Los inversores y Fondos extranjeros siguen con la fiebre
de realizar inversiones inmobiliarias en España, desde la compra de
oficinas a hoteles, viviendas, locales comerciales, naves logísticas,
hospitales y residencias para estudiantes, también tierras. De hecho, España
será este año el país europeo que atraerá más inversión inmobiliaria.
Y Madrid es la 2ª capital europea
con más compras inmobiliarias, tras Londres, con Barcelona en 4º
lugar. Los inversores siguen comprando inmuebles en España porque
crecemos más, el boom del turismo, la bajada de tipos y por la alta
rentabilidad, dada la constante subida de precios. Todo apunta a que seguirán
las compras y la especulación inmobiliaria, con riesgo de generar otra
“burbuja”, como la que estalló en 2008. Eso sí, esta fiebre de compras
inmobiliarias “calienta” aún
más el precio de la vivienda para quienes la necesitan: en el primer
trimestre, la vivienda en España ha subido el doble que en la zona euro
y cuesta 5.000 euros/m2 en Madrid y Barcelona. Unos especulan con la vivienda y otros no pueden
pagarla.
La bajada de tipos del BCE y el fuerte crecimiento
en España, más los récords anuales del turismo y la fuerte demanda de
viviendas y alquileres han sido los factores que están impulsando las
compraventas inmobiliarias en España, según
CBRE. Aunque el 55% de las compras son de inversores españoles, el tirón de
operaciones en 2024 (14.000 millones de euros, +20% sobre 2023) se ha debido
sobre todo a las inversiones de Fondos de inversión extranjeros,
sobre todo de EEUU (13% operaciones), Reino Unido (6%), otros paises europeos e
inversores latinoamericanos (3,5% del total), que han concentrado sus operaciones
en oficinas (el 40% del total) y en Madrid (35%) y Barcelona (16%).
Casi un tercio de las inversiones
inmobiliarias hechas en 2024 han sido en promociones de vivienda e inmuebles
(4.300 millones, el 31% del total), destacando la compra por Azora y GCI de las
residencias de estudiantes del Fondo EQT. El 2º sector con más
inversiones en 2024 han sido los hoteles (3.200 millones, el 23% del
total), sobre hoteles de lujo en ciudades y zonas de costa. El tercer destino
inversor han sido los locales comerciales (2.900 millones, el 20,7% del
total), el negocio que más creció el año pasado (+129%), por la OPA del Grupo
Hines y Lar sobre Lar España. Le siguen la compraventa de oficinas
(1.600 millones, el 11,4% del total), muy repartida en toda España, y la compra
de naves industriales y logísticas (1.400 millones, el 10% de la
inversión total), concentradas en Madrid y Barcelona.
En 2025 sigue esta fiebre inmobiliaria en España: las
compraventas se han disparado un +32% en el primer semestre, con 5.656
millones invertidos hasta junio, según
datos de la consultora JLL. El mayor volumen de operaciones se ha dado en
oficinas (1.579 millones, +105%), que ha vuelto a ser el subsector líder, seguido
de la compraventa de locales (1.279 millones, +12%), industria y logística (951
millones, +120%), hoteles (860 millones, -38%), inmuebles residenciales (450
millones, +127%) y hospitales (397 millones, +177%). Y su previsión es que las
operaciones se mantengan en la 2ª mitad de 2025, con lo que esperan un aumento
de la inversión inmobiliaria del 15 al 20% en todo 2025.
Todos los expertos destacan que este año aumentará
incluso “el apetito inversor” de los Fondos e inversores extranjeros
por España, dado que volveremos a crecer más que el resto de Europa (+2,6%,
casi el triple del +0,9% que espera crecer la zona euro), el turismo bate
récord tras récord, los tipos siguen a la baja y hay una gran demanda de
vivienda, oficinas, locales y otros inmuebles. Por eso, España figura como el
primer destino de las inversiones inmobiliarias en Europa, que podrían
alcanzar los 214.000 millones en 2025 (+23% que en 2014), según
las previsiones de la consultora británica Savills, que nos sitúa por
delante de Reino Unido y Francia, como destino de las inversiones inmobiliarias
en 2025, según una encuesta a inversores hecha en febrero. Y los activos
españoles preferidos por estos inversores son los inmuebles
residenciales y las naves logísticas, aunque también muestran un
interés creciente por las oficinas en zonas financieras, los hoteles, los Centros
de Proceso de Datos y los locales comerciales.
Otra consultora internacional, la
norteamericana CBRE, destaca el papel creciente de España como destino de
las inversiones inmobiliarias mundiales y apuesta porque el país salte este año
al 2º lugar del ranking europeo de inversión inmobiliaria, sólo
por detrás de Reino Unido y por delante de Alemania, Polonia, Paises Bajos y
Portugal (tras ocupar el 7º lugar en 2022 y el 4º puesto en 2024). Y además,
hay dos ciudades españolas que están entre las capitales europeas más
atractivas para los inversores inmobiliarios: Madrid, que ocupará este
año el 2º lugar en el ranking europeo (era la 5ª en 2023), tras Londres, por
delante de París (3ª), y Barcelona, que ocupará el 4º lugar (era la 6ª
en 2023), por delante de Varsovia (5ª), Ámsterdam (6ª), Berlín (7ª), Lisboa
(8ª), Copenhague (9ª) y Milán (10ª).
La previsión
de CBRE es que la inversión inmobiliaria en España alcance los 16.000
millones de euros en 2025, con un aumento del 15% sobre 2024, que podría
ser incluso mayor si se confirman algunas operaciones pendientes. Según su Encuesta
a los inversores internacionales, un tercio (32%) van a
apostar por el sector residencial, otro 27% por inmuebles para la logística, un
16% invertirá en oficinas, un 10% en locales comerciales y otro 9% en hoteles,
sobre todo de lujo.
Como en 2024, la
mayor inversión inmobiliaria extranjera irá a oficinas, pero el
mayor interés se centra este año en el sector residencial, en los inmuebles
para venta o alquiler, dada la extraordinaria demanda (les interesan sobre todo
las viviendas de media y alta gama) y la falta de oferta y las excelentes
perspectivas de rentabilidad, dado que los precios de las viviendas no dejan de
subir, mes a mes. De hecho, en el primer trimestre de 2025, el
precio de la vivienda en España ha subido más del doble que en la UE-27,
según
Eurostat: +12,3% frente a +5,7%, sólo por detrás de Portugal (+16,3%),
Bulgaria (+15,1%) y Croacia (+13,1%) y muy por encima de la subida del +0,6% en
Francia o el +3,8% en Alemania.
Este “boom” de precios ya ha provocado una
OPA importante en el sector: la
de Neidar (propiedad de Fondos extranjeros y españoles) sobre Aedas
(propiedad del fondo USA Castelake), que dará lugar a la empresa promotora líder en
España. Pero no sólo los inversores y los Fondos compran inmuebles
en España: los extranjeros ya hacen el 15% de las compras de vivienda
en España, sobre todo en islas y costa. Y eso explica que un 35% de las compras
de viviendas se hagan al contado, sin hipoteca. Todo ello, el interés de los
inversores y Fondos más los extranjeros que compran una 2ª residencia
contribuyen a subir el precio de la vivienda. En junio, el precio medio de
la vivienda en España era de 2.438 euros por metro cuadrado, según
Idealista, un 40,68% más que hace 6 años (1.733 euros/m2 en junio 2019). Y
es mucho más alto el precio en Madrid (5.642 euros/m2 y Barcelona (4.920
euros/m2).
El otro sector donde los inversores extranjeros (y algunos
españoles) muestran más interés son los hoteles, por el fuerte aumento de turistas (este
año se esperan 100 millones de visitantes), que cada vez gastan más.
Actualmente, hay multitud de Fondos USA y europeos “a la caza” de hoteles españoles, sobre todo de 5 estrellas y de lujo, donde más está creciendo la
demanda. En unos casos, los inversores los compran con la intención de
gestionarlos y venderlos en unos años y en otros sólo compran el activo pero mantienen
la gestión en las cadenas hoteleras. Sólo en el primer semestre se han
hecho compraventas
de hoteles por valor de 1.800 millones. La primera gran compra de 2025,
en mayo, fue el Hotel Barceló Raval de Barcelona, comprado
por un Fondo alemán (Real IS) a otro
Fondo alemán (Unión Investment). En junio, la cadena Spring Hoteles compró
el complejo hotelero Mare Nostrum (Tenerife) al Fondo canadiense
Brookfield. Y en julio se ha anunciado que un Fondo USA (LCN) quiere hacerse
con el control de Silken, la mayor cartera hotelera del mercado. Y para
septiembre se esperan nuevas operaciones hoteleras.
Además de las compraventas de oficinas, inmuebles
residenciales, sedes logísticas, locales comerciales y hoteles, sigue habiendo bastante
apetito inversor extranjero por los hospitales (por el
auge de los seguros privados que tienen 13 millones de españoles), las residencias
de estudiantes (no hay alquileres asumibles para los jóvenes y eso preocupa
a muchas Universidades) y las residencias de ancianos (con escasas
plazas, a pesar del envejecimiento de la población), las instalaciones para Centros
de Datos (un negocio en auge por la digitalización y la inteligencia
artificial) y hasta el suelo agrícola, tanto para la instalación de paneles
solares y molinos eólicos como para atender a la demanda de nuevas
instalaciones agrarias y agroalimentarias (los inversores lo llaman “agro
business”).
¿Por qué hay tanta fiebre de los inversores inmobiliarios
por España? Básicamente, porque el fuerte crecimiento, el turismo
récord y la alta demanda auguran altos beneficios. En el 2º trimestre de 2025, la
rentabilidad del sector inmobiliario era muy elevada: 7,2% de rentabilidad
para el inversor que tiene alquileres, 11,5% de rentabilidad para las oficinas,
10,1% para los locales comerciales y 6,7% para las plazas de garaje, según
datos de Idealista. Pero eso lo miran sobre todo los inversores
particulares. Los Fondos internacionales analizan el retorno de su
inversión: cuánto van a poder ganar en poco tiempo vendiendo lo que han
comprado. Su motivación es la pura especulación: vender mañana más
caro de lo que compraron. Un
ejemplo: el hotel Raval lo compró en 2012 un Fondo alemán por 40 millones y
lo vende ahora a otro Fondo alemán por 70 millones…
Esta perspectiva de rentabilidad, en las inversiones
inmobiliarias, las oficinas, los locales y Centros comerciales o los hoteles es
lo que está moviendo el mercado y haciendo que España sea tan atractiva. ¿Hay
riesgo de que se esté generando otra burbuja inmobiliaria? Los expertos
dicen que no, pero no está tan claro si se enturbia el panorama
económico internacional y eso afecta al fuerte crecimiento de España. Y el
problema es que la mayor parte de esta inversión inmobiliaria, igual de
rápido que viene se va, a Varsovia, a Lisboa o a cualquier ciudad
latinoamericana o asiática donde pueda hacer negocio rápido.
Lo que está claro es que estos inversores y Fondos no
van a resolver el grave problema de la vivienda en España, sino que lo
agravan. Ya hay demasiados ejemplos de fondos que se dedican a
comprar edificios para echar a los inquilinos y luego disparar los alquileres.
Y lo que es seguro es que la fuerte demanda de inmuebles (y solares) por parte
de inversores y Fondos extranjeros (para luego vender y alquilar) está
disparando aún más los precios de venta y alquiler de la vivienda, que suben
más que en la mayoría de Europa. Por eso, habría que regular el papel de
estos inversores y Fondos, para que no “enturbien” más el mercado y
contribuyan a aumentar la oferta y ofrecer pisos y alquileres razonables. Pero
está claro que esto no es lo que buscan cuando invierten en España.
La crisis demográfica es otro grave problema
de este siglo, como la emergencia climática, del que apenas se
habla. Y mientras, Europa pierde población y envejece, lo que
hará caer el número de trabajadores. En España, habrá 2,55 millones de
personas menos en edad de trabajar para 2050, lo que complicará la
economía, la recaudación, las pensiones y los servicios públicos. El
problema de fondo es la caída de la natalidad y el envejecimiento
de la población, que provocarán una caída de 2,4 millones en los nacidos en
España para 2050, aunque la población total será mayor que ahora (55
millones) porque “nos salvarán los inmigrantes” (8,2 millones de
residentes más nacidos fuera de España). Por eso, la “propuesta” de Vox
de expulsar a 8 millones de extranjeros no es sólo injusta y xenófoba
sino también “una locura económica”: colapsaría el país. Urge un
Pacto demográfico para subir la natalidad, apoyar más a las familias y
organizar la inmigración a medio plazo. Un reto para la supervivencia de toda
Europa.
Europa tiene un grave problema demográfico
que provocará, en los próximos 50 años, una fuerte caída de la población y su
envejecimiento, con la consiguiente bajada de la población en edad de trabajar,
frenando su crecimiento y asfixiando sus economías, según las proyecciones
de población hechas en 2020 por la Comisión Europea. Los datos son
muy preocupantes: los 452,85 millones de europeos (UE-27) de 2024
aumentarán hasta 2026 (453,38 millones) y a partir de ahí, bajará la población,
sobre todo a partir de 2035, para caer a 448 millones en 2050 y a 429,8
millones en 2074 (-23 millones de europeos dentro de 50 años).
Una caída de población que se debe a la caída
de la natalidad, acompañada del envejecimiento de la población
(los mayores de 65 años pasará de ser el 20% al 30% de la población) y que provocará
una caída del número de trabajadores: las personas en edad de trabajar
pasarán de ser el 59% de los europeos en 2019 al 51% (de menos población) en
2070. Y eso se traducirá en menos crecimiento, menos
recaudación, más gastos sanitarios y en cuidados y menos cotizaciones e
ingresos para sostener las pensiones y los servicios públicos.
La caída de la población europea en los próximos 25 y
50 años será distinta por paises, según
las proyecciones de Bruselas. Italia será el país que más población
perderá: -1,38 millones entre 2024 y 2049 y -6,2 millones de habitantes entre
2024 y 2074. También perderán mucha población Grecia, Croacia y la mayoría de
los paises del Este (especialmente Polonia y Hungría). Algunos paises (pocos) ganarán
población: Dinamarca, Suecia, Irlanda, Chipre, Malta y Luxemburgo. Y el
resto, en general perderán población, sobre todo a partir de 2050. Alemania
perderá sólo -178.339 habitantes entre 2024 y 2049, pero serán -800.000 entre
2024 y 2074. Y Francia, que lleva décadas fomentando la natalidad y con
muchos inmigrantes, será una excepción: ganará 2,4 millones de habitantes entre
2024 y 2049, aunque luego empeorará sus cuentas demográficas y sólo ganará 1,33
millones de habitantes entre 2024 y 2074.
España será otra excepción, ya que ganará
población en los próximos 25 años, aunque la perderá en 50 años, según
las proyecciones de la Comisión Europea (2020): ganará 2,5 millones de
habitantes entre 2024 y 2049, pero al final perderá 700.000 residentes entre
2024 y 2074. Lo mismo les pasará (subir población hasta 2049 y luego bajarla) a
Portugal, Paises Bajos, Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia
y Finlandia.
Sin embargo, una proyección de población más reciente, la del INE de junio de
2024, apuesta a que España realmente ganará población en los próximos 25
y 50 años: pasaremos de ser 48.610.458 habitantes en 2024 a 54.834.632
habitantes en 2049 (+6.224.174 habitantes) y a estabilizarnos
en 54.588.195 habitantes en 2074. Pero este aumento de la población total es
“engañoso”, porque se debe exclusivamente a la entrada de inmigrantes. Los “nacidos en
España” caen drásticamente :de 39.698.012 en 2024 a 37.331.032 (-2,36
millones) y a 33.309.658 en 2074 (-6,38 millones de nacidos en España).
Y los “nacidos en el extranjero” residentes en España saltan de 9.379.972
habitantes en 2024 a 17.503.600 en 2049 (+8,1 millones de residentes) y a
21.278.537 nacidos en el extranjero en 2074 (+11,89 millones que en
2024). O sea, que para dentro de 50 años, se “pierden” 1 de cada 6 nacidos
en España y se duplica con creces
el número de residentes que han nacido fuera de España.
Esta importante caída en la población “nacida en España”
se debe, básicamente, al desplome
de la natalidad en nuestro país: si a la muerte de Franco, en 1975,
eran 2,8 los niños por mujer, en 2017 ya eran la mitad (1,3) y han caído
a 1.15 niños por mujer en 2024, la 2ª tasa de fecundidad más baja
de la UE-27, tras Malta. Y eso ha provocado que la población caiga en España desde 2017 (30.772 muertes más
que nacimientos), año tras año (-132.604 fue el saldo vegetativo en 2024).
Y el INE espera
que este saldo de población (nacimientos-defunciones) aumente en los próximos
años: -120.636 pérdidas anuales entre 2029 y 2033, -259.991 al año entre 2049 y
2053 y hasta -319.890 de pérdida anual de población entre 2064 y 2068, con
-296.039 de pérdida anual entre 2069 y 2073.
Estas pérdidas de población “nacida en España” se van
a compensar, según
las proyecciones del INE, con la entrada neta de inmigrantes en las
próximas décadas. El saldo migratorio (entradas menos salidas de
“nacidos en el extranjero”) pasará de 454.232 en 2019 a 787.195 en 2024,
407.477 entradas anuales entre 2029 y 2033, 287.000 anuales entre 2049 y 2053 y
después, unas menores entradas (algo menos de 300.000 al año) entre 2054 y
2073.
Lo peor no es sólo que caiga
la población nacida en España sino que además, el conjunto de la
población española (y europea) va a envejecer, porque la
esperanza de vida ha aumentado mucho y seguirá al alza: de 73,44 años
en 1975 a 83,47 en 2024 (+10 años) y 86,62 años en 2050
(84,44 los hombres y 88,91 las mujeres). Eso lleva a un
mayor peso de los mayores (+ de 65 años), que
pasan de ser hoy el 20% de la población al 30% en 2050 y décadas
siguientes. En contrapartida, habrá menos jóvenes, con lo que se
reducirán las personas en edad de trabajar, un problema grave para el
crecimiento, la recaudación de impuestos y cotizaciones, poniendo en aprietos
las pensiones y servicios públicos.
Lo más llamativo de la caída de la población nacida en
España es la caída de las personas en edad de trabajar, la futura
pérdida de trabajadores. Un reciente
estudio de Randstad pone cifras a este preocupante problema: la población
en edad de trabajar (15-64 años) caerá en España de 31.727.218 personas en 2025
a 29.170.592 personas en 2050 (-2.556.626 españoles en edad de trabajar). La
mayor caída en la población que puede trabajar se dará a partir de 2035,
cuando se jubilen los nacidos en el baby boom de los años 60, y sobre todo a
partir de 2040 (cuando se jubilen los nacidos en los años 70).
Esta caída
en la población en edad de trabajar se produce, de
nuevo, entre los nacidos en España, que son los que tienen menos hijos.
Así, los españoles de 20 a 64 años, en plena edad de trabajar han
pasado de 24.489.040 en 2008 (el máximo) a 23.157.641 en 2020 y bajarán a
22.364.422 españoles en edad de trabajar en 2025 (-2,12 millones desde 2008). Y
mientras, los residentes nacidos en el extranjero en edad de
trabajar han aumentado de 4,67 millones en 2008 a 5,73 millones en 2020 y serán
7,51 millones en 2025 :+2,84 millones desde 2008, lo que ha permitido el
crecimiento del empleo y la economía. Además, de esos 2,55 millones menos para
trabajar que se espera para 2050, la mayoría ( 1,72 millones) será la
pérdida de activos con menos de 54 años, los más productivos.
La disminución de la fuerza laboral en España (y en Europa)
en las próximas décadas, provocará
una mayor falta de trabajadores (de lo que ya se quejan ahora las
empresas), una menor movilidad laboral y una menor productividad, mientras no
habrá “relevo generacional” para muchas profesiones y empleos. En paralelo, el
envejecimiento de la población aumentará el gasto en sanidad, cuidados y
pensiones, mientras habrá menos trabajadores pagando impuestos y cotizando para
financiar pensiones y servicios públicos.
¿Qué se puede hacer? Lo primero y fundamental es promover
la natalidad, como lleva décadas haciendo Francia, el país que ganará más
población hasta 2050. Eso obliga a un
Pacto de Estado por la natalidad, que incluya múltiples medidas:
ayudas por hijo (graduadas por edades e ingresos familiares), educación
gratuita 0-3 años, medidas de conciliación laboral efectiva (con más guarderías
en las empresas), política pública de cuidados a mayores y discapacitados (para
liberar a las mujeres) y, sobre todo, un conjunto de políticas públicas para
ayudar a las familias con hijos: facilitarles el acceso a la vivienda es clave.
Otra medida clave es atraer talento extranjero
(jóvenes con formación tecnológica y digital) y fomentar la inmigración
legal, sobre todo dirigida a la contratación en origen de trabajadores que
faltan en España (campo, construcción, hostelería, cuidados…). Actualmente ya,
la inmigración ha sido clave para el fuerte crecimiento de España tras la
pandemia: los expertos estiman que la
mitad del crecimiento del PIB español ha sido por el trabajo inmigrante.
Los datos son esclarecedores: de los 1.891.000 empleos creados en España
entre 2019 y 2024, casi las tres cuartas partes (1.351.000, el 71,44%) han sido
ocupados por extranjeros (848.700) o trabajadores con doble nacionalidad
(502.300, la mayoría latinoamericanos), según la última EPA. Y sólo en 2024,
de los 468.000 empleos creados, sólo 59.000 fueron a trabajadores “nacidos en
España…
Esto no debería alimentar la xenofobia, porque
la mayoría de estos trabajos no son cubiertos por “españoles” porque no los
buscan igual, porque suelen ser más precarios y peor pagados (en el campo, la
hostelería, el transporte, la
construcción, el servicio doméstico o los cuidados de niños y ancianos). En
cualquier caso, las
proyecciones del INE son claras: para que España no pierda
población, hacen falta más inmigrantes, al menos 6,38 millones en los próximos
50 años. Y si no vienen a España más extranjeros, faltarán trabajadores,
porque los españoles en edad de trabajar van a caer drásticamente de aquí a
2050.
Por todo esto, no tiene sentido la
propuesta de Vox de expulsar a 8 millones de inmigrantes, una medida
no sólo injusta y xenófoba sino económicamente peligrosa, porque nos
hacen falta inmigrantes para compensar la falta de jóvenes y mantener
el crecimiento y los servicios. Eso sí, hace falta otro Pacto, por una
inmigración legal y organizada: planificar a varias décadas los inmigrantes que
necesitamos y adoptar políticas para buscarlos y atraerlos, no continuar con
las llegadas descontroladas. Actualmente, somos
49.153.849 personas viviendo en España (1 abril 2025) y de ellos, un
14,13% tienen nacionalidad
extranjera (6.947.711 residentes), aunque hay que matizarlo, porque 2,5
millones de ellos son europeos. Se trata de un porcentaje alto, pero similar
al de otros paises europeos (Alemania, Francia) y “asumible”, porque
los necesitamos. Otra cosa es planificar mejor la inmigración
hasta 2050, sin xenofobia y asimilándola.
En resumen, que la caída de población es uno
de los grandes retos del siglo XXI, junto a la crisis climática y la
revolución tecnológica y digital. Y hay que afrontar ya los problemas que
se nos vienen encima, sobre todo la caída de trabajadores mientras la
población envejece, lo que supone una bomba de relojería para el
crecimiento, las pensiones y los servicios públicos. No podemos esperar,
porque las medidas a tomar (fomento natalidad, ayudas a la familia y
planificación de la inmigración) tardan décadas en hacer efecto. Hagan algo ya.
El gasto de los hogares batió un récord histórico
en 2024: creció un +12,5% sobre antes de la pandemia, por la fuerte
subida del gasto en sanidad, alimentación, vivienda, educación, hoteles y restaurantes. Un mayor gasto,
sustentado en la subida de salarios y pensiones, que es “un espejismo”:
gastamos más por la inflación, porque todo ha subido, pero en
realidad gastamos menos que en 2019 (-7,5%). Los que más han aumentado su
gasto estos años son las familias con menos ingresos, porque gastan
porcentualmente más en alimentación y vivienda, lo que más ha subido, por lo
que tienen más problemas para llegar a fin de mes. Y además, la renta real de
los hogares (ingresos descontando la
inflación) es todavía menor que en 2008 (-4,3%). Un dato que explica por qué muchos
españoles no acaban de “notar” la mejora de la economía, aunque crecemos
y creamos más empleo que Europa. Pero la inflación ha subido un 33,5% y ese
aumento se ha “comido” nuestro nivel de vida. Enrique Ortega
El gasto medio por hogar fue de 34.044 euros
en 2024, un 4,4% más que en 2023 y un máximo histórico, no sólo respecto a
antes de la pandemia (30.243 euros en 2019) sino respecto a antes de la crisis
financiera (31,773 euros en 2008), según la reciente Encuesta de
Presupuestos Familiares del INE. La mayor parte del gasto familiar se
destina a la vivienda, agua, luz y gas (11.029 euros en 2024, el 32,4%
del gasto total), seguida de la alimentación (5.391 euros anuales, el 15,8%),
el transporte (3.877 euros, el 11,4%), los hoteles y
restaurantes (3.374 euros, un 9,9% del total), seguidos a distancia del
gasto en actividades recreativas, deporte y cultura (1.692 euros, el 5%
del gasto total), vestido y calzado (1.432 euros, el 4,2%), sanidad
(1.377 euros, el 4%), muebles y
artículos del hogar (1.274 euros, el 3,7%), seguros y financiación
(1.270 euros, el 3,7%), cuidado personal y servicios (1.228
euros, el 3,6%) y bebidas, alcohol y tabaco (447 euros, el 1,3%).
Otro hecho relevante es que el gasto familiar no es
homogéneo y ha crecido más, tanto en 2024 como en los últimos
años, en las familias con menos ingresos, que son las que suelen gastar
más porcentaje de sus ingresos en vivienda, alimentación y sanidad, lo que más
ha subido. Así, según
el INE, el 20% de las familias con menos ingresos aumentaron su
gasto en 2024 (17.610 euros) un 10,9% y el 40% siguiente con rentas bajas y
medias (que gastan entre 24.500 y 30.907 euros anuales) los aumentaron un 6%, por encima de la media
(+4.4%), mientras el 20% más rico sólo aumentó su gasto un +1,9% (hasta 58.272
euros).
Esta estructura del presupuesto familiar en 2024 revela un
cambio en los hábitos de gasto de los españoles tras la pandemia.
Básicamente, ha aumentado el gasto de los hogares en sanidad (gastamos
ahora +31,4% que en 2019,
por la ampliación y subida de los seguros médicos más otros gastos sanitarios,
como la atención bucodental, óptica y rehabilitación),
en alimentación (el gasto familiar en comida y bebida ha aumentado un +25,78%
desde 2019), en vivienda (+16,8% de gasto, por la subida de
alquileres e hipotecas, junto al agua, luz y gas, a pesar de las ayudas y la
bajada del IVA), en educación (+14,96% por las guarderías, colegios
privados y concertados más transporte y comida escolar) y en el mayor gasto en
hoteles y restaurantes (+13,58%), porque tras la pandemia “salimos más”.
Aquí también ha habido un comportamiento diferente del
gasto, tras la pandemia, según los ingresos del hogar. Así, el
gasto en viviendas y alimentos (lo que más ha subido) tiene mucho peso
en las familias con menos ingresos: para el 20% más pobre, ambas
partidas se
llevan casi dos tercios de sus ingresos (el 60,2%, frente al 60,7% en 2019).
Y gastan más en restaurantes y hoteles (6,3% del gasto total frente al 5,6%
en 2019), mientras gastan porcentualmente menos en transporte (6,6%
frente al 7%) y lo mismo en ocio y cultura (5%). El 40% restante, con
rentas bajas y medias, gasta ahora más en vivienda y alimentos que en 2019,
también en bares y restaurantes y menos en transporte y ocio. Pero el 20%
más rico gasta mucho menos que el resto en vivienda y alimentación (el
40,1% de su presupuesto, un tercio menos que los más pobres), lo que más ha subido
y más en transporte (15,9%), restaurantes y hoteles (11,9%) y ocio y cultura.
Por autonomías, las más ricas son donde más ha
aumentado el consumo de los hogares entre 2019 y 2024, según el INE: País Vasco
(15.504 euros de gasto por persona, un 13,8% por encima de los 13.626 de gasto
medio por persona en España), Madrid (15.108 euros de gasto por persona
en 2024), Cataluña (14.476 euros), Baleares (14.421 euros), Asturias
(14.221 euros) y Aragón (14.178 euros). Y donde menos, en las regiones más
pobres, que gastan casi la mitad: Melilla
(8.586 euros por habitante), Extremadura (11.398 euros), Ceuta (11.858
euros), Andalucía (11.865 euros) y Castilla la Mancha (11.921 euros).
El aumento del gasto de los hogares tras la pandemia
ha sido posible por la subida del empleo (1,8 millones más trabajando) y
la subida de salarios y pensiones. Pero no ha sido suficiente y los
españoles han tenido que “tirar de los ahorros” para pagar sus
gastos y llegar a fin de mes: la tasa de ahorro cayó del 25,6% a
mediados de 2020 al 7,7% en septiembre
de 2022, para afrontar lo peor de la inflación, aunque luego volvió a subir (se
ahorraba el 14% de los ingresos al principio de 2024) y ahora lleva año y
medio bajando (12,8% de ahorro el primer trimestre de 2025, según el INE).
En cualquier caso, el gasto histórico de los españoles en
2024 es “un espejismo”, porque en realidad gastamos menos que en
2019, porque
la inflación se ha disparado estos años. Así, si en 2024 gastamos de media
34.044 euros por hogar, un 12,5% más que en 2019, como la inflación
creció un 20% estos cinco años, en realidad estamos gastando un 7,5% menos.
A lo claro: gastamos más, pero compramos y consumimos realmente menos.
Esta realidad explica quizás que muchos españoles no
acaben de “notar” la mejora de la economía, porque la inflación se ha
comido parte de sus ingresos y sigue costándoles mucho llegar a fin de mes. Por
un lado, los salarios en convenio han subido menos entre 2019 y 2024 (+13,39%)
que la inflación media (+17,50% estos años). Y eso, junto a que todo ha
subido, ha obligado a tirar de ahorros y ayudas para conseguir gastar
más (para comprar menos). Otra forma de verlo es analizar la evolución de renta
media neta de los hogares: ha pasado de 30.690 euros en 2019 a 38.365 euros en
2024. Pero si descontamos la inflación, la renta media real sólo ha crecido
de 27.258 a 28.742 euros (+5,44%), según
Funcas. Y un dato más llamativo: la renta real (descontando la
inflación) de los hogares en 2024 (28.742 euros) era inferior
a la renta real de 2008 (30.045 euros por hogar).
A lo claro: ganamos más, pero en realidad ingresamos
menos que en 2008, porque la inflación acumulada (+33,5%) se ha comido
nuestro aumento de ingresos (+27,7%), según
Funcas. Eso podría explicar por qué una mayoría de españoles (55,3%) veían
la economía española en una situación mala (37,3%) o muy mala
(18%) en el Barómetro
del CIS de mayo 2025, una valoración más pesimista que la del Barómetro de mayo 2019
( sólo un 43,4 % veían la situación económica de España como mala o muy mala). Sin
embargo, este pesimismo sobre la economía contrasta con el mayor
optimismo sobre la propia situación económica personal: ahora (Barómetro CIS mayo 2025),
el 69,3% de los encuestados la ven muy buena (3,8%), buena (65,5%) o regular (7%)
y sólo un 23% mala o muy mala, mientras hace cinco años, antes de pandemia, eran
la mitad que hoy (el 33,7%) los que la veían bien.
En cualquier caso, al margen de la
percepción sobre la economía del país y la propia, tenemos un problema
de fondo: la inflación se ha disparado en los últimos 16 años y los
ingresos de los hogares han crecido menos, aunque en los últimos años hayan
mejorado salarios, pensiones y empleos. Eso quiere decir que no
podemos bajar la guardia de la inflación, porque aunque ahora sea
baja (+2,2% anual en junio), se va acumulando y se come nuestros ingresos,
dificultado el consumo y llegar a fin de mes. Y aunque España crezca más que la
mayoría, la mayoría de los familias (sobre todo las más modestas) “no lo notan”.
Habría que actuar en dos frentes. Por un lado, tomar más
medidas eficaces contra la inflación, que pasan por mejorar la competencia en
todos los sectores y actividades, evitando “monopolios de hecho en muchos
negocios y reduciendo márgenes (beneficios) injustificados. De hecho, el
BCE y otros banqueros centrales asumen que “la avaricia de las empresas (disparando
márgenes y beneficios) disparó la inflación” y que, ahora, con la
inestabilidad comercial y geopolítica mundial, es otra vez el mayor riesgo de
repunte de la inflación.
Y por otro lado, hay que aumentar los salarios e ingresos
de los hogares, que siguen siendo más bajos que en el resto de Europa: 4 de cada 10 trabajadores
ganan menos de 1.214 euros netos y el salario por hora en España (18,9
euros) queda
lejos del de la UE-27 (25,2 euros), Francia (29,7 euros), Alemania (33,6
euros) e Italia (35,2 euros). Esto
explica, junto a la inflación, que el consumo per cápita real
(descontando la inflación) de los españoles haya aumentado
sólo un +0,2% entre 2019 y 2024, mientras en la eurozona aumentó
+1,4%.
Pero hay que hacer una reflexión de fondo:
para que los españoles tengan mejores salarios, hay
que mejorar la productividad de la economía, para que crezca no sólo
porque hay más gente trabajando (como pasa ahora, sobre todo por la llegada de inmigrantes)
sino porque los que trabajan sean más eficientes, no tanto por ellos sino
porque mejore y se modernice el modelo económico español, incorporando más
innovación y tecnología, más digitalización, más industria y exportación, unas
empresas de mayor tamaño y mejor organizadas, que integren y organicen mejor el
capital humano. Todo un reto, la mejora de la productividad, que lleva años,
pero que es clave para conseguir que más gente gasten y vivan mejor.
Y lo noten.
La primera ola de calor de este verano ha dejado un
mapa de muertes y problemas en toda Europa, especialmente en España.
Y junio ha sido el mes más cálido de la historia. No es casualidad: la
ONU reitera que la culpa es del Cambio Climático, que el Planeta se está
volviendo “más caliente y más peligroso”. Pero el miércoles, con
Bruselas a 37 grados, la Comisión Europea “suavizó” su política climática,
aprobando “un truco contable”: permite a paises y empresas emitir
más CO2 del previsto si a cambio pagan a otros paises
(pobres) que reduzcan sus emisiones. “Externalizan” la gestión de las emisiones
como algunos proponen hacer con los inmigrantes… Y eso pasa cuando los autócratas
de medio mundo, de Trump a Milei, niegan el cambio climático y el
PP y Vox hacen políticas negacionistas en Murcia, Valencia,
Extremadura o Aragón, además de en sus Ayuntamientos. No nos quejemos
del calor extremo: exijamos a los políticos que aceleren las medidas
contra la emergencia climática. Ya.
Ya son varios años en que se producen olas de calor,
sobre todo en España y la Europa del sur, con un tremendo saldo de muertes,
incendios forestales y daños a la agricultura y la ganadería, las infraestructuras,
el turismo y las empresas, así como a los
ecosistemas terrestres y marinos. En Europa se produjeron 47.690 muertos
por olas de calor en 2023, según un estudio de Nature Medicine. Y en España, los
datos del sistema MOMO señalan que hubo 3.521 muertos por olas de calor
en 2024. Pero sólo en la primera mitad de 2025 (hasta junio), se estima que
ha habido ya 2.168 muertos por altas temperaturas.
El calor extremo ya no es una novedad en el mundo y menos en
la Europa del sur, donde llevamos varios años sufriendo olas de calor,
especialmente desde 2022. “El Planeta se está volviendo más caliente y
más peligroso: ningún país es inmune”, declaraba
la semana pasada en Sevilla (a más de 40 grados) el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres. Y los expertos insisten: “la ola de calor no es
una casualidad, es consecuencia del Cambio Climático, que la hace 5 veces más
probable”, según la plataforma
científica Climate Central. El “mecanismo” es bien conocido: la acumulación
de gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,
perfluorocarbonos y hexafluoruro de
azufre) hacen como de “paraguas” que retiene el calor solar y aumenta las
temperaturas. En España, la temperatura media de 2024 fue 1,64
grados más alta que en 1961.
Los expertos
de la ONU (IPPC) calculan
que cada medio grado adicional de calentamiento global de la atmósfera causa aumentos
importantes en la intensidad y frecuencia de las temperaturas extremas. Y
dado que el Planeta sigue calentándose año tras año, estiman que los paises sufriremos
cada vez más olas de calor, que llegarán antes
(normalmente se daban en julio y agosto, pero ahora han sido en junio) y que
serán más graves y duraderas. Así que no nos extrañemos de lo que
está pasando: “el calor extremo ya no es un fenómeno raro, se ha convertido en
la nueva normalidad”, alertó
Antonio Guterres en Sevilla, pidiendo “más ambición” a los Gobiernos en la
lucha contra esta “emergencia climática.
El problema es que el clima empeora cuando en medio mundo se
consolidan los líderes políticos que niegan el Cambio Climático, como
Trump en USA o Milei en Argentina. Los autócratas del mundo y la extrema
derecha han convertido la lucha contra las políticas “verdes”
como uno de sus principales caballos de batalla cultural y política
(junto a los inmigrantes, el feminismo y los impuestos). El
“anti-ecologismo” es una seña de identidad de la extrema
derecha y parte de la derecha internacional, con su corolario de oposición a
cualquier regulación medio ambiental (“imposición
ideológica verde”, dice Vox) para
frenar el Cambio Climático. Y con ello, hay cada vez más paises y Gobiernos que
no toman medidas decididas para reducir las emisiones que provocan y aceleran
las olas de calor.
En Europa, las últimas elecciones en la UE (junio
2024) supusieron una
derechización del Parlamento Europeo y la Comisión, con un mayor peso
de la derecha y la extrema derecha. Por eso, el PP Europeo vetó la Ley
de Restauración de la Naturaleza, que puso salir adelante en el Parlamento
europeo (julio de 2023) gracias al voto de socialistas, liberales, verdes,
izquierda y algunos eurodiputados 'populares' que apoyaban la norma (324 votos a
favor y 312 en contra). Y además, el PPE promovió el aplazamiento
de la entrada en vigor de la Ley de Deforestación y diluyó la Ley
de Biodiversidad. Con la nueva Comisión Europea y la extrema derecha
negacionista ganando terreno en media Europa, ganan peso los que creen
que Europa debe echar
el freno a las políticas climáticas de vanguardia, porque
perjudican a la competitividad de las empresas europeas.
El último ejemplo de esta “nueva ecología europea”
lo dio la Comisión Europea el miércoles pasado, 2 de julio, precisamente cuando
en Bruselas hacía unos inusuales 37 grados… El Gobierno europeo aprobó
una enmienda a la Ley europea del Clima (en vigor desde julio de 2021)
que pretende “flexibilizar” algunas medidas para reducir las
emisiones europeas, manteniendo el mismo objetivo final de la Ley: que se
reduzcan el 90% para 2040 (respecto a las de 1990) y emisiones netas cero para
2050.
La primera
medida “de flexibilización” es
que se permite a los paises, sectores y empresas que en vez de reducir las
emisiones previstas, puedan reducirlas algo menos a cambio de que compren
derechos de emisiones de CO2 a paises y empresas de fuera de la UE. Es
decir, que un sector como el automóvil o la aviación, por ejemplo, pueden
recortar menos sus emisiones de CO2 (desde 2036) siempre que a cambio compren
derechos (paguen) a paises o empresas que hayan reducido emisiones, por ejemplo
una empresa que tiene bosques en Brasil o una sociedad extranjera que ha
invertido en renovables o en mecanismos de absorción de carbono. A lo claro: yo
sigo emitiendo a cambio de pagar a otros (paises pobres y empresas del sur
Global) para que emitan menos. Se trata de “externalizar”
una parte de las emisiones (hasta el 3%), un mecanismo que ya
intentó Italia con sus inmigrantes (en Albania) o que hace Trump con las
prisiones de El Salvador.
Además de este “nuevo mecanismo” para facilitar la
descarbonización de empresas y sectores europeos, la
enmienda aprobada permite otro mecanismo de “flexibilización”: la
reducción de emisiones se podrá compensar entre sectores y empresas, de tal
manera que se evita imponer un plan “rígido” de recorte, lo que ha sido
aplaudido por las empresas. Y además se incluyen nuevos mecanismos para reducir
emisiones y cobrar derechos de CO2, como la reforestación y las técnicas de
captura y almacenaje de CO2 (poco desarrolladas y “poco viables”,
según muchos expertos, que lo consideran una vía de posibles fraudes).
Muchos expertos y ecologistas han
criticado con dureza estas nuevas medidas de Bruselas,
calificándolas de “trucos contables” para retrasar medidas
efectivas contra las emisiones. Y creen que ante la grave emergencia
climática que vivimos, “socaban la credibilidad de las políticas climáticas
europeas”, según
la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB). Para Greenpeace,
las medidas “abren la puerta a hacer trampas para reducir las emisiones”
y critican dejar en manos de terceros una responsabilidad que debe asumir
Europa: “pagar a otros paises (pobres) para que reduzcan tus emisiones en tu
nombre no es liderazgo, es posponer el problema”, añaden, criticando que la
Comisión priorice los criterios económicos (competitividad e inversiones) sobre
la urgencia medioambiental.
Ahora, estos cambios en la gestión de las emisiones han de
ser ratificados por los Gobiernos europeos y por el Parlamento Europeo,
algo que parece muy posible. Y el siguiente paso es que
Europa apruebe su Plan Climático 2035, que debía haber presentado en
febrero y que ahora se promete para septiembre. Ahí volveremos a ver si la Comisión
Europea suaviza sus objetivos medioambientales, como se temen muchos expertos y
ONGs. Mientras, la
ONU insiste en que hay que avanzar más, que los paises “se
tienen que poner las pilas” y aprobar Planes de recorte de emisiones más
drásticos y eficaces. Porque con los Planes presentados hasta
ahora por los 192 firmantes del Acuerdo de París, la temperatura de la
Tierra aumentaría 2,6 grados para 2100, un aumento que trastocaría el
clima y la economía, dado que supera con crecer el tope límite de 1,5 grados
fijado como “sostenible” por los expertos.
La ONU y los científicos están muy preocupados porque la
emergencia climática avanza a mayor ritmo y los paises no reducen emisiones
sino que las aumentan: en 2024, las emisiones de CO2 en el mundo fueron
de 37.400 millones Tm de CO”, un +0,8% que en 2023., según
Carbón Monitor. China (responsable del 32% de las emisiones mundiales)
aumentó sus emisiones un 0,2%, EEUU (responsable 13% emisiones totales) las bajó
un 0,6%, la India (8% emisiones mundiales) las aumentó un 4,6%, la Unión
Europea (7% emisiones totales) las bajó un 3,8% y el resto del mundo (38%
emisiones) las subió un 1,1%. Y este año 2025, hasta abril, las emisiones
mundiales han subido otro 3%, según Carbón Monitor. España aumentó sus emisiones de CO2 en 2024
(278 millones Tm, +0,9%).
Ante este panorama, con Trump en plan negacionista (“perfora, niño, perfora”) y China e India “a su aire”, el papel de Europa es aún
más decisivo, aunque avancen los negacionistas. Por todo ello, la
ONU organizó una “Cumbre Climática virtual” el 23 de abril,
donde participaron Brasil y 17 líderes de economías desarrolladas (entre ellos
Pedro Sánchez, de España), China, África y Asia, más paises e islas muy vulnerables
al Cambio Climático, para impulsar Planes nacionales más ambiciosos
contra el Cambio Climático. “Ya hemos negociado bastante: hay que
pasar a la acción”, les dijo Antonio Guterres. El objetivo es tener en
septiembre Planes climáticos hasta 2035 de los 192 paises firmantes del Acuerdo
de París, para darles un impulso definitivo en la próxima
Cumbre del Clima, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém
(Brasil). Será una COP30 clave.
Mientras los dirigentes europeos y mundiales
no afrontan con decisión la lucha contra la emergencia climática (una “guerra
mundial” que estamos perdiendo), los ciudadanos estamos cada vez más
preocupados: el 85% de los ciudadanos europeos consideran que el
Cambio Climático es “un problema grave” , según
el Eurobarómetro de junio. Pero luego apoyan y votan a partidos que, en
muchos casos, niegan ese Cambio Climático y dicen que es “una cuestión
ideológica”, como si no tuviera nada que ver con las olas de calor.
En España, esta contradicción entre lo que piensan
los ciudadanos y algunos de sus partidos es especialmente relevante, porque el
negacionismo de Vox se ha acabado contagiando al PP, que utiliza
cada vez más las políticas ambientales como “una bandera de enganche” para
captar votos. Y además, los pactos PP-Vox en algunas autonomías
han llevado a varios Gobiernos a aprobar medidas que favorecen la crisis
climática, así como en
sus Ayuntamientos (retraso zonas de bajas emisiones y supresión carriles
bici) . En
Murcia, el pacto presupuestario PP-Vox (junio) incluye modificar la
Ley de Protección del Mar Menor y un rechazo explícito “a las políticas medioambientales
europeas”, lo mismo que ha hecho Mazón en
la Comunidad Valenciana para aprobar sus Presupuestos con Vox. Y
también en
Extremadura se han revisado normativas de protección ambiental, como
en Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Aragón, con o sin Vox. Da
miedo pensar lo que harían si Feijoo y Abascal llegan a la Moncloa…
“No podemos retroceder en la acción climática”,
acaba
de decir el Secretario General de la ONU. Pero no parece que esa sea la
prioridad de muchos políticos mundiales, europeos y españoles. Así que no
basta con quejarse de la ola de calor. Habría que salir a la calle y
manifestarse a favor de políticas más decididas contra la emergencia climática,
para salvar el Planeta y nuestras vidas. Y sobre todo, no votar a nadie
que sea “negacionista”. El
Cambio Climático está aquí y es un problema más grave que las guerras,
la inmigración o el paro. Es una cuestión de supervivencia. Y
si retrasamos las medidas o las “suavizamos” nos estamos engañando y poniendo
en peligro. Ya lo sabemos: si no se reducen drásticamente las emisiones, habrá
más olas de calor, más graves y más mortíferas. Seguro.
Otro año más, los empresarios se quejan de que
no encuentran personal para trabajar en algunos sectores, como hostelería,
construcción, el campo o el transporte. Y que los candidatos están “poco
formados”. Pero España es el país que crea más empleo en Europa y el
que tiene menos “vacantes” (152.000). Los sindicatos replican que
la falta de trabajadores es “un cuento”, que el problema es que muchos
empleos están mal pagados y con horarios imposibles y que por eso no hay
candidatos (salvo inmigrantes). Sí es verdad que algunas empresas
tecnológicas no encuentran trabajadores cualificados, en parte porque
pagan poco y no “cuidan” el talento. Además, las empresas españolas gastan
poco en formar a sus trabajadores, mientras sólo un 10% de los parados
hacen cursos. Y encima, 7 de cada 10 empresas no usan el dinero disponible
para formación. En vez de quejarse, las empresas deberían pagar mejor
y formar a sus plantillas, “cuidándolas” más, porque el
57% de los trabajadores en España están “desmotivados”. Así, el trabajo no atrae.
Sin embargo, este presunto déficit de empleos no se
registra en las estadísticas: España ha creado 1,8 millones de nuevos
empleos desde la pandemia, el
40% de los empleos europeos. Y somos el país de la UE-27 con menos “empleos
vacantes”, según
Eurostat: el 0,9% del total en el primer trimestre de 2025, frente al 2,2% de
media en la UE-27, el 4,2% en Paises Bajos, el 4,1% en Bélgica, el 2,7% en
Alemania, el 2,5% en Francia y el 2,2% en Italia. Y los “empleos vacantes”
han crecido de 101.009 en 2019 a 152.885 en marzo de 2025, según
el INE, una cifra mínima frente a los 21.765.400 ocupados que hay en
España.
Los datos revelan que la gran mayoría de estos “empleos
vacantes” (152.885) se
encuentran en el sector servicios (88%), no en la industria
(sólo el 6% de las vacantes) ni en la construcción (otro 6%). Y según
los últimos datos de las oficinas de empleo (SEPE), los puestos de trabajo
sin cubrir se concentran en la hostelería y el turismo, la construcción, la
agricultura, el comercio, información y comunicaciones, sanidad y servicios
sociales, personal de limpieza, instaladores, reparación de vehículos y
transporte.
Un estudio
de Funcas analiza estos datos del SEPE por autonomías y deduce que la
principal razón por la que algunas empresas tienen dificultades para
cubrir vacantes son “las malas condiciones laborales” (salarios,
horarios y contratos), sobre todo en el turismo, el transporte y la
construcción. También hay otras razones, como la falta de “habilidades”
y cualificación de los candidatos, así como el envejecimiento de la población,
que lleva a que muchas profesiones no encuentren un relevo generacional. El
estudio concluye que la falta de mano de obra en España tiene un
doble componente: carencia de candidatos (pocos y que
piden mejores condiciones laborales) y carencia de competencias o
cualificaciones específicas (en el caso de empresas de sectores más
tecnológicos e innovadores).
Así que la
información disponible revela que si faltan trabajadores es, en unos
casos, por los contratos poco atractivos que se les ofrecen y, en otros, por
falta de cualificación del candidato, dos motivos diferentes y
que exigen diferentes medidas. En el primer caso, se trata de ofrecer mejores
condiciones de trabajo (“Paguen
más” dijo Biden primero y luego
la ministra Yolanda Díaz
y los sindicatos). Y en el segundo, hay que mejorar la cualificación
de los jóvenes (de la escuela a la Universidad), a la vez que se mejora
la formación de las plantillas de las empresas, para reciclar a muchos y que
puedan prepararse para las nuevas necesidades del mercado laboral.
En cualquier caso, no es verdad que la falta de trabajadores
tenga que ver tanto con la “aptitud” como con la “actitud”, como dijo
hace años Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE,
culpando así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar
poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Los sindicatos ya han reiterado
que la
falta de talento es “un cuento” y que el problema son los
bajos salarios y las malas condiciones laborales, que impiden cubrir
muchas vacantes. Y aportan este dato; de los 2.789.200 parados que había en
España en marzo (según la EPA),
750.000 tenían estudios universitarios y otros 730.000 tenían la 2ª etapa de secundaria
o FP. El problema de fondo, añaden, es que el actual modelo productivo no
es capaz de ofrecer empleos dignos a suficientes personas formadas. Y
eso se refleja en otro dato: España es el
país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los
graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja
cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de
supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en
la UE-27.
Así que unos puestos no se cubren porque ofrecen malas
condiciones laborales y otros tampoco aunque el candidato sea universitario.
El hecho cierto es que los sectores donde hay más falta de trabajadores,
como hostelería, construcción, campo y transporte son los que tienen unos sueldos
más bajos, según la
estadística de salarios (16.985 euros brutos en hostelería, el 60% de los 28.049
euros de sueldo medio) y donde se hacen más horas extras sin
cobrar (11% de los trabajadores en hostelería, 9% en construcción y
transporte, según CCOO), también donde hay más contratos temporales y a
tiempo parcial. Además, en los dos últimos años, muchos puestos no se cubren
porque los trabajadores no
pueden pagar el alquiler que les supone ir a trabajar a algunas ciudades e islas.
Está claro que además de las malas condiciones de trabajo,
muchos trabajadores y parados tienen una baja formación (el 35,8%,
frente al 16,4% en la UE-25, según
la OCDE). Una parte de “la culpa” la tiene el sistema educativo,
donde muchos jóvenes no acaban sus estudios y otros se forman en carreras con
pocas salidas. Y además, en España, la Formación Profesional (FP) tiene
poco peso (12% de los estudiantes, frente al 25% en la UE y el 40% en
Alemania). Pero otra parte de la “culpa” la tienen las propias empresas,
que gastan en la formación de sus plantillas la mitad que en Europa y la
tercera parte que en EEUU, según
la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen
las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Otro
dato: empresas
españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la
última década: gastaron un máximo de 110,95
euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y cayó a 60,51 euros en 2021 y está en 70,32 en
2024, según el INE.
El problema no es sólo que las empresas gasten poco en
formación. Además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y
parados no
funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las
empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos
recursos (2.500 millones de euros) a formar a parados (la mitad del dinero, que
gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y a trabajadores ocupados
(una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado
por la FUNDAE, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado),
que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El
problema es que la mitad del dinero que gestiona la FUNDAE no
se gasta en formación, bien porque las empresas no solicitan cursos
(7
de cada 10 empresas no los aprovechan), porque tienen que adelantar el
40% del importe y tardan en recuperarlo, o por no dar permisos retribuidos para
hacerlos a sus empleados.
Para paliar la falta de trabajadores cualificados y no
cualificados, habría que actuar en varios frentes, según
este estudio de Funcas. Por un lado, seguir abriendo vías a la inmigración
legal y ordenada, con acuerdos para contratar en
origen a extranjeros para sectores que no son “atractivos” para los españoles (agricultura,
hostelería, turismo, empleadas de hogar y cuidados). Por otro, intentar la
vuelta de jóvenes españoles que han emigrado por falta de oportunidades en
España (se estima que han sido 650.000 tras la pandemia). Además, hay que reestructurar
toda la política de formación y reciclaje de trabajadores y parados,
para que se gasten todos los recursos de formación dirigidos a trabajadores en
activo y para que haya más parados que hagan cursos de formación (sólo los
hacen menos
del 10% de los desempleados), ligando esa formación y reciclaje a los
puestos donde faltan candidatos. Y a medio plazo, urge una política
educativa que ayude a los jóvenes a orientarse hacia estudios y carreras con
más salidas profesionales, ligadas a la tecnología y la innovación (carreras STEM),
la digitalización y la descarbonización de las empresas y la economía.
Otro punto clave es mejorar “la motivación” de los
trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, que en muchos casos están muy
descontentos con su trabajo. El dato es impactante: un 57% de los
trabajadores españoles están “desmotivados”, según
el último informe Hays. La mayoría dice que lo está por sus bajos
sueldos, que han perdido poder adquisitivo (-2,5% entre 2019 y 2024, según
la OCDE), pero otros señalan una larga lista de motivos para estar “desmotivados”
con su trabajo: horarios, falta de reconocimiento, dificultades de promoción,
excesiva carga de trabajo, presión por cumplir metas, falta de trabajo en
equipo, autoritarismo de los jefes, fatiga y agotamiento, además de problemas
psicológicos. Al final, esta
“falta de motivación” por el trabajo no ayuda a aumentar la oferta de
trabajadores ni a que los jóvenes se formen más y afronten retos futuros y
mejoren la productividad.
En resumen, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos
que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un
problema grave de falta
de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema
educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y
cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las
empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias
tecnológicas. Menos “culpar” a los
trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra
preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.
Que la situación económica de los jóvenes
es alarmante no es noticia, desgraciadamente. Lo más preocupante es que
se han beneficiado poco del fuerte crecimiento del empleo
tras la pandemia, que siguen teniendo mucho paro y empleos precarios
y mal pagados. Y que ahora, con los alquileres y pisos por las nubes, no
pueden formar una familia ni emanciparse. Pero además, un reciente
informe señala otros dos problemas de fondo para los jóvenes. Uno, que el
bajo crecimiento de la población lastra la economía mientras a sus padres
les benefició el “baby boom”. Y el otro, que la política y la economía benefician
hoy más a los mayores que a los jóvenes, que son menos que los jubilados
y no tienen casi protagonismo político. Urge tomar medidas para evitar
que malviva toda una generación y acabe siendo utilizada por la
extrema derecha. Medidas que van desde la educación y formación a
los contratos, los sueldos y condiciones laborales, la conciliación laboral y,
sobre todo, la vivienda.
Y lo mismo pasa con el paro: se redujo de 3.191.900
desempleados a finales de 2019 a 2.789.200 en marzo de 2025 (-402.700
parados), según
la EPA, pero sólo bajó el desempleo de los jóvenes (16-24 años) en
-12.500 parados (-2,70%), mientras bajaba el paro en 422.000 personas (-19,02%)
entre los de 25 a 54 años y subía en +31.000 parados (+6%) entre los mayores de
55 años, por el aumento del paro de larga duración. Y el paro juvenil (menores 25 años), aunque ha bajado (del 30,5%
en 2019 al 25,6% en marzo de 2025), es todavía casi el doble del
europeo (14,8%) y cuatro veces el de Alemania (6,8%), según
Eurostat.
Así que el crecimiento, el empleo y la bajada del paro han
beneficiado menos a los jóvenes, que tienen un problema de entrada:
tardan varios años en colocarse y tienen una tasa de empleo más baja que
el resto de la población y que en el resto de Europa. Así, en España, la tasa
de empleo es del 42,3% entre los 16 y 29 años (trabajan menos de la mitad
de los que podrían hacerlo), mientras es del 67% para el conjunto de la población
(16 a 64 años). Y si comparamos a nuestros jóvenes con Europa (la
estadística de Eurostat se refiere a los jóvenes de 15 a 29 años), en
España trabajan el 40,3%, frente al 49,5% en la UE-27, el 62,9% en
Alemania, el 48,6% en Francia y el 34,4% en Italia.
Trabajan menos jóvenes en España por 2 razones, según los
expertos. Una, por el modelo económico español, que tiene
empresas más pequeñas y un menor peso de la industria y la tecnología, con un
exceso del sector servicios, que ofrece un empleo más vulnerable. Y la
otra, por la menor formación de los jóvenes españoles, con más universitarios
pero menos con formación media y FP: hay una “brecha” del 37% entre los
empleos que buscan las empresas y la formación de los jóvenes que buscan empleo,
según un informe de McKinsey. Y además, eso provoca que España sea el
país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los
graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja
cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de
supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en la
UE-27.
El siguiente problema de los jóvenes, cuando ya encuentran un
empleo, es que suele ser muy precario y mal pagado. En 2024, el
60,5% de los contratos de los menores de 30 años fueron temporales, según
un reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y además, muchos
contratos de los jóvenes son a tiempo parcial, por horas o días: más de la
cuarta parte de los jóvenes que trabajan (el 27,7%) tienen uno de estos
contratos a tiempo parcial, el doble que el conjunto de trabajadores (la
parcialidad global afecta al 14,1% de los ocupados). En consecuencia, en 2024
había 852.900 jóvenes (16 a 29 años) trabajando a tiempo parcial
(la mayoría, 518.600, mujeres jóvenes). Y lo más preocupante es que casi la
mitad de estos jóvenes que trabajan menos horas (el 46%) lo hacen porque no
encuentran un trabajo a jornada completa, según los datos de la
EPA.
Con tantos empleos temporales y a tiempo parcial, la
consecuencia es que el sueldo de los jóvenes es más bajo que el
del resto de los trabajadores.: el salario medio bruto de los menores de 30
años es de 1.558 euros mensuales, un 27% más bajo que la media de sueldos en
España, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y por franjas de edad, hay
sueldos aún más bajos: 11.313,36 euros brutos de media ganan los menores
de 20 años (el 40% de la media nacional), 15.364 euros es el sueldo
medio de los que tienen de 20 a 24 años (el 55% de la media) y 21.039 euros
el sueldo anual de los que tienen entre 25 y 29 años (el 75% de la media
nacional), según
la Encuesta de salarios del INE (2023).
Además de estos bajos sueldos brutos, el sueldo neto de los
jóvenes es también bajo, porque pagan impuestos y cotizaciones. Aunque muchos
jóvenes no declaran, por sus bajos sueldos, soportan una alta carga
fiscal por pago de cotizaciones sociales e IVA. Así, los jóvenes menores
de 20 años pagan un 6,45% de su sueldo bruto (11.313 euros anuales) en cotizaciones,
los que tienen de 20 a 24 años (y ganan 15,364 euros) pagan un 7,31% entre IRPF
más cotizaciones y los que tienen entre 25 y 29 años (que ganan 21.039 euros
brutos) pagan un 18,56% entre IRPF y cotizaciones, según
el Consejo de Economistas. Y a la hora de comprar y pagar el IVA,
los menores de 35 años son los que dedican más parte de sus ingresos a pagar
IVA: el 7,7%, frente al 6,6% los que tienen entre 55 y 64 años, el 6,4% los que
tienen entre 65 y 74 años y el 6,3% los mayores de 75 años.
Además de la precariedad y los bajos sueldos, los jóvenes
llevan una década sufriendo el
disparatado precio de la vivienda, tanto la compra (los pisos han
subido un +55,4% entre 2014 y 2024) como el alquiler (+81% subida
desde 2024). Mientras la mayor parte de sus padres tienen su casa en propiedad
(el 70%), sólo
el 42% de los hogares jóvenes ha podido comprar o acceder a una vivienda.
Y la mayoría tiene que alquilar, algo difícil porque apenas hay
alquileres disponibles (cada oferta tiene 35 potenciales inquilinos) y porque
su precio está disparado (1.305 euros de media en España, 1.953 euros en Madrid
y 2.151 en Barcelona, según Idealista) y obliga a los jóvenes a destinar el 40%
y más de su sueldo a pagar el alquiler, algo que limita su emancipación y su
movilidad geográfica.
De hecho, los jóvenes se
emancipan en España a los 30,3 años (era a los 28,4 años en 2008), frente
a los 26,4 años en la UE-27 y los 23 y 24 años a los que se emancipan en
Francia o Alemania. Y además, muchos jóvenes, al no ver oportunidades en
España, emigran: entre 2021 y 2024 han salido de España 650.000
jóvenes de 18 a 35 años, buscando una oportunidad laboral y vital en el
extranjero, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. En paralelo, muchos
jóvenes no
pueden irse a trabajar a otra ciudad distinta a la que viven sus padres
(en la hostelería o como profesores, médicos o policías) porque no pueden pagar
allí el elevado alquiler (caso de Madrid, Barcelona y las islas).
Junto a todos estos problemas, los jóvenes españoles sufren
una “doble desventaja estructural”, según
el reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. La primera, que la
demografía no les ayuda (como a sus padres) sino que les supone
ahora un lastre: si en el siglo pasado (entre 1980 y 1999), el
crecimiento per cápita creció mucho (+59,4%), en gran parte fue por la demografía,
el “baby boom” (aportó un 11,15%). Pero ahora, entre 2000 y 20129, el
crecimiento per cápita ha sido la tercera parte (+20,34%) ha sido porque la
demografía (pocos nacimientos) ha lastrado el crecimiento (-2,76%). A lo claro:
la demografía frena ahora el crecimiento de los jóvenes mientras empujó el
de sus padres.
La otra desventaja, más polémica, es que la política
económica y las prioridades de los Gobiernos son los mayores y no los jóvenes,
porque son más y votan, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Si en los años 80 y 90,
los padres de los jóvenes actuales protagonizaban la economía y la política, sus
hijos “no
tienen aliados”, según el estudio, que insiste en el protagonismo
económico y político de los mayores. Y se apoyan en que las pensiones
se llevan ya el 30% del gasto público y suponen el 12,9% del PIB, siendo “las
más generosas de Europa”: la pensión pública representa el 77% del último salario en España,
frente al 62,6% en Paises Bajos, el 59,3% en Italia, el 41,6% en Francia o el
36,8% en Alemania, según
datos de Eurostat (2022).
En definitiva, el
estudio señala que hay un desequilibrio en las prioridades y el gasto
a favor de los mayores (que son más: 10 millones de españoles tienen
más de 65 años) y en perjuicio de los jóvenes (hay 7 millones entre los 18 y 30
años), que además se encuentran socialmente más aislados, “pasando
de la política” y sin cauces propios de representación institucional
(salvo la “atracción” por la extrema derecha en muchos casos). Por eso, estos
expertos piden “reequilibrar el contrato generacional”, destinar
más recursos a las políticas juveniles y a mejorar la productividad de la
economía, para alentar un crecimiento de fondo, al margen de la demografía. Y por
eso piden que
se cumpla una regla sencilla: por cada nuevo euro que
España gaste en mayores, que se gaste otro euro en políticas dirigidas a los
jóvenes. Y que en todas las nuevas Leyes y en el Plan de recuperación
en marcha, se tenga en cuenta el impacto sobre los jóvenes.
Además de orientar más la política y la economía a los jóvenes,
los expertos coinciden en la necesidad de tomar medidas
en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay
que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la
formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que
necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su
digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la
contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y
en mejorar las prácticas y becas (el
Estatuto del Becario sigue sin aprobarse por el Gobierno, tras
anunciarse con los sindicatos hace más de 700 días). Y hay que mejorar la
conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos.
Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a
los jóvenes, con ayudas hoy escasas e ineficaces.
En resumen, que la situación de los jóvenes es cada vez más
preocupante en España, quizás porque los
distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que
más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país,
hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que
han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de
vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y tecnológico que nos hagan más productivos
y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato
generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor
de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes
de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.
