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lunes, 5 de enero de 2026

La cuesta de enero: subidas y ayudas

Tras la resaca de compras de estas Navidades, llega la dura realidad de afrontarlos, de hacer frente a tarjetas y pagos. En un mes, enero, donde muchas empresas aprovechan para subirnos casi todo: teléfono e Internet, luz, agua, basuras, billetes de avión, autopistas, taxis, alquileres, tabaco, paquetes y sellos de Correos, seguros…Así que este enero será más difícil llegar a fin de mes. La contrapartida es que también suben los ingresos de casi 10 millones de pensionistas (más los que menos cobran), 3 millones de funcionarios, 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y las ayudas del ingreso mínimo vital (IMV) que cobran 785.000 hogares, pensiones, sueldos y ayudas públicas que se revalorizan desde el 1 de enero. Y también aumentan las ayudas al transporte, manteniendo las actuales y creando una tarifa plana que permite viajar barato. Ahora, la clave es ver lo que suben los sueldos este año, porque los precios de los alimentos, la vivienda y la energía seguirán altos en 2026.

                            Enrique Ortega

Enero es el mes elegido por muchas empresas para subir sus tarifas y precios, con el argumento de la subida de costes y del aumento del IPC. Y este año, la lista de subidas es muy amplia. Empezando por la subida de las tarifas del teléfono e Internet, que suelen subir dos veces al año. Esta vez, suben con pocos días de diferencia: el 8 de enero las sube Vodafone (+3,9% de media, entre 1 y 5 euros al mes), el 12 de enero Orange (+3,8%, de 1 a 6 euros al mes) y el 13 de enero Movistar (+4%), mientras Digi no las sube. En los últimos años, las telecos justificaban sus subidas en la previsión de aumento del IPC, pero este año suben mucho más (el IPC puede subir un 2,1%) y lo justifican en que les han subido los costes, sobre todo los productos audiovisuales que ofrecen (fútbol y plataformas).

Otra subida que notaremos será la del próximo recibo de la luz, que será diferente según el contrato que tengamos. Los que tienen un contrato de luz en el mercado “libre” (20 millones de clientes) tendrán subidas del 4 al 7% cuando les toque la revisión anual de su contrato, subidas que ya han anunciado Iberdrola, Endesa o las filiales de Repsol, argumentando que a ellos les ha subido la luz en 2025 (y ahora) porque Red Eléctrica obliga a mantener centrales de gas de guardia (más costosas) para evitar un nuevo apagón como el de abril pasado. El resto de clientes, los que están en el mercado regulado (8,4 millones) ya han sufrido en 2025 esta subida y la seguirán pagando en 2026. Y todos pagarán más este año por la subida de los peajes (un tercio del recibo) que fija la Administración: los peajes de acceso subirán un +4,1% y habrá que pagar en el recibo los demás cargos, que también suben.

Si sube la luz, también subirá la factura del agua que pagamos. En Madrid, el Canal de Isabel II ya anunció una subida de la factura del agua del 3% anual hasta 2030, debido a que lleva años sin subirse y tienen que acometer nuevas inversiones. Aigües de Barcelona también ha anunciado una subida del +2,9% para 2026, mientras otros municipios de su área metropolitana también subirán el agua, hasta el 5,8%. Y Aguas de Bizkaia ha anunciado subida de tarifas del 4% en 2026, lo mismo que muchas ciudades de media España.

También subirán en 2026 las tasas de basuras de la mayoría de municipios, que ya han aplicado en 2025 sus nuevas tarifas, mucho más altas que los anteriores, que volverán a subir este año, para ajustarlas paulatinamente a las nuevas exigencias de recogida de residuos.

Y también pagaremos más al viajar en avión, porque las aerolíneas nos cargarán en los billetes la subida del canon aeroportuario que les ha hecho AENA el 1 de enero, un aumento del +6,44% para afrontar las inversiones en los aeropuertos españoles. También será más caro viajar en coche por autopista: los peajes subirán este año un +2,61% al menos, aunque en las autopistas rescatadas por el Estado subirán menos, un +2%. También podría subir este año el impuesto que paga el gasóleo, porque la Comisión Europea obliga a igualarlo con el de la gasolina, aunque el Gobierno no logró aprobar en 2024 el Decreto que los equipara, por el rechazo del PP, Vox, UPN y Podemos. Pero es una reforma exigida para recibir 460 millones de Fondos europeos, por lo que el Gobierno se ha comprometido a intentar aprobar la equiparación antes de finales de marzo. De conseguirlo, el gasóleo subiría 7 céntimos por litro.

El tabaco ya ha subido el 1 de enero, con nuevos precios para los paquetes de cigarrillos, cigarros y picadura (ver nuevo listado de precios por marcas), aunque todavía fumar es más barato en España que en la mayoría de Europa. Y también han subido ya las tarifas de Correos, tanto los sellos (+7,9%: el franqueo ordinario cuesta 96 céntimos, el doble que en 2015), los certificados y los paquetes (+5,5%). Y han subido también los taxis en la mayoría de España, desde Madrid (+2,36%) y Barcelona (+2,3%) a Sevilla, Málaga, Valladolid, Ferrol o Salamanca, lo que se trasladará también a los vehículos VTC.

Con todo, lo más preocupante volverá a ser la subida de la vivienda, tanto para alquiler como para compra. Se espera otra subida de los alquileres del +10% en 2026, que se sumaría a las fuertes subidas de los años anteriores: +40,3% han subido los alquileres de media en España desde 2019 (+50% en Madrid y +46,15% en Barcelona, según Idealista).. Además, muchos contratos de alquiler (por 5 años) se terminan en 2026, con lo que los propietarios intentarán revisar bastante al alza los nuevos alquileres, con lo que se espera “un aluvión de subidas”. Y en cuanto a los precios de compraventa, están ya en niveles prohibitivos: 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid. Y podrían subir otro 15% más este año, según Idealista.

Lo que también subirá en 2026 serán las nuevas hipotecas, no sólo porque hay que pedir un mayor importe (el 80% del precio de venta) para afrontar los altos precios, sino porque el Euribor lleva 5 meses consecutivos subiendo (del 2,079% en julio al 2,267% en diciembre), con lo que los bancos cobrarán este año tipos más altos, en torno al 3,5%. Eso sí, los 4 millones de familias que están pagando una vieja hipoteca no tendrán un susto en la próxima revisión anual, porque el Euribor esperado para 2026 (por debajo del 2,5%) será todavía inferior al de 2025.

Y luego hay dos subidas aseguradas para 2026, aunque todavía no podamos decir cuánto. Una es la subida de los seguros, desde el seguro del automóvil y del hogar al seguro de salud, que llevan años subiendo mucho y que volverán  a subir bastante este año, justificándose en el aumento de costes de los talleres y reparaciones, los siniestros en casa y el aumento de los costes médicos en los hospitales privados. Y también están “cantadas” nuevas subidas de los alimentos: frutas y verduras (muy afectadas por el cambio climático y las cosechas), las carnes, los huevos, el café y el chocolate, más la bollería y las bebidas.

En cambio, hay otro gasto importante, el transporte público, que se modera o baja en 2026, por las ayudas que ha prorrogado o ampliado el Gobierno. Por un lado se prorrogan los actuales descuentos al transporte en tren y autobús, manteniendo los descuentos actuales en Cercanías, corta y media distancia y autobús, a los que se añaden un nuevo abono trimestral y un abono de 10 viajes para Cercanías, manteniéndose la gratuidad de todos los viajes para los menores de 14 años (para educar a los menores en el transporte público). Por otro lado, se crea un nuevo bono transporte de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajes ilimitados en Cercanías y media distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobuses. Un bono que convive con el resto de ayudas al transporte.

Estas ayudas van a permitir que millones de personas gasten hasta un 75% menos en transporte público en 2026, ahorrándose este año 1.371 millones de euros (el coste de las ayudas). Unas ayudas públicas al transporte que han sido claves estos años, desde 2018 a finales de 2025, en que el Gobierno ha destinado más de 11.000 millones de euros (7.200 millones desde 2022)  a subvencionar los billetes de Cercanías, trenes de media distancia y Avant y los autobuses de líneas estatales, según datos de Transportes.

Un ahorro en transportes que no compensa el rosario de las otras subidas de precios, unas anunciadas y otras silenciosas, que afectarán a nuestros bolsillos en este año 2026. Menos mal que hay colectivos que van a tener también un aumento de ingresos para afrontarlas, básicamente pensionistas, funcionarios y los más desfavorecidos que reciben ayudas públicas, que también se han revalorizado el 1 de enero.

Empecemos por los pensionistas, 9,42 millones de personas que cobrarán algo más por sus pensiones (10,42 millones) ya desde este mes de enero. La subida media de las pensiones es del +2,7% (la subida de la inflación anual de noviembre 2024 a noviembre 2025), lo que supondrá cobrar unos 40 euros más al mes (una jubilación media de 1.512 euros en 2025). Pero los 2,12 millones de pensionistas que cobran pensiones muy bajas, con complementos de mínimos, tendrán una subida mayor: +11,4% para los pensionistas con cargas familiares (y las viudas) y +7% para los que no las tienen. Y para los 471.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (dos tercios son mujeres), la subida es del +11,4%.

Los 3 millones de personas que trabajan para la Administración Pública cobrarán un +2,5% de subida retroactiva por 2025 y otro +2% de subida salarial en 2026, más otro +4,5% en 2027 y un 2% de subida en 2028, según el acuerdo pactado por el Gobierno, que supone una subida acumulada (por el efecto arrastre) del +11,4% entre 2025 y 2028, un aumento superior a la inflación esperada estos años, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

También volverá a subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI), que cobran unos 2,4 millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes que trabajan en el campo. De momento, en enero se ha prorrogado el salario mínimo actual (1.184 euros en 14 pagas), a la espera de que el Gobierno apruebe este mes la nueva subida, que se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de enero: los expertos consultados han propuesto que suba entre 37 y 56 euros al mes, mientras la patronal propone una subida de 18 euros (+1,5%) y los sindicatos piden subir 89 euros (+7,5%).

Y también sube el importe del ingreso mínimo vital (IMV) que reciben las familias más vulnerables, actualmente 785.722 hogares (beneficiando a 2,4 millones de personas). En 2025 cobraban entre 658,81 euros un adulto solo y 1.449 euros mensuales las familias numerosas, importes que han subido un 11,4% el 1 de enero, entre 75 y 170 euros más al mes. El problema es que esta ayuda (IMV) sólo llega a la mitad de las personas que están en pobreza severa (4,3 millones, según Cáritas). Y que muchas autonomías han aprovechado el IMV para suprimir o reducir su ayuda, las rentas mínimas de inserción: en los últimos 3 años se han reducido  más de 170.000 beneficiarios y 13 autonomías (Madrid y Aragón en cabeza, un -95%, seguidas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, la Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Galicia, Cataluña y Navarra) han reducido su gasto en estas ayudas autonómicas, que sólo llegan a 532.700 personas, el 6,1% de quienes viven en el umbral de la pobreza, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora, la clave para afrontar las nuevas subidas de precios va a estar en los salarios, en la subida que se pacte para 2026. Todo indica que la patronal no ofrecerá una subida por encima del 2% (la inflación subirá el 2,1%, según el Gobierno) y que los sindicatos pedirán una subida mínima del 3,5%, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años (los sueldos han subido un 13,45% entre 2022 y 2025 y la inflación un 15,4%). Y, sobre todo, pedirán que suban más los sueldos más bajos, porque el 30% de trabajadores ganan menos de 1.582 euros brutos al mes (y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos), según el Decil de salarios de la EPA 2024. Estos bajos salarios explican que casi la mitad de españoles (el 47,4% de los hogares, según el INE) lleguen con dificultad a fin de mes. Y más ahora, con la oleada de subidas de enero.

En definitiva, volvemos a sufrir subidas de precios en múltiples servicios y gastos, sin que tengamos claro lo que van a subir nuestros ingresos este año, lo que explica que muchos españoles no vean bien su economía (según el CIS) aunque España crezca más que la mayoría de paises occidentales. Eso debería obligar a tomar medidas para “repartir mejor el crecimiento, controlando las subidas más impopulares (alimentación, energía, servicios públicos) y aumentando las ayudas a los más vulnerables, con medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y menos los que menos ingresan y viven de un sueldo. Y promover una negociación colectiva que suba más los sueldos más bajos, ahora que muchas empresas pueden hacerlo, porque llevan 5 años mejorando ventas y beneficios. Esas son las claves para que el crecimiento lo noten la mayoría de españoles.

jueves, 4 de diciembre de 2025

Los "boomers" no somos unos privilegiados

Se ha puesto de moda entre la derecha, expertos neoliberales y sus medios afines defender que los “boomers(mayores 61 años) son unos “privilegiados, porque tienen vivienda, patrimonio y “buenas pensiones”, en perjuicio de sus nietos (“Generación X”: 20-24 años) y sus hijos (“Millenials”: 25-44 años), que viven peor que ellos. Plantean un “conflicto generacional y proponen recortar el gasto en pensiones para ayudar a los jóvenes. Es un falso debate. Primero, porque los mayores no somos unos “privilegiados”: muchos están en paro, sin encontrar empleo a partir de los 50 y sin poder jubilarse, con la mitad de las pensiones por debajo del salario mínimo y con una larga vejez donde faltan ayudas a la Dependencia. Pero sobre todo, porque los mayores han cotizado y ahorrado durante décadas para tener casa y pensión. Y la grave situación de los jóvenes no se arregla recortando pensiones, sino volcándose en su educación y formación, en políticas activas de empleo y en promover viviendas. La “guerra generacional” entre jóvenes y mayores es una falsa solución.

        Mayores 60 años: EREs, paro larga duración, pensiones bajas y pocas ayudas dependencia

Empecemos por saber cuántos “mayores” (no hay por qué usar el anglicismo “boomers”) hay en España. En el último Censo (1 octubre 2025) se contabilizan 13.380.282 habitantes con 60 y más años, el 27.06% de la población total (49.442.844). De ellos, 3.382.103 tienen entre 60 y 64 años, 2.915.361 con 65 a 69 años y los 7.082.818 habitantes restantes tienen entre 70 y más años (19.491 personas con 100 años o más), según el INE. Esta cifra de “mayores” supone un fuerte aumento desde principios de siglo, por el progresivo envejecimiento de la población en España: en el año 2.000 había 8.766.511 mayores (60 años y más), el 21,64% de la población, pasando a 11.079.928 mayores en 2015 (el 23,76%) y los 13.380.282 de ahora, 4,6 millones más de mayores que al inicio del siglo.

De estos 13,38 millones de mayores (60 y más), la mayoría están hoy “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo): son 11.074.000 mayores inactivos, según la EPA, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64 años son sólo 1,26 millones). Pero hay 2,5 millones de mayores que trabajan o están en paro, sobre todo entre 60 y 70 años (con más de 70 años hay casi 70.000 mayores “ocupados”, según la EPA).

En total, hay 2.208.900 mayores (60 y más) trabajando, algo menos del 10% (9,86%) del total de ocupados en España: 1,780.600 trabajan con 60 a 64 años, 358.900 con 65 a 69 años y 69.400 trabajan con 70 años y más. Con todo, su tasa de empleo (ocupados/activos) es baja: trabajan el 26,8% de los activos, la mitad que en el conjunto del país (66,82% de tasa de empleo). Sin embargo, el empleo de los mayores ha aumentado más tras la pandemia  (+1.201.900 empleos creados desde 2019 entre mayores de 55 años) que entre los menores de 30 años (+701.800 empleos para jóvenes de 16 a 29 años), según la EPA, debido a que los mayores se han lanzado más a buscar trabajo estos años, sobre todo las mujeres.

Estos trabajadores “mayores” tienen salarios más altos, salvo los que han encontrado trabajo en los últimos años (peor pagados), porque cobran más de antigüedad y pluses varios que los jóvenes. Trabajan sobre todo en los servicios (3.716.500 mayores de 55 años) y la industria (576.100), menos en la construcción (335.530) y la agricultura (198.400). Y son mayoritariamente asalariados (72,7% de los trabajadores con 60 años y más), aunque hay bastantes autónomos (24%).Su salario medio mensual era de 2.680 euros brutos en 2024, un 12,36% más que la media (2.385,6 euros) y un 25% más que el sueldo medio de los jóvenes de 25 a 34 años (2.131 euros), según el Decil de salarios de la EPA (INE).

Un problema de tener salarios más altos es que los trabajadores mayores suelen ser los primeros que pierden su empleo cuando la empresa ajusta plantillas. Así, en las dos últimas décadas, más de 1 millón de trabajadores mayores (+55 años) han sido “prejubilados” en múltiples EREs. En el último, de Telefónica, se plantea “prejubilar” a 5.040 trabajadores mayores de 55 años (de los 6.088 despidos que contempla el ERE). La estrategia de las empresas estos años ha sido clara: despedir a los trabajadores mayores y sustituirlos por jóvenes que cobran mucho menos. Eso hace que los trabajadores mayores (esos 2,2 millones que trabajan con más de 60 años) se sientan “muy vulnerables, tras décadas de trabajo, aunque sus sueldos sean más altos que los de los jóvenes.

Y por eso, muchos mayores están en paro, concretamente 232.700 parados con 60 años o más (209.600 entre 60 y 64 años y 23.100 entre 65 y 69 años), según la EPA del tercer trimestre, aunque en realidad son 510.000 los parados con más de 55 años, una edad a la que ya resulta muy difícil encontrar trabajo. El problema de los parados mayores es que muchos tienen poca formación (el 53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen acabada la ESO) y dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto nivel de “edadismo”, de rechazo a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que "ya no volverán nunca a trabajar”, según una Encuesta de Adecco.

Esto se traduce en que los parados mayores llevan años en el paro, según la EPA: el 61% de los parados de 60 a 64 años llevan más de un año en paro (son 127.700 parados) y lo mismo el 55% de los parados de 65 a 69 años (son 12.700). Y eso supone que a la mayoría se les ha acabado el paro “contributivo (el que les corresponde por lo que han cotizado) y tienen que malvivir con el paro “asistencial para mayores de 52 años (480 euros al mes) hasta que se jubilen (si cumplen las condiciones para cobrarlo). La consecuencia es que más de un tercio de los parados que cobran subsidio asistencial (480 euros) son mayores de 60 años: 265.514 parados en octubre, el 34,5% del total. Estos mayores parados son el grupo más numeroso que cobra este paro asistencial y se han duplicado desde 2013 (entonces cobraban este subsidio la mitad de mayores en paro, 125.647).

Así que los mayores que están en paro cobran esos 480 euros hasta que pueden jubilarse. Y eso se les ha puesto más difícil en los últimos años, porque los distintos Gobiernos han penalizado la jubilación anticipada (hasta un 21% menos de pensión si se adelanta dos años: ver cuadro) . En consecuencia, estos mayores parados han de esperar hasta los 65 años para jubilarse o hasta los 66 años y 8 meses (si han cotizado menos de 38 años y 3 meses).

Y cuando los mayores se jubilan, su pensión tampoco es tan elevada, a pesar de que los defensores del “conflicto generacional” hacen demagogia con que las nuevas pensiones de jubilación son ya de 1.626 euros (media noviembre 2025), casi tanto como el salario mediano (2.001,4 euros en 2024,según el INE) y más que el salario medio bruto de los jóvenes menores de 24 años (1.372,8 euros brutos). Pero utilizar sólo este dato es hacer demagogia, porque la mayoría de las pensiones son mucho más bajas. Veámoslo.

A 1 de noviembre, la Seguridad Social pagó 10.420.231 pensiones y la pensión media fue de 1.316,69 euros mensuales. Pero casi la mitad de todas las pensiones (el 48,77%) fueron menores de 1.000 euros y el 58,52% fueron menores al salario mínimo (SMI: 1.184 euros en 2025). En cuanto a las pensiones de jubilación, el 38,83% fueron inferiores a los 1.000 euros y casi la mitad (49,22%) fueron menores que el SMI. Y las pensiones de viudedad son mucho más bajas: un 66,5% de las que se pagan son menores de 1.000 euros y las tres cuartas partes (74,3%) están por debajo del SMI. Así que “pensiones de lujo” nada…

Si hablamos de pensionistas en vez de pensiones, hay 9.425.383 mayores que las cobran hoy (1 millón más que hace 10 años), una media de 1.455,67 euros por pensionista (1.633,04 euros los hombres y 1.275,05 las mujeres), según la Seguridad Social. Y de nuevo, los datos son explícitos: la mitad de los pensionistas (el 50,51%) cobran menos del SMI (menos de 1.184 euros/mes) y otro 47,31% cobran entre el SMI y la pensión máxima (3.267,60 euros/mes), que sólo cobran hoy 207.045 pensionistas. Además, este porcentaje de bajas pensiones aumenta entre las mujeres (el 60,45% de las pensionistas cobran menos del SMI) y en algunas regiones: Andalucía (61% pensionistas cobran menos del SMI), Canarias (60,7%), Castilla la Mancha (60,6%) y Galicia (60,5%).

Con estas pensiones tan bajas (ojo: 1 millón de pensionistas cobran menos de 500 euros), no es extraño que muchos mayores malvivan, sobre todo porque gastan porcentualmente más en alimentación, sanidad y vivienda que la mayoría. De hecho, los hogares unipersonales de mayores (la mayoría, viudas que viven solas) tienen una de las tasas de pobreza más elevadas, el 25,8% (frente al 19,7% de tasa media de pobreza en España y el 16,9% entre los mayores de 60 años). Y aunque la mayoría de mayores tienen la vivienda en propiedad (el 88,6%, frente al 30% los jóvenes de 18 a 34 años), fruto de haberla comprado hace décadas con mejores precios y condiciones que ahora, hay un 7,5% de mayores que viven de alquiler y muchos de ellos se ven forzados al desahucio por las tremendas subidas que algunos propietarios y Fondos quieren aplicarles a sus antiguos alquileres. Así que no todos los mayores tienen patrimonio, ahorros e inversiones, que por otro lado son fruto de una vida de trabajo y de unas condiciones laborales mejores que las actuales. Además, muchos mayores utilizan sus ingresos y ahorros para ayudar a sus hijos a llegar a fin de mes: lo hacen el 37% de los mayores en España y más de la mitad en Madrid.

Pero los problemas de los mayores no terminan con su jubilación, mayoritariamente escasa. A partir de los 70 años, empeora su salud y eso aumenta sus gastos sanitarios, tanto en seguros médicos privados como en medicinas que no cubre el sistema (la “pobreza farmacéutica” afecta ya a 1.200.000 españoles que han tenido que dejar de tomar algún medicamento, porque no pueden pagarlo, muchos de ellos mayores). Y estos problemas de salud se agravan a partir de los 85 años, edad con la que la mitad de los mayores tiene enfermedades crónicas (según un informe de FEDEA) o no pueden valerse por sí mismos, son dependientes, lo que implica un gasto adicional para ellos y sus familias.

Precisamente, la dependencia de muchos mayores (el 10,9% presentan limitaciones graves para realizar sus actividades cotidianas) choca con la falta de recursos de la atención a la dependencia en España, que cumple 19 años en enero de 2026, tras atender a unos 4 millones de dependientes. Actualmente hay 1.750.070 españoles en situación de dependencia reconocida (la gran mayoría mayores), aunque sólo 1.595.451 reciben alguna prestación: la mayoría una ayuda económica mínima (de 171 a 385 euros/mes), bastantes teleasistencia y ayuda a domicilio (ojo: 38 horas al mes) y pocas para residencias (560 euros mes, un tercio de lo que cuestan). Y lo peor: hay 284.020 dependientes en lista de espera (para ser valorados o recibir ayudas) y como muchos dependientes tienen más de 80 años, bastantes mueren antes de recibir la ayuda: 25.060 han muerto así este año.

Tras este panorama, desde los mayores que trabajan o están en paro a los que cobran una pensión o son dependientes, no creo que pueda decirse que los mayores estén en una situación “privilegiada”. Y menos que hay que recortarles pensiones o ayudas, como defienden “expertos” neoliberales o la propia OCDE. España va a ser cada vez un país más envejecido y en 2050, un 30% de la población tendrá más de 65 años, lo que aumentará el gasto en sanidad, pensiones y dependencia, hoy escasas de medios y recursos.

Mientras, también es evidente es que los jóvenes españoles pasan por una mala situación (ver Blog lunes), tras sufrir tres crisis económicas consecutivas (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación de 2022-23 por la guerra de Ucrania). Y a pesar de su mayor formación, tardan en trabajar y encuentran empleos que son demasiado precarios y mal pagados, lo que dificulta su emancipación y formar una familia, fomentando su desinterés por la política y el debate social, lo que los lleva a posiciones antisistema y a apoyar políticas de ultraderecha. Pero este triste panorama no se resuelve con recortes a sus padres y abuelos, sino con políticas que pongan a los jóvenes en  su centro.

Y eso pasa primero por cambios en la educación, para que se reduzca el abandono escolar y mejore la educación, orientando los estudios hacia formaciones donde haya empleo, ahora y en el futuro. Y hace falta un Pacto social para que las empresas no abusen de los jóvenes y los integren en sus políticas laborales y de promoción, con contratos y salarios dignos. Y hace falta avanzar en la conciliación laboral y en políticas de ayuda a las familias con hijos, las que hoy sufren más para llegar a fin de mes. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite alquileres asequibles a los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades, algo que sólo puede asegurarse con una promoción urgente de viviendas públicas. Y hace falta poner a los jóvenes entre los objetivos prioritarios de todas las políticas públicas, integrándolos más en la sociedad.

Los problemas que tenemos no se resuelven con una “guerra entre generaciones”, con medidas “fáciles” que busquen “desvestir a un santo para vestir a otro”. Hay que repartir mejor el crecimiento y la mayor riqueza que tenemos. Y para eso es clave recaudar más (que paguen más las multinacionales, empresas, bancos y los ricos, que hoy pagan poco o evaden) y destinar esos mayores recursos a los que más lo necesiten (jóvenes y mayores), para afianzar unos servicios públicos deficitarios que no ayudan suficiente a los más vulnerables. Crecer y repartir mejor la riqueza, no enfrentar a jóvenes y mayores.

lunes, 5 de mayo de 2025

Los mayores viven mejor

En abril, los jubilados han cobrado una pensión media de 1.503 euros mensuales, el doble de lo que cobraban en 2007 y un 32,5% más que hace 5 años. Las pensiones han subido mucho más que los salarios y la inflación, mejorando sustancialmente los ingresos de los mayores, aunque más de la mitad de los pensionistas cobran menos del salario mínimo. Las rentas de los mayores han crecido más que las del resto de españoles y más que las de los jubilados europeos, lo que les permite ahorrar y ayudar a sus hijos y nietos, apoyados además por tener la mayoría una vivienda en propiedad. Con todo, el problema sigue estando en los que tienen de 55 a 65 años, que tienen mucho paro y pocos ingresos, sobre todo los menos formados. Un estudio revela que mejorar la formación de los mayores es clave para su salud y calidad de vida. Algo clave en España, porque en 2050 habrá 16,68 millones de mayores, el 30% de la población.

                    Los mayores de 65 años serán el 30% de los españoles en 2050

El 1 de enero de 2025, vivían en España 10.183.437 personas mayores de 65 años (4,44 millones de hombres y 5,74 millones de mujeres), uno de cada cinco españoles (el 20,74%), según el último Censo del INE. Una cifra de mayores que se ha disparado desde 2008 (7.633.807 mayores, el 16,57%), por el aumento de la esperanza de vida. Y las previsiones del INE auguran que la cifra de mayores seguirá subiendo: 11.827.742 en 2030 (el 22,8% de la población) y 16.684.954 mayores en 2050 (el 30,4% de los habitantes).

Además del fuerte aumento de los mayores, otro dato relevante es que han sorteado las últimas crisis mejor que el resto de la población, gracias a la subida de sus pensiones. Y además, la renta de los mayores en España supera a la de los mayores del resto de Europa, según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: tienen una renta mediana de 19.320 euros (2023), un 6,4% más que los 18.152 euros de renta que tienen en la UE-27. Estas mayores rentas de los mayores españoles son aún mayores entre los que tienen estudios superiores: 30.864 euros de renta mediana  en España, un +18% que en Europa (26.072 euros). Y aún hay más diferencia entre los mayores con estudios medios; 23.134 euros en España, un +26% que en la UE-27 (18.364 euros). Y también hay diferencia (+5,1%), entre los mayores con estudios básicos: 16.807 euros frente a 15.980.

Dentro de España, los mayores son el colectivo que mejor ha soportado las últimas crisis, según otro estudio del Banco de España: los hogares encabezados por personas mayores de  75 años han mejorado sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros) y los hogares encabezados por personas de 65 a 75 años los han mejorado un +4,46% (de 29.100 a 30.400 euros). En cambio, los hogares encabezados por menores de 35 años han bajado su renta mediana un -8,2% (de 31.700 en 2020 a 29.100 en 2022, los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Y a partir de esa edad, han mejorado sus rentas: un +7,3% los hogares de personas de 45 a 54 años (de 34.300 a 36.800 euros) y un +0,55% (de 35.900 a 36.100euros) los hogares con el cabeza de familia de 55 a 64 años.

En definitiva, han sido los hogares jóvenes los que han perdido ingresos con la pandemia y la alta inflación, como consecuencia de que tienen peores trabajos y sueldos más bajos, además de beneficiarse menos de las ayudas aprobadas contra la inflación (que porcentualmente han ayudado más a los que más ganan). Y los mayores se han beneficiado más de estas ayudas y, sobre todo, de que las pensiones les han subido más que la inflación.

La revalorización de las pensiones ha sido del +21% entre 2019 y 2025, tras varios años en que sólo subieron un +0,25% anual (2014-2018). Una subida de las pensiones superior a la de los salarios (+18,6% han subido los salarios de convenio entre 2019 y 2025) y a la subida de la inflación (+18,7%), lo que ha permitido mejorar el poder adquisitivo de los mayores, básicamente de los que no tienen que pagar alquiler ni hipotecas. Y con ello, la pensión media de los 9.333.486 pensionistas (4.707.565 hombres y 4.625.885 mujeres) fue en abril de 1.309 euros mensuales, por encima del nuevo salario mínimo (1.184 euros en 2025). Y la pensión de jubilación, que cobran dos tercios de los pensionistas, superó en abril la barrera de los 1.500 euros mensuales (1.503,3 euros), lo que supone duplicar la pensión media de jubilación que se cobraba en 2007 (757 euros al mes) y un aumento del +32,5% sobre la jubilación media que se cobraba antes de la pandemia (1.135 euros).

La pensión media, global y de jubilación, ha crecido mucho, pero no podemos olvidar que hay muchos pensionistas con pensiones bajas y en mínimos. Así, en abril, más de la mitad de todos los pensionistas (concretamente 4.784.170, el 51,25%) cobraban de pensión menos del salario mínimo (menos de 1.135 euros mensuales), mientras otros 4.374.099 pensionistas (el 46,8%) cobraban entre el SMI y la pensión máxima (3.267,70 euros en 2025), según los datos de la SS. Y sólo 175.217 pensionistas (el 1,8%) cobran la pensión máxima. Una desigualdad de pensiones fruto del tiempo cotizado y los sueldos cobrados, que perjudican sobre todo a las mujeres, que cobran de media un -45,97% menos de pensión media (1.071,76 euros las mujeres frente a 1.564,53 euros los hombres).

Pero no es sólo que los mayores cobren más pensiones que antes y hayan mejorado su economía. Es que además, en los últimos años de su vida laboral, los sueldos de los mayores de 45 años son superiores a los de los jóvenes, porque tienen más empleos indefinidos y también por el mayor peso de la antigüedad. Así, a igualdad de estudios, el salario de los mayores es un +11,9% superior al de los trabajadores de 25 a 54 años. Y si tienen estudios superiores, es un 25% más alto, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie.

Además, los mayores suelen tener su vivienda en propiedad (incluso una segunda alquilada) y eso les reduce costes (de alquiler e hipoteca, muy importantes ahora), aumentando sus ingresos reales. De hecho, un 84% de los mayores de 75 años tienen vivienda en propiedad y un 83,1% de los que tienen entre 65 y 74 años, mientras que sólo tienen piso propio el 31.8% de los menores de 35 años (lo tenían el 66% de esa edad en 2002), según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que refleja cómo el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 tienen piso propio frente a sólo el 45% de los nacidos después de 1985.

Otra diferencia importante es que los mayores tienen más dinero ahorrado que los jóvenes, gracias a que han trabajado muchos años, con mejores contratos y sueldos. Así, los mayores de 65 años tienen unos 37.000 euros de media en el banco, más del doble de lo que tienen los menores de 35 años (14.430 euros). Y eso tiene mucho que ver con los ingresos percibidos y la mayor o menor dificultad para llegar a fin de mes: tienen problemas el 23,2% de los españoles de 18 a 64 años y sólo el 15,9% de los que tienen más de 65 años.

Al final, los ingresos, el ahorro y las propiedades configuran la riqueza media de los hogares, que es muy diferente según la edad del cabeza de familia, como refleja el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Así la mayor riqueza media la acumulan las familias encabezadas por mayores de 75 años (454.700 euros de media), seguidos muy de cerca por las familias encabezadas por personas de 65 a 74 años (442.300 euros de riqueza). Y luego la riqueza neta va bajando con la edad: 352.900 euros entre 55 y 64 años, 257.300 entre 45 y 54 años, 191.100 euros entre 35 y 44 años y sólo 77.600 euros de riqueza los hogares encabezados por menores de 35 años. Y si lo miramos en perspectiva , los “abuelos” (más de 74 años)  han aumentado su riqueza un +19,2% desde 2017, mientras sus hijos (55-64 años) la han reducido un -1,5% y sus nietos (menos 35 años) la han aumentado un +44%...

Pero esta es la versión más positiva, la que refleja que muchos mayores viven mejor que antes de la pandemia. Pero hay otros “menos mayores” que sufren muchos problemas: los que tienen entre 55 y 65 años y no trabajan ni se pueden jubilar. En España hay 7 millones de personas en esta franja de edad y lo llamativo es que más de una tercera parte de estos “mayores” (55 a 65 años) ni trabajan ni estudian, un 38,1% son “ninis” (2.668.280 personas), un porcentaje mucho mayor que los “ninis” jóvenes (16,1% entre 25 y 34 años), según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Y son estos mayores (55 a 65 años) los que acaparan el 45% del paro de larga duración (más de un año), porque la mayoría de las empresas no les contratan (ni les forman cuando trabajan: prefieren formar a los más jóvenes). Y la mayoría de estos mayores “sin salida” son mujeres, muchas poco formadas.

Otra conclusión del estudio sobre los mayores de la Fundación BBVA e Ivie es que la formación es clave para que los mayores vivan sanos y mejor. Por un lado, los mayores ingresos de los mayores españoles ya conducen a que vivan más años sin discapacidad que los mayores europeos, según la Encuesta Europea de Salud: 10,5 años a partir de jubilarse en España frente a 9,7 años de media en la UE-27. Pero además, en la salud de los mayores influye mucho el nivel educativo. Así, los datos revelan que los mayores de 65 años con estudios superiores tienen menos sobrepeso y obesidad (sólo el 54,1%) que los mayores que tienen sólo estudios primarios (63,6% son obesos). Y también hacen más ejercicio (36,1% los que tienen estudios superiores y el 30,9% si tienen estudios primarios). Además, el estudio revela que a más formación, más movilidad y menos problemas para cuidarse solos (el 56% de los que tienen educación primaria y el 25,6% con estudios superiores). Y lo mismo con las enfermedades crónicas: bajan entre los mayores más formados.

Además de influir sobre la salud, la formación también afecta al bienestar emocional y a las relaciones de los mayores: el estudio revela que se sienten más “excluidos” de su entorno los mayores (de 55 años) con estudios primarios (el 8,8%) que los mayores con estudios superiores (sólo 4% se sienten excluidos). También los más formados se sienten menos solos  (21,5% frente al 32,4% los menos formados), tienen más relaciones con amigos y apuestan más por un “envejecimiento activo: más actividad física y deportiva, más participación en actividades culturales y más tareas de voluntariado.

En definitiva, este estudio revela algo que hasta ahora no se tenía en cuenta: que el bienestar de los mayores no sólo está ligado a sus ingresos sino que su salud y bienestar mental está muy relacionado con su formación: cuanto más formado esté un mayor (ya desde los 55 años) más sano envejecerá y menos problemas de salud y dependencia tendrá. “Mens sana in corpore sano”, que dijo Juvenal. Por eso, el estudio propone mejorar la formación de los mayores (a partir de los 50 años), tanto para que se reciclen y no pierdan sus trabajos (o se coloquen si están parados) como para mejorar su envejecimiento, con una jubilación más sana. Esto llevaría a aprobar un Plan integral de formación de los mayores, no sólo en habilidades digitales sino en una formación multidisciplinar, sobre todo para aquellos que en su día no pudieron completar su educación básica.

Vamos camino de una sociedad envejecida, donde casi un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050. Eso exige seguir financiando las pensiones, porque estos millones de personas no tienen otra fuente de ingresos y son claves para ayudar a hijos y nietos. Hay que rechazar los argumentos de que las pensiones “están ya demasiado altas” mientras los jóvenes no pueden independizarse. Son dos cuestiones distintas: hay que apoyar a los jóvenes, con trabajos decentes y alquileres accesibles, pero sin enfrentarlos con los mayores y sus pensiones. Y, sobre todo, hay que prepararse para atender a 16,68 millones de mayores en 2050, desde la financiación de las pensiones y la dependencia a su salud y bienestar, para lo que ayudaría formarles más, con más recursos públicos. No sólo asegurarles pensiones decentes, sino hacerles sentir vivos y útiles.

lunes, 2 de diciembre de 2024

Mayores 55 años: más activos pero relegados

Las plantillas de las empresas españolas han envejecido y ahora 1 de cada 5 trabajadores tienen más de 55 años, 2 millones más que hace 10 años. Y este verano se ha superado el récord de mayores “activos”, que trabajan o buscan trabajo (5,1 millones). Muchas son mujeres que buscan recuperar el trabajo perdido y sumar ingresos en casa, aunque las mujeres mayores de 55 años están tan discriminadas o más que las jóvenes: tienen menos trabajo y peores empleos, ganan menos, tienen más paro y cobran menos y reciben menos pensiones que los trabajadores mayores. Pero todos, mujeres y hombres mayores, tienen el mismo problema: las empresas no los quieren, tratan de que se vayan o se jubilen y no los contratan si están parados. Aumenta el “edadismo” en la economía, que relega a muchos mayores a seguir parados hasta la jubilación. Urge un Plan para promover el reciclaje y la contratación de estos millones de personas "mayores", para aprovechar su talento y su experiencia.

                       Protesta trabajadores mayores 55 años                            Información Alicante

España tiene una población cada vez más envejecida, como toda Europa, por el aumento de la esperanza de vida y el menor número de nacimientos. El 1 de octubre residían en España 48.946.035 habitantes, según el INE, de los que más de un tercio (el 34,91%) tienen más de 55 años: 17.087.070. Son 3,3 millones de mayores más que hace 10 años, cuando en España vivían 46.507.760 personas, de las que 13.813.959 tenían más de 55 años. De este tercio largo de personas mayores, un 44% son personas en edad laboral, que tienen entre 55 y 64 años: 7.579.865 personas, 1,6 millones más que en  2014. De hecho, dos tercios del aumento de población total que ha tenido España en la última década se ha dado entre las personas que tienen de 55 a 65 años. Y una buena parte de este aumento se debe a los inmigrantes mayores (55 a 65 años), que son ahora 910.860 personas (1 de cada 8 mayores).

De estos 7,5 millones de personas que tienen entre 55 y 65 años, cada vez hay más “activos”, personas que buscan trabajo o trabajan, debido a que muchos “mayores” se han lanzado al mercado laboral tras las dos crisis (financiera y pandemia), sobre todo mujeres. De hecho, este verano se batió el récord histórico de “mayores activos”, superándose los 5 millones de personas con más de 55 años que trabajan o buscan trabajo : en septiembre eran ya 5.092.600 “mayores activos” (un 20,72% del total de activos), según la EPA, lo que supone un tremendo salto en su actividad, dado que hace 10 años (2014), sólo eran “activos” (trabajaban o buscaban trabajo) 3,1 millones de mayores (el 13,5% de todos los activos) y hace 20 años (en 2004), sólo eran activos 2 millones (el 10,2% del total).

Así que los trabajadores “mayores” (más de 55 años) están más activos que nunca en España y también trabajan más que nunca. En septiembre de 2024, tenían un trabajo 4.576.700 ocupados mayores de 55 años (4,21 millones entre 55 y 64 años, 304.700 con 65 a 69 años y 53.100 con más de 70 años), una cifra que supera en algo más de 2 millones a los “mayores” que trabajaban hace 10 años, en septiembre de 2014 (2.557.500). Eso supone que 1 de cada 5 trabajadores (20,97%)  tienen hoy más de 55 años, cuando hace 10 años, el empleo de los “mayores” suponía no llegaba a 1 de cada 7 trabajadores (14,6%). De estos 2 millones de mayores más que trabajan hoy, 1 millón más son hombres y otro millón mujeres. Y el 11% de los “mayores” con trabajo son extranjeros (500.000, la mayoría mujeres).

Una parte de estos “mayores activos”, esos 5 millones con más de 55 años, no han conseguido trabajar y están en paro. En septiembre de 2024, se consideraban “parados” (EPA) un total de  515.900 mayores de 55 años (la mayoría, 494.400 con una edad entre 55 y 64 años, 19.500 parados con 65 a 69 años y 2.000 parados con más de 70 años, que “siguen buscando empleo”). Son menos parados “mayores” que hace 10 años (593.100 en septiembre de 2014), pero la caída es pequeña frente a la del paro total (reducido a la mitad, de 5,42 millones a 2,75 millones), según el INE. Y además, el peso de los parados “mayores” en el total es hoy mayor: son el 18,73% de todos los parados, cuando en 2014 eran el 10,92%.

Hasta aquí, el panorama de la actividad, el empleo y el paro de los mayores de 55 años, un colectivo que ha dado un gran salto en el mercado  laboral, aunque las empresas “renieguen” de ellos en muchos casos y busquen sustituirlos por jóvenes (más “baratos”). Pero el dinamismo laboral de este colectivo de “mayores” esconde una “brecha interna”, una discriminación generalizada por la que las mujeres “mayores” salen perdiendo, según revela un reciente estudio de la Fundación Mapfre: son menos “activas”, tienen menos empleos, más precarios  y puestos menos importantes y peor pagados, más paro y menos subsidio y cobran menos pensiones que los hombres “mayores”.

Empezando por la actividad, de las 4,7 millones de mayores activos entre 55 y 64 años, menos de la mitad son mujeres (2,19 millones) y hay más hombres (2,52 millones), a pesar de que hay más mujeres que hombres en la población total y en esa franja de edad. Y en España, son “activas” sólo el 61,1% de las mujeres “mayores”, frente al 73,5% los hombres. Eso se debe a que muchas mujeres dejan de trabajar al ser madres o para cuidar a sus padres, lo que reduce su porcentaje de “actividad” (buscar trabajo o trabajar). 

En cuanto al empleo, la 2ª discriminación es que las mujeres “mayores” trabajan menos que los hombres “mayores”. En septiembre de 2023, de los 4.576.700 mayores de 55 años que trabajaban, más de la mitad eran hombres (2.489.900 ocupados, el 54,4%) y menos mujeres (2.086.800 ocupadas, el 45,6% del total). Es lo mismo que pasaba 10 años antes: 1.459.200 ocupados hombres y 1.098.400 mujeres. Comparados con Europa, las mujeres “mayores” tienen una tasa de empleo menor: 53% de las mujeres con esa edad trabajan en España, frente al 58% en la UE-27, el 71% en Alemania, el 57,2% en Francia y el 47,2% en Italia.

Además, las mujeres "mayores" sufren otras discriminaciones: tienen más contratos a tiempo parcial (unas, para atender a hijos y mayores y otras, porque no encuentran otro empleo), más contratos temporales y trabajan en sectores “feminizados” (educación, sanidad, comercio y hostelería), que suelen tener sueldos más bajos. Y aunque tienen más formación que los trabajadores hombres mayores (el 40% son universitarias, según la Fundación Mapfre), tienen peores puestos que los hombres (hay 2,5 veces más hombres “senior” que mujeres en puestos directivos)  y peores sueldos. La “brecha” salarial por género es mayor entre los trabajadores mayores de 55 años, según la Fundación Mapfre: un 14,4% menos que los hombres cobran las mujeres que tienen entre 55 y 64 años, una “brecha” mayor que entre 45 y 54 años (cobran 12,1% menos), entre 35 y 44 años (6,9%) o entre 25 y 34 años(1,3%).

Otra importante discriminación se da en el paro, por partida doble. Por un lado, las mujeres “mayores” sufren más paro: en septiembre de 2024, había 282.200 mujeres con más de 55 años en paro (el 54,7% del total), frente a 233.700 parados “mayores”.  Y lo más llamativo: la tasa de paro de las mujeres “mayores” en España, el 12,9% de la población activa (2023), no sólo supera a la de los hombres (9,5%) , sino que triplica al paro de las mujeres mayores en la UE-27 (4,5%) y Francia (55) y multiplica por 6 el paro de las alemanas (2%), según Eurostat.  Y por otro lado, las mujeres cobran menos desempleo, tanto porque cotizan por sueldos más bajos como porque han cotizado menos tiempo y a veces no tienen derecho al subsidio contributivo (988 euros mensuales), sólo al asistencial (480 euros). Los datos del SEPE de octubre revelan que 376.912 mujeres mayores de 55 años cobran un subsidio contributivo (y 311.017 parados “mayores”), 872 euros al mes ellas, frente a 1.100 ellos. Eso sí, los parados “mayores” que cobran el desempleo asistencial, a partir de los 52 años y hasta la jubilación, cobran lo mismo sean hombres o mujeres: 480 euros al mes.

Al final de la vida, las mujeres cobran menos pensión que los hombres, porque han cotizado por sueldos más bajos y durante menos años, porque han tenido “años en blanco”, que no han trabajado ni cotizado, por la maternidad o por el cuidado de mayores y dependientes. De ahí que la pensión media de los hombres, en octubre de 2024, sea de 1.514,18 euros, frente a 1.031,07 euros la de las mujeres. Y la pensión de jubilación, 1.659,19 euros de media los hombres frente a 1.145,46 las mujeres. Pero en el caso de jubilarse anticipadamente, también hay discriminación en el cobro: 1.732 euros las mujeres frente a 2.090 los hombres, para jubilaciones entre los 60 y 64 años, y 1,411 euros las mujeres frente a 1.725 euros los hombres en jubilaciones entre los 65 y 69 años, según la Seguridad Social.

Las mujeres “mayores” están discriminadas respecto a los hombres, en actividad, empleo, paro, ingresos, subsidios y pensiones. Pero todos los “mayores”, ellos y ellas, sufren cada día la presión de muchas empresas, que intentan “que se vayan” o se jubilen anticipadamente, o que no están dispuestas a contratar a mayores en paro. Un contrasentido:  que un colectivo muy dinámico y formado, los mayores de 55 años, sufra prejuicios y estereotipos en el mercado laboral, que en muchos casos los lleva a la inactividad, al desempleo de larga duración y a las jubilaciones anticipadas (perdiendo pensión), como señala este informe de Adecco.

Hay sectores enteros, como la banca, las telecomunicaciones o la energía, que han sufrido procesos de “rejuvenecimiento de las plantillas”, a cambio de un alto coste para las empresas y para la Seguridad Social. Y la presión sigue hoy en muchas empresas y sectores, con el objetivo de “renovar” plantillas y ahorrarse costes, al sustituir un empleado con antigüedad y sueldos medios por jóvenes mileuristas y contratos precarios. Es una visión “cortoplacista”, que puede suponer “ahorros” a corto plazo pero donde las empresas pierden lo más valioso: el capital humano. Parece claro que hay que dejar sitio a las nuevas generaciones, pero debería buscarse una “cohabitación” entre trabajadores mayores y jóvenes, promoviendo contratos de relevo, donde el empleado mayor trabaje menos horas y forme a los nuevos, sin perder mucho sueldo y bonificando la contratación de esos jóvenes.

Lo que parece claro es que asistimos a un problema de “edadismo” en el mercado laboral: las empresas apenas contratan a mayores de 45 años y es muy raro que contraten a mayores de 55 años. Los datos son muy evidentes: en octubre de 2024, de los 12.935.916 contratos hechos en España (se hacen muchos al año para un puesto), sólo el 8,92% se hicieron a parados mayores de 55 años, según el SEPE, cuyos datos revelan que los contratos se concentran en los 25-29 años (14,8% del total) y los 30-34 años (12,10%).

 Así que los 515.900 parados con más de 55 años tienen muy difícil encontrar un trabajo. Ellos lo saben: 7 de cada 10 parados mayores de 55 años “creen que no volverán a trabajar nunca”, según una Encuesta de la Fundación Adecco. Solo les queda malvivir con 480 euros de paro hasta que puedan jubilarse (63,65 o 67 años, según lo cotizado y lo que quieran perder si anticipan la retirada). Y eso si cumplen los requisitos para cobrar el paro de mayores de 52 años, que incluyen carecer de otros ingresos y haber cotizado 6 años. En cualquier caso, no sólo buscan trabajo: también recuperar la autoestima, porque se ven sin salida después de sus estudios y muchos años de trabajo.

La Fundación Mapfre propone que el Gobierno y las empresas promuevan trabajos parciales (“mini Jobs”) para recuperar a los parados “mayores”, incentivar que muchos se hagan autónomos (hay 1 millón de mayores de 55 años autónomos, 350.000 mujeres), junto a programas de reciclaje y formación (sobre todo en herramientas digitales), además de  bonificaciones fiscales y de cotizaciones a las empresas que contraten a mayores. Y que se publique e incentive el porcentaje de mayores que tienen las empresas. Otro elemento clave es la reforma y modernización de las oficinas de empleo (SEPE), para que ayuden a recolocarse a los parados y en especial e los mayores que llevan más tiempo sin trabajar.

En resumen, que tenemos un ejército de “mayores” que tienen ganas de trabajar y una formación y experiencia muy valiosas, que las empresas no deberían relegar, porque mejora su eficacia y productividad. No podemos despreciar el talento.

jueves, 18 de julio de 2024

Los inmigrantes salvan la población en Europa

En 2023 aumentó la población en Europa, como en 2022, tras caer en 2020 y 2021, por la pandemia. Pero la población nacida en Europa cae desde 2012, porque hay más muertes que nacimientos, debido a la caída de la natalidad. Y por eso, la población en Europa (y en España) sólo crece gracias a la llegada de inmigrantes, 2,8 millones netos en 2023. España es el país europeo donde más creció la población en 2023 (+525.100 residentes), por ser el 2º país con más inmigración neta (639.000 inmigrantes), tras Alemania (664.900). Así que los inmigrantes, lejos de “robarnos el trabajo”, están ayudándonos a crecer y sostener el Estado del Bienestar. Y ojo: sólo el 10% de la inmigración en Europa es “irregular”, la mayoría llegan por cauces legales y ordenados. Ahora, Europa y España deben plantearse organizar esa inmigración en el futuro, porque los expertos creen que necesitamos 60 millones de inmigrantes más (7 millones España) de aquí a 2050. Y aumentar la natalidad.

                       Enrique Ortega

Al 1 de enero de 2024 había censados en la Unión Europea 449.206.579 habitantes, según la estadística recién publicada por Eurostat. Son 1,64 millones más que en 2023, año en que la población europea también creció (+1,5 millones), tras las caídas de población sufridas en 2021 (-249.860 habitantes) y 2020 (-253.480), por los estragos de la pandemia. Salvo estas dos excepciones, la población europea lleva creciendo desde 1960, cuando la población de los 6 miembros de la CEE era de 354.531.254 europeos. Una parte de estos 94,7 millones de europeos nuevos se deben no sólo a la demografía y a la inmigración sino también a las 7 ampliaciones de la Unión Europea, que han incorporado a paises muy poblados: Reino Unido en 1973 (67 millones de habitantes, que salieron con el Brexit en 2020), Grecia en 1981 (10,43 millones), España en 1986 (48,5 millones) o Polonia y Hungría en 2004 (con 36,8 y 9,64 millones de habitantes).

En 2023, 20 paises de la UE aumentaron su población, encabezados por España (+525.100 habitantes), Alemania (+330.000) y Francia (+229.000 habitantes), junto a Paises Bajos (+131.651 habitantes), Portugal (+123.105), Bélgica (+89.253), Chequia (+73.026) , Irlanda (+72.410) y Austria (+53.978 habitantes). Pero hubo 7 paises que perdieron población en 2023, sobre todo en la Europa del Este: Polonia (-132.800 habitantes), Grecia (-16.800), Hungría (-15.100), Letonia (-11.126), Italia (-7.452), Eslovaquia (-4.105) y Bulgaria (-2.229 habitantes), según Eurostat.

Europa ganó población en 2023, pero siguió cayendo el número de europeos nacidos en Europa. Es decir, que la evolución demográfica europea sigue siendo negativa: desde 2012, mueren cada año más europeos de los que nacen. Concretamente, en 2023, nacieron en Europa 3.665.160 europeos y murieron 4.838.900. A lo claro: se perdieron 1.173.700 personas en la UE-27. Esa pérdida neta de población autóctona se produjo en todos los grandes paises, salvo en Francia (la población autóctona creció en +47.400, porque hubo más nacimientos que muertes) y Suecia (+5.700 autóctonos) : -334.900 en Alemania, -281.300 en Italia, -136.600 en Polonia, -114.000 autóctonos en España, -89.500 en Rumanía, -56.000 en Grecia, -41.200 en Hungría y -32.600 en Portugal, según Eurostat.

El gran problema que tiene Europa (y España) es la tremenda caída de la natalidad, que provoca un desplome de los nacimientos en las últimas décadas, con las mujeres siendo madres más tarde y con menos niños por mujer, mientras hay mucha población envejecida en Europa y aumentan más las muertes que los nacimientos. Así, la natalidad en la UE ha caído de 1,54 niños por mujer en 2011 a 1,46 en 2022. España es el país europeo con la menor tasa de fertilidad (1,16 niños por mujer en 2023), muy por debajo de Francia (el país con más fertilidad, 1,79 niños por mujer, gracias a políticas activas en favor de la familia), Hungría (1,53), Suecia (1,53), Paises Bajos (1,49) , Alemania (1,46) e incluso Italia (1,24).

Si cae la población autóctona año tras año, ¿qué salva a la población en Europa? Pues la llegada de inmigrantes, la población nacida fuera de Europa. Los datos de 2023 son claros, según Eurostat: la inmigración neta (llegadas menos salidas) fue de +2.821.056 millones de extranjeros, que contrarrestan con creces la pérdida de población autóctona (-1.173.700 habitantes) y permiten que haya +1.647.300 habitantes censados en 2023. Es una tendencia que lleva décadas en Europa y que se mantuvo en 2023, año en que la mayor migración neta se produjo en Alemania (+664.900 inmigrantes), seguida muy de cerca por España (+639.100 inmigrantes netos). Y ya lejos, las llegadas a Italia (+273.800 inmigrantes netos), Francia (+181.700), Portugal (+155.700) , Paises Bajos (+136.700), Rumanía (+99.400), Chequia (+94.700) y Bélgica (+89.900).

La migración exterior hacia Europa se ha duplicado en la última década, pasando de 1.425.507 inmigrantes netos en 2015 a un mínimo de 151.974 en 2020 (en plena pandemia) y un máximo de 3.976.730 en 2022, que bajó en 2023 a los 2.821.056 inmigrantes netos. Con ello, en 2023, eran 59.901.586 los europeos que habían nacido fuera del país donde residían, el 13,48% de la población europea cansada  (449.26.579 habitantes). Por paises, los que tienen más proporción de extranjeros (residentes nacidos fuera) son Luxemburgo (50,4%), Malta (28,3%), Chipre (22,7%) e Irlanda (21,8%, por la población nacida en Reino Unido, ahora fuera de la UE-27). Pero por número e importancia, los paises con más peso de  extranjeros son Austria (21,6% de la población: 1.963.300), Suecia (20,4%: 2.144.300 habitantes), Alemania (19,5% de la población: 16.476.400 extranjeros), Bélgica (19,1%: 2.246.900 extranjeros), Estonia (17,2%: 234.700), España (17,1% población: 8.204.200 extranjeros en 2023), Portugal (16,1%: 1.683.800), Paises Bajos  (15,6%: 2.777.000 extranjeros), Eslovenia (14,6%: 309.300), Dinamarca (13,6%: 804.100 extranjeros) y Francia (13,1% de la población: 8.942.100 extranjeros), según Eurostat.

Si depuramos estas cifras de “extranjeros”, quitando los extranjeros nacidos en otros paises de la UE-27 (son 13.935.200 “extranjeros”, la mayoría rumanos, italianos y polacos que viven en otro país europeo), la cifra de extranjeros de terceros paises (no UE) que viven en Europa se reduce a 41.318.600 habitantes, el 9,23% de toda la población europea.  Y aquí, en este ranking de paises con más inmigrantes no UE destacan Alemania (7.715.000 extranjeros de terceros paises no UE, el 9,1% de la población), España (4.394.900 extranjeros de fuera de la IE, el 9,1% de la población), Francia (4.074.600 extranjeros no UE, el 6% de su población) e Italia (3.746.900 extranjeros no UE, el 6,4% de su población. Pero hay otros paises con un menor número de extranjeros no UE y donde pesan mucho más en el censo, como Malta (17,5%, aunque sólo son 94.800 extranjeros) Estonia (15,6% y 213.700), Letonia (13,6% y 255.200), Luxemburgo (10,2% y 67.300) o Austria (9,3% y 842.600 extranjeros no UE). La mayoría de estos extranjeros no UE en Europa son turcos, marroquíes, ucranianos, polacos, , latinoamericanos, sirios, afganos, pakistaníes, indios y chinos. La mayoría de inmigrantes son hombres y la edad media 36,5 años, más jóvenes que los europeos (45,7 años).

La inmigración total a Europa se redujo mucho en 2023: de los 3,97 millones de 2022 se bajó a 2,82 millones. Y sólo 380.000 de estos inmigrantes entraron ilegalmente en Europa en 2023, aunque unos 62.000 se redireccionaron al Reino Unido, son lo que serían realmente 318.000 ilegales”, menos del 10% del total (el 8% en 2023). Así que, en contra de lo que parece, el 92% de los inmigrantes que llegan a Europa lo hacen legalmente, de forma relativamente reglada y organizada, y la llegada en pateras o por rutas ilegales es totalmente marginal, aunque sea grave y arrastre graves problemas y muertes.

Dicho esto y vistas las cifras reales de inmigración de terceros paises (41,3 millones de personas, el 9,23% de la población europea), hay que relativizar “el problema de la inmigración”, en toda Europa y en España (los inmigrantes no UE son el 9,1% de la población española). Y, sobre todo, hay que valorar lo que aportan a los paises y a sus economías. En el caso de España, la inmigración es una de las causas del “milagro económico” de los últimos años, de que España crezca más que el resto de Europa, gracias a un  fuerte aumento de la mano de obra extranjera que cubrió  4 de cada 10 empleos creados en 2023. Una mano de obra extranjera que ha provocado un récord de cotizantes (2.899.003 en junio 2024, casi el doble que los 1,5 millones en enero de 2012 y un 13,6% de todos los afiliados a la SS ), que paga impuestos y aporta al país más de lo que recibe, según distintos informes.

Europa tiene cada año más población extranjera, pero gracias a ella no pierde población y se sostiene el empleo y la economía. De hecho, la ONU considera que Europa necesita recibir  60,8 millones de trabajadores extranjeros hasta 2050. Y España  necesita 7 millones más inmigrantes entre 2020 y 2050, según el Centro de Desarrollo Global de Washington. Sólo así conseguiremos frenar la continuada caída de población que sufrimos desde 2015 (en 2023, recordemos, perdimos 114.000 habitantes autóctonos, porque las muertes superaron a los nacimientos). Y la previsión del INE es que los nacidos en España bajen de 40,2 millones en 2020 a 37,10 millones en 2050 y a 33,79 millones en 2070, por la caída de la natalidad y el progresivo envejecimiento. Y por eso, vaticinan que la población “extranjera” (nacida fuera) se dispare (de 7,47 millones en 2020 a 12,80 en 2050 y 16,79 millones en 2070), para cubrir el ”bache demográfico” y permitir aumentar la población: a 49,91 millones en 2050 y 50,5 millones de “españoles en 2070, un tercio nacidos en el extranjero.

Los inmigrantes son claves no sólo para “salvar” la población futura en Europa y en España, sino para garantizar la actividad económica, los servicios públicos y, sobre todo, las pensiones, dado el progresivo envejecimiento de Europa (y España). La esperanza de vida es muy alta en Europa, con una media de 81,5 años en la UE-27 y un máximo de 84 años en España, superior a los 83,8 años de Italia, los 83,4 de Suecia, los 83,1 de Francia o los 81,2 años en Alemania. Y eso provoca una población europea cada vez más envejecida: el 21,3% de los europeos (UE-27) tienen más de 65 años, con un mayor porcentaje de mayores en Italia y Portugal (24%), Bulgaria (23,5%), Finlandia (23,3%), Grecia (23%) y Alemania (22,1%), siendo menor en Suecia (20,4%), España (20,1%) e Irlanda (15,2%). Y lo peor es que este porcentaje de mayores rondará el 25% de los europeos en 2050 y España estará a la cabeza, con un 30% de mayores de 65 años, según el INE.

Para poder financiar estas pensiones, hace falta que haya mucha gente trabajando y cotizando, algo problemático si cae la natalidad de la población europea. Por eso también necesitamos a los inmigrantes, para que trabajen, coticen ya paguen parte de las pensiones de nuestros hijos y nietos. De hecho, la tasa de dependencia (población jubilada y menores de 15 años sobre el total de población en edad de trabajar) ya supone un 33,4 % en la UE-27: un tercio de la población necesita que les mantengan los otros dos tercios, un porcentaje que sube en Francia (34,5%), Alemania (34,7%) e Italia (37,8%) y que es menor en España. Pero subirá para 2050 en toda Europa, hasta el 56,7%.(y al 59,5% en España)  A lo claro: más de la mitad de los europeos (jubilados y niños) necesitarán que les mantengan los que estén en edad de trabajar. Más carga de gasto que exigirá más gente trabajando, autóctonos y extranjeros.

Al final, como se ve por todas estas cifras, el problema no está en la inmigración ilegal (el 8% del total) ni en la grave situación de los menores inmigrantes agolpados en Canarias (5.600 niños y niñas, el 0,011% de la población española), sino en ver cómo canalizamos la inmigración para que siga siendo un factor de crecimiento y empleo, para que nos ayude a garantizar el Estado del Bienestar y las pensiones. En lugar de las peleas políticas y la xenofobia, necesitamos un Pacto de Estado por la inmigración, en Europa y en España, que planifique el futuro: cuántos inmigrantes pueden llegar, qué perfiles deberíamos promover y cómo ayudarles a formarse e integrarse en la economía y la sociedad. Y en paralelo, lograr acuerdos con los paises de origen, para frenar la inmigración ilegal y las mafias, para reorientar estas llegadas irregulares hacia empleos regulados allí y aquí. Organizar y canalizar la inmigración es una exigencia ineludible, por justicia y necesidad económica. Los inmigrantes no nos “roban” el trabajo, nos ayudan a construir el futuro.