Se dispara la pobreza energética

Enero está siendo un mes muy frío en toda España y eso aumentará los problemas de las familias que tienen dificultades para calentar su vivienda: 8,5 millones de personas sufren “pobreza energética” en España, un 17,5% de la población, casi el doble que la media europea y el triple que en 2008 (5,9%). Aunque el Gobierno ha aumentado las ayudas a estas familias, con el bono social eléctrico y térmico, sólo las reciben 1,7 millones de personas, la quinta parte de los que tienen problemas para calentarse y pagar la luz. Este año, la luz seguirá cara y lo mismo la calefacción, por lo que el Gobierno ha prorrogado estas ayudas a las familias en situación de pobreza energética. Pero la medida, que se incluye dentro del Decreto de revalorización de pensiones y prórroga del “escudo social” está pendiente de convalidarse en el Congreso y tanto la derecha como Junts amenazan con no aprobarla. Urge tomarse en serio este grave problema, que tantas familias no puedan pagar la energía.

                    8,5 millones de españoles sufren "pobreza energética"

En 2025 volvió a subir la luz, como en 2024 y 2023, aunque el recibo no dio los sustos de 2022, tras la invasión de Ucrania. En el mercado mayorista en origen, el precio medio ha sido 65,52 euros MWh, una subida del +4,2% sobre el precio medio de 2024 (62,90 euros MWh), por el aumento del precio del gas en la primera parte del año y la subida de los costes del CO2, aunque han evitado una mayor subida las lluvias de primavera y el aumento de la generación fotovoltaica. A partir de este precio en origen, el recibo de la luz que pagan los consumidores con tarifa regulada (8,5 millones) ha subido +12%, hasta una factura media de 69,34 euros mensuales (frente a 61,88 euros en 2024 y 60,34 euros de 2023, muy lejos ambas de los 105,48 euros que pagamos en 2022), según la OCU. Y en cuanto a la calefacción, la media del recibo subió un 13% en 2025 (a 640 euros anuales).

Ahora, en 2026, se espera otra subida del recibo de la luz, aunque puede bajar en origen hasta un 12%, dado que los futuros prevén un precio medio en el mercado mayorista de 56,70 euros MWh (que volvería a bajar a 54,25 euros MWH en 2027), según estimaciones de OMIP. Sin embargo, el recibo que pagamos podría subir este año. A los que tienen tarifa reducida, por la subida de peajes (cargos aprobados por el Gobierno) y, sobre todo, porque REE seguirá manteniendo “de guardia” varias centrales de gas, para evitar apagones, lo que supone un recargo en la factura. Y los que tienen una tarifa “libre” (20 millones de consumidores) verán como en la revisión anual de tarifas le suben, por estos cargos, al menos un 10%. Eso sí, la tarifa regulada del gas para calefacción baja más del 5%.

En definitiva, pagar este año la luz y la calefacción será caro, aunque puede haber algunos ahorros (ya también subidas si hay más conflictos geopolíticos). Y como el invierno está siendo frío, todo apunta a que la factura de la luz y la calefacción será un coste importante para muchas familias, junto a los alquileres (o hipotecas), la alimentación y el transporte. Por eso preocupa que aumenten las personas con problemas para calentar su casa o pagar la luz: el pasado invierno (2024-2025), el 17,5% de los españoles no pudieron calentar correctamente sus casas, según Eurostat. Eran más de 8,5 millones de personas con “pobreza energética”, el triple que en 2008 (entonces eran el 5,9% de la población).

España (con ese 17,5%) es el 4º país con  más “pobreza energética” de Europa, sólo por detrás de Bulgaria y Grecia (19% de personas con pobreza energética) o Lituania (18%) y duplica la media europea (9,2% de población con pobreza energética), según Eurostat, quedando muy por delante de Alemania (6,3%), Francia (11,8%), Italia (8,6%), Polonia (3,4%), Suecia (4,1%), Dinamarca (4,4%) o Finlandia (2,7%), paises mucho más fríos que España. Además, 1 de cada 3 familias españolas tuvo que retrasar el pago de sus facturas energéticas el invierno pasado, según otro Informe sobre pobreza energética 2024. Y existe una “pobreza energética “oculta”: un 15% de las familias tuvieron que recortar otros gastos básicos, como la compra de alimentos, para pagar las facturas de calefacción.

Esta pobreza energética en España es desigual, según el estudio. Afecta mucho más a las familias que viven de alquiler (un 33% sufren “pobreza energética”, casi el doble de la media española) que a los que tienen su casa en propiedad (17,5% de pobreza energética). Y hay una gran diferencia por autonomías: en Canarias y en las regiones más ricas (Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, la Rioja, Cataluña y Baleares) baja la tasa de pobreza energética (al 9%) y sube en las más pobres (al 23% en Extremadura, el 14,3% en Andalucía o el 12,3% en Murcia). Y además, preocupa el alto porcentaje de la pobreza energética “ severa” : un 9,35% de las familias (4,5 millones de personas) que dedican un porcentaje excesivo de sus ingresos a las facturas, incurren en retrasos severos de pago o no pueden mantener temperaturas adecuadas (por debajo de 18°C-21°C).

Frente a este grave problema de la pobreza energética, el Gobierno Zapatero creó en 2009 una ayuda, el bono social eléctrico, que se reformó en 2017 y se amplió en octubre de 2018, con el Gobierno Sánchez, que creó el bono social térmico. Dos formas de ayuda frente a la pobreza energética que son un avance pero que sólo ayudan a 1.703.511 personas, 1 de cada 5 afectados por la pobreza energética (8,5 millones). Veámoslas con detalle.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz que beneficia a las familias más vulnerables, que tienen problemas serios para pagar el recibo. El descuento varía según los ingresos del beneficiado: se rebajaba un -42,5% la factura eléctrica (descuento vigente del 30 de junio al 31 de diciembre de 2025) a los consumidores “vulnerables” (ingresan menos de 12.600 euros al año los solteros, 19.320 euros  las parejas con un niño y menos de 23.500 euros las familias con dos niños) y el descuento era del -57,5% para los consumidores “vulnerables severos” (ingresan menos de 6.300 euros al año los solteros, menos de 9.660 euros las parejas con 1 hijo, menos de 11.760 las familias con dos hijos, menos de 16.800 euros anuales las familias numerosas y menos de 16.800 euros los pensionistas). Además, hay un tercer grupo de beneficiados, los consumidores “en exclusión social” (atendidos por los servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías) que no tienen que pagar nada de luz (ni se la pueden cortar) y a quien esas administraciones pagan el 50% del recibo.

Este bono social eléctrico, esos descuentos en el recibo de la luz, los solicitan los beneficiarios potenciales a su compañía eléctrica, que se los aplicará si cumplen los requisitos, aunque realmente cargan después este coste al resto de los consumidores  (a través del concepto “financiación del bono social” incluido en las facturas de la tarifa regulada, aunque  los consumidores con contrato “libre” lo acaban pagando también). En 2025 había 1.703.511 consumidores beneficiados por el bono social eléctrico, medio millón más que antes de dispararse los precios de la energía por la invasión de Ucrania (1.218.120 beneficiarios en 2021). Más de la mitad de estas ayudas se concentran en Andalucía (348.435 beneficiarios), Comunidad Valenciana (223.306), Cataluña (189.705) y Madrid (187.639).

El bono social térmico, la otra ayuda complementaria disponible, es un pago anual único para ayudar al pago de los gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Su cuantía depende de la zona climática donde vive el beneficiario (más en Ávila que en Canarias), del grado de vulnerabilidad (ingresos) y de lo que aporte opcionalmente la autonomía a esta ayuda, que se financia con los Presupuestos del Estado (su coste fue de 312 millones en 2025, frente a 75 millones abonados en 2019). En 2025, la ayuda del bono social térmico variaba entre 40 y 373 euros anuales. Esta ayuda se abona en cuenta entre enero y agosto a todos los que disfruten del bono social eléctrico en diciembre del año anterior, pero este abono lo gestionan las autonomías y eso supone una gran descoordinación y retraso en las ayudas, por lo que algunos dicen que existen “17 bonos sociales térmicos”. En 2025, los beneficiarios del bono social térmico fueron 1.649.625 personas, medio millón más que en 2019.

Estas dos ayudas a los gastos energéticos se han ido prorrogando en los últimos años, la última vez hasta el 31 de diciembre de 2025. Unos días antes de vencer el plazo, el 22 de diciembre pasado, El Gobierno llegó a un pacto con EH Bildu para prorrogar estas dos ayudas durante todo 2026. Y al día siguiente, en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el Gobierno aprobó formalmente la prórroga, en un Real Decreto que incluyó también la prohibición de desahucios y el mantenimiento del “escudo social” más la revalorización de las pensiones. Ahora, todas estas medidas, incluida la prórroga de las ayudas a la pobreza energética, han de ser convalidadas en el Congreso, algo problemático dado que Junts asegura que no va a apoyar ningún Decreto del Gobierno, como PP y Vox.

Tenemos un antecedente de lo que puede pasar: hace un año, el Gobierno llevó al Congreso un Decreto semejante, para prorrogar el escudo social y revalorizar las pensiones y Junts lo tumbó, con PP y Vox, para ratificarlo unos días más tarde con algunos cambios y la partición del Decreto en dos (pensiones y otras ayudas). Ahora, PP, Vox, Junts y PNV no confirman si apoyarán este Decreto y critican que el Gobierno haya mezclado la revalorización de pensiones con la prórroga de ayudas contra la pobreza energética, la prohibición de coste de suministros básicos (luz, gas o agua) o la prohibición de los desahucios.

Mientras se concreta esta nueva “pelea política” lo que está en el aire son la prórroga de las ayudas a 1.7 millones de personas que tienen problemas para pagar la luz y calentar su casa, junto a la prohibición de que les corten los suministros. El bono social eléctrico y térmico es una ayuda importante para muchas familias, pero resulta insuficiente a la vista de los datos: 4 de cada 5 afectados por la pobreza energética no reciben ninguna ayuda. Los expertos lo achacan al exceso de requisitos y a la burocracia, que llevan a que muchos potenciales beneficiarios de las ayudas ni siquiera las pidan. Y también hay una gran descoordinación entre Administraciones, por lo que las ONGs  piden más implicación de los servicios sociales de los Ayuntamientos, para atender mejor las necesidades energéticas.

En paralelo a las ayudas, la Comisión Europea ha pedido a los paises otras medidas para paliar la pobreza energética, como potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas, para que estén mejor aisladas y las familias puedan gastar menos en luz y calefacción. En este tema, España está retrasada, a pesar de las importantes ayudas a la rehabilitación energética con Fondos europeos: se rehabilitan energéticamente el 0,8% de las viviendas, cuando la Comisión Europea considera que deberían rehabilitarse el 2% cada año.

Ahora, el Gobierno debe aprobar finalmente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, cuyo borrador presentó en septiembre de 2025. El Plan tiene 4 ejes de actuación (caracterización de la pobreza energética y creación de un Observatorio, protección de los consumidores, mejoras estructurales de las viviendas y mayor coordinación de las distintas Administraciones), concretados en 12 medidas: aumento del bono social, mejora y ampliación del bono social térmico (incluido en verano), concesión directa ayuda a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, prohibición de cortes de suministro e integrar medidas de descarbonización en la protección social energética. Algunas organizaciones sociales y ONGs creen que habría que ser más ambiciosos en esta nueva Estrategia, para cubrir a más personas energéticamente vulnerables, en colaboración con Ayuntamientos, autonomías y las propias compañías eléctricas. Y algunos proponen crear un Banco de Energía, al estilo de los Bancos de Alimentos, para canalizar donaciones (de energía o de dinero) a las familias más vulnerables.

En resumen, el pago de la luz y la calefacción supone cada vez un coste mayor para muchas familias, que no pueden afrontarlo, con lo que no pueden calentar sus hogares o lo hacen a costa de reducir otros gastos. Y España, al igual que en la pobreza general, es también líder en Europa en esa pobreza energética, que afecta a casi 1 de cada 6 españoles (17,5%). Urge ayudarles este mes de enero, con la convalidación en el Congreso de la prórroga del bono social eléctrico y térmico. Y después, habría que acordar un sistema de ayudas más eficaz, que llegara a la mayoría de los afectados (ahora 4 de cada 5 están desatendidos), no sólo con descuentos y ayudas en las facturas sino con medidas estructurales para rehabilitar las viviendas y reducir el gasto energético. Un gasto que angustia cada invierno a muchas familias.

2026, otro año de mayor crecimiento

2025 ha sido mejor de lo esperado hace meses, cuando se temía una recesión mundial por los aranceles de Trump y los conflictos geopolíticos. A final, el mundo ha crecido casi como en 2024 y Europa languidece, mientras España crece casi el doble que la UE, por 5º año consecutivo. Y todo apunta a que en 2026, la economía mundial crecerá como en 2025, sin sobresaltos, salvo la incertidumbre por las guerras y conflictos o el temor a una crisis bursátil por la burbuja de la Inteligencia Artificial. España volverá a crecer más que el resto de Europa, empujada por el aumento de la población (inmigrantes) y el empleo, que tirarán del consumo, junto a las mayores inversiones por los Fondos europeos (que se acaban).Pero este fuerte crecimiento no puede hacernos olvidar los problemas pendientes: subida de alimentos, alquileres por las nubes, sueldos bajos, jóvenes sin horizonte, deterioro de los servicios públicos (sobre todo la sanidad) y demasiada pobreza y desigualdad. Hay que repartir el crecimiento.

¡Feliz 2026¡

El año 2025 se ha cerrado con la sensación de que ha sido mejor de lo esperado, como ya pasó en 2023 y 2024, sin que los aranceles de Trump o los conflictos geopolíticos nos hayan sumido en una recesión, como algunos temían en primavera. El crecimiento mundial habrá sido del +3,2%, según el FMI, parecido al de 2024 (+3,3%), aunque con diferencias entre Europa (+1,3%), EEUU (+2%) y Asia (+4,5%). Al final, la economía internacional no ha caído en recesión porque los aranceles se han retrasado y suavizado sobre la amenaza inicial, por la capacidad de paises y empresas para reaccionar y adaptarse, por las bajadas de tipos (que reanimaron la inversión y el consumo) y por el alivio de la energía, con precios bajos del petróleo y el gas tras los sustos de años anteriores. Eso sí, en 2025 vimos un mundo más fragmentado, de bloques comerciales y políticamente dividido.

Este año 2026 se presenta bastante parecido, con un cierto dinamismo en la economía mundial, que podría crecer casi lo mismo (+3,1% prevé el FMI), con un crecimiento similar al de 2025 en EEUU (+2,1%), Europa (+1,4%) y China (+4,2%). Por un lado, se notarán más este año los aranceles de Trump, pero también avanzará la búsqueda de nuevos mercados por parte del resto del mundo. Y se esperan tipos bajos y energía barata, con el petróleo rozando los 62 dólares por barril, el precio más bajo desde febrero de 2021. Y se espera además que la inversión siga fuerte, empujada por la Inteligencia Artificial (IA), que movilizó 1,5 billones de dólares en 2025. Precisamente, el auge de la IA es un factor que puede contribuir a un salto de la productividad y el crecimiento, sobre todo en EEUU y China, pero también es un factor de incertidumbre: muchos expertos temen que la burbuja de la IA estalle en 2026 y provoque una debacle de las Bolsas, que han batido todos los récords en 2025.

Pero hay otras incertidumbres en el panorama internacional para 2026, en especial los conflictos geopolíticos (a Ucrania y Gaza de podría sumar Venezuela), la guerra comercial entre USA y China, el aumento de la deuda en EEUU y en todo el mundo (que podría llevar a recortes de gasto y a subidas de tipos), el gasto en Defensa (que impide otros gastos sociales), el progresivo envejecimiento de la población en Occidente y la emergencia climática, que no se afronta con decisión por el auge del negacionismo climático y causará nuevas y costosas emergencias (inundaciones, huracanes, incendios, sequías…).

En Europa, el año 2026 se presenta algo mejor, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea: se espera un crecimiento del +1,4% en la UE-27, el mismo que en 2025, pero con una cierta recuperación en Alemania, el motor del continente (espera crecer +1,2%, tras crecer sólo un +0,2% en 2025 y caer un -0,5% en 2024). Francia también crecerá algo más (+0,9% frente a +0,7% en 2025) e Italia (+0,8%, el doble que en 2025), aunque eso se contrapone con un elevado déficit público en los tres paises para 2026 (-4,0% del PIB Alemania, -4,9% Francia y -2,8% Italia), que dificultará reanimar más estas economías, máxime con el estancamiento político en Francia y los enfrentamientos en Italia.

Pero este ligero crecimiento de la UE y de sus tres mayores economías es muy importante para España, porque son nuestros mayores clientes (allí van el 33% de todas nuestras exportaciones) y los europeos que más vienen como turistas (el 31,6% vienen de estos 3 paises europeos). Esto nos ayudará más a crecer en 2026, un año en que la Comisión augura un crecimiento para España del +2,3%, casi el doble que el de la UE-27 (1,4%) y Alemania (1,2%). Con ello, será el 6º año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crecerá más que la media europea: hemos crecido +11,1% entre 2021 y 2025, más del doble de lo que han crecido estos años la UE-27 (+5,2%). Y eso gracias al mayor aumento de la población y del empleo, al turismo, a las exportaciones y a las inversiones promovidas por los Fondos UE.

Este año 2026, el mayor crecimiento español se asentará en dos motores, según las previsiones del Gobierno. Uno, el consumo de las familias, que ha crecido ya en 2025, por el aumento de la población (+475.000 habitantes, por la inmigración) y del empleo (se habrán creado unos 600.000 empleos el año pasado), que han gastado más (y ahorrado menos), también porque los sueldos han subido algo más (+3,49%) que la inflación media esperada (+2,8%) y porque la bajada de tipos ha ayudado a los que tienen una hipoteca o un préstamo. El otro motor del crecimiento, en 2025 y 2026, será la inversión (pública y sobre todo privada), que crece gracias a la inyección de los fondos europeos y a la renovación tecnológica de las empresas, ayudada por la bajada de tipos.

El fuerte consumo de los hogares y la inversión empresarial no sólo tiran del crecimiento sino que reflejan la confianza de empresas y familias en la economía española, reforzadas por una enorme confianza en España de los inversores internacionales, que se demuestra en el aluvión de inversiones en el sector inmobiliario o energético (renovables), pero también en hoteles, turismo, empresas, tecnología y centros de datos. Una confianza que se traduce en que la prima de riesgo, lo que tenemos que pagar de más como país para financiarnos (deuda a 10 años) respecto a Alemania es menor en España (+0,44%) que el extra que tienen que pagar Francia (+0,72%) o Italia (+0,67%).

Todo apunta a que 2026 será el 6º año consecutivo en que España crecerá por encima de su potencial (+1,6%), gracias a una serie de factores que aportan un crecimiento extra, según el análisis de CaixaBank Research: los fondos UE (+0,6% adicional), el aumento de población (+0,5%), los bajos tipos de interés (+0,3%), el alivio de los precios energéticos (+0,1%), el mayor consumo privado (+0,1%) y la mayor inversión en vivienda (+0,1% adicional). Y hay otros factores que restarán crecimiento este año 2026: el menor crecimiento de las exportaciones (restará -0,4% al PIB), el efecto negativo de los aranceles USA (-0,1%), la incertidumbre geopolítica mundial (-0,3%) y la política fiscal contractiva para seguir bajando el déficit público (-0,2%) y otros factores (-0,1%). Ayudas y frenos que se suman al crecimiento “normal” para conseguir ese +2,1% de crecimiento previsto para 2026.

Un crecimiento que no sólo es destacable por superar al de la mayoría de paises sino porque es “más sano” que el fuerte crecimiento de España en los años 90 o al principios de este siglo. Porque España crece con una inflación moderada (3%), creando mucho empleo (+600.000 en 2025), recortando el déficit público (-2,1% en 2026 frente al -3,2% en 2024) y dejándolo por debajo del déficit de Alemania, Francia o Italia, con menos deuda pública (que paga tipos muy bajos) y, sobre todo, con un superávit con el exterior (gracias a los ingresos por turismo, a las exportaciones y a las inversiones extranjeras), algo inédito en el último siglo.

Pero este crecimiento, alto y más sano, no puede esconder los problemas económicos de España que siguen pendientes en 2026. El primero, la sensación que tienen muchos españoles de que “no notan este crecimiento”, porque la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes (el 47,4% de los hogares, según el INE), debido a que las subidas de precios se han comido sus sueldos y pensiones. El  problema es que arrastramos la alta inflación de los años pasados (+15,4% subió el IPC entre 2022,2023, 2024 y hasta noviembre de 2025), que ha superado la subida de los salarios (+13,45% en estos 4 años), con lo que los españoles han perdido poder adquisitivo. Y han perdido más los que menos ganan y gastan más en alimentos (subieron +29% estos 4 años), vestido, calzado y vivienda.

Precisamente, la vivienda es otro de los grandes problemas para 2026, porque tiene unos precios prohibitivos tanto para comprar ( 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid) como para alquilar: 14,6 euros/m2 de media (1.314 euros por un piso de 90m2), una subida del 40,38% desde 2022, pero 24 euros/m2 en Barcelona (2.160 euros de alquiler) y 22,8 euros/m2 en Madrid (2.052 euros). Esto deja fuera a muchos jóvenes y familias o las obliga a dedicar la mitad de sus ingresos o más al pago de un techo, mientras las autonomías y el Gobierno son incapaces de pactar unas medidas para promover la construcción de muchas más viviendas para alquiler y venta.

Otro gran reto para 2026 es el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, transportes), que suponen serios problemas para la mayoría y un gasto creciente, que también les dificulta llegar a fin de mes, ya sea en un seguro privado, en la cuota de las guarderías privadas y los colegios concertados, en las Universidades privadas (porque no han conseguido plaza en las públicas, también con matrículas caras), en contratar a una persona para cuidar de los mayores o en pagarles una residencia, en el bono transporte o en los carburantes, los peajes y los seguros.

El mayor problema sigue siendo la sanidad, cada vez más deteriorada por falta de profesionales y recursos, lo que se traduce en que la demora media para ir al médico de cabecera son casi 10 días (9,78), según el último Barómetro del CIS, y una lista de espera de 128 días para el especialista y 118 días para operarse (donde esperan 832.278 pacientes, según Sanidad). Un deterioro que exige más gasto en Sanidad de las autonomías, sobre todo de las que menos gastan por habitante: Murcia (1.511 euros), Cataluña (1.516 euros), Comunidad de Madrid (1.537 euros), Andalucía (1.871 euros), Castilla la Mancha (1908 euros) y Baleares (1.981 euros) , las 6 por debajo del gasto medio en España (2.013 euros/habitante), según los Presupuestos autonómicos para 2026.

Otro gran problema para 2026 es ejecutar los Fondos europeos recibidos y conseguir las subvenciones y créditos pendientes: son 25.000 millones de ayudas a fondo perdido y otros 6.800 millones en créditos, cuya recepción está condicionada a que España apruebe 230 hitos y reformas este año, porque el 31 de agosto se acaban los Fondos europeos. Y no lo vamos a tener fácil, porque al Gobierno Sánchez le faltan apoyos para aprobar en el Parlamento muchas de esas reformas. Y si no se aprueban, no hay Fondos europeos, que han sido y son uno de los factores claves para el crecimiento y el empleo logrados por España.

Otro problema a afrontar en 2026 es reducir la desigualdad y la pobreza, que en 2024 afectó a 9,6 millones de españoles, los que ingresaron menos del 60% de la media (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Son el 19,7% de la población y el objetivo del Gobierno es que este porcentaje baje al 19,4% en 2026 (serían más “pobres”, porque sube la población). Y es especialmente preocupante la pobreza “severa” (los que ingresan menos del 40% de la media), que afecta a 4,3 millones de españoles, en especial mujeres solas con niños (hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children), jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Y seguimos teniendo el reto del paro, que es el más elevado de Europa, tanto el global (10,5% frente al 6% en la UE-27 y el 3,8% en Alemania) como el paro juvenil (25,3% en España y 15,2% en Europa). Un problema que exige Planes de empleo específicos para jóvenes y mujeres, así como para mayores de 45 años (1.061.100 están parados, el 40,6% de todos los parados, y muchos no van a encontrar ya trabajo nunca). Y también urge reformar de una vez las oficinas de empleo autonómicas (SEPE), que no utilizan las empresas para contratar (acuden a ETTS y conocidos) y tampoco ayudan a los parados a encontrar empleo.

En resumen, 2026 puede ser otro año con una economía internacional que mantenga su crecimiento en medio de la incertidumbre, una economía europea que salga del túnel (débilmente) y una economía española que siga creciendo más que el resto, lo que permitirá llagar a los 23 millones de empleos. Pero hay que resolver los problemas de los precios de los alimentos y la vivienda (alquileres y venta), mejorando los sueldos de una gran mayoría que los tiene bajos y se los come la inflación. Y además, hay que mejorar los servicios públicos, que afectan a la mayoría y a su bolsillo. Pero sobre todo, hay que repartir mejor el crecimiento, que no nota mucha gente, porque existe todavía una gran desigualdad, que sólo pueden corregir los impuestos, las ayudas y las políticas públicas. Pero eso resulta difícil con el actual enfrentamiento político, que impide acuerdos para mejorar la vida de la gente. Algo que se complica mucho más en un año electoral, donde las tensiones políticas podrían afectar negativamente a la recuperación de la economía. Al final, ese es nuestro mayor riesgo. Con todo, que tengan un buen año. ¡Feliz 2026¡  

El crecimiento aguanta (mal repartido)

En abril parecía que los aranceles de Trump llevarían al mundo a otra recesión. Pero se retrasó su aplicación y la economía mundial aguanta: el FMI elevó en octubre el crecimiento mundial y de España (+0,6% sobre abril). Y la Comisión Europea acaba de elevar el crecimiento europeo y de España: creceremos el 2,9%, más del doble que la UE-27, gracias al tirón del empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE). Pero están fallando 2  motores del crecimiento: el turismo (apenas creció este verano) y las exportaciones (estancadas, mientras el déficit con USA crece +38,7%), por el parón europeo y la incertidumbre económica mundial. España crece más que la mayoría, pero la gente no lo nota y casi la mitad llegan mal a fin de mes, por la subida de la vivienda y los alimentos y por la desigualdad, que lleva a tener 4,3 millones de personas en exclusión severa (según Cáritas), principalmente jóvenes, mujeres e inmigrantes. Urge repartir mejor el crecimiento, porque 2026 va a ser peor.

                 Casi la mitad españoles tienen problemas para llegar a fin de mes

El anuncio de Trump, el 2 de abril, de fijar unos aranceles disparatados al resto del mundo disparó todas las alarmas y el temor a otra recesión mundial. Ese mismo mes de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe donde recortaba el crecimiento mundial (del 3,3% en 2024 al 2,8% en 2025). Pero la aplicación concreta de estos aranceles se fue retrasando y el comercio mundial se disparó en primavera, para anticiparse a los aranceles. La consecuencia fue que en julio, otro informe del FMI subió sus previsiones de crecimiento mundial para este año al 3% (+0,2%). Y en octubre, un tercer informe del FMI volvió a mejorar las previsiones: subieron al 3,2% el crecimiento mundial este año (otro +0,2%), al 1,2% en la eurozona (+0,4% sobre abril)  y al 2,9% a España  (+0,6% sobre abril). Justificaron estas mejores previsiones por el retraso en la aplicación de los aranceles (hasta julio o agosto), en que los demás paises no habían tomado represalias y en que las empresas habían diversificado sus cadenas de suministro, manteniendo el comercio mundial.

El pasado lunes, 17 de noviembre, la Comisión Europea publicaba sus previsiones de otoño y se sumaba a la mejoría vaticinada por el FMI: la economía europea crecerá este año 1,4% (+1,2% la eurozona), tres décimas más de lo que esperaban en primavera, aunque un crecimiento mucho más bajo que el del resto del mundo (+1,6% crecerán las economías avanzadas y 2% EEUU, según el FMI). Bruselas explica que esta mejora del crecimiento (muy bajo todavía: la UE creció +1,9% en 2019) se explica por el retraso en los nuevos aranceles hasta el 1 de agosto (aunque el superávit comercial de la UE-27 con EEUU ha bajado hasta +40.800 millones en el tercer trimestre, frente a +47.100 en el 2º y +81.200 en el 1º de 2025), la diversificación de exportaciones, la fuerza del mercado laboral europeo y las mayores inversiones en muchos paises, por el Plan de Recuperación.

Eso sí, los grandes paises UE crecerán mucho menos: +0,2% Alemania (-0,5% en 2024), +0,7% Francia (1,2% en 2024) y +0,4% Italia (+0,7% en 2024). La excepción será España: crecerá +2,9% este año (+0,3% de lo que Bruselas preveía en primavera), más del doble que la UE-27 (+1,4%) y casi como el año pasado (+3,5%), básicamente porque tenemos poco comercio con EEUU (4,1% de todas las exportaciones) y porque el empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE) tiran con fuerza, aunque se han estancado las exportaciones y el turismo, los otros motores del fuerte crecimiento español tras la pandemia.

Al día siguiente de estas nuevas previsiones de Bruselas, el Gobierno español revisó también al alza (+0,2%) el crecimiento que preveía hace unos meses, apuntándose al +2,9% que esperan el FMI y la Comisión Europea. Y destacan que no sólo es el doble del crecimiento europeo y 10 veces el de Alemania, sino que además es un crecimiento “sano”, porque se está creando empleo a la vez que mejora la productividad por hora trabajada y mejora la balanza con el exterior (seguimos con superávit, algo inusual en el último siglo) y se reduce el déficit público (cerraremos el año con un “agujero fiscal” del -2,5% del PIB, inferior al -3,3% de déficit UE-27, al -3,1% de Alemania, el -5,5% de Francia y el -3% de Italia).

Para el Gobierno, los motores del crecimiento en 2025 (y en 2026, cuando España crecerá menos, un +2,2%) serán el empleo (esperan que se creen 450.000 empleos anuales en los próximos años, básicamente por la inmigración: el 68% de los 2,42 millones de empleos creados desde 2020 han sido para trabajadores no nacidos en España) y el consumo de las familias, junto a las inversiones (promovidas por los Fondos UE, que se terminan en 2026). Eso sí, “pincharán” las exportaciones, que restarán crecimiento al país en 2025 (-0.5%) y 2026 (-0,6%), debido al escaso crecimiento de la economía europea (nuestro mayor “cliente” comercial), a los aranceles de Trump y al consiguiente retraimiento de la economía y el comercio mundial (que crecerá sólo un 0,6% en 2026). Y junto a este crecimiento previsto, mucho mayor que el del resto de Europa, el Gobierno ha incluido 2 nuevos objetivos en su Cuadro macro, algo nuevo en las previsiones : reducir la pobreza en España (del 19,4% de la población al 19,1% en 2028) y la desigualdad (que los más ricos, que hoy ingresan 5,5 veces más que los más pobres, ganen sólo 5 veces más en 2028).

España está bandeando mejor la nueva crisis de los aranceles de Trump, la incertidumbre internacional y el estancamiento europeo porque nos han salvado el turismo, el mayor empleo creado (por el aumento de mano de obra disponible y barata) y el consiguiente mayor consumo, las exportaciones y las fuertes inversiones en todos los sectores derivadas de varios años de Fondos Europeos. Pero en los últimos meses ya han aparecido datos preocupantes que indican un menor empuje en dos motores claves: el turismo y las exportaciones.

El turismo, ese gran motor que nos ha permitido crecer mucho más que el resto de Europa, está frenando su crecimiento: entre enero y septiembre han llegado 76,5 millones de turistas extranjeros, todo un récord pero suponen un crecimiento igual al de 2024 (+3,5%).Y en verano la llegada ha crecido menos, tanto en julio (+1,6% este año frente al 7,3% en 2024), como en agosto (+2,9% frente a +7,3%) y más en septiembre (+0,8% de turistas frente a +9,1% en 2024), según el INE.  Y este año, han caído los turistas franceses (-0,1% hasta septiembre frente a 2024), y belgas (-2,8%), creciendo muy poco los alemanes (+1,4%), nórdicos (+1,9%), británicos (+4%), italianos (+4,5%), holandeses (+3,4%) y norteamericanos (+3,1%). Un frenazo en el turismo derivado del estancamiento europeo, la incertidumbre económica internacional y la fuerte subida de precios turísticos en España.

El otro motor del crecimiento en estos años, las exportaciones, se han estancado también: han crecido sólo un +0,5% este año (enero-septiembre), menos que las europeas (+2,4% han crecido en la UE-27, +1,2% en Francia y +3,5% en Italia, aunque sólo +0,3% en Alemania), según los últimos datos de Comercio, debido también al estancamiento europeo (el 62% de nuestras exportaciones ven a la UE-27 y el 74% a toda Europa) y a la incertidumbre mundial. Y los aranceles han disparado el déficit comercial que tenemos con EEUU (importamos más de lo que exportamos): -10.785 millones de euros hasta septiembre, +38,7% que en 2024. Y además, la fortaleza del euro (se ha revalorizado +11,2% frente al dólar este año) no ayuda, porque los productos españoles (y europeos) son ahora un 11,2% más caros a los paises que pagan sus compras (o sus viajes) en dólares.

Otro problema en el horizonte económico es que los aranceles y la incertidumbre internacional han frenado la tendencia a la bajada de tipos, tan necesaria para reanimar las economías y el bolsillo de los hipotecados: el BCE decidió en octubre (por tercera reunión consecutiva) mantener los tipos oficiales en el 2%, ante el panorama económico mundial y los aranceles, que pueden relanzar la inflación europea (en el 2,5% en octubre, peor que el 2,2% de mayo). Eso ha provocado que el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos) lleve 4 meses subiendo (del 2,081 en julio al 2,220 previsto para noviembre), lo que encarece las futuras hipotecas (ya mucho más caras porque se ha disparado el precio de los pisos).

En definitiva, España crece (+2,9%) más que el resto de Europa (+1,4%), pero hay problemas que frenarán ese crecimiento en 2026 (+2,2%). Y sobre todo, hay muchos españoles que no notan este crecimiento, por distintas causas. La primera, por la fuerte subida de los alimentos, (que suponen el 15,8% del presupuesto de las familias) : hasta octubre suben un +2,4% anual, pero el problema es que llueve sobre mojado y ya se han encarecido un +36,24% entre 2020 y 2025, según el INE. Una subida acumulada que crea problemas a la mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, porque los salarios han crecido en estos años menos de la mitad (+16,6% entre 2020 y 2025, según la estadística de convenios). El otro punto negro del crecimiento son los gastos de la vivienda (alquileres, agua, luz, calefacción, tasas e impuestos), que crecen un +7,5% este año y un +32,4% desde principios de 2020.

Y además, la vivienda es la primera preocupación de los españoles, según el CIS, porque se han disparado los precios de compra y los alquileres. El precio de las casas subió a 2.153 euros/m2 en septiembre de 2025, según el Ministerio de la Vivienda, superando el precio que tenía en plena burbuja (2.101 euros en 2008). Y los alquileres están ya en 14,5 euros de media por metro cuadrado (1.305 euros un piso de 90m2), según el portal Idealista, pero se disparan hasta los 24,3 euros en Barcelona (2.187 euros mensuales) o 23 euros en Madrid (2.070 euros). Una subida del 46,5% sólo en los últimos 7 años, que impide emanciparse a los jóvenes y que hunde en la pobreza a las familias que necesitan alquilar.

La combinación de sueldos bajos (el 30% de los asalariados ganan menos de 1.582 euros mensuales brutos y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos) y alta inflación acumulada más los alquileres disparados provocan que casi la mitad de las familias (el 47,4%) tengan problemas para llegar a fin de mes, a pesar del alto crecimiento de España: el 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), según el INE, otro 12,7% llegan a fin de mes “con dificultad” y el 25,6% restante “con cierta dificultad”. Y además, son muchos los españoles que sufren “carencias materiales”, según el INE: casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos”, el 6,1% no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días, un 17,6% no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y otro 13,6% de habitantes han tenido “retrasos” en el pago de recibos y gastos de su vivienda.

Pero lo más preocupante, a pesar del alto crecimiento y del fuerte aumento del empleo (menos precario tras la reforma laboral) es que España tiene todavía muchos “pobres” (personas que ingresan menos del 60% de la media del país): somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024), tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat, muy por encima de la media europea (16,2% de pobreza) y de Alemania (15,5%), Francia (15,9%) e Italia (18,9%). Esa tasa de pobreza ha bajado desde 2018 (era del 21,5%), cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pero como ha aumentado la población, todavía hoy tenemos 9.653.000 españoles en situación de “pobreza monetaria” (ganan menos del 60% que la media), sólo 409.000 “pobres" menos que en 2018. Y la previsión del Gobierno es que la pobreza baje al 19,1% de la población en 2028, un preocupante objetivo, porque al aumentar la población, habrá más pobres en tres años.

Una pobreza que se concentra en las familias jóvenes con hijos (más las que encabezan mujeres solas), los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y con dos datos preocupantes: hay 4,3 millones de españoles en situación de exclusión severa, según el reciente estudio Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos pobres más graves trabajan en muchos casos y en otros estudian o buscan empleo. Y que el 45% viven en alquiler, destacando la pobreza severa entre jóvenes, mujeres y familias con niños. Precisamente, en España hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, según Save the Children, quien recuerda que somos el 2º país europeo con más pobreza infantil.

En resumen, que la economía española va muy bien, pero la economía de muchos españoles va regular o mal (mientras la de otros va mucho mejor). Es urgente repartir mejor el crecimiento, para que mejore la vida de la mayoría de españoles y sobre todo de los más vulnerables. Hay que actuar en dos frentes. Uno, aprobar un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, aprobando una ayuda universal por hijo (como tienen 19 de los 27 paises de la UE), que está pendiente de la nueva Ley de Familia, paralizada en el Congreso. Y otro, habría que pactar una nueva política salarial, que además de seguir aumentando el salario mínimo (ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2024), revise al alza´(con mayores subidas que el resto) los salarios más bajos, ahora que las empresas llevan años subiendo márgenes y beneficios.

Pero además, hay que revisar toda la estrategia de ayudas sociales, muy dispersa y mal planteada, porque tanto la Comisión Europea como la OCDE reiteran que las ayudas públicas (directas y fiscales) ayudan comparativamente más a los que más tienen que a los más pobres. Y en paralelo, urge fortalecer los servicios públicos, porque la saturación de la sanidad, la educación y la Dependencia obliga a muchas familias a gastar parte de su sueldo en un seguro privado, en colegios concertados, comedores y transporte escolar o en contratar a alguien para cuidar a mayores y discapacitados, dificultándoles llegar a fin de mes. Pero, sobre todo, hay que resolver el grave problema de la vivienda, que hunde todos los presupuestos (ya sea por el alquiler o la hipoteca) y tomar medidas para mejorar la precariedad laboral (y salarial) de una buena parte de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y vigilar los precios de los alimentos, para que intermediarios y super no se forren a costa de nuestro bolsillo.

En definitiva, no basta con crecer, hay que conseguir que este crecimiento mejore la vida de la mayoría de españoles y no deje atrás a las familias más vulnerables. Para eso necesitamos gastar más desde las Administraciones públicas, lo que exige recaudar más, no pagando más impuestos la mayoría sino los que hoy pagan menos (empresas, bancos y los más ricos). Hace falta una reforma fiscal y una mejora de las ayudas y servicios públicos para que la mayoría de españoles confíen en el sistema y no crezca el desencanto (y la extrema derecha). Pero todo esto exige acuerdos y un Presupuesto. Algo imposible ahora. Así nos va.

¿Nucleares? No, gracias

Las tres grandes eléctricas han pedido la prórroga por casi 3 años de Almaraz, la nuclear que debe cerrar en 2027 y 2028. Sería la 2ª prórroga, porque las eléctricas consiguieron en 2019 una prórroga de 7,4 a 10 años en sus 7 centrales nucleares, a cambio de  cerrarlas entre 2027 y 2035. Ahora cambian, apuntándose a la “ola nuclear” que recorre el mundo y aprovechando los temores por el gran apagón (aunque reconocen que las nucleares no lo evitan). El Gobierno tiene hasta marzo para decidir, entre presiones de las eléctricas y el PP, con la oposición de Sumar. Los datos demuestran que las nucleares (20% de la electricidad) pueden ser sustituidas por las renovables (2 de las muchas plantas solares de Extremadura generan lo que Almaraz I), cuya luz cuesta la mitad y es más segura y más limpia (los residuos nucleares son costosos, porque duran milenios). Lo razonable sería no prorrogar Almaraz, para no frenar las inversiones en renovables, que aportarán el 81% de la electricidad en 2030. Y decidir sobre el resto cuando toque.

                 Almaraz debía cerrar en 2020, se prorrogó a 2027 y ahora quieren mantenerla hasta 2030 

Para entender mejor el debate actual sobre Almaraz, conviene hacer primero un poco de historia. En la madrugada del 22 de marzo de 2019, las tres grandes eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y la portuguesa EDP alcanzaban un difícil pacto para cerrar las 7 centrales nucleares de su propiedad: Almaraz I (1 noviembre 2027), Almaraz II (1 octubre 2028), Ascó (1 octubre 2030), Cofrentes (1 noviembre 2030), Ascó II (1 septiembre 2032), Vandellós II (1 febrero 2035) y Trillo (1 mayo 2035). El acuerdo fue posible tras la negociación días antes con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), a la que arrancaron dos cesiones antes de acordar el cierre. Una, ampliar la vida de esas centrales (que debían cerrarse a partir de 2020) entre 7,5 y 10 años más (ver calendario). Y la otra, conseguir que la tasa nuclear (para pagar la gestión de residuos) subiera como máximo un 20% y no el doble que habría subido con el cierre.

¿Por qué las eléctricas deciden cerrar voluntariamente sus 7 nucleares en 2019? Primero, por estas ventajas (importantes) que habían logrado. Segundo, porque la entrada creciente de las renovables en el mercado eléctrico (aportaron el 38,1% en 2018, frente al 20,4% las nucleares) estaba bajando el coste del mercado eléctrico y producir kilovatios nucleares era menos rentable. Y tercero, porque así “hacían hueco” a sus centrales térmicas de gas, una “burbuja energética” a punto de estallar: habían invertido más de 15.000 millones en decenas de centrales (67 hoy), dando un salto de potencia instalada de cero a 27.000 MWH en 7 años (de 2002 a 2009), pero aportando el 10% de la electricidad (estas “centrales de ciclo combinado” son “la reserva” del sistema, complementan el suministro cuando no hay sol, aire o agua suficiente).

Y así, las eléctricas estaban contentas con su cierre de las nucleares hasta 2022. La invasión de Ucrania y la subida disparada del precio del gas provocaron que muchos paises quisieran “recuperar” las olvidadas nucleares. La Cumbre del Clima de Dubai (diciembre 2023) hace un llamamiento para “acelerar la energía nuclear, junto a otras fuentes bajas en CO2”. Antes, en enero de 2022, la Comisión Europea propuso que la energía nuclear y el gas “tengan un papel clave en la transición energética”, con la oposición de varios paises. Y el 1 de abril de 2024, empresas, inversores, líderes mundiales y la plana mayor de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas en “la primera Cumbre nuclear de la historia”.

En paralelo y después, paises y empresas empiezan a promover proyectos nucleares, desde EEUU (con Trump) a China, India, Rusia y paises en desarrollo, también en Europa, donde la energía nuclear se abandonó en los años 80, por la gran contestación popular  tras 3 grandes accidentes en las centrales de Three Island (1979, USA), Chernóbil (1986, Ucrania) y Fukushima (2011, Japón). De hecho, Alemania cerró en 2023 las tres últimas centrales nucleares, tras el cierre de 14 más a partir de 2011. Y lo mismo hizo Italia, que cerró en 1990 sus dos últimas centrales nucleares (tenía 4), tras un referéndum en 2019. Con todo ello, la energía nuclear tiene poco peso en el mundo (genera el 10% de la electricidad), en EEUU (18,2%), China (5%), India (3,1%) y Rusia (18,6%) y algo más en Europa (22%, por el 68% en Francia). Pero la tendencia es, tras la crisis energética por Ucrania, volver a invertir en nucleares, con propuestas de aperturas en Alemania e Italia (no concretadas) y en muchos paises de Europa y el mundo. Por eso, la Comisión Europea estimaba este verano que los proyectos nucleares en ejecución en el continente (para ampliar la vida útil de centrales o para abrir nuevas) requerirán 241.000 millones de inversión hasta 2050.

En medio de esta nueva “ola nuclear”, las eléctricas españolas llevan un año de “lobby”, relanzando en los medios y entre expertos “la recuperación de las nucleares” (que ellos acordaron cerrar). Y el 28 de abril se produce el histórico apagón en España: las eléctricas lo ven como la gran ocasión para reivindicar las centrales nucleares, como “garantía de abastecimiento” y un “seguro contra apagones”. Dos mentiras. Por un lado, Almaraz I produce 1.049 megavatios (MW), frente a los 7.300 megavatios que aportan ellas solas las plantas renovables inauguradas sólo en 2024 (son como 7 centrales de Almaraz). Y  por otro, las propias eléctricas han reconocido, por carta enviada al Ministerio de Transición Ecológica el 24 de octubre, que las centrales nucleares “no están preparadas para realizar un control dinámico de tensión”, una de las exigencias exigidas por Red Eléctrica (REE) para contribuir a la estabilidad del sistema y evitar apagones.

Aprovechando la “ola nuclear” y el apagón, las tres eléctricas propietarias de Almaraz (52,7% Iberdrola, 26% Endesa y 11,3% Naturgy) solicitaron el 30 de octubre, la ampliación de la vida útil de los dos grupos de Almaraz: 2 años y 8 meses más para Almaraz I (que cierre en junio de 2030) y 1 año y 8 meses más para Almaraz II (posponer su cierre a mayo de 2030). Y piden además que el Gobierno les quite la tasa de generación eléctrica (7%) y rebaje la tasa nuclear de las centrales (otra vez, como en 2019), una tasa por la que sólo pagaron 290 millones en 2024. Curiosamente, los dos impuestos los implantó Rajoy en 2024, concretamente su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hoy vicesecretario de Economía del PP, el partido que pide la prórroga de Almaraz con las eléctricas y bajarles ahora impuestos.

Los “argumentos” de las eléctricas para prorrogar Almaraz (y luego, supongo, el resto de nucleares), son básicamente que la electricidad que generan nos hace falta para evitar otro apagón y conseguir “un colchón de tiempo” hasta que se consoliden las renovables, además de que evitarán apagones (recordemos: ellas mismas han reconocido que no). La realidad de las cifras contradice sus razones. Por un lado, las 6 centrales nucleares producen 7.300 MW, el 19,4% de la electricidad generada este año (enero-septiembre), según REE, mientras las renovables generan ya el 56,7% de la electricidad. Y sólo en 2024, las renovables que se sumaron al sistema eléctrico aportaron 7.300 MW, según REE, lo que las 6 nucleares. Y todas las centrales fotovoltaicas aportan 32.350 MW de potencia (más de 4 veces lo que todas las nucleares), cuatro veces más que en 2019 (8.913 MW).

Otro argumento es que Almaraz es clave para Extremadura. Sí aporta muchos empleos (4.000), pero precisamente Extremadura es la región española con más cuota de energía solar instalada (el 59,8% de la potencia) y líder en renovables  (suponen el 84,6% del parque eléctrico). Y sólo en 2024, Extremadura puso en servicio 1.422 MW de potencia solar, más que Almaraz I (1049 MW). Los extremeños deben saber que tienen 24 centrales fotovoltaicas operativas (2.842 MW) y otras 14 en proyecto (aportarán 3.800 MW más). Y que la central fotovoltaica Francisco Pizarro (Cáceres) produce 590 MW (más de la mitad que Almaraz I) y “suministra energía limpia a 334.000 hogares”, según nota de Iberdrola, su dueña…

Frente a estas dudosas “ventajas", hay múltiples “desventajas”. La primera y fundamental, que no es una energía 100% segura (recordemos los 3 accidentes graves en el mundo) y un potencial accidente podría ser desastroso. El 2º problema grave es que generan unos residuos (125 Tm cada año) que se mantienen radiactivos durante miles de años y que son costosos (lo pagamos con el recibo de la luz) y peligrosos de almacenar: los de alta actividad se almacenan de forma temporal en las centrales y los de baja y media actividad en el centro de El Cabril (Córdoba). El tercer problema, la dependencia de otros paises para el suministro de uranio enriquecido (Rusia, Francia, Paises Bajos y Reino Unido más China) y barras de combustible (EEUU, Rusia, Japón, Francia, China Y Reino Unido, sólo el 3,2% se fabrica en España), así como la tecnología de las centrales.

Estos problemas son estructurales, de fondo. Pero ahora, la energía nuclear tiene dos problemas más en España. Uno, que el kilovatio nuclear es más caro (el doble) que el kilovatio renovable, que además se abarata a medida que se desarrolla. Así que prorrogar las nucleares lo pagaríamos en el recibo de la luz. Pero el problema fundamental es que no hace falta prorrogar las nucleares, porque la demanda eléctrica está estancada y porque la electricidad renovable crece de forma imparable y lo seguirá haciendo. Veámoslos.

La demanda de energía eléctrica creció sólo un +0,9% en 2024, tras caer desde 2018 (salvo en 2021, tras el fin del confinamiento). Y en contrapartida , hay un exceso de potencia instalada, que cubre con creces la demanda (el apagón de abril no fue por falta de potencia, sino por descoordinación entre las centrales y REE) . De hecho, en 2024, la potencia instalada creció +4,6% en 2024, cuatro veces más que la demanda, empujada por el salto de potencia renovable: de 55.247MW (2019) a 85.144 MW renovables en 2024, un salto protagonizado por la energía solar fotovoltaica (32.250 MW), la solar térmica (2.302) y la energía eólica (32.104 MW), más la hidráulica (17.097 MW), energías frente a las que la nuclear (7.177 MW) es poco importante. Y la previsión es que sea menos en el futuro, porque el Plan del Clima prevé que el 81% de la electricidad sea renovable para 2030 (año en que tendremos 4 nucleares abiertas, la última, Trillo, hasta mayo de 2035).

Evidentemente, el debate nuclear no se plantea hoy en términos de si es “necesaria” o no (en 2027 se va a inaugurar la central fotovoltaica Erasmo, en Ciudad Real, con más potencia, 1.200 MW, que Almaraz I ) y si tiene el mejor precio para nuestros bolsillos, sino “en términos ideológicos”: la energía nuclear se ha convertido en la bandera de la derecha negacionista del mundo y España: el PP presentó en el Congreso una proposición para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó y Cofrentes, apoyada por Vox y UPN, que el jueves fue rechazada por el resto de partidos (y la abstención de Junts). Este voto en contra de ERC y Junts (a los que la patronal catalana “responsabiliza de un posible apagón en Cataluña en 2030”…) tiene explicación: Naturgy (Caixa y Fondos) y EDP, no tienen claro prorrogar otras nucleares, porque podría frenar las inversiones en renovables.

Ahora, la pelota para prorrogar o no Almaraz está en el tejado del Gobierno, que ha enviado la petición al CSN, como es preceptivo, y tiene que decidirlo antes de marzo de 2026, porque el cierre el 1 de noviembre de 2027 requiere múltiples operaciones previas. El presidente Sánchez dice que no está en contra de la prórroga solicitada, aunque pide que se cumplan antes 3 condiciones: que la prórroga sea segura, que no tenga un coste adicional para los consumidores y contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro. Y el presidente sabe, como la mayoría de expertos, que las dos últimas condiciones no se van a cumplir, mientras Sumar le presiona a no ceder y las eléctricas hacen “lobby” con patronales, expertos, medios de comunicación y políticos (incluso el ahora "pronuclear" Felipe González, quien aprobó en 1984 la “moratoria nuclear”, la suspensión de la construcción de 5 nucleares, un verdadero “rescate” a las eléctricas que hemos pagado en nuestro recibo, desde 1996 a 2015, y que nos ha costado 5.717 millones extras…).

Lo razonable sería no prorrogar Almaraz I y II , porque no las necesitamos para asegurar la demanda prevista a medio plazo y porque siguen adelante los proyectos renovables, una energía que nos suministra luz más barata (España tiene la tercera  electricidad más barata de Europa, tras Finlandia y Suecia y empatados con Portugal, Europa, según Eurostat: ver cuadro de precios 2025), más segura y más limpia (sin residuos radioactivos). Y una energía que depende del sol y el aire (que nos sobran) y del agua. Y respecto a las demás nucleares, lo razonable es no hacer nada ahora y esperar a decidir en 2030 si se prorrogan Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo, cuando ya tengamos la certeza del comportamiento de la demanda y del comportamiento de las renovables.

La primera consecuencia prorrogar Almaraz entre 2 y 3 años más es que ayudaríamos a las eléctricas propietarias a “hacer caja”, a seguir ingresando por sus kilovatios sin casi costes, porque las dos centrales (como la 5 restantes) están más que amortizadas (si cierran en 2027 y 2028 habrán tenido 46 y 44 años de vida), pagaríamos de más por unos kilovatios que no necesitamos a unas eléctricas que ganaron 11.249 millones en 2024…

Pero la consecuencia más grave es que la prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio mundo. Y un sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos (hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara, además de invertir más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables en España. Mientras, el Gobierno ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800 millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la industria.

En resumen, que las eléctricas vuelven  a pedir otra prórroga de las nucleares (la 2ª tras la de 2019), para seguir ordeñando la vaca de unas centrales que ya tienen más que amortizadas y que nos ofrecen una electricidad más cara, con residuos radiactivos y potencialmente peligrosa, que además no evita los apagones. Lo sensato sería seguir apostando por las renovables, que han mejorado la competitividad del país. Pero en este debate juegan la ideología y los intereses, oscuramente mezclados. Que no nos engañen.