015 por falta de Gobiernos estables y pactos.

El primer problema a afrontar es aprobar un Plan de choque por el empleo y contra el paro, el primer problema para los españoles, según todos los CIS. Este año 2019 se va a crear menos empleo (+350.000, frente a 566.200 en 2018 y +475.000 en los tres anteriores). Y el problema es que el 91% son empleos temporales y un tercio a tiempo parcial, casi todos mal pagados (menos de 1.000 euros netos al mes). Y la mitad de los parados llevan más de dos años en el paro y casi la mitad no cobra ya el desempleo, con lo que malviven sin perspectiva de trabajar, sobre todo los mayores de 45 años. Y los jóvenes y las mujeres sufren más la precariedad en el empleo y en los sueldos, ganando los jóvenes hoy igual que hace 20 años.

Además de volcarse en el empleo, reformando las oficinas del SEPE (que ni buscan empleo ni forman a los parados), haría falta apostar por las políticas activas de empleo, con ayudas a la contratación y reforzando la FP con los empleos que necesitan las empresas. Y conseguir una reforma laboral que reduzca la precariedad y mejore la productividad española, cada vez más alejada de Europa: somos más pobres que la UE (tenemos el 90% de su renta) porque aquí trabaja menos gente (67% de adultos 20-64 años frente al 73,2% en la UE-28 y el 79,9% en Alemania, según Eurostat) y trabajan con menos eficacia (la productividad por hora trabajada ha crecido en España un +17,5% entre 1995 y 2018 y en Europa un +37,1%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie).

El otro gran problema sin resolver son las pensiones. No se ha hecho nada desde que Rajoy y el PNV pactaron, en abril de 2018 una subida de las pensiones del 1,6% y retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (rebajar la pensión inicial en función de la esperanza de vida). La mayor subida de las pensiones (en 2018 y 2019) ha aumentado el gasto de la Seguridad Social, mientras no suben tanto los ingresos por sueldos (bajos) y cotizantes. Y así, a finales de junio, se ha batido un récord de gasto en pensiones: 9.773 millones, más casi otro tanto para la extra (19.000 millones en total), con lo que la SS ha tenido que acudir a un préstamo del Tesoro, porque “la hucha” está casi agotada. Y ya se pagan 9.733.234 pensiones (a 8,8 millones de pensionistas), con una pensión nueva más alta: 990 euros de pensión media y 1.410 euros las nuevas jubilaciones de junio.

Al final, el envejecimiento de la población está aumentando el número de pensiones y pensionistas, que cobran cada vez más porque han tenido salarios más altos. Y sin embargo, los 2,8 nuevos empleos creados con la recuperación son precarios, con bajas cotizaciones. Esto crea un déficit de la Seguridad Social  que ha sido de -18.500 millones en los últimos tres años y que podría superar los -20.000 millones en 2019.Un déficit que se agravará a partir de 2027, cuando se jubila la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975) y sobre todo para 2050 (cuando habrá 15 millones de pensiones). Por eso, urge tomar medidas desde ya, tratando de aumentar ingresos (vía cotizaciones e impuestos) y atemperar los gastos, con medidas varias: retraso edad de jubilación, computar lo cotizado en toda la vida laboral, ajustar las subidas al PIB y no sólo al IPC y rebajar algo las pensiones iniciales para asegurarlas durante más años que vive ahora el pensionista.

El tercer gran problema a resolver es la vivienda, que es, junto al empleo y los salarios, el tercer factor que provoca hoy mayor vulnerabilidad entre jóvenes y familias: hay 8,5 millones de españoles en situación de exclusión social, un 18,4% de la población, según el informe FOESSA. Una causa clave es que los alquileres se han disparado desde 2014, subiendo un 46% y alcanzando máximos históricos en 25 capitales. De hecho, 1,5 millones de españoles no pueden pagar un alquiler de mercado, según un estudio de la Fundación Alternativas. Esto ha llevado a muchas familias a la exclusión social, al tener dedicar  la mitad y más de sus ingresos al alquiler (el 40% de los excluidos viven en alquiler). Y hay 2.100.000 hogares (el 11%) que viven en situación de “exclusión residencial”: 1,3 millones en viviendas con graves deficiencias (“infraviviendas”)o sin suministros adecuados (agua, calefacción) y otros (800.000), sin contrato de alquiler, con riesgo de desahucio o con situaciones de violencia intrafamiliar.

La solución al grave problema de vivienda de millones de familias y jóvenes no pasa por limitar legalmente los alquileres (como pretenden Podemos y algunos Ayuntamientos), porque eso retraería a los propietarios a alquilar, ni por conceder 150 euros de ayuda al alquiler de los jóvenes como promete el alcalde de Madrid (terminan subiendo más el alquiler), sino aumentando la oferta de pisos en alquiler, incentivando a alquilarlas a los propietarios que las tienen vacías (bajándoles el IBI y el IRPF) y, sobre todo, ampliando el parque de viviendas públicas (VPO) en alquiler, con compras de pisos sin vender y nuevas promociones en suelo público. Porque es una vergüenza que en 2018 sólo se terminaran 5.136 VPO, según Fomento, cuando entre 1957 y 1.989 se terminaban más de 100.000 VPO al año. Es posible promover 20.000 al año y sacar al mercado otras 20.000 vacías o sin vender, unas 50.000 viviendas en alquiler más al año que tirarían a la baja de los precios.

El 4º gran problema a afrontar en España es recuperar el Estado del Bienestar, tras  recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (según Hacienda) en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. En Sanidad, habría que gastar como la media europea (el 7% del PIB, unos 12.000 millones más al año), aumentando y regularizando las plantillas de médicos y enfermeras (1/3 tienen contratos temporales), ampliar los especialistas, renovar tecnológicamente los hospitales y reducir con ello las abultadas listas de espera (584.000 españoles esperan una operación y el 43% esperan 57 días de media para ir al especialista) y las enormes diferencias de servicio entre autonomías. En Educación, urge un Pacto educativo para gastar también como europeos (el 5% del PIB, 11.200 millones más al año) y para reformar a fondo la educación, desde infantil a la universidad, para reducir los repetidores (1 de cada 3 estudiantes), el fracaso escolar (18,3%) y el elevado paro de los jóvenes (35% los menores de 25 años).

En Dependencia, la atención a mayores y discapacitados ha sufrido serios recortes (-4.600 millones entre 2012 y 2017) y el resultado es que, en junio de 2019, junto a 1.083.329 dependientes atendidos (la mayoría, con servicios “low cost”, no en residencias), hay todavía 256.821 dependientes en lista de espera, con derecho reconocido pero sin recibir ningún servicio o ayuda, porque su autonomía no tiene recursos. Y lo grave es que la mayoría son ancianos muy mayores, con lo que 80 dependientes mueren cada día sin recibir la ayuda a la que tienen derecho, según los Directores de Servicios Sociales. En cuanto a los servicios sociales, el gasto en 2018 (1,57% del PIB) fue 2.300 millones menos que en 2010 (1,68% del PIB), con grandes desigualdades entre la cuantía y la calidad de la atención social en Castilla y León, País Vasco o Navarra (las mejores) y Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias (las peores), según los Directores de Servicios Sociales. Y urge relanzar las ayudas a la familia y a la natalidad, para frenar nuestro “suicidio demográfico”

Otra 5ª prioridad, que lleva años esperando, es un Plan integral contra la pobreza y la desigualdad social, que han aumentado con la crisis. España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad entre 2008 y 2017 y el 4º país más desigual de Europa, tras Bulgaria, Ucrania y Letonia: el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total (55,3%), más que el 90% restante (que se lleva el 44,6%), según Intermón Oxfam. Y el 1% más rico acapara más riqueza (24,42%) que el 50% más pobre (7,20%). Eso lleva a que España tenga más pobreza que antes de la crisis: el 26,6% de la población (12.338.187 españoles) están en riesgo de pobreza, según el indicador europeo AROPE, sobre todo parados, inmigrantes y mujeres solas con niños (+50% son pobres). Y 1 de cada 3 menores de 16 años están en situación de pobreza: 1.400.000 niños pobres, según Save the Children.

Una 6ª prioridad que no puede esperar más (el clima, la sequía y los incendios nos lo “gritan”) es la lucha contra el Cambio Climático, donde España tiene una posición de partida peor que el resto de Europa, porque somos el 3º país europeo que más ha aumentado sus emisiones de efecto invernadero entre 1990 y 2017: un +17,9%, sólo superado por Chipre (+57,8%) y Portugal (+19,5%), mientras el conjunto de la UE las reducía un -23,5%. Y además, porque si hay un país que sufre y sufrirá más el Cambio Climático es España, junto a la Europa del sur. El Gobierno Sánchez envió a Bruselas, a finales de febrero de 2019,  el Plan español, considerado por los expertos como uno de los más ambiciosos. En esencia, propone suprimir el uso del carbón en 2030, reducir las nucleares y contar con un 42% de energías renovables para 2030, además de reducir el uso del diesel y la gasolina en los transportes (plantea suprimir los coches de combustión a partir de 2040).

En paralelo a la reconversión hacia una economía más limpia, la energía debe ser la 7ª prioridad a afrontar en los próximos años, con el doble objetivo de conseguir una energía más limpia y más barata, en especial la electricidad: hoy España tiene la luz para uso doméstico un 43,8% más cara que Europa (0,187 €/Kwh frente a 0,130 €) y la luz industrial un 32,4% más cara (0,094 €kWh frente a 0,071 € la UE-28), según Industria. Y eso se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar a Sánchez, no han sido capaces de imponer una auditoría  y recortar a las eléctricas los costes que nos cobran de más en el recibo (un tercio).

Otra 8ª prioridad debería ser apostar por la Ciencia y la tecnología, tras años de recortes en I+D+i (-21.728 millones desde 2009), traducidos en abandono de proyectos y fuga de investigadores. España es uno de los paises que menos gasta en Ciencia (1,20%  del PIB en 2017 frente al 2,07% de la UE-28, el 3% de Alemania o el 3,30% de Suecia) y estamos en el puesto 17º del ranking europeo de innovación, según la Comisión Europea. Y además de gastar poco, lo gastamos mal, porque el 60% del Presupuesto es vía créditos que no se piden (hay Universidades y Centros que tienen prohibido endeudarse más), con lo que en 2018 sólo se gastó el 46,8% del Presupuesto en Ciencia (3.278 de 7.003 millones). Y en paralelo, las empresas gastan poco en tecnología e innovación.

La 9ª prioridad de futuro debería ser modernizar la economía, apostando más por la industria (en España aporta el 16% del PIB frente al 17,5% en la UE-28 y el 23,2% en Alemania), que aporta empleo más estable, la exportación,  las inversiones públicas en infraestructuras, agua y medio ambiente, la innovación y la digitalización, buscando aumentar el tamaño de las empresas (tenemos demasiadas pymes, menos eficientes que las grandes empresas)  y mejorando la productividad, con una mayor apuesta por la formación y la mejor organización de las empresas, fomentando la participación en la gestión del día a día.

Y por fin, la 10ª gran tarea pendiente: una nueva reforma fiscal, para conseguir recursos suficientes para afrontar las tareas anteriores. El gran problema de España, y por el que tenemos todavía el 4º mayor déficit público de Europa (el 2,48% en 2018, tras 2,5% Francia, 2,1% Italia y 4,8% Chipre), no es que gastemos más (gastamos menos: un 41,3% del PIB frente al 45,6% que gasta la UE-28) sino que ingresamos mucho menos que el resto de Europa, según Eurostat. Así, en 2018, España recaudó el 38,9% del PIB, mientras los paises europeos recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso significa que recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que la media europea, 89.410 millones menos que los paises euro y 177.612 millones menos que Francia. Pongamos 80.000 millones menos de ingresos, que darían para reducir el déficit y gastar más en lo que hace falta.

Así que el gran reto del próximo Gobierno no es hacer más recortes, como ya pidió la Comisión Europea en junio (15.000 millones de “ajuste” entre 2019 y 2020 para seguir bajando el déficit), sino recaudar más, en línea con Europa. Y para ello, hay que aumentar la recaudación en el IRPF (reduciendo deducciones, que benefician a los ingresos más altos) y en el IVA (quitando tipos reducidos al 10% sin justificación, como hoteles y restaurantes), en los impuestos verdes (subiendo impuestos al gasóleo y gasolina, menores que en Europa), y, sobre todo, aumentando el impuesto de sociedades a los bancos, grandes empresas y multinacionales, así como a los más ricos, que pagan menos de lo que deben. Se trata de hacer una reforma fiscal donde el 95% paguemos igual o menos y un 5% pagarán más. Y reducir el fraude fiscal y cobrar a los que evaden. Medidas de las que no quieren hablar las tres derechas, que prometen bajar impuestos, cuando el camino es recaudar más.

Son bastantes retos, muy importantes, donde apenas se ha hecho nada en los últimos 4 años de bloqueo político y Gobiernos débiles. Y son reformas que exigen pactos, acuerdos y consensos, con recursos suficientes y tiempo, sin politiqueos egoístas, buscando mejorar la vida de los ciudadanos y ser un país más eficiente, más moderno y socialmente más justo. Es lo que necesitamos los españoles. Para eso queremos a los políticos. No para llevarnos a bloqueos políticos que agravan los problemas y retrasan las soluciones.

Rajoy y las pensiones: el que venga detrás...

Las pensiones han sido moneda de cambio para que Rajoy asegure la Legislatura: a cambio de los 5 votos del PNV, acepta subir todas las pensiones un 1,6% este año y en 2019, algo que consideraba “imposible” hasta ahora. Y lo más importante: retrasa hasta 2023 la reforma (recortes) que impuso en 2013, “para asegurar el futuro de las pensiones”. Dos “parches” que no afrontan el problema de las pensiones, cuyo déficit se agravará si no se toman medidas. La fundamental: no hacer más recortes sino conseguir más ingresos, entre 20.000 y 50.000 millones extras a 20 años, con ahorros, más cotizaciones y más ingresos fiscales, sobre todo de los que menos pagan (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). España recauda 81.000 millones menos al año que Europa y así no hay quien financie las pensiones ni lo demás. Urge dejarse de “politiqueos” con las pensiones y afrontar una reforma de fondo. Porque si no, la solución será peor después.

enrique ortega

“Me veo una vez más obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto. Porque es muy fácil decir: suba las pensiones, ¿cuánto?, lo que quiera. Pero si luego no hay recursos para pagarlo, lo que estaremos es tomando el pelo a la gente”.
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Mariano Rajoy. Bruselas, 23 febrero 2018

Así pensaba Rajoy hasta hace poco: no se pueden subir más las pensiones. No salen las cuentas. Pero de repente salen: cuando el PNV le ofrece apoyar sus Presupuestos, este año y el que viene, y salvarle la Legislatura. Entonces sí hay dinero: 3.300 millones extras a gastar en las pensiones este año (1.500 millones más de lo dicho) y el que viene (1.800 más), para que todas las pensiones suban lo que el IPC, un 1,6% en 2018 y en 2019, a cobrar con efecto retroactivo desde enero de este año (unos 10 euros extras al mes, de media). Además, se mantiene la subida ya prevista del 3% para las pensiones mínimas (600 millones de gasto extra) y la subida de la base reguladora (del 52 al 56%) de las pensiones de viudedad (otro gasto de 400 millones). En total, 2.500 millones de gasto extra en pensiones en 2018 (y 2.800 en 2019) que hace unos días eran “imposibles”.

Pero hay más. El acuerdo del PP con el PNV, para que le apoye los Presupuestos 2018 con sus 5 diputados, tiene una cláusula de más calado que este dinero extra para las pensiones: se retrasa de enero de 2019 a enero de 2023 (4 años) la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una reforma que el Gobierno Rajoy aprobó en 2013 para tratar de frenar el importe de las futuras pensiones y recortarlas, hasta un 30% para 2050. En su momento, el Gobierno del PP “vendió” esta reforma como un cambio necesario “para asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones”: como los españoles vivimos más años, se trataba de rebajar el importe inicial de las nuevas pensiones, ya que las íbamos a cobrar más años. Según algunos cálculos, eso supondría rebajar desde 2019 todas las nuevas pensiones un porcentaje cada año, de tal manera que serían un 29,8% más bajas para 2050 (la nueva máxima pasaría de 2.561 euros a 1.797 euros y lo mismo las demás.

Ahora, Rajoy tira por la borda su reforma y las nuevas pensiones no se ajustarán hasta 2023. Rajoy ha apostado por salvar esta Legislatura y “el que venga detrás que arree”…No es que los recortes del “factor de sostenibilidad” fueran la solución  al grave problema de las pensiones (la clave está en aumentar los ingresos de sistema de pensiones, no en recortar los gastos), pero el Gobierno Rajoy sí lo creía y lo defendía… hasta que le ha tocado elegir entre mantenerse en el Gobierno o sanear las cuentas de las pensiones. Y con las elecciones de 2019 y 2020 por delante, no quiere perder el voto de casi 9 millones de pensionistas.

Pero es todo un parche para salir adelante ahora, sin preocuparse del futuro. Y además, un parche pactado entre Rajoy y el presidente del PNV, al margen del Parlamento y de donde tiene que pactarse la reforma de las pensiones, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (47 miembros). Y como todo parche, no afronta una reforma en profundidad del sistema de pensiones, reforma pendiente desde que se renovó el Parlamento en 2016 (y antes). De momento, Montoro sólo ha lanzado “globos sonda”, como que el gasto extra en pensiones (los 1.500 millones nuevos pactados con el PNV, no los 2.500 millones más presupuestado en 2018) van a salir de “un nuevo impuesto” que quiere poner a las tecnológicas (Google, Apple o Amazon), algo difícil de aplicar en un solo país y que la Comisión Europea estudia pero que está aún “muy verde” para que permita ingresar más este año (y serían sólo 600 millones, frente a 2.500 millones de gasto extra).

El Gobierno Rajoy trata de “ganar tiempo” y no afrontar una reforma a fondo de las pensiones, algo que tampoco agobia a “la oposición”, mientras millones de españoles están muy preocupados por sus pensiones. Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones. Ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para 2018, los expertos creen que se mantendrá en 17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (somos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.396 euros las nuevas en marzo 2018). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizaban (antes del pacto con el PNV) un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 50% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016), frente al 13,3% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7% del PIB), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7%), según Eurostat . Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que el dinero extra se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra vía es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medio ambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones. Y todavía quedaría, para mejorar la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas y bancos, multinacionales y los más ricos.. Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino un resumen de las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y sin politiqueos. Y sabiendo que cuanto más se tarde en conseguir nuevos ingresos, más fácil será que nos impongan recortes más duros. No pidamos sólo subidas de las pensiones. Exijamos que pacten reformas de fondo ya para asegurar el futuro de las pensiones. No pierdan más tiempo. 

Pensiones y el órdago de los Presupuestos 2018

Mañana 3 de abril, el Gobierno presenta los Presupuestos 2018, sin apoyos para aprobarlos. Un órdago de Rajoy al PNV y al PSOE, con un chantaje claro: a ver si os atrevéis a no apoyar unos Presupuestos que dan “caramelos” a los jubilados, funcionarios, autonomías y familias. Son, una vez más, “trucos”: las ayudas a pensionistas suponen 10 euros de media al mes para 6,7 millones y los funcionarios, autonomías o familias apenas se llevan un pellizco de lo mucho que les han recortado. Y todo el gasto social, desde las pensiones a sanidad o educación, crece menos que la economía. Porque el Gobierno vuelve a recortar el déficit, hasta el 2,2% del PIB, más que Francia o Italia, aunque tengamos el doble de paro. Es un Presupuesto electoralista, con muchas “trampas”, que no consolida la recuperación ni el empleo y no corrige la desigualdad y la pobreza. Habría que recaudar 40.000 millones más (se puede) y gastar mucho más en lo necesario, no repartir “caramelos” electoralistas que a nadie engañan.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy aprobó en diciembre la prórroga para 2018 de los Presupuestos 2017, como ya hizo en 2017, prorrogando los de 2016 antes de que aprobara, en junio de 2017, unos Presupuestos para medio 2017. Pero en enero, el ministro Montoro empezó a decir que el Gobierno quería aprobar unos Presupuestos para 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis de Cataluña. Y lanzó un doble chantaje al PSOE: los Presupuestos eran la garantía de una mayor subida para los funcionarios (como querían los sindicatos) y de mayores recursos para las autonomías (escasas de fondos y muchas gobernadas por el PSOE). Pero no consiguió apoyos. Y en esto, los pensionistas se lanzan a las calles y el Gobierno Rajoy ve una posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: calmar a los pensionistas con algunas subidas y meter estas mejoras en los Presupuestos, para forzar a los demás partidos (sobre todo al PNV y al PSOE) a apoyarlos.

Y así, el Gobierno aprobó el viernes 27 de marzo unos Presupuestos en solitario, apoyados sólo por Ciudadanos y sin el apoyo de los grupos canarios y el PNV, imprescindibles para  sacarlos adelante (como hizo en 2017). Es un órdago en toda regla, que juega con 4 cartas marcadas incluidas en estos Presupuestos 2018: ayudas extras a los pensionistas, los funcionarios, las autonomías, las familias y los jóvenes. “Son unos Presupuestos que benefician a todo el mundo y los que no los apoyen tendrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros.

El primer “caramelo” de estos Presupuestos 2018 son las ayudas a los pensionistas. Se trata de una subida extra, con efectos desde el 1 de enero, para 6.730.000 pensionistas (dos tercios del total), que varían según su pensión: un 3% para las pensiones mínimas (2.400.000) y las no contributivas (450.000), un 2% a las viudas (500.000), un 1,5% para las pensiones de menos de 700 euros (1.500.000 pensionistas) y un 1% de aumento para las pensiones de 700 a 860 euros (1 millón). En total, el “caramelo” supone un gasto extra de 1.000 millones de euros, lo que, repartido entre los 6,73 millones de pensionistas beneficiados da… 148 euros por pensionista, o sea unos 10 euros más que van a cobrar en 14 pagas este año 2018… si se aprueban los Presupuestos. Y para casi la mitad, la subida del 1,5% o menos se la comerá la inflación prevista (1,5%). El tercio restante de pensionistas, casi 3 millones, no reciben nada nuevo, sólo la mísera subida del 0,25% aprobada antes.

El segundo “caramelo” de los Presupuestos se dirige a los 2,5 millones de funcionarios, a los que ya no les subirán el sueldo un 1%, como en 2017, sino un 1,75% en 2018, tras un pacto con los sindicatos que contempla una subida del 6,9% al 8,79% entre 2018 y 2020. Pero al final, la mayoría de los funcionarios cobrarán unos 50 euros más de media cada mes y la inflación (1,5%) se llevará la mayor parte de la subida, tras haber perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010. Además, el Presupuesto incluye otra extra para la Policía Nacional y los guardias civiles: en 3 años cobrarán lo mismo que los Mossos d´Escuadra, aunque este año sólo se paga una parte (500 millones) y se deja el grueso (701 millones) para 2019 y 2020.

El tercer “caramelo” son 4.230 millones más de aportación del Estado a las autonomías, no porque Montoro se sienta “espléndido”  sino porque se prevé recaudar más y las autonomías se llevan entonces más en su reparto de los impuestos. Un dinero que llevan varios meses esperando, ante la falta de un Presupuesto, y con el que el Gobierno presiona a las autonomías socialistas, muy necesitadas de estos fondos, tras 6 años de recortes y sin que Rajoy haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, como prometió en 2016.

El cuarto “caramelo” son rebajas fiscales varias y ayudas a la familia y a los jóvenes, un “caramelo” que quiere apuntarse Ciudadanos y que cuesta unos 2.000 millones de euros en el Presupuesto 2018. Por un lado, se sube el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, con lo que 3.500.000 españoles no tendrán ya que declarar IRPF (1 millón de ellos, pensionistas). Además, pagarán menos Renta los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Por otro, se dan deducciones fiscales a familias  para guarderías (hasta 1.000 euros anuales) y a familias con dependientes, ampliando los permisos de paternidad de 4 a 5 semanas. Y al margen del tema fiscal, el Presupuesto 2018 incluye el pago de 430 euros a los jóvenes que trabajen y se formen, aunque esto lo pagan los Fondos europeos, no Montoro. Y también se “vende” que estos Presupuestos aumentarán el gasto en becas, Dependencia y Ciencia, un “pequeño caramelo” tras los drásticos recortes hechos entre 2012 y 2016.

En principio, estos “caramelos” del Presupuesto 2018 “suenan bien”, deberían gustar a todo el mundo, aunque sean insuficientes. El problema es que “esconden” la otra parte del Presupuesto, el resto de los gastos, que suben muy poco o nada. Y eso porque este Presupuesto 2018 es otro Presupuesto de ajuste, el 7º de Rajoy, se venda como se venda (“son los Presupuestos más sociales de la historia del PP”, dicen en Génova). Y eso porque el gran objetivo es reducir otra vez el déficit público, del 3,07% en que cerró en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas en 2018. Eso significa, a lo claro, que la diferencia entre gastos e ingresos públicos se reducirá otros 10.000 millones en 2018.

¿Cómo se puede a la vez gastar más en “caramelos” y otras partidas y a la vez rebajar el déficit público, reducir el agujero de las cuentas públicas? Pues creciendo más , recaudando más y gastando poco. Por un lado, Rajoy ha subido el crecimiento previsto en 2018 del 2,3 (octubre) al 2,7%, con lo que espera ingresar 12.000 millones más en 2018 (algo "increíble", según los técnicos de Hacienda GESTHA). Y además, va a subir el gasto en la mayoría de las partidas menos del crecimiento nominal de la economía, menos del 4,2% (2,7% del PIB+1,5% inflación), para poder recortar el déficit.

Así, nos venderán subidas en casi todo, pero inferiores al 4,2%, con lo que en realidad esas partidas de gasto pierden peso. Un ejemplo, las pensiones: el gasto crece año tras año y en 2018, pero el peso del gasto en pensiones está cayendo: en 2013, España gastaba un 10,6% del PIB en pensiones y en 2017 gastamos un 9,9%. Menos, aunque sean más euros. Y lo mismo pasa en sanidad (baja gasto del 6% del PIB en 2017 al 5,8% en 2018), educación (baja del 3,9% al 3,8%) y gastos sociales (bajan del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en 2018): llevan años creciendo el gasto menos que la economía, perdiendo peso y deteriorándose así el Estado del Bienestar en España. Otro ejemplo: en Dependencia, el Presupuesto 2018 sube sólo 46 millones (fueron +100 millones en 2017), casi los que se dejaron de gastar en 2017 (44 millones) porque las autonomías no pudieron poner su parte (ahora tendrán que poner 184 millones en seis meses y como no podrán, tampoco esos 46 millones extras se gastarán), según denuncian los Directores de Servicios Sociales.

Así que el Gobierno Rajoy no sólo echa un órdago a los demás partidos con el Presupuesto 2018 sino que hace de “trilero” con las cuentas: sube unas partidas ostensiblemente, para frenar protestas con pequeñas mejoras en vísperas de las elecciones 2019, y aumenta poco otras, para poder seguir recortando el déficit público por debajo del 3%, algo difícil y sin sentido. Difícil, porque el Banco de España no se cree que el Gobierno rebaje el déficit este año al 2,2% (creen que será del 2,5%), como tampoco Bruselas (creen que será del 2,4%). Y eso porque Montoro siempre exagera al hacer el Presupuesto y contempla más recaudación de la que luego consigue, con lo que ningún año ha cumplido el déficit (salvo en 2017). Y además, es un esfuerzo sin sentido porque, inicialmente, el tope del déficit para los países euro es del 3%. Y hay países como Francia e Italia que han hecho un Presupuesto 2018 con una previsión de déficit del 2,6%. ¿Tiene sentido que España se sacrifique en tenerlo más bajo cuando tenemos menos renta, más pobreza y desigualdad y el doble de paro? No, salvo para que Rajoy presuma “de rigor” ante los fundamentalistas del déficit de Bruselas.

El problema de fondo de estos Presupuesto 2018 no son los “caramelos” que incluye para forzar a apoyarlos. La clave es que no son los Presupuestos que necesita España. Básicamente, porque hacen falta unas cuentas públicas que consoliden la recuperación y el empleo, que permitan crecer más en un año en que no tendremos “ayuda externa” como en el pasado, porque están subiendo el petróleo, el dólar y los tipos, que juegan en nuestra contra. Lo que la economía necesita no son más recortes ni gastos “maquillados”, sino un impulso desde los Presupuestos, con más gasto en lo que nos hace falta: un Plan de choque contra el paro (5.000 millones), un Plan de empleo para los jóvenes (3.000 millones), una mayor financiación de las pensiones (25.000 millones, para tapar los 17.000 millones de déficit y permitir unas subidas dignas), una recuperación de la sanidad, la educación y la Dependencia (con 10.000 millones más de gasto mínimo), un Plan contra la pobreza (2.000 millones) un empuje a la Ciencia y a la industrialización (2.000 millones) y un programa de inversiones públicas (3.000 millones) que modernice infraestructuras y potencie la inversión privada. En total, unos 50.000 millones extras, no los pequeños “caramelos” que nos venden ahora.

Y estos gastos se pueden afrontar, en dos años, si los Presupuestos afrontaran su principal reto: recaudar más. El gran problema de España, como insisten los expertos, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, es que tiene muchos menos ingresos públicos que el resto de Europa: en 2018, según datos de Bruselas, recaudaremos un 38% del PIB mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recaudará este año 72.000 millones de euros menos que la media europea. Una cifra que permitiría gastar mucho más. Y recaudamos menos, según la Comisión Europea, porque recaudamos menos por IVA (demasiadas excepciones al 21%), por carburantes (Montoro se niega a subir impuestos al gasóleo, por le pide Bruselas), por impuestos medioambientales, por IRPF (demasiadas deducciones) y por sociedades (demasiadas exenciones).

No se trata de subir los impuestos a la mayoría que ya pagamos (asalariados, pensionistas y familias pagan el 83% de los impuestos) sino de reducir el fraude fiscal y subir los impuestos a los que pagan poco (“legalmente”): grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Pero de esto no quieren oír hablar el PP y Ciudadanos, que se pelean por ver “quien baja más los impuestos”. Y lo que hace falta es subir la recaudación, acercarla a niveles europeos, no bajarla. Porque sólo recaudando más se puede gastar más y hace mucha falta hacerlo para que la recuperación llegue de verdad a la mayoría. Y para que las mejoras a los pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias sean de verdad y no "cosméticas", con reformas de fondo que no se afrontan, como la de las pensiones o la reforma fiscal. 

Ya tenemos Presupuestos 2018 y a finales de abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, se verá si salen adelante (con “caramelos” de verdad para vascos y canarios: cupo, inversiones AVE, recortes tarifa eléctrica industrias, régimen especial canario, inversiones y ayudas al transporte)  o si se devuelven al Gobierno, que podría entonces aprobar las mejoras a pensionistas, funcionarios, autonomías y familias con varios Decretos-leyes, como ha hecho otras veces. Pero se habrá perdido una oportunidad  de oro para debatir y aprobar unos Presupuestos que de verdad ayuden a la economía y no busquen votos. Unas cuentas públicas que consigan más ingresos públicos y los gasten en lo que hace falta. Unos Presupuestos que consoliden la recuperación y apuesten por un país menos desigual y más justo.