La próxima semana reabren
colegios e institutos, tras el retraso por la nieve. Y entra en vigor la nueva Ley de Educación, la Lomloe, que nace con polémica aunque tiene
más apoyos (7 partidos) que la
controvertida Lomce (apoyada solo por el PP). La nueva Ley cambia el
sistema de matriculación, ya esta primavera,
para impedir que las familias más pobres y los niños inmigrantes se concentren
en los centros públicos y los concertados “elijan” a sus alumnos. Y para el próximo curso, se cambiarán temarios y
evaluaciones, para evitar un exceso de contenidos que no se pueden dar.
Además, este año se aumenta la oferta de plazas de 0 a 3 años y el Presupuesto
de Educación, un +139%. Pero
tenemos una educación deficiente, con demasiados repetidores y alumnos
que abandonan, escasas habilidades (PISA) y estudios poco útiles, que nos
llevan a un 40,9% de paro juvenil,
un escándalo. Si no han conseguido pactar la Ley, al menos acuerden su aplicación en los próximos meses.
La nueva Ley de Educación, la Lomloe, aprobada
a finales de diciembre, es la 8ª que
se aprueba en España con la democracia, tras dos aprobadas en los ochenta
(1980 y 1985), dos en los 90 (1990 y 1995) y las tres anteriores de este siglo (en 2002,
que no llegó a aplicarse, 2008 y 2013). Y como las anteriores, ha sido imposible
el consenso político, aunque tiene más apoyos (7 grupos políticos) que la anterior Lomce, la polémica Ley Wert que el PP
aprobó en solitario en 2013, gracias a su mayoría absoluta (182 votos). El
problema ahora es que el Gobierno Sánchez
ha tenido que pactar la Lomloe y eso ha
tenido “dos costes” sobre el borrador inicial. Uno, que la Lomloe elimina
el castellano como lengua vehicular, para conseguir el apoyo de ERC y
el PNV, algo poco práctico a corto plazo (hay sentencias del Constitucional y
el Supremo que garantizan la enseñanza en castellano), pero que ha dado un arma a la derecha contra la Ley.
Y la otra, que se refuerza el control de
la enseñanza concertada y la apuesta por la enseñanza pública, para contentar
a los grupos de izquierda y conseguir también el apoyo de Más País, Compromis y
ERC, además del PSOE, Podemos, PNV y Nueva Canarias (178 votos a favor de la Lomloe).
Al final, la Ley de Educación que ha salido era “la
única posible” (vistas las alianzas),aunque PP, Vox y Ciudadanos la
utilicen para atacar al Gobierno, convocar movilizaciones y colgarla una serie
de “sambenitos”,
con la ayuda de los colegios concertados,
que
han calado en muchas familias que
no se han leído la Ley (ver BOE 30
diciembre 2020): no da libertad de elección de colegio a las familias
(falso), quiere acabar con la educación especial (falso) o ataca a la educación concertada (falso). Lo
que cuestionan estas críticas es un modelo de enseñanza que apuesta por la escuela pública y la integración en los centros, con
un cambio en el modelo de enseñanza que reduzca el fracaso escolar.
El primer
gran cambio de la Lomloe
entrará en vigor esta primavera, cuando las familias quieran reservar la plaza de sus hijos para el curso 2021-2022. Ahora, los criterios para entrar en un centro
serán no sólo la cercanía y tener hermanos, sino también el nivel de renta. Con ello, la Ley trata de que los colegios concertados acepten niños
de familias con bajos ingresos y niños inmigrantes, que ahora son
sistemáticamente “desviados” a los
colegios públicos. Dos datos: el 79%
de los niños inmigrantes están en
centros públicos y lo mismo el 90% de los hijos de las familias más pobres.
A cambio, los colegios concertados
intentan “elegir a sus alumnos”, buscando clases media y altas, a
los que cobran cuotas disuasorias. Y así, tenemos colegios públicos con alumnos que obtienen peores resultados y que
además han sufrido los recortes y colegios
concertados con alumnos de más nivel y con más recursos, porque la enseñanza concertada ha aumentado las
subvenciones públicas.
Los datos son muy elocuentes. Año tras año, ha
ido ganando peso la enseñanza concertada (25,60% de los alumnos) y
privada (7.30%), a costa de la pública
(67,10% de los alumnos no universitarios). Y hay cinco autonomías, las más ricas, donde el
porcentaje de alumnos que van a
la concertada es mayor: País Vasco
(49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (46,17%), Navarra
(35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,7% alumnos en la
concertada y privada). Y mientras, el peso de la educación concertada es mucho menor
en los barrios y autonomías más pobres: Melilla (sólo el 16,7% alumnos van
a la concertada), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta
(21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). Y en los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000
alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas
autonomías, según
un informe de CCOO.
Esta “segregación”
de la enseñanza, fomentada por la Ley Wert, ha deteriorado la calidad
de la enseñanza pública, porque está demostrado que los niños de familias con bajos
ingresos tienen un peor rendimiento educativo, lo que concentra en los centros públicos mayores porcentajes de repetidores
(casi la mitad del total se dan en alumnos con padres que tienen estudios
básicos) y de abandono escolar (el 29,7% de alumnos entre el 20% de familias
más pobres y sólo el 4,1% de abandono en el 20% de familias más ricas), según
un informe del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
Además de tener más alumnos desfavorecidos, educativamente
más “problemáticos”, la enseñanza
pública ha sufrido los recortes del Gobierno Rajoy, entre 2012 y 2015,
mientras que los centros concertados veían
aumentar sus subvenciones. Entre 2009 y 2018, los conciertos educativos
que han pagado las autonomías a los colegios concertados han subido en +448 millones (+7,6%), de 5.891 a 6.339
millones, mientras los colegios públicos
perdían -1.553 millones esos años, un -5% de sus recursos, en perjuicio de
la calidad de su enseñanza. Y casi un tercio de ese aumento de ayudas a la
escuela concertada se fue a Madrid
(+146 millones, un +16,7%), que
les trasvasó 51,2 millones más en 2019.
Este doble “rasero” entre
enseñanza pública (más alumnos desfavorecidos y pocos recursos) y enseñanza concertada (alumnos de
clase media alta, fuertes subvenciones y cuotas a los padres) es lo
que quiere romper la Lomloe, tratando de repartir de forma más equitativa los alumnos y fomentando los centros públicos,
no los concertados, que nacieron en 1992 (con Felipe González) para “complementar” la enseñanza pública
(al ampliarse la enseñanza obligatoria de 14 a 16 años), no para sustituirla. Y eso ha
provocado la rebelión de muchos colegios
concertados, que temen por su negocio ahora que ha
bajado la natalidad y no hay tantos nuevos alumnos. Y también muchos
padres prefieren la segregación actual, poder elegir colegios mejores, donde no haya niños pobres ni inmigrantes.
Esa es la cacareada “libertad
de elección de colegio” que defienden algunos: una enseñanza pública con peores alumnos y mal financiada y una
concertada de más calidad y subvencionada.
Otro cambio que
ha sido manipulado es el
de la
educación especial, la
educación de los niños con discapacidad. Actualmente, la mayoría de estos 35.000 niños con problemas asisten a centros
de educación especial y si sus padres quieren integrarlos en colegios “normales”,
tienen muchas dificultades. Eso incumple
la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas de la ONU,
que España ratificó en 2008. La Lomloe da un plazo de 10 años para que los
centros educativos “normales” se preparen para acoger paulatinamente a estos
alumnos discapacitados en sus colegios, “salvo cuando sus necesidades exijan
ser atendidas en centros especiales”, que seguirán existiendo (hay 480). Y
siempre, con la opinión de los padres, que ahora no pueden muchas veces elegir
llevarlos a colegios “normales”.
La Lomloe supone dos
cambios más, a partir de la próxima semana. Uno, da mayor autonomía a los centros escolares en
su organización y planificación educativa. Y el otro, da más competencias al Consejo escolar (profesores, familias y alumnos
a partir ESO), que perdió competencias con la Ley Wert y ahora participará en
la elección del Director y en la aprobación del proyecto educativo y la
programación del centro.
Otros cambios de la Lomloe no se aplicarán hasta el curso que viene, el 2021-2022. El
principal será el
cambio en los “currículos”, en los programas educativos, que ahora son demasiado extensos y obligan a los
profesores a una carrera contra reloj para impartirlos antes de junio (dejando
a muchos alumnos por el camino). Los nuevos
programas, que se introducirán paulatinamente en los dos próximos cursos,
serán más cortos y menos “enciclopédicos”,
basados menos en la memoria y más en el
fomento de habilidades, en “enseñar al alumno a aprender”. El Ministerio de
Educación ha invitado a las autonomías a elaborar estos futuros programas, que
serán también de responsabilidad autonómica
un 50% (el 45% en regiones sin lengua propia). Y se prevé que los centros puedan también decidir una
parte de estos programas (en Portugal deciden el 25% de contenidos y funciona
muy bien).
Junto a esta tarea, de fijar nuevos contenidos, la Ley contempla la posibilidad de fusionar asignaturas (hay alumnos que
al pasar a la ESO tienen más asignaturas que años) y quita
peso a la asignatura de Religión
no cuente para selectividad y becas y pueda elegirse en su lugar una asignatura
de Valores cívicos y éticos. Además, se eliminan
los itinerarios educativos que
desviaban en 3º de la ESO a la FP a los alumnos con malos resultados,
incluyéndolos en un programa de diversificación curricular que les permita
terminar la ESO. Y se suprimen también
las reválidas de la Ley Wert (4º Primeria y 2º ESO), sustituyéndolas por 4 pruebas diagnósticas del sistema educativo
(dos para todos los alumnos, en 4º primaria y 2º de la ESO y dos para una
muestra de alumnos, de 6º primaria y 4º ESO), que servirán para evaluar la
enseñanza, al estilo del informe PISA, sin calificaciones para los alumnos. Y
también se
limitan las repeticiones: sólo se podrá repetir una vez en Primeria y
dos veces en toda la enseñanza obligatoria, con lo que los alumnos no repetirán
automáticamente con 2 suspensos, sino que lo decidirán los equipos docentes,
buscando lo mejor para cada alumno. Porque hoy, las muchas repeticiones (el
28,7% de los alumnos de 15 años) son la antesala del fracaso escolar y
tienen un alto coste: 3.340 millones al año, según Educación.
Además de estos cambios, la Lomloe apuesta por 3
cambios a medio plazo. Uno, aumentar las plazas públicas para la educación infantil, de 0 a 3 años. El
Plan es aumentar en 8 años el porcentaje
actual de plazas públicas (34%) al 55%, aumentando plazas en Ayuntamientos
y autonomías, con 600 millones del Presupuesto en los próximos 3 años (en 2021
ya se gastarán 200 millones en crear 21.794 plazas de educación infantil). El
segundo, crear un
nuevo modelo de profesorado,
aprobando en un año cambios en la formación
universitaria de los profesores (quizás con una selectividad específica, como
en Finlandia y Cataluña), renovando el sistema de oposiciones, mejorando la
carrera profesional y quizás introduciendo el sistema de “prácticas tuteladas”,
una especie de MIR como el de los médicos para profesores. Y el tercer cambio
de calado de la Lomloe, el compromiso de aumentar el gasto en enseñanza,
para que pase del 4,3%
actual al 5% del PIB que tienen
muchos paises de la OCDE, lo que supondría gastar
10.000 millones de euros más al año en educación.
De momento, este año 2021,
el
Presupuesto en Educación es uno
de los que más crece, un +139%,
dedicando 5.697 millones de gasto del Estado (más
42.500 millones las autonomías, que cargan con el grueso del gasto
educativo). La mitad se destina a tres
partidas: becas y ayudas, que suben
515 millones (+35%), la mayor dotación de la historia (2.090 millones), el
aumento de plazas en la educación infantil
(+200 millones) y la digitalización de
la enseñanza (1.013 millones), para aportar 750.000 dispositivos a los
centros y facilitar la enseñanza digital, muy
retrasada: de los 28.000 centros públicos y concertados, 3.000 no
cuentan con Internet de alta velocidad (sobre todo en Madrid, Barcelona y la
España vaciada).
Hasta aquí lo
fundamental de la nueva Ley de educación, la Lomloe, que ahora tiene que concretarse
y aplicarse, en los dos
próximos cursos, con el firme rechazo
de las autonomías del PP, en especial Madrid y Murcia, aunque no
tanto Castilla y León, Galicia y Andalucía (su consejero, Javier
Imbroda, ha dicho que “la educación concertada
no corre ningún peligro con la Ley Celáa”). Lo importante sería que si no se ha pactado la Ley, al menos se pacte lo más posible su aplicación,
para mejorar la situación de la enseñanza en España, que es
bastante deficiente. Basten
algunos datos: lideramos el porcentaje de repetidores
(28,7% de los jóvenes de 15 años han repetido frente al 13% en Europa y el
11,4% en la OCDE) y de abandono
escolar temprano (17,3% jóvenes 18 a 24 años sólo tienen la ESO o ni
siquiera, frente al 11,9% en Europa), mientras el 24,7% de los que hacen la ESO
no terminan Bachillerato ni FP (el 16,6%) en Europa. Los alumnos de 15 años (4º
ESO) sacan bajas notas en comprensión lectora, ciencias y
matemáticas (informe
PISA 2018) y los alumnos de 10
años (4º Primaria) tienen un conocimiento
deficiente en Ciencias y Matemáticas (Informe
TIMSS 2019).
La primera
consecuencia de esta deficiente
educación, muy memorística y poco práctica, es que los jóvenes españoles tienen muy
difícil trabajar: sólo están empleados (18-24 años) el 21,4%, frente al 29,9% en la UE y el
33,2% en la OCDE, según el Panorama
de la Educación 2020 de la OCDE. Un 58,8% de esos jóvenes siguen estudiando (parecido al 57,5% de
la UE y el 52,7% de la OCDE), pero tenemos muchos más jóvenes
parados: el 19,7% ni estudia ni trabaja (son los “ni-nis”),
frente al 12,9% en la UE y el 14,3% en la OCDE, con datos de 2019. Y si
contamos los jóvenes de 16 a 25 años, el
40,9% están parados en España, frente al 17,7% en la UE-27, según
Eurostat (2020). Un dato tremendo, que refleja el doble fracaso, de nuestro
sistema educativo y nuestro modelo económico.
Con esta Ley educativa o con otra, habrá que mejorar
la enseñanza en España, que sigue siendo muy discriminatoria (familias
pobres e inmigrantes concentradas en centros públicos), clasista (el 45% de los hijos de padres con estudios básicos se
quedan en ese nivel: no
funciona el “ascensor social”), muy
desigual por autonomías (en el
gasto y en los resultados, según
el informe PISA), demasiado memorística y poco útil para conseguir un trabajo. Habrá que cambiar programas, contar con profesores
mejor preparados, tener más medios y más presupuesto. Y contar
más con los profesionales y los centros, despolitizando la gestión
educativa. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos.
