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jueves, 14 de septiembre de 2023

El dilema de la 10ª subida de tipos

Hoy 14 de septiembre, el Banco Central Europeo (BCE) decide si vuelve a subir los tipos de interés (un +0,25%, hasta el 4,50%) o pospone la subida a octubre. La mayoría de expertos apuestan porque el BCE hará una “pausa”, tras 9 subidas de tipos en los últimos 14 meses, aunque también hay miembros del BCE que apuestan por una última subida, para atajar la inflación (5,3%). Pero preocupa que otra subida sea la puntilla para la economía europea, que no crece nada, con Alemania y 9 paises más decreciendo. Dilema: ser “ortodoxos” y subir tipos aunque la receta apenas baje la inflación (que sube por la energía y los alimentos) o ser “flexibles” y no agravar el estancamiento económico en Europa, sobre todo en Alemania, la que “manda” en el BCE. Suban o no, el problema es que no habrá bajadas de tipos hasta 2024. Y eso daña a familias, empresas y Presupuestos. Urge cambiar la política monetaria y reanimar la economía europea.

14.30 h. Confirmado el temor: el BCE ha subido tipos +0,25%, al 4,50%, el tipo más alto desde 2001

                Enrique Ortega

El mundo económico y financiero tiene la vista puesta hoy en el Banco Central Europeo (BCE), que debe decidir si aprueba o no la 10ª subida de tipos en los últimos 14 meses. El BCE empezó a aplicar su “receta” de subir tipos contra la inflación el 21 de julio de 2022, con un retraso de cuatro meses sobre la Reserva Federal USA, que empezó a subir los tipos el 17 de marzo. Desde entonces, hace 14 meses, el BCE ha subido los tipos de interés oficiales del 0% en que estaban al 4,25%, tras la última subida del 27 de julio, el precio más caro del dinero en Europa desde el año 2008. Y en estos 14 meses, tras “el ricino monetario”,  la inflación en la zona euro ha bajado, pero poco: estaba en el 8,6% en junio de 2022, subió hasta un máximo del 11,1% en noviembre de 2022 y luego ha bajado hasta el 5,3% en agosto de 2023, todavía muy lejos del 2% que es el objetivo del BCE. Y la bajada se debe a la rebaja en los precios del petróleo, el gas y la electricidad, no a la subida de tipos. 

Ahora, el BCE debe decidir hoy si sigue con su racha de subidas y eleva los tipos otro +0,25% (hasta el 4,50%) o si se toma una tregua y deja la 10ª subida para la próxima reunión, el 22 de octubre próximo. Es lo que hizo la Reserva Federal USA en junio: no subió los tipos y esperó a hacerlo al 26 de julio, cuando sí aprobó la 11ª subida de tipos en 16 meses, un +0,25%, hasta el 5,50%, el tipo de interés más alto en EEUU desde el año 2001. Eso sí, la subida de tipos norteamericana ha sido más eficaz para reducir la inflación allí: ha caído de un máximo del 9,2% en junio de 2022 al 3,7% en agosto de 2023. Y eso porque allí la inflación estaba más motivada por el recalentamiento de la economía (inflación de demanda), que la subida de tipos ha “enfriado”, mientras en Europa se debe más a la energía, los alimentos y la guerra en Ucrania (inflación de oferta), costes sobre los que poco puede hacer que el BCE suba más o menos los tipos de interés. 

En el BCE hay dos posturas sobre qué hacer hoy con los tipos de interés. Los representantes de los paises llamados “halcones” (Alemania, Holanda, Austria, Estonia y Finlandia), defensores de la “ortodoxia monetaria”, creen que no hay que bajar la guardia y que debe seguir la subida de tipos “lo que haga falta”, hasta doblegar la inflación, aunque tenga un alto coste para familias (hipotecas), empresas (crédito e inversión) y paises (subida del coste de la deuda pública). Estos miembros del BCE se agarran a que la inflación en la zona euro es todavía demasiado alta (5,3% en agosto) y que no se redujo el mes pasado, por primera vez desde abril. Y que la inflación de fondo (subyacente), sin energía y alimentos no elaborados, sigue muy alta (6,2% en agosto), lo que indica que la inflación está “instalada” en las economías, sobre todo en el norte de Europa (la inflación es del 6,4% en Alemania o del 7,6% en Austria frente al 2,4% en España). Y que hay que seguir “dando leña al mono”… 

Pero algunos de esos mismos miembros “duros” del BCE (de Alemania) y los llamados “palomas” (Italia, Francia, Portugal o España) están más preocupados por el estancamiento de la economía europea que por la inflación. Y han frenado su afán de “subir tipos hasta doblegar la inflación” tras dos noticias recientes. Una, que la economía de la zona euro (20 paises UE) no creció nada en el 2º trimestre de 2023, según Eurostat, que rebajó del 0,3 al 0% su previsión anterior. Y lo peor: que Alemania no crece nada (+0%) y que hay 9  paises europeos que han decrecido, cuyo PIB cayó en el 2º trimestre de 2023: Italia (-0,4%), Paises Bajos (-0,3%), Suecia (-0,8%), Austria (-0,7%), Chipre (-0,4%), Estonia (-0,2%), Letonia (-0,3%), Hungría (-0,3%) y Polonia (-2,2%). La otra noticia, de este lunes, son las nuevas previsiones económicas  de la Comisión Europea para 2023: prevén que Europa crezca sólo un +0,8% este años (tres décimas menos de lo que esperaban en mayo y la cuarta parte del crecimiento de 2022: +3,4%). Y que Alemania, “la locomotora europea”, decrezca un -0,4% (tras la recesión a finales de 2022 y principios de 2023), con la mayoría de paises estancados, salvo España (crecerá un 2,2% este año) y Francia (+1%). 

Ante este panorama, algunos “halcones” (con Alemania a la cabeza, la que más “manda” en el BCE) y todas las “palomas” del Banco Central Europeo temen que si suben hoy los tipos agraven esta recesión y la economía europea, con el nuevo “ricino monetario” entre más en coma. Por eso, apuestan por retrasar el tratamiento, esperar a la próxima reunión del 22 de octubre, para ver cómo evolucionan la inflación y la economía. Pero sigue habiendo miembros del BCE (y “expertos”) que defienden el rigor (“rigor mortis”) y enviar el mensaje de que “están dispuestos a todo” para atajar la inflación. Aún a costa de la recesión. 

Hoy, hacia las 14,30 horas, sabremos la decisión que toma el BCE. Pero decidan la 10ª subida o una tregua, lo que está claro es que no valoran bajar los tipos para reanimar la débil economía europea. Ya lo han dicho claramente: los tipos seguirán altos en 2024 y sólo contemplan bajarlos dentro de un año, si la inflación amaina. Pero con mucha prudencia, porque ahora les preocupa que los salarios hagan repuntar la inflación. De hecho, en Alemania, los salarios han subido un +6,6% en el 2º trimestre. Y en España, los convenios firmados hasta agosto han aprobado una subida salarial del +3,38%. Es más que el año pasado, pero todavía no recuperan el poder adquisitivo perdido. Y sorprende que el BCE se preocupe ahora de que los salarios “realimenten la inflación” cuando no se han preocupado de los beneficios empresariales (márgenes), culpables (según el propio BCE) de dos tercios de la subida de la inflación en el último año… 

La inflación va a seguir alta en Europa, sobre todo este otoño e invierno, debido no a que la economía crezca demasiado y este “recalentada”, sino por culpa de la energía (el petróleo supera ya los 90 dólares, frente a los 72 en mayo, y el gas está subiendo, como la electricidad) y los alimentos (fruto de la sequía y el clima, en España y en medio mundo), además de los problemas en las cadenas de suministro y en el comercio mundial, además de las subidas de los márgenes empresariales (para recuperar las pérdidas del COVID). Por eso, la previsión del propio BCE es que la inflación en Europa no baje al 2% hasta mediados de 2025. Y por eso reiteran que seguirán con los tipos altos, sin bajarlos, hasta finales de 2024. 

Una política suicida e ineficaz, porque no baja la inflación (los precios suben por otras causas, no por un exceso de demanda, inexistente) y sin embargo daña la economía, a las familias, empresas y paises, agravando la recesión, en un momento en que la economía internacional se ha desinflado (según la OCDE) y China crece mucho menos. 

Las familias llevan ya 14 meses sufriendo las consecuencias de las subidas de tipos del BCE: el Euribor, por el que se revisa la mayoría de las hipotecas (4 millones), lleva subiendo desde que se puso en positivo (en abril de 2022) y eso ha provocado ya que algunas familias hayan tenido que revisar al alza dos veces ya su pago mensual de la hipoteca. En agosto, el Euribor mensual cerró en el 4,073% (bajando ligeramente del 4,149 de julio, por primer mes), pero como estaba en el 1,249% en agosto de 2022, los que revisen su hipoteca en septiembre tendrán que pagar unos 305 euros más al mes (+3.660 euros al año), después de que en la revisión de hace un año ya pagaron hasta 120 euros mensuales más. Un coste extra que, unido a la inflación y a los bajos salarios, va a recortar aún más el consuno de las familias este otoño e invierno, frenando el crecimiento y el empleo. Y que dificulta la concesión de hipotecas (ha caído de febrero a junio) y la venta de pisos (cae ya 5 meses, hasta junio, agravando la crisis en la construcción). Además, suben los tipos en las tarjetas y créditos al consumo (al 8,05% de interés en julio, frente al 6,82% hace un año, según el Banco de España). 

Las empresas también sufren los altos tipos del BCE, sobre todo las pymes, que tienen ahora más difícil endeudarse (los bancos miran “con lupa” los préstamos que dan) y más caro: los créditos hasta 250.000 euros han casi triplicado su coste (del 1,7% en 2022 al 4,84% en julio de 2023), los créditos de 250.000 euros a 1 millón han más que triplicado su tipo (del 1,35% al 4,75%) y los créditos a empresas superiores al millón de euros han cuadruplicado con creces su coste (del 0,83 al 4,87%), según los datos del Banco de España, que reconoce que la subida de tipos ha reducido el crédito a empresas y familias. 

Y queda el efecto negativo de los altos tipos de interés sobre los paises, sobre sus cuentas públicas, al encarecer los intereses que han de pagar ahora por su deuda pública. En el caso de España, con una deuda de 1.569.000 millones de euros en junio (el 113% del PIB), ahora tenemos que dedicar más recursos públicos a pagar intereses: el bono a 10 años, por el que se pagaba el 0,76% en febrero de 2022, salto a un tipo del 3,657% en diciembre de 2022 y ayer estaba al 3,738%. Sin estas subidas, ya estaba previsto destinar 31.275 millones del Presupuesto 2023 a pagar los intereses de la deuda, la 2ª partida de gasto tras las pensiones. 

En definitiva, que la receta de subida de tipos del BCE, aunque sirve de poco para bajar la inflación (lo que ha bajado es por la bajada de la energía y las medidas de los Gobiernos), es muy dañina para las familias, empresas y paises más endeudados, por lo que recorta la actividad y el crecimiento, agravando el riesgo de recesión en Europa y poniendo en peligro el empleo. Y más en la Europa del sur, donde familias, empresas y paises son más vulnerables a la subida de tipos, porque tienen menos ingresos (sueldos más bajos y menos recaudación fiscal), menos competitividad y más deuda pública y privada. Además, el BCE comete una tremenda desigualdad: sube los tipos igual a todos, aunque España (2,4%) o Grecia (3,4%) tengan la mitad de inflación que Alemania (6,4%) o Austria (7,6%). 

No lo van a hacer, pero dado el estancamiento económico en Europa (provocado en parte por sus 9 subidas de tipos), lo que debería hacer el BCE es empezar a bajar los tipos, progresivamente, para ayudar a reanimar las economías. Y en paralelo, la Comisión Europea debería poner en marcha Planes de reactivación, como ha aprobado Alemania (aprobando un Plan de ayudas de 32.000 millones en 4 años). Todo ello, sin olvidar la inflación, pero avanzando en medidas para frenar las subidas de la energía (con una reforma del mercado eléctrico, que sigue pendiente) y ayudas a agricultores y ganaderos, para contener la inflación de los alimentos provocada por la sequía y el clima. Nos espera un otoño difícil en Europa, pero lo será más si el BCE persiste en su “extremismo monetario” y no baja tipos (o incluso los sube, hoy o en octubre). Y si Bruselas no reanima la economía, mientras España tampoco hace nada, por un parón político que va para largo. Triste panorama.

lunes, 14 de noviembre de 2022

España: las ayudas contienen la inflación

La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.

Enrique Ortega

La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).

Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.

Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.

Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural  costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.

Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación)  a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.

El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE

Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la  subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.

El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.

Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.

El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.

El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.

El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.

En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).

Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.

La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.