UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

Europa, el continente "blanco" (cocaína)

La Comisión Europea aprobó el 4 de diciembre una Estrategia contra las drogas ilegales, porque “están llevando al continente a un punto crítico”. En especial, el consumo de cocaína, un negocio que mueve al año 11.600 millones de euros y multiplica los tiroteos y la corrupción institucional, sobre todo en Bélgica y Holanda, donde algunos jueces alertan del peligro de convertirse en “narcoestados”. España es el país europeo donde más gente ha probado la cocaína (3,56 millones) y el 2º con más incautaciones de una droga que llega por el Atlántico en narcolanchas y submarinos, provocando también tiroteos en la Costa del Sol. Y se consume con cierta “tolerancia social”, aunque muchos consumidores acaban en urgencias y 1.360 murieron en 2023. Bruselas propone acuerdos internacionales, frenar la entrada por mar y reforzar la legislación antidroga, mientras en España, la Fiscal antidroga pide más medios en los juzgados y cambios legales para frenar esta lacra, que ha convertido a España en el paraíso europeo de las mafias de la droga.

          España, el país donde más gente ha probado la cocaína                   Getty/BBC

El consumo de cocaína va en aumento en todo el mundo y también en Europa. Si hace unas décadas era una droga minoritaria, de clases altas, ahora se ha generalizado su consumo, debido al fuerte aumento de la producción, que ha llevado a los precios a bajar a la mitad. La cocaína es la droga con más crecimiento en el mercado, según la ONU, con una producción de 3.700 Tm anuales, cuatro veces más que hace una década. Su epicentro sigue estando en América (Colombia, Bolivia y Perú concentran la producción mundial), pero su distribución se ha “globalizado” y no se distribuye sólo en Colombia, México y EEUU (mercados saturados), sino que se han abierto nuevas rutas hacia Ecuador, Brasil y Panamá. Y desde todos estos paises, llega a Europa por dos rutas: una directa a través del Atlántico (que introduce la droga por España, Portugal, Bélgica y Paises Bajos) y otra por África (que la introduce por España e Italia).

El gran cambio en el tráfico y consumo de cocaína es que se ha “globalizado”, como ninguna otra droga, según la ONU, con 25 millones de consumidores en el mundo, de ellos 6 millones en Europa, donde el consumo se ha multiplicado, con redes que la ofrecen por Webs oscuras, chats y mensajes de WhatsApp hasta el mismo domicilio de los consumidores. Un negocio que mueve 11.600 millones de euros al año en Europa, donde se han batido en los últimos 7 años  récords consecutivos de incautaciones: 419 toneladas de cocaína en 2023, sobre todo en Bélgica (123 Tm) y España (118,3 TM, más del doble de las 58,3 TM incautadas en 2022), seguidas de lejos por Paises Bajos (59,1 Tm), Portugal (21,7 TM) e Italia (17,8 TM), según los últimos datos del Informe Europeo de Drogas 2025.

En toda Europa se ha desbocado el consumo de cocaína en los últimos años, empujado por una mayor oferta disponible y una bajada de los precios a la mitad, lo que ha “popularizado” su consumo en el continente. En la UE, el 6,3% de la población adulta (15-64 años) ha consumido cocaína alguna vez en su vida, lo que supone 6,2 millones de europeos. Y por países, España es el que tiene un porcentaje más alto de personas adultas que la han probado alguna vez (13,3% en 2023: 3,5 millones), seguido de Dinamarca y Francia (9,4% de adultos), Irlanda (8,3%), Paises Bajos (8%), Estonia (7,3%), Noruega (6,5%), Alemania (5,6%) y Finlandia (5,8%), según el Informe Europeo de Drogas 2025.

España ya no lidera este ranking si miramos el porcentaje de adultos que han consumido cocaína en el último año: lideran Paises Bajos y Francia (2,9% de la población consumieron), por delante de España (2,5%), Irlanda (2,3%), Noruega (2,2%), Dinamarca (2,1%), Alemania y Finlandia (1,6%), Austria (1,5%), Italia (1,4%) y Suecia (1,3%). Y si analizamos los jóvenes (15 a 34 años) que consumieron cocaína el último año, el porcentaje sube en todos los paises, con una media del 2,7% en la UE (2,7 millones de jóvenes), según el informe Europeo de Drogas 2025: el 5% en Países Bajos, el 4,8% en Irlanda, el 4,4% en Francia, el 4,2% en Dinamarca, el 4% en Noruega, el 3,1% en España (323.600 jóvenes), Alemania y Finlandia, el 2,9% en Bélgica, el 2,8% en Suecia y el 2,1% en Italia.

El consumo de cocaína “se ha desbocado” en los últimos años en Europa, según los expertos, consolidándose como la 2ª droga más consumida en el continente, tras el cannabis. Y ello se debe principalmente al aluvión de oferta, que llega de América por nuevas rutas, no sólo a través de contenedores que llegan a  los grandes puertos europeos (Amberes y Rotterdam) sino con nuevas vías de entrada a través del Atlántico, en grandes barcos que descargan en aguas internacionales a narcolanchas o incluso narco submarinos (el primero se detectó en Galicia en noviembre de 2019), que permiten descargar la cocaína en cualquier punto de la enorme costa atlántica europea, multiplicando la oferta y bajando precios.

Este boyante negocio de la cocaína en Europa, que mueve 11.600 millones de euros al año, ha multiplicado las redes del narcotráfico en el continente: tan sólo en las fronteras de la UE operan 440 organizaciones, según Europol. Y destacan en estas redes mafiosas los grupos que proceden de Albania, Bélgica, Paises Bajos, Italia y España, que actúan como mayoristas que luego revenden a miles de intermediarios y redes por toda Europa. Una proliferación de vendedores y grupos que pelean por el mercado, con una enorme competencia, lo que provoca numerosos enfrentamientos violentos y ajustes de cuentas, que se traducen en tiroteos en las calles de Bruselas, Ámsterdam, Marsella o la Costa del Sol.

Este importante negocio ilegal tiene tanto poder que corrompe a estibadores (uno de Rotterdam recibió 200.000 euros por un QR que permitía sacar un contenedor), directivos de puertos y aduanas, policías y hasta jueces, lo que ha provocado que una jueza belga (que tuvo que estar 4 meses escondida y bajo vigilancia policial para instruir un caso de narcotráfico) haya escrito en octubre una carta abierta donde alertaba que “Bélgica corre el peligro de convertirse en un narcoestado”, ya que hay políticos, jueves y profesionales amenazados y proliferan los ajustes de cuentas cerca del mismo centro de Bruselas. Lo mismo preocupa en Holanda, donde operan la mayoría de mafias europeas del narcotráfico, en especial la Mocro Maffia (una red de delincuentes holandeses y belgas de origen marroquí), que controla el tráfico de cocaína y tiene ramificaciones en Bélgica y España. Y que ha amenazado al ex primer ministro Mark Rutte y a la Corona holandesa, que se vio obligada a enviar a España a la princesa heredera Amalia de Orange, en 2023...

En España, el tráfico y las incautaciones de cocaína se han duplicado, con un fuerte aumento de entradas a través de Galicia y de Andalucía, con un llamativo aumento de tiroteos y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, protagonizados por las mafias suecas y la Mocro Maffia, poniendo en jaque a Aduanas, policías y juzgados (saturados de causas). Y mientras, el consumo de cocaína aumenta, no sólo en el ocio sino también en la conducción y hasta en el trabajo. Y, por desgracia, el consumo es elevado entre los adolescentes: un 9,9% de los  jóvenes europeos de 15 y 16 años (y el 10% de los jóvenes españoles: 108.250 adolescentes) han consumido cocaína en el último año, según la Encuesta europea ESPAD.  Y esta adicción acaba muchas veces en las urgencias y en muertes: 7.974 ingresos en urgencias fueron por drogas en 2023 (el 49,1% habían consumido cocaína) y 1.360 murieron por drogas (más del doble de los 519 muertos de 2012), el 58,2 % consumían cocaína, según el informe de Sanidad.

Los datos son impactantes, pero parece que la sociedad europea y la española no valoran el auge y peligrosidad de las drogas  y en especial la cocaína, una droga con “aceptación” social. En España, debería ser un tema especialmente preocupante, porque somos una de las grandes puertas de entrada de la cocaína a Europa, lo que nos convierte en un paraíso para las mafias, que campan a sus anchas en la Costa del Sol y en Galicia, multiplicando los tiroteos y ajustes de cuentas y colapsando a la policía y a los juzgados, que se enfrentan a unas mafias cada vez más sofisticadas y con más medios, apoyadas en unos ingresos millonarios que acaban en paraísos fiscales, en especial en empresas pantalla en Abu Dhabi.

La Fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, avisó en una entrevista reciente del riesgo de que “España llegue a situaciones de violencia por narcotráfico como en Bélgica”. Y señaló el gran cambio en la entrada de la cocaína en Europa, que ahora entra la mitad por los grandes puertos europeos (en el puerto de Valencia se detuvo a 11 personas este año) y se han disparado las entradas por el Atlántico, en narcolanchas y narco submarinos, lo que da un mayor protagonismo a España como puerta de entrada en Europa, a la vez que las grandes mafias europeas (de los Balcanes, suecas, Mocro Maffia…) operan cada vez más en España, lo que ha multiplicado las diligencias por narcotráfico en los juzgados (+32% en 2024 en la Audiencia Nacional y +23% en el resto del país). Por eso, la Fiscal pide al Gobierno más medios personales y judiciales, así como la creación de Juzgados especializados antidroga por regiones (como en Francia), además de cambios legales para penalizar más “el petaqueo” (suministro de combustible a las narcolanchas) y para facilitar el trabajo de los agentes infiltrados.

Estamos ante un negocio de la droga que está corroyendo las instituciones y la sociedad europea, sin que los Gobiernos reaccionen con la necesaria contundencia. La Comisión Europea acaba de aprobar, el 4 de diciembre,  una nueva Estrategia contra las drogas ilegales, para afrontar un problema que consideran “está llegando a un punto crítico”. Y dicen que quieren “contraatacar” a las mafias con un abanico de medidas: alianzas internacionales para frenar la salida de la droga de los paises de origen, mejores controles externos (en el Atlántico) y refuerzo de los controles en los puertos, reforzar la detección de pequeños envíos de drogas por correo y mensajería, actualizar y reforzar la Legislación e impedir el reclutamiento por las mafias (físicamente y por Internet) de jóvenes vulnerables (ya sea en Bruselas, Ámsterdam o Algeciras), actuando no sólo contra la cocaína y el cannabis, también contra los laboratorios que fabrican drogas sintéticas en Europa (Holanda, Bélgica y paises del Este).

En resumen, Europa tiene que emprender una verdadera “guerra” contra las drogas, porque destrozan nuestra juventud, causan 7.500 muertes europeas al año y están corrompiendo nuestras instituciones (puertos, policías, jueces) y nuestras calles, con incautaciones y tiroteos cada vez más frecuentes. La droga corrompe y mata y puede destruir la democracia europea. Y sobre todo, destruye a nuestros jóvenes y a muchas familias. Tenemos que contraatacar.    

Otoño incierto: tenemos más problemas

Tras la vuelta de vacaciones, este otoño se presenta muy incierto, con más problemas económicos que antes del verano. Por un lado, Europa ha cerrado con Trump un acuerdo comercial muy negativo, que va a agravar el estancamiento de la economía europea, que apenas creció un 0,1% en el 2º trimestre, con una crisis en Alemania y problemas en Francia e Italia. Además, la incertidumbre ha impedido que baje el Euribor en agosto (y los tipos del BCE en septiembre). Y las locuras de Trump y su abultada deuda debilitan el dólar, fortaleciendo al euro (+13% este año), lo que nos resta competitividad y encarece los productos europeos y el turismo. En España, los problemas de Alemania y Francia más los altos precios y el euro fuerte han frenado en julio el impulso del turismo, el motor de nuestro “milagro económico”, junto a los inmigrantes (atacados dentro y fuera). Así que la polémica coyuntura política, internacional y nacional (extrema polarización) , pone en peligro los logros de la economía española tras la pandemia. Pintan bastos.

                                                                                          Enrique Ortega

El verano nos trajo, además de las olas de calor y los incendios, un pésimo acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEEU, presentado en un club de golf de Trump en Escocia el 27 de julio. La Comisión Europea se ha afanado en defender la bondad del acuerdo, porque es mejor aceptar un arancel del 15% que el 30% que nos iba a imponer Trump si no pactábamos. Y añaden que hemos salido “mejor parados” que la mayoría de paises (salvo Reino Unido, que tendrá un arancel del 10%), igual que Japón (15%) y mucho menor que el 35% de Canadá, el 25% de México o el 50% de Brasil e India (ver mapa aranceles), mientras China negocia todavía bajarlo del 30%.

Pero en realidad, el acuerdo arancelario aceptado por Europa es una humillación en toda regla. Básicamente, porque Trump impone un arancel del 15% a la mayor parte de los productos europeos (que ahora pagaban el 1,43% de media) mientras EEUU paga un 0% por vender sus productos en Europa. Eso, traducido en cifras, es escandaloso: de los 850.000 millones de productos europeos exportados a USA en 2024, ahora (desde el 7 de agosto), la mayoría (780.000 millones exportados) pagan aranceles del 15%, lo que tendrá un coste para los europeos de 117.000 millones de euros, un “impuesto” que nos pone Trump para reducir su abultada deuda y bajar impuestos a los norteamericanos (ricos).

Pero hay más concesiones. Una, que a cambio de ponernos sólo un 15% de arancel (no el 30% con que amenazaba), Europa se compromete a comprar a EEUU petróleo, gas y equipamiento nuclear por valor de 700.000 millones de dólares, además de comprarles 40.000 millones en chips y compras millonarias de material militar. Y si Europa no lo hiciera, amenaza Trump, nos subiría los aranceles. Además, EEUU acepta rebajar los aranceles de los coches y piezas del automóvil europeas al 15% (del 35% inicial, ahora en el 27,5%) si Europa abre su mercado a productos norteamericanos agrícolas y pesqueros (alimentos, frutos secos, soja…), que ahora podrán vendernos sin restricciones, una medida que ya ha legislado Bruselas para que los coches europeos sólo paguen un 15% de arancel en USA. Y por si acaso nos sentimos ya “tranquilos”, Trump ha amenazado con incluir también en el futuro una rebaja de la vigilancia sobre los servicios digitales, para forzar a Bruselas a que no controle tanto a las tecnológicas ni les cobre (tasa Google) si no queremos problemas...

Así que Europa ha cedido en casi todo, mientras Trump lanza cada día una nueva amenaza, que alimenta la incertidumbre en las empresas, inversores y paises. Y además, el Tribunal de apelaciones de EEUU acaba de decir que los aranceles de Trump no son legales, aunque permite que sigan en vigor hasta el 14 de octubre. Pero Trump lo va a recurrir ante el Tribunal Supremo USA, donde tiene mayoría conservadora. Así que los aranceles seguirán adelante, dañando la economía internacional y sin que por el momento dañen a los estadounidenses, que los acabarán pagando con más inflación y menos crecimiento a medio plazo. Pero mientras, Trump pretende recaudar millones de dólares del resto del mundo y presentar unos logros que le permitan ganar las elecciones de medio mandato (noviembre 2026).

En consecuencia, desde principios de agosto, los aranceles de Trump dificultan las exportaciones a EEUU del resto del mundo, que pagan una media cercana al 20% (el 50% de aranceles al aluminio y al acero). Eso va a tener una consecuencia inmediata: menos ventas en EEUU y menos comercio mundial, encareciendo la mayoría de los productos y recortando el crecimiento y el empleo. Y también en Europa. En el primer trimestre, tras el anuncio de aranceles el 2 de abril, muchos paises aceleraron las ventas a EEUU, antes de que entraran en vigor. Y eso aumentó las exportaciones europeas y el crecimiento. Pero ahora, cuando los aranceles ya están en vigor, el frenazo económico en la UE será inevitable. De hecho, ya se ha producido: la economía de la UE-27 creció un +0,5% en el primer trimestre de 2025 y después se ha estancado, creciendo sólo un +0,1% en el 2º trimestre, según Eurostat.

Sobre todo lo ha notado Alemania, el país europeo que sale peor parado por los aranceles de Trump, dado que allí van el 10,4% de sus exportaciones: en el 2º trimestre, según Eurostat, la economía alemana ha caído un -0,1% (tras crecer un 0,3% en el primer trimestre), sufriendo sobre todo sus multinacionales del automóvil y numerosas industrias. También ha caído en el 2º trimestre la economía de Italia (-0,1%), otro país que depende mucho de las ventas a USA (el 10,4% de sus exportaciones totales). Y ha tenido menos efecto en Francia, que crece un +0,3% en el 2º trimestre, porque vende menos a EEUU (el 8% de sus exportaciones), aunque es un porcentaje alto, como el de Finlandia (9,7%), Suecia (8,9%) y Austria (8,2%), si bien el país más afectado es Irlanda (el 32% de sus exportaciones van a EEUU). España, de momento, sigue siendo el país que más crece (+0,7% en el 2º trimestre), por una menor dependencia comercial de EEUU (4,6% de nuestras exportaciones), pero nos acabará afectando, sobre todo si el resto de Europa entra en recesión este otoño/invierno.

De momento, la crisis en Alemania y Francia  ya ha retraído el turismo hacia España en los últimos meses, según los datos de pernoctaciones hoteleras del INE. Y en julio, aunque España tuvo un récord histórico de turistas (más de 11 millones), sólo aumentaron un 1,6% sobre 2024 y cayeron los turistas alemanes (-4,8%) y franceses (-3,1%), estancándose los turistas británicos (+0,7%), una tendencia que ha podido repetirse en agosto y que supondría un cierto “freno” del boom turístico, el motor de nuestro crecimiento récord. De hecho, el empleo en España ha cerrado su peor verano en 6 años, con casi 200.000 afiliados menos en agosto.

Otro factor que juega a la contra de Europa (y de España) es la debilidad del dólar, motivada por la errática política de Trump y su abultada deuda (36,2 billones de dólares, el 124% de su PIB), que provoca una revalorización del euro frente al dólar: +13,2% en lo que va de año (el euro cuesta hoy 1,1728 dólares frente a 1,036 a principios de año). Eso significa que todos los productos europeos cuestan en dólares un 13% más, lo que resta competitividad a los productos de la UE y encarece Europa (y España) a los turistas no europeos. Y encima, los expertos apuestan porque Trump siga dejando caer al dólar (para reforzar sus exportaciones), hasta el nivel de 1,20 euros por dólar (casi +16% revalorización), lo que dañaría más a Europa.

Así que lo que antes era una amenaza, la subida de aranceles, es ya una realidad desde el 7 de agosto, y está dañando a las grandes empresas exportadoras europeas, sobre todo al automóvil, los bienes de equipo y maquinaria, el vino, la industria del lujo, la aeronaves, la siderurgia y la industria química y farmacéutica. En el caso de España, el sector más afectado es la industria alimentaria (USA es su 2º gran mercado, tras Europa), el vino (España es el 4º exportador europeo), el aceite (somos el primer exportador europeo a USA), la industria de componentes de automóvil (no exportamos coches a EEUU, pero los coches que exporta el resto de Europa llevan piezas fabricadas en España) y la industria farmacéutica.

Lo más preocupante es que “el bombazo” de los aranceles de Trump pillan a Europa en medio de una profunda crisis política, agravada por los problemas económicos en Alemania y la crisis política en Francia, donde ha caído el primer ministro). La Unión Europea se tiene que plantear a la vez cómo afronta una serie de problemas de futuro: configurar una Defensa europea (con más gasto militar, que pone en peligro otros gastos económicos y sociales), cobrar un mayor protagonismo geoestratégico (los conflictos de Ucrania y Gaza revelan el escaso peso internacional de la UE), configurar una política de inmigración (Europa necesita mano de obra extranjera, pero el auge de la extrema derecha europea fuerza a los paises a posturas xenófobas), una postura más decidida ante la crisis climática (crece el negacionismo en muchos paises y en la Comisión Europea, lo que fuerza a suavizar políticas medioambientales) y, sobre todo, la urgencia de dar un salto adelante en la mejora de la competitividad europea, impulsando la tecnología, la digitalización y la industrialización para competir con USA y China. Cuestiones claves en la que la actual Comisión Europea no avanza, mientras la humilla Trump.

Y en el caso de España, las consecuencias de los aranceles y el menor crecimiento de Europa y el resto del mundo nos van a acabar de hacer daño, rebajando el consumo, las exportaciones y las inversiones (por la incertidumbre), lo que se traducirá, antes o después, en menor crecimiento y menos empleo, después de varios años de “milagro económico” tras la pandemia. La incertidumbre por los aranceles, incluso, ha frenado la bajada del precio del dinero: el Euribor, en agosto, ha subido (al 2,114%), tras 6 meses a la baja. Y el BCE frenó la semana pasada sus rebajas de tipos (siguen en el 2%), por temor a un repunte de la inflación, lo que sigue aumentando el Euribor (2,17% en septiembre), dificultando la rebaja de las futuras hipotecas  (aunque bajará la cuota de las antiguas cuando se revisen).

Por ello, Europa y España deberían aprobar un Plan de choque, como hicieron con la pandemia o la hiperinflación tras la invasión de Ucrania, para afrontar este menor crecimiento y mantener las empresas y el empleo. En Europa, tal medida no parece fácil y ya hay paises como Alemania que hablan de “reducir el Estado del Bienestar” para salir adelante de esta crisis. En España, un acuerdo para reanimar la economía en los próximos meses parece aún más difícil, a la vista de la tremenda polarización política, que impide hasta afrontar juntos los incendios forestales.

Pero si alguna vez hace falta acordar algo es ahora, para afrontar el posible estancamiento económico en Europa y la desaceleración económica en España. Urge aprobar unos Presupuestos que reanimen la economía, con un pacto fiscal que consiga aumentar la recaudación para afrontar el necesario mayor gasto en protección civil ante el cambio climático (incendios, inundaciones, malas cosechas…). La enseñanza de los incendios de este verano es que el Estado (desde la Administración central a las autonomías y Ayuntamientos) sólo puede afrontar las catástrofes con más medios y para eso hace falta gastar más. Y eso pasa por recaudar más, por ingresar más de los que más tienen, lo que exige una reforma fiscal que Europa nos lleva pidiendo décadas. Pero con el actual panorama político, ni Presupuestos ni reforma fiscal ni acuerdos contra la crisis climática.

Las otras dos prioridades económicas de este otoño deberían ser la vivienda y la ejecución de los Fondos Europeos, porque queda menos de un año (hasta agosto de 2026) para comprometer los proyectos pendientes (sólo se han comprometido 53.600 millones de 163.014 que recibiremos, entre subvenciones y créditos), dado que si no se ejecutan se perderán los Fondos UE. Y eso exige también pactar las reformas pendientes, requisito obligado para que llegue el dinero que falta (hemos perdido ya Fondos UE por el rechazo de la derecha y los nacionalistas en el Parlamento a la subida de impuestos al gasóleo exigida por Bruselas). Urgen pactos para terminar las reformas pendientes y para promover la construcción de viviendas, pero ambos parecen imposibles.

Ya lo saben: tenemos problemas, tendremos más en los próximos meses y la solución pasa por acuerdos políticos y económicos para afrontarlos. Pero como esto es imposible, iremos a peor. Y serán los políticos, al menos una parte de ellos, los responsables de que España ponga fin al mejor balance económico de las últimas décadas. Pintan bastos.

Incertidumbre: aranceles, tipos, Europa, política...

No es habitual que a finales de julio haya tanta incertidumbre en la economía mundial, europea y española. Casi en vacaciones, no sabemos qué va a pasar con los aranceles de Trump a Europa, que van a afectar a múltiples empresas y a los precios, recortando el crecimiento. Y tampoco sabemos si el BCE bajará o no este jueves los tipos, por temor a la inflación y ante la fortaleza del euro, que dificulta las exportaciones europeas. Mientras, Europa afronta su próximo Presupuesto 2028-34, recortando algunos gastos (-80.000 millones para el campo) mientras quintuplica la partida de Defensa y Seguridad y con dos retos pendientes: las políticas climáticas (que se suavizan) y de emigración (que se “derechizan”). Y en medio de este panorama, España tiene un problema de bloqueo político e institucional que impide aprobar unos nuevos presupuestos y avanzar en las necesarias reformas (un bloqueo que ya nos ha restado Fondos europeos). Demasiadas incertidumbres que podrían frenar la buena racha de la economía española  y del empleo.

La mayor incertidumbre de la economía internacional son los aranceles de Trump, cuyo alcance real se debería despejar esta semana. Los anunció a bombo y platillo el pasado 3 de abril, con un  arancel general del 10% que subía al 20% para Europa y hasta el 34% a China y el 46% a Vietnam, más el 25% a sus vecinos México y Canadá. Pero a partir de ahí, Trump se ha dedicado a amenazar a los paises para que negociaran contrapartidas a cambio de rebajas en los aranceles, con lo que es un galimatías saber cómo quedan para cada país. Sí sabemos que sólo ha llegado a acuerdos con dos paises, Reino Unido (10%) y Vietnam (20%), alcanzando el 12 de mayo una tregua de 90 días con China. Y lo más importante, amenazando a Europa con un arancel del 30% (mayor del 20% inicial), que entraría en vigor el 1 de agosto si antes no se alcanza un acuerdo.

Eso sí, estos son aranceles “complementarios” sobre los que ya ha impuesto Trump a todos los paises: un 25% a las importaciones de aluminio y acero (desde el 12 de marzo), otro 25% a los automóviles, piezas y recambios y un arancel general del 3 al 10% para todo el mundo. Y además, ha anunciado un arancel global del 40% al cobre y otro de hasta el 200% para los productos farmacéuticos, ambos desde el 1 de agosto.

En el caso de Europa, siguen las reuniones con la Administración Trump para evitar ese arancel general del 30% desde el 1 de agosto, sin demasiadas esperanzas de conseguir rebajarlo sustancialmente. Así como China ha sido firme frente al chantaje de Trump (aprobado unos “contra aranceles” que han llevado a la actual tregua), la postura europea ha sido menos firme, buscando antes el acuerdo que las contramedidas, aunque Bruselas dice que tiene preparada una lista de artículos y partidas comerciales USA a las que aplicaría aranceles si no se llega a un acuerdo esta semana: industria aeronáutica, automóviles, productos alimenticios y bebidas (bourbon, soja, vino), productos químicos, maquinaria y equipos electrónicos y médicos. Esta 2ª lista de represalias europeas (72.000 millones) se sumaría a una primera lista (20.000 millones), que se aprobó el 9 de abril, en respuesta a los aranceles del 25% al aluminio y al acero, pero que no ha entrado en vigor, para “no entorpecer la negociación” para rebajar el arancel general con que amenaza Trump (30%).

Mientras Europa negocia contra reloj, como Japón, Corea y sobre todo China, lo evidente es que Trump va a imponer al resto del mundo unos aranceles que van a dañar seriamente a la economía mundial. De hecho, los aranceles ya en vigor suponen elevarlos del 2,5% que estaban en enero de este año a un 16,6% actualmente, según la Universidad de Yale. Una subida espectacular ya que en su anterior mandato, Trump sólo subió los aranceles USA del 1,5 al 2,5%. Y si se cumplen las amenazas de aranceles planteadas para el 1 de agosto, el arancel promedio de EEUU al resto del mundo subiría al 20,6%, el más alto desde 1910. Eso supondría un estancamiento del comercio mundial, un freno a las cadenas internacionales de producción, un aumento generalizado de la inflación y un estancamiento de la economía mundial, con una fuerte inflación y una crisis también en EEUU.

Hasta ahora, las amenazas y los continuos vaivenes en los aranceles impuestos por Trump no han dañado a la economía, porque los inversores esperan hechos (y no amenazas) y porque muchos paises han adelantado importaciones y exportaciones. De hecho, las Bolsas todavía no son pesimistas: el Nasdaq USA ha subido casi un 7% este año, el Euro Stoxx otro +12% y el Ibex español sube un 22% este año, a pasar de las amenazas arancelarias de Trump. Pero si sigue adelante y se agravan a partir del 1 de agosto, las consecuencias negativas llegarán: primero sobre el comercio, luego sobre la producción (encareciendo costes) y los precios (más inflación) y finalmente sobre el consumo y  la inversión, frenando el crecimiento. Y también en EEUU, donde la economía ha caído ya un 0,2% en el primer trimestre, con una inflación del +2,7% en junio (2% en la eurozona).

En Europa, si Trump impone un arancel global del 20% (lo más posible), el mayor daño lo sufrirán los paises que más comercian con EEUU, en especial  Alemania, Francia e Italia. España podría “salvarse de la quema” de la guerra arancelaria, según Bruselas,  por el escaso peso del comercio con EEUU (sólo supone el 4,7% de todas nuestras exportaciones, frente al 10,4% que suponen las exportaciones alemanas a USA), por el tirón del turismo y el consumo y por el empujón inversor de los Fondos Europeos. Pero está claro que los aranceles nos acabarán afectando, sobre todo en las regiones que más comercian con EEUU (Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) y en los sectores que más exportan allí: automóvil y piezas, multinacionales energéticas, empresas de bienes de equipo y semimanufacturas, empresas textiles y de manufacturas de consumo, farmacéuticas y empresas químicas y sectores de alimentación, en especial aceites, vino y frutas.

La Comisión Europea estima que están “en riesgo” 4.500 millones de los 18.179 millones exportados por España a EEUU en 2024. Un riesgo menor al del conjunto de Europa, donde  la Comisión cree que están en riesgo una cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU, nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de 531.600 millones de euros). De momento, las exportaciones europeas a EEUU han seguido creciendo en abril (+3,8%) y mayo (+4,4%), según Eurostat, con lo que Europa ha mejorado su superávit comercial con USA tanto en abril (+17.700 millones, +16,6% sobre abril de 2024) como en mayo (+18.400 millones de superávit de la UE con EEUU, +29,5% sobre mayo 2024), debido a que muchas empresas han querido anticipar ventas (y compras) antes de materializarse los aranceles finales.

En el caso de España, el viernes salió el dato de las exportaciones en mayo, que crecieron un +0,8% a todo el mundo (mientras caían las de Alemania e Italia), aunque caían nuestras exportaciones a Estados Unidos (-14,4%), lo que ya pasó también en abril (-13,8%). Con estas dos bajadas de nuestras ventas en abril y mayo, las exportaciones a USA en los 5 primeros meses de este año(enero-mayo) han caído un -4,8%, mientras las importaciones han crecido un +8% (por anticipo de compras). Con ello, el déficit comercial de España con EEUU se ha agravado: -5.890 millones hasta mayo, frente a -4.553 millones al inicio de 2024. Con aranceles más altos desde agosto, lo normal es que las exportaciones caigan más, lo que obligará a nuestras empresas a buscar nuevos mercados, como ya han hecho en abril y mayo.

Además del problema de los aranceles, los europeos tenemos otro problema: la debilidad del dólar (por la política errática de Trump y su elevada deuda), que ha reforzado al euro en lo que va de año: si empezó el año cotizando a 1,035 dólares, el viernes costaba ya 1,1624 dólares, lo que supone una revalorización del euro del +12,30%. Esto significa que todos los productos europeos cuestan ahora un 12,30% más caros para los países de fuera del euro, lo que dificulta la competitividad de los productos y servicios europeos (también encarece los viajes a Europa, retrayendo el turismo a España). Así que además de aranceles en USA, en Europa tenemos un problema adicional: la revalorización del euro.

Esto afecta también a los tipos de interés, porque una manera de “bajarle los humos” al euro sería seguir bajando los tipos de interés en Europa, aunque el tipo oficial (2%) ya es mucho más bajo que el de EEUU (4,50%). Pero el BCE, que se reúne este jueves, tiene difícil aprobar una nueva bajada, porque teme que los aranceles futuros suban la inflación en Europa, que de momento está controlada (en el 2%). Esta incertidumbre sobre el futuro de los tipos ha frenado ya la caída del Euribor, que está a mediados de julio en el 2,076%, prácticamente igual que en junio (2,081%), lo que frena también la rebaja que podrían conseguir en el futuro los hipotecados. Así que está todo relacionado: más aranceles, más difícil bajar los tipos y menos bajarán las hipotecas para las familias.

Pero hay más incertidumbres económicas en el horizonte. La principal, cómo se configura el futuro de Europa, una economía que lleva varios años estancada y que pierde competitividad frente a Estados Unidos y China. La nueva Comisión Europea, más derechizada tras las últimas elecciones, parece haber perdido el empuje que demostró frente a la pandemia y la crisis inflacionista y no acaba de unirse para afrontar sus mayores retos: el impulso económico y tecnológico, la digitalización y la descarbonización, la lucha contra la crisis climática y la creación de una Defensa Europea que cubra el vacío dejado por Trump y la OTAN. Hace unos meses (septiembre 2024), Mario Draghi, el expresidente del BCE, trazó una “hoja de ruta” para que la Unión Europea modernizara su economía y la hiciese más competitiva, con un ambicioso Plan que preveía invertir 800.000 millones en 4 años. Pero ha pasado el tiempo y no hay ningún Plan, sólo divergencias a la hora de afrontar la emergencia climática, la llegada de inmigrantes, la renovación tecnológica y la Defensa Europea.

El último eslabón de la incertidumbre sobre el futuro de la UE ha sido la reciente presentación de los Presupuestos europeos para 2028-2034. Tienen dos problemas. Uno de fondo: el gasto es ridículo. Se propone un Presupuesto de 1,8 billones de euros para 7 años (257.000 millones anuales), que supone el 1,6% del PIB de la UE. Sólo el Presupuesto de España es el doble al año del propuesto para los 27. Y el Presupuesto de EEUU es 10,13 billones de euros anuales, el 37,6% del PIB USA (30 veces más). Estos datos revelan el problema de fondo: son los paises europeos los que ingresan y gastan y la Comisión Europea apenas tiene instrumentos para ingresar y gastar, es un Gobierno europeo “sin medios”.

El segundo problema de los futuros Presupuestos europeos, que se van a debatir los próximos dos años, es que ha cambiado la filosofía: los programas de los Fondos estructurales y el gasto agrícola se van a descentralizar, con programas a través de los paises: serán más planes nacionales que luego ratificará el Gobierno europeo (“menos Europa" en vez de más). Además, las nuevas prioridades como Defensa y Seguridad van a quintuplicar el gasto (131.000 millones), a costa de reducir otros programas (el campo tendrá 300,000 millones, 80.000 menos que ahora. Y el Fondo de Competitividad, la partida clave, tendrá sólo 451.000 millones (incluyendo Defensa), la mitad de lo que proponía Draghi. Pocos recursos para modernizar la economía europea y dar un salto tecnológico e industrial que permita competir mejor.

Y mientras, en España tenemos otra incertidumbre de fondo: la política. La economía va bien, lleva 4 años creciendo más que el resto de Europa y creando el 40% del empleo del continente. Pero la polarización política y el enfrentamiento institucional podrían afectar a la economía, si la coyuntura internacional se agrava y el Gobierno no tiene mayoría para tomar medidas y seguir con las reformas necesarias. Una paralización política que ya nos cuesta dinero: el 7 de julio, Bruselas recortó en 1.100 millones de euros el 5º pago de los Fondos europeos a España (ingresó 24.137 millones) por no haber compensado a los funcionarios interinos (626 millones) y por no aprobar un impuesto al diesel exigido por Bruselas: votaron en contra, en diciembre, PNV y Junts, a los que se sumaron Podemos, PP y Vox. Ahora, hay otras reformas pendientes sin las que España no recibirá los restantes Fondos UE.

En resumen, que hay demasiadas incertidumbres internacionales (aranceles, tipos, guerras) a las que sumar el incierto futuro de una Europa estancada y el parón político en España, con un Gobierno en preocupante minoría que tiene muy difícil legislar y gobernar. Son retos preocupantes con los que nos vamos de vacaciones y que seguirán ahí, quizás agravados, a la vuelta en otoño. Un panorama preocupante, fuera y dentro de España, porque podría afectar a las familias (menos consumo) y a las empresas (menos inversión), paralizando reformas y proyectos y poniendo en riesgo el llamativo despegue económico de España tras la pandemia. Por eso, urge más que nunca el diálogo y el consenso. Pero parecen imposibles.

La inversión despierta (lentamente)

La economía sigue creciendo, un +0,6% en el primer trimestre, el doble que Europa. La novedad es que la inversión, uno de los motores del crecimiento, lleva dos trimestres creciendo más que el consumo y las exportaciones, tras varios años languideciendo. Pero todavía está débil y se invierte casi lo mismo que en 2019 si descontamos la inflación. La inversión pública se ha recuperado, pero la inversión privada (el 90% del total) es todavía menor a la de antes de la pandemia. Las empresas han mejorado sus ventas y beneficios, pero los destinan a devolver deuda, pagar dividendos y comprar acciones propias y ajenas, no a invertir más. Un problema que afecta a la inversión en toda Europa y tiene que ver con la incertidumbre política, la fiscalidad y la regulación o la falta de financiación (el ahorro se escapa a otros paises), a pesar de los Fondos europeos. Hay que reanimar la inversión privada, en España y en Europa, porque es el cimiento del crecimiento y empleo futuros.

                             Enrique Ortega

España ha crecido más que el conjunto de Europa en 2021 (+6,7% frente a +6,3%), 2022 (+6,2% frente a +3,5%), 2023 (+2,7% frente a +0,4%) y 2024 (+3,2% frente a +0,9%), empujada por el consumo público (ayudas y gasto estatal tras la pandemia), el consumo privado y el turismo (apoyados por la inmigración) y las exportaciones. En el primer trimestre de 2025, la economía española  siguió creciendo, un +0,6%, el doble que en Europa, pero con un cambio, según el INE: lo que más creció (+1,1%) fue la inversión, como en el 4º trimestre de 2024 (+3,5%), más que el consumo público y privado y que las exportaciones, los otros tres motores del crecimiento. Por eso, los expertos destacan que la inversión “despierta” en España, tras bajadas y mínimos crecimientos tras la pandemia.

De hecho, la inversión total alcanzó los 306.748 millones de euros en 2024, un 20,6% más que en 2019, antes de la pandemia (254.566 millones de euros, según el INE). La inversión total creció en 2021, 2022, 2023 y 2024, pero si descontamos la inflación de estos años, el crecimiento real de la inversión en España ha sido sólo del +0,6% entre 2019 y 2024, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Y además, la inversión ha perdido peso en la economía, como motor del crecimiento, mientras lo ganaban el consumo público, el privado y las exportaciones. Así, de aportar el 20,3% del PIB en 2019 ha pasado a aportar el 19,5% en 2024 (mientras en la zona euro, la inversión aporta el 21,5% del PIB).

En definitiva, que la inversión se ha estancado en términos reales y aporta menos al crecimiento que antes de la pandemia. Pero el dato encubre una diferencia. Una parte de la inversión, la inversión pública (34.868 millones en 2024), ha crecido un +40% entre 2019 y 2024, por el mayor gasto realizado por el Estado, autonomías y Ayuntamientos, en Sanidad, ayudas y servicios públicos. Y la otra parte, la inversión privada (271.879 millones en 2024,  el 90% de toda la inversión) ha caído un -3,5% entre 2019 y 2024, en términos reales (descontando la inflación), según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Así que si la inversión ha ayudado poco al crecimiento de estos años, menos ha ayudado la inversión privada, que es 8.200 millones inferior a la de 2019.

Además de caer la inversión privada en España, en términos reales, tiene una serie de problemas de fondo. Primero, que la mayoría de las nuevas inversiones (el 75% del nuevo capital) se han destinado a reponer la depreciación de la inversión, con lo que sólo un 25% de lo invertido aumenta la inversión neta y el “stock” de capital apenas crece (+1,4% en 2024). El 2º problema es la composición de la inversión: en España tiene un gran peso la inversión inmobiliaria (polígonos industriales, locales, oficinas, suelo…) y poco peso la inversión en tecnología e innovación, con más peso en otros paises europeos. Y el tercer problema es la poca utilización del capital disponible: la inversión en infraestructuras, construcción, equipos y otros activos sólo se utiliza en un 81,8%. Y así, por ejemplo, no se aprovecha el 23,1% de la capacidad instalada en la industria, frente al 19,5% de no utilización en la UE-27 o el 16,6% en Alemania, lo que limita la capacidad de crecimiento del país.

Además, tenemos otro problema de fondo con la inversión pública en infraestructuras: pese a los avances de los últimos años, la inversión en infraestructuras no ha conseguido recuperar los recortes impuestos por Bruselas entre 2010 y 2015. Así, la inversión española en infraestructuras estaba en 2024 un 17,6% por debajo de la de 1995 y un -63% por debajo a la de 2009, en términos reales, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie, que llama la atención sobre dos inversiones claves. Una, la inversión en infraestructuras hidráulicas, que es un -42% inferior en 2024 a la de 1995, lo que “explica” la falta de preparación del país ante una Dana como la de Valencia… Y la otra, la inversión en infraestructuras ferroviarias, que ha caído un -35% entre 2019 y 2024, lo que explica los numerosos problemas que sufre la red ferroviaria española, por la que circulan un 72% más trenes que en 2019.

En definitiva, que la inversión lleva años estancada, sobre todo por la caída en la inversión privada tras la pandemia: la inversión “productiva” (excluyendo la inversión en vivienda) ha caído un -1,6% sobre 2019, según este informe del Banco de España, que refleja  cómo las empresas que más invierten son las grandes (más de 250 trabajadores) y las medianas, sobre todo en los sectores de la energía, la industria, los servicios turísticos y los bienes de equipo. El informe incluye una Encuesta a 6.500 empresas sobre los obstáculos que detectan para invertir: el principal (para el 40%) es “la incertidumbre” sobre la política económica, seguido de la subcontratación (35%) y la excesiva  regulación (el 32%).

Sorprende que la inversión empresarial privada no despegue a pesar de los Fondos europeos “Next Generation”: España es el país que más subvenciones ha recibido y ya se habían adjudicado 44.163 millones a finales de 2024, de los 80.000  millones que nos corresponden. El 21,1% de las empresas encuestadas por el Banco de España han solicitado estos Fondos UE y casi la mitad reconoce que no harían las inversiones que tienen previstas si no esperaran contar con esos Fondos europeos, sin los cuales habrían invertido menos.

¿Por qué no invierten más las empresas españolas? Sorprende que la inversión privada no despegue cuando las empresas han aumentado sus ventas y beneficios en los últimos años, recuperándose de los problemas de la pandemia y la alta inflación. Así, en 2024, el beneficio neto de las empresas no financieras que operan en España aumentó un +12,1%, casi el doble que en 2023, según la Central de Balances del Banco de España. Lo que pasa es que muchas empresas han utilizado esta mayor “solidez financiera” para otros fines, no para invertir: para aumentar los dividendos que pagan a sus accionistas, para la recompra de acciones propias (fortalecer su capital) y ajenas (inversión en Bolsa, deuda y valores y depósitos en el extranjero) y para reducir su endeudamiento, para devolver préstamos (las empresas españolas han reducido su deuda más que las empresas del resto de Europa).

Sea por incertidumbre o por buscar otro destino a sus beneficios, el caso es que España y Europa tienen un problema: la baja inversión empresarial, que es un cimiento clave para asentar el crecimiento y el empleo del futuro. Está claro que la crisis geopolítica actual y la amenaza de los aranceles no ayudan a que las empresas programen nuevas inversiones, sobre todo en sectores de futuro (descarbonización, digitalización, tecnología e innovación). Pero sin esa inversión empresarial (recordemos: es el 90% de toda la inversión), será difícil mantener un crecimiento suficiente, en España y en Europa.

Relanzar la inversión, para reanimar el crecimiento y el empleo, es uno de los grandes objetivos de Europa en esta nueva Legislatura. No se trata sólo de invertir más y reducir la brecha con EEUU y China, sino de invertir mejor, con más eficacia y competitividad. Porque los datos revelan que por cada euro público invertido en Europa en I+D+i, las empresas privadas europeas invierten otro euro, mientras en EEUU invierten 2 euros por cada euro público. Y en China y Corea, se multiplica por más de 3, según un estudio de la OCDE. Así que la clave no es sólo invertir más, sino invertir mejor, lo que exige un mejor funcionamiento institucional y más conexión entre inversión pública y privada.

En España, este doble reto es aún más importante, porque nuestra productividad no es sólo inferior a la de USA y China, sino a la de la mayoría de Europa. Y esa menor productividad tiene que ver solo con nuestro modelo económico (más servicios y menos industrias), nuestra menor tecnología, el mayor peso de las pymes respecto a las grandes empresas, la menor formación de los empleados o el menor peso de la exportación y la tecnología, sino también con la baja inversión (privada y pública) entre 2008 y 2024. Esta menor productividad de España se traduce en un menor crecimiento del PIB por habitante: creció sólo un +4% entre 2008 y 2023, frente al +14% en la UE-27 y el +22% en EEUU. Por eso, los salarios han crecido menos y “nos hemos empobrecido en los últimos 15 años”.

Existe una correlación clara entre lo que invierte un país y lo que crece, sobre todo por habitante (España ha crecido mucho, pero también su población). En España, la inversión por habitante cayó de 8.500 dólares en 2008 a 7.000 en 2023, mientras en Europa subía de 8.000 a 8.500 dólares y en EEUU aumentaba de 10.000 a 14.000 dólares por persona en 15 años. Estos datos sobre la evolución de la inversión  explican en buena medida que la producción por habitante aumente poco y España tenga un PIB por persona (27.714 euros en 2024) que es el 92% de la media europea. Y  que 13 paises europeos nos superen en PIB por habitante en 2024: Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Alemania, Suecia, Malta, Finlandia, Francia, Italia y Chipre, según Eurostat.

En definitiva, si España quiere mejorar su productividad y su nivel de vida, tendrá que aumentar la inversión, además de modernizar su economía y afrontar los retos tecnológicos, digitales y medioambientales. Y también Europa, cuya productividad (33.530 euros por habitante en la UE-27 en 2024) es muy inferior a la de EEUU (79.305 euros por habitante). Los expertos creen que la inversión no tira en Europa (España incluida) por varias razones: falta de financiación, falta de rentabilidad de los nuevos proyectos, falta de empresarios innovadores, falta de “know-how” (saber hacer), personal técnico y mano de obra especializada, falta de infraestructuras innovadoras e investigadores y falta de un entorno institucional adecuado (legislación, fiscalidad, marco laboral…).

La presidenta de la Comisión Europea encargó al expresidente del BCE, Mario Draghi, un informe para mejorar la productividad y la competitividad de Europa, que presentó el 9 de septiembre. Draghi parte de señalar el grave problema que tiene Europa: el retraso económico respecto a EEUU, aunque socialmente sea un continente más avanzado. La cifra es impactante: la UE produjo (PIB) por valor de 17,5 billones de dólares en 2024, un 40% menos de la producción de EEUU (29,1 billones de dólares). Pero lo más grave es que esta brecha productiva entre Europa y EEUU se ha agravado en las dos últimas décadas. Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión Europea un triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”) y aprender a reaccionar en un mundo inestable.

Pero estas propuestas y medidas tienen un coste: Europa necesita invertir 800.000 millones de euros al año, lo que supone cuadruplicar el Plan Marshall (de la postguerra europea) y superar con creces el Plan de Recuperación aprobado tras la pandemia (contemplaba invertir 750.000 millones de euros entre 2021 y 2026, unos 125.000 millones al año). Draghi señaló 3  vías para conseguir estos ingentes recursos: la financiación privada, de las Bolsas (creando un único mercado de capitales), la banca (avanzando en la unión bancaria y las fusiones transfronterizas) y los ahorradores (Europa ahorra mucho más que EEUU, pero 300.000 millones de ahorro europeo se desvían a financiar a EEUU), los préstamos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la financiación pública (el Presupuesto UE es ridículo comparado con el de EEUU: un 1% del PIB de los 27) y la emisión de deuda europea, bonos que emitirían conjuntamente los 27 (como se hizo con el Plan de Recuperación), para financiar proyectos industriales, tecnológicos y medioambientales.

España debe apuntarse a este “tren inversor”, aprovechando al máximo los Fondos europeos pendientes de adjudicar y relanzando la inversión interna, tanto la pública como la privada, con incentivos, fiscalidad y normativa a favor de los proyectos innovadores y competitivos. Hay que “mimar” la inversión, canalizar el ahorro, los beneficios empresariales y los impuestos a proyectos que modernicen la economía y nos hagan un país más competitivo, con más innovación, tecnología, digitalización y descarbonización. Todo para relanzar la inversión, que es la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.