El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. La compra es casi imposible, dado que el precio sigue disparado: el precio medio era en junio de 2.093 euros/metro cuadrado, con una subida anual del +12,8%, la mayor de los últimos años, según el INE, una subida que se suma al +55,1% que subió la compraventa de viviendas en España entre 2014 y 2024. Y esta última subida anual (+12,8%) coloca a España en cabeza de la subida de precios en Europa, donde la vivienda sube menos de la mitad (un +5,4% anual en la UE-27), siendo aún menor la subida anual en Italia (+3,9%), Alemania (+3,2%) y Francia (+0,5%), lo que nos sitúa como el 5º país con la mayor subida anual de la vivienda, tras Portugal (+17,2%), Bulgaria (+15,5%), Hungría (+15,1%) y Croacia (+13,2%), según Eurostat.
Economía a lo claro
Información y comentarios para entender la economía nuestra de cada día
lunes, 20 de octubre de 2025
El problema de la vivienda se agrava
Tras el paréntesis del verano, jóvenes y familias comprueban
que conseguir una vivienda en España es cada vez más difícil:
no hay casi alquileres y son carísimos mientras resulta casi imposible comprar
una casa, aunque bajen los tipos. La Ley de vivienda del Gobierno
(29 meses en vigor), no funciona y la mayoría de autonomías
no la aplican, mientras apenas sube la construcción de viviendas y sí la
especulación, con Fondos y ahorradores lanzados a comprar para alquilar y
vender: la vivienda es una inversión y no un bien de uso. El Gobierno ha presentado el Plan de Vivienda 2026-30,
triplicando la inversión actual, pero las 11 autonomías gobernadas por el PP
dicen que “no les gusta”. Así que seguimos sin acordar soluciones
para la vivienda. Cualquier Plan exige la colaboración de todas las
Administraciones para buscar suelo y financiación, facilitando la
promoción de nuevas viviendas (hacen falta 750.000), sobre todo
públicas en alquiler. Pero no parece posible este acuerdo, aunque
la vivienda sea nuestro mayor problema y el cuello de botella de la
economía. Vamos a peor. Enrique Ortega
El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. La compra es casi imposible, dado que el precio sigue disparado: el precio medio era en junio de 2.093 euros/metro cuadrado, con una subida anual del +12,8%, la mayor de los últimos años, según el INE, una subida que se suma al +55,1% que subió la compraventa de viviendas en España entre 2014 y 2024. Y esta última subida anual (+12,8%) coloca a España en cabeza de la subida de precios en Europa, donde la vivienda sube menos de la mitad (un +5,4% anual en la UE-27), siendo aún menor la subida anual en Italia (+3,9%), Alemania (+3,2%) y Francia (+0,5%), lo que nos sitúa como el 5º país con la mayor subida anual de la vivienda, tras Portugal (+17,2%), Bulgaria (+15,5%), Hungría (+15,1%) y Croacia (+13,2%), según Eurostat.
Otra estadística más ligada al mercado, la
del portal Idealista, sitúa el precio medio de comprar una casa en España
en 2.517 euros/m2 en septiembre, una subida del +15,3% anual y un
máximo histórico (incluyendo los precios en la “burbuja financiera”: 2.115
euros/m2 costaba en junio 2007). Pero ese es el precio medio, ya que hay
muchas ciudades donde el precio de una vivienda ronda o supera los 5.000
euros/m2: San Sebastián (6.250, 12,2% anual), Madrid (5.677,
+19,4%), Palma (5.036 euros/m2, +16,9%) o Barcelona (4.989
euros/m2, +9,4%), costando mucho en Bilbao (3.709 euros/m2, +9,6%), Málaga
(3.620, +17%) o Valencia (3.227 euros/m2,+19,2%). Y los precios más
bajos se dan en Zamora (1.270 €/m2), Jaén (1.307) y Murcia (1.443).
Con estos precios disparados (+44.73% de subida desde
diciembre 2019), muy pocas familias y jóvenes pueden comprar piso hoy en
España, aunque
hayan bajado los tipos y las hipotecas. Veamos las
cifras. Un piso “medio”, que cuesta
ahora 2.115 euros/m2 supone un precio (por 90m2) de 190.350 euros. Si se
consigue una hipoteca por el 80% de su valor (181.224 euros), al 3% y a 25
años, supone pagar 859 euros al mes. Pero si el piso se quiere comprar en
Madrid, hay que pedir una hipoteca (80% valor) de 408.744 euros y eso cuesta 1.938 euros al
mes (1.703 en Barcelona), algo que sólo se puede permitir
alguien que gane el triple (el 35% es el límite que suelen mirar los bancos), o
sea 5.814 euros al mes… Imposible para la mayoría (y además necesitan tener un
30% del valor, 153.279 euros en el caso de Madrid) para el 20% no financiable y
los gastos iniciales). Más imposible todavía…
Así que muchas familias y jóvenes sólo pueden pensar en alquilar.
En septiembre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2,
otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a
7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de
alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los
alquileres entre 2014 y 2024, según
el portal Idealista. Eso significa que alquilar una vivienda de 90m2 cuesta
de media en España 1.305 euros mensuales. Pero en la mayoría de las ciudades
grandes, los alquileres cuestan mucho más: 24 euros/m2 en Barcelona (2.160
euros por 90 m2), 22,7 euros en Madrid (2.043 euros mensuales), 18,4
en Palma, 18,2 en San Sebastián, 15,4 euros/m2 en Málaga o 15,4 euros/m2 en
Valencia, mientras sólo tienen precios bajos Ciudad Real (7,7 euros/m2, 693
euros mensuales), Lugo (7,7 €/m2), Zamora o Cáceres (7,9€/m2). Un alquiler
elevado, con otro agravante: apenas hay alquileres en el mercado,
con lo que los inquilinos se encuentran con 35
“competidores” por cada alquiler, lo que provoca que los propietarios
“seleccionan” al inquilino: eligen familias sin hijos y sueldos
estables antes que jóvenes, extranjeros e inquilinos con sueldos precarios,
muchos hijos o mascotas…
El problema de fondo en ambos casos (pisos en venta o
alquiler) es que hay poca oferta en el mercado, pocos pisos para
comprar o alquilar, lo que provoca que muchos compradores o inquilinos no
regateen el precio e incluso paguen algo más para quedárselo. Y a su vez,
estos altos precios “reaniman” la burbuja: como invertir en una
vivienda es una
buena inversión (6,9% de rentabilidad media), cada vez hay más ahorradores e inversores dispuestos a comprar una casa para destinarla al alquiler o para
venderla en unos años: hay 307.000 propietarios tienen
más de 10 viviendas en propiedad, un 20% más que hace 10 años. Y otro
dato revelador : un
tercio de las viviendas se compran hoy en España sin hipoteca (a
tocateja), lo que revela que son inversores particulares, Fondos de
inversión o extranjeros (compran el 15% de las viviendas). Consecuencia: más
inversores buscando viviendas (que no hay) suben los precios y los
alquileres, para asegurar la rentabilidad de la inversión. La vivienda ha dejado se ser un bien de uso para convertirse en un activo para invertir.
Este es el negro panorama de la vivienda en
España 29 meses después de la entrada en vigor de la Ley
de Vivienda, en mayo de 2023, una Ley que contó con la oposición de las
11 autonomías gobernadas por el PP, que no la aplican. Y una
Ley que apenas ha servido para bajar los precios de los alquileres en
las zonas más “tensionadas” y que sí se han acogido a los controles de precios:
131 municipios catalanes, algunos pueblos del País Vasco (incluido San
Sebastián) , 21 en Navarra, Santiago de Compostela y Las Palmas. En algunos
casos (Cataluña) ha
habido pequeñas bajadas tras año y medio de topes a los
alquileres, pero han sido a costa de reducirse aún más la oferta de
alquileres.
Lo que está claro es que la
Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno ha provocado que muchos propietarios
hayan desviado sus viviendas en alquiler a otros usos
(pisos turísticos y alquileres de temporada) o a la venta, para
evadir el control de alquileres. En conjunto, Idealista estima que se han
“desviado” 120.000 alquileres en estos 2 años largos de la Ley de
Vivienda, lo que ha
reducido la oferta de alquiler un -17% de media (-46% en Barcelona,
-36% en Bilbao y San Sebastián, -35% en Palma, -31% en Sevilla y -21% en Madrid),
mientras la demanda de alquileres ha aumentado un +79% en estos dos años largos.
Una parte de los pisos que antes se alquilaban normalmente
se destinan ahora a pisos turísticos, que no tienen alquileres
controlados y por los que el propietario saca altas rentabilidades (por días o
fines de semana). Se estima que al alquiler turístico se han “desviado” 85.000
alquileres en los 2 últimos años. Y en julio, había ya 381.837 pisos turísticos
en España, según
el INE, la mayoría en grandes ciudades turísticas : 48.412 en Málaga,
46.6784 en Canarias, 24.361 en Baleares, 23.648 en Tenerife, 18.113 en
Barcelona, 18.555 en Madrid y 15.258 en Valencia, aunque hay muchos “ilegales
(150.000 en Madrid).
Otra parte de los pisos que antes se alquilaban se han
“desviado” a “alquileres
de temporada”, viviendas que sólo se alquilan unos meses al año (a
estudiantes, profesores, personal de hostelería…) y a las que tampoco se
aplican los topes de precios y condiciones de la Ley de Vivienda. Estas
viviendas ya suponen un 15% del mercado y su oferta se dispara un
26% anual (mientras los alquileres normales suben un 3%) y tienen más peso en
Barcelona (49% del mercado), San Sebastián (39%), Girona (33%), Badajoz (33%),
Cádiz (21%), Tarragona (20%), Madrid (18%) o Palma (16%), según
datos de Idealista.
Y el tercer desvío de alquileres son las viviendas que se
venden, porque sus propietarios “no quieren problemas con los posibles
inquilinos” y aprovechan las plusvalías conseguidas: en los dos últimos años y
medio (2023, 2024 y la primera mitad de 2025) se han vendido en España
1.610.000 viviendas, una
cifra de ventas histórica, que supera los mejores datos de los últimos 18
años, lo que hace temer a algunos por una
nueva “burbuja inmobiliaria”, aunque los datos son muy diferentes a la de 2007. Pero la alta
rentabilidad y la bajada de tipos está alimentando estas ventas récord, aunque en
los últimos meses se ha frenado algo la avalancha, porque hay pocas
viviendas para vender.
Y aquí volvemos al centro del problema: los precios de las
viviendas y los alquileres se disparan porque hay poca oferta y una elevada
demanda, pendiente y nueva: se estima que hay un déficit acumulado
de 765.000 viviendas en España, según
CaixaBank. Y cada año se suman 240.000 nuevas familias y jóvenes que
buscan piso, en alquiler o en propiedad. Y frente a estas abultadas
necesidades, España apenas construye nuevas viviendas: en 2024 se
iniciaron 136.187 viviendas (112.230 viviendas “libres” y 23.967
viviendas protegidas, VPO), algo mejor que en 2023 (110.344 viviendas
iniciadas, sólo 12.304 VPO), tras una década de escasísima construcción (86.238
viviendas iniciadas en 2011, 51.735 en 2012, 35.721 en 2013, 65.955 en 2016 y
87.907 en 2020). Y este año, aunque se construye algo más, sólo se han iniciado
60.816
viviendas libres hasta junio (57.249 en el primer semestre de 2024) y 8.074
viviendas de promoción pública, VPO (aunque casi 3.000, destinadas al
alquiler, más de la mitad de las nuevas promociones, aunque todavía sea una
cifra mínima).
Parece claro que España debe construir mucho más
viviendas (en
2006 se construyeron 762.540 viviendas, 5 veces más de las 140.000 que
podrían construirse este año), sobre todo viviendas para alquiler
y a un precio asequible (VPO). Eso pasa, obligatoriamente, por un
gran Acuerdo entre el Gobierno, las autonomías (que gestionan la
política de vivienda), los Ayuntamientos (que tienen suelo), los promotores y
constructores más los bancos, porque cualquier política de vivienda exige
coordinación entre Administraciones, algo que “falta”, según acaba de alertar el gobernador del Banco de España.
Urge concretar esa colaboración en la creación de Comisiones
para relanzar la vivienda, a nivel estatal, autonómico y municipal,
para actuar
coordinadamente en varios frentes:
suelo (elaborar un Catálogo de suelo disponible y el que pueda
conseguirse a medio plazo, ciudad a ciudad y pueblo a pueblo), invertir en
conseguir que este suelo sea urbanizable, agilizar los planes
urbanísticos (reformando la Ley del suelo, reforma que rechazaron en febrero el PP , Junts, ERC, Bildu, Podemos y Sumar en el Congreso), buscar financiación pública (ICO)
y privada, fomentar la colaboración de la promoción privada y pública (ayuntamientos,
Fundaciones, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro), sobre todo para promover
viviendas en alquiler, muchas subvencionadas para permitir alquileres
asequibles. Este esquema de cooperación entre todos los implicados es el que está
aplicando el presidente Illa en Cataluña, con buenos resultados.
Pero no
se trata sólo de construir más viviendas, de más grúas. Hay
que fomentar la rehabilitación, para que puedan salir en alquiler
(y venta) viviendas en mal estado, que se pueden beneficiar todavía de los
Fondos europeos. Y hay que fomentar la compra pública de viviendas vacías o
en manos de bancos e instituciones, para ponerlas en el mercado. Y además,
hay que cambiar la actitud ante los propietarios: en lugar de
“asustarlos” con topes y controles de precios y subidas, hay que darles
“seguridad”, promoviendo empresas públicas municipales o autonómicas que
les garanticen el alquiler, como hace el “Programa
Bizigune” en el País Vasco: los propietarios les ceden sus
viviendas y saben que cobran seguro el alquiler, despreocupándose. Y además, controlar y frenar el desvío de viviendas a alquileres de temporada y pisos turísticos (muchos, ilegales).
Con todas estas actuaciones, se podrían poner en el mercado
de alquiler (y de venta) unos 200.000 viviendas al año, nuevas,
rehabilitadas y usadas. Pero eso exige que el Gobierno central, autonomías,
Ayuntamientos, promotores, constructores y bancos remen juntos,
algo que parece imposible. De hecho, el Gobierno acaba de presentar el nuevo
Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías gobernadas por el PP (11 de
17) ya han dicho que “no
les gusta”…Así que nacerá “muerto”, como la Ley de Vivienda, aunque
este Plan tiene aspectos muy positivos. El principal, que
pretende invertir 7.000 millones en vivienda, el triple que el Plan
actual 2021-2025, aunque a cambio piden que el 40% lo aporten las autonomías.
Otro elemento positivo es que promueve la construcción (y la venta de viviendas
privadas) para el alquiler, obligando a que estas VPO no se pueden vender
a precio libre (como ha pasado: los 6,5 millones de VPO construidas
desde los años 50 se han “privatizado"), para crear un parque público de
viviendas en alquiler (2,5% en España, del 10 al 30% en Europa). Y además, se
mejoran las ayudas a los jóvenes para comprar y alquilar, más en zonas rurales.
Ahora, el debate y la aprobación antes de fin de año de este
Plan
de Vivienda 2026-2030 es una gran oportunidad para
intentar un acuerdo en la futura política de vivienda, aunque sólo sea porque
es uno de los grandes problemas de los españoles, en especial de los jóvenes.
Habría que dejar
de lado los enfrentamientos políticos y sentarse para ver cómo se consigue
suelo, financiación y promotores para construir más viviendas
asequibles y para que los que tienen una casa la alquilen con seguridad y no la
desvíen al alquiler turístico o de temporada. La vivienda “tiene enmienda” si
los políticos consultan a los expertos y acuerdan medidas que sean eficaces, no
con anuncios demagógicos. Hay miles de jóvenes y familias que necesitan una
vivienda asequible, algo que requiere financiación, un Plan realista y tiempo.
Si no lo hacemos ahora, los problemas de la vivienda seguirán agravándose y se
acabarán convirtiendo en un
“cuello de botella” que frenará la economía. Y lo sufriremos todos.
El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. La compra es casi imposible, dado que el precio sigue disparado: el precio medio era en junio de 2.093 euros/metro cuadrado, con una subida anual del +12,8%, la mayor de los últimos años, según el INE, una subida que se suma al +55,1% que subió la compraventa de viviendas en España entre 2014 y 2024. Y esta última subida anual (+12,8%) coloca a España en cabeza de la subida de precios en Europa, donde la vivienda sube menos de la mitad (un +5,4% anual en la UE-27), siendo aún menor la subida anual en Italia (+3,9%), Alemania (+3,2%) y Francia (+0,5%), lo que nos sitúa como el 5º país con la mayor subida anual de la vivienda, tras Portugal (+17,2%), Bulgaria (+15,5%), Hungría (+15,1%) y Croacia (+13,2%), según Eurostat.
Etiquetas:
alquileres,
autonomías,
Ayuntamientos,
inquilinos,
Ley de vivienda,
Plan de Vivienda 2026-30,
propietarios,
venta viviendas,
vivienda,
viviendas de temporada,
viviendas turísticas
jueves, 16 de octubre de 2025
Funcionarios: la mitad se jubila en 10 años
Los sindicatos denuncian que desde el 1 de abril están paralizadas
las jubilaciones parciales de los trabajadores públicos,
porque la nueva normativa exige sustituirlos por jóvenes con contrato fijo y
eso no lo pueden hacer los Ayuntamientos, autonomías y la Administración
central sin convocar oposiciones. Además, los funcionarios de carrera no
pueden acogerse a la jubilación parcial desde 2012 y la nueva Ley de
Función Pública que se lo permitirá está paralizada en el Congreso desde
julio de 2024. Así que hay problemas para que los jóvenes sustituyan a los empleados
públicos, más envejecidos que el resto de los trabajadores: el 57% de
los funcionarios tienen más de 50 años y casi 90.000 se jubilarán en los
próximos 10 años. Por eso es importante facilitar su relevo por jóvenes, permitiendo
su jubilación parcial a partir de los 62 años, algo imposible hoy y que sí
pueden hacer las empresas privadas. Hay que fomentar la entrada de jóvenes en la Administración, para dinamizarla y modernizarla. Los funcionarios son los trabajadores más envejecidos (57,16% tienen más de 50 años)
España es un país envejecido, tanto en su población (el 43% tienen más de 50 años) como en su mano de obra (el 33,5% de los trabajadores asalariados tienen más de 50 años). Pero el envejecimiento es mayor entre los empleados públicos (44,96%) que entre los que trabajan en empresas privadas (sólo el 30,82% tienen más de 50 años). Y dentro de los trabajadores de la función pública, los más envejecidos son los funcionarios y personal estatutario (personal sanitario), donde más de la mitad de los empleados (el 57,16%) tienen más de 50 años, según el último informe del Ministerio de la Función Pública.
Así que los que trabajan para la Administración
pública (3.521.900 empleados en junio, según la EPA) tienen más edad media que el resto de
trabajadores, lo que va a provocar que en los próximos 10 años se jubilen casi
la mitad, algo que hay que preveer desde ya porque si no se deteriorarán más
los servicios públicos, en general faltos de personal y con plantillas muy
precarias: 908.800 trabajadores públicos, el 27,8% del total tienen
contrato temporal, un dato por el que nos ha llamado la atención
Bruselas y los Tribunales europeos. Mientras el Gobierno se compromete a bajar
esta tasa al 8% a medio plazo, con oposiciones y regularizaciones.
El reciente estudio
del Ministerio de la Función Pública se centra sólo en el envejecimiento de
una parte de los empleados públicos, los funcionarios de carrera y el personal
estatutario (de la sanidad) de la Administración General del Estado, en total
539.257 personas (de los 3,5 millones que trabajan para el sector público), sin
informar de los funcionarios y empleados que trabajan en autonomías,
Diputaciones y Ayuntamientos. De ellos, 282,003 son personal de las Fuerzas
Armadas, Policía, Guardia Civil y Administración de Justicia, por lo que el
estudio se centra en los 242.409 empleados públicos restantes que
trabajan en Ministerios, empresas públicas , Agencias estatales y Universidades
no transferidas.
Pues bien, de estos 242.409 empleados públicos en la
Administración Central, el estudio se fija en el envejecimiento de los
funcionarios de carrera (141.426 personas, el 57,58% con más de 50 años) y
del personal laboral fijo (39.504 personas, el 66,29% con más de 50 años),
el “cogollo” del personal de la Administración central del Estado, con una tasa
de envejecimiento (57,16% tienen más de 50 años) muy superior a la del conjunto
de los trabajadores españoles (el 33,4% tienen más de 50 años).
Este alto envejecimiento del núcleo de nuestra
Administración pública se traduce en que la
mitad se van a jubilar en los próximos 10 años, según el estudio
del Ministerio: para 2035 se habrán jubilado el 49,53% de la plantilla actual: serán
89.690 empleados públicos jubilados en los próximos 10 años, 67.448
funcionarios de carrera y 22.242 del personal laboral, concentrados más en
algunas categorías y Departamentos. Una pérdida de personal (repito, el 49,53%
de los empleados actuales) que será muy importante en sus trabajos y cuya
sustitución hay que preparar desde ya para mantener y no deteriorar los
servicios públicos.
El estudio
del Ministerio prevé convocar nuevas plazas y oposiciones en la próxima
década, para incorporar a 104.789 nuevos empleados públicos (82.665
funcionarios de carrera y 22.124 personal laboral fijo), con lo que se
cubrirían con creces las 89.690
jubilaciones previstas (con un saldo neto de 15.099
empleados, todos funcionarios de carrera). El problema es que el estudio no
informa de las jubilaciones previstas en el conjunto de la Administración
pública, es decir, cuántos de los 3,5 millones que hoy trabajan para la
Administración central, empresas públicas, autonomías, Diputaciones y
Ayuntamientos se van a jubilar de aquí a 2035. Si la tasa de envejecimiento es
similar, habría que sustituir a 1,7 millones de trabajadores públicos en
la próxima década, una tarea muy compleja, que exige convocar múltiples
oposiciones y preparar numerosas contrataciones de personal público, si no
queremos que se deterioren aún más los servicios públicos y la atención al
ciudadano.
Una medida que podría ayudar a rejuvenecer las plantillas
públicas es la jubilación anticipada o parcial de funcionarios
y empleados públicos, para dar entrada a jóvenes en la Administración. En
los últimos años, algunos empleados públicos han optado por la jubilación parcial:
trabajar menos horas y cobrar una parte de jubilación anticipada y otra de
sueldo, acogiéndose al Real Decreto1991
de 1984, modificado en
2011. Pero a finales de 2024, los sindicatos, la patronal y el Gobierno
pactaron una nueva reforma de la jubilación parcial, que entró
en vigor el 1 de abril de 2025. Y esta reforma ha frenado todas las
peticiones de jubilación parcial que habían pedido muchos trabajadores públicos
en Ayuntamientos, autonomías y Administración central. En paralelo, los
funcionarios de carrera y el personal estatutario (sanidad) siguen sin
poder pedir la jubilación parcial desde 2012, cuando lo prohibió Rajoy para
colaborar así en la reducción del gasto público (los famosos “recortes”).
La reforma
de la jubilación parcial que entró en vigor el 1 de abril permite a
todos los trabajadores solicitar trabajar menos horas (un mínimo de 25% de la
jornada y un máximo del 75%), sustituyendo ese menor sueldo con una parte de la
pensión, siempre que tengan cotizados 33 años y 6 meses. Y la edad a la que se
puede solicitar la jubilación parcial es de 62 años (si ha cotizado más de
38 años y 3 meses) y 63 años y 8 meses (si ha cotizado menos de 38 años
y 3 meses pero más de 33 años y 6 meses). Pero además, la
nueva norma plantea una exigencia nueva: el trabajador que se
jubila parcialmente ha de ser sustituido por un joven relevista (que
esté en el desempleo) al que la empresa debe hacer un contrato indefinidos a
tiempo completo ( o un contrato fijo discontinuo), que debe mantenerse 2
años después de la jubilación parcial del trabajador relevado.
Este cambio, el que obliga a sustituir al jubilado
parcial por un joven con contrato indefinido a tiempo completo es el que imposibilita
que los trabajadores públicos consigan ahora una jubilación parcial:
exigiría que su Administración (Ayuntamiento, autonomía, Administración central
o empresa pública) contratara fijo a un joven, algo que no
pueden hacer porque el proceso de contratación en la Administración
exige convocar pruebas y oposiciones, limitadas por sus maltrechas economías y
las normativas vigentes. Y por eso, un Juzgado de lo
social de Gijón ha rechazado en julio la petición de una enfermera de la Consejería
de Derechos Sociales de Asturias para acogerse a una jubilación parcial, como informa
el sindicato CSIF, que denuncia la
situación de muchos empleados públicos que ahora no pueden conseguir la
jubilación parcial, al menos hasta que sus Administraciones convoquen nuevas
plazas.
El problema se ha ido agravando y los
sindicatos presionan a la Seguridad Social para que busque una solución
que permita la jubilación parcial de los empleados públicos, como sí pueden
hacer el resto de los trabajadores. Todo indica que la
solución pactada será
volver a la situación anterior al 1 de abril y permitir por un tiempo que los
empleados públicos se puedan jubilar parcialmente siendo sustituidos por
interinos “temporalmente”, como sucedía antes, a la vez que se
aceleran las convocatorias de nuevas plazas de empleo público para que los
sustitutos sean personal fijo (como en el resto de empresas).
El problema es que este “parche” puede resolver el problema
del personal laboral que quiere optar a la jubilación parcial, pero no
resuelve el problema de los funcionarios de carrera y personal estatutario
(sanidad), que no pueden solicitar la jubilación parcial desde 2012. Se les
buscó una solución, introduciendo una enmienda en la Ley de
la Función Pública, para que ellos también se puedan jubilar parcialmente. Pero
la Ley sigue paralizada
en el Congreso desde julio de 2024, junto a otras tantas Leyes que sufren
el actual bloqueo político.
A la vista del tremendo envejecimiento de las plantillas
públicas, urge acelerar estos cambios, tanto para facilitar la
jubilación parcial de los empleados públicos y de los funcionarios como para
retrasar la jubilación de los funcionarios (hasta los 72 años), para impedir
que desaparezcan la mitad de los empleados públicos en la próxima década. Se
trata de redimensionar
las plantillas públicas (escasas en muchos Departamentos tras los
recortes de 2012 y la no reposición de los jubilados), reducir
su precariedad (elevadísima en la sanidad y en parte de la educación) y
planificar con tiempo el futuro, para afrontar las jubilaciones previstas y
las necesidades crecientes de muchos servicios públicos.
Y no solo se trata de planificar el futuro de las Administraciones
públicas y sus empleados. Otro reto es incorporar
a la juventud a la función pública, porque en una gran mayoría de
casos optan por las empresas privadas, generalmente porque pagan mejor. Y
cuando hacen una oposición, es muchas veces por asegurarse un empleo más
que por apostar por el servicio público, que lleva décadas
denigrado y poco valorado en España. Pero es importante que la Administración
pública del futuro cuente
con los jóvenes, que pueden aportarla innovación, digitalización y
modernización. Para eso, el camino del contrato de relevo, que un joven
sustituya a un empleado público o a un funcionario con experiencia es la mejor
escuela y una garantía de eficacia y calidad en los servicios públicos. Por eso, urge arreglar los problemas actuales y facilitar el
relevo laboral en la Administración pública.
España es un país envejecido, tanto en su población (el 43% tienen más de 50 años) como en su mano de obra (el 33,5% de los trabajadores asalariados tienen más de 50 años). Pero el envejecimiento es mayor entre los empleados públicos (44,96%) que entre los que trabajan en empresas privadas (sólo el 30,82% tienen más de 50 años). Y dentro de los trabajadores de la función pública, los más envejecidos son los funcionarios y personal estatutario (personal sanitario), donde más de la mitad de los empleados (el 57,16%) tienen más de 50 años, según el último informe del Ministerio de la Función Pública.
Etiquetas:
Administración del Estado,
Administraciones públicas,
autonomías,
Ayuntamientos,
envejecimiento,
funcionarios,
jubilación parcial,
jubilaciones,
relevo jóvenes,
trabajadores públicos
lunes, 13 de octubre de 2025
Alimentos: un tercio más caros que en 2019
La inflación repunta algo, aunque ronda el 3%. Pero aunque los precios parecen más controlados, siguen
subiendo los alimentos, sobre todo los frescos. Y las subidas
se acumulan: los alimentos han subido un 35,3% desde la pandemia,
no sólo en España sino en la mayoría de Europa. Una subida que ha
afectado más a las familias con menos ingresos, que consumen ahora
menos carnes, pescado, frutas y verduras. Y quien se benefician son los
súper con marcas blancas (sobre todo Mercadona, que controla el 27,3%
de todas las ventas), que siguen ganando la partida a los híper y a las
tiendas tradicionales (han desaparecido 50.000 tras la pandemia). En
estos años, los consumidores hemos cambiado los hábitos de hacer la
compra: ahora compramos más veces y menos cantidad, mirando
varias cadenas para buscar ofertas y promociones. Lo más
preocupante es que la crisis climática (sequías, inundaciones, fenómenos
extremos…) está ya subiendo el precio de los alimentos, subida que irá a más. Los alimentos, lo que más ha subido tras la pandemia
Los españoles gastamos cada semana más en el carro de la compra, aunque la inflación parezca controlada (+3% anual en septiembre, muy lejos del 6% que subía en febrero de 2023 o del 10,8% de subida en julio de 2022). Pero los alimentos, aunque suben menos que la luz o los carburantes, siguen aumentando de precio cada mes y esas subidas se acumulan en los últimos 5 años, tras la pandemia, lo que explica que los veamos mucho más caros. De hecho, los alimentos son la partida de gasto que más ha crecido en el IPC desde enero de 2020 hasta agosto de 2025: +35,3% de subida acumulada, según el INE, por encima de la subida media de todos los precios (+22,3%) y también más de lo que han subido estos años hoteles, bares y restaurantes (+28,3%), los gastos de la vivienda (+22,4%), bebidas (+21,9%), ocio (+16,6%) y transporte (+16,4%) .Y por supuesto, los alimentos han subido casi el triple que los sueldos: +16,64% han subido los convenios desde 2020.
Y esto no ha pasado sólo en España: en toda Europa,
los alimentos han subido un tercio desde 2019 (+33%), según
un estudio del BCE, que destaca las mayores subidas acumuladas en el café,
cacao y chocolate (han subido más del 50%), la mantequilla (+50%), la leche
(+40%) y las distintas carnes (+30%). Por paises, las mayores subidas
acumuladas de los alimentos se han dado en los paises bálticos
(+52-57%), seguidos de Paises Bajos (+39%), Bélgica (+38%) y Alemania,
ocupando España un lugar intermedio (+34% subida de los alimentos entre
2019 y 2024), con Portugal (+32%) y Grecia (+30%), subiendo menos en Irlanda
(+26%), Francia (`+27%), Italia (+28%), Finlandia (+25%) y Chipre
(+20%).
Tras estas fuertes subidas desde 2019, los alimentos se
llevan ahora una mayor parte de los gastos totales de las familias, en
Europa y en España. Así, en 2024, el gasto medio de las familias españolas en
alimentación fue de 5.391 euros, el 15,8% del gasto total
(34.944 euros), frente a los 4.286 euros que nos gastábamos en comida en 2019,
que representaban el 14,17% del gasto total, según la Encuesta de Presupuestos
Familiares del INE. Eso consolida a los alimentos como la 2ª mayor
partida de gasto de los hogares, sólo por detrás de los gastos de la vivienda
(11.029 euros anuales, el 32,4% del Presupuesto familiar).
La inflación acumulada en los alimentos no sólo
provoca que se lleven más parte del gasto familiar, sino que además, se llevan más en los hogares con ingresos medios y bajos, donde “pesa
más” el gasto de la comida tras la pandemia. Así, en las
familias con ingresos bajos y medios ha subido más el porcentaje del gasto que
se llevan los alimentos (del 18,1%/15,8% y 13,8% al 19,4%/17,9% y 15,8%),
aunque también ha subido en los hogares con más renta. Y curiosamente, en el
20% de hogares con menos recursos, el peso del gasto en alimentación ha bajado
(del 20,3 al 19,9%), porque se han visto forzados a gastar menos.
Los alimentos que más han subido estos años
(agosto 2019-agosto 2025) han sido, según el IPC del INE,
el café (sube +20,2% anual ahora), el chocolate (+18,8%), los huevos (+17,8%),
la carne de vacuno (+15,5%), las patatas (+9,5%) y las legumbres (+10,1%),
destacando sólo la fuerte bajada actual del aceite (baja un 43,7% anual). Si
analizamos sólo la subida de los alimentos en el último año, en
septiembre subían un +3% anual, la menos subida de la comida en los últimos 4
años, según
el estudio de precios de la OCU (analiza
106.320 precios en 786 establecimientos de 183 ciudades). Pero hay una gran
diferencia en la subida según que los alimentos sean envasados (suben
+0,8% en el último año) o frescos: suben un +6,7% anual, sobre
todo las frutas y verduras (+8,2%) y las carnes (+7%), aumentando el precio del
pescado un 3,4% anual. Esto lleva a que muchas familias estén reduciendo
su compra de carnes, frutas, verduras y pescados, deteriorando su dieta
y su salud.
El gasto medio anual en alimentación es de
6.259 euros por familia, según
la OCU, aunque varía mucho según el tamaño de la ciudad donde se viva (las
grandes ciudades son más caras). Y también varía mucho según dónde se
compre: la diferencia puede llegar a ser de 1.132 euros de media entre
los establecimientos más caros (Sánchez Romero, Supercor y Sorli Discau) y los
más baratos (Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash), siendo esta diferencia mucho
mayor en Madrid y otras grandes capitales.
La subida de los alimentos y la mayor competencia en precios
y promociones han cambiado los hábitos de los consumidores a la hora de
hacer la compra, según
un reciente estudio de Worldpanel: los consumidores hacemos ahora más
visitas a los establecimientos y compramos
menos cada vez, las cestas son más pequeñas (no cargamos el
carro ni el coche como antes, también por el aumento de mayores y jóvenes consumidores).
Y si antes de la pandemia íbamos casi siempre a comprar al mismo sitio, ahora
visitamos más de una tienda, incluso el mismo día, para comprar precios y
promociones. Otro cambio que se asienta es que compramos más “marcas
blancas” cada vez: la
marca del distribuidor ha pasado de representar el 43% de las ventas en
2023 al 45,9% en 2025, un máximo histórico. Y además, cada vez compramos en las
tiendas más comida preparada, que compensa el que estamos
saliendo menos a comer fuera (¡ por los precios de bares y restaurantes !
).
Otro hábito de compra que gana terreno es ir a los
supermercados de proximidad, que siguen ganando cuota (39,2%
del total) gracias sobre todo a sus “marcas
blancas”. Y llama la atención que el líder de los súper, Mercadona, gana
cuota de mercado mes a mes: en agosto, acaparaba el 27,3% de todas las ventas (de
alimentación y limpieza) y, lo más llamativo, había sido visitado por el
91,3% de todos los compradores ese mes… Le sigue Carrefour, con
un tercio de cuota (9%), la alemana Lidl (6,9% cuota), el grupo Eroski
(4,3%), Dia (3,7%), Alcampo (2,8%) y la otra alemana, Aldi (1,9%),
aunque todo el grupo IFA capta el 10% de las ventas totales, según
los últimos datos de Worldpanel.
Todas estas cadenas ganan cuota, salvo Carrefour y
Alcampo, que sufren el reflujo de los
hiper, que es el establecimiento que ha perdido más clientes y ventas
en las dos últimas décadas, suponiendo ahora sólo
un 10% de la cuota total. Alcampo (80 híper) ha recortado tiendas (-25) y
plantilla (-710 empleados), mientras en Francia se habla de su posible fusión
con Carrefour (204 establecimientos en España). Y el tercer híper francés, eLeclerc
(12 híper en España) también se propone reducir plantilla. También pierden peso
en España las tiendas tradicionales de barrio (15,4%
de la cuota) : ya son menos de 500.000 locales y se han perdido 50.000 comercios minoristas desde 2019, por los súper de proximidad y el
comercio electrónico, según
este estudio de la Fundación BBVA e Ivie.
En definitiva, que los españoles miramos cada vez más
los precios de la cesta de la compra y comparamos ofertas y promociones,
yendo más veces a comprar y cargando con menos productos aunque haya que ir más
veces al súper. Y tratamos de adaptar la compra a los precios, comiendo
menos de lo que es más caro y buscando ofertas y marcas blancas. Y además,
crecen los consumidores mayores, muchos de ellos solos, que están
modificando lo que se compra y la oferta de la industria alimentaria, mientras
no acaba de avanzar la cesta de la compra electrónica, aunque sí
las compras que se entregan en casa.
Cara al futuro, el precio de los alimentos va
a seguir oscilando con la demanda y las épocas del año (en verano y Navidad
siempre serán más caros). Y seguirá a fondo la guerra de precios,
en muchos casos a costa de un deterioro de la calidad de los productos y de “trampas”
(como vender productos al mismo precio pero con menos peso o volumen). Pero lo
más preocupante es que la crisis climática afecta muy negativamente a la
cesta de la compra, porque las olas de calor, la sequía, las heladas o
el granizo y las inundaciones deterioran las cosechas y fuerzan a subir los
precios de los alimentos, sobre todo los productos frescos. Una crisis
climática que ya está elevando los precios de muchos alimentos en el mundo
(café, cacao, cereales o arroz) y que sufriremos más cada año en nuestros
bolsillos.
Los españoles gastamos cada semana más en el carro de la compra, aunque la inflación parezca controlada (+3% anual en septiembre, muy lejos del 6% que subía en febrero de 2023 o del 10,8% de subida en julio de 2022). Pero los alimentos, aunque suben menos que la luz o los carburantes, siguen aumentando de precio cada mes y esas subidas se acumulan en los últimos 5 años, tras la pandemia, lo que explica que los veamos mucho más caros. De hecho, los alimentos son la partida de gasto que más ha crecido en el IPC desde enero de 2020 hasta agosto de 2025: +35,3% de subida acumulada, según el INE, por encima de la subida media de todos los precios (+22,3%) y también más de lo que han subido estos años hoteles, bares y restaurantes (+28,3%), los gastos de la vivienda (+22,4%), bebidas (+21,9%), ocio (+16,6%) y transporte (+16,4%) .Y por supuesto, los alimentos han subido casi el triple que los sueldos: +16,64% han subido los convenios desde 2020.
Así que ya lo saben: comer
y beber será cada vez más caro y de peor calidad, mucho
importado. Y dado que la alimentación es nuestro 2º mayor gasto, este
encarecimiento de la comida afectará cada vez más a nuestros bolsillos y
será clave en los vaivenes mensuales de la inflación. Es lo que viene.
Etiquetas:
alimentación,
alimentos,
cesta de la compra,
comida,
Crisis Climática,
híper,
inflación,
Mercadona,
supermercados,
tiendas
jueves, 9 de octubre de 2025
El sobrecoste político de la luz
El precio de la luz en el mercado
mayorista bajó en septiembre (-10,8%), por tercer mes
consecutivo, recuperándose del apagón. Pero el recibo de la luz que
pagamos apenas ha bajado (13 céntimos), porque aunque la luz sea más
barata en origen (por las renovables), hay que pagar las centrales de gas
disponibles para evitar otro corte. El Gobierno aprobó en junio
un “Decreto antiapagones”, para reforzar la red eléctrica, pero no
consiguió aprobarlo en el Congreso: en julio, lo tumbaron PP, Vox, UPN, Junts, BNG y Podemos.
A falta de estas medidas, los consumidores pagamos en el recibo un
sobrecoste, 2.300 millones anuales. Ahora, el Gobierno busca aprobar
algunas medidas por Decreto-Ley, para no pasar por el Parlamento, como
el apoyo al autoconsumo (560.000 hogares y empresas tienen placas
solares). Y propone invertir 13.590 millones en la red eléctrica,
para multiplicar por 14 su capacidad. Objetivo: electrificar la economía
y que las renovables aporten el 81% de la luz en 2030, abaratando
más nuestro recibo. Enrique Ortega
La luz se ha comportado bien este verano, costando menos en origen (mercado mayorista) que en junio y con un recibo estabilizado para los consumidores, aunque sea mayor que el del verano de 2024 porque este año ha subido el IVA que pagamos (del 10 al 21%) y los peajes (costes fijos del sistema). Concretando, en septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido de 61,04 euros/MWh, según OMIE, una bajada del -10,8% sobre el precio medio de agosto y la tercera bajada mensual consecutiva desde el máximo de junio (72,60 euros/MWh). La rebaja del precio mayorista de la luz en septiembre se debe a que no tuvimos olas de calor (como en agosto), a una menor demanda (menos turistas) y a una fuerte generación eólica y solar (un 53,7% de la luz fue renovable).
Sin embargo, esta rebaja de la luz en septiembre en
origen (-10,8%) no se ha trasladado a los consumidores que
tiene tarifa regulada (PVPC), 8,4 millones (otros 20 millones tienen tarifa
“libre”, que renegocian cada año). Y eso porque el precio mayorista supone sólo
un tercio del recibo final: los otros dos tercios son impuestos, costes fijos
regulados (para pagar la deuda eléctrica, el parón nuclear, la ayuda a las
islas o a las renovables), el transporte y la distribución y los “ajustes del
sistema”. Y aquí está pesando ahora el coste específico que tiene Red Eléctrica
(REE) por mantener disponibles 30 centrales de gas para evitar otro apagón como el
del 28 de abril. Este coste, llamado “operación
reforzada”, pasó de 8,19 euros/MWh en julio a 16,15 euros en agosto y 17,5
euros en septiembre… Un extracoste que pagamos en el recibo (hace un
año eran 10,24 euros) para “evitar apagones”.
Al final, la factura media de la luz que ha pagado un
hogar (con 4,6 KW de potencia y un consumo mensual de 292 kwh) ha sido de 67,61
euros en septiembre, sólo 13 céntimos menos que en agosto
(67,74 euros), menos que en julio (68,12 euros) y casi como en junio (67,43
euros), según
la OCU. Y es una factura algo más cara que hace un año (62,08 en
septiembre 2024) y que hace dos (65,19 en septiembre de 2023) , por la
subida del IVA y los mayores peajes obligatorios este año.
El Gobierno aprobó el 24 de junio un “Decreto
antiapagones” para reforzar la seguridad de la red eléctrica y
evitar a medio plazo este “extracoste” en el recibo por pagar las centrales de
gas. Por un lado, reforzaba la vigilancia y la supervisión del sistema
eléctrico, con
más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de
funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación.
Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables
(baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de
combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Además,
este “Decreto antiapagones” tenía otro objetivo: dar
un empujón a las energías renovables, flexibilizando
y agilizando los plazos para instalar nuevos
proyectos renovables, incentivando el almacenamiento (ayudas a las
baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión
del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos
renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones.
Este “Decreto antiapagones” contaba con el
apoyo de las eléctricas, de los ecologistas y consumidores y de Bruselas, pero chocó
con un Parlamento donde prima la derrota política del Gobierno sobre el
contenido de lo que se vota. Y así, el 23 de julio, el
Congreso rechazó convalidar el “Decreto antiapagones”, que fue tumbado
por 183 votos en contra (al PP, Vox y UPN se sumaron Junts,
BNG y Podemos). Este rechazo ha provocado que REE siga con su
política de mantener las centrales de gas (su producción ha aumentado
un 33% este año) para asegurar mejor el suministro, dominado por las energías
renovables (con menos mecanismos para afrontar las tensiones del sistema). Y
todo apunta a que este extracoste lo seguiremos pagando en el recibo este año y en 2026, al menos el primer trimestre. Un extracoste que nos supone a los consumidores un
pago extra en el recibo de 2.300 millones anuales…De momento, Red Eléctrica acaba de pedir a la CNMC que apruebe cambios urgentes en las operaciones de la red para evitar nuevos apagones (alerta de que "hay riesgos"), cambios que reconoce subirán temporalmente el recibo de la luz a los consumidores. .
El Gobierno no se resigna a reforzar la seguridad del
sistema eléctrico, aunque la pelea política haya frustrado el Decreto
antiapagones que apoyaba el sector. Y así, va a aprobar algunas de sus medidas por vía Decreto-ley, para
no tener que pasar por el Parlamento, aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) las considera "innecesarias". De momento, el Gobierno ultima
un Decreto para fomentar el autoconsumo eléctrico, para facilitar
que particulares y empresas instalen paneles solares y molinos para producir
su propia electricidad, una
vía cada vez más utilizada: son ya 484.000 hogares y 76.000 empresas
las que utilizan este autoconsumo, a un coste cero en su factura (el coste es
la instalación y mantenimiento). Y ahora, el objetivo del Decreto es
facilitarlo más, permitiendo que haya hasta 5 kilómetros desde la instalación
al punto de consumo y facilitando vender los excedentes (un colegio o una
empresa podrá vender un domingo la luz solar que no usa).
En paralelo, el Gobierno, la Comisión de la Competencia
(CNMC) y Red Eléctrica estudian
otras medidas para reforzar la seguridad de la red sin pasar por el
Parlamento. Y en paralelo, está en fase de consulta pública el
Plan de inversiones para la red eléctrica entre 2026 y 2030, que
pretende invertir 13.590 millones en los próximos 5 años, un 65% más que
en 2021-2026. Y con ello, se pretende multiplicar por 14 la capacidad de
la red eléctrica española, para evitar los “cuellos de botella”
actuales y permitir que se “enchufen” a la red más polígonos industriales,
nuevas viviendas, líneas de ferrocarril y puertos, además de nuevos proyectos
tecnológicos (hidrógeno verde, centros de datos). Se trata de evitar la actual
saturación de algunos puntos de la red eléctrica y conseguir una red más
extensa y segura.
Estas importantísimas inversiones en la red eléctrica
han
de ser negociadas ahora con las eléctricas y los futuros usuarios,
además de con las autonomías, en un reparto del pastel que traerá
enfrentamientos. El objetivo de este ambicioso Plan de inversiones es aumentar
la capacidad de la red para hacer frente a la “electrificación
de la economía” (cambiar el petróleo, el carbón y el gas por luz de
origen renovable), pero sin pasarse, sin crear una “burbuja eléctrica” (como
sería aceptar los aumentos de capacidad que piden algunas industrias y muchas
eléctricas), porque estas inversiones en la red se acaban pagando con
nuestro recibo, las financiaremos los consumidores…
Cara al futuro, contar con una red eléctrica más potente y
segura llevará a un aumento de la tarifa eléctrica, que debería ser
compensado por la rebaja que supone producir más de la mitad de la
electricidad con energías renovables, mucho más baratas. De hecho, el
auge de las renovables en España ya han provocado un gran ahorro en la factura:
el precio de la electricidad en España era en 2025 un 32% más barato
que en Europa (cuando en 2019 era más cara), gracias al mayor peso de las
renovables, según
un reciente estudio de Ember, que refleja como en 2019, los combustibles
fósiles (fuel, carbón y gas) determinaban el 75% del precio mayorista de la
electricidad y en 2025 sólo influyen en el 19%.
Ahora, el gran reto es seguir promoviendo las energías
renovables (entre diciembre de 2019 y junio de 2025, España ha
duplicado su capacidad eólica y solar, consiguiendo un liderazgo en Europa). Entre
enero y septiembre de 2025, el 56,8% de la electricidad generada ha
sido renovable, superando la eólica (20,4%) y la fotovoltaica (20%) a la
energía nuclear (19,5%) y al gas (15,5%), con un 13,1% de energía hidráulica. Y tanto en
agosto como en septiembre, el carbón no ha generado ni un
kilovatio de electricidad en España… Ahora, se trata de seguir
avanzando, con más inversiones en las
nuevas instalaciones renovables , sobre todo en seguridad ( instalando inversores,
que convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su
vertido a la red) y en la instalación de baterías,
que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.
Todas estas inversiones persiguen conseguir el gran objetivo
del Plan
de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) : que el 81% de la electricidad
generada en 2030 sea renovable. Y por supuesto, conseguir una luz mucho más
barata, además de más limpia (con menos emisiones). Son objetivos que deberían
unir a todos los partidos, al Gobierno central y a las autonomías, a los
consumidores. Pero resulta imposible y la energía se ha convertido en otra
bandera política, en medio de un preocupante auge
de las posiciones negacionistas sobre el Cambio Climático. En definitiva,
que la tarifa de la luz debería seguir a la baja (salvo subidas puntuales), por
el peso creciente de las renovables y la baja demanda: de hecho, los precios mayoristas están bajando en octubre. Y los futuros de la electricidad
apuestan por un precio mayorista de la luz de 60 euros/MWh en 2026 (en
septiembre fue de 61 euros) y en torno a 58 euros/MWh entre 2027 y 2030.
Pero todo va a depender de la política, de que
los enfrentamientos partidistas bloqueen o no los cambios y nos hagan pagar más
cara la luz. Y provoquen ir más despacio para conseguir una luz
mayoritariamente renovable. El riesgo es político, no tecnológico:
podemos tener una luz más limpia y barata. No lo impidan políticamente a costa
de nuestro bolsillo.
La luz se ha comportado bien este verano, costando menos en origen (mercado mayorista) que en junio y con un recibo estabilizado para los consumidores, aunque sea mayor que el del verano de 2024 porque este año ha subido el IVA que pagamos (del 10 al 21%) y los peajes (costes fijos del sistema). Concretando, en septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido de 61,04 euros/MWh, según OMIE, una bajada del -10,8% sobre el precio medio de agosto y la tercera bajada mensual consecutiva desde el máximo de junio (72,60 euros/MWh). La rebaja del precio mayorista de la luz en septiembre se debe a que no tuvimos olas de calor (como en agosto), a una menor demanda (menos turistas) y a una fuerte generación eólica y solar (un 53,7% de la luz fue renovable).
Etiquetas:
apagón eléctrico,
consumidores,
Decreto antiapagones,
eléctricas,
electricidad,
energías renovables,
luz,
mercado mayorista,
recibo de la luz,
Red Eléctrica
lunes, 6 de octubre de 2025
Los salarios crecen, pero menos
Los sueldos subieron un +2,7% anual en el 2º
trimestre, la menor subida en los últimos años y menos de lo que
suben los precios (+2,9%). Lo peor es que los salarios llevan varios años creciendo
poco y los trabajadores han perdido poder adquisitivo desde 2019. Y aumenta
la brecha con los sueldos europeos, un 25% más altos. Por ello, casi la
mitad de hogares tienen problemas para llegar a fin de mes, según
el INE. Sobre todo jóvenes, mujeres y los que trabajan en los sectores y
regiones peor pagados, porque en España hay enormes diferencias de
sueldos, mientras el 70% de asalariados ganan menos
de 2.500 euros brutos mensuales. Estos bajos sueldos explican que mucha
gente no sienta en sus bolsillos la buena situación de la economía
española, que crece más que el resto. Ahora que toca a sindicatos y
patronal negociar las subidas salariales para 2026-28, urge mejorar los
sueldos más bajos, no sólo el salario mínimo. Para repartir mejor el
crecimiento y que lo note más gente. Enrique Ortega
Por 5º año consecutivo, España será otra vez el país occidental que más crecerá en 2025 (+2,6%), según acaba de vaticinar la OCDE, tras haber crecido por encima de la media europea en 2021 (+6,7%), 2022 (+6,4%), 2023 (+2,5%) y 2024 (+3,5%), según el INE. Pero la realidad es que muchos españoles no notan en sus hogares esta “bonanza económica”, la mayoría porque la inflación de estos años “se ha comido” la subida de sueldos y además ven que han de gastar mucho más para alquilar una vivienda (comprarla es imposible para muchos) y han de dedicar más dinero para la sanidad, la educación o el cuidado de los mayores, por el peor funcionamiento del “Estado del Bienestar”, porque las autonomías han reducido el peso de los gastos sociales en sus Presupuestos.
La consecuencia es, que aunque crecemos más que
Europa y creamos más empleo que nunca (hay 22 millones de personas trabajando) hay
muchas personas que no llegan a fin de mes, según la Encuesta
de Condiciones de Vida del INE : el 9,1% de los españoles llega “con
mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), el 12,7% llegan “con dificultad”
(14,2% en 2019) y el 25,6% llegan “con cierta dificultad” (27,3% en 2019). O
sea, que el 47,4% de los españoles tienen algún problema para llegar a
fin de mes (49,3% en 2019), a pesar de los buenos datos económicos. Y
eso, sin olvidar que España es el 5º
país con más pobreza de Europa (19,7% de la población, 9,6 millones de
españoles ingresan menos del 60% de la media del país). Y el 2º país europeo,
tras Rumanía, con más pobreza
infantil: 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres,
casi 1 millón de ellos con pobreza “severa”.
Así que “la economía va bien”, pero mucha
gente no lo nota y tiene dificultades económicas, como reconocen
los Barómetros del CIS. ¿Qué está pasando? Básicamente, que muchos
españoles tienen sueldos bajos y la inflación acumulada desde la
pandemia se ha comido su poder adquisitivo, junto al mayor gasto
en vivienda y servicios sociales. Y encima, los salarios están creciendo
menos que antes: el coste salarial total en el 2º trimestre fue de
2.416,50 euros brutos por trabajador, un aumento del 2,7% anual, menor al del
trimestre anterior (+3,8%) y al de un año antes (+4,1% en el 2º trimestre 2024)
y el menor aumento salarial de los últimos años, según la Encuesta trimestral de
Coste Laboral del INE.
Eso significa que los salarios están subiendo este año menos que la inflación (+2,9% hasta septiembre). Y si tomamos los años anteriores, vemos
que los
trabajadores han perdido poder adquisitivo: el coste salarial ha
subido de 2.075,43 euros a finales de 2019 a 2.416,50 euros (brutos) ahora, un
aumento salarial del +16,4%. Pero en ese mismo periodo, los precios (el IPC)
han subido un +22,4%, así que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores
ha sido del -6% en estos 5 años y medio. Y si tomamos sólo los
trabajadores con convenio (menos que los incluidos la Encuesta del INE), la
subida salarial pactada entre 2020 y 2025 ha sido de +16,64%, lo que revela una
pérdida de poder adquisitivo similar (-5,76%).
Esto explica porque los trabajadores y sus familias tienen problemas
para llegar a fin de mes, sobre todo los jóvenes, las mujeres y las
familias con hijos o dependientes y que pagan un alquiler o una hipoteca.
Además, tras la pandemia, la brecha salarial que hemos tenido siempre con
Europa se ha agravado, porque los salarios españoles han crecido menos. Los
datos de Eurostat son claros: el salario por hora en España
era en 2024 de 18,9 euros, un 25% menos que el salario medio por hora de
la UE-27 (25,2 euros) y aún más alejado de los 27,8 euros por
hora que se pagan en la zona euro, los 22,3 euros en Italia, los 29,7 euros en
Francia, los 33,3 euros/hora en Alemania o los 43,6 euros que se pagan
en Dinamarca. Y además, entre 2020 y 2024, el salario por hora ha
subido un +11,17% en España, menos que el +17,2% que han
subido en la UE-27, el +12,92% en Francia o el +16,4% que han subido en
Alemania (en Italia han subido un +6,19%, pero en Portugal un +19,5% y en
Grecia un +20,9%).
Así que los salarios en España siguen siendo de los más
bajos de Europa y crecen poco, menos
que en la mayoría del continente. Y así viene pasando desde principios de
siglo: los salarios reales en España (descontando la inflación) han
subido sólo un +5,1% entre los años 2000 y 2024, mientras han crecido
mucho más en la mayoría de Europa, según
los datos del profesor Manuel Alejandro Hidalgo, que trata de explicar por
qué los salarios medios en España son entre un 35 y un 40% inferiores a los de
Alemania, Francia y los paises nórdicos.
La razón principal es que somos un país menos
productivo que ellos: producimos menos por trabajador y por eso los
sueldos son más bajos. De hecho, España es la 4ª mayor economía europea, porque
el valor de lo producido (PIB:
1.594.330 millones de euros en 2024) sólo lo superan Alemania (4.328.970
millones euros), Francia ( 2.921.412 millones) e Italia ( 2.199.619 millones euros). Pero
este es
un dato engañoso, porque hay que tener en cuenta la población, lo que
produce cada país por habitante. Y lo que ha pasado en España tras la pandemia
es que el PIB ha crecido mucho (+27% entre 2019 y 2024) pero también ha
crecido mucho la población residente, por los inmigrantes (de 47
a 49 millones). Así que el PIB por
habitante ha crecido menos (de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024,
+21,7%).
Y al tener en cuenta lo que producimos por habitante, España
ya no es la 4ª principal economía de Europa, sino que somos
el país europeo nº 14 por productividad
(PIB por habitante), por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos,
Dinamarca, Bélgica, Austria, Alemania, Suecia y Malta (los 9 paises más
productivos que la media de la UE-27), Finlandia, Francia, Italia y Chipre.
Concretamente, producimos por habitante el
92% de la media europea, mientras Francia produce el 99%, Alemania el
115% y Paises Bajos el 136%. Por eso, los salarios españoles son más bajos que
los de otros paises.
Pero hay otras razones que explican esta menor
productividad y están detrás de que España tenga los sueldos entre un
35 y un 40% más bajos que los paises más productivos de Europa. Una, que
estamos comparando el total de los trabajadores de cada país: si comparásemos
trabajadores similares de España y Alemania (con similar edad, formación,
ocupación y tipo de contrato), la “brecha salarial” se reduciría a la mitad (al
17%), según
el profesor Hidalgo, quien hace hincapié en dos factores que explican la
mitad de la diferencia salarial de España con Alemania y la Europa rica: la
formación y la experiencia de los trabajadores.
La menor formación de la mayoría de los
trabajadores españoles explicaría por sí sola una cuarta parte de la brecha
salarial con Alemania, por ejemplo. Y otra cuarta parte viene de la “menor
experiencia” de nuestra mano de obra, debido a que la anterior
regulación laboral ha incentivado una excesiva rotación en los empleos,
acumulando menos experiencia. Además, hay otros
factores que explican la menor productividad
y la consiguiente diferencia salarial: el tipo de economía (en España pesan
más los servicios que la industria, mejor pagada), el menor uso de la
tecnología y la digitalización, la menor tecnología e innovación en los
procesos productivos, el menor tamaño de nuestras empresas (las grandes son más
productivas), la menor internacionalización (los exportadores son más
productivos), la menor formación de los empresarios, una sindicalización menor
y una mayor regulación y burocracia…
Así que ya sabemos el camino (no sencillo) para
conseguir subir más los salarios y acercarnos a los europeos: más
formación, más tecnología e innovación, empresas más grandes y mejor
gestionadas, menos regulación, más industria y más exportación… En
definitiva, modernizar la economía y capacitar a los trabajadores para producir
más por persona y así cobrar más. Un proceso que tarda años y que es el
objetivo a medio plazo del Plan de recuperación y de los Fondos europeos. Pero
antes, hay que mejorar cuanto antes una parte de los salarios que
tenemos, los más bajos, porque es la única manera de seguir alimentando
el consumo, que junto al turismo y las exportaciones, son el motor del
crecimiento español. No basta sólo con que el conjunto de salarios suban más (y
no pierdan poder adquisitivo) sino empezar a corregir la desigualdad salarial
que hay en España, que es tremenda.
El gran problema de los salarios españoles es que muchos de
ellos son bajos, con lo que hay muchos trabajadores propensos a tener problemas
para llegar a fin de mes. Lo revelan los últimos datos del INE (Decil de salarios 2023):
el salario medio bruto era de 2.273 euros mensuales en 2023 (1.932
euros netos), sólo 290 euros más que en 2019 (ha subido un +14,66%
mientras la inflación subía más estos cuatro años: +17,9%). Pero lo más
llamativo es que 5,4 millones de asalariados cobran menos de 1.534,7 euros
brutos mensuales (1.304 netos) y otros 7,2 millones ganan entre 1.534 euros
brutos y 2.548 euros (2.166 netos). En definitiva, que el 70% de los asalariados
(12.600.000) ganan menos de 2.166 euros netos al mes. Y ganan aún menos
las mujeres (2.063 euros brutos), los más jóvenes (1.387 euros
brutos entre 16 y 24 años), los poco formados, los que trabajan a
media jornada (ganan menos de 1.534 euros brutos), los que tienen contrato
temporal (1.832 euros brutos), los que trabajan en el campo, la
hostelería, el servicio doméstico y la construcción, los que trabajan en micropymes
(la mayoría ganan menos de 1.534 euros brutos) y los asalariados de Extremadura,
Canarias, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia o Andalucía.
Todos estos colectivos son los que las pasan
canutas para llegar a fin de mes y no acaban de ver que la economía
“vaya bien” , aunque crezcamos más que el resto. Por eso, la prioridad
de la próxima negociación salarial, que deben abordar sindicatos y patronal
para firmar otro
Acuerdo para 2026-2028, debería ser subir más los salarios más bajos,
para reducir las tremendas desigualdades actuales y mejorar la vida de muchos
hogares con problemas para llegar a fin de mes. Una medida importante será volver
a subir el Salario Mínimo en 2026, tras subirlo de 735 euros en 2018
a 1.184 en 2025 (+61%), porque afecta a 2,5 millones de asalariados con los
sueldo más bajos (dos tercios mujeres y una cuarta parte jóvenes) y porque la
subida del SMI “tira” del resto. Pero además, habría que ir sector a sector subiendo los sueldos más bajos, para reducir desigualdades.
España lleva décadas compitiendo en el mundo
gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar de ser “la China
de Europa” y empezar a competir más en innovación, tecnología y bajando otros
costes (la energía, por ejemplo, gracias a las renovables), aumentando el peso
de la industria y los sectores de futuro, que conllevan más productividad y
mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años mejorando ventas y márgenes,
aumentando sus beneficios, y es hora de que también los trabajadores se
beneficien de la recuperación, con mejores sueldos, sobre todo los que
menos ganan. Unos sueldos más decentes son además la base de un mayor
consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que conseguir que más
españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento.
Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo
los más bajos. Se puede y se debe.
Por 5º año consecutivo, España será otra vez el país occidental que más crecerá en 2025 (+2,6%), según acaba de vaticinar la OCDE, tras haber crecido por encima de la media europea en 2021 (+6,7%), 2022 (+6,4%), 2023 (+2,5%) y 2024 (+3,5%), según el INE. Pero la realidad es que muchos españoles no notan en sus hogares esta “bonanza económica”, la mayoría porque la inflación de estos años “se ha comido” la subida de sueldos y además ven que han de gastar mucho más para alquilar una vivienda (comprarla es imposible para muchos) y han de dedicar más dinero para la sanidad, la educación o el cuidado de los mayores, por el peor funcionamiento del “Estado del Bienestar”, porque las autonomías han reducido el peso de los gastos sociales en sus Presupuestos.
Etiquetas:
convenios,
Crecimiento,
diferencias sueldos,
inflación,
negociación salarial,
PIB,
poder adquisitivo,
salarios,
subida salarial,
sueldos,
sueldos España,
sueldos Europa
jueves, 2 de octubre de 2025
El AVE, imparable: ojo a "morir de éxito"
El AVE sigue ganando viajeros al avión y a la
carretera, tras batir un récord en 2024: casi 40 millones de viajeros,
el doble que antes de la pandemia. Y espera llegar a 50 millones en 2026,
gracias a la liberalización de la alta velocidad, que ha traído
dos competidores a Renfe (la francesa Ouigo y la italiana Iryo),
aportando más trenes y viajes y una rebaja del 33% en los billetes. Pero
el AVE bate récords con muchos problemas, agravados este verano
: estaciones saturadas, averías frecuentes, retrasos, trenes parados en medio
de la nada, fallos en las catenarias, robo de cobre… El problema de fondo es
que la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (tiene 4.000
kilómetros) y está sobreutilizada (se ha pasado de 9 trenes AVE diarios a
532). Urge invertir más en infraestructuras y mantenimiento y en modernizar
los trenes. Eso exigirá subir el canon a las empresas, que tendrán
que subirnos los billetes para mejorar el servicio. Enrique Ortega
El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.
Este tirón imparable del AVE en España, el 2º país
(tras China) con la mayor red de alta velocidad del mundo (4.000 kilómetros) es
consecuencia, sobre todo, de la liberalización de esta parte del
negocio ferroviario, forzada
por Bruselas en 2020, que obligó a abrir la red a otras empresas ferroviarias,
acabando con el monopolio de Renfe. Esta liberalización se hizo efectiva el 10
de mayo de 2021, cuando un
AVE de Ouigo (empresa creada por la francesa SNCF) viajó por primera vez de
Madrid a Barcelona, un corredor que utilizó después, en noviembre de
2022, el
primer AVE de Iryo (empresa de la italiana Trenitalia, Air Nostrum y
Globalvía). El siguiente paso fue la competencia en el corredor Madrid-Valencia
(octubre 2022 Ouigo y diciembre 2022 Iryo), seguido del corredor Madrid-Sevilla
(marzo 2023 Ouigo, enero 2025 Iryo), al que se sumaron el corredor Madrid-Málaga-Granada
(marzo 2023 Iryo, enero 2025 Ouigo) y la línea Madrid-Alicante (abril
2023 Ouigo, junio 2023 Iryo). Y más recientemente, llegó la competencia al
corredor Madrid-Segovia- Valladolid (abril 2024 Ouigo) y Madrid-Murcia
(septiembre 2024 Ouigo).
La principal consecuencia de esta liberalización del negocio
de la alta velocidad ferroviaria es la ampliación de la oferta de trenes
y viajes y la consiguiente “guerra de precios” entre Renfe, Ouigo e Iryo,
con multitud de ofertas y tarifas. Eso se ha traducido en que los billete de
AVE se han abaratado un 33% con la liberalización, según
la CNMC. Y además de este ahorro de costes para los viajeros (431 millones
desde 2019), el tirón del AVE ha supuesto un ahorro de costes externos
(polución, emisiones de CO2, accidentes, cogestión de tráfico) estimado por la
CNMC en otros 172 millones de euros desde 2019, a lo que habría que sumar los
153 millones de ganancia neta de ADIF (el gestor público
ferroviario de la red) por los mayores cánones cobrados a las empresas por el
uso de la red de alta velocidad.
En conjunto, las líneas de AVE han crecido en
pasajeros desde 2019 a costa de la carretera (a la que han quitado 3,7
millones de viajeros) y del avión (al que han quitado 900.000 pasajeros),
según
la estimación de la CNMC. Y lo más llamativo es que casi todos los
corredores de alta velocidad abiertos a la competencia han duplicado
sus pasajeros desde 2019, salvo el Madrid-Sevilla (donde han crecido un
41%) y el Madrid-Málaga (+59%). Los trayectos de AVE con más pasajeros en 2024
fueron Madrid Barcelona (14.6 millones,+6% sobre 2023), Madrid-Valencia
(5,6 millones, +10%), Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga(cada uno con 5 millones de
pasajeros,+28%) y Madrid-Alicante (4 millones, +33%), repartiéndose los demás pasajeros (5,3 millones, +103%) en las restantes líneas abiertas a la
competencia.
Y hablando de competencia, Renfe sigue manteniendo el
liderazgo en la alta velocidad, aunque lógicamente ha perdido cuota de mercado
frente a la francesa Ouigo y la italiana Iryo. Donde Renfe tiene la cuota
de AVE más alta es en los dos corredores de Madrid a Andalucía
(72/73% en 2024), frente al 27/28% de cuota que tiene Iryo (que empezó a operar
en marzo de 2023), según
los datos de la CNMC. También mantiene dos tercios de la cuota total (67,4%)
en el corredor Madrid-Alicante, donde le sigue Ouigo (27,2% de cuota) y
muy lejos Iryo (5,4%). En la primera linea abierta a la competencia, Madrid-Barcelona,
Renfe mantiene un 60,1% de cuota de viajeros(en alza), seguida de Iryo
(23,7%), que también crece, ambas a costa de Ouigo (16,2% de cuota en 2024). Y
donde Renfe ha perdido más cuota es en el AVE de Madrid a Valencia:
tiene un 50,6% y el resto se la reparten Ouigo (25,3% en 2024) e Iryo 24,2%).
Lo que han ganado los tres operadores es cuota frente
al avión, al que se han “comido” en los trayectos de media distancia
donde compiten, según
confirman los datos de la CNMC de 2024. Así, en el trayecto Madrid-Valencia,
la cuota del AVE es del 93,3% (5,25 millones de viajeros viajaron en AVE
y 380.000 en avión). En el trayecto Madrid-Sevilla, la cuota del AVE frente al
avión es el 90,2% y en el corredor Madrid-Alicante, el 88,1%. En el trayecto
con más competencia y viajeros, Madrid-Barcelona, el AVE también gana de
lejos al avión, con una cuota del 81,2% de viajeros en 2024 (8,9
millones en AVE y 2 millones en avión), cuando antes de la liberalización de
2021 la cuota del AVE era del 65%. Y en el trayecto Madrid-Málaga, la
cuota del AVE frente al avión es del 82%. En estos trayectos, la cuota del
tren de alta velocidad aumentó en 2024, salvo en el corredor
Madrid-Barcelona (-0,3%).
A pesar de este “éxito comercial”, las tres empresas
que gestionan los viajes de AVE siguen
perdiendo dinero, año tras año, aunque algo menos en 2024. Así,
mientras Renfe ganaba dinero con el AVE en 2019 (cuando operaba en solitario), empezó
a perder dinero en 2020 y 2021, ya con Ouigo (-751 millones perdieron ambos) y
en 2022-24 (-452 millones, ya con Iryo, además de Ouigo y Renfe). Sólo en
2024, las tres empresas que operan la alta velocidad han perdido 99,5
millones (menos que los 219 millones perdidos en 2023), pérdidas repartidas
entre Renfe (-27 millones), Iryo (-31,5 millones) y Ouigo (-40,5 millones). Y
la CNMC estima que las 3 empresas han perdido 1.203 millones de euros desde
2020, repartidos entre Renfe (-842 millones), Ouigo (-191 millones) e Iryo
(-170 millones).
¿Por qué pierden dinero si han duplicado los viajeros?
Básicamente, por la “guerra de tarifas” a la baja y el fuerte
aumento de inversiones y costes (en trenes, personal, energía…), además de que
han de pagar el canon a ADIF (la empresa pública que gestiona y mantiene
la red ferroviaria) por el uso de las vías, estaciones y servicios. Aunque las
empresas extranjeras (Ouigo e Iryo) se
quejan de que este canon es alto, ADIF y la CNMC les contestan
que son “similares a los alemanes, algo superiores a los italianos y en
linea con los franceses”. Al final, ganar mercado partiendo de cero
es siempre costoso y eso obliga a los nuevos operadores a operar con
pérdidas y a Renfe a seguir su senda para no perder más cuota.
Pero el negocio de la alta velocidad, aunque bate récords de
viajeros año tras año, tiene un problema de fondo: crecer tanto y tan
rápido ha provocado múltiples
problemas diarios, que se han agravado este verano:
múltiples averías en la red y en los trenes, saturación en las estaciones
(primero en Atocha-Madrid y luego con las obras en Chamartín-Madrid), retrasos
y trenes parados en medio de la nada, unas veces por fallos en la catenaria,
otras por robo de cable, otras por problemas del tren y este verano, por los
incendios en Castilla y León y en Galicia (han afectado a 486 trenes y
130.000 usuarios, frente a sólo 25 trenes y 18.000 viajeros afectados por los
fuegos del verano de 2024). Todos estos factores (de la red y externos) han
deteriorado en 2025 un servicio, el del AVE, que en 2024 fue bastante
puntual: el 94% de los trenes AVE de los trayectos en competencia
llegaron con menos de 15 minutos de retraso, según la CNMC, siendo
los segundos más puntuales de Europa, tras Suiza.
Los expertos y el propio Ministerio de Transportes achacan
los múltiples problemas del AVE a 4
causas. La primera y fundamental, el fuerte aumento de trenes
y viajeros: la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde
1992 (de 470 kilómetros a 4.000) y de circular 9 trenes diarios se ha pasado a
532 trenes y 115.000 pasajeros diarios hoy. La segunda causa de problemas es el
envejecimiento de las infraestructuras (vías, señalización, catenarias…)
en estos 33 años, sobre todo en la linea más antigua y con más problemas
(Madrid-Sevilla). La tercera, que muchos de los trenes AVE que circulan
hoy (sobre todo los 125 de Renfe) son muy antiguos y algunos nuevos dan muchos
problemas (como muchos de los 30 AVE Avril “Serie S106”, entregados
por Talgo a Renfe en mayo de 2025 y que han presentado fisuras en los
“bogies”, el sistema de rodadura donde se asientan los coches de viajeros).
Y el cuarto problema es la deficiente gestión de ADIF, donde los
sindicatos denuncian falta de personal y fallos de gestión, además de escasa
inversión en mantenimiento de la red.
Todos estos problemas
en la alta velocidad, agravados este verano, han llevado al Gobierno y a
ADIF a retrasar
la liberalización de nuevos trayectos de AVE, que estaba prevista
para septiembre de 2025: la entrada de Ouigo e Iryo en los corredores del AVE
de Madrid a Galicia, de Madrid a Asturias y Cantabria y el corredor
Madrid-Cádiz y Huelva. Parece que la apertura a la competencia de estos
trayectos de alta velocidad se
retrasa hasta 2026, para hacerla efectiva en 2027, para dar tiempo a reforzar antes las líneas
actuales con problemas y para que ADIF recalcule los cánones a cobrar a las
empresas en esos nuevos trayectos, que tendrían que subir para incluir las
inversiones necesarias en vías, señalización y mantenimiento. Y las empresas, además de ampliar su servicio de alta velocidad (serán 72 servicios diarios más, alcanzando al 70% de la población) y su parque de trenes, tendrán que afrontar el reto tecnológico de operar en dos anchos de vía a la vez (internacional e ibérico).
Mientras, el Gobierno y su ministro de Transportes creen que
la mejoría del servicio de alta velocidad pasa por comprar nuevos trenes e
invertir más en la mejora de la red de alta velocidad, donde ya se han
invertido 69.200 millones, 57.200 hasta 2021 y otros 12.000 después, hasta
2025). Pero eso tardará (“no podemos
estar 15 años sin comprar un tren y de repente encargar 400”, dijo
el ministro Puente en el Congreso en septiembre), lo mismo que mejorar la
red de alta velocidad (vías, catenarias, señalizaciones, mantenimiento…) y las
estaciones. Por eso, el propio ministro
Puente advirtió a los diputados que “seguirá habiendo incidencias en
la alta velocidad en los próximos dos años”…
En definitiva, el AVE bate récords de viajeros pero ha
crecido demasiado en poco tiempo y eso está provocando problemas
en las líneas y a los viajeros, problemas que exigen
más inversiones y tiempo. Por eso, antes de seguir ampliando
la red (cada ciudad quiere su AVE) y abriéndola más a la competencia,
hay que reforzar lo que tenemos, para “no morir de éxito”:
más inversiones en mantenimiento, vías, señalización, trenes y estaciones. Y esas
mayores inversiones obligan a subir el canon de Adif a las
compañías y a que frenen su “guerra de precios”, quiten tantas ofertas y suban los billetes a los viajeros. Al final, las cuentas son
claras: o se invierte más en el AVE o seguirán los problemas. Y ese
dinero para mejorar el servicio sólo puede salir de las empresas y de los
viajeros. Lo barato es caro.
El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.
Etiquetas:
AVE,
guerra tarifas AVE,
inversiones,
Iryo,
liberalización ferroviaria,
Ouigo,
problemas AVE,
red ferroviaria,
Renfe,
tarifas AVE,
tren alta velocidad,
viajeros AVE
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)