Colapso en la Justicia: faltan medios

El servidor central de los Juzgados de Sevilla se colapsó a primeros de octubre porque ya no admitía más documentos de los casos ERE y Formación. Es sólo un ejemplo del colapso en la Justicia, con el 85% de los Juzgados trabajando por encima de su capacidad y con 1.700 asuntos al año por cada juez, según un reciente informe del CGPJ. Así pasa: toneladas de carpetas sin informatizar, retrasos de años en las vistas y sentencias y macro causas por  corrupción y delitos económicos que avanzan a paso lento. Un caos judicial fruto de la falta de medios, personales y materiales, agravado por los recortes del Gobierno Rajoy y las autonomías en los presupuestos de Justicia, donde España gasta la mitad que Europa. Faltan jueces, juzgados, funcionarios, peritos y expertos, informática y una mejor organización de la Justicia, agrupando esfuerzos. Los ciudadanos, las empresas y toda la economía sufren una justicia lenta, ineficaz, cara e injusta, que exige medidas urgentes.

enrique ortega

El colapso de la Justicia es vox populi, pero ahora tenemos unos datos muy reveladores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir, según el último informe (2013) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor: 864 juzgados, casi la mitad del total (43,5%) soportan una carga de trabajo del 150%, es decir están sobresaturados. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75% y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). La mayor saturación se da en los Juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, sobre todo en los Juzgados de lo Social, por la avalancha de demandas a raíz de la reforma laboral (febrero 2012): en Sevilla hay juicios por reclamación de salarios e indemnizaciones señalados para 2017 y en Madrid, Andalucía o Galicia se han duplicado las causas laborales, retrasando sentencias de uno a dos años.

El colapso de los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, entre los que han aumentado infartos y enfermedades. De hecho, el 92,66 % de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según una encuesta de Jueces por la Democracia. No es extraño si cada juez ha de ver 1.699,3 asuntos por año (2.227 en Penal) y dicta 309,2 sentencias anuales, en asuntos cada vez más complejos. Y de los 45.000 empleados de la Justicia, un 20% son interinos, los que más sufren los recortes y la rotación.

El colapso judicial se debe en primer lugar al gran número de litigios que entran cada año en los Juzgados, aunque se han reducido desde 2009, por la menor población, el mayor coste de litigar y las medidas para limitar las apelaciones adoptadas en octubre de 2011. A pesar de ello, en 2013 entraron en los Juzgados 8.636.016 asuntos (931.000 menos que en 2009), de los que estaban pendientes a finales de año 2.680.933 asuntos (545.000 menos que en 2009), según la Memoria del CGPJ. Un volumen ingente de casos para juzgar (el 75% de carácter penal, lo que indica una alta conflictividad social), cada vez más complejos, sobre todo los casos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción. Hay que decir que España tiene el doble de litigios que Europa (183,2 pleitos por 1.000 habitantes, frente a menos de 100 en la UE), algo que algunos atribuyen al carácter español, otros a nuestra organización económica y social, y bastantes al exceso de abogados (285 por cada 100.000 habitantes frente a 127 abogados en la UE-28).

Sea por lo que sea, hay muchos pleitos y pocos medios para la Justicia, menos con los recortes implantados por el Gobierno Rajoy desde 2012.Así, el gasto en Justicia es en España el 0,35% del PIB, frente al 0,50% en UE-28. Y se ha recortado, tanto en las autonomías (12 tienen las competencias de Justicia y afrontan dos tercios del gasto) como en el Estado, donde el Ministerio de Justicia ha perdido 331,42 millones en los últimos cuatro años (de 1.804,32 en 2010 a 1.472,90 en 2014). Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de los grandes países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia e incluso 166€ Portugal). Y hay cinco autonomías que gastan en Justicia casi la mitad que el conjunto de España: Navarra (38,2 € por habitante), Asturias (42,1€),  Galicia (45,8 €), Cantabria (47,9) y la Comunidad Valenciana (48,7€).

Falta Presupuesto y falta personal, desde funcionarios, peritos, secretarios judiciales a fiscales y jueces. Nada más llegar Rajoy al poder, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados). Y después, no se han cubierto jubilaciones (sólo 10%) ni convocado plazas. Así hay 5.211 jueces (2013), 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 19 en Europa (25 en Alemania, 19 en Portugal y 23 en Grecia), con lo que somos el cuarto país europeo con menos jueces. Y lo mismo en fiscales (5,3 por 100.000 habitantes). Por eso, la petición del sector es unánime: faltan jueces y fiscales, además del resto de personal judicial. Lo denunció incluso el Fiscal General del Estado en el Congreso, el 23 de abril: faltan medios legales, materiales y personales.

Y esta falta de medios se agrava en los casos de delincuencia económica (han crecido un 50% desde 2009) y corrupción (hay más de 1.600 casos abiertos, con unos 500 políticos implicados), sumarios muy complejos donde no sólo faltan fiscales y jueces sino sobre todo peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 juzgados, apenas puede hacer frente a 3.000 causas, de las que 77 son macroprocesos muy complejos (desde el caso Gürtel a la Operación Púnica, pasando por Bankia, Eurobank, Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico, Afinsa, Pescanova o el hijo de Pujol). Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar con sus informes.

Hace diez días, ante la indignación ciudadana por la corrupción, el Gobierno Rajoy aprobó crear 112 nuevas plazas (ojo: JpD dice que no son nuevas) de magistrados, 167 de jueces territoriales y 2 jueces más para la Audiencia Nacional (donde el “superjuez” Ruz, cargado de causas, lleva desde 2010 “en comisión de servicios” en el Juzgado nº 5, una plaza que debe salir a concurso). Pero es insuficiente. Habría que crear 815 plazas de jueces, según Jueces para la Democracia. Y muchas más de fiscal y personal judicial. Y aumentar el Presupuesto de la Justicia, volcándose en informatizar los Juzgados, en el expediente electrónico, un fracaso desde 2003: hay hasta 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Pero no es sólo cuestión de dinero y personal. Conseguir una justicia más ágil pasa también por cambios en la organización y la aplicación de la justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, las demandas de muchos afectados, como las preferentes y las clausulas suelo, múltiples demandas individuales que están colapsando muchos Juzgados. Las asociaciones de consumidores y muchos expertos critican que muchos jueces “tienen aversión a admitir a trámite acciones colectivas”, en unos casos porque estos “macrocasos”  les exigiría contar con jueces de apoyo que no tienen y en otros porque los jueces cobran complementos de productividad por el número de causas resueltas… Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan con retraso o se suspenden (un 9% de los juicios se suspenden en Cataluña sin aviso) y con vistas solo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Al final, los ciudadanos, las empresas y toda la economía pagamos el coste de tener una justicia lenta (hasta 39, 3 meses de duración en los Juzgados de lo Mercantil, 9 meses y más en lo Social,  7 meses en 1ª instancia y un año en el Supremo), cara (hasta 12.220 euros si se lleva al Constitucional una reclamación) e ineficaz: en España hay 3 casos pendientes por cada 100 habitantes, el país europeo con peores resultados tras Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE. Una Justicia que los españoles creen que funciona mal o muy mal (el 48% de los encuestados, según el barómetro del CIS de 2011) y a la que suspenden, con un 3,1 de nota (Módulo de Bienestar INE 2014).

En definitiva, pocas cosas funcionan tan mal como la justicia y los últimos datos confirman que el colapso de los juzgados es muy grave. No se puede esperar más. Hay que gastar más, poner más jueces, más fiscales y más personal especializado, volcarse en la informática y poner orden en la aplicación diaria de la Justicia, despolitizándola y facilitando a los españoles que defiendan sus derechos, reduciendo las tasas de Gallardón. Y darla medios para enfrentarse a la corrupción y los delitos económicos, cada vez más escandalosos. Se tardará, pero hay que empezar ya, porque tenemos una justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Y así no podemos seguir.

Tasas judiciales: la Justicia tiene un precio (alto)

Desde el 17 de diciembre, la Justicia es sólo gratuita para los pobres y el resto tiene que pagar por pleitear, entre 100 y 350 euros para empezar, subiendo luego (según los recursos) hasta pagar 2.300 euros, más un porcentaje sobre lo reclamado. Este “tasazo” ha provocado duras críticas del mundo judicial, desde jueces y fiscales a abogados, mientras el Gobierno argumenta que servirá para reducir el exceso de litigios (y recaudar 306 millones de euros). También ultima privatizar una parte de la Justicia, el Registro Civil, matrimonios y divorcios, que en 2014 llevarán los registradores y notarios (cobrando). Y estudia reducir los partidos judiciales a la mitad, concentrando juzgados. O sea, una justicia más cara y más lejos. Pero no más ágil: los juzgados siguen atascados, con poco personal y un 17,4 % menos de Presupuesto  que en 2010. Un colapso que perjudica a la economía y los ciudadanos.

enrique ortega

Ahora, al pensar en poner un pleito laboral, civil o contra la Administración, antes hay que echar cuentas de lo que va a costarnos: a la minuta del abogado y procurador (más perito, documentos y aranceles), hay que sumar el pago de las tasas judiciales, que antes sólo pagaban bancos y grandes empresas (desde 2002). Las tasas se pagan por cualquier demanda civil (pleitos entre particulares y contra empresas), contra la Administración (contencioso) y demandas laborales (cuando se recurre), no en pleitos penales. La tasa tiene una parte fija, cuyo importe se ha duplicado: oscila entre 100 y 1.200 euros según el pleito y las veces que se recurra: 200 euros una multa de tráfico, 300 un divorcio, 100-1.200 por una deuda, 500-700 por recurrir un despido…  Y luego hay una tasa variable añadida, por la que se paga  un 0,5% del valor de los bienes que se reclaman.

Al final, una demanda civil (300€), con recurso de apelación (800 €) y casación (1.200 €) sale ahora por 2.300 euros de tasas, más la parte variable y los gastos de letrado y procurador. Y hay que pagar antes para seguir pleiteando. Unas tasas que todo el mundo judicial, incluido el Fiscal general del Estado y el CGPJ, consideran excesivas, ya que a la víctima de una presunta negligencia médica, por ejemplo, puede acabar costándole el pleito 11.300 euros. De hecho, las asociaciones de consumidores denuncian que los más beneficiados son los bancos, aseguradoras y grandes empresas (eléctricas, telecos…), que van a tener ahora menos demandas de clientes, por su alto coste. Y también habrá menos demandas laborales (sobre todo reclamaciones de cantidad), se quejan los sindicatos.

El Gobierno justifica el tasazo en que servirá para reducir el exceso de litigios: más de 9 millones en España, frente a 4 millones en Francia o 7,5 millones en Italia. Y cree que se evitará el abuso de los que pleitean sólo para ganar tiempo: el 75% de los recursos los pierde el recurrente y el 80% de los casos que llegan al Supremo. También sugieren que si en España hay más pleitos es porque tenemos el doble de abogados que en Europa (125.208 abogados: 272 por 10.000 habitantes, frente a 127 en la UE). Además de “frenar el abuso” de los tribunales, argumentan, las tasas recaudarán 306 millones de euros (un 20% del Presupuesto del Ministerio) para financiar la justicia gratuita de los más pobres, las familias con ingresos brutos inferiores a 15.000 euros (los mileuristas).

A estas nuevas tasas en toda España hay que sumar las tasas judiciales que se cobran en Cataluña desde mayo de 2011 y que el Tribunal Constitucional ha suspendido esta semana, tras el recurso presentado por el Gobierno en diciembre: se pagaban entre 60 y 120 euros por pleitos civiles y entre 90 y 120 € en lo contencioso, tasas por las que la Generalitat recaudaba 25 millones anuales.

Pero la Justicia no se ha encarecido ahora. El octubre de 2011 entró en vigor la Ley de Medidas de Agilidad Procesal, pactada entre PSOE y PP, con dos cambios importantes. Uno, limitar las apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros ni ir al Contencioso  o al Supremo para cuantías inferiores a 800.000 euros. Lo que algunos abogados critican como “dejar la justicia para los ricos”. Otro cambio: ahora paga las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez) y se amplía el pago de costas al contencioso administrativo. Esto ya está retrayendo a los particulares a presentar menos recursos, sobre todo contra la Administración, que gana tres de cada cuatro pleitos. O sea, estamos más indefensos, salvo que nos arriesguemos a pagar si perdemos.

Cara al futuro, se anuncia una privatización de parte de la Justicia, los servicios que prestan  las 8.700 oficinas del Registro Civil: nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, cambio de apellidos, nacionalidades (1,4 millones  de trámites al año). Gallardón se lo ha ofrecido a los 1.000 Registradores de la Propiedad, que prestarían este servicio en 2014: gratis sólo el registro de nacimientos y defunciones y cobrando el resto, con tarifas de 20 a 40 euros. En paralelo, también “pillarán” los  3.000 notarios, a los que el Gobierno permitirá realizar matrimonios civiles (hay 100.000 al año), separaciones de mutuo acuerdo (70.000) y otras tareas que ahora hacen los jueces (declaraciones de herederos, adopciones, conflictos de lindes, convocatoria de Juntas…). Cobrándonos ,claro, por estos servicios.  

Además de más cara, a muchos la Justicia les va a quedar más lejos, porque en 2013 debe aprobarse la nueva reordenación judicial, que reducirá a la mitad los partidos judiciales (de 431 a 199), lo que supondrá cerrar y concentrar juzgados: si antes había 50.000 habitantes por demarcación (y 15 kilómetros) ahora habrá 100.000 (y una hora de viaje). Como antes pasó con escuelas, ambulatorios o trenes, ahora habrá pueblos que se quedarán sin Juzgado.

Al final, una justicia más cara y más lejana, pero no mejor: siguen los atascos, con 3 millones de litigios sin resolver al final de cada año y una larga lista de espera para las sentencias: 8,6 meses en pleitos civiles, de 8-10 meses en penal, 9,6 meses en lo social, 12,9 meses en lo contencioso y 25,9 meses en Tribunales superiores. Un caos (3.177 casos al año por Juzgado en Madrid), agravado por la crisis económica, según el CGPJ: desde 2007 hay un  millón de pleitos más al año, sobre todo pleitos civiles (+54%, por dispararse concursos de acreedores, monitorios y ejecuciones hipotecarias) y pleitos laborales (+50%, sobre todo por despidos, que se han duplicado).

Más trabajo y pocos recursos: faltan jueces (hay 5.171, 10,2 por 10.000 habitantes, frente a 21,3 en Europa), falta personal (un 20% interino, ahora en peligro), faltan medios y Juzgados (sólo en Madrid, el TSJM pide 39 juzgados y 32 jueces) y falta tecnología (hay 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles), imposibilitando la justicia electrónica sin papeles (e-expediente). Y sobre todo, faltan recursos: el Presupuesto de Justicia (Estado central más 12 autonomías con competencias) ha caído 500 millones, un 17,4% desde 2010.

En conclusión, la Justicia  sigue siendo un servicio público caótico, suspendido por los usuarios y ahora más caro. Hace falta dedicar más recursos a la Justicia (como a  Sanidad y Educación), poner orden y gastarlos mejor, agilizando procesos no poniendo un filtro con tasas a las clases medias. Es urgente poner en marcha un Pacto de Estado por la Justicia, tantas veces reclamado, quitando privilegios y ganando eficacia y agilidad, para que poner un pleito no sea un drama costoso y eterno sino un derecho accesible y eficaz. Justicia para todos.

La Justicia, para el que se la pague

Presentar un pleito en un Juzgado nos costará más dinero desde otoño, ya que todos  tendremos que pagar tasas judiciales, que ahora sólo pagan grandes empresas. También para recurrir un despido. Y además, suben las tasas para todos y doblemente en Cataluña y Valencia, que han puesto tasas propias. Una Justicia que ya era más cara desde octubre, cuando entró en vigor que paguen las costas los que pierden los juicios, algo que disuade más a los ciudadanos para ir contra la Administración. Y para septiembre, el Gobierno quiere privatizar parte de la Justicia, pasándoles servicios a los notarios. Al final, pagaremos más por pleitear y habrá que ir más lejos al Juzgado, ya que se quieren concentrar y reducir a la mitad. Y habrá más recortes en la Justicia gratuita. Mientras, la Justicia sigue siendo lenta e ineficaz.

El franquismo introdujo las tasas judiciales, a partir de 1.947, para ayudar a sostener el rehabilitado sistema judicial. Y fueron suprimidas por Felipe González, en 1986. En 2002, Aznar las recuperó, eximiendo a los particulares, pymes y Fundaciones y fijando unas tasas a grandes empresas y bancos, para casos civiles y contenciosos: una parte fija (entre 90 y 210€, más entre 300 y 600€ la apelación y casación) y una variable (0,5% cuantía). Y en 2009, el Gobierno Zapatero aprobó un depósito obligatorio para presentar cualquier recurso, entre 30 y 50€ (apelación y casación), más otros 25 euros para algunos recursos.

Ahora, el Gobierno Rajoy toma tres medidas. Una, que todos paguemos tasas judiciales, no sólo las grandes empresas. Dos, que el pago de tasas se amplíe a lo laboral (cuando se recurre), además del ámbito civil y contencioso-administrativo. Y tres, que se suben todas las tasas y bastante: se duplican las de pleitos civiles (de 150 a 300€) y los recursos de casación (al Supremo, de 600 a 1.200€) y se triplican las apelaciones (300 a 800€). Al final, litigar va a ser más caro: una demanda civil (300€), con recurso de apelación (800€) y casación (1.200 €) saldrá por 2.300 euros, más gastos (abogado, procurador, peritos, informes) y pago de costas si se pierde. Además, las nuevas tasas pueden retraer a los trabajadores a recurrir despidos y ERES: los sindicatos ya han denunciado que se busca” blindar la reforma laboral”.

Otra novedad es que se quita a los funcionarios el privilegio de acudir a los Tribunales sin abogado y procurador. Con todo, pagaremos en tasas judiciales 306 millones al año (un 20% del Presupuesto de Justicia), frente a 164 recaudados en 2011.Pero los que pleiteen en Cataluña y Comunidad Valenciana pagarán más, doblemente, porque acaban de establecer tasas judiciales propias, entre 50 y 120€, para recaudar otros 32 millones anuales.

No son las únicas subidas de la Justicia. El 31 de octubre entró en vigor la Ley de Medidas de Agilidad Procesal, aprobada por un pacto del PSOE y PP, con dos cambios importantes. Uno, limitar las apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros ni ir al Contencioso o al Supremo para cuantías inferiores a 800.000 euros. Es lo que algunos abogados critican como “dejar la justicia para los ricos”. El otro cambio generaliza que pagará las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez, si apreciaba temeridad o mala fe en la demanda) y amplía el pago de costas al contencioso administrativo. O sea,  que si recurrimos y perdemos, pagaremos las costas, incluso con la Administración, que nos gana tres de cada cuatro pleitos. Menos recursos y más impunidad de la Administración.

Para septiembre, Gallardón nos tiene preparada otra sorpresa: privatizar una parte de la Justicia, pasando a los notarios una parte de servicios que ahora resuelven los Juzgados: matrimonios y divorcios, declaraciones de herederos, adopciones, conflictos de lindes, convocatorias de Juntas… En vez de tasas, pagaremos aranceles (más altos). Y también se estudia dar un trozo del pastel de la Justicia a los registradores  y procuradores.

La subida de tasas judiciales ha sido muy criticada por la abogacía y rechazada por mayoría (11 a 7) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque “crea una desigualdad en el acceso a la Justicia”, disuadiendo a los más pobres. El Gobierno dice que para ellos está la Justicia gratuita, el turno de oficio, al que acceden 1,7 millones de españoles (los que ganan menos de 14.910 €). Pero también aquí va a haber cambios, según Gallardón, que ha anunciado “una revisión de los criterios actuales”. De hecho, muchas  autonomías (Madrid en cabeza) restringen el turno de oficio, sobre todo a emigrantes, a pesar de que sólo supone un 6,3% del gasto judicial (256,6 millones en 2010) y cuesta menos que en Europa. Ahora, con la subida de tasas, habrá más demanda de justicia gratuita, con 14 millones de españoles como potenciales clientes (5,6 millones de parados y más de 8 millones de mileuristas).

Vamos a tener una Justicia más cara, a pesar de su mala imagen entre los españoles: un 48% piensa que funciona mal o muy mal, tres de cada cuatro piensa que los pleitos son caros, largos y no compensan, y un 70% cree que las Leyes no protegen sus derechos si les toca pleitear con una gran empresa, un banco, un rico, Hacienda o la Administración. Una Justicia lenta, ineficaz, costosa e injusta. El Gobierno cree que con la subida de tasas, habrá menos pleitos (hay 9,5 millones al año, frente a 4 en Francia) y serán más ágiles (las demandas tardan entre un año y año y medio y las apelaciones se van a 4 y 6 años). Pero la agilidad también depende mucho de los medios y faltan jueces (10 por cada 10.000 habitantes, la mitad que en Europa), falta personal (un 20% son interinos, que ahora peligran), falta tecnología (hay 8 costosos sistemas informáticos, incompatibles entre sí), faltan medios y Juzgados. Y sobran recortes: un -13,2% en los Presupuestos 2011 y 2012, aunque España gasta en Justicia menos que Europa (0,38% PIB frente al 0,50% UE).

Justicia más cara y más lejos: el CGPJ ha propuesto concentrar y reducir los Juzgados, pasando de 431 partidos judiciales a 199. Eso supondrá que los ciudadanos de Cuellar ya no tendrán Juzgado en su pueblo y tendrán que ir a Segovia. Y lo mismo los de Don Benito (a Mérida) o los de Padrón (a Santiago), por ejemplo. Si antes desaparecieron de los pueblos las estaciones, las escuelas o el médico, ahora toca a los Juzgados. Es el progreso.