Reforma desempleo y fallos políticas de empleo

El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570 euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio, tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6 meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan. Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las empresas no las utilizan para buscar trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de 4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas de empleo.

                            Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el subsidio de desempleo. En septiembre de 2024 (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.703.095 desempleados, el 66,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.575.285 en septiembre). Eso significa que hay 872.190 parados registrados en el SEPE que no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio contributivo (24 meses ) o porque no han cotizado lo suficiente. Pero si miramos otro dato, las personas que “se consideran en paro”, según la EPA del tercer trimestre de 2024 (INE), los parados “estimados” eran 2.754.100 personas en septiembre. Hay 178.815 parados que “no se molestan” en registrarse como parados. Y así, hay más de 1 millón de parados “reales” (1.051.005) que no cobran ningún subsidio en España.

Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay “2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo, cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”, por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran 480 euros al mes. 

Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una de las mayores partidas del Presupuesto (22.130 millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo para casi  otro millón. Por eso, ser parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el 41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el 11,9% entre los que trabajaban, según la Red EAPN.

Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un “despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa. Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa (claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión Europea lleva años pidiendo a España que reforme el subsidio de desempleo, no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden mejor a recolocarse. 

Bruselas pidió a España que incluyera la reforma del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un enfrentamiento político entre dos “alas” del Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles. Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el 19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero tropezó: en enero de 2024, Podemos votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.

El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra de Trabajo se hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo parcial, el Gobierno Sánchez volvió a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171 abstenciones (ahora) de PP y Vox.

El Decreto-ley de reforma entró en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”, no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio asistencial a 450.000 nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de 52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.

El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial es que se simplifica y se reduce burocracia. A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio. Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otras novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime el doble requisito de que justifiquen  rentas bajas el beneficiario y su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF) cada año, ganen lo que ganen.

El tercer cambio y el principal objetivo de este reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir ahora la firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas “los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE), gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el 2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares, amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición” (14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).

España gasta menos que el resto de Europa en “políticas activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024, vamos a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década  pero un porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55% del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan 0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1 millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.

El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”, porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30 años registrados en el SEPE. De hecho, un estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.

Y no es de extrañar, porque las 4.000 oficinas de empleo (SEPE), mal gestionadas por las autonomías (y de forma muy desigual),  están colapsadas y no tienen ni medios ni personal (8.100 personas, pero necesitarían 12.000, según los sindicatos) ni tecnología (su sistema informático es obsoleto y colapsa con frecuencia) para ayudar a los 2.602.054 parados registrados (octubre 2024). Y sobre todo, no tienen personal cualificado ni realizan un seguimiento para “asesorar a los trabajadores” (uno a uno) a buscar y encontrar empleo, como establece la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023 y que debería estar aplicándose este año. Pero la realidad es otra: sólo 1 de cada 38 parados recibe una oferta de empleo del SEPE, según sus propias estadísticas. El resto, “se busca la vida”…

Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores” pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro dato: en la web del SEPE hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710 ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro fracaso: asisten menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se necesita, además de muy presenciales.

Otra pata que falla en las políticas de empleo son los incentivos a la contratación de parados, generalmente bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes. Los expertos (AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15 millones al año) son un coste inútil, “un peso muerto”: la mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia  son los “parados de larga duración” , los que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el 79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y Canarias). Y entre ellos, hay 585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en 2023  un Plan especial para combatir  este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.

En resumen, somos el país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas (poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible”, nuestra gran “asignatura pendiente”.

Más subsidio para más parados

La primera medida económica de calado aprobada por el nuevo Gobierno Sánchez ha sido la reforma del desempleo, que hoy cobran sólo 2 de cada 3 parados registrados (1 millón de parados no cobran nada). El objetivo de esta reforma, exigida por Bruselas y que entrará en vigor el 1 de junio, es doble. Por un lado, que el subsidio de paro llegue a 425.000 desempleados más y que cobren algo más (entre 570  a 540 euros el primer año, frente a 480 hoy), porque la mitad de los parados son “pobres”. El otro objetivo es conseguir un mayor compromiso (y control) de los parados en la búsqueda de empleo, ayudándoles con asesoramiento personalizado. Es un avance, pero la clave es conseguir que las oficinas de empleo (hoy inútiles, salvo para papeleos) ayuden a los parados a encontrar trabajo, con tutorías y formación, sobre todo para los mayores de 50 años, que hoy no encuentran empleo y malviven con los subsidios. Políticas activas de empleo y no limosnas. 

 

                 Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el desempleo. En octubre (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.736.502 parados, el 62,9% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.759.404 parados inscritos en octubre). Eso significa que 1 millón de parados registrados como tales (exactamente 1.022.902) no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el paro o porque no tienen derecho por no haber cotizado suficiente. Y si lo comparamos con las personas que se consideran paradas, según la EPA, 2.855.200 a finales de septiembre (hay 95.796 parados que no se han registrado en el SEPE), resulta que hay 1.118.698 personas que dicen estar en paro y no cobran ningún subsidio. 

Volviendo a esos 1.736.502 parados registrados que sí cobran ayuda, hay dos tipos de subsidios. Menos de la mitad de los parados, 772.852 desempleados (el 44,5% de todos los beneficiarios) cobran un subsidio contributivo, cuyo importe tiene que ver con el tiempo que ha trabajado y cotizado (se exigen 360 días de cotización en los últimos 6 años) y con su sueldo (reciben el 70% de la base reguladora los primeros 6 meses y el 50% después). Y se cobra entre 4 meses (si ha cotizado menos de 539 días) y un máximo de 2 años (para los que han cotizado 720 días). En octubre, el importe medio que cobraban esos 772.852 parados con prestación contributiva era de 974,20 euros mensuales.

Y luego están la otra mitad larga de parados, 963.650 desempleados (el 55,5% del total que cobran algo) que reciben el subsidio asistencial, una ayuda para los que ya no tienen derecho a la prestación contributiva, porque se les ha acabado o no cotizaron lo suficiente (710.622 en octubre) o son eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura (158.552 parados más) o han agotado todas las prestaciones (renta mínima de inserción: 94.476 parados la recibían en octubre). El importe de este subsidio, que ya no tiene que ver con el tiempo cotizado, es igual para todos y se fija cada año, en un 80% del IPREM (un indicador público de referencia para ayudas y subvenciones): en 2023 es de 480 euros, lo que cobran de subsidio asistencial esos 963.500 parados. Y este subsidio asistencial (no el contributivo) es el que contempla la reforma aprobada la semana pasada.

¿Quién cobra este subsidio asistencial de 480 euros?  La mayoría son parados de más de 52 años (433.691 parados, el 44,65% del total), que cobran esta prestación mensual hasta que alcanzan su edad legal de jubilación (66 años y 4 meses o 65 años si ha cotizado suficiente). Otro grupo importante, según los datos del SEPE,  son los parados que han agotado su prestación contributiva (136.785 parados, el 14,8% de los subsidios asistenciales). Y les siguen los parados que han cotizado menos de lo exigido para tener una prestación contributiva (120.766 parados, el 10,07% del total). Luego están los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, que cobran la renta agraria (74.518) o el subsidio agrario (82.024 parados), que exige menos requisitos. Y quedan los 97.874 parados (10,07% de los subsidios asistenciales) que cobran la renta activa de inserción, una última oportunidad de cobrar algo para los que han perdido todos los subsidios.

Todos estos colectivos cobran esos 480 euros al mes durante 6 meses, aunque puede extenderse hasta 30 meses a los parados mayores de 45 años con cargas familiares (los mayores de 52 años, cobran el subsidio hasta que se jubilan). Según los datos del SEPE, el 55% de los parados que cobran estos subsidios asistenciales son mujeres, el 68% tienen más de 50 años y el 92% son españoles (sólo un 8% son extranjeros). Y por regiones, la mayoría de los que cobran el subsidio viven en Andalucía (496.691 subsidiados, el 8,20% de sus activos), seguidos de Cataluña (228.093 subsidiados, el 2,4% de sus activos), Comunidad Valenciana  (200.486 subsidiados, el 4,1% de sus activos), Madrid (173.512 subsidiados, el 1,9% de sus activos), Canarias (95.586 subsidiados, el 4,8% de sus activos), Galicia  (81.824 subsidiados) y Extremadura (71.686 subsidiados, el 10,4% de sus activos).

El primer problema que tiene este subsidio de desempleo es que 1 millón largo de parados registrados no cobra nada y que la mayoría de los que sí cobran, esos 963.650 parados que tienen un subsidio asistencial sólo reciben 480 euros mensuales. Eso les lleva a una situación de marginalidad: el 41,7% de los parados están (2022) en una situación de “pobreza” (ganan menos del 60% de la media del país), el doble que la media de españoles (20,4% son  oficialmente “pobres”), según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). El segundo problema, es que muchos parados llevan años en el desempleo, un pozo del que no salen: el 39,67% de todos los parados (1.132.700) llevan más de 1 año sin trabajo, según la EPA. Y la mayoría de los parados con más de 50 años no encuentra trabajo nunca.

La reforma aprobada el pasado martes por el Gobierno y pactada antes con Bruselas (para recibir la 4ª entrega de Fondos europeos, 10.021 millones solicitados el miércoles pasado) busca abordar esos 2 problemas de fondo del desempleo en España: que cobren más subsidio más parados y tratar de sacarles del desempleo, con más exigencias para que sigan cobrando y con más ayudas para recolocarles. Trabajo (Yolanda Díaz) ha hecho más hincapié en mejorar las ayudas y la vicepresidenta económica (Nadia Calviño) se ha preocupado más por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y ayudarles más a recolocarse. Al final, la reforma aprobada es un pacto entre ambas.

El primer objetivo de esta reforma de los subsidios de desempleo (la prestación contributiva no se toca) es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio a 3 colectivos que ahora no cobraban nada, 425.000 nuevos beneficiarios: 150.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio, siempre que hayan cotizado 3 años, periodo que los sindicatos ven “excesivo”), 250.000 eventuales agrarios de toda España (ahora sólo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 25.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y Melilla. Ellos, y los 963.650 parados que hoy cobran el subsidio asistencial recibirán una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración de la prestación). Sólo los mayores de 52 años seguirán cobrando hasta jubilarse los 480 euros actuales.

Con la reforma, el subsidio asistencial se simplifica y sólo habrá 2 motivos para cobrarlo. Uno, haber agotado la prestación contributiva o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser mayor de 52 años y estar en paro. Para el resto, los que agoten esta prestación contributiva, se abre una “pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otra novedad es que se acelera el cobro del subsidio: ya no habrá un mes de espera sin cobrarlo, se recibirá desde que se conceda.

El segundo objetivo de esta reforma es conseguir que los parados encuentren empleo, facilitar y promover que lo busquen y encuentren. La primera medida es permitir cobrar este subsidio y trabajar durante menos de 6 meses, algo ahora incompatible. Eso provoca que haya parados que rechacen hoy un trabajo de temporada (verano o Navidad) porque tienen que renunciar al subsidio y lo que ganan no les compensa perderlo. Esto debería facilitar que los parados acepten trabajos y que las empresas los “prueben”.  Sólo se ponen dos salvaguardas, para evitar fraudes: que no pueden hacerlo empresas con un ERE y que una empresa no puede contratar a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Otra medida para incentivar a los parados a buscar y aceptar trabajo es que se les va a exigir ahora la firma de un “acuerdo de actividad”, a cambio de cobrar el subsidio: se trata de una serie de obligaciones que ha de cumplir el parado para mejorar su empleabilidad. No sólo tendrá que demostrar cada año sus ingresos (con la declaración del IRPF), sino que tendrá que actualizar su situación, hacer los cursos y la adaptación que se le exija y justificar los trabajos que rechace. Todo ello supondrá un mayor control del parado, ya no renovará sin más su demanda para cobrar, como ahora. Y si incumple, perderá el subsidio de desempleo.

La clave del éxito de esta reforma no está en el Real Decreto Ley aprobado la semana pasada, que entrará en vigor el 1 de junio de 2024 (para nuevas cuantías, beneficiarios y requisitos), el tiempo que necesitan las oficinas de empleo para adaptarse. Lo decisivo será la aplicación de la Ley de Empleo, aprobada en febrero de 2023, que pretende conseguir una tutoría personalizada de todos los parados: que las oficinas de empleo tengan un análisis laboral de cada parado y lo ayuden a colocarse, con políticas específicas para cada grupo o colectivo. Se busca que las oficinas de empleo dejen de ocuparse de la burocracia de los subsidios (ahora más simples) y se dediquen a asesorar a cada uno de los parados a salir del paro. Un dato de su ineficacia: en la última década, las oficinas de empleo (SEPE) sólo han intermediado en un 2% de los contratos conseguidos por los parados, según Trabajo. Ahora, el compromiso que se fija la Ley de Empleo es hacer un seguimiento personalizado de cada parado a lo largo de 2024.

En paralelo al Real Decreto de reforma del subsidio de desempleo, el Gobierno se ha comprometido a elaborar en 6 meses (para junio de 2024), con sindicatos y patronal,  una Estrategia para reducir el paro de larga duración, “dar una salida” a esos 1.132.700 parados que llevan más de 1 año sin trabajar, la mayoría mayores de 45 años (el 79% del total). Para conseguirlo, plantea elaborar en 2024 una herramienta que permita  a estos “parados difíciles” acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.

La reforma a fondo del desempleo es clave para un país como España, que tiene el doble de paro que Europa (12% de la población activa frente al 6% la UE-27 y el 3,1% en Alemania, según Eurostat). La derecha y una buena parte de los empresarios siempre han pensado que muchos parados “no quieren trabajar” y prefieren “vivir del paro” (es falso: el 80% de los parados no agotan su prestación, según Yolanda Díaz). Por esa actitud "condenatoria", han defendido siempre  recortes en el seguro de desempleo. El más drástico es el que hizo Rajoy en 2013, recortando la protección, subiendo el subsidio hasta la jubilación de 52 a 55 años  y bajando la cotización pública por los parados (al 80%). Con ello, la cobertura de parados con alguna ayuda se desplomó, del 70,7% que cobraban algo en 2011 al 61,44% en diciembre de 2013, el 54,87% en 2015 y el 56% en mayo de 2018, antes de irse de la Moncloa. El primer Gobierno Sánchez aumentó la cobertura, que ahora está en el 67% (bruta). Y además, como en estos 5 años se han creado 1.738.000 empleos netos, ha aumentado la recaudación de cotizaciones para el desempleo. Y así, hoy tenemos más parados cobrando más (entre 2013 y 2017, el paro asistencial se estancó en 426 euros mensuales) pero, además, el sistema tiene un superávit de +5.700 millones, mientras con Rajoy tenía un déficit de -66.000 millones, según señaló Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros.

Pero seguimos teniendo un problema: España gasta mucho en subsidios a los parados (21.287 millones gastaremos este año 2023) y poco en ayudarles a encontrar trabajo (8.029 millones en 2023, aunque es el doble que en 2014). Por eso, muchos expertos creen que hay que apostar más por las “políticas activas de empleo”, por gastar más en formar y recolocar a los parados, para tener menos parados y gastar menos en subsidios. Y no sólo se trata de gastar más en incentivar la contratación de los parados, sino hacerlo de otra manera, porque hoy el 30% de los incentivos son para rebajar cotizaciones a los parados que se contratan y todo indica que es poco eficaz, que las empresas los contratarían igual y lo consideran una subvención encubierta, no un incentivo real a su contratación.

Por ello, hay que avanzar en “políticas activas” de empleo eficaces, por 3 caminos: orientar a los parados para ayudarles a buscar trabajo (sobre todo a los mayores y a los colectivos con más problemas para recolocarse), planes de formación para parados ligados a lo que demandan las empresas (que se quejan de que “no encuentran trabajadores”) y una mayor información de la demanda y oferta real de empleo, dinamizando la web de la SEPE (que solo tiene 71.753 empresas registradas, 685.304 demandantes y 51.265 ofertas de empleo). Eso exige destinar más recursos a las futuras oficinas de empleo (Agencia Pública de Empleo), sobre todo contratar personal especializado (como el de las ETTs), dado que tienen muy poco personal (8.000 empleados y necesitarían 3.500 más), demasiado mayor y poco formado para ayudar a recolocar a los parados. Y sobre todo, una mayor coordinación entre autonomías, porque la gestión del desempleo está en sus manos y cada una tiene una política distinta para gestionar los fondos estatales para políticas activas de empleo.

En resumen, que el Gobierno Sánchez ha dado un paso importante para intentar reformar el desempleo, para que los parados sean “menos pobres”, pero la clave sigue estando en conseguir que los 2.855.200 parados actuales encuentren un empleo. Y eso exige más recursos y más personal para reorientarles, formarles y ayudarles a colocarse. Es nuestra gran asignatura pendiente.