Renta 2026: más declaraciones a pagar

Queda hasta finales de junio para presentar la declaración de la Renta, por los ingresos de 2025. Este año, aumentan los contribuyentes que les sale a pagar (+1,64 millones que en 2025) y además pagarán más (+5.535 millones), porque hay más gente trabajando y han subido los sueldos, dividendos y plusvalías de Bolsa y de la venta de viviendas. También porque Hacienda no descuenta la inflación en tramos y tipos. La Renta se consolida como el principal impuesto (43,78% de la recaudación)  y la pagan sobre todo los que viven de un trabajo o pensión, principalmente las clases medias y medias altas. Con todo, no es verdad que “vivamos en un infierno fiscal”, como reitera Feijóo: el porcentaje del salario bruto que se llevan impuestos y cotizaciones es mayor que en la OCDE pero menor que en Alemania, Francia e Italia. Y España sigue recaudando porcentualmente menos que Europa. Por eso, si queremos mejorar los servicios públicos, algunos (los más ricos, inversores y empresas) tendrán que pagar más.

                               Enrique Ortega

Esta primavera de 2026, Hacienda espera recibir 25.251.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2025, un +2,1% que en 2025. La novedad es que bajan las declaraciones negativas, con derecho a devolución (serán 15.706.000 declaraciones, 1,36 millones menos que el año pasado, -1,8%) y suben mucho las declaraciones positivas, en las que sale a pagar: se esperan 7.709.000 declaraciones, 1,64 millones más que en 2025 (+10,3%). Las razones son varias: hay más gente viviendo y trabajando en España y a muchos de estos declarantes les han subido los sueldos y en algunos casos, los dividendos que perciben (+12,7% en 2025) y las plusvalías por la subida de la Bolsa (+49,27% en 2025) y por la venta de viviendas (que subieron el 12,7%). Ahora lo que se paga con la declaración no es todo el IRPF, sino la parte que “queda pendiente” tras las retenciones mensuales en 2025, con lo que el pago neto de los contribuyentes (pago positivas menos ingreso negativas) será un saldo positivo para Hacienda de 11.357 millones (19.093 el año pasado).

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo las deducciones por obras en viviendas para reducir el consumo energético, así como por la compra de vehículos eléctricos o por instalación de postes de recarga, más la deducción (hasta 340 euros) para los que ganen menos de 18.276 euros y los ajustes a los que ganan el salario mínimo (SMI). Eso sí, hay que destacar que Hacienda enviará este año 3,5 millones de “avisos” preventivos para alertar de sus obligaciones fiscales a los que tienen criptomonedas (1,2 millones de avisos), a los que obtienen rentas en el extranjero, a los que venden cantidades destacadas en plataformas digitales (como Wallapop o Vinted: 437.000 avisos más) o los que tienen un piso en alquiler no declarado (avisos a 867.000 propietarios…).

Las mayores novedades de la Renta siguen estando en la mitad que gestionan las autonomías. Sigue habiendo una gran diferencia regional en el tipo mínimo (9,5%), que sólo mantienen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia) y que han rebajado el resto, mientras el tipo máximo autonómico (24,5%) lo mantiene sólo Cantabria, subiéndolo 8 autonomías (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, la Rioja y Comunidad Valenciana, con el tipo más alto, 29,5%) y bajándolo otras 6 (Castilla y León, Galicia, Castilla la Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid, con el tipo máximo más bajo, 20,5%). Tipos que se suman al tipo mínimo (9,5%) y máximo (24,5%) estatal.

Además de que las autonomías compiten entre ellas con unos tipos del IRPF al alza o a la baja, también difieren en las deducciones que aplican, muy diferentes entre ellas. En esta declaración a presentar en 2026, hay deducciones autonómicas muy llamativas: un 15% de la cuota del gimnasio, con 100 euros máximo (Andalucía y Murcia), un porcentaje del gasto veterinario en mascotas (Andalucía y Murcia), a los celíacos (Asturias), por gastos en dentistas (hasta 150 euros de deducción) y oculistas, así como por estudios musicales, hasta 150 euros (las 3 deducciones en la Comunidad Valenciana), ayuda para material escolar (Galicia),para gastos de guardería o mudanza entre islas (Canarias), por ahorro para previsión social (País Vasco) o para compra de vivienda (Castilla la Mancha), para compensar los gastos de una ocupación de vivienda (en Baleares), para bonificar los trabajos en el campo de nuevos residentes (La Rioja) o para incentivar a los que vengan de otras regiones (una deducción nueva este año en Extremadura y Cantabria).

Con tipos autonómicos distintos y diferentes deducciones, los españoles pagan un IRPF diferente según donde vivan, según demuestra este estudio de los economistas asesores fiscales (REAF). Un soltero sin hijos que ingrese 20.000 euros pagará de Renta 1.772 euros al año en todas las regiones, salvo en Navarra (1.200 euros) y País Vasco (0 euros).Si gana 30.000 euros, la horquilla varía entre 4.958 euros que paga en Cataluña (4.926 en Castilla la Mancha) y 4.495 en el País Vasco, 4.582 en Navarra y 4.598 en Madrid. Para 45.000 euros, vuelve a ser Cataluña donde más de paga (9.684 euros), seguida por Extremadura (9.653) y menos en el País Vasco (8.626) y Madrid (8.881). Para 70.000 euros de ingresos, el mayor pago hay que hacerlo en Extremadura (19.365 euros) y Cataluña (19.097), siendo el menor en el País Vasco (34.724) y Madrid (35.000 euros). Y a partir de 110.000 euros de ingresos anuales, el reparto se repite: pagan más los contribuyentes (ricos) que viven en la Comunidad Valenciana y los que menos quienes viven en Madrid (ahí, “los más ricos” pagan de Renta entre 7.000 y 46.000 euros menos que en la Comunidad Valenciana: ver cuadro).

El IRPF se consolida en España como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios: en 2025, Hacienda recaudó con la Renta 142.466 millones de euros, casi la mitad (el 43,78%) de toda la recaudación fiscal en España (325.356 millones), un peso que ha ido en aumento tras la pandemia (el IRPF suponía el 40,83% de toda la recaudación en 2019). Y la recaudación por Renta ha crecido un +64% desde 2019 (cuando ingresó 86.892 millones), el 2º mayor aumento de ingresos de todos los impuestos, sólo por detrás del impuesto de Sociedades (cuya recaudación ha crecido un +78% desde 2019 porque entonces las empresas pagaban muchos menos impuestos y ahora ganan más). Muy lejos del IRPF quedan la recaudación del IVA (99.532 millones en 2025), la de Sociedades (42.266 millones) y los impuestos especiales (23.083 millones por carburantes, tabaco y alcohol), los 4 principales impuestos que pagamos cada día y cada año.

Este fuerte tirón de la recaudación por el IRPF tras la pandemia se debe a varios factores:  más población residente y trabajando (+2.496.400 ocupados que en 2019), con mayores sueldos (han subido +16,66% en estos 6 años) y con unos ingresos extras para muchos declarantes que ahorran e invierten (generando plusvalías), desde los que cobran dividendos (42.671 millones cobrados en 2025, la cifra máxima en once años) a los que invierten en Bolsa (2,4 millones de familias, el 12% de los hogares) o los que compraron una vivienda y la han venido (+62% ha subido desde 2019) o alquilado (+47% subieron los alquileres). Todo ello explica que la recaudación por IRPF se haya disparado tras la pandemia y especialmente en 2025 (+10,1%), lo que ha aumentado las declaraciones positivas este año.

Y hay otra razón muy importante, que explica parte de la mayor recaudación por IRPF: Hacienda no deflacta los tramos ni la tarifa del IRPF, lo que significa que ganamos más cada año por la inflación, aunque se coma parte del poder adquisitivo. Y eso se traduce en contribuyentes que saltan de tramo de la renta, que pagan un tipo más alto que años anteriores. El PP lleva años pidiendo al Gobierno que “deflacte” la tarifa, que descuente de nuestros ingresos lo que ha crecido la inflación. Y lo ha aplicado en las 11 autonomías que gobierna, aunque lo hizo en años anteriores, porque las autonomías “populares” no han deflactado la tarifa ni en 2025 ni en 2026.

Hacienda rechaza deflactar la tarifa, argumentando que esa medida “favorece más a los más ricos” y que las medidas fiscales adoptadas en los últimos años por el Gobierno han rebajado más a las rentas bajas que deflactarles la tarifa. En cualquier caso, los expertos de AIReF estiman que Hacienda recauda 10.000 millones “extras” al año por no deflactar la tarifa de la Renta, algo que pagamos todos, pero unos más que otros. Así, un declarante que ingresa 25.000 euros paga un extra por no deflactar la tarifa de 250 euros (Extremadura) a 263 euros el año (Comunidad Valenciana). Uno que declara 30.000, paga de más entre 337 euros (Madrid) y 352 (Extremadura). Uno que ingresa 45.000 paga un extra de 522 euros (Madrid) a 533 (Extremadura). Quien ingrese 75.000 euros, paga entre 750 euros de más (Baleares) y 769 (Comunidad Valenciana). Y los contribuyentes de 400.000 euros pagan extra entre 2.134 euros (Madrid) y 2.163 euros (Comunidad Valenciana). Como se ve, hay grandes diferencias.

Un problema que tiene el IRPF, frente a otros impuestos, es que la mayoría lo pagan los que viven de un sueldo a de una pensión, (el 90,8 % de todas las declaraciones son de rendimientos del trabajo). que además son los más fáciles de controlar por Hacienda que los ingresos que declaran los que tienen ahorros o inversiones (lo incorporan el 40% de las declaraciones), los que obtienen ingresos de inmuebles (otro 38% declaraciones) y los que declaran actividades económicas (empresarios y autónomos, 12,5% declaraciones). Y muchas de las personas con grandes patrimonios no declaran en el IRPF, porque utilizan sociedades e intermediarias (SICAV) para canalizar sus pagos fiscales (reducidos).

Con todo, los que declaramos en el IRPF pagamos más cada año, por esos mayores ingresos que no notamos por la inflación. Así, el tipo medio de las declaraciones ha saltado del 12,7% de media sobre ingresos que pagábamos en 2019 al 14,4% en 2024 y al 16,2% de 2025, según la Agencia Tributaria. Un pago de la Renta que recae sobre todo sobre las personas de ingresos medios y medios altos, según los últimos datos de Hacienda, de la Declaración de 2023: los que declaran ingresos entre 30.000 y 60.000 euros (22,02% declarantes) pagan el 37,54% del IRPF, una media de 8.370 euros por declarante. Y los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,88% del total) pagan el 24,19% del IRPF, 24.317 euros de media. Así que entre ambos grupos (de 30.000 a 150.000 euros, el 26,9% de declarantes) pagan casi dos tercios del IRPF. Y la mayoría de contribuyentes, los que ingresan menos de 30.000 euros (el 67% de declarantes) pagan sólo el 20,31% del IRPF, una media de 190 a 3.761 euros.  Y la minoría que gana más de 150.000 euros (175.665 contribuyentes, el 0,73% del total) pagan el 17,97% del IRPF, entre 81.586 y 543.472 euros…

Visto así, queda claro que en el IRPF pagan más los que más tienen. Pero estos datos esconden un grave problema, nuestros impuestos en general no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (españoles (el 78,9% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso pasa porque el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías).Y a que los más ricos utilizan empresas e “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

Otro mito que circula en el imaginario popular es que “en España pagamos más impuestos que en otros paises”, una idea agravada con la última consigna de Núñez Feijóo: “España es un infierno fiscal”. Algo que es sencillamente mentira: la presión fiscal en España en 2024 (ingresos tributarios más cotizaciones sociales) es del 37,3% del PIB, lejos de la media de la UE-27, que es el 40,4%, según Eurostat. Y si miramos “la cuña fiscal”, el porcentaje del salario bruto que pierden los trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, es en España el 41,4%, más que la media de la OCDE (35,1%), pero menos de lo que pierden los trabajadores de Alemania (49,3%), Francia (47,2%), Italia (45,8%) o Bélgica (52,5%).

Lo que sí es preocupante para España, aunque nunca lo diga Núñez Feijóo, es que recaudemos muchos menos ingresos que otros paises en relación a nuestro PIB, algo que pasaba hace una década (40% del PIB entre 2017 y 2021, frente al 46,3% que recaudaba la UE-21) y que pasa ahora: España recaudó en 2025 una cifra récord, pero suponía el 42,8% del PIB, otro año por debajo de la UE-27 (recaudó el 46,3% del PIB), de Alemania (47,5% del PIB), Francia (52% del PIB) e Italia (47,6% del PIB). Eso significa, a lo claro, que en 2025 recaudamos 59.000 millones menos que la media europea, un dinero que nos hubiera venido muy bien para mejorar la sanidad, educación, Dependencia o los servicios públicos.

Estas fechas en que nos toca el mal trago de presentar la declaración de la renta (pagar impuestos lo hacemos todo el año), es buen momento para hacer una reflexión: necesitamos recaudar más, homologarnos con Europa, para reforzar el Estado del Bienestar, desde la sanidad (un trasplante de corazón cuesta 90.000 euros) a la educación pasando por la Dependencia, las ayudas sociales, la vivienda, las infraestructuras (desde vías de tren a carreteras), los servicios públicos y emergencias…, tantas y tantas cosas que necesitan recursos y personal.

Ojo, no se trata de pagar más impuestos la mayoría que ya los pagamos, sino que paguen más los que pagan poco: grandes empresas (un tercio de nuestras multinacionales pagan un tipo efectivo inferior al 15%, menos que un trabajador en el IRPF), multinacionales y grandes patrimonios (los más ricos). Y reducir las vías de fraude fiscal, “legales” o ilegales (economía sumergida). Además, Bruselas nos recomienda aprobar una reforma fiscal (imposible hace décadas) que reduzca los tipos reducidos del IVA, suprima deducciones en Renta y Sociedades y aumente los “impuestos verdes” (llevamos años sin cumplir la exigencia de subir impuestos al gasóleo). Sólo así recaudaremos más, de una forma más justa, y podremos mejorar los servicios públicos. No bajando impuestos.

Más control de Bizum y tarjetas

Desde el 1 de enero, Hacienda obliga a los bancos a enviarle un listado mensual de los movimientos de Bizum que hagan profesionales y empresas (no los particulares), para controlar pagos que pretendan evadir al Fisco. Y también están obligados a informar de las tarjetas de crédito cuyos movimientos superen los 25.000 euros anuales, para cotejarlas con los ingresos que declaran sus propietarios. Se trata de medidas para controlar mejor los pagos que se hacen por Bizum y tarjetas, que se han multiplicado en los últimos años frente a los pagos en efectivo y las transferencias. Entre tanto, los bancos de España y otros 15 paises trabajan para crear un Bizum europeo que empezaría a funcionar entre verano y Navidad de este año 2026, revolucionando los pagos internacionales. Y el BCE trabaja en crear el “euro digital”, que será realidad a partir de 2029, mientras China opera con el yuan digital desde 2020 y USA apuesta por las criptomonedas. Entre tanto, los pagos en metálico pierden peso.

                               Enrique Ortega

La forma de comprar y pagar ha cambiado radicalmente, más en los últimos 5 años que en los 50 años anteriores, según VISA, con un mayor protagonismo de los pagos digitales (sin movimiento de efectivo), que se han duplicado desde 2022. Y la consultora PwC prevé que para 2030, los pagos electrónicos se tripliquen en el mundo, hasta superar los 3 millones de operaciones. En España, sólo el 57% de los consumidores siguen usando el dinero en efectivo para pagar sus compras, mientras un 27% utiliza sus tarjetas y un 15% paga con sus móviles, según un reciente informe del Banco de España e Ipsos. Y respecto a los pagos entre particulares, el 57% se hacen en efectivo, pero un 37% se hacen ya por Bizum, un 2% por transferencia bancaria y un 1% por otros medios de pago.

El uso de dinero en efectivo es cada vez menor entre los más jóvenes y es todavía mayoritario entre los mayores de 45 años, según el Banco de España. Así, los jóvenes de 18 a 24 años pagan mayoritariamente por móvil (39% compras), seguido del pago en efectivo (32%) y con tarjeta (28%), mientras los mayores de 45 años pagan mayoritariamente en efectivo (el 58% entre 45 y 54 años, el 66% entre 55 y 64 años y el 79% los mayores de 65 años), seguido de los pagos con tarjeta (del 32 al 19%) y con poco peso de los pagos por móvil (del 10 al 2%). Pagan más en efectivo los hombres (61% compras) que las mujeres (54%) y los que tienen menos estudios (77% de las compras entre los que tienen sólo estudios básicos, 53% con estudios medios y sólo el 39% de las compras quienes tienen estudios superiores).

Con todo, los españoles somos los europeos que más preferimos pagar con dinero en efectivo, un 26,40% (30,2% los jóvenes), frente al 21,90% de preferencia en todos los paises de la zona euro, aportando menos por los pagos con tarjeta (el 48,79% en España frente al 54,82% en la zona euro) y con un porcentaje similar entre los que no tienen preferencia por ninguno de estos dos sistemas de pago (23,51% en España frente al 22,85% en la zona euro), según el informe SPACE del BCE, que también revela que dos tercios de españoles (63%) y europeos consideran importante mantener el efectivo como medio de pago en el futuro.

La realidad es que se imponen los pagos digitales, sobre todo por tarjeta y móvil, mientras bajan los pagos en efectivo. Los datos revelan un salto tremendo en el número de tarjetas en circulación, que ya rondan los 100 millones en España. Las tarjetas de crédito han pasado de 16,06 millones en el año 2000 a 44,82 millones en 2008 y un máximo de 52,35 millones en 2017, para bajar después a 37,25 millones en 2019 y 43,10 millones en 2024, según el Banco de España. Y las tarjetas de débito han pasado de 29,74 millones en el año 2000 a 31,57 millones en 2008, 48,35 millones en 2019 y 51,42 millones en 2024. En conjunto, había 94,52 millones de tarjetas en 2024 y 95,43 millones en septiembre de 2025, casi 2 tarjetas por habitante (y casi 3 tarjetas por adulto).

En contrapartida, los españoles utilizamos menos el cajero y sacamos menos dinero en efectivo, según los datos del Banco de España: en el año 2002, se hicieron 899 millones de  operaciones en cajeros, por un importe de 82.024 millones de euros, un importe que marcó un máximo en 2019 (125.188 millones retirados en 908 millones de operaciones) para estancarse después en 127.485 millones retirados en 2024 (en 683 millones de operaciones). En contrapartida, los pagos con tarjeta en comercios (a través de TPV) se han disparado en este siglo, según el Banco de España: de los 46.828 millones pagados por TPV en 2002 (en 991 millones de operaciones) se pasó a 94.414 millones pagados en 2008, a 161.343 millones pagados en 2019 (en 4,536 millones de operaciones) y 271.528 millones pagados por TPV en 2024 (en 9.208 millones de operaciones). Así que los pagos por tarjeta (o móvil) se han triplicado desde 2008, mientras las operaciones se cuadruplicaron. Y este año 2025, ya se han pagado en TPV de comercios  210.700 millones de enero a septiembre, otro récord.

Y queda hablar de otro sistema de pago electrónico que bate todos los récords: el pago por Bizum: se lanzó en 2016 y ya tiene casi 30 millones de usuarios en España, que han realizado  4.210 millones de operaciones. Es el sistema de pago que más utilizan el 80% de los jóvenes y se puede pagar con Bizum en 90.000 comercios españoles.

El auge de los pagos digitales por tarjeta, móvil o Bizum preocupa a Hacienda, porque puede ser una vía de pagos que esconden ingresos y evaden impuestos, básicamente el IVA. Por eso, el Gobierno aprobó el 1 de abril de 2025 el Real Decreto 253/2025 (BOE 2 abril) por el que se modifican las obligaciones de información de los bancos sobre tarjetas y Bizum de sus clientes, un cambio que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2026.

La nueva norma tiene dos partes. Una afecta a las operaciones hechas a través de Bizum: se obliga a los bancos a informar mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada  cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales. Así, en febrero, los bancos deberán informar ya de las operaciones realizadas este mes de enero de 2026, detallando el importe mensual facturado (no operación a operación) e identificando la cuenta bancaria a través de la que se efectuaron los pagos. Ante los bulos de que el Fisco iba a controlar todos los Bizum, Hacienda ha publicado una nota donde aclara que los bancos no deben informar de los Bizum entre particulares, sólo los de profesionales y empresas. Se pretende así evitar que un fontanero, por ejemplo, cobre un servicio por Bizum y trate así de esconder este ingreso (y el IVA).

La otra parte de la norma afecta a las tarjetas de crédito y débito: se obliga ahora a los bancos a informar anualmente a Hacienda sobre todas las tarjetas cuyos movimientos superen los 25.000 euros al año, ya sea en gasto total (suma de pagos en comercio o retirada de efectivo) o en abonos totales (dinero recibido en la tarjeta por devoluciones y cargos). Así, Hacienda controlará a los que gasten más de esos 25.000 euros al año, porque el banco estará obligado a informar de que es el titular de esa tarjeta y del gasto que ha realizado. El objetivo no es recaudar por este gasto, sino tener el dato para contrastarlo con los ingresos declarados. Así, si alguien gasta mucho más de lo que dice ingresar, el dato le salta a Hacienda y puede investigarlo fiscalmente.

Aunque el Decreto habla sólo de tarjetas y cobros profesionales a través de Bizum, hay que recordar que sigue vigente otro control, el de transferencias: los bancos deben reportar movimientos sospechosos o superiores a 10.000 euros y préstamos superiores a 6.000 euros (según el modificado artículo 38 del Decreto Ley). Esta es una vía para evitar fraudes, como que un padre haga una transferencia a su hijo para pagar un coche o la entrada de un piso, que deben formalizarse como donación o como crédito entre particulares para evitar una sanción de Hacienda.

En definitiva, Hacienda trata con estos cambios de controlar mejor los pagos por tarjeta o móvil, para reducir el fraude facilitado por las nuevas formas de pago, básicamente de empresas y profesionales, porque no afecta a los particulares (salvo que controlarán más a los que gasten en tarjetas más de lo que teóricamente ganan). Pero en el futuro, los pagos digitales irán en aumento y con ello las nuevas formas de fraude. En un futuro, ganarán peso las nuevas tarjetas sin banda magnética (gracias a la tokenización, un código aleatorio que sustituye al PIN y reduce el fraude), la autentificación biométrica, el monedero digital, las divisas digitales o el open banking (abrir los sistemas financieros a terceros).

Ahora, lo más inmediato va a ser la creación del Bizum europeo, un sistema de pago en todo el continente que están ultimando los grandes bancos europeos. El actual Bizum es un sistema de pago promovido por España, Andorra, Portugal e Italia, al que se han sumado en una segunda fase Grecia, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Y esta plataforma trabaja ahora con la iniciativa EPI, integrada por Francia, Alemania, Bélgica, Paises Bajos y Luxemburgo, para alumbrar un Bizum europeo, promovido por los bancos de estos 16 paises y que permitirá el pago por móvil a 390 millones de europeos. La idea es lanzarlo en el tercer trimestre de 2026, y si se retrasa, en las próximas Navidades. Primero para los pagos entre particulares y después para compras online (en 2027) y para pagar con el móvil en  comercios físicos (para 2028).

Este Bizum europeo será una revolución total para los pagos entre particulares y en comercios online y físicos, facilitando y disparando las operaciones en el continente. Y se adelanta al lanzamiento del euro digital, que va muy retrasado y que el BCE prevé lanzar “a partir de 2029”, con el objetivo de facilitar los pagos en la zona euro (a falta de una verdadera unión financiera, todavía pendiente), algo que permitirá una mayor autonomía estratégica de Europa frente a la dependencia actual de los medios de pago USA (Visa y MasterCard). Este euro digital (emitido por el BCE) debería reforzar la unidad financiera y económica de Europa, potenciando la competencia e innovación, aunque tiene también riesgos de ciberseguridad, privacidad  de las operaciones y estabilidad financiera.

Pero Europa también va retrasada en la digitalización del euro, porque hay ya 60 paises del resto del mundo que se encuentran muy avanzados en la digitalización de sus monedas, desde China, India o Japón a Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Brasil o Emiratos Árabes. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha prohibido el desarrollo del dólar digital para promover como alternativa las criptomonedas, el gran objetivo de los magnates tecnológicos y del nuevo poder en USA. Mientras, China está en cabeza de esta digitalización monetaria: ya en 2020 lanzó a prueba el “yuan digital”, respaldado por el Estado, y en 2025 ha creado en Shanghái un Centro de operaciones internacionales para los pagos digitales que ya realiza pagos con Singapur, Tailandia, Hong-Kong, Emiratos y Arabia Saudí. Un intento de que el “yuan digital” sea una verdadera alternativa al dólar en Asia.

En resumen, los pagos digitales tienen una gran peso en España y en el mundo y cobrarán más importancia en el futuro, donde será algo raro pagar con monedas y billetes. Eso facilitará las compras y transacciones, tanto dentro de Europa como en el resto del mundo, en beneficio de la economía, empresas y consumidores. Pero también hay riesgos, no sólo de ciberseguridad sino de evasión fiscal, de que muchos utilicen la tecnología para evadir impuestos (más de lo mucho que ya evaden). En España, Hacienda intenta ahora un mayor control de los pagos por tarjeta y Bizum, para evitar fraudes e impago de impuestos. A muchos no les gusta este mayor control, pero se hace para controlar a los que defraudan, no a los que hacen un Bizum a un hijo o a un amigo o a los que pagan con tarjetas sus compras. Más control no es más “vigilancia”, debería ser menos fraude y más recaudación.

Renta 2025: pagan más los de siempre

Queda hasta fin de mes para presentar la declaración de la Renta por los ingresos de 2024. Y casi todos vamos a pagar más, porque han subido los salarios, las pensiones y el empleo, además de que Hacienda sigue sin descontar la inflación en los ingresos. Pero el problema es que el IRPF sigue ganando peso en la recaudación (el 44%  del total) y los que pagan la Renta son básicamente los trabajadores con una nómina (fáciles de controlar), sobre todo las clases medias, mientras los más ricos apenas pagan. Además, España tiene otro problema: somos uno de los paises que menos recauda por impuestos, debido a que hay mucho fraude y que tanto la Renta como sociedades e IVA son como un queso de gruyere, con demasiados agujeros (exenciones y deducciones) que reducen la recaudación. Así que, otro año más, pagamos impuestos desiguales e insuficientes para consolidar los servicios públicos. Y nadie habla ya de pactar una reforma fiscal, como pide Europa, algo políticamente imposible.

                            Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 24.868.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2024, un +3,1% que en 2024. Pero la mayoría de los contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque la declaración les sale a devolver: serán 17.069.000 declaraciones (el 68% del total y 2,5 millones más que en la campaña pasada), que recibirán 14.908 millones de euros en unas semanas o meses (+9,6% que el año pasado), porque pagaron de más en 2024 (o por deducciones). Al otro tercio de los contribuyentes, 6.066.000 según Hacienda (1 millón menos que el año pasado), les sale a pagar el IRPF este año: ingresarán ahora 19.093 millones de euros,+13,3% que en 2024, debido a que han ingresado más por sueldos, pensiones, dividendos, intereses y Bolsa.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo el aumento de la deducción a los trabajadores con ingresos bajos y medios  (sube de 6.495 a 7.302 euros), la deducción adicional de 1.000 euros para guardería a las madres trabajadoras y los cambios en el tratamiento fiscal de los alquileres a los propietarios, según a quien alquilen y lo que cobren. Eso sí, este año no pueden olvidarse los ingresos en plataformas de venta de segunda mano y los ingresos online, porque Hacienda va a vigilar especialmente los movimientos en la Red.

Donde hay más cambios es en la parte autonómica del IRPF, porque la mayoría de autonomías cambiaron tipos y deducciones en 2024. Por un lado, las autonomías gestionadas por el PP (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y león, Galicia, Madrid, la Rioja, Canarias), más País Vasco y Navarra, “deflactaron” la tarifa autonómica del IRPF (la rebajaron para compensar la inflación). Y han modificado deducciones, tanto familiares como personales, un listado con grandes diferencias. Con ello, al presentar la Renta sigue habiendo grandes diferencias según donde se viva. Para ingresos de 20.000 a 45.000 euros, se paga menos IRPF en el País Vasco y Madrid y más en Cataluña, Extremadura, Baleares, Asturias y Castilla la Mancha, según este estudio del Consejo de Economistas. Y para mayores ingresos, sobre todo a partir de 110.000 euros, se paga mucho menos Renta en Madrid y país Vasco y más en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Canarias.

El IRPF se consolida como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios en España: en 2024, Hacienda recaudó por IRPF 129.408 millones de euros, casi la mitad (el 43,90%) de toda la recaudación fiscal en España (294.734 millones en 2024). Y esa recaudación supone un crecimiento del 7,6% sobre 2023 (120.250 millones) y un +48,92% sobre lo recaudado antes de la pandemia (86.892 millones en 2019). Además, la recaudación por IRPF se ha multiplicado por 4.11 en los últimos 30 años (de 31.418 millones en 1995 a 129.408 en 2024).

El 2º mayor impuesto por recaudación, lejos del IRPF, es el IVA, que recaudó 90.541 millones en 2024 (+7,9% sobre 2023 y +26,56% más que en 2019), ese impuesto que pagamos cada vez que compramos y cuya recaudación se ha multiplicado por 4,45 en los últimos 30 años (recaudaba 20.337 millones en 1995). El tercer impuesto por recaudación es el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, que recaudó 39.096 millones en 2024 (la tercera parte que el IRPF), +11,5% más que en 2023 y +64,73% que antes de la pandemia (2019), por la mejora de ventas y beneficios de las empresas, que pagan por Sociedades 5,14 veces más de lo que pagaban en 1995 (7.605 millones). Y el 4º impuesto son los impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes, electricidad…), que recaudaron 22.128 millones de euros en 2024 (+6,6% sobre 2023 y +3,49% sobre 2019), los que menos han crecido en los últimos 30 años (1,92 veces sobre 1995). Estos 4 grandes impuestos suponen el 95% de la recaudación, que se completa con lo recaudado por tasas y otros impuestos (13.560 millones en 2024).

Lo que pagamos al declarar el IRPF se ha incrementado un +48,92% desde 2019 por varias razones: hay más gente trabajando y pagando impuestos (+1,8 millones de ocupados tras la pandemia), los que trabajan ganan más (los sueldos han subido un 15,9% entre 2019 y 2024), han subido también las pensiones y los inversores cobran ahora más dividendos e intereses y han ganado más en Bolsa. Todo eso ha elevado los ingresos de la mayoría de los contribuyentes, también en 2024, con lo que pagaremos más IRPF este año. Pero hay otro factor importante que explica por qué pagamos más: Hacienda no ha querido “deflactar la tarifa”, descontar el efecto de la inflación en los ingresos (la inflación ha subido un 18,2% entre 2019 y 2024) y eso ha hecho que suban los ingresos y muchos contribuyentes “salten” de tramo y paguen una tarifa más alta en el IRPF.

Funcas estima que la no “deflactación” de la tarifa ha permitido una recaudación extra en el IRPF de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024, algo más de la mitad del aumento de recaudación (+34.952 millones entre 2019 y 2024). Unos millones que los contribuyentes hemos pagado “de más” (por no ajustar los ingresos y la tarifa con la inflación) y que suponen una media de 255 euros extras, según el Registro de Economistas, un pago extra menor para los ingresos bajos (+207 euros para rentas hasta 25.000 euros) y uno mayor para los que más ganan (+1.500 euros extras para declarantes de más de 350.000 euros. Hacienda ha rechazado “deflactar” la tarifa porque dice que beneficia más a las rentas más altas y que estos mayores ingresos han ido a aumentar las ayudas a las familias vulnerables y a aumentar las deducciones de los contribuyentes con menos ingresos.

La consecuencia es que los contribuyentes pagamos más IRPF de lo que han crecido nuestros ingresos reales, según Funcas, porque la renta real neta de los hogares (descontada la inflación) es ahora inferior a la de 2008 (el 95,7%) mientras pagamos más de IRPF (el 114,4 %), por el efecto de la inflación. Eso ha subido la presión fiscal por el IRPF (del 6,5% del PIB en 2019 al 8,1% en 2024) y la presión fiscal total: la “cuña fiscal”, el porcentaje de los ingresos que pagamos en impuestos y cotizaciones sociales, era del 40,6% en 2024 (37,5% en 2022), según la OCDE, algo por encima de la media de los 38 paises desarrollados que integran la OCDE (34,9%) pero todavía por debajo de la presión fiscal de Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%), Francia (47,2%), Italia (47,1%), Finlandia (41,9% y Suecia (41,5%). En consecuencia, ahora pagamos más en el IRPF, por el aumento de ingresos y la inflación: el tipo medio ha saltado del  12,7% en 2019 al 14,4% en 2024, según Funcas.

Pero además, el pago de la Renta sigue cayendo en los trabajadores (cuyas nóminas e ingresos son fáciles de controlar), sobre todo las clases medias. Así, según el balance de la declaración de 2022 (la última con datos de la AEAT), el 91,4 % de las declaraciones presentadas (20,93 de 22,89 millones) tienen rentas del trabajo y son minoría las que tienen también rentas de capital e inmobiliarias. Además, quienes pagan el grueso del IRPF son las rentas medias y medias altas: los que declaran entre 30.000 y 60.000 euros (el 21,7% de declarantes) pagan el 36,84% del IRPF, una media de 8.212 euros por declarante. Los contribuyentes que declaran menos de 30.000 euros (el 67,88% de las declaraciones) pagan el 21,5% del IRPF, entre 48 y 3.742 euros por declarante. Los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,53% del total) pagan el 23,20% del IRPF, unos 24.230 euros de media. Y los contribuyentes que declaran más de 150.000 euros (159.816 contribuyentes, el 0,7% del total) pagan el 18,45% del IRPF, una media de 81.589 a 540.741 euros por declaración.

Visto así, parece que en el IRPF pagan más los que más tienen. Y es así. Pero estos datos esconden un problema grave de nuestros impuestos: no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (el 69,4% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Recientemente, una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso se debe a que el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías) y a que los más ricos utilizan empresas y otros instrumentos de “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

En definitiva, que casi la mitad de la recaudación fiscal sale del IRPF, un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores y en especial los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Y que los que tienen ingresos altos, apenas declaran en el IRPF y tienen otros sistemas para “evadir impuestos legalmente”. Eso ya debería ser una razón para pedir una reforma fiscal, que reparta mejor los pagos, haciendo tributar más a los ingresos no salariales. Pero hay otra razón de peso: con el vigente sistema fiscal, España recauda menos que la mayoría de Europa, no sólo porque hay mucho fraude y los que más tienen tributan poco sino porque la mayoría de impuestos son “un queso de Gruyere”, con múltiples agujeros (deducciones y exenciones) por los que se pierde una parte de la recaudación.

Los datos son inapelables: en 2025, la Comisión Europea estima que España recaudará por todos los impuestos el 42,8% de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, , el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

En resumen, que tenemos que volver a declarar por el IRPF, además de lo que ya nos retuvieron y pagamos en 2024. Hay que pagar impuestos si queremos luego tener servicios públicos y una Administración que nos ayude cuando haya problemas. Pero tenemos todo el derecho a exigir que los impuestos sean más “justos”, más progresivos, que de verdad pague más quien más tiene, algo que ahora no pasa. Eso obliga a una reforma fiscal en profundidad, que reforme todos los impuestos y consiga aumentar la recaudación, para mejorar los servicios públicos, el estado del Bienestar y los nuevos gastos en Defensa y Seguridad . Pero para ello, hace falta pactar una reforma fiscal, algo imposible con un Parlamento enfrentado y donde la derecha y la extrema derecha sólo hablan de bajar impuestos, no de reformarlos y hacerlos más justos. Así que de reforma nada. Seguiremos pagando (más) los de siempre.

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.

España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo” que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

Renta 2024: pagamos los de siempre

Queda hasta finales de junio para presentar la Renta (IRPF), por los ingresos en 2023, aunque a 2 de cada 3 contribuyentes les sale a devolver (les retuvieron de más). Todos pagamos IRPF, pero sobre todo los que viven de un sueldo y las clases medias, quienes ingresan entre 30.000 y 60.000 euros al año. Lo preocupante es que el IRPF gana peso cada año y supone el 44,3% de toda la recaudación, creciendo más que el IVA (mucho fraude), mientras Sociedades (lo pagan las empresas) recauda un 22% menos que en 2007. A lo claro: casi la mitad de los impuestos los pagamos quienes vivimos de un trabajo o pensión, con el IRPF, mientras empresas, ahorradores y ricos pagan poco. Eso explica que recaudemos 52.000 millones menos cada año que la media UE. Bruselas ha pedido a España una reforma fiscal, con cambios en el IVA, impuestos verdes y exenciones, para recaudar más. Pero no está el horno político para acordar una necesaria reforma fiscal.

                    Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 23.281.000 declaraciones de la Renta (IRPF), por los ingresos que tuvimos en 2023, un 1,2% más que en 2023. Pero la mayoría de contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque les sale la declaración a devolver: son 14.610.650 contribuyentes (el 63%), que ya están recibiendo 11.650 millones de euros, porque les retuvieron de más en 2022 (más bien, les retuvieron lo que debían pero ahora se deducen por muchos conceptos, desde hijos a gastos y deducciones autonómicas). Al otro tercio de los contribuyentes, a 7.092.000 declarantes, les sale a pagar el IRPF este año, un total de 18.908 millones de euros: pagarán un +12,2% que el año pasado, porque Hacienda espera que declaren más ingresos por dividendos, intereses, ganancias en Bolsa y mayores salarios.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades, salvo que se reduce la aportación deducible a los Planes de pensiones (de 2.000 a 1.500 euros) y que las mujeres con niños menores de 3 años que no trabajan pueden cobrar la ayuda por maternidad de 100 euros mensuales por hijo (hasta ahora, sólo la recibían las mujeres que trabajaban). Eso sí, hay una novedad importante en las autonomías, que tienen competencia sobre la mitad de la tarifa del IRPF y las deducciones autonómicas: 7 autonomías gobernadas por el PP (algunas con VOX) han “deflactado” la tarifa del IRPF, la han bajado para compensar la subida de la inflación en 2023 (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana). Y otras dos autonomías (Aragón y Extremadura) han cambiado las tarifas autonómicas del IRPF, bajando el tipo mínimo y subiendo el tipo máximo. Además, la mayoría de las autonomías han retocado deducciones y exenciones en el IRPF.

Estos cambios fiscales autonómicos provocan que el pago del IRPF sea muy diferente según el domicilio fiscal, como revela cada año un estudio del Consejo de Economistas y Asesores Fiscales. El último revela que las rentas más bajas tributan menos por IRPF en la Comunidad Valenciana (29,47 euros paga un soltero que gane menos de 16.000 euros) y Madrid (29,47 euros) y donde más en el País Vasco (960 euros) y Navarra (851,56 euros). Las rentas medias (entre 30.000 y 70.000 euros) pagan más en Cataluña (5.039-19.200 euros), Comunidad Valenciana (4.803-19.213 euros)  o Aragón  (4.882-18.861 euros) y menos en País Vasco (4.547-17.726 euros) y Madrid (4.600-17.981 euros). Y los más ricos (ingresos superiores a 110.000 euros) pagan más en la Comunidad Valenciana (38.741-298.000 euros), Navarra (32.214-286.604), La Rioja (37.258-285.303) o Cataluña (37.087-277.311) y mucho menos en Madrid (35.181-251.768 euros), País Vasco (35.097-272.792 euros) y Murcia (36.387-262.773 euros).

Parece una buena noticia que muchas autonomías bajen la tarifa del IRPF (la “deflacten” para compensar la inflación) y suban las deducciones por distintos temas (vivienda, guardería, libros, uniformes, paneles solares, seguros médicos…). Pero hay dos “peros”. Uno, que rebajar la tarifa del IRPF para compensar la inflación (algo que el PP lleva exigiendo al Gobierno Sánchez desde 2021) es “socialmente injusto”, porque beneficia más a los contribuyentes con más renta, según demuestran los expertos fiscales. Así, la deflactación reduce 100 euros el IRPF que pagan los que ingresan menos de 20.000 euros, 205 euros al que declara 30.000 euros, 345 euros al que ingresa más de 45.000 y ahorra 545 euros al que declara 70.000 euros o más.

El otro “pero” es que estas menores tarifas y mayores deducciones restan muchos ingresos a las autonomías. Los expertos cifran en 5.700 millones la merma de ingresos autonómicos   sólo en 2022 por las rebajas fiscales que aprobaron, una cifra que subirá en 2023. Y esto choca con las necesidades crecientes que tienen las autonomías en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. No es casualidad que Madrid, la autonomía que lleva años “bajando impuestos”, sea también la comunidad que menos gasta en sanidad (1.248 euros por habitante frente a 1.538 de media) y en educación (896,98 euros frente a 1028,91) y la 6ª por la cola en gasto social  (323,36 euros frente a 372,23 de media), según los Directores de Servicios Sociales.

¿Quién paga el IRPF? Los datos de la Agencia Tributaria, referidos a la Renta presentada en 2021 (22.048548 declaraciones), lo evidencian: el 84,95% de los ingresos declarados son rentas del trabajo. A lo claro: quienes pagamos la Renta somos los trabajadores, los que vivimos de un salario o de una pensión (100% controlables). El 15% restante procede de rendimientos de viviendas, acciones o inversiones, así como de actividades económicas (empresarios y autónomos). A la hora de concretar quién paga, la mayor parte de la recaudación del IRPF (60,22%) la aportan las rentas medias y bajas, según Hacienda: un 23,05% lo pagan los que ingresan menos de 30.000 euros (16,58 millones de contribuyentes, a los que la declaración les sale negativa o a pagar entre 544 y 3.810 euros) y otro 37,17% de la recaudación la aportan los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros (4,4 millones de contribuyentes, que pagan 8.142 euros de media en el IRPF). Y el resto, los que ganan más de 60.000 euros (1.042.402 contribuyentes) aportan el 39,78% de la recaudación del IRPF. De ellos, la minoría que ganan más de 601.000 euros (12.178 contribuyentes) aportan el 6,74% de la recaudación total (y pagan de media 534.730 euros).

Estos datos, que reflejan como los salarios y las pensiones son los que pagan el IRPF, los intuíamos. Pero lo que quizás no sabemos es que al pagar la Renta, los contribuyentes pagamos casi la mitad de todos los impuestos que se recaudan en España. El IRPF ha ganado peso año tras año y se consolida como el primer impuesto, ingresando en 2023 el 44,23% de toda la recaudación: 120.280 millones de los 271.935 millones recaudados en total, según la Agencia Tributaria. Un porcentaje que ha crecido imparable, desde el 36,18% que aportaba a la recaudación en 2007 al 40,83% en 2019 y al 44,23% en 2023 (el mayor salto se da tras la pandemia). Con ello, la recaudación por IRPF es la que más ha crecido, un +65,64% en 16 años, desde los 72.614 millones en 2007 a los 120.280 recaudados en 2023.

En ese tiempo, la recaudación total ha crecido casi la mitad que la del IRPF, sólo un +35,5%, desde los 200.676 millones en 2007 a los 271.935 millones en 2023. Y eso, porque los demás impuestos han crecido menos que el IRPF. Por un lado, el IVA que pagamos por casi todo, cuya recaudación ha crecido un +46,7% (de 57.287 millones en 2007, cuando aportaba el 28,54% de la recaudación, a los 83.909 millones aportados en 2023, el 30,85% del total). Una recaudación que crece y aporta mucho menos que el IRPF porque se ha reducido el tipo de IVA a muchos productos y servicios (tarifa reducida o baja) y por el alto fraude que existe. Pero el gran problema lo tenemos en el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas: recauda ahora -21,78% que hace 16 años (35.060 millones en 2023, el 12,89% del total de impuestos, frente a 44.823 millones en 2007, cuando aportaba el 22,3%).. Y también ha bajado, más desde 2019, la recaudación por impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco, matriculaciones), que aportan 20.757 millones de ingresos (el 7,7% de la recaudación) y los impuestos medioambientales y otros, que sólo aportan 11.929 millones (el 4,3% del total de la recaudación), según la Agencia Tributaria.

Así que los trabajadores y pensionistas pagamos muchos más impuestos que en 2007 (y que en 2019), mientras las empresas pagan menos, aunque sus beneficios son ahora mayores (300.000 millones en 2023 frente a 218.000 millones de beneficios en 2007). Este desajuste, que las empresas paguen ahora un 21,87% menos de impuesto de Sociedades que en 2007 (cuando en el IRPF pagamos un 65,4% más) se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar y Zapatero a Rajoy, han ido reduciendo el tipo efectivo de este impuesto, como también otros paises, para ayudarles a competir. Y lo han hecho por dos vías. Una, con múltiples exenciones y deducciones fiscales, sobre todo para los grandes grupos, los más endeudados y los que operan en el extranjero. Eso ha permitido que las empresas españolas sólo tributen por 3 de cada 5 euros de beneficios (¡me lo pido para el IRPF¡). Y así, el tipo efectivo que pagaron sobre su resultado contable fue del 12,3% en 2023, menor al que pagamos en el IRPF (13,60%), según la Agencia Tributaria. Además, los grandes grupos empresariales (son 143) pagan mucho menos: pagaron un tipo efectivo del 4,98% sobre beneficios (y un 6,67% todos los grupos, no sólo los grandes). Además, usan otra vía: muchas grandes empresas y bancos pagan pocos impuestos porque todavía se benefician de los “créditos fiscales” que les concedió Hacienda por tener pérdidas en la crisis financiera, créditos de los que todavía “echan mano” para pagar menos.

El 60% de los españoles “piensan que los ricos y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos”, según una reciente Encuesta de Intermón Oxfam. Los datos anteriores lo demuestran. Y en cuando a los más ricos, utilizan “empresas pantalla”, SICAV (pagan el 1% de las plusvalías generadas) y paraísos fiscales para “eludir” impuestos (es más fino y legal que evadir). Además, los más ricos que presentan el IRPF también pagan menos porque una parte importante de sus ingresos son dividendos e intereses que pagan un tipo del 19 al 28% (según el importe recibido), un tipo mucho menor al tipo máximo del IRFP (del 45 al 54%).

Al final, la Renta y los otros tres grandes impuestos (IVA, Sociedades e impuestos especiales) aportan el 95% de toda la recaudación fiscal (260.006 millones de euros en 2023), pero casi la mitad lo aporta el IRPF.  Y si contamos todos los impuestos, la presión fiscal en España (recaudación/PIB) fue del 24,1% del PIB en 2022, todavía por debajo de la europea (27,1%), aunque la mayoría cree que pagamos más impuestos. No es así ni sumando el pago por cotizaciones sociales: impuestos más cotizaciones suponen un 38,3% de presión fiscal en España (2022), frente al 41,2% en la UE-27 y el 41,9% en la zona euro.

Eso sí, esta presión fiscal no es igual para todos. ¿Quién paga más impuestos? La respuesta es la misma que para el IRPF: las clases medias y medias altas, según este informe de FUNCAS, que revela algo llamativo: el 1% de españoles más ricos (189.000 familias que ingresan 426.228 euros de media) pagan menos impuestos (el 23,9% de sus ingresos) que el 20% de españoles más pobres (3,78 millones de hogares que ingresan 10.884 euros), que pagan el 28,2% de sus ingresos. El 2º grupo más pobre (23.843 euros de renta) paga el 29,4% en impuestos, el 3º (37.636 euros) paga el 33,1%, el 4º (56.606 euros) paga el 36,2%, el 10% siguiente (81.241 euros) y el 9% restante (129.549 euros de ingreso medio) pagan el 39,9% de su renta en impuestos, son los que tienen la mayor presión fiscal.

Esta desigualdad fiscal, la caída de recaudación en Sociedades y el bajo aumento en  el IVA (frente a lo mucho que crece en el IRPF) explica el problema fiscal de fondo que tiene España, ahora y hace décadas: recaudamos menos que la mayoría de Europa, en relación con lo que producimos (PIB). Entre 2015 y 2019, recaudábamos el 38,7% del PIB y la UE-27 un 46,2% (-7,5% de “brecha fiscal”). En 2023, subió el porcentaje de recaudación en España (al 42,8% del PIB) y se mantuvo en Europa (45,9%), lo que mantiene la “brecha fiscal”, aunque ahora es menor (-3,6% frente a la UE, -3,3% frente a Alemania , -5% frente a Italia y -9,1% frente a Francia, que recauda el 51,9% de su PIB). Eso significa que el año pasado, España recaudó -52.632 millones de euros menos que la media europea. Y -48.246 millones menos que Alemania, -73.100 menos que Italia o -133.042 millones menos que Francia.

España recauda menos y por eso podemos gastar menos y tenemos más déficit. De ahí que todos los organismos internacionales, desde la OCDE y el FMI a la Comisión Europea llevan años pidiendo a España que recaude más, por tres vías: revisando los tipos de IVA (hay demasiados productos y servicios pagando el tipo reducido del 10% y el mínimo del 4%) y reduciendo el fraude, suprimiendo deducciones y exenciones en el IRPF y Sociedades y aprobando nuevos impuestos verdes y aumentando los ambientales y especiales. Y en abril pasado, el vicepresidente de la Comisión Europea (Valdis Dombrovskis) le recordó al Gobierno que “España debe recabar apoyos para reformar la fiscalidad”, no sólo porque es una de las reformas comprometidas (para este año) a cambio de recibir los Fondos Europeos, sino porque España sólo podrá reducir su déficit y su deuda a medio plazo si aumenta su recaudación (o recorta el gasto), lo que exige aprobar una reforma fiscal.

La reforma fiscal que nos exige la Comisión ya la perfiló en marzo de 2022 un Comité de Expertos independiente, que elaboró un informe (por encargo del Gobierno) sobre los cambios que habría que hacer en todos los impuestos para aumentar la recaudación y mejorar su progresividad y eficacia, propuesta que Hacienda metió en un cajón por la invasión de Ucrania. Podría ser un buen punto de partida para elaborar esa necesaria reforma fiscal, pero hay un obstáculo que parece insalvable: la polarización política y los duros enfrentamientos entre la oposición y el Gobierno, que imposibilitan cualquier acuerdo de reforma fiscal. Para desgracia de los que sí pagamos impuestos.