Hoy se ha conocido la EPA de junio, que aumenta el empleo y baja el paro, como es habitual en primavera. Pero la ocupación aumenta menos que los años anteriores. Y se crea más empleo temporal que en 2018, con parados que firman hasta 40 contratos al año para tener trabajo. Y los empleos “fijos” tampoco lo son: 1 de cada 3 acaban en despido antes de un año. Además, el paro sigue siendo el doble que antes de la crisis y que en Europa. Y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar y no cobran el paro. De hecho, hay 1,45 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza. Un panorama muy preocupante, tras 5 años de recuperación. Por eso, urge pactar un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad del futuro Gobierno. El empleo no puede esperar.
El segundo trimestre del año suele ser el mejor para el empleo, por las rebajas y las contrataciones previas al verano. Y en 2019, la EPA de junio lo ha confirmado, con un aumento del empleo y una bajada del paro. Pero, en ambos casos, la mejoría es menor que en 2018 y años anteriores, porque el empleo está perdiendo fuelle. Y si el paro baja, también menos, es en gran parte porque hay menos españoles que buscan trabajo, menos “activos”, sobre todo mujeres y mayores de 45 años, así como jóvenes que prolongan sus estudios. De hecho, hay 500.000 activos menos que en 2012, según la EPA.
Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea es muy precario, más incluso que en 2018.
Así, el 90,32% de los contratos firmados entre enero y junio de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018 y el 89,75% de todo
2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y
además, hay una gran rotación, con
lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo.
Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos
de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los
servicios. Además, lo que está pasando es que esta excesiva temporalidad se ceba
en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media
de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un reciente estudio de CCOO.
Esta alta
temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma
laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo
con más precariedad laboral: un 26%
de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa
(14,1% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.7%) o Alemania (12,6%),
según Eurostat (2018). Y además, España es también el país europeo donde se hacen
más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15%
en Alemania, según la OIT.
También han subido este año los contratos a tiempo parcial (por
horas o días), que suponen el 34,72% de los contratos firmados de enero a
junio de 2019 (frente al 33,18% en el primer trimestre), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,2
millones de los 3 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y
además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque
quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa.
Así, el 61,1% de los contratados a
tiempo parcial en España lo son de forma
“forzosa” (subempleo), frente al 26,4% de media en Europa, según Eurostat.
Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa,
pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,31% de los contratos
firmados en 2019 (10.988.900 entre enero y junio) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos
incluso que en 2018 (6,5% de contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero es que, además, estos
contratos “indefinidos” no son tampoco
“seguros”: sólo un 63% de los
contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año
pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos
indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los
contratos “fijos”: sólo el 50% de los
contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.
Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media
jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y
un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros
anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348
euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento de los trabajadores pobres en España:
2.654.000 personas con empleo, el 14,1% de los asalariados, según la Red Europa de lucha contra la pobreza (EAPN), con lo que somos el país
occidental con más porcentaje de trabajadores pobres (que ganan menos del 60%
de la media del país), según la OCDE.
Si la situación del empleo
es preocupante, lo es mucho más la del paro,
que afecta a 3 millones de españoles y sus familias. La bajada del paro es menor
en 2019 que en los dos últimos años. Y aunque la tasa de paro esté ahora por
debajo del 14% (Rajoy la dejó en el
16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando
estaba
en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de
Europa, tras Grecia (18,1% de paro), con más
del doble de paro que la media europea (6,3% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (mayo 2019). Además, el paro afecta especialmente a los
jóvenes (32% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las
mujeres (16,5% en paro frente al 12,5% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan la tasa de paro del 20%
(Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras tres no llegan al 10% (Navarra, País
Vasco y Aragón).
No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”.
Es que la situación de los parados es doblemente preocupante.
Por un lado, son casi la mitad los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser
recolocados: hay casi 1,5 millones de
parados EPA que llevan más de un año
sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga
duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados,
muchos de ellos sin perspectiva porque tienen más de 45 años.
Por otro lado, casi
la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el
subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o
autónomos que no han cotizado). En mayo, último dato de Trabajo, sólo 1.745.593 parados cobraban alguna ayuda, el 56% de los parados EPA, cuando antes
de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el
76% de los parados. Y hay 7
autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran:
Melilla, Madrid, Canarias, Ceuta, Asturias, País Vasco y la Rioja. Además,
entre los que cobran algo, son mayoría (1.048.500 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los
que reciben un subsidio “contributivo”
(697.094 parados), ahora de 817,50 euros
al mes.
Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.850.000 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con
la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía
queda recuperar más de 700.000 empleos para alcanzar la máxima ocupación
alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de
2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo”
con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de
la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2%
(frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una
media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el
horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida
del petróleo y los tipos de interés, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).
Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro
mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que
teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 5 años de recuperación. Y
la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho
tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal
pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello,
el paro sigue siendo “la primera
preocupación de los españoles” (para el 62,5%), según el Barómetro del CIS de junio. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a
la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con
datos oficiales españoles y europeos.
Lo primero y más urgente es resolver la grave
situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión
social. Son 1.450.000 parados que no
reciben ayudas, según un reciente estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en
febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima
de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, más de 2 años
después, esta propuesta de renta mínima
sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse de nuevo en un Congreso
bloqueado, salvo que se disuelvan las Cortes y haya nuevas elecciones. Mientras,
la Autoridad Fiscal independiente (AIReF)
ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para
1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.
Esta medida debería ser una prioridad del Congreso y de la
mayoría de los partidos, aunque PP y Ciudadanos no la apoyan. Y el próximo
Gobierno debería pactar también un Plan
de choque contra el paro y por el empleo estable, dirigido especialmente a
los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que
tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y
ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo
(SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a
los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden
ser los 3.000 asesores que han contratado
las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar
(ayudas fiscales, cotizaciones) a
las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi
la mitad de los parados.
En tercer lugar, urge un
acuerdo
social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los
partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores
(hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas
para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto
(se han regularizado 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la
zanahoria” al resto, para incentivarles
a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores
cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por
ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el
porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se
convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios, pueden y deben ofrecer contratos decentes.
Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012,
como piden los sindicatos y la izquierda.
Y hay una cuarta
medida de fondo para promover el
empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la
hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional,
precario y mal pagado. Hay que apostar
por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se
crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de
tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso quiere decir que hay que evitar ser “la California de Europa”
y apostar por un país más competitivo,
que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa:
un 67% de adultos trabajando frente
al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.
Son retos muy importantes y que exigen tiempo, pero el empleo no puede esperar, porque es lo que preocupa a los españoles
aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que
trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa
debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos este año. Al tajo.
