Cinco libros para entender mejor nuestro mundo

Cada verano acostumbro a recomendar algunos libros que yo he leído antes y que me parecen de interés para comprender mejor la economía y nuestro mundo. En una sociedad de tuits y memes, falta dedicar tiempo a la lectura sosegada de libros que explican el trasfondo de los problemas y plantean alternativas, como los 5 libros que aquí recomiendo. Uno, del Nobel Stiglitz, es una crítica detallada del capitalismo neoliberal, que explota a consumidores, trabajadores y medio ambiente, proponiendo un capitalismo “progresista” (socialdemócrata). Otro libro aborda los paraísos fiscales y cómo los ricos esconden su dinero. El tercero reflexiona sobre el tiempo y su reparto, a propósito del recorte de la jornada de trabajo. El cuarto analiza las redes sociales y explica cómo han provocado polarización y derechización política, manipulando conductas y elecciones. Y el último libro explica claramente cómo funcionan los algoritmos y la inteligencia artificial, tan imprescindible como peligrosa. Miren a ver si alguno les interesa. ¡Buen verano¡

El primer libro, “Camino de libertad. La economía y la buena sociedad” es el último publicado por Josep E. Stiglitz, un divulgador economista estadounidense que ganó el Premio Nobel en 2001. Parte de analizar que la derecha se ha apropiado de la palabra “libertad”, en EEUU y en el mundo (es la palabra favorita de la presidenta Ayuso) y que eso significa la defensa de un modelo económico y social que defiende la libertad de mercado para “explotar” a los consumidores, trabajadores y al medio ambiente”. Stiglitz analiza el concepto de libertad económica desde los economistas clásicos hasta los neoliberales actuales, para desvelar las consecuencias de las políticas “neoliberales” en EEUU y en el mundo, que han provocado explotación, desigualdad y un enorme poder de las grandes corporaciones, en perjuicio de la mayoría de la sociedad y del Planeta. Y llega a plantear que este tipo de economía pone en riesgo la propia democracia.

Lo interesante no es sólo que Stiglitz disecciona los males del capitalismo neoliberal actual y el poder incontrolado de las grandes plataformas de Internet sino que plantea alternativas, otro modelo económico, un “capitalismo progresista” (socialdemócrata), que ponga la economía al servicio de la sociedad y limite el poder de las grandes corporaciones, fomentando la competencia y una economía sostenible, con reglas, instituciones públicas potentes y una menor desigualdad, recuperando la libertad de verdad, pero la libertad de la mayoría frente a la concentración de poder de una minoría cada vez más rica y menos democrática. Y todo ello escrito antes de la 2ª llegada al poder de Trump, que este libro ayuda a entender mejor.

El segundo libro, “Donde se esconde el dinero. Cómo los ricos atracan al mundo”, es el fruto de una larga investigación de la periodista suiza-iraní-canadiense Atossa Araxia Abrahamian. El libro desvela un universo paralelo de estrategias empresariales y fiscales para que los millonarios y las grandes empresas desvíen su dinero a cerca de 6.000 paraísos fiscales que dibujan una “geografía oculta”, un mundo paralelo donde las acrobacias legales y la contabilidad creativa permite la opacidad de los poderosos. El libro sigue una ruta, desde Ginebra a los puertos francos y ciudades y zonas libres de impuestos, deteniéndose en Luxemburgo, Singapur y sobre todo Dubái, el mayor paraíso fiscal donde radican hoy múltiples empresas y sociedades financieras de todo el mundo.

En paralelo a todos esos paises que están al margen de la fiscalidad “normal”, el libro aborda otros componentes de este “mundo paralelo”, como los paises donde se registran la mayoría de los barcos mercantes (Liberia, Panamá, Bahamas), los paises que acogen fábricas (o presos) de terceros paises y las ciudades que se construyen sólo para absorber el juego, la prostitución o el contrabando de paises vecinos (como en la frontera de Laos con China). Se trata de una investigación sin precedentes, que descubre un mundo paralelo al que conocemos, construido y moldeado por las grandes fortunas, empresas, multinacionales para escapar de los impuestos y comportarse sin apenas normas ni regulación. Asusta.

El tercer libro, “La política del tiempo”, lo ha escrito el profesor británico Guy Standing, famoso por su defensa de “la renta básica universal”. Aquí, el economista analiza el papel del tiempo de trabajo en la historia, desde la antigüedad (los griegos distinguían entre “laborar” y trabajar) a la Edad Media y al tiempo en la era industrial, el primer periodo de la historia donde el capitalismo controló férreamente el horario de los trabajadores. Y posteriormente, el uso del tiempo en la sociedad modera, dominada por los servicios, donde los trabajadores dedican su jornada a realizar múltiples actividades, dentro y fuera de su jornada laboral. Standing es muy crítico sobre la imposición del tiempo de trabajo y la escasez de tiempo de ocio que no se dedique al consumismo y a las redes sociales e Internet.

El libro analiza cómo la pandemia ha sido un punto de inflexión en la valoración del tiempo, porque mucha gente ha reflexionado sobre su trabajo y su vida. Y Standing propone otra concepción del trabajo y del tiempo, analizando las propuestas de reducción de jornada (a 4 días semanales de trabajo) y defendiendo una sociedad más “emancipada del tiempo”, que vuelva a distinguir entre trabajar y hacer cosas (como los griegos), participar en actividades comunales y formativas, en un ocio creativo. En lugar de buscar un crecimiento sin límite del PIB y del consumo, el autor defiende que el Estado promueva “un tiempo lento”, la democracia deliberativa y la actividad comunal como trabajos “des mercantilizado”. Al final, más que un libro sobre el tiempo es una reflexión sobre la vida que llevamos.

El cuarto libro, “Las redes del caos”, es una impresionante investigación sobre la evolución de las redes sociales, escrito por Max Fisher, periodista del New York Times. Un análisis detallado del funcionamiento de las redes sociales, omnipresentes en el mundo (Facebook tiene 3.000 millones de seguidores, YouTube 2.540, Instagram 2.000 millones y WhatsApp otros 2.000 millones) y cómo provocan violencia social, creciente polarización, radicalización y que han gestado el auge de la extrema derecha en todo el mundo. El autor hace un seguimiento a las principales redes (sobre todo a Facebook) y explica cómo han ido cambiando la sociedad, apoyados por unos algoritmos que buscan y promueven los comentarios más extremos para tener más seguidores y ganar más dinero con la publicidad.

Lo más interesante del libro es que sigue paso a paso la evolución de las redes, desde su inicio (2008) hasta hoy y explica todo lo que han hecho para captar más seguidores y conseguir más negocio, aunque eso suponga promover una guerra civil en Birmania (ayudando al exterminio de los rohinyás), en Sri Lanka, la India, Indonesia, Alemania o Estados Unidos, donde han promovido conflictos y muertes. Y, sobre todo, explica que todo esto no es casualidad, sino que se debe al algoritmo de las redes, que promociona las opiniones más extremas para conseguir más clics (y más ingresos). Es clave su análisis de cómo las redes han fomentado a la extrema derecha en todo el mundo y cómo han aupado a Trump, promoviendo el ataque al Capitolio y poniendo en peligro la democracia. Como reflexión, el autor revela que todo esto se podría cambiar, modificando el algoritmo. Pero eso recortaría el negocio y el poder de las grandes tecnológicas que están detrás de las redes. Y que manipulan el mundo.

El quinto libro, “Esclavos del algoritmo. Manual de resistencia en la era de IA”, escrito por la periodista española Laura González de Rivera, analiza también las redes sociales pero va más allá, profundizando en la Inteligencia Artificial (IA) y su evolución en los últimos años, con un lenguaje sencillo y comprensible. Analiza sobre todo el papel de los algoritmos, esas instrucciones que están detrás de las redes sociales y la IA y que son “peligrosos”, porque en muchos casos fomentan los bulos y la desinformación o la violencia, el machismo y la xenofobia) o sesgos varios si se utiliza la IA  para contratar a alguien, conceder un crédito o decidir una vigilancia policial o una libertad provisional. Y explica el nefasto papel de los algoritmos en algunos comportamientos (forzando a internautas a atentar contra la reina de Inglaterra, por ejemplo, o a suicidarse) , en la derechización de los paises y en el auge de la extrema derecha o en la llegada al poder de Trump y Bolsonaro.

La autora defiende la Inteligencia Artificial (IA) si se utilizan los algoritmos y la tecnología para beneficiar a los ciudadanos (y no a las grandes tecnológicas), lo que exige atacar los monopolios actuales (disgregando empresas: Facebook, Instagram y WhatsApp son propiedad de Meta), intentando “democratizar la IA”, algo que ahora no sucede porque su logística, sus bases de datos y sus algoritmos son inaccesibles para Gobiernos y expertos y los controlan un reducido grupo de oligarcas tecnológicos (blancos y superricos) a los que les molesta la democracia (y por eso financian y apoyan a autócratas como Trump). Hace falta también una legislación que controle la IA (como la ha aprobado Europa), educar a la población (para conocer los riesgos) y una “ética” en la configuración y control de los algoritmos (las plataformas no pueden ser éticas, porque sólo buscan el beneficio). Al final, el libro aporta una sentencia clave: lo que puede ser verdaderamente peligroso no es la IA ni los algoritmos sino las personas que hay detrás. Por eso hay que controlarlas.

Bueno, espero que alguno de estos 5 libros te interese. ¡Buen verano y hasta septiembre¡

Otros impuestos para un mundo más justo

Un fantasma recorre el mundo: la desigualdad creciente, culpable básica del populismo, desde Trump y el Brexit a Italia y la extrema derecha europea. El 1% más rico tiene ya casi la mitad de la riqueza del mundo, frente al 40% en 2007. Y hay ya 224.200 millonarios en España, casi el doble que antes de la crisis. Uno de los principales culpables, junto al paro, la precariedad y los bajos salarios, son los impuestos: los ricos, las grandes empresas y las multinacionales llevan “escaqueándose” de pagar impuestos desde los años 80, presionando a los Gobiernos para que les bajen impuestos y buscando refugio en paraísos fiscales y trampas “legales”. Resultado: todos los países han recortado sus Estados del Bienestar y tienen problemas para sostener la sanidad, la educación, las ayudas sociales y las inversiones públicas. Y así crece más la desigualdad. Urge una cruzada europea y mundial para reformar los impuestos y que paguen más los que apenas pagan hoy. Sólo así conseguiremos vivir mejor. 

                                                                       enrique ortega

“Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”
Oliver Wendell. 1904. EEUU 

La desigualdad entre ricos y pobres cayó drásticamente en el siglo XX, por la grave sangría humana de las dos guerras mundiales (100 millones de muertos) y de varias revoluciones sangrientas (otros 100 millones de muertos en la URSS, China y algunos países), más los efectos igualadores de los impuestos y el Estado del Bienestar que se implantaron a partir de 1945. Y así llegamos, con un mundo bastante igualitario durante 30 años, a los años 80, donde el neoliberalismo (Thatcher, Reagan y los Bush) y sus rebajas de impuestos y ayudas públicas provocan un alza de la desigualdad, agravada por la crisis de 2008 y su secuela de paro, precariedad y bajos salarios en el mundo, mientras los más ricos aumentaban su riqueza. El resultado es que el índice de desigualdad (índice de Gini, entre 0 y 1) era de 0,318 en 2016, en los 35 países de la OCDE, el más alto desde los años 80. Incluso, asistimos al mayor nivel de desigualdad en el mundo desde finales del siglo XIX.

La mayor desigualdad se da actualmente fuera de Europa y USA, según los últimos datos de la OCDE (2016): Sudáfrica (0,626 índice de Gini), China (0,514), India (0,405), Costa Rica (0,480), Brasil (0,470), México (0,459), Chile (0,454) o Turquía (0,391). Pero detrás está ya Estados Unidos (índice de Gini 0,391), Reino Unido (0,351), Israel (0,346) y España (0,345 índice de Gini en 2016), el 12º país más desigual del mundo, según la OCDE y el tercero más desigual de Europa (tras Reino Unido y Lituania), según Eurostat.  Y además, España es el 4º país de la OCDE con más desigualdad entre la riqueza del 20% más rico y la del 20% más pobre: la diferencia de ingresos es de 6,5 veces, sólo por detrás de México (10,4 veces), Chile (10 veces) y EEUU (8,3 veces), según los datos de la OCDE (2016).

El problema ya no es que haya mucha desigualdad sino que se ha agravado con la crisis y los ricos son cada vez más ricos. Así, acaba de hacerse público que el 1% más rico del mundo acapara ya casi el 50% de toda la riqueza mundial, según la consultora Boston Consulting Group, cuando en 2013 tenían el 45% de la riqueza y en 2007 el 40%. Y otro dato, escalofriante: en 2015, 62 personas en el mundo poseían la misma riqueza que 3.200 millones (la mitad más pobre del mundo), según un informe de Intermón Oxfam. Y si nos centramos en España, acaba de publicarse que ya hay 224.200 millonarios, personas que tienen más de 1 millón de dólares de patrimonio (tienen 2,52 millones de euros de media), casi el doble de los millonarios que había en España antes de la crisis (127.100 en 2008).

Hay más millonarios, con más riqueza, en España y en el mundo. Y también más pobres. En la OCDE (35 países desarrollados), había un 11, 9% de pobres en 2016, personas que ingresan menos de la mitad que la media. Encabezan este penoso ranking de países con más pobres Estados Unidos (17,8% población), Israel (17,7) y Turquía (17,2), seguidos de Letonia y México (16,7% pobres), Japón, Chile y Estonia (16,1%) y España (15,3% de pobres), el 9º país OCDE con más pobreza y el 3º de Europa, según los datos de la OCDE. De hecho, si tomamos el concepto europeo de pobreza (ingresos inferiores al 60% de la media y falta de empleo y servicios básicos), hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística de Eurostat (2016), 1.242.000 pobres más que en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Y España se sitúa como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE 2016), con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la media europea (23,5% tasa UE-28) y sólo por detrás de Bulgaria (40% pobres), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat. Y lo peor es que la pobreza se ha enquistado en determinados colectivos y familias (mujeres solas con hijos, jóvenes, inmigrantes, parados) y que 3 millones de españoles están en pobreza extrema, según Cáritas, la mitad con niños.

Bueno, la pregunta es ¿por qué hay tanta desigualdad? Y, ¿por qué aumenta, a pesar de la recuperación? La razón principal es que, desde los años 80 y hasta hoy, la rentabilidad del capital, del ahorro y de las inversiones, ha crecido muy por encima de los rendimientos del trabajo, como explica el libro “El capital del siglo XXI”, de Thomas Piketty. Dicho a lo claro: el capital, el dinero, se ha quedado cada año con un mayor trozo del pastel de la riqueza, a costa de reducirse el trozo del trabajo. Un ejemplo extremo es EEUU: el 1% más rico (que controla el 40% de toda la riqueza) se ha llevado el 95% del crecimiento generado desde 2007. Esto ha sido posible gracias a la desregulación económica y financiera (menos controles), iniciada con Reagan y Thatcher y continuada hasta hoy, y a la globalización, que ha recortado costes (sobre todo salarios) y multiplicado beneficios. 

Pero la puntilla a la igualdad han sido los impuestos: las empresas y los más ricos pagan bastante menos impuestos que hace tres décadas, gracias a su presión sobre los Gobiernos (que se los han bajado, para que no se fueran a otro país) y al uso de paraísos fiscales y de “ingeniería fiscal para pagar menos “legalmente”· En EEUU, por ejemplo, el tipo máximo que pagan los ricos ha bajado del 70% en 1980 al 40% actual y al 37% que lo acaba de bajar Trump para 2018. Y las empresas, han pasado de pagar el 40% al 21% que pagarán gracias a Trump este año (y en Europa, del 40% al 22,9% de media).Y como caía la recaudación en todos los países, por la rebaja de impuestos y la crisis, los Estados “se han visto obligados” a hacer recortes, a reducir el Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones, inversiones públicas) y las ayudas a los más desfavorecidos, agravando la desigualdad.

El resultado de este “escaqueo fiscal” de los más poderosos es que las grandes empresas y multinacionales pagan hoy de impuestos sobre beneficios un 9% menos que antes de la crisis (y las tecnológicas, un 13% menos), según Finantial Times. En unos casos, las grandes empresas y los más ricos defraudan impuestos utilizando empresas pantalla en paraísos fiscales, donde se ocultan 8,7 billones de dólares, según el profesor Gabriel Zucman. En otros casos, “eluden” impuestos (expresión fina para evadir impuestos de forma “legal”, con el asesoramiento de “las 4 grandes consultoras” mundiales: KPMG, PwC, Ernst & Young  y Deloitte). Los métodos son múltiples, pero los más usados (por Google, Amazon, Apple, McDonald’s o Inditex) consisten en facturar a través de empresas instaladas en países con baja fiscalidad (Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Suiza) y traspasar los beneficios poco penalizados a empresas radicadas en paraísos fiscales que les facturan ingresos por gestión de marca. Al final, el resultado es que pagan un 6% de impuestos sobre beneficios o menos y los países dejan de ingresar hasta 500.000 millones de dólares al año, según estimaciones deTax Justice Network. Sólo Europa perdió 5.400 millones de euros entre 2013 y 2015 por la minoración de  impuestos conseguida por Google y Facebook.

Así que ya sabemos: no hay dinero en Europa ni en España para sanidad, educación, Dependencia, pensiones, ayudas sociales  y tantas inversiones que hacen falta (tecnología, infraestructuras, formación, digitalización) porque las multinacionales, grandes empresas y los más ricos se dedican a pagar los menores impuestos posibles, en una “guerra” por ver qué país les cobra menos impuestos para que no se vayan. Y así, ellos son cada vez más ricos y el resto no sale de la precariedad y de los bajos salarios, aumentando la desigualdad.

La lucha contra la desigualdad debería ser el gran reto del siglo XXI, porque la creciente desigualdad no sólo es injusta e inmoral sino que debilita la economía y el crecimiento: un informe del FMI de 2015 ya alertaba que si aumenta la renta de los más ricos pero no del resto (que suponen la mayor parte del consumo), se reducirá el crecimiento (PIB) a medio plazo. Y otro informe de la OCDE, sobre 30 países, reveló que en Italia y Gran Bretaña, el crecimiento de los últimos 30 años podría haber sido mayor si no hubieran aumentado tanto las desigualdades. Además, la desigualdad fomenta la desigualdad de género (un estudio del FMI revela que los países con más desigualdad de ingresos son también los que tienen más desigualdad entre hombres y mujeres) y  el cambio climático (la huella de carbono del 1% más rico puede ser 175 veces mayor que la del 10% más pobre). Y además, la desigualdad debilita la democracia, como ha estudiado el Premio Nobel de Economía 2015, Angus Deaton: debilita la cohesión social, aleja a los más pobres de la política y las instituciones, fomenta los extremismos y crecen los ciudadanos que no votan. Y es uno de los factores que explica el auge del populismo y la extrema derecha, desde USA a Europa.

Parece claro que debería iniciarse una cruzada mundial contra la desigualdad, por razones humanitarias, económicas y políticas. Las medidas no pueden tomarse país a país, sino que exigen coordinación internacional y europea. Sobre todo, las medidas fiscales que deberían buscar “homogeneizar” los impuestos, a nivel de la OCDE y de la UE, desde el IRPF a sociedades, pasando por sucesiones (los impuestos a las herencias son claves para no perpetuar la desigualdad).  Algo se ha hecho, como el acuerdo fiscal de la OCDE (proyecto BEPS), para intercambio mundial de información fiscal, firmado ya por 113 países, que tienen hasta septiembre de 2018 para intercambiar información fiscal, aunque no sea vinculante a qué países se envía. Pero ojo, hay países que no lo han firmado, entre ellos Estados Unidos, que se puede convertir en el mayor paraíso fiscal de hecho del mundo.

La lucha contra los paraísos fiscales es clave para reducir la desigualdad y aquí la OCDE funciona a golpe de escándalo (Papeles de Panamá, LuxLeaks, Paradise Papers…), pero sólo contempla un paraíso fiscal (Trinidad Tobago, 2  islas enfrente de Venezuela). La Comisión Europea aprobó en diciembre 2017 una lista negra de 17 paraísos fiscales, pero luego la ha recortado dos veces y ahora sólo quedan 7 (Samoa americana, Guam, Namibia, Palau, Samoa, islas Vírgenes USA, Trinidad y Tobago). Sin embargo, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón tiene una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Europa ha querido dar un paso contra la elusión fiscal de las multinacionales centrándose en las tecnológicas, las grandes de Internet. Así, la Comisión Europea aprobó en marzo 2018 una propuesta para gravar con un 3% (un tipo mínimo) a los grupos tecnológicos que facturaran más de 750 millones de euros y 50 millones en Europa. Con ello esperan recaudar unos 5.000 millones al año (entre 500 y 1.000 millones en España). Algo es algo, pero los técnicos de Hacienda (GESTHA) creen que el nuevo impuesto no estará operativo hasta 2020 y que es un pellizco mínimo: supondrá que Google, Apple, Amazon y el resto tributarán el 10% de sus beneficios frente al 9,5% que pagan hoy, muy alejados del 23% con que se grava los beneficios del resto de empresas en Europa.

Habría que pensar, a nivel mundial o al menos europeo, en aprobar nuevos impuestos, como el impuesto sobre la riqueza que propone Piketty: gravar con un impuesto del 5 al 10% a las fortunas de más de 10 millones de euros (no es tanto para los ricos, pero sí una recaudación extra clave para sus países). Y la tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras (podría recaudar 35.000 millones anuales), aprobado en 2012 por diez países europeos (España entre ellos), pero que sólo aplican hoy Francia e Italia. Y además, hay mucho campo para recaudar con impuestos verdes (a quien contamine), impuestos al transporte (carburantes contaminantes y vuelos) y al turismo, sin olvidar la economía colaborativa, con  potentes multinacionales (Airbnb, Uber, Glovo, Cabify, eBay…) que apenas pagan impuestos.

No basta con estos nuevos impuestos. Europa tiene que armonizar el impuesto de sociedades (el que pagan las empresas), que es del 22,9% de media, aunque varía entre el 38% en Francia y el 10% en Bulgaria y el 12,5% en Irlanda, con España en el 25% (aunque luego, con las deducciones y exenciones, el tipo efectivo es el 7,3%). Y también el IRPF, que va del 58% máximo en Suecia al 10% en Bulgaria pasando por el 48% en España. Y también hay muchas diferencias en los tipos de IVA, sobre todo en las excepciones (reducido y superreducido).

El nuevo Gobierno español debería promover estos cambios fiscales en Europa y en la OCDE, porque España necesita más recursos para consolidar su Estado del Bienestar, tras los drásticos recortes de Rajoy. Máxime cuando somos uno de los países de Europa que menos recauda: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países euro y la alta recaudación de Francia (53,9% PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) y Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso significa que si España recaudara como los demás europeos, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro.

Recaudar más, no a costa de que paguemos más la mayoría (el 83% de los impuestos los pagan las familias) sino  consiguiendo que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), esa es la clave para reducir la desigualdad y mejorar el Estado del Bienestar en España, en Europa y en el mundo. Implantar otros impuestos para conseguir un mundo más justo. El gran reto del siglo XXI.

Paraísos fiscales: Europa no se atreve

El escándalo de los paraísos fiscales estalla periódicamente, desde los Papeles de Panamá a LuxLeaks o los Paradise Papers. En diciembre, la Comisión Europea aprobó una “lista negra” donde sólo incluyó 17 países. Pero en enero, han  sacado de esa “lista negra” a 8 países, entre ellos Panamá (por la presión de España), Barbados, Corea del Sur y Emiratos. Además, Bruselas no incluye entre los paraísos fiscales a 4 países europeos que utilizan las multinacionales para evadir impuestos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta. Mientras, las inversiones a paraísos fiscales se han cuadruplicado y son la vía de entrada del 54% de las inversiones que llegan a España y del 25% de las que salen. Y 34 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Son millones de euros que eluden impuestos, mientras 98 países han firmado el acuerdo OCDE para intercambiar datos fiscales. Pero no lo ha hecho EEUU, que releva a Suiza como paraíso fiscal. Urge una “cruzada” mundial contra la los paraísos fiscales, donde se esconde un dinero que nos hace mucha falta.

enrique ortega

Esta historia de la lucha contra los paraísos fiscales cumple casi 10 años. En noviembre de 2008, tras el estallido de la Gran Recesión, los principales países se reunieron en Washington, en la Cumbre del G-20, para “refundar el capitalismo”, con la idea de emprender reformas que evitaran otra gran crisis en el futuro. Y entre ellas, poner coto a la evasión fiscal internacional, apoyada en los paraísos fiscales, encargando a la OCDE que estudiara medidas de control para aplicarlas a nivel mundial. En junio de 2017, el G-20 se reunió en Hamburgo y se felicitó porque casi 100 países hubieran firmado el acuerdo de la OCDE (proyecto BEPS) para intercambiar información fiscal a nivel internacional. Y tras la firma de miles de convenios bilaterales, declaraban que sólo había un “paraíso fiscal”: Trinidad y Tobago, una pequeña república caribeña formada por 2 islas enfrente de Venezuela.

Pero, por desgracia, hay muchos más paraísos fiscales en el mundo, cada vez más activos. De hecho, la inversión mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15 años, según un documentado estudio de Intermón Oxfam, que estima en 170.000 millones de dólares el dinero que quitan sólo a los países en desarrollo. En general, los usan las empresas y multinacionales como “plataforma intermedia” de sus inversiones, creando allí empresas con las que invierten luego en terceros países o que utilizan para sacar sus beneficios de otros países sin pagar impuestos. Y para las grandes fortunas y muchos inversores, son la plataforma ideal para eludir también el pago de impuestos. Por ejemplo, en 2016, las islas Caimán recibieron 5 veces más inversión que China, según Intermón Oxfam. Y Holanda es el 2º país de origen de la inversión extranjera que llega a Latinoamérica y el primer país de origen de la inversión extranjera en Brasil. Son meros “portaviones” donde aterrizan las inversiones de camino entre un país y otro, para no dejar rastro fiscal.

El caso de España es también muy esclarecedor. Más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España (el 54%) lo hace a través de un paraíso fiscal, según el informe de Intermón Oxfam. Sobre todo llegan a través de Holanda, Luxemburgo, Barbados, Islas Caimán,  Bahamas, Panamá, Irlanda, Malta, Suiza, Singapur, Hong-Kong, Barbados o Delaware (USA), los paraísos fiscales  más agresivos. Y un 25% de la inversión española que se hace en el exterior se canaliza a través de paraísos fiscales, habiéndose cuadruplicado esta inversión en el último año, según el informe de Intermón Oxfam.  De hecho, la inversión española a través de paraísos fiscales es un 27% superior a la inversión española en Latinoamérica.

Esta inversión española a través de paraísos fiscales es posible porque las empresas y los bancos españoles tienen filiales en esos paraísos fiscales, a través de las que canalizan sus operaciones y las de sus clientes. En 2016, 34 grandes empresas y bancos (todas las empresas del IBEX, salvo Aena) tenían una o varias filiales en paraísos fiscales, 996 filiales en total, encabezando el ranking Banco Santander (225 filiales en paraísos fiscales), ACS (108), Repsol IPF (93), Arcelor Mittal (79), BBVA (64), Ferrovial (64) e Iberdrola (63), según datos de Intermón Oxfam a partir de sus Memorias anuales. Y la mayoría de estas filiales (438) se sitúan en Delaware (un “paraíso fiscal” en el noroeste de EEUU), seguida de Holanda (157), Irlanda (83) y Luxemburgo (80). Lo más preocupante es que estas filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales se han multiplicado por 4 entre 2009 y 2016.

Las empresas y bancos, españolas y multinacionales, aumentan su presencia en los paraísos fiscales como una forma de “eludir” impuestos (palabra fina, “elusión fiscal”: significa que no defraudan impuestos sino que los “eluden” legalmente…). Y lo hacen porque pueden, porque ni Hacienda ni la normativa europea se lo prohíbe. Sobre todo, porque la mayoría de los países que utilizan como “portaviones” de sus inversiones no son oficialmente “paraísos fiscales”. Y aquí entramos en el tema clave: “la lista” de los paraísos fiscales.

España tiene una lista oficial de 48 paraísos fiscales, que se aprobó oficialmente en 1991 (ver países). Pero no es la que rige hoy, porque en estos años, sobre todo desde 2003, han salido de la lista 15 países: Andorra, Luxemburgo, Singapur, Chipre, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos, Jamaica, Malta, Trinidad Tobago, San Marino, Singapur, Omán y Panamá (salió de la “lista negra” de Hacienda en 2010, a raíz de que Sacyr ganara el mega contrato del Canal de Panamá). Sorprenden muchos de los países que ya no son paraísos fiscales para la Hacienda española, sobre todo cuando 7 de estos 15 países “indultados” forman parte de la lista de los 15 peores paraísos fiscales elaborada por Intermón Oxfam, por este orden de más a menos opacidad fiscal: Bermudas, islas Caimán, Holanda, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curaçao, Hong Kong, Malta, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio e Islas Vírgenes.

La Comisión Europea, a raíz del “escándalo LuxLeaks” (548 acuerdos fiscales favorables suscritos por el gobierno de Luxemburgo con numerosas multinacionales), destapado en noviembre de 2014, quiso ponerse a la cabeza de la lucha contra los paraísos fiscales. Y ha estado tres años preparando una “lista negra” de paraísos fiscales, que por fin aprobó el 5 de diciembre de 2017, con 19 países, en su mayoría pequeños estados del Caribe, Oriente Medio y Asia, una lista que defraudó a los expertos porque dejaba fuera a muchos de los países “evasores habituales”. Pero la sorpresa saltó el 21 de enero de 2018, cuando la Comisión recortó esta lista, sólo 37 días después de aprobarla. Salieron de la lista de “paraísos fiscales” 8 países: Panamá, Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, porque “se habían comprometido a ser fiscalmente transparentes”, según Bruselas. La lista se revisará a finales de 2018 y antes, la Comisión Europea establecerá sanciones para los 9 únicos países que, para Bruselas, son ahora “paraísos fiscales: Samoa, Bahréin, Guam, islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad Tobago.  Y quizás Hacienda “rehaga su lista” con esta nueva lista UE.

Los expertos consideran que la lista europea de paraísos fiscales es un fiasco, fruto de las presiones políticas y económicas de países y multinacionales. De hecho, España presionó en el Ecofín para que Panamá saliera de la lista europea, según ha reconocido Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional, a pesar de que 2.000 españoles aparecieron con cuentas en los "Papeles de Panamá" (2016). Mientras, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Panamá, Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón ha elaborado una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Precisamente, la mayor crítica que puede hacerse a las autoridades europeas es que la “lista negra” de la Comisión deja fuera a los paraísos fiscales que hay en Europa. Sobre todo cuando en los últimos años han estallado diversos escándalos que han demostrado que hay países europeos especializados en facilitar la evasión fiscal a empresas y multinacionales. El escándalo LuxLeaks destapó que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado (entre 2002 y 2010) acuerdos secretos, para pagar menos impuestos, con 340 multinacionales. Holanda también había firmado acuerdos similares en 2008 con la multinacional Starbucks. También el gobierno de Bélgica, en 2005, con 35 multinacionales. Y el gobierno de Irlanda firmó otro pacto secreto con Apple para que sólo pagara el 2,5% de impuestos.

Pero el problema no son sólo los acuerdos secretos con multinacionales. Lo más grave es que muchas grandes compañías utilizan algunos países europeos, con su consentimiento, para aplicar una “ingeniería fiscal” que les permita eludir (legalmente) el pago de impuestos, unos 70.000 millones de euros al año (8.250 millones en España). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello compras y ventas entre filiales. Una variante más sofisticada es lo que se llama el “sándwich holandés” y el “doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan su negocio en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere ese dinero a una filial en Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos y que transfiera los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de los beneficios, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de “elusión fiscal” son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de la marca. Es lo que hace Starbucks con el dinero del café que nos tomamos: una parte va a una filial en Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea hace lo mismo a través de una filial en Holanda. Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo donde desvía el 5% de su facturación en España y lo que se ha ahorrado de pagar aquí 68,5 millones en 5 años. El caso más llamativo es Inditex, que a través de dos filiales en Holanda y Suiza, factura al resto por la compra de ropa en Asia y por la gestión de marca y consultoría. Así ha “eludido” el pago  a la Hacienda española de 585 millones de euros entre 2011 y 2014, según un informe de los verdes en el Parlamento europeo. Y todavía hay más vías de “elusión” fiscal: préstamos entre filiales de una multinacional, trasvase de dividendos o aprovechar las diferencias fiscales dentro de Europa.

Es un escándalo porque, en estos casos, los paraísos fiscales no están en el Caribe o en Asia, sino en el corazón de Europa. Los gobernantes europeos trataron de “salvar la cara” aprobando, en julio de 2016, una Directiva europea para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas y multinacionales. El problema es que se ha retrasado su entrada en vigor, dado que los países tienen hasta diciembre de 2018 para modificar sus normas fiscales y en algunos casos, se les da de plazo hasta el 1 de enero de 2020. Luego, habrá que ver cómo se aplican los cambios, porque ningún país se va a arriesgar a perder multinacionales, que ya estarán preparándose para burlar las nuevas normas fiscales aprobadas por Bruselas.

En paralelo, este año 2018, Hacienda y los responsables fiscales de todo el mundo van a disponer de más datos sobre dónde tienen el dinero sus empresas y sus ciudadanos, porque ha entrado en vigor el acuerdo de la OCDE (Proyecto BEPS) para intercambio mundial de información fiscal, acuerdo que han firmado ya 98 países (Panamá en enero 2018). El problema es que no es un acuerdo vinculante y cada país decidirá con qué países intercambia información fiscal. España ha aprobado intercambiarla con todos los países, pero ahora falta ver si Suiza o Panamá le mandarán a Hacienda los datos fiscales de españoles y empresas que tengan inversiones en su territorio. Unos países lo tenían que enviar antes de  septiembre de 2017 (con datos al 1 de enero 2016) y otros tienen hasta septiembre 2018 (Andorra, Suiza, Panamá, Bahamas, Mónaco, Indonesia, Singapur, Qatar, Arabia Saudí o Turquía entre ellos).

Quien no ha firmado este acuerdo internacional ha sido Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que se va a convertir en el mayor paraíso fiscal, si no lo es ya, porque cada día se registran más empresas y fortunas en Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Miami, los estados que están atrayendo el dinero opaco que hasta ahora estaba en Suiza, Luxemburgo, Panamá o el Caribe. Así que la Hacienda española y del resto de Europa no pueden esperar colaboración de EEUU, mientras se da el contrasentido de que los bancos europeos están obligados a dar puntual información de las inversiones de empresas y ciudadanos estadounidenses, porque desde 2013 está en vigor la FATCA, una Ley que obliga a los demás países a darles los datos de los ciudadanos USA (sean residentes o no) pero que no les obliga a dar los datos fiscales de las empresas  extranjeras en USA, sólo de las personas físicas.

Así está el panorama fiscal en el mundo: se multiplican por cuatro las inversiones en paraísos fiscales y aumenta la sofisticación de las multinacionales para eludir impuestos, pero Europa responde con una lista negra inútil y una Directiva complicada de implantar. El fraude fiscal se hace global y la vigilancia mundial es poco efectiva, con lo que muchos millones de euros se pierden por el camino, en beneficio de los más ricos, lo que aumenta la desigualdad (como se ha reflejado en la Cumbre de Davos) y penaliza las inversiones y servicios públicos y sociales, que pierden recursos por el aumento del fraude fiscal, con la inestimable ayuda de los paraísos fiscales, donde está nuestro dinero. “Saca a la luz un dinero que no ves”, nos pide Intermón Oxfam en esta campaña contra los paraísos fiscales. Están bien las firmas, pero lo que hace falta son Leyes y vigilancia para que se cumplan. En Europa y en España. 

Paraísos fiscales en medio de Europa

Cuando oímos hablar de paraísos fiscales, pensamos en países exóticos o islas del Caribe. Pero también están en medio de Europa. Lo saben bien multinacionales como Google, Amazon, Apple, Starbucks, Ikea o Inditex, que tienen acuerdos secretos con los gobiernos de Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda para pagar menos impuestos. La Comisión Europea ha abierto expedientes a estos países y acaba de aprobar medidas para frenar el fraude fiscal de las multinacionales, que supone 70.000 millones de euros, la mitad del Presupuesto de la UE. En España, las multinacionales también pagan menos que las pymes y eluden unos 8.500 millones en impuestos. Y mientras, EEUU se ha convertido en el paraíso fiscal del mundo. Los gobiernos europeos quieren aprobar este año una Directiva contra el fraude fiscal “legal” de las multinacionales, aunque será difícil porque exige unanimidad y nadie quiere arriesgarse a que se vayan. Pero Europa y España necesitan que las multinacionales paguen lo que deben para gastar más contra la crisis.
 

enrique ortega

Europa es un continente con una moneda única pero con 28 sistemas fiscales diferentes, con impuestos distintos en cada país, desde los impuestos personales (IRPF) a los del consumo (IVA, carburantes, alcohol, tabaco) y los impuestos que pagan las empresas (sociedades). El abanico del impuesto de sociedades en Europa es muy diferente, según un estudio de KPGM:  dentro de la zona euro, hay 5 países con un tipo de sociedades inferior al 20% (Irlanda y Chipre 12,5%, Lituania y Letonia 15%, Eslovenia 17%), otros 10 países entre el 20 y el 30% (Estonia y Finlandia 20%, Portugal 21%, Eslovaquia 22%, Holanda y Austria 25%, Grecia 26%, España 28%, Luxemburgo 29,22% y Alemania 29,65%) y los 4 restantes por encima del 30% (Italia 31,4%, Francia 33,33%, Bélgica 33,99% y Malta 35%). Y fuera del euro, también hay grandes diferencias entre el 10% que pagan las empresas en Bulgaria, el 19% en Polonia y Hungría, el 20% en Reino Unido, el 22% de Suecia o el 27% de Noruega.

Un galimatías de impuestos diferentes que hacen que las grandes empresas se dirijan a los países donde pagan menos. Pero esos son los “impuestos escaparate”, los teóricos, porque luego cada país tiene un abanico de deducciones y exenciones fiscales que hacen que finalmente los impuestos reales que se pagan son menores. Baste el ejemplo de España: el tipo de sociedades era en 2014 del 30% (ahora es el 28%), pero las grandes empresas pagaron de media un 7,3% de sus beneficios, según Hacienda, la mitad que las pymes (15%) y un tercio menos que la mayoría de los contribuyentes (20%). Y las multinacionales aún menos: Google, Apple, Amazon, Twitter, Facebook, eBay y Microsoft sólo pagaron en España 18,3 millones de euros de impuestos (entre todas) en 2014 (porque declaran que aquí ganaron sólo 48 millones de euros).

Pero hay multinacionales que incluso pagaban menos en Europa, gracias a que habían firmado “acuerdos secretos” (tax rulings)  con varios Gobiernos para rebajarles su factura fiscal a cambio de que se instalaran en sus países. El escándalo lo destapó en noviembre de 2014 la web Luxleaks (del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), al denunciar que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado acuerdos secretos entre 2002 y 2010 con 340 multinacionales para pagar menos impuestos. Posteriormente se supo que el gobierno de Holanda (cuyo ministro de Finanzas es Dijssembloen, el presidente del Eurogrupo, tan "duro" con Grecia y ahora con el déficit de España) también había firmado acuerdos fiscales secretos en 2008 con la multinacional Starbucks. Y que el gobierno de Bélgica  firmó pactos fiscales similares en 2005 con 35 multinacionales, un sistema llamado “Only in Belgium”. Y también el gobierno de Irlanda firmó un pacto secreto con Apple (seguro que hubo con otras), para que sólo pagara el 2,5% de impuestos por sus beneficios.

El escándalo Luxleaks obligó a la Comisión Europea a actuar contra unos pactos fiscales sobre los que habían hecho la “vista gorda”. En octubre de 2015, La Comisión ordenó a Luxemburgo recuperar 25 millones evadidos por Fiat, mientras mantiene abierta la investigación sobre Amazon y McDonald’s. Y a Holanda le exige recuperar los 30 millones evadidos por Starbucks. En enero de 2016, la Comisión ha abierto otro expediente a Bélgica para que recupere los 700 millones que evadieron 35 multinacionales desde 2005, pagando la mitad de lo que debían. Y mantiene otro expediente a Irlanda, por las escandalosas ventajas fiscales concedidas a Apple, que ha ahorrado 8.000 millones en impuestos.

Al hilo de estas actuaciones de la Comisión Europea, “se ha abierto la veda” contra las multinacionales en Europa. El  gobierno italiano ha reclamado, en enero de 2016, a Google el pago de 227 millones de euros por impuestos eludidos entre 2009 y 2013 (creen que los beneficios fueron 10 veces los declarados). Ya en diciembre de 2015, Apple accedió a pagar 318 millones extras al fisco italiano, tras reconocer que no había pagado impuestos durante 6 años. Mientras, en Reino Unido, la filial de Google accedió a pagar en enero 130 millones de libras en impuestos adicionales sobre los beneficios de los últimos 10 años, lo que ha levantado una gran polémica, porque esa sanción supone hacerle pagar a Google el 3% de sus beneficios en Reino Unido. Y el diario Finantial Times ha denunciado que las 7 grandes multinacionales (Apple, Google, Microsoft, Amazon, eBay, Yahoo y Facebook) pagaron sólo un 0,5% de su facturación en 2012, con lo que habrían evadido 400 millones de libras.

A raíz de todos estos escándalos, parece que la Comisión Europea se ha decidido a actuar contra la elusión fiscal (fraude “legal”) de las multinacionales, una provocación para los  ciudadanos europeos que pagan  impuestos y sufren duramente la crisis. Y además, puede ser una importante fuente de ingresos, en un momento en que Bruselas necesita invertir y gastar más para intentar revitalizar la economía europea. De hecho, la estimación del comisario europeo Moscovici es que las multinacionales evaden 70.000 millones de euros al año en Europa, una cifra tan elevada que equivale a la mitad del Presupuestod e la UE (145.000 millones en 2015). Sólo en España, si las multinacionales tributaran aquí como las pymes, Hacienda recaudaría 8.250 millones de euros más al año, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Con ese dinero, las pensiones enjugarían las dos terceras partes de su déficit, por ejemplo. O pagaríamos un subsidio anual a 1.600.000 parados que no cobran.

La Comisión Europea ha aprobado el 28 de enero pasado un Plan para atajar las principales vías que utilizan las multinacionales para evadir impuestos “legalmente” (elusión fiscal). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello las compras y ventas entre filiales (para desviar las plusvalías a los países con menores impuestos). Una variante más “sofisticada” es lo que se llama “el sándwich holandés” y “el doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere este dinero a una filial de Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial de Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos, y que transfiere los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). De hecho, en 2015, Google transfirió 11.000 millones de beneficios en Europa a las Bahamas, a través de su filial en Holanda (que no tiene empleados). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de sus beneficios en Europa, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de elusión fiscal son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de marca. Es lo que hace Starbucks: cada vez que nos tomamos un café, una parte del dinero va a una empresa de Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea también gestiona su marca a través de dos filiales en Holanda y Luxemburgo, pagando impuestos en Liechtenstein (otro paraíso fiscal europeo), con lo que se ha ahorrado 1.000 millones en impuestos entre 2009 y 2014, según un informe de los Verdes en el Parlamento Europeo . Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo que gestiona el 5% de la facturación en España, gracias a lo que se ha ahorrado pagar aquí 68,5 millones en cinco años. El caso más llamativo es Inditex: a través de dos filiales en Holanda y Suiza factura al resto de países por gestión de marca y consultoría (2.000 millones entre 2009 y 2013), con lo que la multinacional española se ha ahorrado así 325 millones en impuestos, según Intermón Oxfam.

La tercera vía de elusión fiscal son los préstamos entre filiales de una misma multinacional: como los intereses suelen ser deducibles, los concentran en las filiales de los países con más impuestos y buscan que la filial que presta lo haga en países donde el cobro de intereses esté exento o tribute poco. Además, las multinacionales tienen legiones de abogados especialistas en aprovechar las incongruencias fiscales entre países, para obtener las mayores ventajas en unos y otros (y a veces en varios a la vez). Otra vía de elusión fiscal  es la tributación de dividendos: ciertos ingresos (dividendos o ganancias de capital) que entran en Europa desde otro país y que están exentas de tributar aunque no hayan pagado en el país de origen.

Al final, son sistemas de evasión de impuestos conocidos y “legales”, que se van sofisticando según los países cierran vías de escape. El Plan de la Comisión es actuar contra estas estrategias fiscales, permitiendo que un país (España) grave los beneficios desviados hacia otro (Irlanda), gravando las transferencias por royalties, suprimiendo la exención a los dividendos y neutralizando las maniobras fiscales más habituales. Pero, sobre todo, la futura Directiva quiere obligar a las multinacionales a presentar anualmente un informe de actividades país por país (lo que facturan, ganan y pagan en cada país), informe que conocerían las oficinas fiscales de los 28 países UE . Y además, Europa creará una lista negra de “paraísos fiscales” con los países que no colaboren en la lucha contra el fraude fiscal.

El proyecto de la Comisión es un gran avance, aunque se quede “corto”, según Intermón Oxfam (porque sólo afecta a las empresas que facturen más de 750 millones de euros y los informes fiscales no serán públicos). Pero ahora hace falta que apruebe esta Directiva el Consejo Europeo, los gobiernos de los 28, esta primavera. Y hace falta unanimidad. Algo difícil de conseguir, sobre todo porque hay países que van a resistirse a dejar de ser paraísos fiscales, sobre todo Holanda, Luxemburgo e Irlanda. Hoy día, en Holanda, los holdings (grupos empresariales) no tributan y no pagan impuestos por los dividendos y ganancias que reparten sus filiales. Y Luxemburgo se ha especializado en atraer capitales, con una bajísima tributación. La mejor prueba de lo que hacen es que un 40% de toda la inversión extranjera que ha llegado a España entre 2008 y 2015 procede de empresas instaladas en Holanda y Luxemburgo, muchas de ellas de origen norteamericano, alemán, francés o británico.

Mientras Europa trata de poner coto a las multinacionales, la OCDE aprobó en noviembre  de 2015 un Plan de 15 medidas (Proyecto BEPS) para intentar frenar el fraude fiscal a nivel mundial, obligando a una mayor transparencia de empresas y países. A finales de enero pasado, 31 países (España entre ellos) han firmado en París estos acuerdos, que obligan a las empresas de más de 750 millones de euros y a los bancos a informar sobre sus operaciones e impuestos. Y todos los países tendrán que informar anualmente a los demás de las cuentas, valores e inmuebles de los extranjeros en su país, una obligación que entrará en vigor en 2017 (con los datos de 2016).

Pero, de momento, Estados Unidos no ha firmado estos acuerdos de la OCDE, por el veto del Congreso USA y la presión de los lobbys financieros. EEUU aprobó en 2010 una Ley (la FATCA) para obligar a todos los bancos a informar de las cuentas y posesiones de ciudadanos norteamericanos en el extranjero (para evitar el fraude de sus empresas y ciudadanos) pero no tiene interés en evitar el fraude de los extranjeros que invierten en EEUU. Es más, desde que se supo que el Congreso USA no firmaba el acuerdo de la OCDE, los grandes bancos de inversión se han dedicado a captar inversiones extranjeras que buscan la opacidad, para ofrecerles instalarse en EEUU, sobre todo en Nevada, Wyoming o Dakota del Sur, los estados con menor fiscalidad. Y con ello, Estados Unidos se ha convertido en el paraíso fiscal más apetecible, atrayendo capitales que estaban en Suiza, las Bahamas o las islas Vírgenes. Además, el secretario del Tesoro USA a enviado una carta a la Comisión Europea quejándose de las medidas fiscales anunciadas por la UE y añadiendo que hay una "actuación desproporcionada" contra las multinacionales norteamericanas. En realidad, temen que si pagan más en Europa, paguen menos en EEUU. 

Al final, el mundo no tiene fronteras para el dinero, que busca dónde pagar menos. Por eso es importante que los acuerdos internacionales contra el fraude fiscal se cumplan, sin excepciones que den lugar a nuevos paraísos fiscales. Y Europa debe dar ejemplo, aprobando este año una normativa realista, que cierre las vías de fraude legal a las multinacionales. España no puede hacerlo sola, aunque nos haga mucha falta ese dinero: hace falta tener esa Directiva europea, para que las multinacionales no se vayan a otro país. Pero también hace falta voluntad política y más medios: Hacienda creó en 2013 la Oficina de Fiscalidad Internacional , pero sólo cuenta con 50 personas, que poco pueden hacer frente a la ingeniería fiscal y los poderosos bufetes que asesoran a multinacionales, bancos y grandes empresas. Pero hay una cosa clara: si España quiere crecer más, crear más empleo y mantener el Estado del Bienestar, necesita ingresar más. Y al menos 8.250 millones extras se pueden recaudar de las empresas multinacionales. A ello.