A mediados de septiembre, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) impuso tres multas a Facebook por utilizar datos personales de los usuarios sin su conocimiento. Ya en 2013, la APD fue la primera agencia
europea que multó por lo mismo a Google.
Pero a la vez, acaba de autorizar al
gigante de Internet a transferir datos
de españoles a EEUU. Nuestros datos son un gran negocio, no sólo
para Google o Facebook sino para WhatsApp, Instagram, Apple, Amazon, telecos,
bancos y miles de empresas que los venden y utilizan sin que lo sepamos. Telefónica ofrecerá, a principios de
2018, una plataforma (Aura) para que
sepamos los datos que tiene y podamos negociar con quien los utiliza. Pero es un espejismo: realmente estamos
indefensos. En mayo de 2018
entra en vigor el Reglamento europeo de
protección de datos, más estricto, pero también Bruselas va a permitir que los datos viajen sin fronteras por toda Europa. Porque
nuestros datos, el big data, es el gran negocio
del siglo. Ojo a lo que hacemos y publicamos en Internet.
enrique ortega
Cada día dejamos un rastro en Internet con billones de datos. Dejamos una “huella digital” cada vez que hacemos
una búsqueda en Google, al mandar un correo electrónico, al buscar un billete
de avión, al comprar y pagar online, al hacer una transferencia por la Red, al buscar un lugar
en Google Maps, al hablar con nuestros amigos en Facebook o Twitter, al
descargarnos una APP, al comprar una entrada online, al subir una foto a
Instagram o enviar un WhatsApp, al buscar trabajo en Linkedin o Infoempleo, al
llamar por el Smartphone o bajarnos música de Spotify y vídeos de YouTube… Sin darnos cuenta, cada día vamos dejando un rastro (con las cookies, esos
archivos que rastrean lo que hacemos) sobre nuestros hábitos y preferencias,
datos que sirven para que los grandes operadores de internet o las telecos vendan
a empresas, bancos y políticos una publicidad personalizada, que es la
base de su negocio, a nuestra costa. El “anzuelo”
es que la mayor parte de estos servicios son “gratuitos”,
pero no es verdad: los pagamos con nuestros datos.
Con 3.200 millones de
internautas en el mundo (28 millones en España), Internet es una gran “mina” de
datos, que crece imparable cada día. Cada minuto se generan en el mundo 1.700 millones de datos (el 94%
digital), que rellenarían 360.000 DVD. Y con los 6 megabytes de datos por persona que se generan cada día se podrían grabar tantos DVD
como para, al ponerlos en fila, ir y volver a la Luna, según el informe BSA Sata Study. Y este gigantesco volumen de datos se duplica cada 1,2
años, siendo cada vez más barato almacenarlos. Y a partir de ahí, explotar estos datos, “refinarlos”, el gran reto de la nueva industria del big data, que factura unos 42.000 millones de euros y se prevé que sea el doble para 2020.
La industria de los datos, el big data, es la base del
negocio de Google, que con más de
600 millones de usuarios activos facturará este año más de 100.000 millones de dólares. Y el 88% son ingresos por publicidad,
anuncios segmentados que vende con el gancho de conocer a fondo los gustos y
preferencias de sus usuarios, gracias a los datos que dejan cada vez que
utilizan sus servicios. Lo mismo hacen sus empresas, sobre todo YouTube (1.100 millones de usuarios).
El otro gran beneficiario de nuestros datos es Facebook (2.000 millones de usuarios), que factura 26.885 millones de dólares, el 80% por la publicidad segmentada que vende.
Y lo mismo sus empresas, WhatsApp
(1.300 millones de usuarios) e Instagram
(700 millones de usuarios). Y otros grandes gigantes de Internet, como Apple (180.000 millones de dólares de
facturación) o Amazon (135.987 millones)
venden más gracias a saber todo de sus clientes (Apple tiene la mayor base de tarjetas de crédito del mundo).
Pero en los últimos años, los millones de datos de usuarios que circulan por la red, el
big
data, han atraído a nuevas empresas, que buscan sacar partido a estos datos y vender sus
análisis a terceros, desde empresas de consumo a supermercados, líneas aéreas,
bancos o empresas de ocio. Se trata de los analistas de datos (“minería de datos”)
y los brókeres de datos (que los comercializan a empresas, telecos y
bancos o hasta políticos (son cada vez más claves en las campañas electorales),
sin olvidar el mercado ilegal de datos
robados. Un negocio con un enorme potencial, porque los datos son casi ilimitados y sólo se saca provecho actualmente al 10%
de ellos. Ser capaces de “refinar” estos datos, de
transformarlos en información útil para empresas y Gobiernos, es el gran
potencial de los datos, del big data, que algunos han bautizado ya como “el petróleo del siglo XXI”.
Y ya se habla de que será un gran nicho de negocio y de empleo para las futuras
generaciones.
Por si teníamos dudas, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) acaba de imponer
tres multas a Facebook, el 11 de
septiembre, por dos infracciones graves
y una muy grave: “utilizar con fines
publicitarios datos especialmente protegidos de usuarios españoles (ideología, preferencias
sexuales, creencias religiosas, gustos personales y preferencias de navegación
en la Red) sin recabar el consentimiento del usuario y no cancelar la
información de los usuarios cuando ya no es útil para el fin que se recogió o
cuando lo solicitan”. Y la APD desvela incluso que los datos no sólo son
recogidos desde Facebook sino también
desde páginas de terceros, de otras webs que consultan sus usuarios. Y
concluye que “un usuario con conocimiento
medio de las nuevas tecnologías no es consciente de la recogida de datos ni de
para qué van a ser utilizados”. Por todo ello,la AEPD le impone a Facebook una multa de 1.200.000 euros, la mayor sanción impuesta
hasta ahora pero mínima para el gigante USA: supone lo que Facebook ingresa por
publicidad en el mundo en media hora…
Las Agencias de Protección de datos de Bélgica, Francia, Hamburgo (Alemania) y Holanda también han abierto expediente a Facebook.
Como ya lo hicieron 29 paises europeos en 2013 contra Google, aunque fue la AEPD española la primera en multar también a Google, en diciembre de 2013: 3 sanciones, por un total de 900.000 euros
(el 0,18% de su facturación publicitaria entonces), por “vulnerar los derechos de los internautas en el filtrado de Gmail, al
cruzar los datos de sus diferentes servicios sin informar al usuario para qué
se utilizan, al almacenarlos por tiempo indefinido y al obstaculizar (o
impedir) al internauta ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos”. Google recurrió y nadie sabe si esa multa se ha impuesto.
Lo que sí sabemos es que diez días después del reciente expediente a Facebook, el 21 de
septiembre, la Agencia de Protección de Datos española (AEPD) ha dado luz verde a Google
para que transfiera datos de Google
Cloud y Google Site de España a Estados
Unidos, siempre que cumpla una serie de garantías contractuales. Algo
preocupante dado que EEUU “no tiene un
nivel adecuado de salvaguarda de datos”, según dice la propia AEPD. Es más, a finales de septiembre, EEUU ha aprobado una normativa que permite a las operadoras de Internet vender datos de sus clientes salvo que el
usuario pida “expresamente” lo contrario (hasta ahora era al revés: sólo
podían comercializarse con “permiso previo” del cliente).
Así que una de cal y otra de arena de la AEPD,
mientras Europa presume de “estar a
la vanguardia mundial” en la protección de datos. De hecho, el 25 de mayo de 2018 entrará en vigor en toda
la Unión Europea (incluida España) el nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos, que sustituye a la Directiva
de datos de 1995. Sobre el papel, parece un gran avance en la protección de
nuestros datos, ya que incorpora 3 grandes novedades. La principal, que cualquier europeo podrá
solicitar si su información privada es procesada, dónde y bajo qué propósito, obligando a la compañía que tiene los datos
a proporcionar al cliente una copia en formato electrónico (gratis) de esos
datos que almacena. Además, reconoce el “derecho al olvido”, a exigir que se borren sus datos sin demora, un
derecho que ya ha recurrido Google. Y en tercer lugar, reconoce el “derecho a la portabilidad”: las personas
que han cedido sus datos pueden exigir que se los transfieran al usuario o a un
tercero que él designe, para lo que tendrán que tener listas infraestructuras
de migración de datos. Y junto a estas tres novedades, se contemplan sanciones más elevadas para las empresas que incumplan, hasta 600.000 euros.
El próximo Reglamento
europeo de protección de datos “suena bien” pero dependerá de cómo se aplique. Y el temor es que la UE no sea
muy rigurosa, porque en paralelo quiere
promover una poderosa industria europea de explotación de datos, promover “el big data UE”, no quedarse a la
zaga de EEUU. Para ello, la Comisión Europea anunció, en octubre de 2014, un Plan para invertir 2.500 millones
(500 del Presupuesto UE) para crear una potente industria europea de
tratamiento de datos, que coparía el 30% del mercado mundial y crearía unos
100.000 nuevos empleos para 2020. Y para facilitarlo, la Comisión Europea ha presentado en septiembre un proyecto de Reglamento que prohíbe las restricciones nacionales a la libre circulación de datos en Europa y anula la obligación que tienen las empresas europeas de guardar ciertos datos en su país. O sea, no habrá ya fronteras a nuestros datos entre los 28 paises UE.
Al final, la cuestión es que otros hacen negocios y ganan dinero con nuestros datos. Algunos defensores del big data insisten en que también los usuarios ganamos con la
industria de los datos, porque tenemos
mejores productos y servicios, más adaptados a lo que necesitamos. Y que el
big data mejorará los servicios públicos, desde la sanidad a los transportes y el ocio,
al ajustar mejor necesidades y oferta. Pero lo que es indudable es que
nosotros, los usuarios, estamos cada vez más expuestos y no
sabemos qué se hace con nuestros datos. Nadie lee las condiciones de privacidad
y las cookies se nos imponen
cada día como una pesadez sin ninguna
utilidad. De hecho, el futuro Reglamento europeo reduce su obligatoriedad en algunos casos y
relega el tema de la privacidad a la configuración de los navegadores. Algo poco eficaz.
Algunos expertos interesados, como Telefónica, han propuesto que los usuarios peleemos por nuestros
datos, exigiendo a cambio un pago o descuentos en el servicios. Y para
ello, pondrá en marcha, desde principios
de 2018, una nueva
plataforma llamada “Aura”, donde los clientes podrán ver la información que Telefónica
tiene de ellos y así intentar “negociar” con Google, Facebook y los demás
gigantes de Internet para que nos compensen por utilizar esos datos. Pero la propuesta es un engaño y un espejismo. Un
engaño porque la idea inicial de Telefónica y las telecos era tratar de
cobrar ellos a Google y compañía por los datos. Al no conseguirlo, han
transferido la tarea a los clientes, un
espejismo, porque no podremos negociar nada con estos gigantes. Y si
queremos seguir con las búsquedas, los mail o las redes sociales, tendremos que
pasar por el aro de ceder nuestros
datos. Gratis.
El problema es muy serio y tiene mal arreglo: estamos
totalmente expuestos, lo saben todo de nosotros y cada día más. Y no podemos hacer casi nada por evitarlo, salvo exigir a los Gobiernos
(AEPD) que vigilen el uso de los datos y estar informados, pudiendo anularlos o intentar
negociar con ellos en inferioridad de condiciones. Otra vía es ser más cuidadosos y reducir nuestros datos,
nuestra exposición pública, algo bastante difícil y más en un futuro donde
avanzará el Internet de las cosas y habrá millones de aparatos interconectados.
Así que ya lo saben: estamos desnudos,
expuestos y hacen un gran negocio con nuestros datos. Tratemos de que
abusen menos y nos compensen más por ello. Es lo mínimo que podemos pedir.
El grave conflicto de Cataluña
no puede ocultarnos el problema que más preocupa a los españoles: el paro. Sobre todo cuando la EPA de
hoy indica que se crea poco empleo (235.900, como el verano anterior) y que cae menos el paro. Y además, 19 de cada 20 contratos que se firman son precarios
(temporales o por días y horas). Seguimos con más del doble de paro que Europa y la mitad de los parados
son de larga duración y no cobran ya nada.
El Banco de España y el FMI acaban de alertar
que España sólo crea empleo en bares,
tiendas y servicios, un empleo muy poco productivo y que obliga a cambiar el
modelo económico. Urge aprobar un Plan de empleo que mejore las ayudas y la formación de los
parados, reforme las oficinas de empleo y reduzca el fraude en los contratos
temporales (sólo un 10% se hacen fijos). Y aprobar medidas para reanimar la economía, que en 2018 va a crecer mucho
menos (no sólo por Cataluña) y creará menos
empleo. Si han pactado afrontar
juntos el problema de Cataluña, ¿por
qué no acuerdan un Plan de empleo?
enrique ortega
El verano suele
ser una buena época para el empleo, por el turismo, la agricultura y los
servicios. Este año, en el tercer
trimestre se han creado 235.900
nuevos empleos, según la EPA conocida hoy, casi los mismos que el verano anterior (226.500) y más
que en el de 2015 (182.200 empleos). La mayoría de empleos se han creado en los
servicios (+ 236.400), por el
turismo, seguidos de lejos por la industria
(+34.100), la construcción (+21.000), mientras pierde empleo el campo (-55.000). Se han creado más empleos entre los hombres (+163.600) que entre las mujeres (+72.300), concentrándose los
nuevos trabajos entre los jóvenes de 20
a 24 años (+101.000) y los mayores
de 45 años (+102.300). Y se ha creado empleo en todas las autonomías, pero
sobre todo en Comunidad Valenciana (+47.400), Cataluña (+46.100, 26.500 menos que en el trimestre anterior), Madrid (+40.200) y Baleares (+31.300).
Se vuelve a crear empleo, tras la caída del primer trimestre (-69.800
empleos perdidos), aunque menos que en el segundo trimestre (+375.000 empleos). Lo peor es que el empleo
creado sigue siendo muy precario: el 91,09% de los empleos creados de enero a
septiembre de 2017 han sido temporales
y sólo el 8,81% son contratos fijos, una tendencia que se repite desde que se
empezó a crear empleo en 2014. Y más de un tercio (35,45%) son contratos a
tiempo parcial, por horas o por días (la cuarta parte, menos de usa
semana), según Empleo. O sea, que de los 420.000 empleos creados este año, sólo el 5,7% son empleos de calidad: fijos y a tiempo
completo. Que 19 de cada 20 contratos
que se firman son “precarios”.
Gracias al empleo creado en el tercer trimestre, el paro vuelve a bajar, en 182.600
personas, menos que en los dos años
anteriores (-253 900 en 2016 y -253.900 en 2015), porque han aumentado los
españoles que buscan trabajo. Con ello, la cifra de parados EPA
queda en 3.731.700 desempleados. Y la
tasa de paro baja de nuevo, al 16,38%, la menor desde 2008, aunque
seguimos con más del doble de paro que
Europa (7,6% en la UE-28 y 9,1%
en la zona euro en agosto, según Eurostat), sólo superados por Grecia (21,2% de paro) y muy lejos del paro
de Alemania (3,6%) o Reino Unido
(4,3%) e incluso Portugal (8,9%), Francia (9,8%) e Italia (11,2%).Y lo peor es
que el paro juvenil (menos 25 años),
aunque ha bajado al 36% en España, duplica con creces el paro de los jóvenes europeos (16,7% en agosto).
El paro español
se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados, 1.921.000, con
una tasa del 18,21%, frente al 14,80% los hombres), los jóvenes menores de 25 años (36% de paro) y los mayores de 50 años (el 14,5% en paro,
el triple que en 2007), donde hay ya 925.200 españoles maduros sin trabajo (y
sin perspectiva de tenerlo), según la EPA. Y
se ceba también en los inmigrantes, cuya
tasa de paro (22,7%) supera a la de los españoles. Por autonomías, hay 5 regiones que siguen con una “tasa de paro insoportable”, superior al 22%: Melilla (26,16% de
paro), Extremadura (24,76%), Andalucía (25,41%), Ceuta (22,36%) y Canarias (21,87%),
la
media España más pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de Navarra (10,52%), País Vasco (11,56%) y la
Rioja (12,62%). Y un dato estremecedor: todavía hay 1.193.900 hogares donde todos
sus miembros están en paro, no trabaja nadie.
Pero quizás el dato
más preocupante es que la mitad de
los parados no cobran ninguna ayuda: de los 3.731.700 españoles que se consideran parados (EPA 3º trimestre 2017),
estén o no apuntados en las oficinas
de empleo, hay 1.836.008 parados que no cobran ningún subsidio, el 49,21% de
los parados EPA (al llegar Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, los que no
cobraban eran el 44,5% de los parados EPA). Y de los 1.895.692 parados que sí cobran algo, según el Ministerio de Empleo, sólo 815.174 perciben una prestación contributiva (783 euros de media) y la mayoría, el
millón restante, cobran sólo 426 euros de una prestación asistencial (parados de larga duración con cargas
familiares), que se les acaba en 6 meses. Todo ello se debe a los recortes que hizo el Gobierno Rajoy
en las prestaciones de desempleo, para rebajar el déficit público a costa de “ahorrar con los parados”: si en 2012 se gastaron 31.680 millones en los
parados, en
2017 se van a gastar casi la mitad, 18.318 millones. Resultado: que casi la mitad de los parados (el 48,5%) son
pobres, según el INE.
Si la mitad de los parados no cobran nada se debe,
sobre todo, a que se les ha acabado el
subsidio, porque llevan mucho en paro. Porque otro problema en España es
que hay mucho
paro “viejo”, parados “de larga duración” (más de 1 año en paro): en septiembre
eran ya 1.891.100 parados, el 49,2% del
total, según la EPA de hoy (en la UE-28, son el 44% de los parados). De ellos, 1,36
millones llevan parados más de 2 años y 1 millón llevan más de 4 años, según un
estudio de Fedea. Son una bolsa de “parados crónicos” que tienen muy
difícil volver a trabajar algún día. Y más porque tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o
incluso menos, según la EPA. Y mucha edad: un tercio
(32,3%) de todos los parados de larga duración tienen ya más de 50 años.
Ahora se espera
que el empleo crezca algo menos en
el cuarto trimestre, como es habitual y por la crisis de Cataluña (allí se
genera el 30% del empleo total), que pasará factura al turismo, al comercio y a
muchas industrias. La previsión del Gobierno es cerrar el año 2017 con unos 500.000 nuevos empleos. De ser así, España habría creado en los últimos 4 años (desde el
2º trimestre de 2014) un total de 1.872.900
nuevos empleos, todavía menos de la mitad de los empleos perdidos con la
crisis (-3.802.800). Eso significa que todavía quedan 2 millones de empleos por recuperar. Y al ritmo actual, con
los 425.000 empleos que el Gobierno espera crear en 2018, se tardarían todavía 5 años en conseguir que en España trabajaran
tantos como antes de la crisis. Y además, hay que buscar trabajo para las
nuevas generaciones.
El problema de fondo
es que el modelo económico español “no da de sí más empleo”, como ha advertido recientemente el Banco de España: el motor de los empleos creados estos años es el turismo y la
construcción y parece que ambos “han tocado techo”, según este estudio. Y por
eso, proponen
diversificar la economía y volcarse más en la industria y otros
sectores innovadores, donde se crea menos empleo en España que en Europa. Y
para ello, propone
el Banco de España, hay que volcarse en mejorar la formación de los españoles (el
42% de los adultos apenas tiene la ESO, frente al 20% en Europa) y en cambiar el modelo de crecimiento: pasar de un país de tiendas, bares y hoteles
a un país de empresas innovadoras y competitivas, algo que tarda décadas.
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) coincide en esta idea en su último
informe sobre España (6 octubre 2017): la mayoría del empleo (70%) se da en
España en sectores poco productivos (turismo, comercio, hostelería, servicios y
administración pública), que crean menos riqueza por empleo, mientras que el empleo cualificado es escaso (7,5%)
y se concentra en Madrid y Cataluña.
Además de crear poco
empleo cualificado, el gran problema del empleo en España es su precariedad: España es el 2º país de Europa con más empleos temporales (26,8%, 4.206.100
trabajadores), sólo por detrás de Polonia (27,5%) y muy por encima de la media
UE (14,2%), según Eurostat. Y hay dos “peculiaridades”
más. Una, que España es, además, el
2º país europeo con más “empleo temporal no deseado”
(porque no encuentran otro): lo sienten así un 91,4% de los trabajadores temporales, sólo por detrás del 92,2% de
Chipre y muy por encima del 62% de media en Europa. Y la otra, que España es el 3º país europeo donde menos contratos temporales se hacen fijos:
sólo el 9,8% de los contratos
temporales hechos en 2015 se hicieron fijos en 2016, frente al 23,7% en Europa (UE-28), el 55,3% en
Reino Unido, el 28,7% en Alemania, el 27,3% en Portugal y el 19,6% en Italia y
sólo peor que Francia (un 10,9% de temporales se hacen fijos) y Grecia (16,9%).
Y si miramos los contratos
a tiempo parcial, por horas o días (el 26% se hacen por 1 semana o menos),
los tienen ya el 15,25% de los
trabajadores, menos que en Europa (19,5%), pero hay 2 datos preocupantes. Uno,
que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial durante la
crisis. Y el otro, que el 60% de los
españoles que trabajan a media jornada o por horas (sobre todo mujeres y
jóvenes) preferirían trabajar a jornada
completa, frente a sólo un 27,5% de europeos que trabajan “forzosamente”
por horas, según la OIT.
Esta enorme
precariedad laboral no sólo indica que “el triunfalismo” del Gobierno Rajoy
sobre el mucho empleo que han creado es un “espejismo” engañoso, sino que acarrea
un rosario de problemas a los españoles y a la economía. Por un lado,
la gran precariedad se traduce en salarios muy bajos: un trabajador
temporal gana un 33% menos que uno fijo (16.422 euros frente a 24.561 euros de
media, según el INE) y un
trabajador a tiempo parcial cobra menos de la mitad que uno que trabaja a
jornada completa (10.065 euros frente a 27.039 euros). Y tener a muchos
trabajadores precarios cobrando poco se traduce en menos consumo (y por ende, menos
crecimiento y menos empleo), menos ingresos por impuestos (más déficit), menos cotizaciones y un fuerte déficit de las pensiones.
Así que ya no es sólo que el empleo que se cree sea precario
y eso inquiete a millones de familias,
muy vulnerables. Es que además, este empleo de mala calidad lastra la recuperación. Por eso, afianzar el crecimiento y aumentar el
empleo pasa por mejorar la calidad del
empleo que se crea, para que haya más contratos fijos y a jornada completa,
no seguir con el fraude de hacer contratos temporales o por horas para empleos
que son estables. Urge aprobar cuanto antes un Plan de empleo con 4
patas: aumentar el número de parados que cobran ayudas (al menos que cobren 1 millón
de parados más, lo que costaría unos 5.000 millones anuales), poner en marcha más políticas activas de empleo
(gastar 2.500 millones más en formación y orientación profesional, junto a
nuevos incentivos a la contratación), reformar a fondo las oficinas de empleo
(el SEPE no funciona, por falta de personal y políticas de ayuda a los parados:
bastarían 1.000 millones más para que despegue) y un Plan contra la precariedad laboral, con el palo y la zanahoria: más
medios contra el fraude y ayudas para
mejorar la calidad de los contratos (otros 1.500 millones).
En total, habría que gastar
unos 10.000 millones más en este Plan de empleo, la cuarta parte del dinero irrecuperable destinado al rescate bancario (41.500 millones). No es mucho para
afrontar el problema que más preocupa a los españoles (CIS). Y en paralelo, la
previsión de que España vaya a crecer un
tercio menos en 2018 (el 2,3%
frente al 3,1 de 2017, según el Gobierno, pero podría ser incluso menos: el 1,4% si el problema de Cataluña se enquista, según la Autoridad Fiscal ) obliga al Gobierno Rajoy y a la oposición a pactar un
Plan adicional para reanimar la economía, no volver a hacer recortes
como pretende Montoro en el Presupuesto 2018, para rebajar más el déficit público
(del 3,1% PIB al 2,3%, por debajo incluso del 3% que exige Bruselas a los
paises del euro). Ese nuevo ajuste
para 2018, junto a las secuelas del problema de Cataluña,
sería un duro golpe al empleo el año próximo. Y como se ha visto con
la EPA de septiembre, no están las cosas
para bajar la guardia. Hay que volcarse en crecer más y crear más empleo de
calidad, no en hacer más ajustes. Si
han sido capaces de buscar juntos una salida al problema de Cataluña, pacten
medidas urgentes y extraordinarias para crear más empleo. Es
lo mínimo.
El nacionalismo es
un sentimiento atractivo para muchos jóvenes catalanes, pero su origen está en los intereses económicos de una burguesía
que, desde el siglo XIX hasta hoy, defiende
privilegios frente a España. Y en los 30
años que los nacionalistas han gobernado Cataluña, prefirieron pactar (con Aznar y González) y luego
defender un “pacto fiscal” a la vasca:
sólo desde hace 5 años son
independentistas. Pero ahora, una economía globalizada hace que una Cataluña independiente sea “un mal
negocio”: los catalanes vivirían peor
durante generaciones. Y también los demás
españoles. Les guste o no, el independentismo no es moderno ni
progresista ni económicamente viable. Si no se frena, Cataluña perderá
empresas, comercio, turistas, riqueza y empleo. Habrá que buscar soluciones también en la economía y en la
financiación, pero sin que Cataluña
consiga privilegios. Porque sigue habiendo 2 Españas, más alejadas hoy que hace 30 años. Arreglarlo pasa por
la solidaridad de la España rica (Cataluña) con la pobre. Eso sí es innegociable.
“La pela es la pela”.
La economía tiene mucho que ver con
la relación y los desencuentros históricos
de Cataluña y el resto de España. Empezando porque la peseta (del
catalán peceta, diminutivo de peça), la moneda española desde 1868
hasta el 2001, se acuñó por primera vez en Barcelona en 1808. Ya durante todo
el siglo XIX y primera parte del XX,
la burguesía catalana se peleó con los distintos gobiernos de España para
defender su industria y su comercio de ultramar, a golpe de aranceles (impuestos a los productos extranjeros), que hicieron
que el resto de España pagara más caros los textiles catalanes (o los metales
vascos). Y esa misma burguesía catalana se echó en brazos de Primo de Rivera
para que su dictadura (1923-1930) asegurara la paz laboral en sus empresas y los aranceles más
altos de Europa. Durante los primeros años de la guerra civil, el nacionalismo
catalán fue una rémora para la República y luego se desdibujó durante la larga dictadura franquista, sin dejar de hacer negocios. En 1959,
Jordi Pujol fundó Banca Catalana y su
fiasco en 1982 provocó el primer gran
rescate bancario: nos costó 2.000 millones de euros a todos los españoles.
Con la democracia,
el nacionalismo catalán llegó al poder
durante 30 años y en ese periodo asentó su ideología (básicamente
económica) gracias al poder de las instituciones, los medios de comunicación
públicos y la enseñanza (la lengua y la historia). Y defendió sus intereses “colaborando”
sin pudor con los gobiernos de España. En junio de 1993, Ciu apoyó la investidura de Felipe González,
a cambio de quedarse con el 15% del IRPF, más transferencias e
infraestructuras. Y en mayo de 1996 apoyó la presidencia de Aznar (que “hablaba catalán en la intimidad”), a
cambio del 30% del IRPF y más prebendas. En 2002, Artur Mas dice en un libro autobiográfico que apuesta “por
la España plurinacional”. Y, tras el Estatuto
de Autonomía de 2006, se reconoce como “un
nacionalista tolerante y moderno pero integrado en el conjunto de España”.
Pero como siempre, los nacionalistas quieren más y plantean, ya en 2012 y a Rajoy, el “pacto fiscal”: ser como el País Vasco, recaudar todos los impuestos y
luego pagar al Estado central por los servicios que presta.
Pero Rajoy dice no.
Y antes, lleva al Constitucional el
Estatuto de autonomía catalán aceptado por ZP y la mayoría del Congreso, que es
descafeinado por el alto Tribunal. A partir de estos dos rechazos, Mas y el nacionalismo catalán se radicalizan. Pero en octubre de 2012, todavía Mas decía: “No nos conviene plantear las
cosas en términos de independencia total, ya que desapareceríamos de Europa y
del euro”. En las elecciones de noviembre de 2012, Ciu se da un batacazo y
tiene que gobernar con Esquerra
(ERC), que impuso un referéndum para 2014. Y en las elecciones de 2015, Ciu
vuelve a darse otro batacazo y necesitó para gobernar a otro grupo
independentista radical, la
CUP, unos anticapitalistas que apoyan a Puigdemont, a pesar de que los
nacionalistas son la derecha más clásica: con Ciu en el poder, Cataluña
ha sido la autonomía que ha hecho más recortes
(un 20% del gasto desde 2010) y donde se han dado más casos de corrupción
política (con el 3% de “mordida”
para financiarse CiU).
A partir de aquí, el
nacionalismo catalán se radicaliza y se
multiplica en la calle, no por casualidad sino con la ayuda de dos poderosas organizaciones “ciudadanas”, financiadas por la
Generalitat, Esquerra y la burguesía catalana: Ómnium Cultural (creada en 1961 por empresarios
nacionalistas) y Asamblea Nacional de Cataluña (próxima a Esquerra y presidida hasta 2015 por
Carme Forcadell, ahora presidenta del Parlament), las dos muy protagonistas del
referéndum ilegal del 1-0 y de todas las acciones en la calle, con la ayuda de la CUP (unos anarquistas de nuevo cuño, extrañamente unidos a la burguesía catalana).
Todos tratan de aprovechar una cierta “oleada de nacionalismo”, que ha prendido entre la juventud y en muchos catalanes, al
calor de la manipulación histórica y sin tener en cuenta que el nacionalismo no ha servido estos años
para mejorar la vida de los catalanes, de lo que “culpan a España”.
Su argumento es que “España nos roba”: Cataluña pierde
16.000 millones y si fuéramos
independientes, podríamos vivir como Dinamarca. No es verdad, como demuestra José Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. El sistema de financiación actual es mejorable, pero busca que las
autonomías más ricas paguen más que las pobres. Y así, Cataluña tiene un saldo negativo de -9.892 millones (2014), el 5%
de su PIB, según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.. Pero hay también otras 3 autonomías con saldos
fiscales negativos: Madrid (-19.205 millones,
el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% PIB) y la Comunidad
Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% PIB). Y no piden independizarse, sino que cambie el sistema de financiación. Lo que no dicen tampoco los independentistas es que Cataluña es una de las regiones del mundo con más autonomía, tanto en competencias asumidas como en autonomía fiscal: recauda el 23,1% de sus ingresos, más que los Länder alemanes (21,3%) o los Estados en USA (20,9%).
La gran mentira del nacionalismo es que en una Cataluña independiente se
viviría mejor. Y aquí aparece otra vez la economía: la independencia
de Cataluña es “un mal negocio” para los catalanes (y para el resto de España). Ya se
ha empezado a ver, con la fuga de unas 1.200 empresas y bancos desde el 1-0, la pérdida de turistas (-15%, según Exceltur), la caída en las ventas de coches
(entre el 30 y el 40%) y en comercios
(-20%ventas grandes superficies). Y no es porque presione el Gobierno de España,
sino porque las empresas y los bancos buscan estabilidad y seguridad, saben que la independencia les resta
posibilidades de vender y crecer y les deja sin el paraguas europeo. El
problema es que ahora se van las sedes, pero si el conflicto se enquista, se
pueden ir las factorías y el empleo. La
ruina.
El problema de fondo
es que, con Europa y la globalización, una
Cataluña independiente no es viable económicamente. Esa es la realidad que no ven los
independentistas de buena fe. Y eso, básicamente, porque si se declara independiente, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Lo han dicho una y otra vez los
dirigentes europeos (la última vez, en la reciente Cumbre europea), pero además está
escrito en un dictamen del 12 de
abril de 2013 del Comité de las regiones de la UE (ver aquí punto 64): si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo
miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime”. Que no aprobaría España, ni tampoco paises con problemas nacionalistas, como Francia,
Italia o Reino Unido. En Europa hay 200
lenguas diferentes y como ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, “bastante difícil es gobernar una Unión a 28
como para hacerlo con 98 países”.
Y quedar fuera de Europa y del euro sería un drama económico para Cataluña.
Primero, porque el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”,
como en Grecia, impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos,
para evitar una fuga masiva de capitales, dado que los depósitos ya no estarían protegidos por el BCE (que
tampoco financiaría a los bancos con
sede en Cataluña: por eso se han ido). Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el
BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro, como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente para poder competir, disparando la inflación. Y todos los productos catalanes se encarecerían, al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y
de Europa, lo que reduciría las ventas de las empresas catalanas y su empleo.
Pero hay más. Cataluña perdería
los fondos europeos (1.400 millones de euros previstos para 2014-2020) y
las inversiones del Banco Europeo de
inversiones (BEI). Y gran parte de impuestos, que las
empresas fugadas pagarían al Gobierno español, que ya no les cedería la mitad
del IRPF y otros ingresos. Además, Cataluña tendría que hacer frente a su deuda (75.443 millones de euros en 2017), sin
recibir financiación ni ayuda de España como ahora (desde 2012, Cataluña ha recibido más de 70.000 millones de euros en préstamos de la Hacienda
española, el FLA), lo que estrangularía sus cuentas, con graves
problemas para financiarse en los
mercados. Y los pensionistas
tendrían problemas para cobrar sus pensiones, ya que Cataluña debería afrontar
sola el déficit que tiene la Seguridad Social allí (-4.963 millones) y que hoy se cubre con la hucha
de las pensiones y el Presupuesto español.
Se mire como se mire, la
independencia es “un mal negocio” para Cataluña. Y también para el resto de España: perderíamos el 19% de la economía, la más dinámica, la que más
exporta y crea más empleo. Ya nos está afectando, porque hay inversores europeos y norteamericanos preocupados por la situación en España debido al
“problema catalán”. Y más cuando Rajoy no consigue apoyos para presentar el Presupuesto 2018, lo que ha obligado
a prorrogar el Presupuesto 2017. Además, la tensión con Cataluña ya provoca que al Tesoro español le cueste más financiarse, colocar la deuda pública: un sobrecoste de 23 millones de euros en la última subasta del jueves. El Gobierno cree que esta incertidumbre política nos restará crecimiento en 2018 (-0,3% del PIB), lo que se traducirá
también en menos empleo (el 30% del total se crea en Cataluña). Y si la
situación se enquista, España podría crecer hasta 1,2% menos en 2018 (la mitad
del 2,3% previsto), según la Autoridad Fiscal (AIReF).
La recuperación
económica está en peligro por la crisis en Cataluña. Sobre
todo porque la independencia sería un suicidio económico, para Cataluña y
para toda España. Por si alguien lo dudaba, lo que ha pasado sólo en
octubre lo demuestra. Y lo peor está por venir: empresas que cambian sus factorías (¿Seat?),
turistas que dejan de venir, inversiones que no cuajan, boicot a productos catalanes… Antes o después, algún catalán
se quedará sin trabajo por el independentismo, por un nacionalismo que
es una ideología caduca y reaccionaria, que defiende los privilegios de los más
ricos (“pagar menos a España y que andaluces y extremeños se las apañen…”). Como los aranceles del siglo XIX pero ahora
son los impuestos, el “pacto fiscal”. Algo que no acaban de ver los miles de jóvenes que sueñan con la independencia, un sentimiento que puede ser atractivo pero
que choca con un mundo abierto y sin fronteras. Y que, de aplicarse, supondría que los catalanes serían más pobres en varias generaciones. Y lo sufrirían los de siempre: los trabajadores, los parados y los pensionistas, no la burguesía nacionalista.
Algo hay que hacer, pero todo apunta a que aplicar el artículo 155 de la Constitución es un parche obligado que no
soluciona el problema, que va a enquistarse, quizás meses.
Hasta que una mayoría clara de catalanes comprenda que la independencia es una
mala salida y exija elecciones (¿en enero?) y otro Gobierno. Y
entonces, habrá que negociar una salida, con medidas políticas, pero sobre todo económicas:
qué nivel de ingresos va a tener Cataluña
y cuánto va a aportar al resto del Estado. Porque esta pelea no puede traducirse en más privilegios, como ETA trajo el cupo vasco. Porque
hay una realidad: Cataluña lleva 2 siglos entre las regiones más ricas, mientras Extremadura, Andalucía y Canarias
llevan los últimos 40 años de democracia (y antes, varios siglos) siendo las más pobres : 12.660 euros de renta por persona en Cataluña en 2016 (y 14.345 euros en el País Vasco), un tercio más que los 8.398 euros en Andalucía, 8.674 de Extremadura y 8.702 de Canarias, según el INE. Y esas históricas diferencias de renta por persona sólo pueden resolverse con solidaridad
fiscal, pagando más los que más tienen (aunque le pese a la burguesía
catalana y a los que arrastran detrás).
Así que reforma de la
Constitución sí, reforma de la financiación autonómica también, pero no para legalizar situaciones de privilegio, sino para conseguir una España menos desigual y más justa, donde la calidad de la educación, la sanidad, las ayudas a los pobres y
dependientes, las infraestructuras o el empleo no dependan de dónde uno vive, como pasa ahora. Eso es lo que apoyan la
mayoría de españoles, cuyo “derecho a
decidir” debería estar por encima del “derecho a decidir” de una parte de
España. O del chantaje de sus líderes nacionalistas, como tantas veces en
nuestra historia. Hay que aprovechar el problema de Cataluña para configurar una España más integrada y menos desigual.
Acabar de una vez con las dos Españas. Esto no es negociable.
