El dilema de la 10ª subida de tipos

Hoy 14 de septiembre, el Banco Central Europeo (BCE) decide si vuelve a subir los tipos de interés (un +0,25%, hasta el 4,50%) o pospone la subida a octubre. La mayoría de expertos apuestan porque el BCE hará una “pausa”, tras 9 subidas de tipos en los últimos 14 meses, aunque también hay miembros del BCE que apuestan por una última subida, para atajar la inflación (5,3%). Pero preocupa que otra subida sea la puntilla para la economía europea, que no crece nada, con Alemania y 9 paises más decreciendo. Dilema: ser “ortodoxos” y subir tipos aunque la receta apenas baje la inflación (que sube por la energía y los alimentos) o ser “flexibles” y no agravar el estancamiento económico en Europa, sobre todo en Alemania, la que “manda” en el BCE. Suban o no, el problema es que no habrá bajadas de tipos hasta 2024. Y eso daña a familias, empresas y Presupuestos. Urge cambiar la política monetaria y reanimar la economía europea.

14.30 h. Confirmado el temor: el BCE ha subido tipos +0,25%, al 4,50%, el tipo más alto desde 2001

                Enrique Ortega

El mundo económico y financiero tiene la vista puesta hoy en el Banco Central Europeo (BCE), que debe decidir si aprueba o no la 10ª subida de tipos en los últimos 14 meses. El BCE empezó a aplicar su “receta” de subir tipos contra la inflación el 21 de julio de 2022, con un retraso de cuatro meses sobre la Reserva Federal USA, que empezó a subir los tipos el 17 de marzo. Desde entonces, hace 14 meses, el BCE ha subido los tipos de interés oficiales del 0% en que estaban al 4,25%, tras la última subida del 27 de julio, el precio más caro del dinero en Europa desde el año 2008. Y en estos 14 meses, tras “el ricino monetario”,  la inflación en la zona euro ha bajado, pero poco: estaba en el 8,6% en junio de 2022, subió hasta un máximo del 11,1% en noviembre de 2022 y luego ha bajado hasta el 5,3% en agosto de 2023, todavía muy lejos del 2% que es el objetivo del BCE. Y la bajada se debe a la rebaja en los precios del petróleo, el gas y la electricidad, no a la subida de tipos. 

Ahora, el BCE debe decidir hoy si sigue con su racha de subidas y eleva los tipos otro +0,25% (hasta el 4,50%) o si se toma una tregua y deja la 10ª subida para la próxima reunión, el 22 de octubre próximo. Es lo que hizo la Reserva Federal USA en junio: no subió los tipos y esperó a hacerlo al 26 de julio, cuando sí aprobó la 11ª subida de tipos en 16 meses, un +0,25%, hasta el 5,50%, el tipo de interés más alto en EEUU desde el año 2001. Eso sí, la subida de tipos norteamericana ha sido más eficaz para reducir la inflación allí: ha caído de un máximo del 9,2% en junio de 2022 al 3,7% en agosto de 2023. Y eso porque allí la inflación estaba más motivada por el recalentamiento de la economía (inflación de demanda), que la subida de tipos ha “enfriado”, mientras en Europa se debe más a la energía, los alimentos y la guerra en Ucrania (inflación de oferta), costes sobre los que poco puede hacer que el BCE suba más o menos los tipos de interés. 

En el BCE hay dos posturas sobre qué hacer hoy con los tipos de interés. Los representantes de los paises llamados “halcones” (Alemania, Holanda, Austria, Estonia y Finlandia), defensores de la “ortodoxia monetaria”, creen que no hay que bajar la guardia y que debe seguir la subida de tipos “lo que haga falta”, hasta doblegar la inflación, aunque tenga un alto coste para familias (hipotecas), empresas (crédito e inversión) y paises (subida del coste de la deuda pública). Estos miembros del BCE se agarran a que la inflación en la zona euro es todavía demasiado alta (5,3% en agosto) y que no se redujo el mes pasado, por primera vez desde abril. Y que la inflación de fondo (subyacente), sin energía y alimentos no elaborados, sigue muy alta (6,2% en agosto), lo que indica que la inflación está “instalada” en las economías, sobre todo en el norte de Europa (la inflación es del 6,4% en Alemania o del 7,6% en Austria frente al 2,4% en España). Y que hay que seguir “dando leña al mono”… 

Pero algunos de esos mismos miembros “duros” del BCE (de Alemania) y los llamados “palomas” (Italia, Francia, Portugal o España) están más preocupados por el estancamiento de la economía europea que por la inflación. Y han frenado su afán de “subir tipos hasta doblegar la inflación” tras dos noticias recientes. Una, que la economía de la zona euro (20 paises UE) no creció nada en el 2º trimestre de 2023, según Eurostat, que rebajó del 0,3 al 0% su previsión anterior. Y lo peor: que Alemania no crece nada (+0%) y que hay 9  paises europeos que han decrecido, cuyo PIB cayó en el 2º trimestre de 2023: Italia (-0,4%), Paises Bajos (-0,3%), Suecia (-0,8%), Austria (-0,7%), Chipre (-0,4%), Estonia (-0,2%), Letonia (-0,3%), Hungría (-0,3%) y Polonia (-2,2%). La otra noticia, de este lunes, son las nuevas previsiones económicas  de la Comisión Europea para 2023: prevén que Europa crezca sólo un +0,8% este años (tres décimas menos de lo que esperaban en mayo y la cuarta parte del crecimiento de 2022: +3,4%). Y que Alemania, “la locomotora europea”, decrezca un -0,4% (tras la recesión a finales de 2022 y principios de 2023), con la mayoría de paises estancados, salvo España (crecerá un 2,2% este año) y Francia (+1%). 

Ante este panorama, algunos “halcones” (con Alemania a la cabeza, la que más “manda” en el BCE) y todas las “palomas” del Banco Central Europeo temen que si suben hoy los tipos agraven esta recesión y la economía europea, con el nuevo “ricino monetario” entre más en coma. Por eso, apuestan por retrasar el tratamiento, esperar a la próxima reunión del 22 de octubre, para ver cómo evolucionan la inflación y la economía. Pero sigue habiendo miembros del BCE (y “expertos”) que defienden el rigor (“rigor mortis”) y enviar el mensaje de que “están dispuestos a todo” para atajar la inflación. Aún a costa de la recesión. 

Hoy, hacia las 14,30 horas, sabremos la decisión que toma el BCE. Pero decidan la 10ª subida o una tregua, lo que está claro es que no valoran bajar los tipos para reanimar la débil economía europea. Ya lo han dicho claramente: los tipos seguirán altos en 2024 y sólo contemplan bajarlos dentro de un año, si la inflación amaina. Pero con mucha prudencia, porque ahora les preocupa que los salarios hagan repuntar la inflación. De hecho, en Alemania, los salarios han subido un +6,6% en el 2º trimestre. Y en España, los convenios firmados hasta agosto han aprobado una subida salarial del +3,38%. Es más que el año pasado, pero todavía no recuperan el poder adquisitivo perdido. Y sorprende que el BCE se preocupe ahora de que los salarios “realimenten la inflación” cuando no se han preocupado de los beneficios empresariales (márgenes), culpables (según el propio BCE) de dos tercios de la subida de la inflación en el último año… 

La inflación va a seguir alta en Europa, sobre todo este otoño e invierno, debido no a que la economía crezca demasiado y este “recalentada”, sino por culpa de la energía (el petróleo supera ya los 90 dólares, frente a los 72 en mayo, y el gas está subiendo, como la electricidad) y los alimentos (fruto de la sequía y el clima, en España y en medio mundo), además de los problemas en las cadenas de suministro y en el comercio mundial, además de las subidas de los márgenes empresariales (para recuperar las pérdidas del COVID). Por eso, la previsión del propio BCE es que la inflación en Europa no baje al 2% hasta mediados de 2025. Y por eso reiteran que seguirán con los tipos altos, sin bajarlos, hasta finales de 2024. 

Una política suicida e ineficaz, porque no baja la inflación (los precios suben por otras causas, no por un exceso de demanda, inexistente) y sin embargo daña la economía, a las familias, empresas y paises, agravando la recesión, en un momento en que la economía internacional se ha desinflado (según la OCDE) y China crece mucho menos. 

Las familias llevan ya 14 meses sufriendo las consecuencias de las subidas de tipos del BCE: el Euribor, por el que se revisa la mayoría de las hipotecas (4 millones), lleva subiendo desde que se puso en positivo (en abril de 2022) y eso ha provocado ya que algunas familias hayan tenido que revisar al alza dos veces ya su pago mensual de la hipoteca. En agosto, el Euribor mensual cerró en el 4,073% (bajando ligeramente del 4,149 de julio, por primer mes), pero como estaba en el 1,249% en agosto de 2022, los que revisen su hipoteca en septiembre tendrán que pagar unos 305 euros más al mes (+3.660 euros al año), después de que en la revisión de hace un año ya pagaron hasta 120 euros mensuales más. Un coste extra que, unido a la inflación y a los bajos salarios, va a recortar aún más el consuno de las familias este otoño e invierno, frenando el crecimiento y el empleo. Y que dificulta la concesión de hipotecas (ha caído de febrero a junio) y la venta de pisos (cae ya 5 meses, hasta junio, agravando la crisis en la construcción). Además, suben los tipos en las tarjetas y créditos al consumo (al 8,05% de interés en julio, frente al 6,82% hace un año, según el Banco de España). 

Las empresas también sufren los altos tipos del BCE, sobre todo las pymes, que tienen ahora más difícil endeudarse (los bancos miran “con lupa” los préstamos que dan) y más caro: los créditos hasta 250.000 euros han casi triplicado su coste (del 1,7% en 2022 al 4,84% en julio de 2023), los créditos de 250.000 euros a 1 millón han más que triplicado su tipo (del 1,35% al 4,75%) y los créditos a empresas superiores al millón de euros han cuadruplicado con creces su coste (del 0,83 al 4,87%), según los datos del Banco de España, que reconoce que la subida de tipos ha reducido el crédito a empresas y familias. 

Y queda el efecto negativo de los altos tipos de interés sobre los paises, sobre sus cuentas públicas, al encarecer los intereses que han de pagar ahora por su deuda pública. En el caso de España, con una deuda de 1.569.000 millones de euros en junio (el 113% del PIB), ahora tenemos que dedicar más recursos públicos a pagar intereses: el bono a 10 años, por el que se pagaba el 0,76% en febrero de 2022, salto a un tipo del 3,657% en diciembre de 2022 y ayer estaba al 3,738%. Sin estas subidas, ya estaba previsto destinar 31.275 millones del Presupuesto 2023 a pagar los intereses de la deuda, la 2ª partida de gasto tras las pensiones. 

En definitiva, que la receta de subida de tipos del BCE, aunque sirve de poco para bajar la inflación (lo que ha bajado es por la bajada de la energía y las medidas de los Gobiernos), es muy dañina para las familias, empresas y paises más endeudados, por lo que recorta la actividad y el crecimiento, agravando el riesgo de recesión en Europa y poniendo en peligro el empleo. Y más en la Europa del sur, donde familias, empresas y paises son más vulnerables a la subida de tipos, porque tienen menos ingresos (sueldos más bajos y menos recaudación fiscal), menos competitividad y más deuda pública y privada. Además, el BCE comete una tremenda desigualdad: sube los tipos igual a todos, aunque España (2,4%) o Grecia (3,4%) tengan la mitad de inflación que Alemania (6,4%) o Austria (7,6%). 

No lo van a hacer, pero dado el estancamiento económico en Europa (provocado en parte por sus 9 subidas de tipos), lo que debería hacer el BCE es empezar a bajar los tipos, progresivamente, para ayudar a reanimar las economías. Y en paralelo, la Comisión Europea debería poner en marcha Planes de reactivación, como ha aprobado Alemania (aprobando un Plan de ayudas de 32.000 millones en 4 años). Todo ello, sin olvidar la inflación, pero avanzando en medidas para frenar las subidas de la energía (con una reforma del mercado eléctrico, que sigue pendiente) y ayudas a agricultores y ganaderos, para contener la inflación de los alimentos provocada por la sequía y el clima. Nos espera un otoño difícil en Europa, pero lo será más si el BCE persiste en su “extremismo monetario” y no baja tipos (o incluso los sube, hoy o en octubre). Y si Bruselas no reanima la economía, mientras España tampoco hace nada, por un parón político que va para largo. Triste panorama.

7ª subida de tipos: el BCE persiste en su error

Hoy 4 de mayo, el BCE volverá a subir los tipos de interés, la 7ª subida en menos de 9 meses. Se espera que los suba +0,25%, hasta el 3,75%, el tipo más alto desde 2008. La autoridad monetaria persiste así en su política “ortodoxa”, de subir los tipos para luchar contra la inflación, aunque ahora sea un error: la inflación no sube porque la economía esté “recalentada” y haya que “enfriarla” sino por la energía, los alimentos y la guerra, junto al aumento de los márgenes empresariales. Y por eso, los tipos suben pero la inflación apenas baja. Lo preocupante es que esta vieja receta “ortodoxa”  tiene un alto coste para familias (las hipotecas suben 3.500 euros al año), empresas (créditos) y paises (deuda), llevando a la economía europea al estancamiento: la zona euro crece +0,1% y Alemania 0%. Es hora de buscar otras medidas contra la inflación y acabar con el ricino inútil de los tipos altos, que hacen tanto daño. Es peor el remedio que la enfermedad.

Enrique Ortega

Los bancos centrales occidentales siguen “erre que erre” con su vieja receta ortodoxa de atacar la inflación a golpe de subidas de tipos de interés, una política monetaria que ya nos llevó a dos grandes recesiones en los años 80. Primero fue el Banco de Inglaterra, que ya ha subido 11 veces los tipos desde diciembre de 2021, del 0 al 4,25% actual (y espera subirlos otro +0,25% más el 11 de mayo). Luego le siguió la Reserva Federal USA, que desde el 16 de marzo de 2022 ha subido ya 10 veces sus tipos de interés, la última vez ayer 3 de mayo, otro 0,25%, dejándolo en el 5,25% actual, el tipo más alto desde septiembre de 2007 (5,25%). Y hoy le toca mover ficha al Banco Central Europeo (BCE): se espera que suba el tipo oficial del dinero en Europa un +0,25%, hasta el 3,75%, el tipo más alto desde noviembre de 2008 (3,75%). Eso siempre que en el Consejo del BCE de hoy no se impongan “los halcones”, los paises que defienden una subida mayor (Holanda, Alemania, bálticos y nórdicos), del +0,5%, frente a “las palomas” (Italia, Francia, España, Portugal y Grecia), que defienden no subir más los tipos.

Este aluvión de subidas de tipos en Occidente ha sido la más rápida de la historia y  ha provocado ya un conato de crisis financiera, más en Estados Unidos que en Europa, debido a que los bancos (sobre todo medianos) se han encontrado con una cartera de deuda pública y de hipotecas que ahora valen mucho menos, al haberse disparado los tipos, lo que les hace incurrir en pérdidas contables si los clientes quieren recuperar sus depósitos. Eso ha frenado las últimas subidas de tipos en EEUU (+0,25% tres veces este año, tras subidas del +0,50% y del +0,75% cada vez en 2022), aunque no en Europa (el BCE subió un +0,50% en febrero y marzo), a pesar de la crisis del Credit Suisse.

Además, la Reserva Federal USA ha bajado la guardia, sugiriendo que va a frenar la subida de tipos en los próximos meses, porque la economía está creciendo la mitad de los esperado (un +1% en  el primer trimestre de 2023) y teme que caigan más bancos. Sin embargo, el BCE no se muestra preocupado porque sus 7 subidas de tipos (en menos de 9 meses) hayan llevado al estancamiento de la economía europea: los 20 paises de la zona euro sólo crecieron un +0,1% en el primer trimestre de 2023 (y un 0% el trimestre anterior), según Eurostat, con Alemania sin crecer nada (+0% en el primer trimestre de 2023), Francia casi nada (+0,2%) e Italia y España creciendo el 0,5% al inicio de este año. Y con la última previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la zona euro sólo crecerá un +0,8% en 2023, cayendo Alemania (-0,1%) y Reino Unido (-0,3%), mientras esperan que EEUU crezca +1,6%, China +5,2%, Japón +1,2% y las economías emergentes +5,2%.

El BCE persiste en su ortodoxia monetaria y reitera que seguirá subiendo los tipos mientras la inflación siga elevada, una receta en la que le acaba de apoyar el FMI, quien le pidió en abril que subiera los tipos (mientras volvía a pedir ajustes en el gasto a los paises, como en los viejos tiempos…). Eso indica que podría volver a subirlos en junio o julio, otro +0,25% (hasta el 4%), aunque sabe que la inflación va a seguir alta varios años más: su previsión es que los precios subirán un +5,3% en 2023, un +2,9% en 2024 y un +2,1% en 2025, tres años por encima de su objetivo “ideal” de inflación para la eurozona, el 2%. Así que auguran tipos altos este año y el que viene y no bajarán los tipos al menos hasta 2025.

El problema es que esta política monetaria ortodoxa es ahora poco eficaz, ya que la inflación actual es diferente a la de otras veces, cuando la economía estaba “recalentada” por un aumento de demanda, que podía “enfriarse” encareciendo el dinero y frenando así el consumo y la inversión, los detonantes de la inflación “de demanda”. Ahora, la inflación tiene un origen diferente, es una inflación “de oferta”: los precios suben porque suben los costes (inflación “de costes”), sobre todo la energía, las materias primas y los alimentos, no porque se haya disparado el consumo y la actividad. Y los tipos altos poco pueden hacer para bajar el precio del petróleo, el gas, la electricidad, los alimentos y las materias primas, así como las consecuencias inflacionistas de la ruptura de las cadenas de suministros o los embudos en el comercio mundial. Y menos, parar la guerra de Ucrania, un detonante de esta inflación disparada desde el verano de 2021. Por eso, esta vez, la subida de tipos es ineficaz para bajar la inflación, sobre todo en Europa.

Los datos demuestran que las duras subidas de tipos apenas bajan la inflación. De hecho, la inflación en la zona euro estaba en el 8,6% en junio de 2022 (antes de la primera subida del BCE, en julio), siguió subiendo hasta un máximo del 10,1% en noviembre (tras las subidas de julio y septiembre), bajó al 8,5% en febrero (casi igual que antes subidas) y ha subido del 6,9 al 7% en abril de 2023, según Eurostat: 7 subidas para bajar la inflación del 8,6 al 7%, más del triple del 2% objetivo del BCE. Y si analizamos la inflación de fondo (subyacente: sin energía y alimentos frescos), ha subido, del +4,6% que estaba en junio de 2022 (antes de la 1ª subida de tipos del BCE) al 7,5% en marzo y el +7,3% con que cerró abril de 2023, casi el doble de la inflación subyacente que teníamos antes de aplicar “el ricino monetario”. Vaya fracaso.

Las subidas de tipos del BCE (y de la Reserva Federal, aunque menos: la inflación ha bajado del 9,1 en junio 2022 al 5% en marzo 2023) no solo han sido ineficaces sino que  han tenido un alto coste para familias, empresas y paises, algo que ya sabían de antemano los responsables de la política monetaria (“el ajuste es doloroso, pero necesario para combatir la inflación”, advertían hace meses en el BCE). Y han llevado a la economía europea al estancamiento, a no crecer, encima para apenas bajar la inflación, lo que se traduce en menor empleo e inversión, en no salir de la crisis de la pandemia y la inflación.

La subida de tipos del BCE está dañando especialmente a las familias, porque las 7 subidas aprobadas han disparado el coste de sus hipotecas y créditos. El Euribor, el tipo al que se prestan los bancos entre sí y que marca la revisión de las hipotecas a tipo variable, se ha disparado en los últimos meses: ha pasado de estar 6 años en negativo (desde 2016) a empezar a subir en abril de 2022 (+0,013%), dispararse en agosto (+1,249%), septiembre (+2,233%) y diciembre (+3,018%) para seguir subiendo hasta rozar el 4% en marzo y luego bajar algo (por temor a una crisis financiera), cerrando abril en el +3,757%. Con ello, la familia que tenga que revisar ahora una hipoteca media  (180.000 euros a 25 años, contratada al Euribor+1%) pagará 291 euros más al mes (+3.500 euros anuales). Eso coloca a muchos de los 4 millones de hipotecados (con tipos variables) en una situación muy vulnerable, teniendo que dedicar el 40% y más de sus ingresos a pagar la hipoteca, después de que la inflación les haya comido unos sueldos que apenas han subido los dos últimos años.

Además de afectar a los que tienen una hipoteca, la subida de tipos va a dificultar que muchas familias piensen ahora en endeudarse para comprar un piso. Los tipos de las nuevas hipotecas se han encarecido del 1,38% de media en 2021 al 3,664% en marzo de 2023, según el Banco de España (menos, el 3,47%, de media en la zona euro). Con ello, pedir hoy una hipoteca ha subido, hasta una franja del 3,34% al /5,74% para las de tipo fijo y Euribor +0,48/+0,89% las de tipo variable, que los bancos vuelven a recomendar (porque ganan más). Y encima, como se ha producido una caída de la demanda de hipotecas, los bancos han frenado las subidas y a cambio endurecen la concesión, exigiendo más sueldos y garantías. Con todo ello, comprar una casa es ahora más caro y eso disparará la demanda de alquileres, cuyos precios suben cada día. Y en paralelo, la subida de tipos ha encarecido también los créditos consumo (para comprar un coche, un electrodoméstico o un viaje): han pasado del 6,27% en febrero de 2022 al 7,55% en febrero 2023, según el Banco de España.

Lo que no sube apenas es lo que los bancos pagan por los depósitos, salvo a los más ricos y a las grandes empresas (que tienen más poder de negociación): los depósitos a la vista de las familias se remuneran en España al 0,08% (frente al 0,12% en Europa), los depósitos hasta a 2 años al 0,30% (pagan el 1,07% en la zona euro) y los depósitos a más de 2 años se remuneran al 0,51% (1,72% pagan en Europa). Con este “racaneo” en el pago de depósitos, la banca española se ahorra casi 1.500 millones de euros (924,16 millones que dejan de cobrar las familias y 547,97 millones las empresas), según cálculos del BCE. Así que los bancos ganan con la subida de tipos por partida doble: cobran más por el dinero que prestan (hipotecas y créditos) y pagan casi lo mismo por los depósitos. Resultado: los grandes bancos españoles han ganado 5.696 millones netos en el primer trimestre (entre un +10 y un +69% más), después de pagar 1.120 millones por el nuevo impuesto que han recurrido a los Tribunales.

Junto a las familias, las empresas también llevan meses perdiendo con la inútil subida de tipos del BCE. El tipo medio de los créditos de menos de 250.000 euros, a pymes, ha subido del 1,70% (febrero de 2022) al 4,05%, los créditos de 250.000 euros al millón han triplicado su coste (del 1,35 al 3,93%) y los créditos superiores al millón de euros han cuadruplicado su coste, del 0,83% (febrero 22) al 3,87% (febrero 2023), según el Banco de España. Además de pagar más por financiarse, las empresas tienen ahora más difícil conseguir créditos. Y si miramos a los paises, los Gobiernos tienen más dificultades para colocar su deuda pública, que en el caso de España es muy elevada (1,5 billones): ahora tienen que pagar más intereses a los inversores, por la subida de tipos del BCE. Así, el tipo del bono español a 10 años ha subido del 0,76% (febrero 2022) al 3,657% (diciembre 2022) y al 3,306 ayer. Con ello, más dinero del Presupuesto para pagar la deuda (estaban previstos 31.275 millones en 2023, la 2ª mayor partida tras las pensiones) y menos para gastos sociales.

Como se ve, muchos y elevados costes para familias, empresas y paises derivados de la equivocada política de tipos del BCE y otros bancos centrales. Pero la presidenta del BCE y los consejeros “halcones” no se fijan en estos costes y defienden “seguir erre que erre”, volver a subir tipos (otro +0,25%, hasta el 4%) en la próxima reunión del 15 de junio. Y luego, esperar y ver, sin prisa para bajar tipos hasta 2025. Les importan poco los daños a las familias vulnerables, que no se puedan financiar algunas pymes o que pueden tener problemas para colocar su deuda Italia, Grecia, Portugal o España. Tampoco temen que algún banco europeo pueda entrar en crisis, como los bancos USA, porque tienen el mismo riesgo: los bancos han acumulado mucha deuda pública estos años, deuda que ahora vale menos de lo que indican sus libros (la vieja deuda baja su rentabilidad cuando la nueva sube). Y si tienen que venderla, para afrontar retiradas de depósitos, incurrirían en pérdidas. Nada de esto les preocupa: ortodoxia, ortodoxia, ortodoxia. Seguir recetando ricino para purgar la economía aunque el enfermo entre en coma. Todo vale para bajar la inflación.

El problema es que la inflación apenas baja e incluso hay el riesgo de que suba, por el repunte del petróleo (tras el recorte de producción de la OPEP y Rusia), las subidas de los alimentos y materias primas y el posible recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Y sobre todo, porque no se afrontan las causas de fondo de la inflación actual: el mal funcionamiento de los mercados energéticos, el lento avance en la lucha contra el Cambio climático,  la subida desorbitada de los alimentos y materias primas, los embudos en las cadenas de producción y comercio, el debilitamiento del comercio mundial… Y, sobre todo, el aumento de los márgenes empresariales, que están disparando los beneficios de algunos sectores y empresas a costa del bolsillo de los consumidores.

El propio BCE acaba de reconocer que los márgenes empresariales han contribuido a dos tercios del crecimiento de la inflación en 2022, sobre todo en la energía, agricultura, industria, construcción, hostelería y restauración. Pero en lugar de pedir a las empresas que moderen sus márgenes, que suben más que los salarios, vuelven a subir los tipos. Y, de paso, dan otra receta a los Gobiernos europeos: que retiren los estímulos para luchar contra la inflación (rebajas de impuestos, ayudas, etc.), porque están ayudando a que no caiga más el consumo y los precios… Ojo, en España, el consumo de las familias ha caído en los últimos 6 meses (según el INE) a pesar de los estímulos, por la inflación y la subida de tipos. Si no existieran, como pide el BCE, la crisis sería peor, sobre todo para los más desfavorecidos. Aún así, defienden quitarlos. Y subir tipos. No les importan las consecuencias. Es la vieja ortodoxia neoliberal que triunfó en la política europea durante la crisis financiera de 2008. Ahora, los Gobiernos están en otra onda, pero el BCE no, como denuncia el Nobel Stiglitz. Aunque sean “independientes”, alguien debería pararles los pies.

Deuda pública: dejamos una costosa herencia

En los últimos meses, la Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España por la deuda pública, el problema español que más les preocupa junto al paro y la baja productividad. Somos el 7º país con más deuda pública de Europa y llevamos 6 años con más de un billón de euros de deuda, el triple que antes de la crisis, aunque ha bajado su peso al 95,5% del PIB. El problema es que hay que pagarla y los intereses (31.398 millones en 2019) son el 2º mayor gasto del Presupuesto, más que seguridad, Defensa, empleo, salud y educación juntos. Y si no hacemos nada, para 2030 seguiremos debiendo el 95% del PIB, según la Comisión Europea, que pide recortar más el déficit y la deuda. Hay otra vía: ingresar más, como el resto de Europa (+83.000 millones). Urge un Pacto político para reducir la deuda pública al 60% del PIB para 2030. Si no, les dejaremos una costosa herencia a nuestros hijos y nietos.

enrique ortega

Uno de los graves problemas que ha tenido España a lo largo de su historia ha sido la deuda, el excesivo endeudamiento de los Gobiernos, por gastar más de lo que ingresaban, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015 ”. Empezó con los Reyes Católicos y se aceleró con Carlos V, que dejó en herencia a Felipe II la primera bancarrota de nuestra historia, en 1557, a la que siguieron muchas más, con los Austrias y los Borbones. El primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con Cánovas del Castillo y Alfonso XII), cuando la deuda pública alcanzó el 165% del PIB. En 1898, al acabar la guerra de Cuba, seguía en el 124% y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I (39%) y II Guerra Mundial (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944, alcanzando un mínimo en 1975, a la muerte de Franco: el 7,3% del PIB (39.819 millones de euros de hoy).


Con la Transición y la democracia, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública española se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Y se duplicó para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% del PIB en 1996. A partir de ahí vienen los años de “vacas gordas” y la “burbuja inmobiliaria”, que permiten bajar la deuda a un mínimo en 2007: el 35,6% del PIB (384.662 millones de deuda). Pero viene la gran recesión de 2008 y Zapatero aumenta el gasto y la deuda, que deja al irse, a finales de 2011, en el 69,5% del PIB (744.323 millones). Y Rajoy, a pesar de su histórico aumento de impuestos y sus recortes, no puede afrontar el desplome de ingresos y el enorme coste de las ayudas a autonomías, Ayuntamientos, Cajas y al desempleo, que disparan la deuda pública hasta un máximo del 100,7% del PIB en 2014 (1.039.388 millones). Y Rajoy se fue, en mayo de 2018, dejando a Sánchez una deuda del 98,2% delPIB, 1.155.000 millones de euros, un 55% más de deuda que cuando llegó a la Moncloa.


En estos dos años de Gobierno Sánchez, la deuda pública ha crecido algo en millones (sigue por encima del billón de euros desde 2014) pero ha reducido su peso sobre el PIB. Y así llegamos al dato de 2019, recientemente publicado por el Banco de España: 1.188.893 millones de euros (un máximo histórico de deuda, el triple que en 2007) y el 95,5% del PIB, el porcentaje de deuda más bajo desde 2012 (tras reducirse -2,1% en 2019, la mayor reducción anual del peso de la deuda desde 2007). 


La deuda pública se reparte hoy, según el Banco de España, entre la Administración central (Estado y otros organismos), que tienen el grueso de la deuda (el 91%), 1.083.835 millones a finales de 2019, las autonomías (294.883 millones: 78.600 Cataluña, 47.877 la Comunidad Valenciana, 35.770 Andalucía y 33.692 Madrid, en septiembre 2019), los Ayuntamientos (23.345 millones) y la Seguridad Social (55.024 millones en 2019), la entidad que más ha disparado su deuda (la ha triplicado desde los 17.173 millones que debía en 2016). Y eso se debe a que, con la crisis y la precariedad en sueldos y empleos, las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones y como el Gobierno Rajoy se comió ”la hucha” de las pensiones, el Estado tuvo que prestar a la Seguridad Social en 2017, 2018 y 2019, aumentando su deuda 37.851 millones en esos tres años.


La deuda pública española, aunque haya reducido su peso, es muy abultada y preocupa mucho en Bruselas. Tanto, que la nueva Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España en los últimos tres meses. El primero, el 17 de diciembre de 2019, a través de este Informe sobre el mecanismo de Alerta 2020, en el que llama la atención sobre los 13 paises europeos que tienen “desequilibrios económicos” (Italia, Grecia, Chipre, Francia, Alemania, Paises Bajos, Suecia, España, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Croacia y Rumanía). Y al referirse a España, resalta los tres “desequilibrios” que les preocupan: la deuda (pública y privada), el elevado paro y el estancamiento de la productividad, nuestras 3 principales “asignaturas pendientes”.


El segundo “toque” fue en enero de 2020, a través de este Informe sobre la sostenibilidad de la deuda pública en Europa. Aquí, la Comisión vuelve a mostrar su preocupación por la deuda española, recordando que “España es uno de los 8 paises más vulnerables de Europa por su elevado endeudamiento”. Los datos son claros: España es el 7º país europeo con más deuda pública (97,9% del PIB en el tercer trimestre de 2019), por detrás de Grecia (178,2%), Italia (137,3%), Portugal (120,5%), Bélgica (102,3%), Francia (100,5%) y Chipre (97,8%), según la última estadística de Eurostat. Y tenemos una deuda muy por encima de la media europea (80,1% la UE-27), de Alemania (61,2%) y Reino Unido (84,2%). Además, a nivel mundial, ocupamos el puesto 20ª del ranking de paises más endeudados del mundo, encabezado por Japón (238% del PIB), Grecia, Barbados, Líbano e Italia.


Lo preocupante, advierte este informe de la Comisión Europea de enero, no es que la deuda española sea elevada sino que no se va a reducir en la próxima década: estiman que pasará del 97,6% del PIB en 2018 al 96,6% en 2020 (ya es menor hoy: el 95,5% en 2019), al 96,7% en 2025 y el 95,7% del PIB en 2030. O sea, que crecerá en millones de euros y apenas bajará un 2% en peso sobre la economía. La deuda se hará crónica esta década. Y eso, creen, por dos razones. Una, porque crecerá el gasto en pensiones, sobre todo si se actualizan con el IPC y no se implanta el “factor de sostenibilidad”, la reforma aprobada por Rajoy en 2013 para pagar las pensiones según la esperanza de vida. Y la otra razón, porque la población española va a envejecer mucho en las próximas décadas y creen que eso va a disparar el gasto no sólo en pensiones sino también en sanidad, dependencia y asistencia social.


El tercer “toque” por la deuda pública nos lo ha dado la Comisión Europea el 26 de febrero, en su Informe sobre España 2020: reconoce que el peso de la deuda ha bajado pero cree que “es muy alto” y reitera que España “afronta riesgos en la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo” por las pensiones y el envejecimiento de la población. No se creen que el Gobierno Sánchez consiga bajar el déficit público del 2% del PIB  (prevén que pasará del 2,5% en 2018 al -2,3 % en 2019, el -2,2% en 2020 y al -2,1% en 2021). Y para financiarlo, creen que España seguirá con una deuda muy alta, que sólo bajará al 96% del PIB en 2021 (ahora ya sabemos que eran demasiado pesimistas: estaba en el 95,5% a finales de 2019).


Para las autoridades europeas, España tiene que corregir su déficit para rebajar su deuda. Y proponen, por un lado, aumentar la recaudación, porque tenemos “un nivel de imposición bajo en relación a los gastos”, sobre todo en el IVA, IRPF, sociedades e impuestos verdes. Y por otro lado, insisten en reformar las pensiones, no actualizándolas con el IPC y aplicando mecanismos de ajuste para afrontar una mayor esperanza de vida, porque si no se hace, no será posible reducir el déficit y la deuda a medio plazo. Y ya en 2020, van a mirar con lupa el proyecto de Presupuestos, porque creen que España debe ajustar sus gastos y su déficit entre 6.500 y 10.000 millones de euros para cumplir con Bruselas.


Entre tanto, el Gobierno Sánchez ha aprobado en el Congreso un nuevo “techo de gasto” para 2020, base de los próximos Presupuestos, donde contempla menos déficit y menos deuda que las previsiones de la Comisión Europea. En el déficit público, apuestan por rebajarlo al -1,8% del PIB en 2020 (-2,2% la Comisión) y dejarlo en un nivel mínimo del -0,9% en 2023.Y en la deuda pública, prevén bajarla al 94,6% del PIB en 2020 (96,6% la Comisión) y dejarla en un mínimo de 89,8% del PIB en 2023. 


Aún creyendo estas previsiones, que van a depender mucho de que no haya otra crisis (se desplomarían los ingresos y aumentarían los gastos), ese 89,8% del PIB de deuda pública en 2023 sería demasiado elevado. Estaríamos mejor pero seguiríamos siendo “un país muy vulnerable”, al que en cualquier momento podrían “poner de rodillas” los inversores (los famosos “mercados”) y una subida de tipos. Porque si la deuda pública no preocupa hoy tanto como en 2012, se debe a que el Banco Central Europeo (BCE) nos ha salvado, tanto por comprar deuda como por bajar los tipos de interés al mínimo. Y eso nos ha dado “un gran respiro” para la deuda. Si el 27 de julio de 2012, para colocar la deuda (bono a 10 años), España tuvo que pagar un interés del 7,56%, un año después ya pagaba el 4,80%. Y a principios de marzo de 2020 paga sólo el 0,25% por el bono a 10 años. Y la famosa “prima de riesgo” que nos atenazaba cada día (la diferencia entre el interés de la deuda española y alemana) ha pasado de 511 puntos en 2012 a 83 ahora (0,25 paga la deuda española a 10 años y -0,58% la deuda alemana, que “cobra” ahora por colocarla).


Pero esto puede cambiar cualquier año: el BCE dejar de comprar deuda pública (lo iba a hacer en 2020, pero lo retrasa por la desaceleración europea) y los tipos subir. Y ojo: con un 1% que suba el coste de colocar la deuda pública, España pagaría 3.600 millones más de intereses. Es lo malo de tener tanta deuda y de que crezca cada año: que hay que financiarla, pagando por la deuda en circulación y emitiendo más deuda nueva (para “tapar” o financiar el nuevo déficit). De hecho, en 2019 España emitió 196.504 millones de deuda nueva y este año 2020 está previsto emitir 196.504 millones de euros. Por eso somos muy “vulnerables”: porque dependemos de que nos presten 538 millones diarios.


Y aunque no haya nervios en los mercados y encontremos quien nos compre la deuda (el 48% son extranjeros, el 22% la tiene el BCE, un 17% los bancos españoles, un 10% las aseguradoras y un 4,5% fondos de inversión y de pensiones), hay que gastar una barbaridad en pagar intereses: 31.398 millones de euros en 2019, la 2ª partida de gasto más importante del Presupuesto tras las pensiones (153.864 millones). Gastamos más en pagar la deuda a los inversores que en Seguridad (8.879 millones), Defensa (8.537 millones), fomento del empleo (5.985 millones), sanidad (4.292 millones) y educación (2.722 millones) juntos. El pago de la deuda es una hipoteca tan costosa que ya hemos pagado 321.000 millones de euros en intereses entre 2008 y 2019. Daría para pagar las pensiones más de 2 años.


En definitiva, que tener tanta deuda pública nos hace un país muy vulnerable frente a los inversores (extranjeros y nacionales) y supone una pesada losa para las cuentas públicas, que no pueden gastar más en lo que hace falta (desde empleo a educación o vivienda) porque antes (lo exige el reformado artículo 135 de la Constitución) tenemos que pagar los abultados intereses de la deuda (han pasado de 15.928 millones en 2008 a 31.500 en 2018 y 2019). Por eso hay que reducir la deuda como sea: es un lastre para los próximos años, ya que dos tercios de la deuda (67%) está colocada a más de 10 años.


Para el Gobierno Sánchez, como para Felipe II o la Restauración decimonónica, la deuda pública es un problema crucial de España, aunque se hable poco de él. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y la pobreza”. La cuestión es cómo resolverlo. Y aquí, muchas recetas van en la línea de la Comisión Europea: hay que recortar gastos, rebajar el déficit para reducir la deuda. Pero la solución no es tan fácil.


España tiene más deuda pública porque tiene más déficit (el 2º de Europa, tras Chipre y empatados con Francia). Pero si tenemos más déficit no es porque gastemos mucho sino porque ingresamos muy poco. Lo indican con claridad los datos de la propia Comisión Europea. España gastó en 2019 el 41,7% del PIB, frente al 45,9% de media que gastó la UE-27. O sea, el gasto público español es 52.279 millones de euros menos al año que la media europea. Y, a pesar de eso, tenemos más déficit porque ingresamos mucho menos: el 39,3% del PIB en 2019 frente a una media del 46% del PIB en la UE-27.Eso se traduce en 83.398 millones menos de recaudación cada año. Por eso tenemos más déficit y más deuda.


Así que la solución para rebajar la deuda no puede ser la de siempre de los ideólogos neoliberales y austericidas: más recortes. Sobre todo en un país que necesita gastar más en casi todo, desde el empleo a la tecnología pasando por la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda o la modernización de la economía, porque los recortes han sido muy drásticos y además llevamos décadas gastando menos que Europa. La verdadera solución está en ingresar más, para destinar una parte de la mayor recaudación a rebajar la deuda y otra parte a afrontar los gastos más urgentes. Y se puede hacer, si se implanta una reforma fiscal (en sociedades, IRPF, IVA, nuevos impuestos e impuestos “verdes”) y una eficaz lucha contra el fraude que permita recaudar “como Europa”.


El problema de la deuda pública es tan serio que exige un gran Pacto político, con el objetivo de bajarla al 60% del PIB para 2030, por ejemplo. Eso exigiría acuerdos en el gasto (una reforma realista de las pensiones y pactar las prioridades de gasto del país en la próxima década) y acuerdos sobre cómo recaudar más y cómo repartir más justamente  los impuestos. Es difícil conseguirlo, pero si no lo hacemos, apenas se rebajará la deuda y dejaremos una pesada herencia a nuestros hijos y nietos. Piénselo.

Más deuda: la peor herencia de Rajoy

No sabemos si 2019 tendrá nuevo Presupuesto o si el Gobierno Sánchez prorrogará el de 2018 (lo más probable). Pero sí sabemos algo: el primer gasto que incluirá serán 32.000 millones para pagar los intereses de la deuda, una prioridad por delante de las pensiones, sanidad o educación. Lo obliga la Constitución, tras la reforma pactada por ZP y Rajoy en 2011. Tendremos que afrontar la peor herencia de Rajoy, junto a los recortes, la precariedad y la pobreza: haber aumentado un tercio la deuda pública, hasta los 1,16 billones, un récord en un país que lleva 500 años con graves problemas de deuda, desde Carlos V. Debemos 25.000 euros por español, una hipoteca que se ha llevado 290.000 millones para pagar intereses a inversores y bancos en los últimos 10 años. Y ahora, con la subida de tipos, pagar la deuda nos costará más. Por eso, urge un Pacto para reducirla, aumentando la recaudación fiscal, no bajando impuestos. No podemos dejar esta pesada losa a nuestros nietos.

enrique ortega

España es “el único país del mundo que ha sufrido la adicción a la deuda durante 5 siglos” y el país que tiene “un mayor historial de bancarrotas e impagos” de la deuda desde el siglo XVI, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, un repaso histórico a los episodios de deuda e impagos desde Carlos V hasta Rajoy. Tras la deuda con los Austrias y los Borbones, con múltiples suspensiones de pagos y una “leyenda negra” como país mal pagador,  el primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con el general Martínez Campos y Alfonso XII), cuando la deuda española alcanzó el 165% de la producción del país (PIB). En 1898, al acabar la Guerra de Cuba, seguía en el 124% del PIB y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I Guerra Mundial (39%) y la II (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944 y un mínimo del siglo en 1.975, al morir Franco: la deuda era sólo de 39.819 millones de euros de hoy, el  7,3% del PIB español.

Con la democracia y la Transición, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Se duplica para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% en 1996. A partir de ahí, se suceden “los años de vacas gordas” y la deuda alcanza un mínimo en 2007: 384.662 millones, el 35,6% del PIB. Pero viene la crisis y Zapatero aumenta el gasto público y con él la deuda, que deja al irse, en 2011, en 744.323 millones, el 69,5% del PIB. Rajoy reduce el déficit pero aumenta la deuda año tras año, superando otra vez el 100% del PIB en marzo de 2016 (100,8%), casi como en 1909. En 2017, la deuda cerró con 144.425 millones (98,3% del PIB) y en junio de 2018, un mes después de irse Rajoy, alcanzó un récord histórico en cantidad: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, según el Banco de España. Era un tercio más (+419.562 millones, un 56% más) de la deuda que recibió Rajoy de ZP en 2011. Eso supone que debemos 25.000 euros por español.

Con esta deuda pública (97% del PIB en 2017), España es el 18º país más endeudado del mundo, por detrás de Japón (debe el 224% de su PIB), Grecia (180%), Líbano (142), Yemen (136%), Italia (131%), Portugal (128%), 9 paises en desarrollo, Bélgica (104% del PIB) y Canadá (98%), según CIA World Factbook. Y somos el 7º país de Europa con más peso de la deuda pública en junio de 2018 (98,3% del PIB), tras Grecia (179,7%), Italia (133,1%), Portugal (124,9%), Bélgica (106,3%), Chipre (104%) y Francia (99,1%), según los recientes datos de Eurostat, que fija la deuda media de la UE-28 en el 81% del PIB comunitario.

¿Quién ha contraído esta deuda en España? Más de las tres cuartas partes de la deuda pública española la tiene la Administración Central (1.032.903 millones en junio 2018), que ha triplicado su deuda con la crisis (318.869 millones en 2007) y la ha casi duplicado con Rajoy (624.238 millones deuda Administración Central en 2011). La cuarta parte de la deuda española la tienen las autonomías (293.246 millones en junio 2018), que tenían sólo 61.960 millones de deuda en 2007 y 145.879 en 2011. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (78.489 millones), Comunidad Valenciana (46.322 millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) Luego hay otros 29.413 millones que deben los Ayuntamientos, los únicos que han reducido deudas (debían 36.819 millones en 2011) y 34.888 millones de deuda de la Seguridad Social, que se ha duplicado (17.169 millones debía en 2011), según los datos del Banco de España. Al final, la suma de estas deudas da más de la cifra global, 1.163.885 millones de deuda pública, que es la que cuenta, porque hay traspasos de deuda entre administraciones que hay que depurar después.

¿Por qué la deuda pública ha aumentado en un tercio con Rajoy, si su Gobierno redujo el déficit público del 9,64% del PIB (2011) al 3,1% (2017)? Básicamente, porque la deuda no sólo aumenta por financiar con ella el déficit público. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% del aumento de deuda pública con Rajoy (+419.562 millones) se debe a la debilidad de las cuentas públicas (con la crisis, caen los ingresos públicos), otro 21% a gastos derivados de la crisis (203.874 millones del Fondo de liquidez autonómica y 41.800 millones del Plan de pago a proveedores de autonomías y Ayuntamientos, más 30.000 millones de deuda por el déficit de tarifa eléctrico), un 8% por el pago de intereses de la deuda (85.000 millones), un 7% por las ayudas a la banca, un 4% para pagar los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre y un 6% más (25.192 millones) de los préstamos hecho en 2017 y 2018 a la Seguridad Social para tapar su déficit. El Gobierno Rajoy rebajo el déficit con los recortes, pero otros gastos los pospuso vía deuda.

Cara al futuro, parece muy difícil rebajar la deuda pública heredada de Rajoy. La última previsión de la Comisión Europea (julio 2018) estima que España sólo rebajará su deuda del 98,3% del PIB en 2017 al 97,6% en 2018 y el 95,9% en 2019, año en que todavía seríamos el 5º país europeo con más deuda, tras Grecia (170,3% del PIB), Italia (129,7%), Portugal (119,5%) y Bélgica (100,2%). El Gobierno Sánchez, en los escenarios presupuestarios que ha enviado a Bruselas, apuesta por bajar más la deuda, al 95,2% del PIB en 2019, para dejarla en el 89,1% en 2021, casi el triple que antes de la crisis (35,6% en 2007) y muy por encima del tope del 60% del PIB que fija la UE para los paises del euro. La AIReF estima que España no alcanzará ese nivel de deuda del 60% hasta 2034 (dentro de 15 años) y eso si los Gobiernos cumplen con la reducción del déficit pactada con Bruselas…

El problema de la deuda es que hay que pagarla, amortizando cada año una parte y sobre todo, pagando intereses anuales a los que la tienen: el 44% son inversores extranjeros (fondos y bancos), el 22% el BCE, el 16% bancos españoles y el resto inversores institucionales y particulares españoles. Y estos intereses son “sagrados”, más desde 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron una reforma exprés de la Constitución para incluir que los pagos de intereses de la deuda “gozarán de prioridad absoluta” (artículo 135). Eso quiere decir que hay que pagar los intereses de la deuda lo primero de todo, antes incluso que las pensiones, la sanidad o la educación, que no tienen esa prioridad constitucional. Una exigencia de Alemania, Francia y sus inversores y bancos, para asegurarse que España siempre va a pagarles...

El pago de esos intereses de la deuda supone ya la segunda partida más importante de los Presupuestos del Estado, tras las pensiones (144.834 millones en 2018): se llevan 31.547 millones de euros en 2018 (el pago de intereses era la mitad, 16.609 millones en 2008), más del doble que el gasto en los parados (17.702 millones para subsidios) y tanto como el gasto en  investigación (6.041), educación (2.600), Sanidad (4.251), servicios sociales (2.512), infraestructuras(5.675), subvenciones al transporte (2.108), Industria y energía (5.768) y Justicia (1.780 millones) juntos. O sea, que si tuviéramos la mitad de deuda y pagáramos la mitad de intereses, podríamos gastar más en servicios públicos. Baste un dato espectacular: entre 2008 y 2018, España ha pagado intereses por su deuda a inversores y bancos por un importe de 290.000 millones de euros, lo que da para pagar casi 2 años de pensiones.

De cara a 2019, el problema de la deuda se va a agravar aún más para España. Primero y fundamental, porque el 1 de enero, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública de los paises, una ayuda inestimable que el BCE inició en marzo de 2015 y que ha permitido asegurarnos la colocación de una parte de nuestra deuda (250.711 millones, una media de 80.000 millones al año), además a tipos bajos. Ahora, ya no tenemos este “colchón” del BCE, muy tranquilizador, y España tendrá que colocar su deuda en el mercado, buscando inversores que confíen en el país y no pidan demasiado interés. Y somos un país muy vulnerable, porque España tendrá que emitir 220.000 millones de nueva deuda en 2019, para cubrir las amortizaciones y pagos necesarios más financiar el déficit previsto en 2018 (2,7% del PIB). Mucha deuda para financiar un año en que además de los nervios de los mercados (por la situación en Italia y el estancamiento en la zona euro) habrá una subida de los tipos de interés, después del verano. Y se estima que una subida de tipos del 1% le cuesta a España 3.600 millones más en el pago de intereses de la deuda.

Así que si la deuda es una pesada hipoteca, en los próximos meses y años nos va a costar más pagarla. Por eso, tanto la Comisión Europea como el FMI y la OCDE llevan años pidiendo a España que reduzca su deuda pública, porque nos hace muy vulnerables, al depender demasiado de inversores extranjeros (los famosos “mercados”) que se pueden poner nerviosos y no financiarnos o pedirnos más rentabilidad, a costa de tener que recortar otros gastos públicos necesarios. Ahora, la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha sumado a este coro de expertos y ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y a la pobreza”. Y tan estructural, como que lo arrastramos desde Carlos V…

Entonces como ahora, el problema es el mismo: España gasta más de lo que ingresa y por eso tiene que endeudarse. Así que la solución es doble: o gasta menos o ingresa más. Gastar menos es posible, pero no parece fácil, dadas las enormes demandas sociales sin resolver y sobre todo porque España gasta mucho menos que el resto de Europa: el 41% del PIB frente al 45,8% de media en la UE-28, el 56,5% en Francia, el 48,9% en Italia el 43,9% en Alemania o el 41,1% en Reino Unido, según Eurostat. A lo claro: que gastamos unos 56.000 millones menos cada año que la media de europeos. La otra opción es ingresar más, lo cual debería ser posible, porque recaudamos bastante menos que Europa: el 37,9% del PIB (2017) frente al 44,9% en la UE-28, el 53,9% en Francia, el 46,6% en Italia, el 45,2% en Alemania o el 39,1% en Reino Unido, según datos de Eurostat. A lo claro: que si recaudáramos como europeos, ingresaríamos 81.650 millones más cada año. Como para reducir el déficit y la deuda y además poder gastar más.

Así que reducir la deuda es posible, siempre que se haga un gran Pacto político y social, con el objetivo, por ejemplo, de rebajarla al 60% del PIB en 10 años, para 2028, 6 años antes de lo que estima la AIReF. Eso puede hacerse si aumenta la recaudación entre 20.000 y 40.000 millones anuales los próximos años y dedicamos la mitad de esos ingresos extras a amortizar deuda. Y se puede aumentar la recaudación si se consigue que paguen más impuestos los que hoy pagan pocos (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), si se racionaliza el IVA (quitando tantos tipos reducidos y parte del fraude) y el IRPF (quitando tantas exenciones), además de conseguir nuevos ingresos con los impuestos verdes y tecnológicos. Como no puede reducirse la deuda es bajando impuestos, como defienden PP y Ciudadanos. Salvo que apliquen más recortes drásticos del gasto, que es mucho menor al europeo.

Al final, el gran problema de la deuda es que las tres cuartas partes es deuda a largo plazo y los intereses se estarán pagando hasta 2050 y después. O sea, que la deuda que hemos generado nosotros la pagarán nuestros hijos y nietos. Esa es la gran injusticia de la deuda, la pesada losa que les dejamos en herencia: el pago obligado de intereses año tras año, a costa de que no puedan gastar en otras cosas. Por eso, por justicia con las futuras generaciones, hay que recortar la deuda pública como sea.