España es la 2ª potencia turística del mundo,
pero no destaca ni por su industria ni
por su tecnología. Ahora, el Gobierno Sánchez quiere que España sea una potencia en baterías y microchips y
también en la producción audiovisual,
donde ya somos el 2º país europeo que produce más series para TV. Para ello, el Plan de Recuperación impulsa, con
Fondos europeos, el Plan “España Hub audiovisual de Europa”,
que pretende atraer inversiones y profesionales
de la industria audiovisual a España, para que seamos líderes en producción
de series, cine, cortos, vídeos, publicidad, animación, videojuegos y e-Sports,
una industria con mucho futuro y empleo. Para conseguirlo, el Gobierno ha
aprobado una Ley audiovisual (polémica), que impulsa la producción
europea y española, y un decreto que facilita los visados de entrada de profesionales audiovisuales
extranjeros. Se busca convertir a
España en “el Hollywood de Europa”,
aprovechando nuestro idioma (el
español llega a 600 millones), nuestra creatividad
y experiencia audiovisual y la calidad de vida del país. ¡Acción¡
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Enrique Ortega a partir de ¡Bienvenido Míster Marshall! de Berlanga
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La imagen domina el
mundo, sobre todo la producción
audiovisual para TV e Internet, monopolizada por móviles y tablets. La
industria audiovisual ha
disparado su importancia en todo el mundo, empujada por internautas que
demandan cada vez más contenidos. Los gigantes del entretenimiento (Netflix, Amazon,
Disney, HBO Max, Peacock, Quibi y Apple) ya invirtieron en 2019 un total de 177.000 millones de dólares,
manteniendo 14 millones de empleos
en todo el mundo. Y el sector seguirá creciendo un 2,8% más hasta 2024, según
la consultora PwC. El gran potencial de esta industria audiovisual lo
demuestra las constantes noticias de compras y fusiones de empresas, en EEUU
(Disney compró 20Th Century Fox y CBS se fusionó con Viacom) y en Europa (la francesa Banijay compró
Endemol, Canal+ (Vivendi) adquirió M7, Telia compró Bonnier BroadCasting y
Vodafone adquirió Liberty Global).
El mayor impulso a la producción audiovisual lo están dando las series, que en Europa suponen ya más de la mitad de la producción audiovisual
total, con casi 1.500 series producidas anualmente, la mitad de alto
impacto. España ha pasado de ser el
4º país con más series producidas en 2018 al
2º país en 2020, tras Reino Unido:
se produjeron 75 series de gran impacto, más del doble que en 2015, según PwC. Netflix llegó a España en 2015 y en
2019 inauguró en Madrid (Tres Cantos)
su primera sede de producción europea, ampliando sus estudios en 2021, que se
han convertido en el 2º mayor centro de
producción de series de Europa, solo por detrás de los estudios Pinewood de
Reino Unido. Y otras productoras
españolas, como Mediapro o Bambú, se han lanzado al mercado de series,
vendiendo sus productos con gran éxito al mercado internacional.
En España, el
sector audiovisual facturó 10.279 millones de euros en 2019 y se prevé
que crezca hasta facturar 12.012 millones en 2024, según un informe de PwC.
Curiosamente, la parte del negocio audiovisual que más factura (3.150 millones
en 2019) es la producción de publicidad
para Internet, seguida de la producción de publicidad para TV (2.049 millones), donde España supone el 5º
mayor mercado europeo. La tercera mayor rama del negocio es la producción audiovisual para TV (2.396
millones facturados en 2019), seguida de la industria de los videojuegos y e-Sports (deportes a
través de Internet), que facturaron 1.700 millones en 2019 y donde España es el
9º país que más factura, con
un tremendo potencial (520 empresas y 14.250 empleos). Y están a la cola
del negocio audiovisual el cine (624 millones facturados en
2019, siendo el 6º país europeo en títulos producidos) y las plataformas
de vídeo OTT (vídeos a través de Internet), una parte del negocio
audiovisual con mucho futuro (España es el 2º país que más vídeos consume, tras
Reino Unido) pero que de momento sólo factura aquí 323 millones de euros.
El sector audiovisual
español tiene
un gran
potencial, como en el resto de Europa y del mundo, pero de momento
gira alrededor de unas pocas grandes empresas (que facturan
más de 50 millones de euros anuales y tienen centenares de trabajadores), ligadas
la mayoría a las grandes TV privadas (Tele5 y Antena 3) y muchas
pequeñas productoras independientes,
con un tamaño reducido (facturan menos de 15 millones anuales y tienen unos 20 trabajadores) ,con acceso muy limitado al mercado
internacional y la financiación. Por eso, el sector lleva años pidiendo
ayudas
para reforzar su capacidad y poder competir en un mercado cada vez más
internacionalizado, dominado por las multinacionales USA.
En marzo de 2021, el presidente Sánchez
presentó el Plan “España Hub audiovisual
de Europa”, para intentar convertirnos
en el centro de atracción de la industria audiovisual europea, aprovechando
tres ventajas de partida: el enorme consumo audiovisual de los españoles,
la gran profesionalidad de la
industria audiovisual española (sin tamaño y con poca financiación, 3 de las 20 series más vistas en Netflix en
2018 fueron
españolas: La Casa de Papel, Élite y Las chicas del cable) y nuestro idioma (el español lo hablan o
entienden 600 millones de personas en el mundo), además de ser un país con una
buena calidad de vida y que puede atraer al talento extranjero.
El Plan “España Hub
audiovisual de Europa” prevé invertir 1.603 millones de euros entre 2021 y 2025, con un objetivo
muy concreto: aumentar un 30% la
producción audiovisual española para 2025, empujando todos los ámbitos del negocio: cine, series, cortos, animación,
publicidad, videojuegos y e-Sports. Para conseguirlo, el Plan establece tres
prioridades: reducir los costes
administrativos y regulatorios para atraer a España parte de la producción
audiovisual extranjera, mejorar la
competitividad de las productoras españolas y generar talento audiovisual, reduciendo la brecha de género.
El Plan, que promueve
el Ministerio de Economía (no el de Cultura), con la vicepresidenta
Calviño a la cabeza, consta de 15 medidas, vertebradas en 4 ejes de actuación. El
primero, atraer inversiones,
internacionalizando y digitalizando la industria audiovisual, para lo que se ha
creado una oficina única para asistir y ayudar a los productores extranjeros y también a las productoras españolas que
quieran internacionalizarse. El segundo eje es mejorar los instrumentos financieros y fiscales a los productores
que trabajen en España: facilitar financiación (con el ICO, CESCE, Cofides,
Empresa Nacional de Innovación) y conceder incentivos fiscales a las
producciones audiovisuales en España. El tercero, facilitar la disponibilidad de talento, con planes de formación de
especialistas y apoyando el acceso a las mujeres (hoy escaso).Y el cuarto eje, aprobar
la reducción de barreras administrativas
y las reformas legales que faciliten la producción audiovisual en España.
Unos meses después, en junio de 2021, en el Plan de Recuperación enviado a
Bruselas, el Gobierno incluyó el sector audiovisual como una
de las prioridades económicas, destinando 200 millones de los
Fondos europeos. Y en noviembre de 2021, aprobaron dos reformas legales para
apoyar al sector. La primera, un Decreto
aprobado el 2 de noviembre, que facilita
la entrada en España de profesionales audiovisuales extranjeros, para que
hagan co-producciones con las productoras españolas: se facilitan los visados
de trabajo y residencia, no sólo a actores y directores sino a todos los
profesionales de la industria. Y la 2ª medida, la aprobación el 30 de noviembre
de la Ley de Comunicación Audiovisual.
Esta Ley
General de Comunicación Audiovisual traspone,
con más de un año de retraso (debía haberse aprobado antes del 19 de septiembre
de 2020), la Directiva Audiovisual
Europea de 2018, aprobada por Bruselas para impulsar la industria audiovisual
europea frente a la “invasión” de contenidos anglosajones y de EEUU. El gran
objetivo de la Ley, como de la Directiva, es promover la industria audiovisual
europea, por dos vías. Una, reservando el 50% del tiempo de emisión de la TV tradicional
(y el 30% de las TV bajo demanda) a obras audiovisuales europeas, de las que el
50% (el 30% en las TV bajo demanda) deberán
ser en lenguas nacionales (español y lenguas cooficiales). Y la otra, forzando
a las grandes plataformas a destinar un
5% de sus ingresos en España (en Francia es un 20% y en Italia el 17%) a financiar obras
audiovisuales europeas de productoras independientes (un 3,5% a obras
audiovisuales en cualquier formato, al menos un 15% en lenguas co-oficiales,
otro 1,5% a la financiación de cine de productores independientes).
Además, la
nueva Ley de Comunicación
Audiovisual incluye principios
generales para la producción audiovisual que se haga en España (como en
Europa): defensa de valores, pluralismo, veracidad, autorregulación, protección
de menores y horarios de protección reforzada, incluyendo en estas obligaciones
no sólo a las TV (en abierto o de pago) y plataformas ubicadas en España sino también a las
plataformas de intercambio de vídeos (hasta ahora no reguladas). Y se flexibilizan los límites de publicidad
en TV (abierta y de pago), de acuerdo con la Directiva UE: se pasa del
límite actual (12 minutos por hora, un 20%) a un límite más flexible según los
horarios (144 minutos de 6 a 18 horas y 72 minutos entre 18 y 24 horas, el
mismo 20%). Otra novedad es que se
amplía las empresas que van a financiar a RTVE, que seguirá sin anuncios:
junto a la TV en abierto (que aporta el 3,8% de su facturación) y la TV de pago
(que aporta el 1,5%), la financiarán también las plataformas de intercambio de vídeos (como YouTube, Twich,
Instagram o Vimeo). A cambio, las empresas
de telecomunicaciones (Movistar, Orange-Mas Móvil y Vodafone) dejarán de financiar RTVE, como
pedían (han aportado unos 1.500 millones de euros en los últimos doce años).
Esta Ley de
Comunicación Audiovisual ha sido un motivo de controversia política desde
su gestación. Ya en 2021, Esquerra puso como condición para aprobar los Presupuestos
de 2022 que la Ley concretara que el 0,525% de la facturación de las
plataformas de TV debía ir a financiar producciones audiovisuales en lenguas
co-oficiales, asegurando así 15 millones anuales para producciones en
catalán, vasco y gallego. Y después, en el debate de la Ley en el
Congreso (26 mayo 2022) provocó que Unidas
Podemos se abstuviera en su aprobación (junto con el PP), un
precedente insólito en una Ley aprobada por el Gobierno de coalición, que
salió adelante con los votos a favor de PSOE, PNV y los dos grupos canarios y
el voto en contra de ERC, Compromis y Bildu.
La polémica de la Ley Audiovisual, aprobada ayer en el Senado, reside
en la consideración de lo
que es un “productor independiente”.
Según el texto finalmente aprobado, se considera “productora independiente” (y
puede optar al 5% de la financiación de los ingresos generados por las grandes
plataformas) a las productoras vinculadas a grandes cadenas de TV (de Mediaset
o Atresmedia) que también consigan
proyectos de otras cadenas o de otras plataformas. Lo que pedían las
productoras independientes (las “pequeñas”), y los grupos que han votado en contra o se han
abstenido, es que esa financiación fuera
solo para ellas y se dejara al margen a las productoras ligadas a los grandes grupos de TV.
El Gobierno, y concretamente la vicepresidenta Calviño, ha
preferido “ampliar el marco” y que la mayoría de las productoras
españolas opten a la financiación para impulsar el sector en su conjunto.
A pesar de la polémica, se espera que la Ley y sus fondos públicos (europeos y españoles) den
un fuerte impulso a toda la industria audiovisual española, para que
sea una fuente de inversión y empleo en los próximos años, aprovechando el “boom
audiovisual” en el mundo. Todo indica que es un
sector de futuro, donde España puede competir y atraer proyectos y
talento, apoyándose en el tremendo potencial del español. Se trata de convertir España en el
Hollywood de Europa, para producir aquí series, películas,
publicidad, cortos, videojuegos o competiciones de e-Sports. Riqueza y empleo a golpe de imagen. ¡Acción¡
