Universidades públicas en apuros

Más de 1,8 millones de jóvenes han iniciado el Curso universitario, que batirá otro récord de alumnos, Grados y Masters. Pero las plazas en las Universidades públicas se han estancado, por falta de medios y profesores, lo que ha elevado otro Curso más las notas de corte para acceder, desviando alumnos a las Universidades privadas, que crecen sin parar, sobre todo en algunas carreras y Masters: este año funcionarán 46 Universidades privadas (4 más que el curso pasado), mientras las públicas siguen estancadas en 50 (desde 1.998). Esto obliga a muchas familias a gastar hasta 28.000 euros al año en que su hijo/a estudie fuera, lo que impide estos estudios a muchos jóvenes y endeuda a otros, aumentando la desigualdad de oportunidades. Mientras, las Universidades públicas piden más financiación para sobrevivir y poder ofrecer más plazas y estudios.  Pero las autonomías gobernadas por el PP apenas les financian y apoyan el aumento de las Universidades privadas (controladas por Fondos de inversión y entidades religiosas), sobre todo en Madrid y Andalucía.

                           Enrique Ortega

Este Curso 2025-26 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2007, otro año con un récord de nacimientos (492.527, 10.000 más que los nacidos en 2006), lo que aumentará el número de universitarios, superando  los 1,8 millones que estudiaron el Curso pasado un Grado (1,4 millones), un Master (300.000)  o un Doctorado (100.000 alumnos) en las Universidades españolas. El 75% de estos 1,8 millones de universitarios estudian en una Universidad pública, el 57% de ellos mujeres y un 7% extranjeros (salvo en Master y Doctorado donde los extranjeros suben al 27 y 29% del total). En conjunto, a estos universitarios se les ofrecen 4.475 titulaciones de Grado (67% en la Universidad pública), 4.325 Masters (el 30% en las privadas) y 1.228 títulos de Doctorado (el 80% en las Universidades públicas).

Será pues otro Curso de récord de alumnos en las Universidades españolas, con una peculiaridad: apenas crecen los alumnos de las Universidades públicas y los que más crecen son los de las privadas, como sucede en los últimos años. Así, los alumnos de Grado de las Universidades públicas han bajado desde los 1.116.463 que hubo en el Curso 2016-17 a los 1.080.568 que se matricularon el curso pasado (2024-25): -35.895 alumnos en los últimos 8 años. Y en paralelo, los alumnos que estudian un Grado en las Universidades privadas se han casi duplicado: de 186.789 en el Curso 2016-17 a 328.269 el curso pasado (2024-25), según los datos oficiales. Y si analizamos los alumnos matriculados en el primer curso, han caído un -4,8% en las Universidades públicas (de 291.100 que empezaron en septiembre 2015 a 274.400 en septiembre 2023), mientras en las Universidades privadas, los matriculados en el primer curso han crecido un +61,4% estos 8 años: de 54.700 a 89.200.

Lo mismo ha pasado con los Master. Los alumnos que inician un Master en una Universidad pública han pasado de 124.892 en el Curso 2016-17 a 143.649 el curso 2023-24, un aumento del +15%, menos de la tercera parte de lo que han aumentado los alumnos de Masters en las Universidades privadas (+53%), que han pasado de 65.251 (Curso 2016-17) a 145.306 alumnos matriculados (en 2023-24), superando ya a los alumnos Master de la pública. Y además, las Universidades públicas ofrecen ahora menos Master (3.067) que en 2015-16 (3.116 Master), mientras las privadas casi los duplican (de 761 a 1.262).

¿Qué está pasando? Pues que las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar los alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año sube la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos, obligando en la Selectividad a sacar notas cada vez más altas para admitir alumnos en las grandes Universidades. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,3 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 10 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible…

La consecuencia es que muchos jóvenes que quieren estudiar una carrera sólo pueden hacerlo en la Universidad privada, que lleva años aprovechando la falta de plazas en la Universidad pública para ofertar más plazas, sobre todo de Grados que tienen una mejor salida laboral. Eso conduce a un aumento reiterado de alumnos, que sólo pueden estudiar lo que quieren si pagan los caros estudios de una Universidad privada. Y así, por ejemplo, en Madrid, este será el tercer Curso donde en Medicina (la carrera “estrella) habrá más matriculados en primer curso en las Universidades privadas que en las públicas… Y también hay más inscritos en las privadas en Fisioterapia (53%) y Relaciones Internacionales (74%).

En definitiva, las Universidades privadas crecen a costa de “asfixia financiera de las Universidades públicas”, que apenas se han recuperado de los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy desde 2012 y la escasa financiación posterior. Eso ha provocado un aumento constante de nuevas Universidades privadas, que este Curso ya serán 46 (habrá 4 nuevas), mientras las Universidades públicas se han estancado en 50 (la última Universidad pública, la Politécnica de Cartagena se creó en 1998). Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP, sobre todo en Madrid y Andalucía. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT está detrás de la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

La peor consecuencia de la asfixia financiera de las Universidades públicas (las 6 de Madrid pidieron en octubre de 2024 a la presidenta Ayuso 200 millones extras para pagar sus nóminas…) es que muchos alumnos  no pueden estudiar en ellas, por falta de plazas, y tienen que buscar una Universidad privada para estudiar una carrera, con un altísimo coste. Por un lado está el pago de la matrícula y las mensualidades, con un coste anual de 13.500 a 15.000 euros por alumno. Y a eso hay que sumar, para los universitarios que estudian fuera de casa, el coste del alquiler de una habitación o una vivienda compartida, que supera los 600 euros (5.400 euros anuales). Y la manutención y los gastos (otros 9.000 euros anuales). En total, unos 28.000 euros al año, por 4 años (si no se repite curso), más el elevado coste de un Master al final del Grado (entre 20.000 y 30.000 euros más).

Así que estudiar en una Universidad privada puede costarle a un joven y a su familia unos 140.000 euros, una cifra imposible para muchos hogares y que obliga a otros a endeudarse. De hecho, casi el 14% de los créditos que se piden hoy a la banca son para financiar estudios universitarios, según ASUFIN, una demanda que se ha cuadruplicado en la última década. Y esto relega a muchos estudiantes y familias a no estudiar una carrera universitaria, desviando su interés hacia la Formación Profesional, que es más barata (a pesar de que se multiplican también las plazas privadas, en centros participados también por Fondos de inversión) y además tiene más salidas profesionales que muchas carreras.

El objetivo debería ser promover la Universidad pública, apoyándola financieramente para que tuviera más alumnos, Grados y Master, para evitar también que muchos jóvenes sin recursos se queden fuera (las becas son escasas y poco dotadas). Pero la realidad es que España la financia menos que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654 dólares en 2021 (último dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y 33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más (27.756 dólares/universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el 67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 29% del gasto universitario es privado en España, frente al 19% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas  menos que la media (6.671 euros/universitario en 2022-23) : Madrid (5.362 euros por universitario), Cataluña (5.599 euros) y Murcia (6.712), según el Informe CYD 2024. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan La Rioja (9.689 euros/universitario), Navarra (9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (1.620 euros/alumno, 454 euros más que la media), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302), Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas en las Universidades públicas: Galicia (738 euros/alumno), Canarias (776) y  Andalucía (815).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir  aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades  de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuanto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 5.739 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2024).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, las Universidades públicas han intentado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con los Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas, a las que cada Curso se desvían más alumnos. Y el Gobierno central poco puede hacer, máximo tras tres Cursos sin Presupuestos (incluido el actual).

La futura financiación de las Universidades públicas es una cuestión clave, no sólo porque nos jugamos la formación de los jóvenes sino porque en los próximos años va a seguir aumentando la cifra de universitarios: habrá cada año más alumnos, al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075 niños, 170.000 menos que los nacidos en 2007 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades públicas sigan perdiendo alumnos, planes, investigación y prestigio.

Aumentar la financiación a las Universidades públicas  es un requisito básico para mejorarla y que no quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas). Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000 licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen más trabajo y menos paro que los jóvenes no universitarios, pero todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un 9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.

Corregir este “drama”, que la Universidad no sea “una fábrica de parados” exige no sólo tener más financiación sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas: derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los planes de estudio con empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos sean más eficaces. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.

Universidad: alumnos récord, financiación escasa

Más de 1,8 millones de universitarios han iniciado otro curso, un récord histórico de alumnos, sobre todo en Masters y Grados online. Pero las Universidades públicas están faltas de recursos (secuela de los recortes desde 2010), incluso con problemas para pagar nóminas (los 6 Rectores de Madrid han pedido 200 millones a Ayuso), calefacción y servicios. Los rectores han pedido a las autonomías, que financian el 65% de las Universidades, que firmen Planes plurianuales, para asegurarles financiación suficiente y reforzar plantillas (el 49% docentes son “temporales”) y estudios. Exigen que se cumpla la nueva Ley de Universidades (LOSU), de 2024, que promete invertir un 1% del PIB en Universidades (frente al 0,76% actual), 3.596 millones más. El problema es quien lo paga. Porque las autonomías “se escaquean”, mientras las del PP apoyan nuevas Universidades privadas (13 en Madrid, 4 en Andalucía y 43 en toda España) .Y el Gobierno no consigue aprobar el Presupuesto 2025, clave para aportar más fondos. Urge apostar por la Universidad, financieramente asfixiada.

                            Enrique Ortega

Este Curso 2024-25 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2006, un año con un récord de nacimientos (482.957), lo mismo que entre 2005 y 2010 (486.575), lo que ha alimentado el número de universitarios: de 1.548.369 matriculados en 2015-16 se pasó a 1.762.459 el curso 2023-2024 y este Curso se espera superar los 1.800.000 universitarios, entre los que estudian un Grado (1.400.000), un Master (casi 300.000) o un Doctorado (otros 100.000). Son 256.000 universitarios más que hace 8 Cursos (2015-16), gracias al aumento de jóvenes en España, a su mayor ingreso en la Universidad (el 31,6% de los que tienen entre 18 y 24 años, cuando eran el 30,3% de los jóvenes en 2013) y al aumento de alumnos internacionales (de 101.000 a casi 180.000 este Curso).

Con este récord histórico de universitarios para 2024-25, España se consolida como uno de los paises de Europa y del mundo con más universitarios, mayores y jóvenes. En el conjunto de la población (25 a 64 años), tenemos un 41,4% de universitarios, frente al 40,7% en la OCDE y el 37,7% en la UE-25 (42,4% en Francia, 33,9% en Alemania y 21,3% en Italia), según el último informe educativo de la OCDE (datos 2023). Y si miramos sólo a los jóvenes (25 a 34 años) el porcentaje de universitarios es aún mayor: 52% en España, frente al 47,4% en la OCDE (51,85% en USA y más del 57% en Japón, Irlanda, reino Unido o Noruega) y el 44,2% en la UE-25 (51,8% Francia, 38,5% Alemania o 30,75% Italia).

Este liderazgo universitario de España contrasta con las quejas constantes de falta de financiación de los rectores de las Universidades españolas (CRUE). Según sus informes, no se han recuperado todavía de los recortes presupuestarios (-30% de transferencias) hechos a partir de 2009  por el Gobierno (ZP y sobre todo Rajoy) y por las autonomías. Y aseguran que, descontando la inflación, hoy reciben entre un 15 y un 20% menos que en 2009, aunque tienen 256.000 universitarios más. Eso les ha obligado estos años a no cubrir jubilaciones, a hacer contratos basura a los profesores (el 49% de los docentes universitarios tienen contratos temporales, frente al 23% los camareros), a no poder ampliar programas y Master y a tener problemas para pagar la luz o la calefacción…

Un grave problema económico y financiero para la Universidad que no se debe solo a los recortes sino a un problema estructural: España financia menos la Universidad que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654 dólares en 2021 (último dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y 33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más que nosotros (27.756 dólares por universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando en todos la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% de su PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el 67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 28,8% del gasto universitario es privado, frente al 19,2% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay una serie de autonomías que transfieren a sus Universidades menos que la media (7.378 euros/universitario en 2021-22) : Madrid (6.005 euros por universitario, -19,6%), Murcia (6.712), Cataluña (6.756), Baleares (6.907) y Extremadura (6.959 euros), según el Informe CYD 2023. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan La Rioja (10.068 euros/universitario), País Vasco (9.995), Cantabria (9.775) y Navarra (9.625 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (2.009 euros/alumno), Cataluña (1.970), Navarra (1.740) y Comunidad Valenciana (1.713 euros). Y mientras, hay otras donde pagan en tasas y matriculas poco más de 1.000 euros (la mitad que Madrid): Canarias (1.049), Galicia (1.059), Andalucía (1.150), Baleares (1.157) y Asturias (1,190 euros/alumno).

A la vista de este panorama (más alumnos y cursos y escasa financiación), la mayoría de las universidades públicas tienen serios apuros económicos, otro Curso más. La situación financiera más penosa se da en las 6 Universidades públicas de Madrid, la autonomía que menos financia a sus universitarios (y la más cara). Los Rectores acaban de lanzar un SOS: necesitan 200 millones extras para seguir funcionando, para pagar sus nóminas. Y piden al Gobierno regional que pague a sus profesores como hace con el personal sanitario público y docentes de Colegios e institutos públicos. Argumentan que las transferencias de la Comunidad  son menores que las del resto (suponen un 0,4% del PIB regional, frente al 0,55% de media) y los gastos crecen cada año. Y no saben todavía lo que les aportarán  en 2025, porque no hay Presupuesto. Además, temen que la presidenta Ayuso retrase concretar su aportación hasta que no apruebe la Ley de Universidades regional, con la que están enfrentados los Rectores madrileños, porque creen que ”invade su autonomía”.

Si la situación financiera de la mayoría de Universidades es precaria, lo será más este Curso y los siguientes, porque entra en vigor la nueva Ley de Universidades, la LOSE, la 4ª de la democracia (BOE 22 marzo 2024). Su objetivo es reorganizar las Universidades, mejorando y estabilizando las plantillas docentes, mejorar los programas e internacionalizarlas. Objetivos que supondrán una mejora de la calidad y la formación universitaria pero tendrán más coste. Sólo el tema de regularizar plantillas (el 49% de los docentes son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones les supondrá a las Universidades un coste extra de 843 millones de euros, según los Rectores (CRUE). Y luego están los costes extras de las mejoras docentes y los programas de investigación e internacionalización. Los rectores insisten en que, hoy, no saben quien lo va a pagar ni cuándo. Y temen que su situación vaya a peor.

La propia LOSU establece, en su artículo 55, que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”, pero no concreta ni quién ni cuándo. Sí concreta el cuánto: “dedicar como mínimo el 1% del PIB en  gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora ese gasto es del 0,76% del PIB, subirlo al 1% supone gastar 3.596 millones adicionales (con el nuevo PIB de 2023). Pero sigue sin concretarse quien lo paga, aunque el Gobierno ha propuesto que cada Universidad firme un Acuerdo Plurianual con su Gobierno regional y que el Presupuesto del Estado lo complete.

Pero de momento, casi ninguna autonomía (salvo Andalucía) ha firmado ningún acuerdo de financiación a medio plazo con sus Universidades, que insisten en saber cuanto antes el dinero con que pueden contar para planificar su gestión, desde la política de personal (que se lleva dos tercios del gasto) a los nuevos programas. Y, en paralelo, el Gobierno Sánchez no consigue aprobar los Presupuestos 2025, con lo que va a tener difícil aportar más recursos. De momento, ha aprobado 1.300 millones para becas universitarias en 2024-25 (que benefician a medio millón de universitarios), pero queda reformar el sistema de becas, porque los umbrales son demasiado altos para muchas familias (con la inflación) y la dotación es insuficiente (con el aumento de costes del alquiler). Otra medida que sí está en marcha es el programa María Goiri, por el que el Estado y las autonomías van a financiar 5.600 plazas de profesores y ayudantes doctores en las Universidades públicas españolas.

Pero la mayor parte de la nueva financiación de las Universidades, obligada por la LOSU, “sigue en el aire”, aunque el Curso 2024-25 lleve un mes en marcha. El problema concreto es que la mayor parte de la financiación pública (el 82%) la aportan las autonomías y las 11 gobernadas por el PP no están de acuerdo con la LOSU y no quieren financiarla ni poner más recursos para las Universidades públicas. Y varias autonomías del PP se están dedicando a promover y autorizar Universidades privadas.

El caso más llamativo es Madrid: tiene 6 Universidades públicas y 13 Universidades privadas, con la intención de aprobar este otoño la Universidad privada nº 14 (la Universidad Abierta de Europa, virtual), a pesar del voto negativo de 10 miembros (7 del PP) en la última Conferencia de Política Universitaria estatal. Y hay otras 4 Universidades privadas que esperan su turno… (serían 18). En Andalucía, se acaba de aprobar el desembarco de la 4ª Universidad privada en los últimos 10 meses (a las que habría que sumar una 5ª, la entrada de la Universidad de Comillas). Canarias tiene otras 4, Castilla y León 5, País Vasco 3, Aragón 2 y Cataluña sigue con 7, mientras tienen 1 Universidad privada las restantes (salvo Asturias, Baleares, Extremadura y Castilla la Mancha, donde no se ha autorizado ninguna privada). En total, 43 Universidades privadas, frente a las 17 en 1977, mientras se mantienen  (desde 1.998) las 50 Universidades Públicas.

El exministro Castell aprobó en 2021 un Decreto para garantizar la calidad de las nuevas Universidades que se aprobaran, para evitar la proliferación de Universidades privadas poco profesionales, sobre todo virtuales, sin medios ni programas ni profesorado. Pero las nuevas Universidades han sabido adaptarse y conseguir aprobar nuevos proyectos, que la mayoría de los Rectores critican duramente, considerándolas de baja calidad. Por eso, el Gobierno estudia ahora  cambiar el Decreto, para frenar la proliferación de Universidades privadas “low cost”. Pero el PP y sus Gobiernos las apoyan, como al resto de enseñanza concertada y privada. Y, además, muchos están bajando impuestos y reduciendo recaudación, con lo que no están a favor de aumentar mucho su financiación a las Universidades públicas.

Pero la Universidad española, básicamente la pública, tiene un problema estructural: va a tener cada año más alumnos, al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075 niños, 160.000 menos que los nacidos en 2006 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades sigan en pérdidas.

Aumentar la financiación a las Universidades públicas  es un requisito básico para mejorarla y que no quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas). Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000 licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen más trabajo y menos paro que los jóvenes que no son universitarios, pero todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un 9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.

Corregir este “drama”, que la Universidad siga siendo “una fábrica de parados”, exige no sólo tener más financiación sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas: derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los planes de estudio con la colaboración de empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos y los años de enseñanza sean más eficaces. Parte de estas medidas se incluyen en la LOSU, pero el resto deben ser fruto de una mayor implicación de la Universidad con la economía y la sociedad. Podemos estar orgulloso de ser líderes en universitarios, pero también lo somos en parados. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.