Las jubilaciones anticipadas, en mínimos

En España, era normal hasta hace poco jubilarse antes de tiempo: hace 20 años, se jubilaban anticipadamente casi la mitad de los jubilados y el 40% en 2019. Pero los distintos Gobiernos, tanto Zapatero (2011) como Rajoy (2013) y Sánchez (en 2021) tomaron medidas para frenar estas jubilaciones anticipadas, que aumentan el déficit de la Seguridad Social. Y este año, han bajado ya al 34,5%, el porcentaje más bajo del siglo. Y aún se van a frenar más, tras aprobarse incentivos para que los trabajadores se jubilen más tarde de la edad legal (hoy 66 años y 4 meses, 67 años en 2027). Pero siguen pendientes 2 problemas. Uno, qué hacemos con los 819.500 parados mayores de 50 años, que hoy esperan 15 años para jubilarse cobrando 480 euros de paro, una forma de “subvencionar” su no jubilación anticipada. Y la otra, aprobar una nueva jubilación parcial de los trabajadores mayores (retirarse horas o días), para rejuvenecer plantillas y dejar paso a los jóvenes. Dos reformas  pendientes.

                 Enrique Ortega

En la mayor parte de este siglo XXI, casi la mitad de los trabajadores se han jubilado antes de tiempo. El récord se dio en 2004, cuando se jubilaron anticipadamente el 49,6% de los jubilados. Y después se mantuvo un alto porcentaje, hasta el 40,5% en 2011. España se lo podía permitir, porque la Seguridad Social tenía superávit (+2.444 millones en 2010). Pero en 2011, aumentaron las jubilaciones y los nuevos jubilados se retiraban con pensiones más altas, tras haber cotizado por salarios mayores. Y con ello, la SS entró “en números rojos”, con un déficit creciente desde 2011 (-487 millones, el 0,06% del PIB) al déficit  récord de 2016 (-18.536 millones, el 1,7% del PIB), para bajar después (-11.096 millones en 2021, el 0,9% del PIB) y hasta hoy (-7.160 millones, el 0,5% del PIB en 2022 y casi el mismo déficit previsto para este año 2023). Son 13 años de déficit de la SS.

Con este “agujero”, todos los Gobiernos han tratado de recortar la factura de las jubilaciones. Primero fue el Gobierno Zapatero quien aprobó, en julio de 2011, una primera reforma de las pensiones, apoyada por los sindicatos, la patronal, el PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía recortes para que España evitara el rescate europeo. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto en pensiones con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años para 2027), elevar el periodo cotizado exigible para recibir el 100% de la pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para poder jubilarse a los 65 años (de 35 a 38 años y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 a 25 años en 2022).

La segunda reforma de las pensiones la aprobó el Gobierno Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario (sin apoyos sociales ni de la oposición), con Bruselas también vigilante en plena época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que subieron un +0,25% entre 2014 y 2017. Y la introducción de un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050), aunque Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV, y retrasar su entrada en vigor (de 2019 a 2023). Pero no tocó las jubilaciones anticipadas, que volvieron a subir (del  38,3% en 2013 al 43,3% en 2018 y al 40% en 2019 (como en 2002).

La tercera reforma de las pensiones la promovió el Gobierno Sánchez, en octubre de 2020, al conseguir que una mayoría política (apoyo de todos los partidos, salvo VOX y la abstención de ERC y Bildu)  y social ( apoyo sindicatos y patronal) aprobara en el Pacto de Toledo (Congreso) 22 medidas de reforma, que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS los gastos impropios (y financiarlos con los Presupuestos), una subida extra de las cotizaciones del +0,6% (para recuperar “la hucha de las pensiones, vacía) y acercar la edad de jubilación real a la oficial. Para desarrollar esta última medida, el Gobierno Sánchez aprobó, a finales de 2021, penalizar las jubilaciones anticipadas e incentivar a los que se jubilen más tarde.

Esta 2ª fase de la reforma de pensiones de  2020 entró en vigor el 1 de enero de 2022 y supuso  un gran cambio en las jubilaciones anticipadas, con 2 medidas, “el palo” y “la zanahoria”. El “palo” es que se desincentivan las jubilaciones anticipadas, al establecer recortes en su pensión a los que se jubilen antes de la edad legal (64 años y 6 meses, en 2023, si ha cotizado menos de 37 años y 9 meses, y 65 años si ha cotizado más, una edad que subirá cada año hasta los 67 años en 2027). Si alguien cumple los requisitos de cotización y edad, podrá jubilarse hasta 2 años antes (a los 63 años si ha cotizado más de 37 años y 9 meses y a los 64 años y 4 meses si ha cotizado menos), pero perderá una parte importante de su pensión de jubilación, según lo que haya cotizado y según los meses antes que ser retire (ver aquí tablas de deducción): perderá un -21% de jubilación si se retira 2 años antes, un -5,5% si lo hace 1 año antes, un -4% si se jubila 6 meses antes, -3,5% en caso de faltarle 3 meses y un -3,2% si le falta un mes (y entre el -19 o -13% máximo y un -3,11 y -2,81 % mínimo si ha cotizado entre 38 y 41 años y 6 meses o más de 44 años y 6 meses).

Así que sigue siendo posible jubilarse antes (hasta 2 años antes), siempre que se haya cotizado lo suficiente, pero se pierde una parte importante de la jubilación el resto de la vida. Un ejemplo: un trabajador con 40 años cotizados, si se jubila a los 65 (podría) cobrará 1.700 euros de jubilación. Pero si se jubila a los 63, cobraría 1.377 euros (-19%) cada mes. Y si vive 20 años, habrá perdido 90.440 euros de pensión… Un “palo” importante, como para jubilarse antes (los despedidos pueden jubilarse 4 años antes de la edad legal).

La “zanahoria” es que el Gobierno Sánchez aprobó, en paralelo a estos recortes, unos incentivos para que los trabajadores retrasen su jubilación, hasta un máximo de 10 años. Son 3 incentivos, para que el trabajador elija (ver cuadro). La 1ª opción (la que se aplica si el trabajador no elige otra), supone cobrar un 4% más de base reguladora de la pensión cada mes por cada año que se retrase la jubilación a partir de la edad legal (65 o 66 años y 6 meses, según lo cotizado). Eso supone entre 40 euros y 113 euros más al mes por cada año de retraso (según lo que uno cotice) en la jubilación futura. La 2ª opción es cobrar una cantidad fija, un “cheque”, al jubilarse con retraso, una cantidad que oscila entre los 6.000 y 12.000 euros por año de retraso (según lo que se cotice). Y la tercera opción, la mixta, es una combinación de ambas: 2% de aumento mensual y una cantidad fija.

De momento, “la zanahoria” está empezando a funcionar y en 2022, un 5,4% de los nuevos jubilados optaron por retrasar su edad de jubilación, según el ministro Escrivá, quien explicó que estos jubilaciones recibirán un incentivo medio de 30.000 euros, aunque algunos llegarán a cobrar un incentivo de hasta 120.000 euros. El Gobierno Sánchez ha comunicado a Bruselas que espera que 500.000 jubilados retrasen su jubilación cada año, lo que supondrá un gran ahorro para la Seguridad Social, dado que por cada año que se retrase la edad real de jubilación (ahora, en septiembre de 2023, está en 65 años y se confía en dejarla en 66,6 años para 2030), la SS se ahorra 14.000 millones anuales.

Con todas estas medidas, se consiguió frenar las jubilaciones anticipadas en 2022 (el 37,3% de las jubilaciones, frente al 40% en 2019) y en 2023: suponen el 34,53% de las jubilaciones hechas de enero a septiembre, el porcentaje más bajo de este siglo. Han sido 82.637 jubilaciones anticipadas (de un total de 239.305 jubilaciones), 7 de cada 10 solicitadas por hombres, que suponen el 57% de los jubilados totales (eso se debe a que las mujeres tienen carreras de cotización más cartas y sueldos más bajos, por lo que no se pueden permitir jubilarse anticipadamente y perder parte de una pensión que es un 31,65% inferior a la de los hombres (1.080 euros frente a 1.580 euros la jubilación media en octubre). Y así, la edad real de jubilación ha subido de 64,4 años en 2019 a 65 años en 2023.

A pesar de esta mejora en las jubilaciones, quedan dos importantes temas pendientes El primero, qué hacemos con los parados mayores de 50 años, que no encuentran trabajo y a los que quedan muchos años para poder jubilarse. A finales de septiembre estaban parados 819.000 personas con más de 50 años, según la EPA, casi el 30% de todos los parados. Y de ellos, 229.400 parados tenían más de 60 años. Estos parados mayores tienen un serio problema para encontrar empleo, pero no tienen la edad para jubilarse, les faltan muchos años (hasta 15 y 17 años algunos). ¿Qué pueden hacer? Pues lo que hacen: buscar trabajo, malvivir con “chapuzas” (economía sumergida) y apuntarse al paro para cobrar algo hasta que se les acaba el desempleo. Y luego, si tienen más de 52 años, cobrar un desempleo asistencial de 480 euros al mes hasta que se jubilen. Eso si cumplen 3 requisitos: haber cotizado al desempleo durante al menos 6 años, estar registrado en las oficinas de paro (y no rechazar trabajos “adecuados” ni cursos de formación) y presentar cada año una declaración de rentas para justificar que ni ingresan más de 1.080 euros.

Hasta 2019, este paro asistencial a los mayores sólo lo recibían los mayores de 55 años. En marzo de 2019, el anterior Gobierno Sánchez rebajó  la edad para recibir este subsidio a los 52 años. Y además, mejoró lo que el Estado cotiza por ellos, ahora el 125% de la base mínima de cotización. En septiembre de 2023, 433.888 parados mayores de 52 años cobraban este “subsidio asistencial” (480 euros al mes), según los datos del SEPE, sólo algo más de la mitad de los parados mayores de 50 años (819.500). Y su futuro es siniestro: esperar entre 11 y 17 años (según los años cotizados) para poder jubilarse a la edad legal...

En realidad, lo que se hace es “subvencionar” a estos mayores para que no se jubilen anticipadamente, ya que no pueden. Ahora que el Gobierno Sánchez ha prometido a Bruselas una reforma de los subsidios de paro (somos el 2º país que más gasta en desempleo, tras Francia, y no conseguimos que los parados encuentren trabajo), sería un buen momento para estudiar qué se hace con los parados mayores de 52 años. Habría que pensar en jubilar anticipadamente a una parte de ellos, por ejemplo a los parados mayores de 60 años (229.400), que tienen casi imposible trabajar. La medida tendría un coste adicional, para asegurarles una pensión “decente”, pero su situación actual es insostenible. Y para el resto de parados mayores, fomentar su reciclaje y las ayudas para recolocarlos.

La otra reforma laboral pendiente es la de la jubilación parcial, la que puede solicitar un trabajador (a partir de los 60 años) para cambiar su contrato por uno a tiempo parcial (con una reducción de jornada del 25 al 50%, e incluso del 75% si al que le releva le hacen un contrato indefinido a tiempo completo ), ligado o no a la contratación de un joven (contrato de relevo), con lo que la empresa le paga un sueldo (menor) y la Seguridad Social una pensión complementaria. Esta jubilación parcial ha perdido “fuelle” en España, pues subió de  23.804 jubilaciones parciales en 2014 a 35.363 en 2018 (el 10,77% de todas las jubilaciones), para bajar después a 25.131 jubilaciones parciales en 2022 (el 7,66% del total) y 18.519 este año 2023 hasta septiembre (7,7%).

Sindicatos y patronal están de acuerdo en promover la jubilación parcial (lo incluyeron en el 5º Acuerdo para la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023), dado el creciente envejecimiento de las plantillas (4,4 millones de trabajadores actuales tienen más de 55 años, 1 de cada 5 ocupados, y casi 2 millones de ellos tienen más de 60 años) y el abultado paro juvenil (856.400 jóvenes menores de 30 años están sin trabajo, el 30% de todos los parados). Habría que buscar una vía para que los más mayores fueran dejando su puesto (y enseñando) a los más jóvenes, sin perder ingresos. El Gobierno Sánchez se comprometió con sindicatos y patronal a reformar la jubilación parcial antes del 30 de junio de 2023, pero luego se convocaron elecciones y no se pudo hacer. El tema polémico es que, con el sistema actual, las empresas cotizan lo mismo por el trabajador mayor que reduce su jornada y se jubila parcialmente, lo que desincentiva que empresas (y el sector público, que apenas lo utiliza) lo hagan.

En resumen, que los españoles ya no se jubilan anticipadamente como antes, porque las distintas reformas de las pensiones se lo han puesto más difícil, lo que es bueno para las cuentas de la Seguridad Social. Pero los que pueden seguir trabajado después de los 65 (o de los 67), ahora tienen incentivos para hacerlo y mejorar así las cuentas de las pensiones. Eso sí, tenemos 2 problemas que afrontar: qué hacemos con los parados mayores que todavía no pueden jubilarse y cómo ayudamos a las empresas para que rejuvenezcan sus plantillas, en ayuda de los jóvenes. Dos retos claves para el próximo Gobierno Sánchez.

La penúltima reforma de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la 2ª fase de su reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos, rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Mientras las anteriores reformas (Zapatero 2011, Rajoy 2013) estaban centradas en recortar el gasto, esta reforma (con medidas ya implantadas en 2022 y otras aprobadas ahora) se centra en aumentar los ingresos, 15.000 millones anuales hasta 2050, que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo de los sueldos más altos: subirá sólo 37 céntimos el coste por hora trabajada, de los más bajos de Europa. Y deja para 2044 la subida del periodo de cotización de 25 a 27 años (que recortará pensiones). Esta reforma, que también mejora las pensiones mínimas, pretende contener el gasto en pensiones hasta 2050. Importante: fija un mecanismo de seguimiento: si el gasto se dispara, obliga a futuros Gobiernos a tomar medidas. Si no lo hicieran, subirían automáticamente las cotizaciones. Casi seguro que necesitaremos futuras reformas. Lo importante es apostar por garantizar las pensiones futuras.

Enrique Ortega

El futuro de las pensiones preocupa a la mayoría, porque sabemos que el gasto se ha disparado en los últimos años y tememos que un día no haya dinero para pagarlas. Los datos demuestran que el gasto en pensiones ha crecido de forma exponencial: si en el año 2000, España gastó 52.451 millones del Presupuesto en pagar pensiones, en 2008 eran ya casi el doble (98.011 millones) y en 2019 casi el triple (144.834 millones). Y a partir de ahí, el gasto ha crecido hasta 171.165 millones en 2022 y 190.687 millones destinados a pagar pensiones en el Presupuesto 2023, casi el doble que hace 15 años. Hay otra forma muy visual de ver el salto en la factura de las pensiones (ver cuadro): en enero de 2008, pagar las pensiones costó 5.947 millones de euros mensuales (4,13 millones por minuto) y ahora, en enero de 2023, han costado 11.902 millones (8,26 millones de gasto por minuto)…

El problema no es sólo que el gasto en pensiones se ha disparado, sino que todo apunta a que va a crecer más rápido y con más intensidad en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubile la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). Hay varias causas que forzarán ese mayor gasto. Una, la revalorización de las pensiones con el IPC, aprobada por Ley desde 2022, que ya ha supuesto un coste adicional de las pensiones de 13.600 millones en 2023 y que se irá consolidando año tras año. La segunda, que las nuevas pensiones son más altas y lo serán más en el futuro, por la subida de salarios y los años cotizados. Así, la pensión media era de 932 euros el 1 de febrero de 2018 y ha subido a 1.191 el 1 de febrero de 2023 (+27,7% en 5 años). Y en ese periodo, la jubilación media ha pasado de 1.077 a 1.370 euros (+27,2%). Y la tercera causa, la más importante, es que van a aumentar mucho los pensionistas: han pasado de 7.587.389 en febrero de 2008 a 9.067.267 pensionistas en febrero de 2023. Y serán casi 16 millones en 2050, según la AIReF. Además, vivirán más años (86,8 años en 2050 frente a 83 años ahora y 81,3 años en 2008), con lo que habrá que pagarles pensión más años (20 de media).

Todos estos factores van a disparar el gasto en pensiones, en España y en el resto del mundo, con dos “hándicaps” para nosotros: seremos el país más envejecido de Europa y nuestra población está cayendo más, por la baja natalidad (7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,3 de media en la UE, 9,5 en Alemania y 11,2 en Francia), con lo que tendremos menos gente trabajando (28 millones en edad de trabajar en 2050, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar las pensiones futuras. El dato es escalofriante: en 2050 habrá 1,75 trabajadores cotizantes por cada pensionista, frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007). Así que vislumbramos mucho más gasto con menos cotizantes para pagarlo.

Ante este panorama, los paises y Gobiernos han tratado y tratan (Francia) de hacer reformas de las pensiones, básicamente para recortar gastos. En España, la primera reforma de pensiones la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la implantó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación, el 27 de octubre, de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que supone un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas (ya en marcha) de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez, recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siga recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que esta vez, el Gobierno ha empezado la 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas los cambios ineludibles y luego tratando de conseguir apoyos en España.

Las autoridades europeas insistían en que España recortara gastos y aumentara ingresos para asegurar el futuro de las pensiones. La petición más polémica era aumentar los años de computo para calcular la pensión (los que ZP aumentó de 16 a 25 años), lo que supondría una pensión menor. Pero aquí, el Gobierno chocaba con el rechazo frontal de los sindicatos (y de Podemos). Así que al final se ha optado por una vía intermedia: se subirán los años de cómputo, de los 25 actuales a 27, pero con dos cautelas, para “suavizar” el ajuste. La primera, que los futuros pensionistas podrán elegir (ojo: hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años o los últimos 29 quitando los dos peores. Y la otra, que el nuevo sistema de cómputo será progresivo, desde 2026: los años de cómputo alternativo (y los meses a descartar) irán aumentando progresivamente hasta 2038, primer año en que se podrían elegir los últimos 29 quitando los dos peores. El Gobierno reitera que el nuevo sistema es “neutro”, no ahorra gasto, aunque puede beneficiar a algunos futuros pensionistas. Además, en paralelo, la reforma ayudará a los trabajadores con “vacíos de cotización”, sobre todo a mujeres que dejaron de trabajar por atender a hijos y padres. Pero ojo, a partir de 2044, ya no habrá “paños calientes”: el periodo de cotización será de 27 años, lo que supondrá un ligero recorte de las pensiones a partir de entonces.

Una vez asumido este recorte “diferido”, la 2ª fase de esta reforma de pensiones se centra en aumentar los ingresos, algo nada polémico para los sindicatos pero sí para la patronal. Para conseguirlo, se han aprobado tres medidas. Una, eliminar el tope de cotización a los salarios más altos (la parte del salario superior a 4.495 euros no cotiza ahora) y subir ese tope cada año (el IPC más un 1,2%). A cambio, estos altos sueldos tendrán ahora una pensión máxima de jubilación mayor (hoy es de 3.058 euros), aunque proporcionalmente crecerá menos (por solidaridad). La segunda medida aprobada es crear una cuota de solidaridad, que se aplicara a la parte de los sueldos altos que no coticen (hay 35.000 millones en salarios que no cotizan nada hoy): empezará con una cuota del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25% al año hasta alcanzar el 6% en 2045, cuota de la que se excluye a los autónomos. Y la tercera medida consiste en reforzar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (MSI) aprobado en la 1ª fase de la reforma y aplicado desde enero de 2023: esa cotización extra del 0,6% se aumenta ahora, año tras año, hasta duplicarse (1,2%) en 2029.

El Gobierno estima que con estas tres medidas, los ingresos del sistema de pensiones aumentarán en 15.000 millones anuales para 2050, sobre todo por "destopar" los salarios altos (50% nuevos ingresos) y por duplicar la cotización extra intergeneracional (aporta otro 40%), una medida con la que se espera llenar “la hucha de las pensiones” (que ahora tiene 3.000 millones)  con hasta 130.000 millones de euros para 2040. La reforma contempla que la SS pueda “tirar de esta hucha” desde 2032 (no antes), para pagar la mayor factura de las pensiones que se espera hasta 2044, por la jubilación del “baby boom”.

Ante este aumento de ingresos vía cotizaciones (que pagan empresas, 23,60% del salario, y trabajadores, 4,70%), la patronal CEOE ha mostrado su rechazo, acusando al Gobierno de “voracidad recaudatoria” y de “lastrar el talento” y “la competitividad de las empresas españolas”. Pero el Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas porque las autoridades europeas saben que los costes laborales (sueldos más cotizaciones sociales) en España son de los más bajos de Europa y “hay colchón” para subirlos. Y más cuando su impacto es bajo, según insiste el ministro Escrivá: la subida de cotizaciones repercutirá 37 céntimos en los costes laborales de las empresas españolas en 2050 (10 céntimos en 2023, 13 entre 2024 y 2030, 6 entre 2031 y 2040 y 8 céntimos entre 2041 y 2050). Con ello, tendrán un coste total (sueldos más cotizaciones) de 23,8 euros por hora trabajada en 2050 (frente a 23,40 hoy), todavía un 30% por debajo de los costes laborales de la zona euro (33,8 euros por hora hoy) y muy inferiores a los costes laborales de Francia (39,2 euros por hora trabajada), Alemania (38,3 euros) e Italia (29,9 euros). Y además, las cotizaciones que más suben, las de los salarios altos, las pagan sólo 1,2 millones de trabajadores, el 7% de todos los asalariados.

Además de subir los ingresos y retrasar la subida del periodo de cómputo, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas, hoy demasiado bajas. Las mínimas contributivas subirán más cada año para que en 2027 lleguen al 60% de la renta media (y alcancen 1.178 euros al mes en 14 pagas, un 22% más que hoy). Y lo mismo las mínimas no contributivas (asistenciales), que subirán de los 457 euros actuales (en 14 pagas) a 593 euros en 2027. Algo bastante justo, que aumentará el gasto en 2.500 millones anuales.

Al final, el objetivo de esta reforma es que el gasto en pensiones no se dispare en las próximas décadas y, aunque crezca (por el envejecimiento), no supere el 15% del PIB,  frente al 12% actual. El ministro Escrivá cree que, con las medidas aprobadas (entre 2021, 2022 y ahora), será posible consolidar los ingresos y “embridar” los gastos, para no superar ese tope, que es la exigencia de la Comisión Europea. Lo más importante no es sólo que se aprueba esta reforma, sino que incluye un mecanismo de seguimiento y control, que ha convencido a Bruselas. Por un lado, cada tres años habrá un informe de evaluación de ingresos y gastos, que elaborará la Agencia estatal independiente AIReF, la primera en marzo de 2025. En cada evaluación se hará un seguimiento y si se dispara el gasto, la AIReF propondrá al Gobierno de turno que tome medidas, enviando propuestas al Pacto de Toledo (Congreso). Y la reforma establece que las Cortes deberán aprobar esas medidas antes de finales de año. Pero ojo, si el Parlamento o el Gobierno no lo hacen, entraría en funcionamiento un mecanismo de ajuste automático: subirían las cotizaciones para compensar desde enero el 20% del exceso del gasto y el resto en los años siguientes.

La verdad es que el sistema de pensiones sale más robusto de esta reforma, aunque es muy probable que sea insuficiente en una década, lo que obligará a futuras reformas, que incidirán sobre el gasto (recortes) y los ingresos (cotizaciones y quizás un impuesto específico para las pensiones). Con todo, España debería avanzar en otras dos vías de las que apenas se habla: aumentar la natalidad y la población (la población “española” está cayendo y sólo van a salvar las pensiones los inmigrantes) y aumentar el empleo, avanzar en la modernización y competitividad de la economía para que trabajen (y coticen) más personas: deberían trabajar entre 1,7 y 4 millones de españoles más si nuestra tasa de empleo fuera como la media de la UE-28 y la de Alemania. Esos dos factores, más población y más gente trabajando, son las verdaderas garantías de las futuras pensiones.

Pensiones: suben, pero su gasto preocupa

Los 9 millones de pensionistas han cobrado la nueva pensión de enero, un +8,5% superior (+107 euros mensuales la media). Con ello, las pensiones suben un +25% desde 2018 (+300 euros mensuales), ganando poder adquisitivo (+15,5% creció la inflación). Pero preocupa que la factura de las pensiones se dispara: en 2023 costarán 190.000 millones (+9,4%), el 13,7% del PIB, lo que iban a costar en 2030. Muchos expertos piden frenar el gasto en pensiones, porque si no, en 2050 seremos el país UE con más gasto, tras Grecia e Italia. El Gobierno aprobó una primera reforma, en 2021, para bajar gastos y subir ingresos. Y ahora prepara la 2ª reforma, que no gusta a sindicatos y patronal, para subir cotizaciones a los sueldos altos y ampliar el cómputo a 30 años. Todavía podría ser insuficiente, al dispararse las pensiones de 10 a 15 millones en 2050 y haber menos ocupados para pagarlas. Urge apuntalar el futuro de las pensiones, atemperando gastos y aumentando ingresos. Por nuestros hijos y nietos.

Enrique Ortega

Este año, los 9.067.433 pensionistas no han recibido en enero una “paguilla” para compensarles por la subida extra de la inflación el año anterior, como se hizo de 2018 a 2021. Como ya les pasó en enero de 2022, van a cobrar todo el año una subida de la pensión que tiene en cuenta la subida de la inflación media anual el año anterior (hasta noviembre). En enero de 2022, la subida fue del +2,5%. Y ahora, como la inflación se disparó el año pasado, en enero de 2023, la subida de las pensiones contributivas es del +8,5%, una subida media de 107 euros mensuales, que dejará la pensión media de jubilación en 1.367 euros y la pensión media de viudedad (que sube 66 euros al mes) en 788,6 euros. Y así subirán las pensiones en el futuro: lo que suba la inflación media el año anterior y no lo que decida el Gobierno de turno, al aprobarse en diciembre de 2021 la Ley 21/2021 de revalorización automática de pensiones, con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos.

Con la subida aprobada para este año, las pensiones han subido el +25% entre 2018 y 2023, lo que ha permitido a los pensionistas ganar poder adquisitivo, porque la inflación aumentó un +15,5% estos años. La pensión media de jubilación ha subido un +27% (casi 300 euros al mes, de 1.074,83 a 1.367 euros). Y la pensión media de viudedad ha subido un +21% (´+137 euros mensuales, de 651,20 a 788,3 euros). Sin embargo, estas pensiones medias “esconden” que una gran parte de las pensiones son todavía muy bajas: de las 10.009.149 pensiones pagadas en enero, el 60% cobran menos del salario mínimo, menos de 1.000 euros mensuales. De todas las pensiones de jubilación (6,3 millones), casi la mitad (47,58%) cobran todavía menos de 1.000 euros mensuales. Y de las pensiones de viudedad (4,38 millones), el 81,32% cobran menos de 1.000 euros y casi la cuarta parte de las viudas (el 22%) cobra menos de 500 euros al mes.

A pesar de estas desigualdades, la factura de las pensiones es cada año más abultada, porque crecen mucho los pensionistas y se jubilan cada vez con sueldos más altos, que dan derecho a pensiones más altas. Además, la revalorización automática con la inflación dispara el gasto: la subida para 2023 (+8,5%) supone un gasto adicional en pensiones de 13.600 millones este año (sólo en pensiones contributivas). De hecho, el Presupuesto en 2023 contempla un gasto en pensiones histórico: 190.000 millones, un +9,4% sobre 2022. Y un 31% más de gasto que en 2018 (144.834), el último Presupuesto de Rajoy.

Como se ve, el gasto en pensiones crece mucho más que la economía y que la mayoría de otros gastos, lo que preocupa a muchos expertos. De hecho, el gasto en pensiones para 2023 (190.000 millones), supone el 13,7% del PIB español, que es precisamente el porcentaje que el Gobierno Sánchez preveía gastar para 2030, al aprobar el primer paquete de reformas. Así que llegamos a ese nivel de gasto 7 años antes. En 2019, el último año con datos europeos, España ocupaba el 6º lugar en gasto en pensiones (12,7% del PIB), en línea con la media europea (12,7% PIB) y por detrás de Grecia (16,1%), Italia (15,9%), Francia (14,7%), Austria (14,1%), Portugal (13,7%) y Finlandia (13,3%). Y teníamos más porcentaje de gasto  en pensiones que Bélgica y Dinamarca (12,6 del PIB), Paises Bajos (12%), Alemania (11,9%), Suecia (10,7%) y todos los paises del Este de Europa.

El problema ahora es que, los expertos y la Seguridad Social creen que si no se toman medidas, el gasto en pensiones supondría el 16,6% del PIB en 2050, lo que nos situaría como el tercer país europeo con más gasto, sólo por detrás de Grecia e Italia, según el Banco de España, que analiza los 5 factores que determinan el gasto en pensiones: el envejecimiento de la población, el porcentaje de mayores beneficiarios del sistema, la pensión que se recibe, la tasa de empleo para pagar las pensiones y el peso de los salarios.

El informe del Banco de España detalla que el primer factor, la demografía, va a ser el que más juegue en contra de España, ya que seremos el país europeo donde más crezcan los mayores de 64 años entre 2019 y 2050 (de ser el 29,5% de la población entre 16 y 64 años a ser el 59,5%). Eso supone que nuestro envejecimiento será mayor que el de Francia (en 2037) y el de Alemania (en 2039) y reduciríamos nuestra ventaja demográfica sobre Portugal e Italia. Sólo por este factor, el envejecimiento, España pasará de ser el 7º país con más gasto en pensiones al 3º (tras Grecia e Italia). Otro factor que jugará a la contra, aumentando el gasto en pensiones, es que aumentará la cobertura, porque en España hay hoy menos mayores que cobran pensión que en Francia, Alemania, Italia o Portugal, porque las mujeres tienen un menor porcentaje de pensiones de jubilación. Si el trabajo de la mujer aumenta, lo normal es que en 2050 haya más trabajadoras con derecho a jubilarse, aumentando el gasto.

El tercer factor de gasto, el porcentaje de pensión sobre el salario medio, también va a jugar a la contra, porque en España, la jubilación sobre el último salario es la tercera más alta en la UE (sólo por detrás de Grecia e Italia), un 34% más alta que en Alemania y un 31,6% más alta que Francia, con lo que las futuras pensiones serán también más altas a medida que suban los salarios. Y quedan dos factores que pueden jugar a favor de que no suba tanto el gasto en pensiones: los salarios (más bajos que en la mayoría de Europa y con menos peso en el PIB) y la mejora del empleo: España tiene una tasa de empleo bajísima (67% población 16-64 años trabaja, frente al 73,1% en la UE-27 y el 80% en Alemania). Si la economía se modernizara y trabajara más gente, podrían ayudar a pagar mejor las pensiones futuras.

El Gobierno Sánchez dice no estar preocupado porque el gasto se pueda disparar en 2050, porque cree que el PIB es mayor del que se publica (lo que rebajaría el porcentaje de gasto) y porque el empleo y las cotizaciones está creciendo con fuerza, mientras la Seguridad Social  recibe 20.000 millones extras de los Presupuestos. Y el ministro Escrivá cree que es posible recortar el gasto, del 16,6% sobre el PIB “temido” para 2050 al 13,1%, gracias a las 2 reformas de las pensiones. Con la 1ª reforma, aprobada en octubre de 2020 por el Pacto de Toledo, se transfieren impuestos a la SS para que asuma “gastos impropios”, se acerca la edad real de jubilación (64,8 años hoy)  a la edad legal (66 años y 4 meses, que serán 67 años en 2027), penalizando la jubilación anticipada y facilitando jubilarse más tarde y se crea una “hucha de las pensiones”, con una cotización extra del 0,6% a partir de 2023.

Además, el Gobierno ultima este trimestre una 2ª reforma de las pensiones, que busca más ingresos y recortes de gastos, con 2 medidas. Una, ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión: se subiría de los 25 años actuales (en 1985 se pasó de 2 a 8 años, en 1997 se subió a 15 y en 2011 se subió a 25 años) a 30 años, pero con la salvedad de que el trabajador puede desechar los 2 peores. La otra medida propuesta es que coticen más los sueldos altos: hoy el techo está en 49.672 euros, a partir de ahí los sueldos altos no cotizan (hay 35.000 millones que ganan los trabajadores con más salarios que no cotizan). Aunque esta medida supondría aumentar en paralelo la pensión máxima (3.059 euros), tendría un efecto ahorro .Y otra medida contemplada en paralelo, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, también ayudará a bajar el gasto.

Habrá que ver si esta 2ª reforma de las pensiones sale adelante, dado el rechazo de los sindicatos (a la subida del cómputo) y de la patronal (a que coticen más los salarios altos). El  Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a aprobar esta 2ª reforma antes de finales de 2022 y, aunque ha conseguido unos meses más, debería presentarla antes de finales de marzo, porque es una reforma clave para que Bruselas conceda o no a España, en abril, una nueva entrega de los Fondos Europeos (otros 19.000 millones). El riesgo es que a la Comisión Europea, las medidas le resulten insuficientes, como les parecen a muchos expertos, y fuercen al Gobierno español a tomar medidas más drásticas.

Nadie defiende el recorte por el recorte, máxime cuando el 60% de los pensionistas reciben menos de 1.000 euros al mes. Pero algo habrá que hacer si no queremos problemas en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se empezarán a jubilar los españoles del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). La cuestión de fondo es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico (muchos viejos y pocos niños) que se agrava por la baja creación de empleo futura (por la renovación tecnológica y digital). Basten 2 datos muy explícitos sobre el reto que nos espera: habrá que pagar a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (frente a 9 millones hoy), que además vivirán 4 años más de media (cobrando pensión 20,2 años), y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba” de relojería que hay que “desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer a los españoles que las pensiones futuras están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crear riqueza y empleo y se puede permitir destinar el 16% o el 20% de su riqueza en pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con planificación y control, asegurando que las cuentas “cuadren” a medio plazo y no haya “sustos” que obliguen a adoptar recortes drásticos. Eso obliga a los Gobiernos, a las fuerzas sociales y a todos a planificar una senda realista de gastos (qué pensiones dignas se pueden pagar en el futuro) y estudiar con qué ingresos reales se puede contar y qué otros se podrían buscar. Con transparencia y sin demagogia ni politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los ingresos que pueden tener las pensiones hasta 2050, según el empleo previsto y unas cotizaciones razonables y justas (que coticen más los que más ganan, mejorando su pensión pero menos). Y ver qué parte de los impuestos se pueden trasvasar a pagar las pensiones, lo que pasa por recaudar más (se puede, si pagan más los que pagan poco: España ingresó en 2022 un 44,1% del PIB, 28.168 millones menos que si recaudara como la media europea, 38.000 menos que Alemania y 107.000 menos que si recaudara como Francia). Aumentar los ingresos, con cotizaciones e impuestos, es más eficaz que los trabajadores se tengan que pagar un plan de pensiones privado.

Y luego habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones futuras, sino que crezcan menos (si hace falta), “atemperar” su crecimiento futuro para garantizarlas con seguridad. Y aquí hay varias vías, que antes o después se pondrán sobre la mesa: ampliar los años de cotización (ahora se habla de 30, pero podría llegarse a toda la vida laboral), aumentar los años cotizados exigibles para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 38,5 años en 2027, mientras en Francia exigen 43 años y en Alemania 45 años). Y evaluar el posible reparto de lo que se cobra entre los años que se cobra (más al principio, menos después), dado el aumento de la esperanza de vida.

Al final, se trata de ver qué pensiones se pueden pagar, en base a los pensionistas que se esperan y el empleo que puede pagarlo. De momento, y a pesar de las muchas pensiones bajas, España es uno de los paises “más generoso” con las pensiones, según las estadísticas. Por un lado, los jubilados cobran de pensión (2021) un 80% del último salario, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (62%), a Alemania (57,9%), Francia (71,3%), Italia (78,4%) y la media europea. Por otro lado, los jubilados españoles reciben de media un 74% más de lo que cotizan, según el Banco de España: cobran 21 años de pensión cuando con lo que han cotizado sólo les daría para cobrar 10 años.

Además de plantear con claridad las perspectivas de las pensiones, hay que tomar otras medidas económicas y demográficas que ayudarían. Por un lado, reconvertir el modelo económico español, con la ayuda de los Fondos europeos, para crear una economía más competitiva, que cree más empleo: si tuviéramos la tasa de ocupación europea (73,1% en vez de 67,7%), habría 1.656.000 españoles más trabajando (y cotizando para pagar las pensiones).Y si tuviéramos la ocupación de Alemania, habría 3.650.000 empleados más. Y por otro, promover la natalidad, para conseguir en unas décadas que haya más niños y futuros jóvenes trabajando. Mientras ambos cambios se consiguen, la inmigración puede ayudarnos, con su empleo y sus cotizaciones: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones), según la última estimación del INE.

Como se ve, el problema de las pensiones es muy complejo y tampoco aquí hay soluciones simplistas, salvo la demagogia y el populismo. Hay que actuar en múltiples frentes y a medio plazo, con una hoja de ruta de ingresos y gastos hasta 2050. Y planteando con realismo y transparencia las posibles medidas, que deberían pactarse y explicarse bien. Si no nos anticipamos, si nos conformamos con parches y retoques, el problema saltará después y obligará a ajustes más duros e injustos. Se puede y se debe salvar el sistema de pensiones públicas, pero eso exige actuar ya, planificar su futuro. El problema no son nuestras pensiones, sino las de nuestros hijos y nietos. Asegurémoslas.

Reforma pensiones: otro "parche" insuficiente

El Gobierno ha completado la 1ª fase de reforma de las pensiones, con una subida por 10 años de cotizaciones (+0,6%), que no apoya la patronal. Esta medida evita los recortes de las futuras pensiones que aprobó Rajoy con el Factor de Sostenibilidad (-30% para 2050), pero la recaudación extra (+42.000 millones, con la “hucha” actual) será “insuficiente” para afrontar los gastos extras por la jubilación de los “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), unos 50.000 millones. La decisión es esperar a 2033 y entonces, con las previsiones de ingresos y gastos, decidir nuevos ingresos o  recortar gastos. Se trata de “ganar tiempo” con esta primera reforma (subidas con el IPC, más transferencias del Presupuesto, incentivar retraso en la jubilación, aumento cotizaciones) y esperar a que los próximos “agujeros” los resuelvan futuros Gobiernos (o Europa). Habría que afrontar ya el déficit estructural de las pensiones y pactar  un sistema que permita pagarlas con seguridad de aquí a 2050. Sin “parches” ni “politiqueo”. Se pueden salvar.

Enrique Ortega

La subida temporal de cotizaciones sociales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, es “la cuarta pata” de la primera fase de la reforma de las pensiones, aprobada en el Congreso el pasado 27 de octubre, con los únicos votos en contra de Vox y la abstención de ERC y Bildu. La reforma aprobada dentro del Pacto de Toledo contemplaba la revalorización de las pensiones con el IPC, el cargo al Presupuesto de muchos gastos “impropios” con los que hasta ahora cargaba la Seguridad Social,  acercar la edad real de jubilación a los 67 años legales e incentivar trabajar más años voluntariamente y sustituir el Factor de Sostenibilidad de Rajoy que pretendía recortar las pensiones futuras (a partir de 2023) por un nuevo mecanismo “de equidad intergeneracional”, que asegure las pensiones futuras.

Los tres primeros acuerdos  de esta reforma ya estaban en marcha. 2022 será el primer año en que las pensiones suban no lo que decida el Gobierno de turno (+0,25% Rajoy, +0,9% Sánchez en 2021) sino lo que suba la inflación media prevista (IPC noviembre 2021-noviembre 2022), el próximo año sobre un +2,4%. Una medida que parece justa pero que va a encarecer la factura de las pensiones en los próximos años, sobre todo hasta que no baje sensiblemente la inflación. De hecho, la estimación es que la revalorización de las pensiones cueste en el año 2022 unos 5.000 millones de euros (3.000 millones por la subida anual y otros 2.000 por la “paguilla” que se va a pagar a los pensionistas en enero, para compensar la desviación de precios de 2021, unos 200 euros para una pensión de 1.000 euros).

El segundo punto del acuerdo, que el Presupuesto cargue con parte de los gastos impropios de la Seguridad Social, ya se empezó a aplicar en 2021: se transfirieron a la SS 13,929 millones para cubrir parte de esos gastos impropios (22.567 millones que se pagan con cotizaciones) y ,además, se cargó con más de la mitad del déficit esperado para 2021 (1,7% del PIB sobre el 3% de déficit total), otra transferencia de 18.396 millones, lo que suma unos 32.000 millones de euros aportados a la SS para tapar la mayor parte de su “agujero”. Para 2022, el Presupuesto incluye otra transferencia a la SS de 18.396 millones para cubrir “gastos impropios” (prestaciones por maternidad y paternidad, reducción de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales, coste jubilaciones anticipadas voluntarias, complementos de prestaciones contributivas y pago del presupuesto del Ministerio de Trabajo), más otros fondos públicos para complementar pensiones mínimas (7.000 millones) y para pensiones contributivas (2.700), más otros recursos para tapar parte de su déficit (6.000 millones). Y para 2023 está previsto que el Presupuesto cargue con todos los “gastos impropios” de la Seguridad Social (22.567 millones)  y acabar así con su déficit.

La tercera pata del acuerdo pretendía acercar la edad real de jubilación (64 años y 6 meses de media) a la edad oficial (66 años en 2021). Y eso porque es una medida importante de ahorro de gasto: se podría reducir el gasto en pensiones en 14.000 millones anuales por cada año que suba la edad real de jubilación (hay 2,4 años de margen hasta los 67 años con que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo hay 2 vías, que el Gobierno tiene ahora que concretar y proponer al Pacto de Toledo: penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 38% de los jubilados en 2020), que ya sufren recortes en la pensión del -1,65 al -2% por cada trimestre que anticipan su jubilación. La otra medida que se estudia es incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde, algo que ya se hace hoy, pero con poco apoyo (un 2% de pensión extra, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivar mucho más (4,6% anual) el retraso de la jubilación y “visualizar” esta compensación con la entrega de un cheque a los que se jubilen más tarde.

El cuarto punto del acuerdo era el más peliagudo y por eso se ha dejado para ahora, introduciéndolo como enmienda en esta reforma de las pensiones que debate el Parlamento (y que el Gobierno ha prometido a Bruselas aprobar antes de fin de año): la sustitución del Factor de Sostenibilidad que aprobó Rajoy en 2013 por un nuevo sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para afrontar el gasto extra en pensiones que va a suponer la jubilación de los “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. El Factor de Estabilidad contemplaba un recorte de las pensiones futuras, para afrontar este mayor gasto y el hecho de que los futuros pensionistas vivirán más y cobrarán más años. La estimación de un Grupo de Expertos, en un informe entregado en junio de 2013, era que la aplicación del Factor de Estabilidad supondría un recorte de las futuras pensiones que iba del -6,61% para los que se jubilasen en 2024 al -12,03% para los que se jubilaran en 2034 y un recorte del -20% para los que se jubilaran en 2053 (-266 euros sobre los 1.193 de pensión inicial actual). Y ahora, el ministro de SS dice que ese recorte podría ser realmente del -30%.

Los sindicatos y el Gobierno, que no apoyaron la reforma de Rajoy de 2013 (la decretó en solitario) no estaban dispuestos a aplicar el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor retrasó el propio Rajoy a 2023 (para conseguir que el PNV apoyara los Presupuestos 2018). Y ambos consiguieron que el Pacto de Toledo (PP incluido) rechazaran su aplicación y apoyaran otro sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que acaba siendo una subida temporal de cotizaciones (de 2023 a 2032), del +0,6%. Y como la patronal no ha firmado el acuerdo, se le ha penalizado en el reparto: un +0,5% subirán las cotizaciones empresariales y otro +0,1% más pagarán los trabajadores. No es mucho: en un sueldo medio de 2.000 euros, la empresa pagará 10 euros más al mes y el trabajador 2 euros más.

La patronal no ha firmado esta parte del acuerdo de reforma (si las tres restantes) porque alega que subir las cotizaciones sociales desincentiva el empleo, encarece la contratación. Y es cierto. Pero el Gobierno contraataca con dos datos. El primero, que el peso de las cotizaciones sociales es menor en España que en Europa: las cotizaciones sociales en Europa suponen un 16% del PIB, frente al 13,7% en España (sube al 13,9% con el aumento temporal de cotizaciones). Es verdad, pero también lo es que la aportación de las cotizaciones de las  empresas es mayor en España que en Europa (9% del PIB frente al 7,3% las empresas UE), mientras es menor la aportación de los trabajadores. Y que el peso de las cotizaciones empresariales sobre los salarios es mayor en España (29,9% del salario bruto) que en la media de la UE  (22,1% del salario bruto) y que en Alemania (19,8%), aunque es menor que en Francia (cotizaciones empresas son el 36,3% salario) o Italia (31,6%), según la OCDE. Algo que se explica porque los sueldos son más bajos en España.

El otro dato que aporta el Gobierno frente a la crítica patronal es más decisivo: los costes laborales (salarios más cotizaciones) son mucho más bajos en España, con lo que hay margen para subir un poco y por 10 años las cotizaciones sin poner en peligro la competitividad con otros paises. Concretando, España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia), 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a los de Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los costes laborales de Alemania y un 23,7% inferiores a los de Italia (28,7 euros).

Con esta subida temporal de cotizaciones sociales (2023-2032), el Gobierno espera rellenar “la hucha” de las pensiones, que se creó en el año 2000 y llegó a tener un remanente de 66.815 millones en 2011, de los que tuvo que tirar Rajoy (-58.720 millones) y Sánchez (-5.957) para cubrir el pago de pensiones en los últimos años, con lo que sólo quedan en la hucha 2.138 millones. Ahora, la previsión del ministro Escrivá es que el recargo de cotizaciones (y la rentabilidad que se saque a la hucha, un 3,5%) permita ingresar en la hucha unos 38.500 millones de euros, que sumados a los 2.138 que ya hay (y sus  intereses) se consiga tener ahorrados 42.000 millones de euros a finales del año 2.032.

¿Será suficiente? Todos los cálculos, de la AIReF y de la Comisión Europea, indican que no. Sus estimaciones señalan que el aumento de jubilaciones por la generación del “baby boom” (1960 a 1975) provocará un gasto extra de pensiones de 25.000 a 30.000 millones en 2033 (que sí cubriría “la hucha”) pero que superaría los 50.000 millones (de hoy) en 2050, lo que provocaría entonces un agujero mínimo de 8.000 millones, que algunos aumentan incluso hasta los 20.000 millones, por diversos factores. La mayoría de expertos creen que el gasto en pensiones se va a disparar hasta 2050 por tres causas: el coste de la revalorización anual con el IPC (acumulativo), el aumento de pensionistas (de los 9,3 millones actuales a 15,67 millones en 2050, según el INE), que además vivirán y cobrarán durante más años, y unas pensiones iniciales más altas (ya ha pasado: la pensión inicial de jubilación ha subido de 620 euros en el año 2.000 a 1.053 en 2008 y 1.419 euros en 2021).

El nuevo Mecanismo de Equidad Generacional aprobado ahora contempla que en 2033 se hará un examen de la evolución del gasto en pensiones. Si demuestra que el gasto se ha desviado más del 0,2% del PIB sobre lo previsto por el informe de la Comisión Europea (que hará en 2024), se destinará parte o toda la hucha a cubrirlo (si no hace falta, se destinarán esos 42.000 millones a bajar cotizaciones o mejorar pensiones). Y si no fuera suficiente, se propondrá a los firmantes del Pacto de Toledo (partidos y fuerzas sociales) un nuevo aumento de ingresos (más cotizaciones o aportaciones del Presupuesto) o bien reducir el gasto en pensiones (sobre el PIB). Así que de alguna manera, el mecanismo aprobado supone “ganar tiempo” y aprobar un parche que convenza a la Comisión Europea, sabiendo que en el futuro habrá que tomar nuevas medidas. Y casi seguro que antes de 2033.

La cuestión de fondo, que no se afronta ahora, es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio y largo plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico, de baja natalidad, que se suma a una menor creación de empleo, por la revolución tecnológica y digital. Basten dos datos: habrá que pagar  a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (que vivirán además 4 años más de media, cobrando pensión 20,2 años) y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba de relojería” que hay que desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer  a los españoles que las pensiones del futuro están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crea riqueza y se puede permitir destinar el 16 o el 20% de esa riqueza a pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con  previsión y control, para que las cuentas cuadren, que no se dispare el gasto o falten ingresos y haya que adoptar de repente recortes drásticos. Eso obliga a planificar una senda realista de gastos (asegurar unas pensiones “dignas” en el futuro) y estudiar con que ingresos reales se puede contar y buscar otros posibles. Con transparencia y sin politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los futuros ingresos para financiar las pensiones, lo que debe llevar a subir las cotizaciones, especialmente las máximas (a partir de 4.070,10 euros no se cotiza), así como las bajas cotizaciones de los autónomos,  con el objetivo de que el peso de las cotizaciones sociales (sobre el PIB) se equipare a la zona euro (hay todavía un colchón para subirlas  36.000 millones). Y ver si una parte mayor de los impuestos de todos puede ir a pagar parte de las pensiones, recaudando más impuestos, dado que España recauda cada año 85.000 millones menos que la media europea, según Eurostat.

Y luego, habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones sino de “atemperar” su crecimiento futuro, utilizando varias vías de las que se habla en privado pero no en público: ampliar los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión (de los 25 años que se tomarán en 2022 a 35 años o toda la vida laboral) o aumentar los años que se exigen para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 en 2027). Y evaluar el reparto entre los años que se cobra.

Y por supuesto, hay que tomar otras medidas al margen de las pensiones: mejorar la competitividad de nuestras empresas y reconvertir el modelo económico para crear más empleo, que trabaje y cotice más gente (si tuviéramos la tasa de ocupación europea, en España trabajarían 1.828.000 adultos más, según Eurostat). Y eso pasa por facilitar la inmigración legal (más a cotizar), que nos va a hacer falta para cubrir el déficit de mano de obra derivado de la baja natalidad. Y por promover que las familias tengan más hijos, para que haya más españoles trabajando, cotizando y pagando impuestos.

Como se ve, el problema es complejo y exige actuar en múltiples frentes. No hay soluciones simples. Ni se arregla nada con parches a corto plazo. Cuanto antes planifiquemos la hoja de ruta de las pensiones hasta 2050, más tranquilos estaremos todos, sobre todo los jóvenes. Y si nosotros no ajustamos el sistema, Bruselas nos impondrá los recortes. Habría que hablar de todo esto, con realismo y transparencia, planteando a los españoles la realidad del debate y las opciones de futuro, sin pensar sólo en las próximas elecciones. Pero me temo que nadie está por la labor. Y por eso, mucha gente teme por sus pensiones.