Más emigrantes y menos refugiados

España es un país más cerrado tras esta larga crisis. En dos sentidos. Primero, más cerrado para los propios españoles, que llevan diez años emigrando (76.197 en 2017), sobre todo los jóvenes: hay 665.000 españoles más viviendo en el extranjero desde que gobierna Rajoy. Y segundo, más cerrado para los extranjeros: las peticiones de asilo se duplicaron en 2017 pero concedimos un 40% menos (4.675) y hay 400.000 extranjeros ilegales pendientes de su nacionalización. Eso sí, se disparan las nacionalizaciones de los extranjeros ricos (rusos y chinos) que compran casas o invierten: iban 41.049 a finales de 2017. Habría que aprovechar la cacareada recuperación para abrir un poco más España, haciendo que vuelvan parte de los españoles que han emigrado (535.000 desde 2008) y dando cobijo a más refugiados y emigrantes, a los que vamos a necesitar, porque perdemos población: harán falta 5 millones de inmigrantes para 2050, según vaticina el FMI. Un país más abierto nos beneficia a medio plazo. Nuestra historia lo confirma.

enrique ortega

España fue un país de emigrantes en las décadas de los 60 y 70, pero luego cambiaron las tornas y empezamos a recibir inmigrantes al comienzo de este siglo: entre 2000 y 2009, España recibió más de 7 millones de inmigrantes, la mitad de todos los extranjeros que llegaron en esos años a Europa. Pero con la crisis, los españoles volvieron a emigrar, buscando trabajo en Europa y parte de América, los jóvenes y familias enteras. Y esta salida de españoles no ha parado desde 2008 (33.505), subiendo en 2011 (55.472), acelerándose en 2013 (73.329), 2014 (80.441), 2015 (98.934) y 2016 (101.581), para mantenerse, aunque bajando, en 2017 (+76.197). En total, hay ya 2.482.808 españoles viviendo en el extranjero a 1 de enero de 2018, según el último Padrón de residentes en el extranjero (PERE) del INE. Son 665.973 españoles más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa.

La mayoría de estos españoles que se han ido a vivir fuera, dos de cada tres (1.672.732 españoles), no han nacido en España sino que son “extranjeros nacionalizados españoles”, bien porque han estado muchos años en España y han conseguido la nacionalidad (muchos latinoamericanos) o bien porque eran hijos o nietos de españoles exilados y consiguieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Histórica (2007). La mayoría han vuelto a Latinoamérica y viven en Argentina (457.204 españoles), Venezuela (167.255), Cuba (139.851), Brasil (130.635), así como en EEUU (147.817 españoles) y Europa.

El tercio restante de los emigrantes que viven fuera (810.076) son españoles nacidos en España, “españoles españoles”, la mayoría que han emigrado con la crisis, sobre todo a Europa (440.206), principalmente a Francia (allí viven 134.214 “españoles españoles”), Alemania (viven 73.340 españoles nacidos en España), Reino Unido (71.899) y Bélgica (29.320), además de los que viven en América (328.809), tanto EEUU (viven 57.944 “españoles españoles”), Argentina (89.695), Venezuela (51.226), Brasil (27.286) y México (21.435), según los datos del INE.  La mayoría de estos emigrantes españoles proceden de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana y el colectivo que más crece son los jóvenes menores de 30 años.

Pero esta es la cifra oficial, que publica el INE con los datos de los Consulados, de los españoles que viven fuera y se inscriben en ellos. La realidad es que muchos que han emigrado lo han hecho como “turistas” y no se han inscrito, con lo que la cifra real de “españoles emigrantes” sería mayor que esos 810.076. Un ejemplo: en Reino Unido hay censados unos 150.000 españoles, pero se estima que viven realmente unos 300.000. En Irlanda hay censados 5.457 y podrían superar los 10.000. Y en Alemania, el censo de españoles nacidos en España es de 73.340 y dicen que hay más de 120.000 españoles trabajando (en precario muchos de ellos).

Otra manera oficial de medir la emigración, además de esta estadística de españoles censados en el extranjero (Consulados) son las estadísticas de migraciones del INE, que semestralmente informan de la población en España y de los flujos de emigración e inmigración, a partir del Censo que hacen los Ayuntamientos. Según esta estadística, en el primer semestre de 2017 emigraron 35.077 españoles, tras marcharse 69.211 en todo 2016 y 75.765 en 2015 (año récord de emigración). La mayoría de los españoles que emigraron el año pasado fueron e Reino Unido (8.882), Francia (4.425), Alemania (2.809) y EEUU (2.191). Sumando todas las salidas desde 2008, resulta que 535.000 españoles han emigrado de España entre 2008 y 2017, la mayor parte (dos tercios) entre 2011 y 2017, con Rajoy gobernando, según los datos oficiales del INE (Migraciones).

El perfil de este nuevo emigrante español es el de una mujer/hombre (casi mitad/mitad), joven (en torno a 30 años), con estudios superiores y procedente de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia), según un estudio de Asempleo y el CSIC, que revela cómo los nuevos emigrantes no siempre salen porque están parados en España sino también porque tienen “empleos basura” precarios, están subempleados para su formación y no ven perspectivas de futuro aquí. Los que más han salido han sido los profesionales de la salud (enfermeras y médicos), informáticos, ingenieros, investigadores y especialistas en marketing y finanzas, aunque muchos acaban trabajando de camareros o cuidando niños y otros empleos precarios.

A pesar de la recuperación en España, los datos indican que la emigración no se ha parado y sigue mes tras mes, aunque ahora choque con problemas fuera, como el Brexit en Reino Unido, el cerrojazo de Trump o las presiones contra los extranjeros en la mayoría de Europa. Pero mientras haya 3.766.700 parados en España y estén sin empleo más de un tercio de los jóvenes (37,46%), según la EPA, la corriente de emigrantes españoles no se va a parar. Además, los jóvenes españoles son los terceros en Europa más dispuestos a emigrar: un 64%, son favorables a irse a otro país o ciudad, más que la media de jóvenes europeos (el 59% emigraría) y sólo por detrás de Portugal (71%) y Suecia (66%), según Eurostat. Y la clave es la formación: cuanta más formación tienen los jóvenes, más dispuestos a emigrar.

La otra cara de la moneda es que, mientras muchos españoles emigran, muchos extranjeros tratan de venir a España y quedarse. Y cada vez se lo ponemos más difícil.

Primero, a los que vienen huyendo de guerras, dictaduras, hambre y enfermedades, los que piden quedarse en España como refugiados. En 2017, se ha dado un contrasentido: la cifra de refugiados, de solicitantes de asilo en Europa se ha reducido a la mitad (de 1.206.500 en 2016 cayeron a 649.855 en 2017), pero en España se duplicaron (de 15.570 en 2016 a 30.445 en 2017), según los últimos datos de Eurostat. Con ello, España es el 6º país europeo con más demandantes de asilo, detrás de Alemania (198.255 en 2017, frente a 722.265 en 2016), Italia (126.550, similares a las 121.185 de 2016), Francia (91.070 frente a 76.790), Grecia (57.020 frente a 49.875) y Reino Unido (33.310 frente a 39.240 en 2016). Pero si comparamos las peticiones de asilo con la población, el problema es menor: 654 peticiones por millón de habitantes en España, la mitad que la media europea (1.270 peticiones por millón de habitantes) y mucho menores que en Grecia (5.295 peticiones por millón de habitantes), Hungría (3.502: por eso gana la derecha xenófoba), Austria (2.526, otro país con xenofobia) o Alemania (2.402 solicitudes por millón de habitantes).

Aunque no sean muchas peticiones de asilo para la población española, la mayoría se rechazan. Y más en 2017, a pesar de que las solicitudes se duplicaron: de las 31.120 solicitudes censadas por el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), sólo 4.675 se aceptaron, el 35%, un porcentaje de aceptación inferior a la media europea (46% se aceptan, según Eurostat) y también inferior al de Alemania (50% aceptadas), Suecia (44%) o Italia (41%), sólo peor que Francia (29% solicitudes aceptadas), Reino Unido y Hungría (31%). Además, en 2017 se aceptaron un 40% menos que en 2016 (6.855 aceptadas), aunque las solicitudes se duplicaron.

El problema es que el flujo de inmigrantes no se frena: en el primer trimestre de 2018, la llegada de pateras con inmigrantes bajó en el Mediterráneo (de 29.221 en 2017 a 14.651 en 2018) pero ha aumentado en España un 38%, con 3.345 inmigrantes llegados a nuestras costas y 120 muertos en los tres primeros meses de 2018, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Además, tenemos otro problema: el atasco de expedientes de asilo, según revela el informe 2017 del Defensor del Pueblo: a los 40.000 expedientes presentados en 2017 hay que añadir otros 30.000 expedientes pendientes de años anteriores, con miles de extranjeros recluidos en penosos centros de internamiento que esperan una solución, en medio de la descoordinación entre los Ministerios (Interior y Empleo) y las autonomías. “La situación en que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio es insostenible”, dice el informe.  Y además, denuncia que el Gobierno Rajoy no haya aprobado el Reglamento de Asilo previsto en la Ley de 2009, lo que crea problemas de reagrupación familiar.

Vayamos ahora con los extranjeros que viven en España irregularmente, desde hace muchos años (recuerden el nigeriano que murió en Lavapiés), a la espera de que se les conceda la nacionalidad o se les expulse. En 2016, España concedió la nacionalidad española a 150.944 extranjeros (+32%), siendo el 2º país europeo que más nacionalizaciones concedió, tras Italia (201.591 extranjeros nacionalizados) y por delante de Reino Unido (149.372 nacionalizados), Francia (119.152) y Alemania (112.843), según los datos de Eurostat. Parecen unas cifras “para presumir”, pero ojo, hay que contextualizarlas: España nacionalizó en 2016 al 3,4% de los extranjeros, una cifra más baja que Croacia (nacionalizó al 9,7% de extranjeros), Suecia (al 7,9%), Portugal (6,5%), Grecia (4,2%) Italia y Finlandia (4,1%), aunque superior a la de Alemania (1,3%), Reino Unido y Francia (2,8%).

El informe 2017 del Defensor del Pueblo pone otra vez el dedo en la llaga: denuncia que hay “un enorme retraso” en la gestión de los expedientes de nacionalización de extranjeros y pide “que la Administración intervenga de manera urgente para solucionar la situación de los más de 400.000 extranjeros que tienen pendiente de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia”. Así que nacionalizamos a muchos, pero el atasco es monumental. Eso sí, hay atasco para regularizar a los extranjeros pobres que trabajan desde hace años en España, pero se agiliza la nacionalización de los extranjeros ricos, a cambio de que compren viviendas caras (más de 500.000 euros), inviertan en depósitos (1 millón) o deuda pública (2 millones) o sean “profesionales cualificados”. Son los llamados “visados dorados” (por la VISA oro…), que se conceden desde septiembre de 2013 y que se han disparado en los tres últimos años: se habían dado 14.804 a finales de 2015, eran 27.301 al final de 2016 y 41.094 a finales de 2017, según los datos oficiales. O sea 13.793 “visados dorados” (la mayoría a chinos, rusos y venezolanos ricos) concedidos en 2017, el triple que las concesiones de asilo a refugiados (4.675). Sin comentarios…

Los datos (oficiales) revelan con claridad que España se ha cerrado más estos años, incluso con la “recuperación”, tanto para los españoles (forzados a emigrar) como para los extranjeros, que no consiguen la nacionalidad ni el asilo. Y no vale decir que esto último también pasa en gran parte de Europa, porque muchos países tienen mayores porcentajes de extranjeros (18,5% Suecia, 17,5% Austria, 16% Alemania, 14% Reino Unido o 12% Francia) que España (4.464.997 extranjeros,  el 9,59% de la población, según el INE). Además, España tiene muchos extranjeros pendientes de regularizar (más de 400.000, según el Defensor del Pueblo). Y, sobre todo, tenemos un grave problema demográfico que no tienen otros países europeos: somos el país con menos natalidad y más viejos de Europa, lo que va a reducir los activos y ocupados en las próximas décadas. Y eso nos obligará a contar con 5 millones de extranjeros más en 2050, como acaba de avisarnos el FMI. Así que necesitaremos a los emigrantes más que el resto de Europa (que también los necesitará).

Tenemos muchos problemas (paro, pensiones, educación, sanidad, gastos sociales, pobreza, desigualdad, demografía, tecnología, digitalización y modernización de la economía), pero para resolverlos necesitamos ser más, no menos. Hay que recuperar a los españoles que han emigrado, porque hemos invertido mucho en ellos y su ausencia es un gran fracaso. Para lograrlo, habría que acordar un gran Pacto por el retorno, con medidas económicas, laborales, fiscales y ayudas a la vivienda y a las familias, creando una Oficina específica para organizar su vuelta. En paralelo, hay que pactar una Política de inmigración a 20 años vista, planificando la regularización de los inmigrantes y coordinando con los países de origen ayudas para frenar la inmigración irregular. No se trata de poner muros que de nada sirven. sino de planificar las llegadas y organizarlas, con dignidad, economía y sentido común. No dejándolo en manos de la desesperación, las mafias y la xenofobia. Apostemos por una España más abierta para propios y extraños, porque la apertura nos ha traído siempre prosperidad, desde los años 60 al ingreso en Europa y nuestra extensión por el mundo. Otro gran tema pendiente.

Refugiados: Europa incumple (y España más)

La semana pasada se cumplieron los 2 años dados por Bruselas para que los paises acogieran a 120.000 refugiados, de los 2,6 millones que entraron entre 2015 y 2016. Pero los Gobiernos europeos han dado asilo a la tercera parte (38,5%). Y España peor: ha acogido a 1.980 refugiados, sólo el 11,4 % de los que nos tocaban. Ahora hay más de un 1 millón de inmigrantes ilegales por Europa y millones esperando en Turquía, Líbano o Jordania, mientras las pateras siguen llegando a Italia, Grecia y España, con 2.000 muertos este año. El aluvión de inmigrantes ha bajado en 2017, pero el problema sigue ahí y no parará. Europa tiene que afrontarlo con más dinero y medios, porque son una cifra mínima (2 inmigrantes irregulares por cada 1.000 europeos) y un gasto asumible (10.000 millones, el 0,06% del PIB UE). Urge otro acuerdo europeo para afrontar la inmigración, por solidaridad y economía: pueden ayudar a una Europa envejecida. Y un Pacto político en España, para acoger más inmigrantes.



                                                                                            enrique ortega

El mundo se ha llenado de refugiados y desplazados: 68,5 millones en 2016, la mayor cifra conocida desde finales de la II Guerra Mundial, según el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y de ellos, 21,3 millones son refugiados, sobre todo de Siria (5 millones en 120 paises), Afganistán (2,7 millones) y Somalia (1,1 millones), más los palestinos (5,2 millones). Europa es un destino principal para muchos refugiados, sobre todo a partir de 2011, cuando las “primaveras árabes” acabaron con los controles migratorios en Libia y Túnez. Pero el gran salto migratorio a Europa se dio a partir de 2014 y sobre todo en 2015, con 1.354.000 solicitantes de asilo en Europa, a los que siguieron otros 1.259.265 solicitantes en 2016. Un aluvión de 2,6 millones de migrantes que provocó una auténtica crisis humanitaria y que puso en apuros a la Unión Europea y sus reglas, favoreciendo los controles, los muros y la xenofobia.

Hasta entonces, Europa se regía por una norma, la Regulación de Dublín (aprobada en 1977 y modificada en 2003), por la que el responsable de gestionar a los refugiados era el país al que el migrante llegaba en primer lugar. Y si se le denegaba, no podía volver a solicitarlo en otro estado miembro, para lo que se creó una base de datos de huellas dactilares en 2003 (Eurodac). El sistema europeo común de asilo (CEAS) funcionó bien mientras el flujo de migrantes fue bajo (Europa recibió 300.000 solicitudes de asilo al año entre 1994 y 2002), incluso en 2014 (663.000 solicitudes), pero no en 2015, al superar de repente las 1,3 millones de solicitudes. Y más porque los migrantes llegaban por paises del sur de Europa que estaban colapsados y sin medios (Grecia, Italia, España), que no podían aplicar las normas de asilo y “dejaban pasar el problema” a los Balcanes y centro y norte de Europa.

En un momento dado, a partir del verano de 2015, el aluvión migratorio puso en peligro uno de los pilares básicos de la Unión Europea, el acuerdo de Schengen, vigente desde 1995, que aseguraba la libre circulación de personas entre los paises comunitarios. Muchos paises empezaron a poner controles fronterizos y barreras por los migrantes (Austria, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca), e incluso muros (Hungría), que ponían en peligro la Europa del euro. Y en paralelo, crecían por toda Europa los partidos xenófobos, alimentados por el “miedo a la invasión extranjera” en un continente con 19 millones de parados. Ante todo esto, los líderes europeos convocaron una Cumbre extraordinaria el 23 de septiembre de 2015 para buscar una salida, repartiéndose un contingente de 120.279 refugiados,  a los que los paises tendrían que dar acogida en el plazo de 2 años, según un reparto pactado contra el que votaron Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania.

El plazo para este reparto limitado de refugiados terminó la semana pasada  y el balance es muy pobre. De los 120.729 refugiados comprometidos a asilar, los paises europeos sólo han concedido asilo a 46.475 refugiados, un 38,5% del total, según los datos aportados por Intermón Oxfam y la Comisión Europea. Ha funcionado mejor el reasentamiento de refugiados que están en campos de Turquía, Líbano y Jordania (de 22.474 previstos, se ha concedido asilo a 17.331, el 77%) pero peor la reubicación de los refugiados instalados en Italia y Grecia (los europeos sólo han asilado a 29.144 de los 98.255 previstos, un 29,7%). Hay 9 paises europeos que han reasentado al 100% de los refugiados de Turquía, Líbano y Jordania que les tocaba (Finlandia, Irlanda, Estonia, Suecia, Alemania, Liechtenstein, Suiza y Reino Unido) y otros tres más que han asilado a casi todos (Noruega, Austria y Francia), pero la mayoría ha fallado en dar asilo a los refugiados que están en Grecia e Italia. Y hay paises del Este, como Hungría o Polonia, que no han acogido a ningún refugiado. Y otros a casi ninguno, como Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Rumanía, Croacia o Eslovenia. De hecho, la Comisión Europea ha abierto procedimiento de infracción a Hungría, Polonia y República Checa por negarse a aceptar refugiados.

España está también entre los paises con más baja acogida de refugiados: se ha concedido asilo en estos dos años a 1.980 refugiados, el 11,45% de los 17.337 asignados. De ellos, 1.257 proceden de Grecia (1.089) y de Italia (190) y otros 701 refugiados vivieron de los campos de Turquía (506) y Jordania (195). El Gobierno, por boca de los ministros de Exteriores e Interior, culpa de esta baja acogida a Grecia e Italia, a que no les han ofrecido refugiados que cumplan los requisitos del acuerdo europeo. Y las ONGs se quejan de la excesiva burocracia, que ha dificultado los asilos en toda Europa, al incluir solamente a los refugiados de tres paises (Siria, Eritrea y Yemen) que están en Grecia e Italia y no al resto (de Afganistán y resto de África). De momento, Intermón Oxfam ha denunciado a España ante la Comisión Europea por su incumplimiento en el asilo a refugiados, mientras 9 ONGs han puesto en marcha este vídeo de denuncia (“Orgullo de incumplir”) de la política de asilo del Gobierno Rajoy.

En definitiva, la Operación asilo de refugiados ha sido un fracaso en Europa (y más en España). Y el problema sigue ahí, con millones de refugiados esperando en Turquía (3 millones), Líbano (1,1 millones) y Jordania (700.000), en Grecia e Italia y dentro de la propia Europa, donde se estima que hay más de 1 millón de migrantes ilegales, una parte refugiados y la mayoría migrantes económicos, personas que huyen de la miseria. Frente a esta migración ilegal, Europa ha vuelto a dar otra respuesta equivocada: en marzo de 2017, la Comisión Europea ha pedido a los paises europeos que expulse a más de 1 millón de inmigrantes sin papeles, que acelere las devoluciones a sus paises de origen. En lugar de intentar regularizar su situación, les plantea dos medidas a tomar. Una, ampliar el plazo de detención de los inmigrantes ilegales que permite la directiva europea, hasta los 18 meses (en España se trabaja con 60 días), para dar tiempo a los trámites de devolución. Y la otra, que Bruselas amplíe el número de paises con los que tiene acuerdos de readmisión, que ahora son sólo 17 (la Comisión trabaja ahora con Nigeria), para facilitar las expulsiones.

Así que frente a millones de inmigrantes y refugiados a las puertas o dentro, Europa reacciona con las expulsiones de la mayoría y el asilo de una minoría que ni siquiera cumple. Y ahora, la Comisión propone conceder asilo a otros 50.000 refugiados, pagando 10.000 euros por asilado a los paises terceros que los acojan (como han hecho con Turquía) y buscando ampliar el marco de asilo también a los refugiados que vienen del resto de África y Asia, no sólo de Siria, Eritrea y Yemen. Pero la cifra es ridícula para hacer frente al problema que ya existe y al futuro. Porque aunque la migración a Europa ha bajado a la mitad este año (350.000 solicitudes de asilo hasta junio, unas 700.000 esperadas), se debe al acuerdo de la UE con Turquía, firmado en marzo de 2016, para aceptar migrantes llegados a Grecia y atender a los que les llegan, a cambio de mucho dinero europeo. Es sólo un pequeño muro que cualquier día puede romperse. Y más cuando la miseria y el atraso de África y Asia no mejoran y la mayoría de su población son jóvenes dispuestos a todo por buscar un futuro en Europa y EEUU.

Europa (y España) se tienen que tomar en serio de una vez el reto migratorio, que va mucho más allá de acoger a refugiados que huyen de la guerra y que tiene que ver con millones de extranjeros que pugnan por trabajar y vivir en Europa (y en España). La única opción razonable es establecer una política de integración de inmigrantes a medio plazo, con reglas claras y fondos, no tomar medidas sólo cuando llegan avalanchas humanas. Primero, porque el fenómeno migratorio está ahí y va a seguir durante décadas. Segundo, porque si no se toman medidas, se alimenta entre los europeos el miedo y la xenofobia contra los extranjeros, lo que puede poner en peligro la propia democracia, ante el auge de la ultraderecha en muchos paises (Francia, Alemania, Austria, Holanda, Grecia, Noruega, Finlandia…). Y tercero, porque la inmigración regulada puede ser una baza positiva para Europa, un continente envejecido que necesita mano de obra y jóvenes para seguir creciendo y pagando sus pensiones.

La política migratoria europea (y española) necesita, antes que nada, contar con más medios. Los 8 mayores paises de la UE dedicaron 10.275 millones de euros en 2016 para gastos de acogida a refugiados, una cifra ínfima, que supone sólo el 6,5% del Presupuesto comunitario (y el 0.06% de su PIB). Es casi el Presupuesto de los 32 equipos de fútbol que juegan la Champions… Y además de ser poco, la mitad recae sobre un país, Alemania, que hace un enorme esfuerzo con los refugiados, como algunos paises nórdicos, mientras el resto hace muy poco (y los paises del Este, nada). España está a la cola del gasto en refugiados: 32 millones de euros en 2016, una miseria. Y además, estos Presupuestos para refugiados están saliendo de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (AOD) de España y los demás paises europeos. O sea, que encima de ser recursos escasos, se los están quitando a proyectos de ayuda en los paises del Tercer Mundo, proyectos ya recortados (España gastará en 2017 en Ayuda al desarrollo 2.177 millones del Estado, la mitad que en 2007).  

No basta con gastar más en acoger a los refugiados, ayudando específicamente a Grecia, Italia y España, los paises que más los reciben. Hay que gastar más en integrar a los inmigrantes, regularizando en lo posible la situación de los que lleven más tiempo. Un millón de inmigrantes ilegales son muchos, pero sólo suponen el 0,2% de la población europea, 2 por cada 1.000 europeos. Y pueden ser a medio plazo la mano de obra que necesita una Europa (y una España) que envejecen y pierden población (Alemania necesitará 8 millones de trabajadores extranjeros de aquí a 2030, según los expertos). Pero para eso hacen falta políticas de integración, con medios y medidas laborales, educativas y de vivienda, que eviten su explotación y su precariedad (en España, los marroquíes por ejemplo tienen una tasa de paro del 52%), como ha propuesto incluso el FMI.

Y en paralelo, Europa (y España) se tienen que implicar más en las zonas de origen de los inmigrantes, en dos sentidos: colaborando en la pacificación de los países (es irresponsable el interés europeo, con la excepción de Francia, en las guerras de Siria, Afganistán o la mayor parte de África) y favoreciendo su desarrollo, para que los jóvenes no emigren. En esta línea, urge aprobar “un Plan Marshall europeo” para África y Oriente Medio, que incluso ha pedido Rajoy para el norte de África. Invertir en evitar las futuras avalanchas de inmigrantes.

No se pueden poner puertas a personas desesperadas. Ni afrontar un problema tan grave con parches como “el reparto de refugiados” de 2015. Europa tiene serios problemas de fondo a medio plazo (euro, paro, desigualdad, fiscalidad, competitividad…)  y uno de ellos es la inmigración. Un problema además, que si no se resuelve bien, puede romper la propia convivencia entre europeos (extremismos y populismos). Así que urge una nueva Cumbre europea que ponga las bases de una política común de inmigración, empujada por Macron (ha propuesto crear una Oficina europea de Asilo) y Merkel (aunque esté debilitada y con la presión de Alternativa para Alemania), con el apoyo decidido de España, una país que se juega mucho en ello, por su posición geográfica. Y en paralelo, urge un Pacto de estado sobre inmigración y refugiados en España, para afrontar con realismo el problema de la inmigración ilegal y los refugiados. Por pura solidaridad de una España que ha emigrado mucho y por puro egoísmo, porque nosotros también vamos a necesitar a los extranjeros para crecer y pagar las pensiones en el futuro. Piénsenlo.