Se pagan facturas públicas bajo vigilancia

Este mes de mayo, autonomías y Ayuntamientos empezarán a pagar casi 6 millones de facturas que deben desde hace años a medio millón de empresas. Será una inyección de liquidez a la economía de 27.000 millones de euros, aunque irá más a tapar agujeros que a invertir y crear empleo. A cambio del crédito para pagarlas, que tendrán que devolver en 10 años, autonomías y Ayuntamientos han de poner en marcha este mes drásticos planes de ajuste, con más recortes, sobre todo en sanidad, educación y personal interino. Y si no lo hacen, en noviembre, el Gobierno podría intervenirles, como Bruselas a Grecia. Andalucía (por defender otra política y no sólo recortes), Cataluña y Comunidad Valenciana están bajo vigilancia del Gobierno, como 2.000 Ayuntamientos que no han presentado planes de ajuste.

enrique ortega

El mayor bloque de facturas impagadas lo han presentado las autonomías, todas salvo Galicia, País Vasco y Navarra (que tienen pocas): 3.918.986 facturas, de unas 360.000 empresas, por un importe total de 17.255 millones de euros. La cuarta parte del importe son de la Comunidad Valenciana (4.205 millones en 578.000 facturas), aunque en número lidera el ranking Andalucía (772.758 facturas, por 2.763 millones). Les siguen Castilla la Mancha (2.510 millones), Cataluña (1.984), Madrid (1.279), Murcia (1.173) y Castilla y León (1.066 millones).

Los Ayuntamientos tenían muchas más facturas, pero sólo han presentado 1.931.976 (algunas en pesetas, anteriores a 2001), de 180.000 empresas (dos tercios pymes y autónomos), por 9.584 millones (se esperaban 17.000 millones), de 4.900 Ayuntamientos (hay 8.114). Por importes, Madrid lidera el ranking (1.017 millones), seguido de Jerez (400), Jaén (300), Valencia (190), Zaragoza (160), León (161) y Huelva (150), no estando Barcelona.

En ambos casos, las facturas se van a pagar gracias a un crédito que conceden a autonomías y Ayuntamientos la mayoría de bancos, cajas y el ICO (crédito oficial), a 10 años (aunque el Tesoro adelantará el pago a las entidades a los 5 años), al 5 % de interés. Las facturas se empezarán a pagar a finales de mayo, sin abono de intereses de demora. En las autonómicas tendrán prioridad las de empresas que hagan descuentos (quitas), las que se hayan exigido ante los tribunales y las más antiguas. En las municipales, pueden hacerse quitas, pero la prioridad la tienen las facturas más antiguas, las de pymes y autónomos y las reclamadas en los tribunales.

En total, 26.389 millones que se pagarán de aquí al verano a medio millón de empresas. Será la primera inyección de liquidez tras dos años de recortes. Pero una parte del dinero irá a tapar agujeros: pagar deudas bancarias, a Hacienda (IVA y Sociedades) y a la Seguridad Social y proveedores. Y poco irá a inversión y empleo, ya que no hay apenas ventas. Además, se teme que haya un importante volumen de facturas sin aflorar: otros 35.000 millones, sobre todo en Ayuntamientos.

Este Plan para ayudar a autonomías y Ayuntamientos a pagar facturas tiene su contrapartida: han tenido que presentar a Hacienda unos duros Planes de ajuste, para asegurar que podrán devolver estos créditos (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá que devolver, 4.205 millones más 1.200 en intereses, una cuota anual de 540 millones los próximos 10 años) : previsión de ingresos y gastos, subida de tarifas, gastos de personal… De momento, el Gobierno ha rechazado los planes de Andalucía y Cataluña (porque contemplaban ingresos del Estado que no tendrán) y hay 2.000 Ayuntamientos que no han presentado Planes de ajuste con las facturas.

Las que tendrán que hacer un mayor esfuerzo son las autonomías: para que España cumpla con el déficit impuesto por Bruselas han de recortar 15.545 millones este año (para bajar su déficit al 1,5% del PIB), mientras los Ayuntamientos sólo han de recortar 1.064 millones. Y el recorte más duro habrán de hacerlo las cuatro autonomías con más déficit: Cataluña (-4.335 millones), Andalucía (-2.460 millones), Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034 millones), aunque el esfuerzo será también duro en relación a sus cuentas para Murcia (-765 millones), Baleares (-658), Extremadura (-544) y Cantabria (-342).

En unos días, el Gobierno dirá a autonomías y Ayuntamientos si aprueba sus nuevos Presupuestos 2012, que han de contemplar nuevos recortes en sanidad y educación (al amparo de lo aprobado por el Gobierno) y reducción de personal interino y contratado (se temen 300.000 despidos). Y si no les convencen, les podrá aplicar la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, con este calendario: en mayo, apercibimiento y obligación de establecer un depósito en el Banco de España del 0,2 % del PIB regional (391 millones para Cataluña, 286 para Andalucía o 203 para Valencia). En tres meses más, si no han corregido sus cuentas, pago de intereses por esa cuenta (multa) y  posible retención de transferencias del Estado. Y a los 6 meses, en noviembre 2012, Hacienda podría intervenir a la autonomía indisciplinada, mandarle a sus técnicos, como Bruselas con Grecia.

Y lo mismo con los Ayuntamientos, a los que se exige, además de un Plan de ajuste, el envío trimestral de sus cuentas (un tercio no han presentado todavía sus cuentas de 2010 y una cuarta parte siguen sin presentar los balances de hace cuatro años), que Hacienda va a revisar con la ayuda de auditores privados. El Gobierno estima uno de cada cuatro Ayuntamientos tendrá que ser intervenido y retenidos sus fondos, destituyendo incluso a alcaldes por mala gestión. Y que habrá que fusionar o cerrar unos 4.000, porque son económicamente inviables.

Al final, hay que poner orden en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos. Nadie lo discute. El problema es que el Gobierno utilice la Ley de Estabilidad para atacar e intervenir a Andalucía (por buscar otra política económica, no sólo recortes) o a Cataluña (por defender su autonomía de gestión) y no la Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha, sus dos comunidades en peor situación. No repitamos el error de Bruselas con Grecia: controlar autonomías y Ayuntamientos si, acogotarles  y hundirles con recortes imposibles, no. Porque sólo conseguirán hundirles más. Y hundir más al país.

Infraestructuras: un recorte suicida

Uno de los mayores tajos del Presupuesto 2012 se da a la inversión en infraestructuras, por tercer año consecutivo: España va a invertir en obras públicas la mitad que en 2010. Se trata de la mayor paralización de obra civil de las últimas décadas, lo que se traducirá en más paro, cierre de empresas y pérdida de competitividad. No se trata de hacer obras faraónicas, sino salvar la brecha con Europa en transportes, comunicaciones, obras hidráulicas, depuradoras de aguas y equipamientos sociales. Hace falta pactar un Plan de infraestructuras para una década y pelear con Bruselas para financiarlo, con créditos y ayudas europeas, que se acaban. Nos jugamos la competitividad y el futuro.

Hemos pasado de un extremo al otro en tres años: de ser el país de Europa que más invertía en infraestructuras (unos 25.000 millones al año en el boom 2004-2008) a recortar la inversión a menos de la mitad (- 20.000 millones en los últimos 3 años). De la burbuja de las infraestructuras, con obras faraónicas por doquier, a no tener presupuesto para hacer depuradoras, arreglar viejas carreteras o terminar obras hidráulicas contra la sequía.

En el Presupuesto 2012, la inversión en infraestructuras de Fomento (11.386 millones) cae un 22,2%, que se suma a los recortes de 2011 (-31,7%) y 2010 (-19%), con lo que es ya la mitad que hace dos años (21.240 millones en 2010). El mayor tajo se lo llevan las obras hidráulicas     (-36,3%), cuando España tiene un serio problema de sequía y Bruselas nos ha llamado la atención por la mala depuración de las aguas residuales. También caen las inversiones medioambientales (-64% en 2 años) y en puertos (-33,1%), donde ha habido un exceso de hormigón. Sube la inversión en carreteras (+7,8%), aunque apenas hay dinero para conservación: 873 millones, la mitad de lo que haría falta, según la Asociación Española de la Carretera, que denuncia que tenemos” la peor red de carreteras en 25 años”.

La mitad del presupuesto se lo lleva el ferrocarril, sobre todo la alta velocidad (4.187 millones para el AVE), con fuertes inversiones en los accesos a Galicia (1.217 millones) y al País Vasco (1.080 millones AVE Norte), donde habrá elecciones en 2013. Y 135 millones  para el AVE a Extremadura, que ya no continúa a Portugal. El Gobierno Rajoy (gallego como la ministra de Fomento) apuesta por llevar el AVE a Galicia, más de 10.000 millones para una dudosa inversión: no llegará a 2 millones de pasajeros cuando harían falta más de 3 (en el primer trimestre, el AVE Orense-Santiago-A Coruña ha transportado una media de 68 pasajeros por tren). Mientras, Cercanías se lleva sólo 28,5 millones del Presupuesto 2012, aunque las utilicen millones de pasajeros. Y la mayoría de los puertos y aeropuertos siguen sin conexión con el ferrocarril.

A este recorte de 3.300 millones en Fomento hay que sumarle el de autonomías y Ayuntamientos, con lo que el tajo serán unos 8.000 millones, que van a provocar unos 150.000 despidos y la asfixia de muchas empresas. Sobre todo, porque hay muchas obras ya comprometidas (1.700 millones heredados en carreteras y 28.000 millones en ferrocarril, según Fomento), con lo que apenas habrá obra nueva. Y eso supone la puntilla para las empresas, que ya han sufrido una drástica caída de la licitación pública: de 47.198 millones en obras públicas (2006) se ha pasado a 13.659 (2011).

Este tijeretazo en las obras públicas se da en un país que todavía tiene un gran retraso de infraestructuras frente a Europa. La propia patronal CEOE ha pedido al Gobierno que se inviertan 80.000 millones en infraestructuras en 5 años, en tres frentes. Uno, construir 5 corredores ferroviarios (Bruselas sólo va a ayudarnos a financiar el Mediterráneo y el Atlántico), invirtiendo 50.000 millones, para duplicar el transporte de mercancías por tren (van sólo el 4%, frente al 11% en Europa). Dos, invertir 16.000 millones en el ciclo del agua, con infraestructuras y depuradoras. Y tres, invertir en equipamientos sociales: 4.600 millones en 30 nuevos hospitales y 10.000 millones en residencias de ancianos (en Dependencia podrían crearse un millón de empleos, según CEOE).  

Para financiar estas obras, los empresarios plantean invertir ellos la mitad, a cambio de concesiones, tarifas y créditos. El Gobierno Rajoy está preparando para julio un Plan de infraestructuras 2012-2024, donde contempla invertir 225.000 millones (unos 16.000 al año, frente a los 20.000 de los ocho años anteriores). Para financiarlo, contempla pedir créditos al Banco Europeo de Inversiones (BEI), abrir una línea de crédito oficial (ICO) y buscar capital privado, a cambio de darles concesiones y privatizar la gestión de las obras (ya lo han hecho con hospitales y residencias).

Hay que volcarse en este Plan, porque es la última oportunidad para recuperar el retraso en infraestructuras frente al norte de  Europa, con quien tenemos que competir. Y la última oportunidad de optar a fondos europeos (los de cohesión se nos acaban en 2014). Invertir en infraestructuras que hagan falta es clave para relanzar la inversión, el empleo (18 empleos por cada millón invertido) y los ingresos públicos (580.000 € de ingresos fiscales y menos gastos en desempleo por cada millón invertido). Y para conseguir una industria y un transporte con menos costes y menos consumo de energía, más competitivos.

Ha habido muchos excesos: AVEs sin viajeros, autopistas sin coches, puertos sin barcos o aeropuertos sin aviones. Pero recortar la inversión en infraestructuras es un suicido para un país en recesión, que va camino de los 6 millones de parados y que todavía tiene retrasos frente a Europa en transportes, comunicaciones, gestión del agua, equipamientos y medioambiente. Hace falta un gran Pacto de infraestructuras para una década  y sumar esfuerzos para financiarlo. Y pelear con otros países de la Europa del Sur para conseguir más fondos europeos. El Plan Marshall del que se habló en la Cumbre europea de enero y que quedó en agua de borrajas. Un Plan de grandes obras para salir de la recesión invirtiendo en futuro. No podemos esperar más.

Ayuntamientos: el ajuste que no votaremos

Estas elecciones municipales se distinguen de otras en que hay pocas inauguraciones. Los Ayuntamientos están endeudados hasta la bandera y deben millones a empresas y proveedores. Y el Gobierno central no les ha dejado endeudarse más, con lo que han tenido que recortar de casi todo, tras tener problemas hasta para pagar las nóminas. Pasado el 22-M, los nuevos alcaldes van a tener que entrar a saco, cortando aún más gastos y sobre todo subiendo impuestos y tasas a sus vecinos. El ajuste municipal sería menos duro si PSOE y PP pactaran una nueva Ley de Financiación Local, con más recursos para los Ayuntamientos, que dedican uno de cada cuatro euros a gastos sociales que debían hacer el Estado o las autonomías. Y hace falta agrupar Ayuntamientos, la mayoría muy pequeños.  

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Los gobiernos locales (Ayuntamientos y Diputaciones) tienen una deuda financiera de 36.226 millones de euros (un 3,4% del PIB), de los que 28.769 corresponden a los más de 8.000 Ayuntamientos. La deuda no ha crecido mucho (en junio de 2008, antes de la crisis, era de 30.000 millones, un 2,8% del PIB), pero el problema es que ahora no pueden financiarla, porque el Gobierno central, para cumplir con Bruselas, les ha prohibido endeudarse a largo en 2011 y 2012. Y tienen que cancelar su deuda a corto a finales de cada año.

 En consecuencia, los Ayuntamientos han optado por no pagar a empresas y proveedores, a los que adeudan unos 30.000 millones de euros (sólo 3.300 millones  a las empresas de basuras).El PP ha propuesto que el ICO destinara una línea de crédito de 30.000 millones para pagar estas deudas, que ponen en peligro la supervivencia de muchas pymes y autónomos. El Gobierno se ha negado, para no disparar el déficit público. Con ello, la morosidad sigue ahí, con un retraso en los pagos de 157 días, frente a los 50 que marca la Ley de Morosidad. Y la pelota crece para los Ayuntamientos, que acabarán pagándoles con intereses del 12%.

Los Ayuntamientos más endeudados son los de Madrid (6.453 millones €) y Barcelona (1.202 millones), seguidos de Valencia (890 millones), Zaragoza (748 millones), Málaga (743) y Sevilla (454), aunque las que tienen más deuda por habitante son Madrid (2.081 €), Málaga (1.266 €), Zaragoza (1.115 €) y Valencia (1.024 €). En conjunto, 5.137 municipios de los 8.114 están endeudados (vea aquí la deuda de su Ayuntamiento), aunque más de la mitad de la deuda se concentra en las 50 ciudades que deben más de 75 millones cada una.

La deuda municipal viene de que les han caído drásticamente los ingresos (por la crisis del ladrillo, del que muchos sacaban la mitad de los ingresos) y no han controlado los gastos (obras faraónicas en Madrid, eventos deportivos varios en Valencia, Expo en Zaragoza, etc.). Además, la crisis les ha aumentado la demanda de servicios sociales, desde becas, ayudas comedor o subsidios. Hay que recordar que un 25% de los gastos de los Ayuntamientos son “gastos no obligatorios”, que los municipios atienden pero que deberían hacer las autonomías y el Estado: seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, bienestar comunitario, sanidad, ayudas).

España es el país europeo con menos peso del gasto local: un 12,5 % del gasto total, frente al 15% de media en la UE y menos que Alemania (14,2%), Francia (17,8%), Italia o Reino Unido (27,7%) y muy inferior al gasto municipal en los países nórdicos (del 37% en Finlandia al 44% de Suecia o el 58,8% de Dinamarca). Y con ello, los municipios europeos tienen mucho más peso que los españoles en los gastos de protección social (28% media UE y 31% en Reino  Unido o Alemania frente al 8% en España) o educación (21% media UE, 31% en Reino Unido o el 16% en Alemania frente al 3% en España.

En definitiva, los municipios españoles deberían gastar más en protección social o educación, pero a cambio, deberían tener más ingresos, a costa de las autonomías. Hoy, el 40% de los ingresos municipales son transferencias dirigidas a un fin concreto del Estado y las autonomías, por lo que piden más autonomía y una mayor participación en los grandes impuestos (IRPF, IVA y especiales). Pero eso exige reordenar los impuestos entre Estado, autonomías y municipios, para que los ciudadanos no paguemos tres veces. Un gran pacto fiscal, que no se ve por ningún lado, al menos hasta después de las elecciones de 2012.

Entre tanto, habría que tomar algunas medidas, como reducir el número de Ayuntamientos, para prestar los servicios con menos costes. En España, el  85% tienen menos de 5.000 habitantes (945 tienen menos de 1.000 habitantes, la mitad de ellos en Castilla y León), cuando en Alemania son el 80%, en Italia el 72% y en Irlanda el 49%. Ya los han agrupado Bélgica, Holanda, Unido o Suecia, con grandes ahorros. Además, habría que aprobar un crédito extraordinario o créditos del ICO para que liquiden deudas. Y a partir de ahí, ajustar gastos e ingresos para una década. Pero como no va a haber un Pacto local, cada Ayuntamiento tendrá que ajustar drásticamente sus cuentas, gastando lo mínimo y subiendo tasas e impuestos. Eso sí, después de que les votemos el 22-M. Tomen nota.