Nueva Ley contra residuos y plásticos

El domingo 10 de abril entró en vigor la nueva Ley de Residuos, que traspone (con retraso) la Directiva europea de 2019. El objetivo es que España recicle más su basura (reciclamos el 36%, frente al 48% la UE), que aumente la recogida separada de residuos orgánicos y reducir drásticamente el uso de plásticos (dos tercios de todos los residuos). Además, se fomentará la recogida de envases (“devolver los cascos”) y se prohíben ya los plásticos de un solo uso  (bastoncillos, vasos, platos), obligando a bares y restaurantes a servir gratis agua a granel. Para incentivar el reciclaje, se aprueban 2 nuevas tasas, que se cobrarán desde enero de 2023: una tasa estatal a los que generan basuras (particulares, negocios, empresas) y otra a la fabricación de plásticos. Eso se traducirá en una subida del recibo de la basura a todos (40 euros al año por familia) y un encarecimiento de alimentos y artículos que llevan plásticos, que pagaremos también los consumidores. Es el coste de tener un país “más limpio”.

Enrique Ortega

El mundo sigue metido en una espiral infernal donde cada año consume más y genera más basura. Vivimos en “un mundo muy sucio”, según los datos de la ONU: generamos 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,27 millones de Tm. cada hora). Y un 20% de toda esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi un kilo por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y otro 5% se incinera) y acaba en vertederos o se tira a los ríos y al mar, provocando una peligrosa contaminación, emisiones y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), botellas (se consumen un millón cada minuto) y bolsas (5 billones al año) que acaban en los vertederos y en el mar, contaminando durante siglos. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia y Africa.

Si analizamos sólo la basura urbana (la quinta parte del total), sin tener en cuenta la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de residuos), los paises que generan más basura urbana son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm. al año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si analizamos la basura por habitante, resulta que los paises que generan más residuos urbanos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (620, Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (468), Finlandia y Reino Unido (482 kg de residuo por habitante y año).

España genera menos residuos totales por habitante que la mayoría de los paises europeos: 4.485 kg en 2018, por debajo de la media de la UE-27 (7.050 kilos), según Eurostat (datos 2018), lo que nos sitúa como el 8º país con menos residuos (sólo por delante de Letonia, Croacia, Portugal, Hungría, Chipre, Eslovaquia y Lituania), muy por debajo de los residuos totales que generan los paises ricos de Europa, como Finlandia (25.822 kg de residuos por persona), Suecia (15.763), Holanda (11.041), Bélgica (9.421), Austria (9.312), Alemania (6.763 kg por habitante), Francia (6.604) o Italia (4.705 kg/habitante). Y si miramos sólo los residuos urbanos, España también genera menos: 455 kg por habitante al año, frente a 505 kg de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2020). En este ranking, España es el 10º país europeo que genera menos basura urbana, sólo más que la mayoría de paises del Este, Bélgica y Suecia, pero mucha menos que Dinamarca (845 kg por habitante/año), Luxemburgo (790), Alemania (632), Finlandia (596), Austria (585), Francia (537), Holanda (535), Portugal (513) e Italia (505 kg/habitante/año).

España es un país “más limpio” que los grandes de Europa pero tiene un problema de fondo, que arrastramos desde hace décadas: reciclamos poco. De hecho, en 2020, reciclamos sólo un 36,4% de los residuos urbanos, frente a la media de la UE-27, que recicló el 47,8%, según Eurostat. Y además, nos hemos estancado e incluso bajado en el reciclaje: hemos pasado de reciclar el 39,7% de la basura urbana en 2008 al 39,3% en 2019 y el 36,4% en 2020 (mientras la UE-27 subió del 36,5% en 2008 al 48,1% en 2019 y al 47,8% actual). España es el 10º país europeo que menos recicla su basura urbana (36,4%), muy lejos de las tasas de reciclado de Alemania (67%), Italia (59,6%) o Francia (42,6%).

Y la consecuencia de reciclar poco es que la mayoría de la basura acaba en vertederos: un 51,86% de los residuos urbanos en España, frente al 23% de media en la UE-27 y sólo el 0,8% en Alemania, el 18% en Francia y el 20,8% en Italia, según Eurostat.  Y la tercera opción, incinerar la basura para recuperar energía, es también muy escasa en España: un 11,6% de los residuos urbanos frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. El exceso de basura que va a vertederos ha causado un grave problema a España con las autoridades europeas: ya hay 3 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar.

La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reducir los residuos. Ya en 2008, aprobó una Directiva sobre gestión de residuos con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% acabara en vertederos para 2020. Después, en 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo a los paises de 2 años (debía entrar en vigor en julio de 2021).

Pero llegó este plazo y España no tenía aún aprobada la nueva Ley de Residuos, que se había retrasado y que el Gobierno Sánchez no aprobó hasta el 18 de mayo de 2021. Y como el debate de la Ley también se retrasó, la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España el 9 de febrero de 2022, insistiendo en que la Ley de Residuos era una de las reformas estructurales exigidas por Bruselas para que España acceda a los Fondos Europeos. Finalmente, el 31 de marzo se ha aprobado la nueva Ley en el Congreso, con la abstención del PP y la oposición de Vox y ERC (por la gestión de las tasas).

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022).

La primera medida, que entró en vigor al día siguiente de publicarse la Ley en el BOE ( 9 de abril) es la prohibición de los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y además se prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. Otra medida ya vigente es la obligación de bares y restaurantes de servir gratis agua a granel a sus clientes. Y se da amparo legal a los Ayuntamientos que quieran prohibir fumar en las playas.

La Ley aprueba 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta ahora, hay 10 autonomías que tienen tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además son muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se da un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa asociada a la gestión de residuos que prestan.

La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.

Otro cambio importante de la nueva Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada será “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obliga a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, será obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando así su reciclaje.  

Otra novedad importante es que se permite a los Ayuntamientos “la declaración de suelos contaminados”, si encuentran componentes peligrosos procedentes de actividades humanas o industriales, obligando a los responsables a reparar el daño causado al suelo. Y también se abre la vía para acabar con el amianto: se obliga a los Ayuntamientos a elaborar, en un año, un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada. Además, se prohíbe la utilización del Bisfenol A, un producto contaminante que se utiliza en la fabricación de envases de plástico (los rígidos y transparentes) y tazas, un producto que Bruselas va a prohibir.

Ahora falta traducir esta Ley a medidas concretas y plazos en relación a los envases, con la aprobación final del Decreto-ley de envases, aprobado en septiembre de 2021 y que, tras 2.500 alegaciones recibidas, será aprobado por el Gobierno este 2º trimestre, para que entre en vigor en verano. La patronal de la alimentación FIAB se ha quejado duramente de este Decreto, que concreta la Ley de Residuos en cuanto a envases, porque consideran que les costará 7.050 millones y les obligará a invertir otros 6.270 millones para adaptarse, lo que podría obligar a cerrar a 2.400 industrias y 26.500 empleos. Enfrente, las organizaciones ecologistas valoran positivamente la Ley, pero creen que debería ser más radical en la reducción de envases y que no garantiza una retirada de residuos orgánicos de calidad.

Al final, esta Ley de Residuos puede reducir la basura que generamos y conseguir un mayor reciclaje, pero habrá que pagar el coste. Y aunque se pretende que “quien contamine pague”, todo apunta a que los que más pagaremos seremos los consumidores. Primero, al comprar alimentos y productos envasados, donde nos trasladarán el nuevo impuesto. Y luego en todos los artículos, donde el fabricante calculará el precio del reciclado y tratará de repercutirlo al consumidor. Y sobre todo, subirá el coste de la recogida de basuras, con la tasa a los vertidos, sobre todo a los negocios, comercios, bares y particulares. De hecho, algunos cálculos estiman en 40 euros anuales la subida de la tasa municipal de basuras.

Es lo que hay: si queremos reducir los envases y residuos, reciclar más y tener un país más limpio, habrá que pagarlo. El problema es cómo se reparte esta factura: si nadie vigila, lo esperable es que se repercuta a lo largo de la cadena, hasta llegar al consumidor final, que será quien pague más por casi todo. Es lo que le falta a esta nueva Ley de Residuos: un mecanismo concreto y eficaz de reparto justo de costes. Así que pagaremos los de siempre.

España, un país de vertederos que no recicla

El Gobierno Rajoy lleva meses empeñado en la reforma de los puertos, argumentando que lo exige Europa y esgrimiendo la amenaza de multas. Pero no dice que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de condenar a España por tener 61 vertederos ilegales, tras otra condena en 2016 por otros 30 vertederos ilegales. Y en unos meses pueden llegar las multas, porque Bruselas lleva desde 2008 advirtiendo a España de que no acaba con los vertederos ilegales. En paralelo, la Comisión Europea cree que la gestión de residuos y el agua son los dos graves problemas medioambientales de España, que tiene muchos vertederos porque recicla menos basura que Europa y las plantas de tratamiento de residuos son poco eficientes. Bruselas propone a España que introduzca un impuesto sobre vertidos, que coordine la gestión de residuos de las autonomías y que fomente la recogida selectiva, concienciando a las familias a separar y reciclar. Urge tomar medidas para que la basura no nos coma.

              Vertedero en barranco de Jagua ( Santa Cruz de Tenerife)                                         La Opinión

La basura creciente es un grave problema en todo el mundo y también en España, donde generamos casi 500 kilos de residuos por persona y año (495 kilos), según un estudio de la Fundación para la Economía Circular. Algo más de la mitad (52,1%) procede de los domicilios y otro 40% del comercio, los servicios, oficinas y centros públicos. La mayoría son biorresiduos (40%), seguidos de papel/cartón (20%), plásticos (10%) y vidrio (5%). Y del total de residuos, un 80% los gestionan los Ayuntamientos y el 20% empresas y entidades privadas.

Con todo, España ha reducido los residuos municipales durante la crisis, de 578 kilos/habitante en 2007 a 435 kilos/habitante en 2014, por debajo de la media europea (475 kilos/habitante/año), según el último informe de la Comisión Europea. Pero tenemos un problema estructural: España recicla mucho menos que Europa (33% frente al 43%) y por eso lleva mucha más basura a los vertederos (un 55% de la basura, frente al 28% en Europa). Y eso hace, además, que haya muchos vertederos ilegales en España.

Europa aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el objetivo de que los paises europeos reciclaran el 50% de su basura para 2020 y el 35% a vertederos, dos objetivos que España incumple con creces (33% y 55%). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que tenía 300 vertederos ilegales. El Gobierno español (entonces Zapatero) se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero la crisis y los recortes lo postergaron, con lo que Bruselas emitió otro dictamen complementario, en septiembre de 2014, en el que se instaba a España a actuar contra 63 vertederos incontrolados: muchos de ellos no funcionaban ya pero eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían sin restaurarse y llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), al que también había denunciado por sus vertederos a Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y Portugal.

En febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales que seguían en activo o no se habían sellado correctamente. Y ahora, el 15 de marzo de 2017, el TJUE ha emitido una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado) situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia 83), Baleares (1) y Andalucía (1). El Tribunal dictamina que “España no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en particular sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna”. Ahora, la Comisión Europea puede pedir al Tribunal europeo que imponga una multa a España por no clausurar bien estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones) y Grecia (10 millones).

El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado estos vertederos ilegales, insistiendo en que llevan años cerrados. Pero el problema, alega Bruselas, es que estos vertederos son “bombas de efectos retardados”, que una vez cerrados deben ser vigilados y tratados. No sólo porque pueda haber incidentes (como el fuego en el vertedero de Seseña, Toledo), sino porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Incluso aunque se les cubra con una capa de polietileno o con una barrera de arcilla, es habitual que se “pinchen” por los gases emitidos y los movimientos del terreno. Así que debe haber Planes de cierre y tratamiento de estos vertederos  a 30 años vista, algo que la mayoría no tienen.

España tiene muchos vertederos ilegales porque recicla poco (un 33% frente al 40% la UE) y porque las plantas de reciclaje funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (una buena parte, fondos europeos) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas. Las macroplantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores apenas llega al 5%, con lo que el 95% de la basura restante acaba en los vertederos, que así proliferan por doquier. Otro problema señalado por la Comisión es que como España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y así contamina la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa y después del dinero que cuesta procesar esta basura, no se puede vender y acaba en los vertederos.

Ya no es sólo la basura tradicional la que se recicla poco y mal. España también gestiona mal  la "basura electrónica", de la que generamos 17,8 kilos al año, más del doble de la media mundial (7 kg/persona). Según la Comisión Europea, el 75% de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “no se gestionan de forma adecuada”, lo que supone un peligro para la salud y el medio ambiente, además de ser un fraude a los consumidores: al comprar un ordenador o un electrodoméstico, ya pagamos entre 5 y 30 euros por su futuro reciclado. Y según estimaciones de Bruselas, los fabricantes sólo destinan un 20% de esos ingresos al reciclaje. Según datos de Eurostat, España sólo recicla el 25% de los aparatos electrónicos, frente al 355 de media en la Unión Europea. Y muchos acaban también en los vertederos o exportados ilegalmente para extraerles los componentes de valor.

La Comisión Europea cree que España tiene un buen marco legislativo para mejorar su política de residuos, el Plan estatal marco para la Gestión de Residuos (PEMAR), aprobado en 2016, pero cree que falta una mayor coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, que tienen las competencias de medio ambiente, cada una con su política, sus objetivos y sus medios. Por eso, Bruselas pide mayor coordinación y más medios para la gestión de residuos, con dos objetivos claros: producir menos residuos y gestionarlos mejor. Para conseguir más recursos, la Comisión Europea propone a España, en su informe medioambiental de febrero, que cree un impuesto nacional sobre residuos, para destinar este dinero extra a mejorar la recogida selectiva de basura y las plantas de reciclaje. Y además, generalizar la responsabilidad al productor, para que las industrias utilicen sistemas de envasado que reduzcan los residuos y faciliten su tratamiento, penalizando a los que no lo hagan.

Al final, los impuestos y tasas a los que generan basura han sido y son muy bajos en España, lo que ha facilitado la generación de residuos y dificultado su tratamiento. La Comisión Europea insiste que España debe utilizar más los impuestos para mejorar el medio ambiente, penalizando a los que emiten residuos y a los que no reciclan. Y reiteran la necesidad de educar a los consumidores en el reciclado y separación de los residuos orgánicos, con un aumento de la recogida puerta a puerta, para facilitar el reciclado posterior de residuos. No es sólo cuestión de dinero y de impuestos, también de educación: nosotros y nuestros hijos debemos aprender que la basura es un problema y hay que colaborar para reciclarla, en beneficio de la salud y el medio ambiente. Y que no podemos llenar el país de vertederos y escombreras, más propios del subdesarrollo que del siglo XXI. Que no nos coma la basura.

Ley de Residuos: reciclar tiene su precio

El Congreso aprobó el 14 de julio la nueva Ley de Residuos, para cumplir con las exigencias europeas. El futuro Gobierno tendrá que elaborar un Plan Nacional de Residuos para evitar que España sea el país de Europa con más basura y menos reciclaje. Ello supondrá un gran esfuerzo para las empresas y los Ayuntamientos, en plena crisis, y también para los consumidores, que tendremos que pagar más por las basuras. Y habrá que olvidarse de las bolsas de plástico para 2018.También volverá la antigua costumbre de devolver los cascos y cobrar por ellos. Al final, se trata de utilizar menos envases, más reutilizables y más fácilmente reciclables. Y acostumbrarnos todos a reciclar, desde pequeños. Basura no, gracias.

España es uno de los países que produce más basura y que menos recicla. Cada español genera al año 556 kilos de basura, más de kilo y medio diario, frente a 508 kilos de media europea. Y sólo reciclamos el 15,5%, unos 86 kilos al año por habitante, frente a 119 kilos (un 23,4%) que reciclan los europeos. La mayoría de la basura acaba en el vertedero (287 kg en España, frente a 202 en Europa) y poca se incinera (48 kg aquí y 100 kg en la UE).

Con todo, la  anterior Ley de Residuos, de 1998, supuso un gran salto, ya que se pusieron en marcha dos sociedades sin ánimo de lucro  para recoger y reciclar residuos (Ecoembes y Ecovidrio) y se ha conseguido reciclar un 66% de los envases ligeros (plásticos, latas y briks) y el 83% del cartón y papel, así como el 60% de los envases de cristal, aunque los ecologistas rebajan esos porcentajes y acaban de presentar una queja ante el comisario europeo de Medio Ambiente para que investigue las “graves irregularidades” en los datos que presenta España.

Polémicas aparte, el caso es que queda mucho por hacer en el reciclaje de basuras en general y en los envases en particular: cada día se utilizan 51 millones de envases y sólo se reciclan entre un tercio y dos tercios, según materiales y fuentes. El objetivo de la nueva Ley de Residuos, aprobada sin votos en contra, es triple: que haya menos envases, que sean menos contaminantes (menos peso y más fácilmente degradables) y que se reciclen y reutilicen más. La Ley tiene tres grandes retos. Uno, que para 2015 toda la basura se recoja en España separada (papel, plástico, vidrio, metales y biorresiduos). Dos, que para 2020 se reduzcan los residuos generados un 10%. Y tres, que también para 2020, se reutilicen y reciclen el 50% de los residuos domésticos (hoy es un 15%).

En paralelo, el proyecto estrella es la supresión de las bolsas de plástico no biodegradables: habrá que suprimir el 60% en 2013, el 70% en 2015 y el 100% para 2018. España es el mayor fabricante de bolsas de plástico de Europa (350 empresas y 50.000 empleos, que tendrán que reciclarse) y su tercer consumidor, con 238 bolsas por español al año, que en un 85% se reutilizan para tirar la basura y que tardan hasta 20 años en degradarse. La cruzada contra las bolsas de plástico ya ha empezado en las grandes superficies, que las cobran (eso ha bajado su uso 5 veces menos), pero la nueva normativa va más allá: en 2015 llevarán mensajes negativos, como el tabaco (“esta bolsa mata el medio ambiente”) y en 2016, el Gobierno les pondrá un impuesto, para desanimarnos más a usarlas.

Estos ambiciosos objetivos van a suponer un gran esfuerzo a las empresas, sobre todo de alimentación, y a los Ayuntamientos, que gestionan la mayoría de las basuras y que nos subirán más la recogida. Harán falta más inversiones, en plena crisis, para mejorar los envases (mucha innovación para que contaminen menos), aumentar la reutilización y el reciclado. Y sobre todo, hará falta un esfuerzo de educación al consumidor, para que colaboremos más en separar y reciclar. Para animarnos, la nueva Ley abre la vía a la recogida de envases, a volver a guardar y llevar “los casos”, como hacíamos cuando éramos pequeños. El sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) consiste en poner máquinas en tiendas y supermercados donde el consumidor deposita los cascos a cambio de cobrar 25 céntimos por envase, como ejemplo.

El sistema, que tiene mucho éxito en Alemania (se recuperan así el 98% de los envases) y otros 35 países, permite que el consumidor le dé un valor a los residuos y no los tire, reutilizándolos con menos coste que el reciclado actual. La industria y los comerciantes han iniciado una batalla contra el sistema SDDR, porque dicen que les supondrá muchos costes (600 millones de euros), entre las máquinas y la logística. Y los ecologistas responden que ahorraría costes y que el consumidor ayudaría más a reciclar. En cualquier caso, sería un buen sistema complementario a la gestión de residuos, ya que sólo se puede utilizar para los envases de plástico (PET), briks, latas y botellines de cervezas, bebidas y refrescos, un 5% de los residuos totales generados en España. Y tardará unos años en ponerse en marcha.

Con la nueva Ley y muchas inversiones, España puede convertirse en un país más limpio, que genere menos basura y la recicle más. Es un tema de dinero, de ayudas, de gestión, de colaboración entre empresas e instituciones y, sobre todo, de educación. Hoy por hoy, sólo 6 de cada 10 españoles separa las basuras en su casa y son muchos los que todavía no la llevan al contenedor, a pesar de que España es el país con más contenedores por habitante de Europa. Vivimos en la cultura del desperdicio, del usar y tirar. Y eso es también la cultura del despilfarro. No podemos seguir tirando dinero a la basura. A reciclar tocan.