Ciencia: por fin una Ley con recursos "blindados"

La guerra de Ucrania, la inflación y las protestas sociales nos paralizan, pero hay que hablar también sobre otros temas importantes que siguen ahí. Como la Ciencia, que nos ha salvado con las vacunas en la pandemia, y que ha estado abandonada en España en la última década. En 2022, el Presupuesto en Ciencia se ha casi duplicado, pero todavía gastamos menos que en 2009. Por eso es muy importante la aprobación, en febrero, de la nueva Ley de la Ciencia, que se compromete a gastar un 3% del PIB en Ciencia para 2030, el doble que ahora, “blindando” los recursos al margen de quien gobierne. Y también son importantes los Fondos europeos, porque 1 de cada 6 euros van a la Ciencia. Ahora falta que la Ley se pacte en el Congreso y que se resuelvan los temas laborales de los investigadores, facilitando su vuelta a España y simplificando la burocracia. Apostar por la Ciencia es el mejor pasaporte para el futuro.

Enrique Ortega

La Ciencia es una de las grandes “asignaturas pendientes” de España en este siglo XXI, una de las claves para modernizar el país y ser más competitivos. En 2009, estábamos recortando distancias con el resto de Europa, pero la crisis y los drásticos recortes se cebaron en la Ciencia: el gasto se redujo en -21.728 millones entre 2010 y 2016, se han perdido investigadores (-5.000 entre 2009 y 2019) y hay menos empresas que investigan hoy que hace una década. El año 2021 fue el primero en que volvió a aumentar el presupuesto en Ciencia y todavía más en 2022, con 7.879 millones de gasto público en I+D+i, un 12% más que en 2020, pero todavía una cuarta parte menos del gasto público en Ciencia que España hizo en 2019 (10.360 millones). Así que llevamos ya 13 años de retraso…

Dentro del Presupuesto en Ciencia para 2022 (7.879 millones), algo menos de la mitad son subvenciones directas (3.411,85 millones), donde se ha hecho el mayor esfuerzo, ya que duplican las subvenciones en Ciencia que se dieron en 2017 (1.721 millones) y casi triplican las concedidas el peor año para la Ciencia (1.396 millones en subvenciones en 2013), siendo la cifra más alta de ayudas públicas a la investigación de la historia (el anterior máximo fueron los 2.575 millones de 2009). El problema es que del Presupuesto total para Ciencia (7.879 millones en 2022), más de la mitad siguen siendo créditos (4.467,70 millones), préstamos que se conceden para I+D+i, que son una manera de “inflar” el Presupuesto total, porque la mayoría de estos créditos (el 75%) no se piden ni gastan.

Así que tenemos mucho más dinero para la Ciencia en 2022, pero más de la mitad de ese dinero son créditos que las instituciones y Universidades no suelen pedir porque sus cuentas no les permiten endeudarse. Al final, el resultado es que gran parte del dinero público disponible para la Ciencia (que es menor al de 2009) no se gasta. Es lo que ha pasado en la última década: en 2009, se gastó el 81,6% de todo lo presupuestado, pero luego bajó drásticamente al 57,6% en 2011, al 38,22% en 2016, al 29, 7% en 2017 (se gastaron menos de 1 de cada 3 euros disponibles), el 51,3% en 2019 y el 52,1% en 2020, el último año del que ha publicado datos Hacienda, según este informe de COTEC.

En definitiva, que hay poco dinero público para la Ciencia y encima sólo se gasta la mitad. La causa es doble. Por un lado, no se gastan todas las subvenciones disponibles (la mitad del Presupuesto) porque los expedientes para conseguirlas son muy complejos, con excesivos trámites que retrasan su ejecución. Por otro, la razón básica es que desde 2012, con Rajoy, la mayor parte del Presupuesto total para Ciencia son créditos que hay que devolver (no subvenciones a fondo perdido) y ni las instituciones ni las Universidades están en situación de devolverlos, con lo que las tres cuartas partes de estos créditos no se piden. En resumen, se “inflan” los Presupuestos para parecer que gastamos en Ciencia, pero no.

Con todo, lo importante es que el Presupuesto en Ciencia (subvenciones y créditos) ha vuelto a subir en 2021 y 2022, tras estar congelado entre 2018 y 2020, por la forzada prórroga de los Presupuestos. Y que además, ahora contamos con una parte de los Fondos Europeos para impulsar a la Ciencia: de los casi 70.000 millones que aportará la UE al Plan de Recuperación, el 16,5% (11.550 millones) serán subvenciones directas (a fondo perdido) para impulsar la investigación, desarrollo, innovación y digitalización, la 2ª partida con más recursos europeos tras la educación y formación (17,6% de los recursos UE). Este dinero ya se incorporó a la Ciencia en el Presupuesto 2021 (España anticipó 1.100 millones europeos) y se notará más en 2022, con 5.418 millones de Fondos Europeos para Ciencia (casi todo, salvo 12 millones, subvenciones a fondo perdido), que se repartirán entre 28 programas ligados a 5 Ministerios (Ciencia, Asuntos Económicos, Universidades, Transportes e Industria y Comercio).

Así que este año 2022, la Ciencia contará en España con 13.298 millones para la Ciencia, entre subvenciones y créditos nacionales y fondos europeos. Una cifra nunca vista desde 2009 y que impone un doble reto: gastarla y gastarla bien. Para ayudar, el Gobierno ha aprobado por fin, el 18 de febrero, la esperada nueva Ley de la Ciencia, que reforma la Ley de 2011. Una Ley que tiene básicamente 2 patas: reducir la burocracia y facilitar el gasto en Ciencia y solventar los múltiples problemas laborales de los investigadores. Y lo más importante: incluye un compromiso, destinar el 3% del PIB español a la Ciencia para 2030, frente al 1,41% que se gastó en 2020. Duplicar el gasto total en Ciencia en esta década.

Este “compromiso” de gasto con la Ciencia, gobierne quien gobierne, es una vieja petición de los investigadores españoles, que han visto como cuando hay recortes se empieza por la Ciencia, alejándonos cada vez más del gasto en Europa, según los datos de Eurostat. El mejor año, 2009, el gasto total en Ciencia de España fue del 1,36% del PIB, frente al 1,97% del PIB en la UE-27 (una “brecha” del 0,61%). Y a partir de 2012, con los recortes, el porcentaje de gasto baja, más en España que en Europa (1,19% en España frente al  2,12% en la UE-27: la brecha crece al 0,93%). Y con la recuperación, el gasto en Ciencia sube más en el resto de Europa que en España, manteniendo la “brecha: 1,41% de gasto total en Ciencia en 2020 (último dato oficial) frente al 2,32% en la UE-27, una brecha del 0,91%.

La inversión total en Ciencia en España (1,41% del PIB) no sólo es mucho menor que la media europea (2,32%), sino que es la menor de los grandes paises del continente: 3,14% del PIB gasta Alemania, 2,35% Francia, 1,53% Italia, 3,53% Suecia, 3,48% Bélgica, 3,2% Austria, 2,94% Finlandia o 2,29% Paises Bajos. Pero incluso gastamos menos en Ciencia (comparativamente) que paises económicamente menos desarrollados de Europa, como Eslovenía (2,15%), República Checa (1,99%), Estonia (1,79%), Hungría (1,61%), Portugal (1,62%) y hasta Grecia (gasta 1,49% de su PIB en Ciencia), según Eurostat.

En 2020, el último año con datos publicados, el gasto total  (público y privado) de España en Ciencia fue de 15.768 millones de euros (el 1,41% del PIB), poco más que los 14.581 millones gastados en 2009 (descontando la inflación, el gasto en Ciencia ha caído un -6,3%), según el INE.. Más de la mitad del gasto en Ciencia lo hacen en España las empresas privadas (8.813 millones en 2020), cuyo gasto ha aumentado algo en la última década (gastaban 7.567 millones en 2019). Pero se ha estancado el gasto público (6.954 millones en 2020 frente a 6.985 en 2009), porque lo ha hecho el gasto en Ciencia que hacen el sector público (2.753 millones) y las Universidades (4.202 millones de gasto en investigación en 2020).

Otro problema añadido a que gastemos poco en Ciencia es que lo gastamos de forma muy desigual. Primero, por autonomías. Las tres cuartas partes de todo el gasto (15.768 millones en 2020) se reparte entre sólo 5 autonomías: Madrid (27% del total), Cataluña (23%), Andalucía (10,3%), País Vasco (9,3%) y Comunidad Valenciana (7,8%). Y si tenemos en cuanta la población, la disparidad es enorme: el País Vasco gasta en Ciencia 674 euros por habitante (el doble que la media española: 328,6 euros por persona), Madrid gasta  607,2 y Cataluña 469 euros, mientras Canarias gasta 98 euros por habitante, Extremadura 131 y Andalucía 181 euros por habitante, según COTEC. Y todavía, en 2020, hay 9 autonomías que no han recuperado el gasto en Ciencia de 2009 ni otras 7 regiones el empleo de sus investigadores: La Rioja, Cantabria, Extremadura, Asturias, Canarias, Aragón, Andalucía, Navarra y Castilla la Mancha. La mayoría, en el pelotón de las más pobres.

Además, el gasto en Ciencia es muy desigual por sectores: hay 13 sectores de los 33 existentes que ya han recuperado la inversión en Ciencia de 2008, en especial el automóvil (gasta +102,7%), transporte (+62,6%), energía y agua (+28,8%) y farmacia (+19,6%). Mientras los 22 sectores restantes todavía gastan menos en investigación que en 2008, sobre todo construcción (-62,6%), minería (-58,4%) textil y calzado (-49,3%) y muebles (-47,2%), según COTEC. Y también hay mucha desigualdad de gasto según el tamaño de las empresas: han subido un 1% las grandes empresas que investigan pero hay 2.415 empresas menos que investigan hoy que en 2008 (sobre todo han caído pymes).

Para ayudar a remontar este retraso en la última década, la nueva Ley de la Ciencia busca asegurar un gasto (el 3% del PIB) y facilitar la investigación, para gastar mejor. Ahora, uno de los graves problemas de los investigadores es la burocracia, el exceso de papeleo y tiempo para justificar los programas y sus gastos (es muy difícil comprar una silla o un ordenador y hay que justificar facturas de hasta 10 años atrás, incluso un taxi). La nueva Ley de Ciencia simplifica los trámites y la comprobación de los gastos será “por muestreo”, a cargo de la Agencia Estatal de Investigación. Además, se va a conceder una subvención directa a todos los proyectos que ya hayan sido evaluados positivamente por algún responsable del sistema público (autonomías o Universidades). Se trata de agilizar los proyectos.

La otra pata de la nueva Ley de Ciencia es resolver los múltiples problemas laborales que tienen hoy los investigadores y sus responsables. Hasta ahora, la mayoría de los contratos para investigadores eran por obra y servicio, por un máximo de 4 años, con lo que pasado este tiempo se rompían los proyectos y los investigadores tenían que buscar un nuevo grupo en el que trabajar. Además, una parte del sueldo de los investigadores dependía de la evaluación de sus méritos anteriores (los “quinquenios”), lo que penalizaba a los investigadores que trabajaban fuera de España y regresaban, ya que su trabajo exterior no se tenía en cuenta a la hora de pagarles. Ahora, con la reforma laboral, se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculado a actividades científico-técnicas, a los que se reconocerá los trabajos de investigación realizados en España y en el extranjero.

Además, se aprueba un nuevo contrato para investigadores postdoctorales, de hasta 6 años (ahora eran hasta 5), con una evaluación intermedia y otra final que les permitirá obtener un nuevo certificado R3 que facilitará su acceso posterior a una plaza fija, porque se les reserva un 25% de plazas en los organismos públicos de investigación y en las Universidades. Además, si no encuentran plaza y se les acaba el contrato, la nueva Ley les asegura una indemnización, lo mismo que a los contratados pre-doctorales, que tampoco la tienen  (el Ministerio va a destinar 12 millones a ayudar a instituciones y Universidades a pagar estas nuevas indemnizaciones).

Además de reducir la precariedad y mejorar el sueldo de los investigadores, la Ley abre la vía a la sustitución de jubilados: desde 2012, cuando el Gobierno Rajoy situó en cero la tasa de reposición de investigadores (se jubilaban y no podía cubrirse su plaza), se han perdido 5.000 puestos públicos. Ahora, la tasa de reposición se pasa al 120% (por cada 100 jubilados, 120 puestos), con lo que se estima que se van a incorporar 12.000 investigadores a puestos públicos relacionados con la Ciencia. Y la Ley pretende que una parte sean investigadores españoles que están en el extranjero, a los que se facilita su vuelta. Y también se busca atraer cerebros extranjeros, desarrollando la figura de “investigador distinguido”.

La nueva Ley de Ciencia está ahora en el Congreso, para el debate de enmiendas y el Gobierno quiere que se apruebe para el verano, con los mayores apoyos políticos posibles, para que dé estabilidad a la Ciencia, al margen de quien gobierne. Los investigadores la han recibido bien, aunque piden que el compromiso de gastar el 3% del PIB se refuerce más, porque la Ley lo condiciona “a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”. Y piden, a través de la COSCE (84 sociedades científicas y 46.000 investigadores) que se avance en otras cuestiones: creación de una Oficina de Ciencia en Presidencia del Gobierno y una vicepresidencia, reforzar la Agencia Estatal de Investigación, acelerar de verdad los procesos burocráticos de investigación, un Plan para el retorno de investigadores y corregir a fondo toda la precariedad laboral y salarial de los investigadores.

La nueva Ley de la Ciencia y los mayores fondos, nacionales y europeos, pueden ayudar a recuperar la década perdida para la Ciencia, si se alcanza un pacto político que blinde su futuro y se apoya a los investigadores, facilitando sus contratos y programas. Es hora de promover de verdad la Ciencia, donde nos jugamos la salud, la mayor eficiencia de la economía y el empleo de las próximas décadas. Apostar por la Ciencia es ganar el futuro.

España 2050: el país que podríamos ser

En mayo, el presidente Sánchez presentó “España 2050”, un trabajo de 100 expertos independientes sobre los retos que tenemos en los próximos 30 años y lo que habría que hacer para conseguir un objetivo ambicioso: vivir y trabajar como los 8 paises más ricos del norte de Europa en 2050. “Podemos y debemos conseguirlo”, insistió Sánchez. Pero la propuesta ha pasado desapercibida entre sindicatos, patronal y muchos expertos, mientras el PP la ve como “un insulto” y una “cortina de humo”. Sólo preocupa el día a día y nadie quiere repensar el futuro, afrontar esas “asignaturas pendientes” que llevamos décadas suspendiendo: baja productividad, paro escandaloso, poca competitividad, baja natalidad, deficiente formación, escasa tecnología, pésima fiscalidad y demasiada desigualdad y pobreza. La pandemia ha revelado que somos un país muy vulnerable y habría que ver cómo mejoramos en 30 años, no sólo lo que hacemos mañana. Debatir el país que querríamos ser en 2050. No es tanto pedir. 

Enrique Ortega

Los humanos tendemos a preocuparnos sólo por el día a día y nos da pereza pensar en el futuro. Y los políticos, sólo piensan en dar el titular del día y como mucho en esta Legislatura. Pero hay épocas en las que los paises tienen que afrontar cambios drásticos. En España, tras el drama de la Guerra Civil, el primer gran cambio fue el Plan de Estabilización de 1959. “Mi general, no tenemos divisas para pagar el petróleo”, el dijo el ministro Ullastres a Franco. Y el dictador se vio obligado a enterrar la autarquía y abrir el país al comercio y a la inversión extranjera, propiciando el fuerte crecimiento de los años 60 y mitad de los 70. Con la democracia, la inflación puso en peligro las libertades y Suarez consiguió, en octubre de 1977, que todos los partidos, sindicatos y patronal firmaran los Pactos de la Moncloa para estabilizar la economía. A partir de 1982, el gobierno de Felipe González afrontó una dura reconversión para prepararnos al ingreso en la CEE, en 1986. Y el Gobierno Aznar ajustó otra vez la economía para que España fuera admitida en el euro, el 1 de enero de 1.999.

Cuatro grandes hitos en los que España ha dado un giro de timón para reorientar su futuro económico, político y social. Pero ahora, llevamos dos décadas sin afrontar los problemas de fondo, agobiados primero por la crisis de 2008 y ahora por la pandemia, que ha revelado nuestras debilidades. Se presenta otra oportunidad de tomar medidas, de afrontar otro hito histórico,  ayudados por los Fondos europeos. Y por eso, el Gobierno Sánchez ha presentado en Bruselas el Plan de Recuperación, un paquete de reformas e inversiones para 2021-2026. Pero no es suficiente. Hay que pensar más allá, en las próximas décadas, como hacen  otros paises, desde Finlandia y Francia a Canadá o Singapur, donde se hacen estudios de “prospectiva”, para preparar el futuro. También realiza estos estudios la OCDE y la propia Comisión Europea ha creado una Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y Prospectiva, encabezada por el esloveno Maros Sefcovic, para preparar la Europa 2050.

En España, el presidente Sánchez creó en la Moncloa, en enero de 2020, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, con el objetivo de “pensar en el futuro”. Y puso a trabajar a más de 100 expertos independientes, que han trabajado “desinteresadamente” (sin cobrar) un año largo para alumbrar el documento de 678 páginas titulado “España 2050”: un análisis de los 9 grandes desafíos que tiene España y las medidas que habría que tomar para afrontarlos y conseguir 50 grandes objetivos, cuantificados, dentro de 30 años. Objetivos que se resumen en uno: que España tenga en 2050 el nivel de vida y empleo de la Europa rica del centro y norte de Europa, la llamada UE-8 (Francia, Alemania, Bélgica, Paises Bajos. Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia). Por ambición que no sea.

Parece “una carta a los Reyes Magos”, pero el propio presidente Sánchez dice en el prólogo al Informe que es un objetivo “necesario y factible”, que España “ha dado un salto incluso mayor en los últimos 40 años” de democracia (se ha duplicado la renta por habitante, se han creado 8 millones de empleos, estamos comercialmente más abiertos al mundo que Francia o Italia y tenemos empresas que son referentes mundiales en muchos sectores) y que ahora se puede dar “otro salto” en 30 años, con una estrategia que incluya reformas y compartan los agentes sociales. “El objetivo es que los españoles miremos al futuro con más audacia, más acuerdo y más confianza en nosotros mismos. Somos capaces de conseguirlo. Se lo debemos a nuestros padres e hijos”, apostilla Sánchez.

Tras las palabras, las propuestas de los expertos para esa España 2050. Proponen afrontar 9 grandes desafíos, la mayoría arrastrados desde hace décadas y otros nuevos. El 1º, afrontar la baja productividad de España respecto a la mayoría de paises europeos, que se traduce en que aquí trabajamos menos gente (el 62% frente al 80% en la UE-8 más rica) y trabajamos peor, con menos eficacia (menos productividad), lo que provoca que tengamos salarios más bajos y seamos más pobres (tenemos un 22% menos de renta que la UE-8). Y si ya tenemos un problema de bajo empleo y poca productividad, la caída de la natalidad lo va a agravar, al reducirse en 3,7 millones la población en edad de trabajar en las próximas décadas. Para afrontar este gran desafío, el mayor, el informe defiende que España apueste por mejorar la formación y la educación, la tecnología, empresas de mayor tamaño, la digitalización y la transición ecológica, reducir trabas administrativas y menos economía sumergida.

El 2º gran desafío para 2050 es mejorar la educación de los jóvenes (muchos repetidores, alto abandono escolar, deficiente aprendizaje y pocas habilidades según los informes PISA), con profundas reformas del sistema educativo para colocarnos a la vanguardia de la Europa del norte dentro de 30 años. El 3º desafío es la formación y recualificación de los trabajadores, porque, aunque tenemos muchos universitarios, el 48% de los activos tienen un nivel de formación bajo (la ESO o menos), el doble que en la Europa rica. Y además, los adultos españoles tienen menos habilidades y competencias, con un bajísimo porcentaje de empresas y trabajadores que actualizan su formación mientras trabajan.

El 4º gran desafío cara a 2050 es el cambio climático y la política medioambiental, que afectará más a España que a otros paises si no se toman medidas  (sequías en el 70% del país, mayores aumentos temperaturas y subida del mar, daños a la agricultura y al turismo y 20.000 muertos al año por el cambio climático). Y por eso urge potenciar las energías renovables, electrificar el transporte, replantearse los usos del agua, reducir los residuos, apostar por la agricultura ecológica y la fiscalidad verde.

El 5º desafío apuntado es adaptar el Estado del Bienestar a una sociedad envejecida, a un país donde 1 de cada 3 habitantes tendrá más de 65 años en 2050 y donde solo habrá 1,7 personas en edad de trabajar para financiarlos (hoy son 3,4). Eso supone un tremendo desafío para pagar las pensiones, la sanidad y la Dependencia, lo que exigirá conseguir más recursos y atemperar el crecimiento de los gastos, pero sobre todo, que trabaje más gente (fomentar la natalidad y el empleo y favorecer la inmigración legal).

El 6º desafío que tiene España es conseguir un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible, dado que en 2050, el 88% de la población vivirá en las ciudades y la España rural perderá la mitad de su población actual. Eso exige tomar medidas a medio plazo para diseñar ciudades sostenibles, revitalizar la España rural y afrontar las necesidades de vivienda, transformando radicalmente la movilidad y el transporte público.

El 7º desafío, muy importante, es afrontar las deficiencias de nuestro mercado de trabajo, sobre todo un paro que duplica con creces el europeo y la mayor precariedad laboral del continente, con un 25% de trabajos temporales. Dos problemas que se van a agravar en las próximas décadas, con menos jóvenes para trabajar y una tecnología que va a destruir muchos empleos. Los expertos defienden políticas activas de empleo, sobre todo para los jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, un cambio normativo (reforma laboral) y adaptar las redes de protección social (para proteger a las personas, no a los puestos de trabajo).

El 8º desafío para 2050 es reducir los niveles de pobreza y desigualdad de España, que es el 3º país europeo con más desigualdad de renta y el 4º con más pobreza, como lo era ya hace 30 años. Los expertos creen que si no se mejora la productividad y el empleo y se cambia el sistema educativo, la política de vivienda y los impuestos, la desigualdad y la pobreza seguirán en el futuro, agravadas por el envejecimiento de la población y la revolución tecnológica.

Y llegamos al último objetivo, el 9º, que resume todos los demás: aumentar el bienestar de los españoles, utilizar la economía para lo que debe estar, para que haya más personas satisfechas con su vida. El informe lo cuantifica: pasar del 83% de personas que ahora están satisfechas con su vida al 92% en 2050 (el porcentaje de personas satisfechas hoy con su vida en los 8 paises más ricos, la UE-8 a la que queremos equipararnos).

Estos son los 9 grandes retos para 2050. El informe cree que se pueden conseguir si España toma medidas y proponen más de 200 para lograrlo, agrupadas en 12 ejes, que son un resumen de lo que hay que hacer: apostar por la formación (desde la escuela a la jubilación), apoyar la innovación, modernizar el tejido productivo y la cultura empresarial, avanzar en un desarrollo sostenible con el medio ambiente, ampliar las oportunidades de los jóvenes (educación, empleo y vivienda), conseguir la igualdad de género, fomentar la inmigración legal, fortalecer los servicios públicos (educación, sanidad y cuidados), rediseñar la política social, reformar el sistema fiscal, modernizar la Administración pública y llegar a un compromiso de derechos y deberes entre las generaciones actuales y las futuras.

Para conseguir que todas estas medidas sean eficaces, los expertos marcan 50 objetivos cuantificables, que nos indiquen década a década (2030, 2040 y 2050) si vamos bien o nos quedamos cortos. Muchos de estos objetivos son muy llamativos, como el de conseguir en 2050 una renta per cápita sólo un 10% menor que la Europa rica (UE-8), cuando ahora es un 22% inferior. O subir la tasa de empleo en España del 62 al 80% de los adultos. O bajar la tasa de paro del 18% (2015-2019) al 7% en 2050. O bajar la tasa de abandono escolar del 17 al 3%. O subir el gasto público en educación del 4,3 al 5,5% del PIB y el gasto en Ciencia del 1,2% al 4% del PIB en 2050. O pasar del 55% de adultos con habilidades digitales al 100% en 2050. O reducir la temporalidad del 26% al 15% en 2050. O reducir la brecha salarial de las mujeres del 14% actual al 0% en 2050. O subir la recaudación fiscal del 35% del PIB hoy al 43% en 2050 (recaudar casi 100.000 millones más al año). O reducir a la mitad la pobreza en España (del 22% actual al 10% en 2050).

Este es el resumen del Plan “España 2050”. Se trata de afrontar 9 grandes retos, tomar más de 200 medidas y recoger los frutos con la mejora de 50 indicadores claves. Se podrá estar o no de acuerdo, pero son muchos los expertos que llevan años llamando la atención sobre estos problemas de fondo que tiene España y que tendríamos que afrontar, con las medidas apuntadas y con otras que aporten más expertos, fuerzas sociales y políticas. El Plan es un documento de partida, para “abrir un debate sobre el futuro”, como ya se ha hecho en Europa y en varios paises. Pero aquí no parece haber calado la propuesta: sindicatos y patronal apenas la han comentado, lo mismo que muchos expertos (quizás porque no se les ha consultado a ellos). Y lo peor es la reacción de la oposición, el PP, que gobernará algún día: “es un insulto a la inteligencia de los españoles”, dijo en un pronto Pablo Casado, añadiendo que “es una cortina de humo” y que los españoles necesitan “soluciones reales e inmediatas”. Por supuesto, pero también repensar el país que quieren para el futuro.

Tras la pandemia, estamos en una encrucijada. A corto plazo, España necesita reformas e inversiones urgentes para conseguir la recuperación tras la mayor recesión de nuestra historia reciente. Pero no basta con eso, con aplicar bien el Plan de Recuperación 2021-2026. Hay una serie de problemas de fondo que siguen ahí, “asignaturas pendientes” desde hace décadas: la baja productividad, el escandaloso paro, la mala educación, la deficiente formación, el envejecimiento y la baja natalidad, nuestro modelo productivo (poca industria y mucho turismo, mucho cemento y poco conocimiento), los problemas de los servicios públicos, el crecimiento insostenible para el medio ambiente, la desigualdad y la pobreza. “Spain is different” y por culpa de eso somos menos productivos, tenemos el doble de paro y vivimos peor que la Europa rica.

¿Se puede mejorar? Más de 100 expertos nos dicen que sí y muestran el camino, con esfuerzo, medidas concretas  y 30 años por delante. Deberíamos al menos leer lo que proponen (el resumen son 14 páginas).Y a partir de ahí, dejar de lado tanta pelea política inútil y pactar soluciones, acordar juntos otra España, con más futuro. “Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”, dijo Unamuno. Habría que hacerle caso.

Ciencia: recuperar una década perdida

La Ciencia nos está salvando en esta pandemia, pero seguimos sin apoyarla. En 2020, el gasto público en Ciencia aumentó sólo en 38 millones y fue un 52% inferior al de 2009. Tras años de recortes, llevamos una década perdida para la Ciencia: menos Presupuesto ahora que en 2009 y encima gastando sólo la mitad de lo presupuestado. Y estamos a la cola de Europa, gastando en Ciencia casi la mitad que la UE y un tercio que Alemania. Ahora, en 2021 se empieza a remediar este retraso de nuestra Ciencia, con un Presupuesto que aumenta el gasto un 60%, gracias a los Fondos europeos. Y se ha firmado un Pacto por la Ciencia, con 72 organizaciones científicas, para reconstruir la investigación en España y gastar como Europa en 2030, apoyados por una Ley de la Ciencia, que mejorará el trabajo de investigadores y sus instituciones, reduciendo burocracia. Hay que volcarse con la Ciencia, para mejorar la salud y la economía. Nos jugamos el futuro.

Enrique Ortega

En 2020, el año de la pandemia, el Presupuesto público para Ciencia fue similar al de 2019 y 2018, al prorrogarse el Presupuesto de Montoro: 7.044 millones de euros, de los que el 60% eran créditos y el resto subvenciones y ayudas. Un Presupuesto público en Ciencia algo superior al de 2017 (6.513 millones), pero muy por debajo del que había en 2009 (10.360 millones). Así que, tras 11 años, el gasto público en Ciencia (administraciones públicas y Universidades) es un 68% inferior al de 2009, como consecuencia de los drásticos recortes impuestos a la Ciencia entre 2010 y 2016 (-21.728 millones).

Pero todavía hay más recortes. Porque el problema no es sólo que baje un -68% el Presupuesto de 2020 (7.044 millones) sobre el de 2009 (10.360), sino que además, ese Presupuesto no se ha gastado, año tras año. En 2009, se gastó finalmente en Ciencia un 81,6% de lo presupuestado (8.476 millones gastados), pero en los años posteriores se ejecutó mucho menos, en 2011 (se gastó el 57,6% de lo presupuestado), en 2016 (el 38,22%), sobre todo en 2017 (se gastó el 29,7%, menos de 1 de cada 3 euros disponibles), en 2018 (el 46,8%), en 2019 (el 51,3%) y también en 2020: se gastaron en Ciencia el año pasado 3.667 millones, el 52,1% de lo presupuestado, según demuestra este informe de COTEC a partir de los datos de la Intervención General del Estado (Hacienda). Con ello, el gasto real en Ciencia aumentó en 2020 en 38 millones y 642 millones entre 2018 y 2020.

Así que a los recortes de cada Presupuesto se han sumado los “recortes escondidos” del Presupuesto no ejecutado, la mitad del dinero disponible en los últimos años: otros -32.786 millones perdidos en la última década, que se suman a los -21.728 millones recortados en los sucesivos Presupuestos. En total, 54.500 millones perdidos para la Ciencia en los últimos 11 años (casi 5.000 por año), o bien porque no se presupuestaron o bien porque no se consiguieron gastar. ¿Cómo es posible. La explicación es doble. Por un lado, los expedientes para conseguir y ejecutar subvenciones y ayudas a la investigación son muy largos y complejos, muy burocráticos, lo que retrasa y dilata su ejecución. Pero la razón básica es que, desde 2012 (con Rajoy), la mayoría del gasto presupuestado en Ciencia son créditos (no subvenciones) y los organismos y Universidades no los podían pedir porque estaban endeudados en exceso o se lo limitaba  Hacienda (Montoro).

Veamos el ejemplo reciente de 2020, que es muy ilustrativo. De los 7.044 millones presupuestados para Ciencia, casi el 60% son créditos (4.078 millones) y el resto subvenciones a fondo perdido (2.965 millones). De estas subvenciones, el 89,2% se han gastado (2.644 millones), pero de los créditos sólo se ejecutaron 1.023 millones, el 25,1%, lo que explica que al final se haya ejecutado 3.667 millones, un 52,1% de lo Presupuestado. En definitiva, que España sólo consigue gastar en Ciencia la mitad de lo presupuestado, algo que contrasta con el gasto en pensiones (se gasta el 99,9% de lo presupuestado), Defensa (se gasta el 97,8%), Justicia (97%), Seguridad Ciudadana (96,4% se gasta), Fomento del empleo (95,9%) o Industria y Energía (gastan el 58,4% de lo presupuestado), según COTEC. Y hay más: el Estado sólo gasta el 38% de lo presupuestado en Ciencia mientras los organismos y Agencias estatales funcionan mejor y gastan el 86,7% del Presupuesto.

El problema de la Ciencia en España no es sólo que se hayan perdido muchos recursos e inversiones públicas, por los recortes y la pésima ejecución de los proyectos. Otra consecuencia de esta “década perdida” es que se han perdido investigadores en el sector público (124.420 en 2019 frente a 129.308 en 2009), aunque han aumentado en las empresas privadas (de 92.714 a 106.993), según la Fundación COTEC. Y además, ahora hay menos empresas que investigan: eran 11.096 en 2019 frente a 13.603 en 2009, una pérdida de 2.507 empresas para la investigación, sobre todo pymes. Y si desglosamos la evolución de la inversión pública en Ciencia por autonomías, hay 9 regiones que gastan hoy en investigación menos que en 2009: Cantabria (-24,6%), La Rioja (-20,5%), Canarias (-18,2%), Asturias (-17,1%), Andalucía y Extremadura (-10,9%), Navarra (-8,4%), Castilla la Mancha (-4,8%) y Aragón (-4,2%). Y entre las 8 que gastan más en Ciencia destacan Murcia (+26,3%), Baleares (+21,6%), Comunidad Valenciana (+12,8%) y Cataluña (+9,4%).

Hasta aquí el drama del gasto público en Ciencia (gasta poco y gasta mal), que supone algo menos de la mitad del gasto total de España en Ciencia. El resto es el gasto en Ciencia de las empresas, que también se recortó con la crisis (pasaron de invertir 7.562 millones en I+D+i 2009 a 6.784 millones en 2014) pero que luego se ha ido recuperando año tras año, hasta alcanzar los 8.741 millones de euros invertidos en 2019, el último dato publicado por el INE, más que el gasto público ejecutado en Ciencia (6.831 millones). Con esta mejoría de la inversión empresarial en investigación, el gasto total de España en Ciencia es algo superior: 15.572 millones de euros en 2019 (último dato INE) frente a 14.582 millones en 2009.

Pero como España produce más hoy que hace 11 años, el peso del gasto en Ciencia ha bajado en porcentaje del PIB: gastamos el 1,25% del PIB (2019) frente al 1,39% en 2009. Y la brecha tecnológica con Europa se ha ampliado: en 2009, la UE-28 invertía en Ciencia el 1,84% de su PIB (+0,45% que España) y en 2019 invertía el 2,19% del PIB (+0,94% que España), alcanzando el 3,17% en Alemania, según Eurostat. Estamos a la cola de Europa en gasto en Ciencia y eso se debe a que apenas hemos aumentado el gasto total en la última década (+6% en España, gracias al aumento de la inversión de las empresas), mientras los demás han aprovechado la recuperación para gastar mucho más en investigación (entre 2009 y 2019): es el caso de China (+119,6%), Alemania (+39,8%), UE-28 (+30,7%), Reino Unido (+26,1%), Italia (+21,9%), EEUU (+14,7%) o Francia (+13,6%), según la Fundación COTEC.

Con este balance de la última década, España se coloca en el puesto 14 de la UE-27 en el último ranking europeo de innovación (“European Innovation Scoreboard 2020”), elaborado por la Comisión Europea. Un ranking de la Ciencia encabezado por Suecia, Finlandia, Dinamarca y Paises Bajos (los 4 líderes en investigación), seguidos de Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Austria, Irlanda, Estonia y Portugal (los 7 paises con tecnología “fuerte”), a los que siguen Chipre, España, Eslovenia, República Checa, Malta, Italia, Lituania y Grecia, con tecnología “moderada”. Como se ve, nos ganan en Ciencia paises con mucho menos potencial económico, tanto de centro Europa como Estonia, Portugal o Chipre. Y es que el retraso tecnológico de España con Europa es mucho mayor que el retraso económico: en la brecha económica, tenemos el 91% de la renta comunitaria, pero en la brecha tecnológica, invertimos el 49% de la inversión europea por habitante.

El retraso tecnológico de España es desigual, porque hay autonomías con un alto gasto en Ciencia y otras muy retrasadas, según la última estadística del INE (datos 2019). Así, el País Vasco tiene un gasto en tecnología casi europeo (invierten el 1,97% de su PIB, frente al 2,13 en la UE-27). Y gastan más que la media española (1,25% del PIB) Madrid (1,71%), Navarra (1,67%), Cataluña (1,52%) y Castilla y León (1,35%), curiosamente cuatro de las regiones españolas con más renta per cápita. Y están a la cola del gasto en Ciencia Baleares (0,40% del PIB), Canarias ( 0,47% ), Castilla la Mancha ( 0,59% ), Extremadura (0,67% ), la Rioja (0,77%), Asturias (0,82%), Cantabria (0,83%) y Andalucía (0,93%), regiones que, en su mayoría, están también en el pelotón de cola de la renta en España.

De hecho, un reciente informe de la Fundación COTEC  e IVIE señala la capacidad que tiene cada autonomía de atraer o retener talento, el mapa del talento por autonomías, elaborado a partir de 56 indicadores que señalan la capacidad de facilitar, atraer y hacer crecer la investigación y sus capacidades tecnológicas y de conocimiento. Ahí se ve que el talento se concentra en Madrid y en el noreste de España: lideran el ranking Madrid (índice 71), seguida de Navarra (66,7), País Vasco (63,6), Cataluña (56,3), Aragón (53,9) y Asturias (53,1), las 6 autonomías por encima de la media de España (índice 49). Les siguen, con un  talento “intermedio”, Castilla y León (49), Cantabria (47,9), Galicia (46), la Rioja (43,4) y la Comunidad Valenciana (43,3). Y en el pelotón de cola del “talento” se sitúan Baleares (índice 36,4), Murcia (34), Andalucía (33,6), Extremadura (32), Canarias (28,7) y Castilla la Mancha (índice 28,2), otra vez el mapa de la España más pobre.

Para mejorar la brecha tecnológica de España con Europa, la Comisión Europea lleva años pidiendo a los distintos Gobiernos que aumenten el gasto público en  Ciencia y hagan reformas para gastar más y con más eficacia. Pero no es sólo una cuestión del gasto público, también hay una gran brecha con Europa en el gasto tecnológico de las empresas. De hecho, un reciente estudio de FEDEA  revela que el principal “culpable” del retraso tecnológico con Europa es el menor gasto investigador de nuestras empresas: en España aportan un 0,7% al gasto total  en Ciencia (1,25% del PIB), mientras en Europa aportan un 1,48% (del gasto total, 2,13% del PIB).  Y la aportación del sector público al gasto total en Ciencia es más parecida (0,21% del PIB en España frente al 0,28% en la UE-27) y también la aportación de la Universidad (0,33% del PIB en España frente al 0,46% en la UE).

Esto se explica, según el estudio de COTEC e IVIE por el tamaño y la composición diferentes de las empresas españolas respecto a las europeas. Por un lado, España tiene un exceso de pymes (94,5% empresas tienen menos 10 empleados), de las que dependen muchos empleos (el 40,8%) y que invierten menos que las grandes en tecnología, mientras en Europa hay menos pymes y más empresas grandes, que invierten más en I+D+i. Y por otro, en España tienen más peso que en el resto de Europa el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios, sectores con baja inversión en tecnología y bajo valor añadido. De los dos factores, el menor  tamaño de las empresas explica el 33% de la brecha tecnológica con Alemania y la composición  sectorial (el mayor peso de los servicios) otro 12%, según otro estudio de BBVA Research. Así que tendría que cambiar el tamaño y el negocio de las empresas españolas para conseguir un país tecnológicamente más avanzado.

Pero el motor de ese avance tecnológico debe ser la inversión pública, con un gasto del Estado, las Universidades y organismos públicos que “tire” de la inversión tecnológica privada. Y para ello, el Presupuesto 2021, el primero que ha propuesto este Gobierno, contempla un aumento de la inversión directa en Ciencia de 1.267 millones, casi un 60% de aumento sobre los 2.965 de inversión directa (subvenciones) presupuestados en 2020 (el resto, los 4.078 millones de créditos de 2020 se mantienen). Es un gran salto que se financia con 1.100 millones de los Fondos europeos, que ha adelantado el Gobierno. Y además, estos Fondos europeos van a permitir mantener este aumento en los dos años siguientes, en 2022 y 2023, según el Plan de Recuperación presentado a Bruselas. El objetivo es destinar 3.380 millones de los Fondos europeos al gasto público en Ciencia, con lo que la investigación será la 9ª prioridad de destino de estos Fondos UE, tras el cambio climático, la rehabilitación de viviendas, la digitalización, la formación, el 5G, la industria, el turismo y la modernización de la Administración pública.

Tras el empujón presupuestario a la Ciencia, la segunda apuesta clave es el Pacto por la Ciencia alcanzado en marzo entre el Gobierno y 72 organizaciones representativas de la Ciencia, la Universidad, la empresa y los investigadores (ver texto y firmantes). Contempla 3 compromisos muy importantes. El primero y básico, aumentar el gasto público en Ciencia, del 0,54% del PIB en 2019 al 0,75% en 2024 y al 1,25% en 2030, para que, sumado al esfuerzo que hagan las empresas, se consiga alcanzar un gasto total en Ciencia del 2% del PIB en 2024 y del 3% en 2030 (el objetivo que marca la Comisión para Europa). Una década para recuperar la anterior “década perdida”. El 2º objetivo del Pacto es mejorar la carrera de los investigadores, con una estabilidad laboral que permita atraer talento. Y el tercero, mejorar la autonomía y coordinación de todos los organismos que hacen Ciencia.

Este Pacto por la Ciencia se va a apuntalar con los Fondos europeos y los recursos de los próximos Presupuestos, así como con la futura Ley de la Ciencia, cuyo proyecto aprobó el Gobierno el 30 de marzo y ahora se debate con el sector, en consulta pública, para integrar los cambios en una futura Ley de la Ciencia que se aprobará este año.

Con estas iniciativas, la Ciencia podría salir del túnel de “una década perdida”, por los recortes y la ineficiencia en el gasto ejecutado, así como por la pérdida de investigadores y empresas innovadoras. Para España, es clave acertar en el fomento de la investigación y la innovación, no sólo para  asegurar nuestra salud (como han demostrado las vacunas) sino también para mejorar nuestra economía, consiguiendo aumentar la productividad y producir bienes y servicios con más valor añadido, que se exporten mejor y aporten más crecimiento, más riqueza y empleo de calidad. Apostar por la Ciencia es el pasaporte a un futuro mejor.

Europa nos suspende en innovación

La Comisión Europea acaba de examinar a España y sus notas no son buenas: la productividad es “demasiado pobre” y una causa básica es que tenemos poca innovación: nos colocan como el país nº 17 en tecnología en la UE-28, más lejos de la media europea que en 2008. Y lo achacan a los recortes en Ciencia, 21.728 millones desde 2009, a que España gasta la mitad en tecnología que la media europea y además gasta mal, con mucha burocracia y demasiados créditos que no se gastan: España sólo gastó el 30% del Presupuesto para  Ciencia de 2017. Ahora, para 2018, el Gobierno presume de que va a gastar 531 millones más, pero la mayoría son créditos que tampoco se gastarán. Urge un Pacto por la Ciencia, para que la recuperación llegue a la tecnología y sentemos las bases de una economía más competitiva y que cree empleo más estable. Apostar de verdad por la Ciencia, con dinero, medios e investigadores, como pasaporte para el futuro. Menos cemento y más conocimiento.

enrique ortega

España produjo en 2017 por valor de 1.163.652 millones de euros, la mitad que Francia (2.287.603 millones) y la tercera parte que Alemania (3.263.350 millones de euros de PIB). Teniendo en cuenta la diferente población (46,56 millones en España frente a 65,20 en Francia y 81,36 millones en Alemania), podemos homogeneizar los datos con la producción por habitante en 2017: 24.993 euros per cápita en España, 35.086 euros en Francia y 40.110 euros por habitante en Alemania. A lo claro: los españoles somos un 29,8% menos productivos que los franceses y un 37,7% menos productivos que los alemanes. Y no sólo que ellos. Aunque España es la 5ª economía más grande de Europa, ocupamos el puesto 14º en el ranking de productividad europeo: producen más que nosotros, por habitante, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Francia, Italia y hasta Malta, según Eurostat.

La Comisión Europea, en su último informe sobre España 2018 (7 marzo) señalaba “los tres culpables” de que España tenga menos productividad que la mitad de Europa: la baja formación de los adultos españoles, la elevada precariedad laboral y la baja innovación tecnológica. Y aquí, las autoridades europeas colocan a España en el pelotón de países con innovación “moderada”, a la cola de la tecnología en Europa, sólo por delante de dos farolillos rojos (Bulgaria y Rumanía). Con ello, la Comisión Europea sitúa a España en el puesto 17 del ranking de innovación de la UE-28, encabezado por 6 países líderes en innovación, los más productivos y los más ricos (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca). Luego les siguen otros 6 países con fuerte innovación (Austria, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Francia y Eslovenia) y llega el tercer grupo, de “innovación moderada”, donde España tiene por delante a República Checa, Portugal, Estonia y Lituania.

No es sólo que España (el país del “milagro económico” del que presume Rajoy), esté en el puesto 17 en el ranking europeo de innovación y tecnología. Es que además, es uno de los pocos que está peor hoy que antes de la crisis, según el índice de innovación de la UE: si en 2008 teníamos el 80,1% de la innovación media europea (UE-28), en 2016 teníamos el 78,3%. A peor. Y eso, básicamente, porque en estos años, España ha recortado su gasto en tecnología (un -9,1% entre 2009 y 2016) mientras Europa lo aumentaba un +27,4%, Reino Unido un +39,3%, Alemania un +37,9%, Francia un +13,6% e Italia un +12,5%, según Eurostat. Así, no debería extrañarnos luego que seamos menos productivos que ellos, más pobres y que tengamos el doble o el triple de paro.

El informe de la Comisión Europea resalta que España gasta en Ciencia (I+D+i) casi la mitad que Europa: un 1,19% del PIB en 2016, frente al 2,03% la UE-28, con lo que el esfuerzo tecnológico de España, que llegó a un máximo en 2009 (1,39% del PIB, más cerca del 1,93% de la UE entonces) se ha perdido y estamos en los niveles de inversión en Ciencia de 2007. Diez años perdidos. Y esa caída nos ha retrasado aún más de los países punteros en tecnología: Suecia (gasta el 3,30% del PIB), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%), Austria (3,09%) o Alemania (2,94%). De hecho, 20 de los 28 países UE gastan más en tecnología que España. Y sólo hay 7 países europeos que gasten porcentualmente menos en Ciencia que España (Rumanía, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania). Así nos va.

La caída drástica del gasto en Ciencia desde 2009 se debe sobre todo a los recortes en los fondos públicos para investigación (I+D+i), que suponen el 45% del gasto total: se ha pasado de 9.673 millones de gasto en 2009 a 6.513 millones en el Presupuesto 2017. Un recorte del 32,66 %, de un tercio del gasto. El sector estima que en estos 8 años de ajuste, la Ciencia ha dejado de recibir 21.728 millones de euros, según la COSCE, más de dos años íntegros de Presupuesto de la Ciencia. De ellos, -1.509 millones se deben a la “tijera” de Zapatero (recortes de 2010 y 2011) y -20.219 millones a la “tijera” de Rajoy, entre 2012 y 2014, ya que en los tres últimos años ha subido algo el Presupuesto para Ciencia (367 millones).

Pero este es el recorte “visible”, porque hay además otro recorte “invisible”, derivado de un hecho preocupante: los Presupuestos de Ciencia que se aprueban no se gastan. Esto ya pasaba antes (en 2008 no se gastó el 19,7% del Presupuesto y en 2011, el 42,4%), pero se ha agravado con el Gobierno Rajoy: en 2015 no se gastó el 48,10% del Presupuesto, en 2016 el 61,8% y en 2017… el 70,3% de lo presupuestado, según acaba de denunciar la COSCE con datos de Hacienda. O sea que además de destinarse poco dinero a Ciencia, 7 de cada 10 euros no se gastan. Y eso porque el Gobierno Rajoy ha utilizado “un truco contable” para “hacer que gasta” en Ciencia: más de la mitad del Presupuesto (el 59,45% en 2017) lo destina a créditos, que luego no se acaban pidiendo y no se gastan. Parece que “hay dinero para la Ciencia”, pero no es verdad, porque los organismos investigadores y las Universidades no piden esos créditos, porque no pueden endeudarse (no tienen recursos para devolverlos y además Hacienda no les deja aumentar su deuda). Resultado: entre 2009 y 2017 no se han gastado 20.950 millones en Ciencia que estaban presupuestados.

En total, entre el recorte real y el "invisible" (lo presupuestado y no gastado), la Ciencia ha perdido 42.678 millones entre 2009 y 2016, el gasto de 5 años. Y eso es sólo el dinero público, porque la Ciencia ha sufrido también los recortes de las empresas privadas, que suponen casi la mitad de la inversión total en tecnología: si en 2008 las empresas gastaban en tecnología 8.073 millones, en 2016 gastaron 7.125 millones, un 11,7% menos, según el INE. Lo más preocupante no es que las empresas españolas  inviertan menos sino que cargan con una parte pequeña de la inversión total en tecnología: gastan el 0,64% del PIB, la mitad que las empresas europeas (que invierten en Ciencia el 1,32% del PIB), según alerta la Comisión Europea. Y además, esa inversión tecnológica se concentra en España en las pymes (48%) y no en las grandes empresas, que son las que más deberían investigar: en España concentran sólo el 52% del gasto tecnológico empresarial, frente al 80% en Francia, Italia o Reino Unido y el 90% de la inversión empresarial en Alemania, según un informe de la Fundación COTEC. Y otro problema muy preocupante: un tercio de las empresas españolas que invertían en I+D+i en 2008 han dejado de hacerlo (5.000 de las 15.000 empresas que invertían).

Con este panorama, parece difícil que España cumpla el objetivo europeo de gastar en Ciencia el 2% del PIB en 2020 (gastamos el 1,19% en 2016): el informe 2018 de la Comisión Europea dice textualmente que es “poco probable”. El Gobierno Rajoy dice que sí, pero en las previsiones enviadas a Bruselas vuelve a hacer “trampa”: apenas sube el porcentaje de gasto de la Administración pública (del 0,22% del PIB en 2016 al 0,25% en 2020), pide un mayor esfuerzo a las Universidades (del 0,33 al 0,46) y le deja la mayor parte de la responsabilidad de cumplir con Bruselas a las empresas (que deben pasar de invertir en Ciencia el 0,64% del PIB en 2016 al 1,30% que les “adjudican” en 2020). Que cumplan otros.

Y en su parte, el dinero público para Ciencia, vuelven a presumir de que en el recién presentado Presupuesto 2018 hay 531 millones más para Ciencia (una “miseria” tras los 21.728 millones recortados antes). Pero otra vez hay “trampas”. El 58,7% del Presupuesto para Ciencia en 2018 (7.044 entre investigación civil y militar) son otra vez créditos y la Fundación COTEC ya ha anticipado que puede que este año se gaste aún menos del 30% del Presupuesto gastado en 2017, por problemas de gestión y burocracia. Así que hay más dinero para la Ciencia pero no se gastará, otro año más.

La Comisión Europea, en su informe sobre España 2018, critica estos recortes y el sistema de créditos, planteando que deberían reducirse y aumentar las subvenciones. Pero además, las autoridades comunitarias resaltan en ese informe otras debilidades de la Ciencia en España, además de la falta de recursos: baja digitalización de las pymes, carencia de capacidades digitales de muchos trabajadores españoles, falta de capital riesgo para la investigación, poca eficacia de los incentivos fiscales a la investigación, falta de evaluación sistemática del gasto en Ciencia (auditorías), pocos investigadores y con carreras precarias, escasa presencia de doctorandos extranjeros y una deficiente coordinación en las políticas de investigación entre el Estado central, las autonomías, las Universidades y los centros privados.

Los investigadores españoles destacan dos bloques de problemas, además de la falta de recursos: las plantillas y la burocracia. En el tema del personal, no sólo preocupa la pérdida de investigadores en estos años de recortes (12.216 perdidos entre 2010 y 2015), sino también que las plantillas son muy precarias (con un tercio  de temporales) y están envejecidas, mientras no se cubren apenas  jubilaciones ni vuelven los investigadores emigrados (se estima que hay entre 15.000 y 20.000 fuera de España). Pero lo que más preocupa últimamente es la enorme burocracia, que complica mucho el trabajo de los investigadores, sobre todo desde que en 2014, Hacienda metió a un inspector para fiscalizar las cuentas en cada Centro (“La Ciencia está intervenida de facto por Hacienda”, se quejan). El resultado es que ahora, contratar a un científico puede tardar un año o más y comprar material de 3 a 6 meses. Y todo son pegas y retrasos, máxime cuando llevamos dos años con Presupuestos prorrogados  (se limita el gasto al 50% hasta que el Presupuesto se apruebe finalmente).

Los investigadores se quejan y se manifiestan cada día y dicen que la situación de la Ciencia es insostenible, asfixiada por la falta de recursos y el exceso de burocracia. Ayer 11 de abril, presentaron en el Congreso un escrito apoyado por 275.000 firmas, y urgen que se aplique el Pacto por la Ciencia, firmado en diciembre de 2013 por todos los grupos políticos salvo el PP. Hay que ponerlo en marcha en dos frentes: conseguir más recursos para la Ciencia y reformas para gastarlos mejor, en línea con lo que plantea Bruselas.

El primer objetivo debería ser volver al nivel de gasto en Ciencia de 2009, gastar un 2% del PIB para 2020, lo que supondría gastar 1.000 millones de euros más en cada uno de estos tres próximos Presupuestos (no 531 millones). Pero gastarlos de verdad, cambiando créditos que no se piden por subvenciones, como ya propuso la OCDE en marzo de 2017. Y además, reformar el sistema de ayudas e incentivos fiscales a las empresas, para que gasten de verdad en tecnología, sobre todo las grandes empresas que llevan tres años con una mejora importante de beneficios. Tienen que entender que han de competir desarrollando productos con calidad e innovación, no pagando los salarios más bajos de Europa.

Y el otro frente de actuación debería ser hacer reformas de fondo para gastar mejor, con más eficiencia. La Comisión Europea y la OCDE dan la razón a los investigadores españoles, que se quejan de que el Gobierno Rajoy, para recortar el déficit, ha sumido a la Ciencia en una compleja burocracia, dejando una mínima flexibilidad para contratar personal, invertir y desarrollar proyectos, sumiendo en la precariedad a los investigadores. Y mientras se acrecienta el “control de legalidad”, se avanza poco en evaluaciones sistemáticas y falta coordinación entre el Estado central y las autonomías (hay enormes diferencias de gasto en Ciencia, desde el 1,89% del PIB en el País Vasco al 0,33% en Baleares) y entre los centros públicos y privados, con escasa investigación en las empresas, preocupadas por otras cosas.

Todo el mundo habla y presume de recuperación, pero no llega a la Ciencia, a pesar de que la escasa innovación y tecnología es uno de los culpables de que España sea menos productiva, más pobre y tenga menos gente trabajando. No valen “parches” como el del Presupuesto 2018. Hay que volcarse a tope con la Ciencia, con recursos, medios, personal y flexibilidad, para que mejore la eficacia de la economía y seamos más competitivos. La Ciencia debe ser nuestro pasaporte al futuro, a una vida mejor. Hay que recuperar una década perdida, invertir más y esforzarse todos, sin banderas políticas, en ser un país más tecnológico. Harán falta una o dos décadas para conseguirlo. Pero debe ser una de nuestras prioridades ya. Menos cemento y más conocimiento.