Elecciones 2015: el fracking se la juega

El Gobierno Rajoy intenta acelerar la aprobación en el Congreso y Senado de las nuevas ayudas al fracking (perforar y romper las rocas para extraer gas y petróleo), para que entren en vigor antes de las elecciones y empezar las primeras exploraciones en 2016. De hecho, gracias a estas y otras medidas del Gobierno en apoyo del fracking, España es el tercer país europeo con más pozos autorizados, tras Polonia y Gran Bretaña. Ahora, las empresas energéticas temen lo que pasaría si el PP pierde las próximas elecciones: tanto PSOE como Ciudadanos y Podemos están en contra del fracking y aseguran que paralizarían las exploraciones autorizadas, que también chocan con la oposición de muchas autonomías y Ayuntamientos implicados (incluso los del PP), que además en mayo se renuevan. El futuro del fracking en España es oscuro, mientras bate récords en EEUU y Europa está dividida, con países que lo apoyan, una mayoría que lo prohíbe y polémica en Alemania.
 

enrique ortega

El Gobierno Rajoy lleva un par de años apostando a fondo por el fracking, la revolucionaria técnica de extracción de petróleo y gas (ver gráfico) mediante la perforación de yacimientos en los que se inyecta agua a presión, arena y aditivos químicos para romper las rocas y liberar los hidrocarburos. “No podemos perder este tren”, ha reiterado el ministro Soria. Y para ello, se ha convertido en  uno de los Gobiernos europeos en aprobar más ayudas al fracking. Primero, la noche del 9 de octubre de 2013, introdujo por sorpresa en el Senado una enmienda para incluir el fracking en la ley de Hidrocarburos (de 1998), a través de algo tan estrambótico como dos disposiciones adicionales a la Ley de garantía del suministro eléctrico a Baleares y Canarias… Y el 28 de noviembre, el Congreso aprobó por trámite de urgencia (no habitual) la Ley de Evaluación Ambiental, que complementa la legislación sobre el fracking. Por un lado, centraliza en el Estado la competencia, quitándosela a las autonomías (para evitar varias leyes autonómicas que han prohibido el fracking). Además, acelera los proyectos (al reducir los plazos para resolver los expedientes de impacto ambiental, de 3 años a 4 meses) y les concede la cláusula de confidencialidad, dificultando la presentación de alegaciones.

La tercera medida a favor del fracking, aprobada por el Gobierno el 12 de diciembre de 2014, es un proyecto de Ley de modificación de la Ley de Hidrocarburos, con dos novedades. Una, la creación de un canon de ocupación que pagarían las compañías que busquen petróleo y gas a los propietarios de los terrenos (o a los ayuntamientos y autonomías más próximos de un yacimiento marino), que recibirían un 1% del valor de la producción anual mientras dure la explotación. Y la otra, un nuevo impuesto sobre la exploración de petróleo y gas (en tierra o en el mar), con un tipo que podría ser del 8% y cuyos ingresos serían destinados a las autonomías y Ayuntamientos donde se hagan las prospecciones. El objetivo es contrarrestar la oposición de propietarios, Ayuntamientos y autonomías contra el fracking a base de dinero, de compensaciones (se ha dicho, por ejemplo, que Canarias recibiría con este nuevo impuesto 320 millones anuales de compensación). Este proyecto de Ley salió  adelante (en primera instancia) en el Congreso el 18 de marzo, sólo con los votos del PP, y ahora se debate en Comisión para intentar aprobarlo antes de que se disuelvan ambas Cámaras.

Estas nuevas ayudas intentan frenar la oposición al fracking que se ha ido extendiendo por toda España desde 2012. Primero fueron los Parlamentos de Asturias y Galicia los que vetaron el fracking o aprobaron una moratoria de dos años. Luego, en 2013, fueron Cantabria, la Rioja y Navarra (incluso con Gobiernos del PP) los que aprobaron Leyes anti-fracking. Y en 2014, Cataluña y Andalucía, mientras los Gobiernos de Canarias y Baleares (PP) se han opuesto con fuerza a las prospecciones en el mar. Pero el Gobierno, aprovechando la Ley aprobada en 2013, ha recurrido estas normas autonómicas ante el Constitucional, que le ha dado la razón y ha suspendido cautelarmente (en 2014) las Leyes de Cantabria, la Rioja, Navarra y Cataluña. Además, hay ya más de 400 Ayuntamientos (ver mapa) que han aprobado mociones anti-fracking (muchos de ellos, gobernados por el PP).

Esta creciente oposición se debe a que España se ha convertido, gracias al apoyo del Gobierno Rajoy, en el tercer país con más exploraciones de fracking aprobadas (unas 70) y pendientes (otras 60), por detrás de Polonia  (que cuenta con más de 60 pozos ya perforados y en explotación) y Gran Bretaña (Cameron quiere abrir 20.000 pozos para 2020). Mientras, Francia prohibió el fracking con Sarkozy (por Ley, en 2011) y otros países aplican moratorias, como Bulgaria, república Checa, Dinamarca o Irlanda. Y en Alemania, la Ley sobre el fracking (abril 2015), ha provocado una profunda división en la CDU de Ángela Merkel, con 100 parlamentarios que exigen más garantías. Por todo ello, el fracking es una técnica que divide a Europa, lo que ha provocado que la Comisión Europea no haya aprobado ninguna Directiva y se haya limitado (enero 2014), a hacer una serie de “recomendaciones” y dejar que cada país comunitario legisle a su aire.

Entre tanto, el fracking sigue avanzando en Estados Unidos, donde ha permitido que el país haya sido en 2014 (como en 2013) el primer productor mundial de petróleo (por delante de Arabia Saudí) y de gas (por delante de Rusia), lo que ha impulsado su economía y ha revolucionado la geopolítica mundial. Ahora, el “boom” del fracking en USA podría amainar, por dos factores. Uno, la caída del precio del crudo: por debajo de 90 dólares barril, esta técnica no es rentable. Y el otro, que EEUU acaba de aprobar, el 20 de marzo, normas más estrictas  para las exploraciones en territorio federal (afecta a unos 100.000 pozos), lo que ha recibido las críticas de la industria petrolera norteamericana. Y no cesan en EEUU las críticas contra el fracking, por sus riesgos para el medio ambiente y el hombre: contaminación del agua y del suelo, escapes de gas y metano, microseísmos, generación de residuos…

En España, el lobby del fracking  está impulsado por multinacionales norteamericanas, canadienses, británicas e irlandesas (BNK. Heyco, Trofagas, Schuepbach, Heritage Petroleum, True Oil, Cambia, R2 Energy, Leni Oil Gas y San Leon), las españolas Repsol o Cepsa y la empresa pública vasca SESHA, creada por el ex lehendakari Patxi López para explotar el yacimiento alavés de Gran Enara. Sus estudios hablan de que España alberga gas para cubrir 90 años de consumo y petróleo para cubrir el 20% del consumo durante 20 años, reservas que los ecologistas consideran “infladas”. Los Colegios de Geólogos e Ingenieros de Minas hablan de reservas para 39 años y apoyan el fracking, asegurando que los riesgos son “controlables y mínimos” (mientras, el Servicio Geológico de EEUU acaba de alertar de que el fracking puede provocar terremotos de magnitud 7...). Y las empresas interesadas en explotarlo dicen que esta nueva industria podría crear en España 260.000 empleos (15% directos) y generar 40.000 millones de euros.

De momento, no hay ningún pozo de fracking en España. Los 70 permisos de exploración ya concedidos por el Gobierno Rajoy se concentran en Burgos, Álava, Soria, Cantabria, la Rioja, Huesca, Castellón, Guadalajara, Jaén, Sevilla y Cádiz. El proyecto más avanzado son las 12 prospecciones de la multinacional canadiense BNK en el norte de Burgos, que han  chocado con la oposición de los vecinos y los cinco Ayuntamientos de la zona (gobernados por el PP). Los 6 yacimientos del proyecto Urraca están pendientes de la respuesta del Gobierno central a su plan de impacto ambiental (porque incluye terrenos de Burgos y Álava, en dos comunidades). Y los otros 6 del proyecto Sedano tropiezan con el problema de que están en suelo municipal y los Ayuntamientos no les quieren arrendar o vender las parcelas, por lo que BNK ha pedido a la Junta de Castilla y León que las declare “de utilidad pública” y las expropie (además la Junta tiene que aprobar su Plan de impacto ambiental). Todo ello está retrasando el inicio de estas primeras exploraciones, previstas para 2016. Y detrás iría el proyecto de Álava (Gas Enara), que aún no ha presentado el informe de impacto ambiental.

Todo ello indica que los primeros pozos de fracking  no se verán hasta dentro de un año, como pronto, y que la mayoría serían para 2017. Pero serían pozos de exploración, para saber si hay gas o petróleo y si es rentable extraerlo. Porque para que haya pozos de explotación hacen falta nuevos informes, con lo que si se autorizan y hay gas y petróleo, no se vería arriba, para consumirlo, antes de 10 0 15 años. Y para entonces, quien sabe cómo estarán los precios y cuánto habrán avanzado las energías alternativas. Claro que España no puede quedar al margen de una nueva tecnología energética, por lo que algunos expertos (como las Academias de Ciencias de Europa) defienden “no cerrar las puertas a los sondeos exploratorios”, por supuesto con las mayores garantías de seguridad.

En cualquier caso, el futuro del fracking  en España va a depender de la política y, sobre todo, del resultado de las elecciones que se van a celebrar en 2015. Tanto el PSOE como Ciudadanos y Podemos no son partidarios del fracking  y prometen incluso “prohibirlo y paralizar los yacimientos autorizados”. Y eso afecta no sólo al futuro Gobierno central, sino a los gobiernos autonómicos y municipales que salgan en mayo: si aumentan los ediles y autonomías anti-fracking, será difícil que las exploraciones autorizadas lleguen a iniciarse. Y que se aprueben otras nuevas que ahora están en espera.  

Al final, una cuestión energética (el potencial o no del fracking), que debía resolverse en el terreno técnico y económico, ha pasado a ser un tema político y visceral (amparado en el desconocimiento), por culpa de unas empresas que no son transparentes sobre los posibles riesgos (reales en algunos casos: ver documental Gasland)  y de un exceso de demagogia en algunos opositores (como culpar del último seísmo de Ossa de Montiel al fracking, cuando no hay ninguna exploración en marcha). Haría falta contar con estudios científicos independientes y afrontar un debate serio y riguroso, con criterios energéticos, económicos  y ecológicos. Pero antes, habría que dar al fracking la importancia que se merece: secundaria en España. Aquí, el futuro de la energía no se juega en el fracking, sino en las energías alternativas. No sabemos si hay gas y petróleo bajo tierra, pero si sabemos que nos sobran el sol y el aire, energías limpias, seguras y que con el tiempo serán rentables. Y no se apuesta por ellas: hay más energía solar en Alemania que en España. Ese debía ser el debate.

Baja el petróleo, pero apenas lo notamos

Hoy se reúne en Viena la OPEP, para intentar frenar la caída del petróleo, que cuesta ya sobre 75 dólares barril, un 35% menos que en junio y el precio más bajo desde 2010. No parece fácil que detengan la caída recortando la producción, porque sólo controlan el 40% del crudo mundial y están divididos. Y sobre todo, el petróleo baja porque hay menos demanda, porque la economía mundial no despega, algo que no cambiará mientras Europa, Japón y los emergentes no mejoren. Mientras, los consumidores apenas nos beneficiamos de esta bajada, que ahorra a España 32 millones diarios: las petroleras han bajado poco los carburantes, las aerolíneas y los autobuses no han rebajado sus billetes y tampoco nos han reducido sus precios las empresas aunque han abaratado su energía. Además, no hay que bajar la guardia: España consume demasiado petróleo (125 millones euros al día), importado (99,8%) y consumido con poca eficiencia. Sea más o menos barato, hay que huir de él.
 

enrique ortega

El petróleo estaba antes de la actual crisis económica a 78 dólares/barril (septiembre 2007) y subió después en dos tandas, julio 2008 (133 $) y abril 2011 (124 $), para colocarse en el entorno de los 110 dólares entre 2011 y 2013. Y la previsión era que bajara algo este año 2014, hasta los 105 dólares. Pero en junio estalló la crisis de Ucrania y se complicó la situación en Irak, con lo que el crudo subió hasta un máximo de 115,58 dólares por barril el 19 de junio. Y a partir de ahí, empezó a bajar y a batir récords: el 5 de septiembre cayó de los 100 dólares, el 10 de octubre de los 90 y el 13 de noviembre de los 80, algo que no se veía desde septiembre de 2010. Al final, hoy cuesta  75,23 dólares barril, una bajada del 35% desde junio. Pero como nosotros compramos el petróleo con euros y el dólar se ha revalorizado un 8,3% desde junio (de 1,3607 a 1,2472 euros por dólar hoy), la rebaja del crudo es menor y queda en el 26,7%.

El petróleo ha bajado por dos razones que se suman. Una, la fundamental, que hay menos demanda de crudo, porque la economía mundial no acaba de despegar: el FMI ha revisado tres veces a la baja este año sus previsiones de crecimiento, por el estancamiento de Europa, la recesión en Japón y el menor crecimiento de China, Brasil y otros emergentes. Y la propia OPEP estima que la demanda mundial de crudo caerá de 30,3 millones de barriles en 2013 a 28,3 en 2017. La segunda es que hay más oferta de petróleo, porque ha vuelto a producir Libia, no ha caído como se temía la producción de Irak y hay más producción en Brasil (aguas profundas) y sobre todo en Estados Unidos, que gracias al fracking (romper las rocas para extraer gas y petróleo) va a acabar el año como segundo productor mundial de crudo.

Hasta ahora, cuando bajaba mucho el petróleo, los países productores buscaban reanimar los precios recortando la producción. Pero ahora, la OPEP no lo tiene tan fácil. Primero, porque sus 12 países sólo controlan un 40% de la producción mundial, siendo clave la producción de Rusia (2º productor, con un 12,5%), EEUU (3º de momento, con el 10,70%) y China (5,40%). Pero sobre todo, porque los países de la  OPEP llegan a esta cumbre de Viena. Por un lado está Arabia Saudí (el primer productor, con el 13% del crudo mundial), que lleva un par de meses dejando caer los precios y dice que ”no le importa que caigan de 90 euros (o incluso de 80) durante uno o dos años”, porque puede ser una forma de sacar del mercado a sus competidores: por un lado a Irak, Irán, Siria y Rusia (en Oriente Medio) y por otro a Estados Unidos. La poderosa Arabia Saudí cree que puede aguantar el tirón de los precios bajos en sus cuentas, pero no otros productores de Oriente Medio ni EEUU, que necesita un crudo a más de 90 dólares para que sea rentable el fracking. Enfrente están Irak, Irán, Libia, Ecuador, Nigeria, Bahréin y Venezuela, cuyas economías no aguantan (ni Rusia) el recorte de ingresos de un crudo barato y que piden recortar producciones para subirlo.

La pelea pues está en ver cuánto tiempo aguantarán los países productores  un petróleo por debajo de los 80/90 dólares barril. Y, sobre todo, si ese precio bajo disuade o no los proyectos de fracking en Estados Unidos, que han revolucionado el mercado mundial del crudo. Algunos  expertos dicen que esta técnica necesita que el crudo valga más de 90 dólares y que un precio menor podría llevar a cerrar pozos o no abrir otros. En cualquier caso, el fracking tiene otras limitaciones. Por un lado, se necesitan abrir muchos pozos para mantener una alta producción (2.500 nuevos pozos al año sólo para mantener la producción de 1 millón de barriles del yacimiento de Bakken, en Dakota del Norte, mientras en Irak esa producción se consigue con sólo 60 pozos). Y por  otro, los pozos de fracking reducen su producción entre un 60 y 70% al final del primer año, mientras los tradicionales sólo un 55% a los dos años. Por eso, la Agencia Internacional de la Energía (AEI) piensa que el boom del fracking durará sólo 10 años: aumentará hasta 2020, luego se mantendrá y caerá en 2030. Y los precios bajos podrían reducir aún más este boom y fortalecer a la OPEP a medio plazo.

Con este panorama, resulta difícil hacer vaticinios de precios, pero la mayoría de expertos creen que el crudo subirá en unos meses, rozando los 100 dólares barril entre 2015 y 2017. De momento, este año, la rebaja del crudo ya ha sido una buena noticia para la economía mundial, aunque apenas lo esté aprovechando, dada la debilidad del crecimiento. Incluso el crudo barato se ve como un problema en Europa, porque puede agravar los precios bajos, algo que parecería bueno pero que no lo es en un contexto de estancamiento: los ciudadanos piensan que las cosas van a seguir bajando y esperan para comprar, no consumen, las empresas no venden y la economía no crece.

Al margen del temor a la deflación, la realidad es que la bajada del petróleo supone un importante ahorro para los países consumidores. De hecho, a España le supone un ahorro de 32,5 millones de euros al día (un 26,7% sobre 125 millones de euros al día que supone la factura del petróleo en 2014). El problema es que ese ahorro, apenas llega a los consumidores, ni con la rebaja de los carburantes ni con los demás precios. Veamos por qué.

Si el petróleo ha bajado un 26,7% (en euros), nos deberían bajar los carburantes. ¿Cuánto? Primero hay que saber que sólo un 40% del precio del gasóleo (y un 35,5% de la gasolina) son los costes del carburante, ya que el resto son impuestos (50%) y márgenes y otros costes (10%). Así que una rebaja del 26,7% del crudo debería traducirse sólo en una rebaja del 10,6% en el gasóleo (y un -9,3% en la gasolina). Pero además, los costes del carburante no son los del crudo, sino los de las gasolinas y gasóleos en los mercados internacionales (para España, Génova y Rotterdam). Y estos precios internacionales han bajado algo menos que el crudo desde junio, sobre todo el gasóleo. Así que podríamos dejar la rebaja esperada en un 8-9%. Y está claro que los carburantes nos han bajado menos en las gasolineras: un 7% las gasolinas y un 4,3% el gasóleo desde junio hasta hoy. Así que todavía nos “deben” una rebaja adicional de otro 2%-4% al menos, unos 5 céntimos por litro. No es mucho, la verdad.

Otros que también nos debían haber bajado precios son las compañías aéreas: un 30% de sus costes es el carburante y el keroseno les cuesta un 26,7% menos (en euros). Así que debían habernos bajado los billetes un 8%. Y en menor medida, las líneas de autobuses. También las eléctricas, aunque poco: sólo un 3,5% de la luz la producen con fuel, lo que supone que la rebaja del crudo debía traducirse en una rebaja de 40 céntimos en una factura de 100 euros. Y bastante las empresas donde  la energía supone un tercio de sus costes, como la cerámica, las cementeras, la siderurgia o la industria química. Y en general, todas las industrias que consumen petróleo, fuel o gasóleo. Sin embargo, la gran mayoría no ha trasladado esta rebaja del crudo a los precios. Eso sí, cuando sube el petróleo, nos suben todo. Un ejemplo más de la falta de transparencia y competencia en la formación de los precios.

Ahora, esperemos que el petróleo suba lentamente y no haya conflictos internacionales que lo vuelvan a disparar, porque entonces sí notaríamos la subida. Y entre tanto, España no debe bajar la guardia contra el petróleo, aunque este más barato. Por tres poderosas razones. Una, porque la factura del petróleo es insoportable: 45.000 millones de euros en 2012 y 2013 (8 veces más que en 1995), lo que nos gastamos en Educación y Dependencia juntas. Dos, porque el 99,8% es importado y así somos el quinto país europeo con más dependencia energética del exterior. Y tres, porque lo gastamos mal: necesitamos un 15% más de energía que el resto de Europa para producir lo mismo (somos más ineficientes). Y por si no fueran suficientes, una cuarta razón: el petróleo escaseará en el futuro (con o sin fracking) y el precio rondará los 200 dólares barril en 2030, según la AEI. Así que no nos dejemos deslumbrar con los bajos precios de hoy: son un espejismo temporal. Hay que huir del petróleo, gastando menos (sobre todo en el transporte, la vivienda y la industria) y fomentando otras energías, sobre todo las propias (hidráulica, eólica, solar). Crudo no, aunque esté barato.

Fracking: España apoya, Europa no se moja

Es la gran revolución energética del siglo XXI: perforar y romper las rocas para extraer gas (y petróleo). Es el fracking. Una técnica que ha permitido a EEUU, en sólo 15 años, autoabastecerse de gas y ser el primer productor mundial de petróleo. Pero es una técnica muy polémica y contestada  a la que se achaca contaminar acuíferos, emitir gases y provocar microseísmos, por lo que ha sido prohibida en zonas de EEUU y en Francia. Europa está dividida sobre el fracking y la semana pasada decidió que no haya una Directiva común y cada país legisle a su aire. El Gobierno Rajoy se adelantó y aprobó en octubre y noviembre dos Leyes para promover el fracking, a pesar de las protestas en pueblos y autonomías. España no puede perder el tren del fracking, pero debe ir poco a poco y con todas las garantías. Y buscar antes las energías de arriba (eólica, solar, biomasa) que las del subsuelo. 

enrique ortega

La mayoría del gas natural se extrae por métodos convencionales: perforando una bolsa que está a pocos cientos de metros, en una roca porosa, y el gas sale por la diferencia de presión. A finales de los años 90, se inició en EEUU la búsqueda de gas no convencional (gas pizarra), que se encuentra en capas de pizarra a más profundidad (de 2.000 a 5.000 metros), para lo que hay que romper esta roca poco permeable. La técnica de fractura hidráulica (fracking) consiste (ver gráfico animado) en hacer una perforación vertical hasta llegar a la pizarra (unos 5.000 metros) y luego otra perforación horizontal (de 1.500 a 3.000 metros), provocando pequeñas explosiones para fracturar las rocas. Después se inyecta agua a presión, con arena y aditivos químicos, que ayudan a liberar el gas y subirlo a la superficie.

EEUU lleva quince años extrayendo gas no convencional (y petróleo) con el fracking, y ha abierto más de un millón de pozos (ahora unos 35.000 al año). El boom del fracking se gestó a principios de este siglo, en 2005, con el apoyo de Bush hijo y su vicepresidente Cheney (su empresa Halliburton, que explotó el petróleo de Irak tras la guerra, es líder en tecnología de fracking), aunque también recibe apoyos (y un mayor control) con Obama. El éxito del fracking ha permitido que el gas pizarra suponga ya un 25% del consumo de gas y que EEUU sea ahora autosuficiente en gas y el primer productor mundial de crudo en 2013, según la OPEP, por delante de Rusia y Arabia Saudí. Una revolución energética, clave para asentar la recuperación norteamericana: EEUU paga un tercio por el gas y la mitad por la electricidad que Europa o Japón.

Pero el fracking tiene su lado oscuro: los riesgos para el hombre y el medio ambiente. El principal, que utiliza hasta 600 productos químicos (muchos tóxicos y hasta cancerígenos) que pueden dispersarse por los acuíferos subterráneos o incluso en la superficie (almacenamiento, transporte), contaminando al hombre y al medio natural. Además, a veces se escapa metano, un gas con un potencial de efecto invernadero 21 veces mayor al CO2. Y puede provocar microseísmos. En cuarto lugar, genera muchos residuos y desechos líquidos, que hay que almacenar y gestionar. Y quinto, utiliza mucha agua (de 54.000 a 174.000 m3 en un campo de 6 pozos) y mucho espacio (entre 16 y 20 hectáreas por campo) y genera mucho ruido y movimiento de camiones (entre 8 y 12 meses de perforación día y noche). Por todo ello, en EEUU se han multiplicado las protestas contra el fracking, visualizadas en el documental Gasland. Y por ello, se ha prohibido en Nueva York, Buffalo y Pittsburg, a la espera de un informe definitivo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En Europa, las autoridades comunitarias están impactadas por los logros energéticos de EEUU con el fracking, pero se encuentran divididas a la hora de apoyarlo y legislar, por los riesgos de su impacto ambiental. Por un lado, Francia prohibió el fracking con Sarkozy (por Ley, en 2011) y otros países aplican moratorias, como Bulgaria, República Checa, Dinamarca o Irlanda. Y por otro, hay dos países firmes partidarios del fracking: Polonia y Reino Unido, donde el premier Cameron quiere abrir 20.000 pozos para 2020, en medio de las protestas locales. Ante este panorama, la Comisión y el Parlamento europeo están divididos sobre el fracking. Y la semana pasada, han tomado una decisión salomónica: que no haya una Directiva, sino aprobarunas recomendaciones y que cada país legisle a su aire.

España se ha adelantado a estas recomendaciones, aprobado el Gobierno Rajoy, en 2013, dos Leyes (en solitario, sin apoyo de otros grupos) para impulsar el fracking. “No podemos perder este tren”, ha dicho el ministro Soria. Primero, la noche del 9 de octubre de 2013, el PP introduce por sorpresa en el Senado una enmienda para incluir el fracking en la Ley de Hidrocarburos (de 1998), a través de algo tan estrambótico como dos disposiciones adicionales a la Ley de garantía del suministro eléctrico a Baleares y Canarias…Y el 28 de noviembre, el Congreso aprobó, por trámite de urgencia (no habitual), la Ley de Evaluación Ambiental, que complementa la legislación sobre fracking. Por un lado, centraliza en el Estado la competencia, quitándosela a las autonomías (el Parlamento de Cantabria prohibió el fracking en abril 2013). Además, acelera los proyectos, al reducir a 4 meses el plazo para resolver los expedientes de impacto ambiental (ahora 3 años). Y concede la cláusula de confidencialidad a los proyectos, dificultando las alegaciones (hay ya 102 municipios contra el fracking en España).

Con esta normativa, todo apunta a un boom del fracking en España. El Gobierno ya ha concedido 75  permisos de investigación (en Soria, Burgos, Álava, Cantabria, la Rioja, Huesca, Castellón, Guadalajara, Jaén, Sevilla y Cádiz) y hay otras 75 en espera (en Asturias, Navarra, Burgos, Palencia, Euskadi, Zaragoza, Lleida, Gerona y Albacete), de la mano de una decena de empresas, la mayoría multinacionales norteamericanas (BNK, Heyco, Trofagas, Schuepbach, Heritage Petroleum, True Oil, Cambia), canadienses (R2Energy) o británicas (Leni Oil Gas), además de la vasca SESHA, creada por el ex lehendakari Patxi López, con mayoría de capital público, para explotar el yacimiento alavés de Gran Enara. Ahora, los proyectos están en fase de investigación y no se hará ninguna prospección antes de dos años (según el ministro), con lo que se tardará en extraer gas masivamente hasta una década.

Los defensores del fracking argumentan que permitiría a España cubrir el consumo de gas durante 70 años (y el 20% del consumo de crudo durante 20 años), aunque un informe del Consejo de Ingenieros de Minas habla de reservas de gas para 39 años. Los detractores dicen que las estimaciones están infladas (como pasó en Polonia), para atraer inversiones al fracking: entre 700 y 1.000 millones de euros están ya comprometidos en España. Y temen que este nuevo negocio quite recursos a las energías renovables.

España es el país europeo más dependiente del petróleo y el gas extranjero (99% se importa) y pagamos cada año una factura energética de 45.000 millones de euros, lo que ingresamos por el turismo. Por ello, cualquier nueva técnica que nos permita extraer hidrocarburos debería ser bien recibida. Pero con matices. Porque nos hace falta más petróleo que gas, dado que existe una burbuja de centrales de gas, que funcionan al 10% de capacidad, por la política de incentivos que pagamos con el recibo de la luz. Y porque tenemos que concentrar los esfuerzos en buscar energía arriba (eólica, solar, geotérmica…) antes que en el subsuelo, que tiene más riesgos medioambientales y menos rentabilidad energética: la tasa de retorno energético (TRE) de la eólica (18) y solar (7) es mayor que la del gas pizarra (entre 2 y 5). Y las reservas disponibles son menores (que el sol o el aire).

Con todo, es verdad que España no debe perder el tren del fracking, pero tampoco liderarlo. Hay que ser prudentes, avanzando poco a poco, con una normativa estricta y con transparencia, incorporando a los municipios implicados (se podría crear una Comisión de seguimiento, con participación pública, privada y ciudadana). Y abrir un debate riguroso, sin prejuicios ni mentiras , apoyado en informes técnicos independientes. Y siempre, en línea con lo que haga la mayoría de Europa. No pretenda el Gobierno vendernos ahora el milagro del fracking. La energía con mayúsculas está a la vista.